Contra 1028

CMAN

DOXA

EDITORIAL

La encrucijada de la UNICH

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El conflicto de la Universidad Intercultural de Chiapas, por un mal manejo de los funcionarios del gobierno, escaló a un punto en que resulta urgente establecer el diálogo con el fin de restituir la viabilidad académica a un proyecto educativo.

La ola de despidos llegó a los trabajadores de la secretaría de educación.

Y se realizó sin criterios claros y transparentes lo que evidencia una corrupción.

La austeridad en esta secretaría es una burla para los trabajadores, que son testigos de cómo muchos funcionarios en su paso se enriquecieron.

El mayor desvío de recursos en los dos últimos sexenios está en educación.

No por algo la Auditoría Superior de la Federación tiene observada a esta secretaría.

DIARIO

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CONTRA PODER EN CHIAPAS

INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Miércoles 1 de Marzo de 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 4 | No. 1028

RECHAZO

INFORME

ONU y CNDH repudian pretensión de perpetuar presencia del Ejército en las calles

Durante el foro “Seguridad y derechos humanos”, los participantes reconocieron la labor que soldados y marinos han desempeñado en los últimos diez años de “guerra contra el crimen organizado” y aclararon que no piden el retorno inmediato a los cuarteles, pero resaltaron que la naturaleza de su preparación no corresponde a las labores de seguridad pública.

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RESULTADOS

Carencias sociales se redujeron entre 2010 y 2015, según el Coneval

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Pese a aumento de narcoviolencia, Osorio Chong anuncia que militares seguirán en Veracruz

HOY ESCRIBEN COMENTANDO LA NOTICIA

Alfonso Carbonell Chávez PAG. 15

¿CONSTITUCIÓN O PROMESAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO?

Guillermo J. R. Garduño Valero PAG. 14

COMPARECENCIA

El TLC “no es un asunto de fe” y vamos a mantenerlo si le conviene a México: Videgaray en el Senado

Diputados comenzarán a trabajar sobre 361 solicitudes de juicio político

CÓDIGO NUCÚ César Trujillo

EN LA MIRA

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Héctor Estrada

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LA “DIPLOMACIA” DEL DESPRECIO Héctor Tajonar

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LA SEGUNDA TEMPORADA DEL DESAFUERO… EN 2017 Jenaro Villamil PAG. 8

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CONTRAPODER

Miércoles 1 de Marzo de 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EN CHIAPAS

EDITORIAL La encrucijada de la UNICH

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l conflicto de la Universidad Intercultural de Chiapas, por un mal manejo de los funcionarios del gobierno, escaló a un punto en que resulta urgente establecer el diálogo con el fin de restituir la viabilidad académica a un proyecto educativo que ha sido vulnerado por intereses personales, en torno de un sindicato y no por cuestiones universitarias.

El sindicato de ninguna manera representa los intereses de la universidad, ni las mezquindades de las personas que controlan ese sindicato pueden llegar a poner en riesgo el funcionamiento de un proyecto universitario, que tiene sus raíces en los Acuerdos de San Andrés, que lamentablemente se pervirtió y que en lo que va este gobierno ha tenido seis rectores; uno que sólo duró un fin de semana.

La pugna interna que hay en la institución llegó a la encrucijada que significa realizar los mayores esfuerzos para recuperar el proyecto de educación intercultural o empezar a valorar el cierre de una universidad, en la que hay actores que se su afán de mantener el control, se empecinan en autodestruirla, sin darse cuenta que con ello se autosacrifican.

El argumento más sólido para rea-

lizar todos los esfuerzos al alcance para recuperar el proyecto académico de la UNICH, se resume en la frase: “Defender a la universidad es defender a la sociedad”, y en la entidad existe una sociedad ávida de las transformaciones sociales, que exige una universidad que responda a la solución de los problemas del contexto local y a la mejora de la vida pública, en la que la UNICH tiene un papel fundamental en la recuperación de los saberes tradicionales y en la que debiera desarrollar una estrecha vinculación con las comunidades, pero en la que desafortunadamente, a la salida del rector Andrés Fábregas se perdió la brújula académica y se permitió que un grupo de docentes sin un trabajo académico se fortalecieran en un sindicato que nació charro y que impulsa el aniquilamiento de la vida académica persiguiendo a los profesores que tienen el perfil PRODEP y de 10 académicos que son miembros del Sistema Nacional de Investigadores.

La mezquindad que prevalece en cuatro docentes que controlan al sindicato y que buscan controlar el funcionamiento de la universidad, provocó que la institución deje de ser útil en la formación de profesionistas comprometidos en la mejora de las

comunidades y capaces para impulsar al interior de las mismas proyectos de desarrollo sustentable, y que además generó que la universidad perdiera la acreditación de los CIEES, que la institución adquirió a finales de la gestión del Dr. Fábregas y que el sindicato lo presumiera como logro de ellos.

Las condiciones de confrontación debilitan seriamente la viabilidad del proyecto universitario, en la que resulta altamente conflictiva y que tal y como están las cosas, los funcionarios del gobierno metidos en la UNICH, consideran que son mayores los costos permitir que siga funcionando que cerrarla.

En este sentido, la apuesta incondicional debiera ser la universidad, lo que implica el compromiso de alcanzar los indicadores de calidad, a través del diseño de un programa, que permita la vinculación con las comunidades y la recuperación de los saberes tradicionales, así como la incorporación de estos saberes a la vida universitaria.

La UNICH tiene una razón social de ser y ese es el interés superior que debe prevalecer en la reanudación urgente del diálogo y más cuando de 30 profesores de tiempo completo que tiene la institución, 25 de ellos están en contra del sindicato.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

Franni Gudiel A.C Editado en sus propias instalaciones, Boulevard Fidel Velázquez C-3 Mza. 4 Zona 1 Andador 16 y 17 Infonavit Grijalva, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Tel. (961) 14 0 70 24

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Exigen al gobierno de Chiapas esclarecer la desaparición de una pareja en Venustiano Carranza Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

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a Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) “no tiene la mínima voluntad de investigar para esclarecer el caso de desaparición forzada de nuestros padres (Alejandro Antonio Avendaño Coello y Esperanza del Carmen Coutiño Salazar), ya que todas sus acciones se han encaminado a retardar la detención del probable sospechoso”, denunciaron Faustino y Alejandra Avendaño Coutiño.

Acompañados de varios de sus familiares, los hijos de la pareja desaparecida arribaron hoy a esta capital para ofrecer una conferencia de prensa y demandar al gobernador Manuel Velasco Coello que exija al procurador Raciel López Salazar que cumpla con su obligación de investigar y sancionar a los responsables de la desaparición de sus padres.

Señalaron que la justicia les ha cerrado las puertas en Chiapas, pero ellos agotarán todas las instancias locales y de ser posible acudirán a las nacionales e incluso internacionales, porque “no es justo que el sistema de procuración de justicia nos dé la espalda”.

La pareja desapareció la tarde del 28 de abril de 2016, cuando circulaba por el crucero La Campana rumbo a Pujiltic, municipio de Venustiano Carranza, para visitar a Octavio Nájera Guillén, quien les debía un dinero.

Al día siguiente, Faustino y Alejandra fueron enterados de que la policía municipal de Venustiano Carranza había encontrado la camioneta de sus padres en medio de unos campos de caña, totalmente calcinada.

De inmediato, los hijos de la pareja presentaron una denuncia ante el Ministerio Público (MP) del fuero común del municipio por la posible comisión de hechos delictuosos en contra de sus progenitores.

El agente del MP inició el registro de atención R.A. 0028-106-04132016 por el delito de desaparición de personas y ordenó a la Policía Especializada una exhaustiva investigación, y a la Subdirección de Servicios Periciales que realizara el avalúo de daños, toma de placas fotográficas y la recolección de indicios en el vehículo marca Toyota tipo Tacoma rojo, con placas de circulación DC-54294 del estado de Chiapas, donde viajaban las víctimas.

De acuerdo con Leonel Rivero, abogado de Faustino y Alejandra, los elementos de la Policía Municipal de

Señalaron que la justicia les ha cerrado las puertas en Chiapas, pero ellos agotarán todas las instancias locales y de ser posible acudirán a las nacionales e incluso internacionales, porque “no es justo que el sistema de procuración de justicia nos dé la espalda”

Venustiano Carranza que llegaron al sitio donde se encontraba el vehículo calcinado no resguardaron la escena del crimen. Sobre la recolección de indicios, agregó, lo hicieron sin las medidas adecuadas para preservar la cadena de custodia. Incluso los policías mostraron a los hijos de la pareja los restos calcinados de unos teléfonos celulares que nunca fueron incorporados como evidencia y luego desaparecieron.

La Policía Municipal hizo el traslado de la camioneta a un corralón de la localidad de Pujiltic, en Venustiano Carranza, sin la autorización del Ministerio Público, y con ello se destruyeron evidencias importantes, añadió.

En mayo pasado, Faustino y Alejandra se entrevistaron con el gobernador Manuel Velasco Coello, quien de inmediato los puso en contacto con el procurador Raciel López Salazar, y éste se comprometió a resolver el caso de la desaparición de sus padres.

López Salazar comisionó al titular de la Fiscalía Especializada en Delitos en Materia de Secuestro, Alí Reybel Arista Chávez, para que se hiciera cargo de la investigación.

De acuerdo con los hijos de las víctimas, desde las primeras actuaciones realizadas por el MP se encontraron indicios de la probable participación de Octavio Nájera Guillén en la desaparición de sus padres.

Además, desde antes de la desaparición de la pareja, en los archivos de la PGJE existía el registro de una orden de aprehensión contra Nájera

Guillén por el delito de secuestro, sin embargo, actuaba libremente sin ser molestado por las autoridades e incluso presidía la asociación de cañeros, Camex.

En septiembre de 2016 el fiscal realizó un cateo en el domicilio del presunto responsable y obtuvo evidencias incriminatorias que confirmaron su probable participación en la desaparición de Alejandro Antonio Avendaño Coello y Esperanza del Carmen Coutiño Salazar.

“Incluso nosotros sabemos, por el dicho de algunas personas y por constarnos personalmente, que Octavio Nájera Guillén se mueve libremente por los municipios de Comitán, Pujiltic, Socoltenango, La Trinitaria y Frontera Comalapa, y nuestros asesores legales entregaron a la Fiscalía datos concretos de domicilios del sospechoso y la camioneta que utiliza para trasladarse, pero el fiscal Alí Reybel Arista Chávez no ha realizado ninguna acción eficaz para detenerlo”, señaló Faustino en conferencia de prensa.

Refirió que el fiscal puso como excusa que en “los lugares en los que se mueve el probable responsable no puede entrar la policía porque están controlados por delincuentes”.

Frente las graves deficiencias en la investigación, el pasado 15 de julio los hermanos Avendaño Coutiño denunciaron ante la Subdelegación de la Procuraduría General de la República (PGR), con sede en San Cristóbal de las Casas, la desaparición de su progenitores, y se inició

la carpeta de investigación FED/ CHIS/SLC/000816/2016.

El 19 del mismo mes tuvieron una reunión con la titular de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, y ese mismo día el agente del Ministerio Público Federal de la Subdelegación giró un oficio a la fiscal para solicitar su colaboración en la búsqueda de Alejandro Antonio y Esperanza del Carmen.

De acuerdo con los denunciantes, la Fiscalía ha realizado varias actuaciones encaminadas a la localización de sus padres, sin que hasta la fecha haya resultados favorables.

En enero pasado recurrieron al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, para exponer la situación, y éste habló directamente con el procurador de Chiapas y le manifestó que la Federación estaba lista para apoyarlo “en lo que fuera necesario”.

“Observamos que el procurador Raciel López Salazar y sus subordinados no tienen la mínima voluntad de investigar para esclarecer el caso de desaparición forzada de nuestros padres, ya que todas sus acciones se han encaminado a retardar la detención del probable sospechoso, bajo el argumento que lo protege la delincuencia organizada, y que la Procuraduría no tiene capacidad para llevar a cabo la detención, desdeñando el apoyo que la Federación les ha ofrecido”, dijo Faustino.

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De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)

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l grupo de especialistas de Fomento Económico de Chiapas (FEC) revelaron que en 2016 la deuda de Chiapas representó el 6.3 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) estatal.

Así lo dieron a conocer a través del documento “Deuda Pública de Chiapas. Saldo Histórico de obligaciones financieras”, publicado recientemente en el Boletín Informativo correspondiente a la semana del 20 al 25 de febrero del presente año, el cual informó mediante tablas comparativas la situación de la deuda del estado de Chiapas.

Es importante mencionar que para generar dichos comparativos, este grupo de expertos se basó en los informes publicados por la Secretaría de Hacienda del estado de Chiapas y en la plataforma virtual “Transparencia Presupuestaria”, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como en el portal de internet de la dependencia federal, en sus documentos relativos a las acciones y programas emprendidos en las entidades federativas y municipios.

En este sentido, Fomento Económico de Chiapas señaló el saldo histórico de las obligaciones financieras del estado de Chiapas, desde el año 1993 hasta el 2016, que pasó de 212.30 a 20,468.50 millones de pesos, es decir 96 veces en los últimos 23 años.

Cabe destacar que recientemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indicó que al cierre de 2016, las entidades federativas más endeudadas del país fueron la Ciudad de México con 73,829.3, millones, se-

De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)

Para exigir la liberación de 5 agremiados que se mantienen encarcelados en el Centro de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 14, mejor conodico como El Amate, integrantes de los Empresarios Chiapanecos Organizados (ECHO) se manifestaron la mañana de este martes en Tuxtla Gutiérrez.

Con una gran lona, con la leyenda “ECHO sí cumple ¿el gobernador cuándo? Libertad Inmediata”, así como con pancartas, los empresarios solicitaron a todos los automovilistas tocar el claxon en apoyo a este grupo que pide sean liberados los cinco líderes que están encarcelados.

Rafael Jiménez Aréchar, Mercedes del Carmen Robles Bustamante, Sairy Jazmín Martínez Camacho, Jorge Ricardo García Ramos y Oscar Alfonso Constantino Ortega son los nombres de los cinco integrantes de ECHO que se encuentran en El Amate por el delito de Despojo Agravado, denunciado por la repre-

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En 2016 la deuda de Chiapas representó el 6.3% de su PIB estatal: FEC Así lo dieron a conocer a través del documento “Deuda Pública de Chiapas. Saldo Histórico de obligaciones financieras”, publicado recientemente en el Boletín Informativo correspondiente a la semana del 20 al 25 de febrero del presente año, el cual informó mediante tablas comparativas la situación de la deuda del estado de Chiapas

guida de Nuevo León con 60,943.0 millones, Chihuahua con 49,047.8 millones, Veracruz con 45,801.7, Estado de México con 36,836.8 millones, Coahuila con 36,494.0 millones, Sonora con 24,464.8 millones y Michoacán con 20,860.4 millones de pesos.

Después se encontró el estado de Chiapas, con obligaciones financieras totales por un monto de 20,468.5 millones de pesos, lo que se tradujo en un incremento superior al 10.7 por ciento respecto al trimestre anterior, que alcanzó 18,481.5, por lo que se registró un incremento real

de 1,987 millones de pesos.

Asimismo los especialistas de Fomento Económico de Chiapas revelaron que con respecto a su Producto Interno Bruto estatal, la deuda del estado de Chiapas representó el 6.3 por ciento del global, es decir 20,468.5 millones de pesos.

ECHO exige liberación de los 5 empresarios aún encarcelados sentante legal de la Operadora de la Torre Chiapas, S.A. de C.V., esto cuando instalaron un campamento en la Torre Chiapas.

“Le pedimos al gobernador la libertad inmediata de nuestros compañeros, por eso hoy estamos aquí manifestándonos. Les pedimos a los ciudadanos para que nos apoyen, ya que los empresarios solo pedíamos el pago de los servicios y productos que le hemos proporcionado al Gobierno del estado y por es fuimos desalojados en la Plaza Cívica de la Torre Chiapas”, explicó una empresaria al realizar una transmisión en vivo en Facebook.

Añadió que todos fueron llevados a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y seis empresarios fueron consignados a El Amate.

“El gobernador Manuel Velasco no solo no ha cumplido, sino que me-

tió a la cárcel a nuestros compañeros.

Exigimos libertad a los 5 empresarios chiapanecos que solo luchaban

por sus derechos y por el pago de sus adeudos, pero fueron vilmente recluidos”, concluyó.

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Secretaria de Educación corre a trabajadores administrativos Eleazar Domínguez Torres Tuxtla Gutiérrez Chis. (Tribuna)

S

in el pago correspondiente a la última quincena de febrero, sin explicación y hasta sin liquidación la Secretaría de Educación en Chiapas echo a la calle a trescientos trabajadores administrativos, lo que motivo una enorme inconformidad en la unidad administrativa lo que obligó a la suspensión de actividades en esa dependencia.

En entrevista Jesús Caridad Aguilar Muñoz, Coordinador Ejecutivo de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, a quien los inconformes pidieron hiciera públicas las consideraciones de este despido masivo de trabajadores administrativos, refirió y hasta con una sonrisa casi irónica: “Ya hizo usted una narración del tema y esa es la situación, estamos esperando que las autoridades competentes les informen a los compañeros lo relativo a su situación laboral”, expuso.

A pregunta expresa sobre los argumentos que la parte patronal en este caso la Secretaría de Educación tiene para este despido masivo, el funcionario educativo y que si los mismos ya habían sido notificados, indicó que hoy van a ser notificados.

Por su parte María de los Ángeles Albores, vocera de los inconformes explicó que inicialmente se corrieron rumores de que “no íbamos a cobrar la quincena”, pero no sabíamos quiénes y hoy que llegamos al cajero nos encontramos con que no nos habían depositado nuestro pago.

Pero no nos dicen nada las auto-

De la redacción Ciudad de México (apro)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el desmonte y derribo de 280 árboles dentro de la Reserva de la Biosfera “La Sepultura”, en el municipio de Tonalá, Chiapas.

En un comunicado precisó que en una visita de inspección en materia forestal e impacto ambiental, realizada después de recibir una denuncia ciudadana, los inspectores federales de la Profepa observaron la remoción total de la vegetación forestal de la Selva Baja Caducifolia, así como el derribo de 280 árboles de Cuaulote, Mulato, Carnero y Guaje blanco, entre otras especies comunes tropicales, que suman un total de 99.358 metros cúbicos.

Por su parte María de los Ángeles Albores, vocera de los inconformes explicó que inicialmente se corrieron rumores de que “no íbamos a cobrar la quincena”, pero no sabíamos quiénes y hoy que llegamos al cajero nos encontramos con que no nos habían depositado nuestro pago

ridades, si ya estamos despedidos o cual es la situación y nosotros lo que pedimos en estos momentos es que nos liberen nuestra quincena y que se nos indique la situación en la que nos encontramos nosotros, agregó.

Al tiempo que señaló que las autoridades educativas no les dan ningún informe sobre su situación laboral, además que ninguno de ellos laboraron, “no sabemos nada ni bajo qué criterios se llevó este despido.

Solo nos dicen que desconocen, y obviamente nosotros no creemos eso porque son las autoridades y por ello estamos aquí y no nos vamos a mover hasta que nos liberen nuestra

quincena, advierten.

De la misma manera señaló que durante el transcurso de esta quincena no checaron entradas y salidas porque las autoridades retiraron las tarjetas bajo el argumento que el reloj checador no servía, lo que hace suponer que dicha medida llevaba ya doble fondo.

En su caso señalo que ella lleva una antigüedad de veintiocho años cuatro meses y que muchos de sus compañeros tienen antigüedades superiores a los veinte y quince años, muchos ya en etapa de prejubilación.

“Confirmamos que el gobierno no quiere dar pensión ni jubilación a los

que estamos trabajando y eso se está confirmando porque la mayoría de los compañeros llevan más de veinte años laborando y que por ello hacemos la invitación a los demás compañeros que se unan a nosotros, porque ahorita somos nosotros pero mañana van a ser ellos, y responsabilizamos de estos hechos al gobierno del estado”.

Los propios trabajadores administrativos que se encuentran en un proceso de indefensión laboral inicialmente señalaron que hay un primer paquete de trescientos despedidos pero que a partir del quince de marzo otra cantidad similar podría incorporarse a las filas de desempleados, concluyó.

Profepa presenta denuncia penal ante PGR por el derribo de 280 árboles en Chiapas Detalló que el derribo de los 280 árboles –con el uso de motosierras– se llevó a cabo en una superficie de 64 mil 462.30 metros cuadrados en la zona denominada “Cuenca del río Zanatenco”, que se encuentra dentro del Polígono de la Reserva de la Biosfera “La Sepultura”, municipio de Tonalá, Chiapas.

Derivado de lo anterior, la Profepa Delegación Chiapas interpuso una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Federación, con sede en el municipio de Arriaga, en contra de quien o quienes resulten responsables por la probable comisión de delitos contra el ambiente, previstos y sancionados en el Código Penal Federal.

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Denuncian zapotecos indolencia oficial frente al avance de proyectos mineros en Oaxaca Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)

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apotecos de diversas comunidades del Valle de Oaxaca realizaron este martes una protesta frente a las oficinas centrales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para denunciar la indolencia gubernamental frente al avance de los proyectos mineros que atentan contra sus campos agrícolas.

Los manifestantes exigieron una audiencia con el delegado de la dependencia, Tomás Víctor Gonzáles Ilescas, para que no autorice un solo Estudio de Impacto Ambiental o Informes Preventivos tendientes a la exploración o explotación del proyecto minero San José, en virtud de que la empresa Fortuna Silver opera en total impunidad.

Además pidieron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que a la brevedad se constituya en el sitio para constatar las afectaciones producidas al ambiente por el proyecto minero San José y las actividades de exploración realizadas en sus límites ejidales.

Y a la Secretaría de Economía le exigieron la cancelación de las concesiones mineras –con títulos 229652, 231866, 231751, 231752, 231796, 231537, 231538, 191184, 235699,

Armando Guzmán Villahermosa, Tab. (apro)

Por estarse volviendo “un negocio de mafias”, el gobernador Arturo Núñez está considerando solicitar la abrogación del Código Civil la figura de maternidad asistida o subrogada.

“La estoy considerando yo y los diputados locales porque lo que era una buena intención de ayudar a parejas que tenían dificultades para la maternidad, se está volviendo en un negocio y verdadero trabajo de mafias”, manifestó.

“Tenemos un número indeterminado de bebés de parejas que están apareciendo progresivamente, prueba de que no existía ningún control”, añadió.

Luego recordó que la incorporación de la maternidad asistida al Código Civil se hizo “casi en la clandestinidad”, durante el gobierno de Roberto Madrazo (1995-2000), y que él siendo diputado federal nunca se enteró porque la reforma “se incluyó escondidita”.

Fue hasta 2014, siendo gobernador, cuando supo que existía la maternidad subrogada en Tabasco, luego de que una mujer española tuvo problemas para sacar su pasaporte y llevarse a su bebé nacido bajo ese procedimiento.

Núñez dijo que la maternidad asisti-

235700, 235074, 230489, 230278 y 238816– otorgadas a las empresas Compañía Minera Cuzcatlán SA de CV, Minera Aurea SA de CV, Compañía Minera y Metalúrgica Ejutla SA de CV, y Compañía Minera Plata Real SA de CV, que cubren una superficie de 49376.3501 hectáreas.

Los inconformes, entre los que se encuentran los comisarios de Bienes Ejidales de Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, Buena Vista y Cerro de las Huertas, así como la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo) y el Comité de Defensa de Magdalena Ocotlán contra la Minería, denunciaron que esas acciones violentan su derecho al territorio y a la libre determinación, reconocidos por el gobierno mexicano y tratados internacionales de derechos humanos.

Por lo pronto, los zapotecos advirtieron a la empresa minera Fortuna Silver que no permitirán “ningún trabajo de exploración o explotación minera en nuestros ejidos y comunidades. Aquí decimos sí a la vida, no a la minería”, subrayaron.

De igual manera, se quejaron de que a dos meses de interponer denuncias formales ante instancias federales señaladas, no han tenido respuesta.

Recordaron que desde 2014, a través de su filial Cuzcatlán, la empresa minera Fortuna Silver Mines (FSM)

ha realizado trabajos para la expansión del proyecto minero San José, y las comunidades de Magdalena Ocotlán, San José del Progreso, Monte del Toro y San Martín de los Cansecos han resultado perjudicadas por dichas actividades.

Por tal razón, el 8 de noviembre de 2015, en asamblea regional, declararon a sus territorios como prohibidos para la minería y decidieron no permitir un solo trabajo de exploración y explotación minera en sus ejidos.

Pese a esa decisión, el pasado 24 de noviembre la empresa FSM promovió ante la Semarnat un estudio técnico con el objetivo de realizar exploraciones mineras directas en zonas de uso agrícola –en una superficie de 167 metros cuadrados por hectárea– dentro de la concesión minera Progreso II, para acondicionar planillas y perforar a diamante la Veta María.

Dicho estudio se encuentra registrado ante la Semarnat con número 20OA-

2016MD086.

La concesión minera Progreso II se localiza en un área eminentemente agrícola y forestal, y contribuye a la recarga de las presas Bordo Vallito – ubicada en San José del Progreso– y Yoguvene, localizada en San Martín de los Cansecos, ambas utilizadas para la agricultura, el cuidado de animales y el consumo humano. En la región el área es reconocida con el nombre Las Marías.

Y la zona donde la empresa minera pretende realizar exploraciones también es un área de recarga de los mantos acuíferos en la micro-región, por lo que la autorización de permisos para realizar exploraciones constituye una grave amenaza en términos ambientales en las comunidades.

Ante tal situación, los afectados presentaron un escrito ante la Semarnat el 1 de diciembre de 2016, “exigiendo que dicha autoridad niegue la autorización del Informe Preventivo con número 20OA2016MD086, por la afectación que dichos trabajos producirían en nuestras comunidades, además de pedir al delegado Tomás Víctor Gonzáles Ilescas una audiencia para exponer nuestros argumentos”.

Los zapotecos denunciaron que dos meses después de presentar el documento no han recibido respuesta por parte de esa autoridad.

Buscan suprimir renta de vientres en Tabasco por ser un “negocio de mafias” da no es un derecho humano universal, porque si lo fuera “nadie tendría que venir a Tabasco a contratar vientres”.

Y que toda aquella persona que haya incurrido en la comisión de un delito por este tipo de prácticas, será sancionada.

“Todo el que haya tenido responsabilidad en la comisión de un delito debe ser sujeto a la sanción correspondiente y que no haya impunidad”, advirtió.

En diciembre de 2015, la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Civil, donde se prohibió que extranjeros y parejas del mismo sexo pudieran utilizar este procedimiento para ser padres.

Las reformas entraron en vigor en enero de 2016, sin embargo, extranjeros continuaron utilizando el método y ahora enfrentan problemas para obtener actas de nacimientos de sus hijos, documento sin el cual no pueden sacarlos del estado.

El coordinador de Asuntos Jurídicos del gobierno, Juan José Peralta Fócil, informó que 11 niños nacidos mediante

madres subrogadas, contratadas por extranjeros, son los que se encuentran en litigio jurídico.

Los extranjeros argumentan que iniciaron los procedimientos antes de entrar en vigor las reformas al Código Civil.

Peralta Fócil aclaró que los bebés se encuentran en custodia de sus padres y que se acatarán las resoluciones del Poder Judicial Federal sobre la entrega de las actas de nacimiento, aunque existen tres criterios distintos de jueces federales.

Uno, dijo, mandata que los niños queden bajo la guardia y custodia de los padres posibles, lo que no quiere decir que ya se les concedió el amparo.

Otros no concedieron la suspensión provisional definitiva y dijeron que los bebés no podían quedar bajo la guardia y custodia de sus posibles padres.

En el tercer criterio, un juez demandó al Registro Civil emitir un acta de nacimiento provisional, por lo que se pidió aclaración al Registro Civil porque esa

figura no existe en las leyes del estado.

El funcionario aseguró que no están obligados a emitir el acta en lo inmediato y que se recurrirá a una segunda instancia federal no para revocar los criterios del Poder Judicial Federal, sino para solicitar un recurso de revisión que precise los alcances y términos de las resoluciones que se están tomando.

“Lo que buscamos es que nos aclaren qué es un acta de nacimiento provisional”, precisó, y citó el caso de dos mujeres tabasqueñas que fueron contagiadas con sida y abandonadas, porque muchos extranjeros hacen el procedimiento en otros estados sin ningún tipo de regulación y traen a las madres subrogadas a dar a luz en Tabasco.

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Mathieu Tourliere Ciudad de México (apro)

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ntre 2010 y 2015 disminuyó el nivel promedio de carencias sociales en el país, las cuales abarcan el rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, a la seguridad social, calidad de la vivienda y alimentación, mientras el ingreso laboral real se mantuvo en un nivel similar –incrementó en 3 pesos--, de acuerdo con las cifras que publicó hoy el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Las disminuciones variaron según las entidades federativas y las variables de rezago social.

En materia de acceso a la alimentación, por ejemplo, si bien la proporción de mexicanos que padecía hambre pasó de 24.8% a 21.7% a nivel nacional entre 2010 y 2015, la situación empeoró en seis de los diez estados que más reportaban el flagelo: Tabasco, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Morelos y Guanajuato.

En 2015, 10 millones 600 mil mexicanos seguían sufriendo inseguridad alimentaria severa en el país, apenas 700 mil menos que en 2012, pese a la implementación de la Cruzada Nacional Contra el Hambre en enero de 2013, con la que el gobierno federal pretendió erradicar el hambre en 7 millones de mexicanos.

El Coneval basó sus resultados en el polémico Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) 2015, que presentó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en julio de 2016, y que desató una fricción entre esta dependencia y el Coneval.

El Consejo denunció que el Inegi modificó la metodología de levantamiento de datos sin informar a nadie, y con ello provocó un incremento de 37.2% en el ingreso de los hogares

Noé Zavaleta Xalapa, Ver. (apro)

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, garantizó que elementos del Ejército y de la Marina-Armada de México continuarán en labores de lucha contra la delincuencia organizada en esta entidad.

“Los veracruzanos, el gobernador de su estado, tendrán todo el respaldo de Presidencia de la República, ese es el compromiso y vamos a supervisar que así suceda”, anunció Osorio Chong en rueda de prensa efectuada en Córdoba.

En reunión que tuvieron el titular de Segob y el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, se acordó que los militares continuarán con patrullajes en la zona centro, la marina y zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, y con la presencia de la Gendarmería Nacional en la capital del estado y otros puntos de conflicto.

Osorio Chong aseguró que el combate contra el crimen organizado será frontal, al igual que en otras entidades del país, con el fin de garantizar la seguridad de la ciudadanía.

“Vamos tras los criminales que han

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Carencias sociales se redujeron entre 2010 y 2015, según el Coneval En materia de acceso a la alimentación, por ejemplo, si bien la proporción de mexicanos que padecía hambre pasó de 24.8% a 21.7% a nivel nacional entre 2010 y 2015, la situación empeoró en seis de los diez estados que más reportaban el flagelo: Tabasco, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Morelos y Guanajuato

más pobres del país. El cambio en la metodología imposibilitó la comparación de los datos obtenidos en 2015 con las series anteriores.

En el informe publicado hoy, el Coneval subrayó que recibió información por parte del Inegi el pasado 30 de enero, la cual “permitió comprobar que las carencias sociales en materia de rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivien-

da, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación (…) sí son comparables con las estimaciones de levantamientos previos”.

Sin embargo, agregó que permanece el problema de los datos relacionados con el ingreso de los hogares, y subrayó que “aún no es factible realizar estimaciones de ingreso con el MCS 2015 para la medición de la pobreza”.

Respecto de la falta de acceso a la seguridad social, el Coneval reportó

una mejora en todos los estados del país, aunque en Chiapas, Veracruz, Estado de México o San Luis Potosí las mejoras fueron ínfimas.

En 2015, cerca de 56.6% de los mexicanos seguía sin tener seguridad social –contra 60.7% en 2010--, con proporciones dispares según las entidades: ocho de cada diez chiapanecos no tienen acceso a este servicio básico, mientras tres de cada diez nuevoleonenses padecen esta carencia social.

El acceso a la salud resultó la carencia que más disminuyó –de 29.2% en 2010 a 16.9% cinco años más tarde--, derivado en gran parte al incremento de la adscripción al Seguro Popular –de 30.5% en 2010 pasó a 44.9% en 2015-- y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El rezago educativo se redujo en 2.8% en el país entre 2010 y 2015, al pasar de 20.7% 17.9%. Las únicas tres entidades donde esta carencia empeoró fueron Veracruz, Tamaulipas y Coahuila, donde 2.4 millones de niños de entre 3 y 15 años –8.2% de ellos-siguen sufriendo el rezago educativo.

Pese a aumento de narcoviolencia, Osorio Chong anuncia que militares seguirán en Veracruz venido actuando aquí, tenemos claros los objetivos, quiénes son ellos… iremos por ellos, iremos por todo lo que representan”, advirtió.

Luego admitió que las fuerzas federales en Veracruz reforzarán su presencia y tendrán más despliegue físico y de inteligencia.

Apenas el viernes pasado, Yunes Linares admitió que el número de ejecuciones y hechos delictivos había aumentado en la entidad, pero justificó la violencia como derivada de la pugna de los cárteles y el pleito por la plaza y trasiego de droga y de actividades ilícitas.

Osorio y Yunes acordaron que en el caso de Veracruz se reforzarán las corporaciones estatales y municipales, con el compromiso de los 212 alcaldes del estado.

“Será con la formación de policías confiables, profesionales, capacitados, con controles de confianza, con percepciones dignas y prestaciones como se logren mejor resultados”, dijo

el funcionario.

Osorio Chong prometió a Yunes Linares que en próximas semanas vendrá todo el gabinete de seguridad y procuración de justicia federal para “revisar avances y estrategias” de la presencia de fuerzas federales y el apoyo de las corporaciones policiacas locales.

“Evaluamos y fortalecemos las estrategias implementadas en las localidades de esta entidad consideradas de atención prioritaria”, expresó por separado Yunes Linares.

En el encuentro participaron el comandante de la Sexta Región Militar, Juan Manuel Rico Gámez; el comandante de la Primera Región Naval, Fernando Arturo Castañón Zamacona; el jefe de Estado Mayor de la Sexta Región Militar, Juan Arturo Cordero Gómez; el jefe de Estado Mayor de la Primera Región Naval Militar, José Pantaleón Demuner Flores, y el comisario de la Policía Federal de la entidad, Camilo Castagne Velasco.

Además del secretario de Seguridad Pública, Jaime Ignacio Téllez Marié, y el fiscal general Jorge Winckler Ortiz.

Horas antes de que Osorio Chong arribara a Veracruz se suscitó una fuerte balacera en la colonia Villa Rica del puerto, en donde murieron abatidos dos presuntos sicarios y un marino resultó herido de bala.

Extraoficialmente trascendió que elementos de la Semar continúan con la intensa búsqueda de tres marinos “levantados” por un comando el miércoles 1 de febrero en la colonia Infonavit Buenavista del puerto de Veracruz.

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El TLC “no es un asunto de fe” y vamos a mantenerlo si le conviene a México: Videgaray en el Senado Jenaro Villamil Ciudad de México (apro)

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l Tratado de Libre Comercio (TLC) “no es un asunto de fe” y “vamos a mantenerlo si le conviene a México”, afirmó el canciller Luis Videgaray durante una larga comparecencia en el Senado, donde no se comprometió a tomar ninguna medida en represalia por los anuncios anitinmigrantes o por la construcción del muro fronterizo y evadió pronunciarse sobre los asuntos de seguridad hemisférica.

En la primera parte de su comparecencia, el titular de Relaciones Exteriores advirtió que en caso de que Estados Unidos no respete los derechos humanos de los mexicanos en su territorio “no habremos de titubear ni dudar en acudir a la justicia estadounidense y a las organizaciones internacionales, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, con quien hemos tenido ya reuniones en este sentido”.

Videgaray no abundó ni detalló más sobre la estrategia con la ONU. Y volvió a rechazar “cualquier intento de militarización de las operaciones migratorias y, debo decirlo también, es un tema que tratamos a los secretarios de Estado y de Seguridad Interior de los Estados Unidos”.

El canciller mexicano mencionó el tema del “acuerdo de totalización”, vigente entre ambas naciones desde 2004. Este acuerdo establece coordi-

nación entre el Instituto Mexicanos del Seguro Social (IMSS) y la Administración de Seguridad Social de Estados Unidos para permitir que los trabajadores repatriados a México de manera voluntaria o por deportación puedan acceder a sus ahorros.

“Hemos expresado que un elemento fundamental de las prioridades del gobierno mexicano es que se le dé vigencia a este acuerdo de totalización” para generar una “red de protección económica” para los migrantes mexicanos que retornen.

Videgaray anunció que habrá una reunión de “alto nivel” entre los países centroamericanos del llamado “Triángulo Norte” –Guatemala, Honduras y El Salvador- en México y con representantes de Estados Unidos para analizar la política migratoria conjunta.

En su posicionamiento, la senadora Dolores Padierna, del PRD, le reprochó al canciller que estamos ante una “auténtica catástrofe humanitaria” frente

a Estados Unidos por el tema migratorio y que nuestro país se ha convertido en “deportador en jefe, porque sacamos del país más ciudadanos centroamericanos que los que Estados Unidos deporta, incluyendo a menores de edad no acompañados”.

Padierna exhortó a la cancillería mexicana a que ya no se permita la presencia de agentes aduanales o de emisarios de la DEA en las estaciones migratorias mexicanas. En el mismo sentido se pronunció el senador Manuel Bartlett, de la bancada del PT. “Las nuevas directrices estadounidenses suponen el inicio de una verdadera guerra contra los migrantes.

La persecución, si nos atenemos a esos documentos, será masiva, absolutamente discrecional, sin leyes ni reglas”, sentenció la senadora del PRD. Bartlett abundó sobre el tema del TLC y de la Iniciativa Mérida, que en días pasados el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,

decretó en “etapa terminal”.

“La idea está a la vista. Trump no quiere TLC y va a romper con él. Si el tratado se mantiene, será para México en condiciones más gravosas que las actuales. Es elemental no negociar en esa línea, lo que requerimos es un cambio de paradigma”, afirmó el senador poblano.

Por su parte, la senadora Gabriela Cuevas Barrón, del PAN, reprochó la falta de una “política exterior de Estado” frente al gobierno norteamericano.

Recordó que hace cuatro años se discutía en Estados Unidos la posibilidad de una reforma migratoria integral que hubiera regularizado a seis millones de mexicanos y el gobierno mexicano (entonces encabezado por Felipe Calderón, del PAN), “se limitó a decir que era un asunto de política interna”.

Cuevas señaló que no se le ha dado seguimiento a las 75 víctimas que perdieron la vida en incidentes en los que participaron oficiales de Estados Unidos, de 2006 a 2015, de los cuales 26 perdieron la vida a manos de la Patrulla Fronteriza. “No hubo consecuencias legales en 51 de estos casos y 16 aún están por resolver”, abundó.

A nombre del PRI, la senadora Marcela Guerra Castillo respaldó las 10 líneas de política exterior delineadas por Videgaray durante la comparecencia, y mencionó “otras posibles consecuencias” de las posiciones hostiles hacia México como el incremento de la incertidumbre financiera, la disminución de la inversión extranjera directa y menores flujos comerciales fronterizos.

Diputados comenzarán a trabajar sobre 361 solicitudes de juicio político Jesusa Cervantes Ciudad de México (apro)

Luego de 18 meses y tras la multa de un juez federal, la Subcomisión de Examen Previo de San Lázaro empezará a trabajar sobre 361 solicitudes de juicio político contra diversos funcionarios y exservidores públicos.

Esta instancia está presidida por los titulares de las comisiones de Gobernación y de Justicia, ambos del PRI. Aunque a 18 meses de haber sido conformada, la subcomisión sólo ha sesionado en dos ocasiones, por lo que un juez federal multó a los diputados con 7 mil 500 pesos y los emplazó a trabajar.

La priista y presidenta de la Comisión de Gobernación, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, aclaró que en las dos reuniones que se han tenido los integrantes aprobaron “por unanimidad” los plazos en los que se sesionaría.

Y sostuvo que los secretarios de ambas

comisiones podían haber convocado a reunión, pues así lo establece el reglamento.

Luego del pago de la multa que, acotó la priista no fue contra ella, sino a la subcomisión, este miércoles 28 realizarán su tercera reunión, y en ella desahogarán las solicitudes de juicio político que ya no son procedentes, sea porque ha vencido el plazo para que los señalados sean juzgados o porque ya no forman parte de la administración federal.

Las solicitudes que se desecharán suman 90 de un total de 361 expedientes.

La priista hizo hincapié en que “esta Subcomisión de Examen Previo tiene más de 12 años sin sesionar, los asuntos que están son desde la legislatura que… ya no sé ni cuál número era”.

También comentó que la multa ya fue pagada, “no fue en específico para mí, es una multa que ya fue pagada por nosotros, no es una multa para cada

uno de los integrantes, es una multa general”.

La orden de sesionar la determinó un juez federal el miércoles 8, y dio cinco días hábiles a los diputados para empezar a trabajar. La legisladora del PRI aclaró que no están en desacato, ya que se trató de días hábiles, y añadió: “Yo puede hablar nada más de lo que estamos en este momento viendo, es una subcomisión que debió, en su momento, haberse instalado e ir viendo los asuntos que les fueran llegando. De hecho, ese amparo viene, esa multa proviene de un amparo de un año antes de que nosotros entráramos aquí. Nosotros ya encontramos ese amparo perdido, esta es una multa por incumplimiento de una resolución.

En términos de amparo, digamos, es complicado de explicárselos, pero no es un asunto de ahorita, es un asunto que empezó un año antes, en la legislatura anterior”, justificó.

Y es que la subcomisión, como sos-

tuvo la legisladora, tenía 12 años que no trabajaba. Y en los 18 meses de la actual legislatura sólo ha sesionado en dos ocasiones.

Guillén Vicente también remitió buscar aclaraciones con el presidente de la Comisión de Justicia, Álvaro Ibarra, pues sostuvo que ambos presiden la subcomisión.

Este miércoles, una vez que se den a conocer los 90 expedientes desechados, se convocará de inmediato para dar trámite a los 271 que deben procesar los integrantes de la Subcomisión de Examen Previo.

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ONU y CNDH repudian pretensión de perpetuar presencia del Ejército en las calles Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

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l representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, y el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez coincidieron con organizaciones civiles y activistas en rechazar las pretensiones de legisladores y del gobierno de Enrique Peña Nieto de perpetuar la presencia de las fuerzas armadas en las calles, a través de iniciativas como la Ley de Seguridad Interior.

Durante el foro “Seguridad y derechos humanos”, los participantes reconocieron la labor que soldados y marinos han desempeñado en los últimos diez años de “guerra contra el crimen organizado” y aclararon que no piden el retorno inmediato a los cuarteles, pero resaltaron que la naturaleza de su preparación no corresponde a las labores de seguridad pública.

En el acto también estuvieron el director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, y los académicos e integrantes del colectivo “Seguridad sin Guerra”, Maité Azuela y Ernesto López Portillo, en tanto que el exrelator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, transmitió un mensaje videograbado.

En concordancia con la CNDH y las organizaciones civiles, Jan Jarab consideró que “se necesita una discusión mucho más amplia, profunda e inclusiva sobre el modelo de la seguridad que México necesita”, así como analizar las experiencias propias durante los últimos diez años y lo que ha ocurrido en otros países.

También advirtió que tratar de “fortalecer el paradigma militar y el uso de la fuerza”, a través de la ley de seguridad interior, “va a contribuir a petrificar este paradigma, va a ser un retroceso”.

Para el funcionario de la ONU, el diseño de un modelo de seguridad para el país debería ir acompañado de “un diagnóstico integral”, en tanto que deben fortalecerse las corporaciones policiales, “porque no se puede aceptar que existan para defender algunos intereses y reciban un cheque en blanco de la impunidad”, así como las medidas preventivas.

Al señalar que sin discusiones amplias “va a ser muy peligroso adoptar una ley que deje la actuación de las fuerzas armadas” en tareas de seguridad, “aun con salvaguardas”, Jarab señaló que si a pesar de todo el Estado mexicano insiste en promover una legislación “para respaldar las fuerzas armadas”, propuso como “Plan B (…) por lo menos fortalecer las salvaguardas, eso es algo que nos parece se puede evitar, si se puede impulsar una discusión más amplia sobre el modelo de seguridad”.

Mientras se siguen postergando discusiones como las leyes generales contra la desaparición y la tortura, el

representante de la ONU recordó que en el plano internacional el modelo de seguridad interior ha sido considerado por órganos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como “un concepto propio de regímenes autoritarios”.

Jarab, quien ha participado ampliamente en diversos foros para advertir los riesgos de la militarización de la seguridad pública, señaló que entre las preocupaciones que tiene su oficina destaca en que por la forma en que están redactadas las cuatro iniciativas sobre ley de seguridad interior, las fuerzas armadas puedan ser usadas “contra la protesta social”, sin contar con que ya existe experiencia empírica del incremento de violaciones graves a los derechos humanos, como desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, atribuidas a ellas, ante un “continuo debilitamiento” de las autoridades civiles.

Al señalar que si bien los mexicanos confían más en las fuerzas armadas que en las policías, el funcionario de la ONU destacó que también la presencia militar no ha significado una mayor seguridad, de ahí que insistió en una discusión amplia que incluya “no sólo a la organizaciones de la sociedad civil y defensores, sino a las víctimas de violaciones a derechos humanos”.

Antes, el ombudsman Luis Raúl González Pérez destacó que a 10 años de estar al frente de la lucha contra el narcotráfico, “no podemos ignorar que, con independencia de los resultados concretos que la participación de las Fuerzas Armadas han producido en el ámbito de la seguridad de las personas, los cuales se tendrán que analizar y valorar detalladamente, dichas acciones han tenido como efecto que se presenten violaciones a los derechos fundamentales de las personas por parte de algunas autoridades que se apartaron del cabal y debido cumplimiento de su deber, así como que se generan condiciones que propician que se puedan cometer las mismas”.

Al destacar que las graves violaciones a derechos humanos como “ejecuciones arbitrarias, desapariciones, tortura, trata de personas, desplazamiento forzado interno y abusos de migrantes, entre otros, tienen como contexto la inseguridad, la violencia, la impunidad y la corrupción”, González Pérez puntualizó que lo que se requiere para enfrentar esos problemas es “una visión integral, esencialmente preventiva”, y no una reacción coyuntural.

“No creo que aún en el contexto difícil, complejo de incertidumbre, de inseguridad y violencia que vive el país, las decisiones coyunturales no deben ser la solución que requerimos los mexicanos y mexicanas, sino legislaciones bien pensadas que den certeza jurídica a la ciudadanía”, dijo el presidente de la CNDH. Al coincidir en que en apego a la Constitución y a los tratados internacionales la seguridad “debe estar a cargo de instituciones de carácter civil”, González Pérez consideró que las Fuerzas Armadas deben volver, “cuando las condiciones así lo permitan, a las funciones que le son propias, pero bajo un programa gradual y verificable”.

También insistió en que las tareas que se les ha encomendado a las tropas castrenses, “en acciones de seguridad de las personas, sobre todo en su interacción con la población civil, no debe asumirse como algo permanente o promoverse que así sea”.

El ombudsman nacional enlistó “un decálogo mínimo” de lineamientos que los legisladores deberían tomar en cuenta antes de decirse por impulsar tal legislación, entre los que destacan consideraciones constitucionales, así como “prevenir que se afecte o se propicie la afectación del legítimo ejercicio de otros derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión y manifestación”; además considerar “mecanismos de control institucional, claros y de colaboración ente autoridades”, y evitar que las fuerzas armadas “participen en la prevención e investigación de los delitos”.

Mario Patrón Sánchez, director del Centro Prodh, dijo que ante el escenario nacional, en vez de discutir “un modelo que dé certezas, entre comillas, jurídicas al Ejército”, lo que los legisladores deberían buscar es “cómo fortalecer las instituciones civiles de seguridad, encaminadas a la ruta de un modelo de seguridad de corte ciudadano”.

Al reconocer que “hay zonas y regiones en el país donde el Ejército juega una función preponderante para la ciudadanía”, el defensor insistió en que los participantes del foro coinciden en demandar “un programa de retiro programático de las Fuerzas Armadas que pasa justo por el fortalecimiento de las instituciones civiles o la democratización de las policías”.

Igual resaltó que a más de 10 años de lanzar a marinos y soldados a las calles, no es aceptable insistir en “formalizar esa política excepcional” sin que exista

al menos “una evaluación o un diagnóstico”.

Por lo pronto, Patrón Sánchez recordó que los datos duros y oficiales evidencian que de 2006 a 2015 ocurrieron 186 mil homicidios, y que entre 2007 y 2011 “la tasa de homicidios pasó de 8.1 a 23.7” por cada 100 mil habitantes, “con marcados incrementos en las entidades donde se implementaron operativos conjuntos y la confianza en el Ejército a la baja en estos mismos lugares”.

Al insistir en que las iniciativas conocidas de Ley de Seguridad Interior no son compatibles con la Constitución, ni con los tratados internacionales ni mucho con las recomendaciones de la ONU y la CIDH, el director del Centro Prodh puntualizó que esas propuestas legislativas “permitirán que las violaciones a derechos humanos sigan aumentando y no responden a cuestiones de efectividad, pues la información disponible muestra que esta estrategia ha fracasado”.

Ernesto López Portillo, exdirector del Instituto para la Seguridad y Democracia (Insyde), apuntó que si pese a la experiencia empírica, los legisladores se obstinan en militarizar la seguridad, lo que estaría detrás no es un auténtico interés en buscar soluciones a la inseguridad en el país.

“Podríamos estar asistiendo a un fenómeno de modificación en la relación cívico- militar, entre el poder civil y el poder militar en México, y si fuera este el caso, entonces la evidencia no importa, pues estamos hablando de un reacomodo político donde la ley es un síntoma de un reacomodo político”, advirtió el experto e integrante del colectivo “Seguridad sin Guerra”.

López Portillo señaló que de insistirse en impulsar un modelo de seguridad militarizado, los legisladores deberían “estar pensando en modificar la Constitución y dar marcha atrás a los avances en materia de derechos humanos”, como la reforma al artículo primero constitucional.

El especialista apuntó que no existe justificación o evidencia que avale la militarización de la seguridad, más allá de que “se trata de una propuesta que puede ser electoralmente rentable, y que implique la capitulación de las autoridades civiles ante los militares”.

El investigador agregó que México está considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como parte de las naciones que padecen “violencia endémica”, pese a que desde hace 10 años la seguridad del país ha estado en manos castrenses, en contra de todas las recomendaciones de organismos internacionales, y de la experiencia empírica en el país y en otras naciones.

La académica y periodista Maité Azuela presentó una serie de datos reportados por organizaciones de derechos humanos e investigaciones académicas que reforzarían la hipótesis del fracaso de la política de seguridad en los últimos diez años.

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Cerrar la brecha salarial en México podría tardar más de un siglo De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)

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n nuestro país, las mujeres podrían ganar lo mismo que los hombres, acabando con la brecha salarial, en el año 2115, dentro de poco más de un siglo, pero siempre y cuando ganen 20 por ciento más de su salario actual y que este progreso se mantenga constante hasta entonces.

Así lo señala el “Índice de Mujeres en el Trabajo 2017” de la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC), donde se indica que las mujeres mexicanas ganan 17 por ciento menos que los hombres y de 2014 a 2015 el país no mostró avances en el empoderamiento económico de la población femenina.

Estos resultados se obtuvieron a partir de la medición de cuatro indicadores: participación económica y oportunidades, logro educativo, salud y supervivencia y empoderamiento político.

Con esto, según el estudio, México se coloca en el último lugar de los 33 países analizados, pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Razones de la brecha El país todavía tiene una de las tasas más bajas en cuanto a la participación de las mujeres en el mercado laboral. En 2015, sólo 44 por ciento de las mexicanas entre 15 a 64 años de edad eran parte de la fuerza de trabajo remunerado; 32 por ciento tiene un empleo de tiempo completo y el resto,

De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) recomendó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) revisar y, en su caso, modificar los plazos para la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG).

Después de realizar una auditoría de desempeño, la ASF también recomendó a este organismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), revisar la correcta operación del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim).

En el documento, disponible en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se indica que en ese año la dependencia recibió seis solicitudes de AVG, de los cuales en tres casos un Grupo de Trabajo realizó un informe sobre la petición y remitió sus observaciones a la Segob.

En otros dos casos (33.3 por ciento) se enviaron informes a los gobiernos de los estados para la implementación

Así lo señala el “Índice de Mujeres en el Trabajo 2017” de la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC), donde se indica que las mujeres mexicanas ganan 17 por ciento menos que los hombres y de 2014 a 2015 el país no mostró avances en el empoderamiento económico de la población femenina giere generar políticas públicas que mejoren el acceso al cuidado infantil y al permiso parental compartido, como esfuerzos que podrían emprender los gobiernos y empresas para aumentar la participación femenina laboral.

Panorama internacional

12 por ciento, medio tiempo.

A esto se añade que sólo 5 por ciento de las mexicanas empleadas se desempeñan en altos cargos; la representación de las mujeres en México en las “salas de juntas” es una de las más bajas de los países analizados, indica el documento.

El estudio también da cuenta de que hay un 56 por ciento de mujeres que no están ni empleadas ni desempleadas (es decir, no están trabajando con remuneración ni buscan trabajo remunerado).

Esta cifra coincide con los resultados del estudio de la OCDE “Construir un México inclusivo: políticas y buena gobernanza para la igualdad de género 2017”, donde se señala que las mexica-

nas tienen cuatro veces más probabilidades de no tener empleo o educación en comparación a los hombres.

Asimismo el reporte de PwC calcula que si México aumenta la tasa de empleo femenino a los niveles de Suecia, donde 94 por ciento de su población femenina tienen un trabajo remunerado, podría mejorar las condiciones económicas del país, al generar un incremento de 28 por ciento en su Producto Interno Bruto (PIB).

El estudio destaca que México es uno de los países –junto con Grecia e Italia- con el mayor potencial para mejorar su PIB, pero será esencial que más mujeres sean incluidas en el mercado laboral remunerado.

Para este proceso la consultora su-

La investigación concluye que el cierre total de la brecha salarial entre hombres y mujeres podría aumentar las ganancias femeninas totales en 2 billones de dólares en los países pertenecientes a las OCDE. Asimismo, incluir más mujeres al mercado laboral podría aumentar a 12 por ciento el PIB de la OCDE, lo que se traduce en una ganancia de 6 billones de dólares. El documento revela que son los países nórdicos los que presentan los avances más significativos en el desempeño para terminar con la brecha salarial por género: Islandia, Suecia y Noruega.

En otros países, hombres y mujeres podrán percibir pronto los mismos ingresos, como Polonia que, de continuar con el mismo crecimiento, para el año 2021 podría lograrlo. Estados Unidos lo haría en 2070 y Alemania, el país más atrasado en brecha de género, hasta el año 2297, informa la investigación.

Conavim debe revisar plazos para declarar Alerta de Violencia de Género de acciones propuestas por el informe del Grupo de Trabajo; y en un caso más (16.7 por ciento) la información se turnó al gobierno del estado para que atendiera las propuestas de los expertos.

de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a fin de establecer un plazo determinado para la evaluación de las alertas declaradas, así como de su conclusión.

Revisar plazos

Sobre el número de mujeres víctimas de violencia, la ASF encontró que, 8 años después de la promulgación de la Ley General (2007) que establece la creación del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim) a 2015, no había información certera.

Hace dos años, cuando se realizó la auditoría, el Banavim no estaba en operación en los términos establecidos en la norma, pero la Segob y la Conavim informaron que se acordó que la Comisión Nacional de Seguridad administrará el banco en la Plataforma México para generar una base de datos que sea insumo para las

La ASF identificó que los procesos de declaratoria de AVG requieren, en promedio, nueve meses para que se concluya la investigación y se implemente las acciones de prevención de la violencia de género, o en su caso, la declaratoria de alerta.

La auditoría también determinó que no contar con plazos establecidos origina que la herramienta, considerada por la Ley General de Acceso como una “acción gubernamental de emergencia”, no pueda ser aplicada de forma inmediata.

Ante ello la ASF recomendó revisar y en su caso modificar el Reglamento

Sin datos certeros estadísticas en la materia.

Sobre este tema, la ASF recomendó analizar el diseño del Banavim y verificar si éste genera información clara, confiable, oportuna y suficiente para la toma de decisiones en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

Estas recomendaciones se suman a las que hizo la ASF en 2015, cuando informó que en la evaluación de desempeño que hizo de la Conavim en 2013 encontró que no se había creado una política integral con perspectiva de género en beneficio de los 60.6 millones de mexicanas.

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LA SEGUNDA TEMPORADA DEL DESAFUERO… EN 2017 Jenaro Villamil

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ace 12 años, entre 2004 y 2005, se produjo una de las batallas políticas y jurídicas más delirantes y contraproducentes para la incipiente democracia mexicana.

El nombre del juego para el gobierno de Vicente Fox, para el PAN, para el PRI y para un importante sector empresarial era “evitar a toda costa que López Obrador llegue a la Presidencia de la República”.

Algo similar está ocurriendo ahora, aunque las circunstancias sean diferentes, los actores sean los mismos y las consecuencias sean exactamente inversas a lo buscado: fortalecer aún más al actual dirigente nacional de Morena.

En 2004, el gobierno de Vicente Fox le pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) que iniciara un juicio de desafuero en contra del entonces jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, por haber violado una orden judicial que exigía la suspensión de la construcción de una calle en un terreno de Santa Fe expropiado años atrás por gobiernos anteriores.

Antes de esta solicitud ocurrió el episodio de los videoescándalos. Se trató de vincular a López Obrador con los sobornos pagados y grabados por el empresario Carlos Ahumada, dedicado a ese negocio tan mexicano de la extorsión, con extendidas complicidades políticas y empresariales.

Los videoescándalos dañaron un poco la autoridad moral que López Obrador había construido desde la jefatura del gobierno del Distrito Federal, pero no lograron vincularlo con el “señor de los videos”.

El desafuero lo catapultó como una figura nacional, lo colocó en el centro de una clara operación de venganza política que involucraba a Vicente Fox, al Jefe Diego Fernández de Cevallos, al expresidente Carlos Salinas de Gortari, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela, y al entonces aspirante panista a la Presidencia, Felipe Calderón. De ahí surgió el término lopezobradorista de “la mafia del poder”.

El desafuero logró exactamente lo contrario: generó una corriente de opinión pública a favor

del tabasqueño. La alternancia se descarriló en este proceso y en la Ciudad de México se realizaron las marchas más grandes que se hayan visto en la historia reciente.

No era sólo la defensa del derecho de López Obrador a contender por la Presidencia de la República, sino la condena a una operación de venganza política a todas luces mafiosa, parcial y concertada.

El desafuero se consumó el 7 de abril de 2005 en la Cámara de Diputados, pero Vicente Fox tuvo que recular. La imagen de López Obrador en la cárcel lo hubiera convertido en un Nelson Mandela a la mexicana.

Los mismos promotores del desafuero tuvieron que frenar la operación, pero dejaron sembrada la polarización que hasta hoy perdura en torno a la imagen del político tabasqueño. No han entendido que la polarización no la genera López Obrador, sino la tremenda desigualdad rampante en el país y la escandalosa corrupción de los años recientes.

Mala comedia

Doce años después, la historia parece repetirse, ya no como tragedia, sino como una mala comedia de enredos. El gobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes, que ahora usufructúa el logotipo del PAN, pero con todas las mañas y mala fama adquirida por su paso como priista, operador electoral, director del ISSSTE, señalado por corrupción y espionaje, acusó a Morena y a López Obrador de recibir dinero del gobierno de Javier Duarte, el símbolo más acabado (pero no el único) de las cleptocracias recientes.

Yunes, el mismo que anunció que daría a conocer información que “cimbraría” a las altas esferas del poder político si no lo dejaban tomar posesión como gobernador de Veracruz, ahora afirmó tener “pruebas contundentes” de la corrupción entre Duarte y López Obrador.

Curiosamente, olvidó o evadió mencionar la corrupción de Duarte y las extensas redes priistas, incluyendo el sospechoso episodio de los 25 millones de pesos en efectivo enviados en 2012 al aeropuerto de Toluca, en plena campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

El “parto de los montes” de Yunes resultó una grabación editada, entre el exsecretario de Trabajo y Previsión Social de Veracruz, Gabriel Deantes Ramos, con el entonces director del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz (ICATVER), Víctor Arcos, aspirante a una candidatura en Perote.

“Yo compartía mis análisis políticos muy personales con él porque él tenía la costumbre de preguntarme cómo veía el panorama y algunas veces yo le daba información que rayaba en lo ridículo sólo para confirmar que él replicaba mis comentarios y lo que oía a veces de otros actores políticos con la prensa”, declaró Deantes a Radio Fórmula.

La Fiscalía Especial para Delitos Electorales (Fepade) anunció el pasado viernes 24 que investigaría este presunto vínculo y el lunes 27 afirmó que no había ninguna línea que vinculara a Morena y a López Obrador con Duarte.

Todo esto, en medio de un auténtico talk show de retos, dimes

y diretes entre Yunes y López Obrador. El dirigente de Morena volvió a salir bien librado de este último lance que tiene un objetivo fundamental: que sea el escándalo y no las urnas lo que defina si el político tabasqueño gana o pierde las elecciones del 2018.

La “segunda temporada” del desafuero es una muestra más del autoritarismo electoral que ha definido nuestras contiendas desde el 2000 a la fecha: No son las urnas sino el dinero, las componendas y los arreglos entre las cleptocracias lo que definen la llegada de un político a las gubernaturas o a la Presidencia de la República.

Atacar a López Obrador desde la “autoridad moral” de Yunes es un auténtico despropósito que genera un efecto boomerang. Los adversarios de López Obrador están desesperados: ensayan todo para descarrilarlo, pero no hacen nada para convencer de que ellos son una opción posible y viable, sin caer en las artimañas del desafuero del 2004-2005.

La dirigencia nacional del PRI, con Enrique Ochoa a la cabeza, se sumó al pleito entre Yunes y López Obrador, ignorando que el principal responsable de la presunta corrupción (Javier Duarte) fue un gobernador priista, que ejerció la corrupción priista, está en la impunidad priista y fue apoyado hasta su fuga por un presidente de la República priista.

Margarita Zavala, quien aún no es candidata del PAN, se promueve como “la única que puede ganarle a López Obrador y su demagogia”, sin darse cuenta que la misma frase es una joya de la demagogia.

Zavala no se promueve como la mejor candidata del PAN y evade ser corresponsable de un gobierno que dejó muy malos saldos en términos de violencia y polarización política. Sigue el mismo guión que utilizó Felipe Calderón para ganar en 2006: soy yo o “el peligro para México”.

Una fórmula tan gastada como antidemocrática.

La lección fundamental del desafuero no fue aprendida: la simulación de justicia contra un político que se distingue por no estar involucrado en grandes escándalos de corrupción solamente acaba por reflejar el miedo de las cleptocracias gobernantes.

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l enmarañado que sostiene la impunidad de Juan Sabines Guerrero ha quedado nuevamente de manifiesto tras la multa aplicada por el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México contra los diputados federales integrantes de la Subcomisión de Examen Previo quienes, sin explicación, han decidido no dar trámite al juicio político promovido en contra del ex gobernador chiapaneco desde 2013.

El sospechoso comportamiento de los diputados federales ha dejado entrever la red de complicidades que permiten la inmunidad ante la justicia mexicana para ex mandatarios como Sabines Guerrero. Esta vez se trata del juicio promovido por el controversial abogado Horacio Culebro Borrayas, que más de una ocasión ha protagonizado enfrentamientos contra integrantes de las últimas dos administraciones estatales en Chiapas.

El juicio que ahora ha comenzado a llamar la atención de los medios nacionales tiene que ver con una resolución inédita del Poder Judicial contra la comisión legislativa encargada de dar trámite a los juicios políticos promovidos ante el Congreso de la Unión. Es un proceso jurídico que podría desencadenar responsabilidades penales y el desafuero de los

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EN LA MIRA Héctor Estrada

¿Quién protege a Juan Sabines? diputados involucrados en el presunto desacato.

Fue desde noviembre de 2013 cuando Culebro Borrayas interpuso la solicitud de juicio político en contra de Sabines Guerrero ante la Cámara de Diputados, obteniendo la negativa por parte del legislativo debido a que –según los diputados- Horacio Culebro “No tenía las facultades para promover dicho recursos jurídico y no habían pruebas para su efecto”.

Los anterior dio paso a que el año siguiente se interpusiera el amparo de garantías 34/2014 que finalmente fue concedido a Culebro Borrayas, ordenando a la Subcomisión de Examen Previo dar trámite al juicio de amparo solicitado por cumplir con todas condiciones para proceder. Sin embargo, hasta la fecha el procedimiento ha permanecido congelado.

Desde el 2 de abril de 2014 la Cámara de Diputados se ha hecho acreedora a al menos 10 requerimientos y más de 15 apercibimientos en el marco del cumplimiento de la resolución

del expediente 34/2014, en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al abogado Horacio Culebro. Pero nada ha sido suficiente para quebrantar la voluntad de los diputados federales para abrir el juicio contra Sabines Guerrero.

Y no se trata del único caso, según declaraciones de uno de los miembros de la misma comisión legislativa que ha denunciado la opacidad de sus compañeros, el diputado Jorge Triana, actualmente existen otras 300 solicitudes más de juicios políticos contra otros gobernantes y/o servidores públicos que se mantienen detenidos, debido a la obstaculización del

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Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De acuerdo al mismo Triana, la subcomisión de Examen Previo, integrada por 14 diputados (siete del PRI), es presidida por los priistas Mercedes del Carmen Guillen Vicente y Álvaro Ibarra Hinojosa, quienes se han encargado de obstaculizar el trámite de las solicitudes, desechando y dejando en el archivo a gran parte de estos recursos constitucionales.

Por eso la resolución del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México resulta importante. Porque más allá de la irrisoria multa de siete mil 500 pesos, expone públicamente esa complicidad en todos los niveles que mantienen en plena impunidad a personajes como Juan Sabines Guerrero. Porque abre la puerta a otras medidas jurídicas o penales contra los obstaculizadores de la justicia misma.

Hablando con honestidad, hoy resulta poco probable ver en corto plazo a Sabines tras las rejas. Sobre todo cuando las redes que lo protegen son tan extensas, pues hasta la fecha, ni los señalamientos o pruebas fehacientes de sus irregularidades han socavado el poder y los vínculos ocultos que lo mantienen en plena tranquilidad, incluso, con cargos diplomáticos que muchos más con menos lastres acuestas quisieran tener.

LA “DIPLOMACIA” DEL DESPRECIO

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a manifiesta hostilidad de Donald Trump hacia México coloca al país en una situación de vulnerabilidad y riesgo acaso no vivida desde 1846, año del inicio de la guerra planeada por el presidente James K. Polk para apoderarse de la mitad del territorio nacional. El presidente Trump no le ha declarado la guerra militar a México, pero sí ha emprendido una estrategia de agresión verbal, migratoria y comercial sin precedente. Mediante insultos y amenazas, sus embates retóricos pretenden denigrar y someter a su vecino del sur. El demagogo los utilizó primero como estrategia de campaña a fin de crear un enemigo contra el cual volcar la furia xenófoba del electorado que lo llevó al poder y, ya en él, los ha convertido en políticas públicas para mostrar su fuerza y belicosidad ante el mundo entero.

La acometida migratoria ya comenzó. El martes 21, el Departamento de Seguridad Interna (DHS por sus siglas en inglés) anunció el inicio de una agresiva ejecución del poder coercitivo de las leyes migratorias que podría desembocar en deportaciones masivas de indocumentados. Fue el regalo de Trump al presidente Enrique Peña Nieto para ser entregado personalmente en México por el secretario de Estado, Rex Tillerson, y el secretario de Seguridad Interna, John Kelly.

Una prueba más de la “diplomacia” del

Héctor Tajonar desprecio, característica del demagogo que hoy gobierna la máxima potencia mundial. Vergonzoso e inadmisible.

Adicionalmente, el memorando del DHS pretende que los inmigrantes procedentes de países centroamericanos sean deportados a México por el hecho de haber ingresado a territorio estadunidense a través de su frontera sur, lo que es contrario al derecho internacional y a los acuerdos bilaterales de repatriación. Se trata de una media de presión para que México controle mejor su frontera sur –donde, por cierto, también se violan los derechos humanos– e impedir que los migrantes centroamericanos lleguen a Estados Unidos. El canciller Videgaray ha dicho que México no aceptará ninguna imposición unilateral en materia migratoria. Veremos.

De todos los problemas de la relación entre México y Estados Unidos el más doloroso es, sin duda, el de la migración de connacionales hacia el coloso del norte en busca de mejores condiciones de trabajo. Millones de mexicanos deciden abandonar su país porque no les ha ofrecido las oportunidades de trabajo y el ingreso necesarios para brindar a sus familias una vida digna y la esperanza de un futuro mejor.

Los 12 millones de emigrados que viven en aquel país representan el 10% de la población total de México. De ellos, 5.8 millones son indocumenta-

dos, equivalentes a más del total de los habitantes de Puebla (6.3 millones), el quinto estado más poblado del país.

Dos tercios de los migrantes mexicanos sin documentos han vivido durante más de una década en Estados Unidos, lo cual revela su deseo de permanecer en ese país, a pesar del trato discriminatorio que reciben y del peligro de ser deportados. Este riesgo se magnifica con las medidas recién anunciadas. Ello tiene importantes repercusiones sociales y humanitarias que la memoranda del gobierno trumpista ignora por completo. Hay 4.5 millones de niños nacidos en los Estados Unidos de padres indocumentados y que tienen derecho a la ciudadanía estadunidense. Si sus padres son repatriados, la familia se separa y los niños se quedan solos, lo cual violenta un derecho fundamental de los infantes.

Abundan los casos como ese que ahora se multiplicarán.

La deportación sin juicio de por medio es contraria a la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadunidense, que establece la igualdad ante la ley de toda persona que se encuentre en su territorio, así como el derecho al debido proceso, sin distinción de nacionalidad, raza o religión. Por tanto, el gobierno mexicano deberá reforzar la defensa de los trabajadores migrantes en tribunales. Asimismo, habrá de presentar denuncias rigurosamente fundamentadas ante Naciones Unidas

y organismos internacionales defensores de los derechos humanos. La razón jurídica no puede ser pisoteada por la sinrazón de la fuerza bruta. Ya no vivimos en la época de las cavernas, señor Trump.

Reducir el fenómeno migratorio a un asunto meramente judicial es abusivo e hipócrita. La mayoría de los inmigrantes ilegales son trabajadores, no delincuentes, y realizan labores necesarias en beneficio de la economía estadunidense. Existe demanda de su trabajo, por eso van allá. Las industrias turística (hoteles, restaurantes y centros de diversión), de la construcción (donde el señor Trump hizo su fortuna) y vitivinícola, así como la agricultura, la silvicultura y la minería o las ventas al mayoreo y al menudeo, entre otros ámbitos de la actividad económica estadunidense, se nutren de la mano de obra de trabajadores indocumentados.

La decisión del gobierno de Estados Unidos de criminalizar la migración parte de un diagnóstico equivocado con un claro fundamento racista. La vulnerabilidad legal de los mexicanos indocumentados los induce a no cometer delitos para evitar ser deportados.

No obstante, la xenofobia y el primitivismo del señor Trump le hacen tomar decisiones contrarias a los principios constitucionales y a los intereses de Estados Unidos. México tiene que defenderse con inteligencia y energía de los ataques del autócrata.

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CÓDIGO NUCÚ César Trujillo

Siguen violando derechos a los trabajadores del Estado

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uevamente, escudado bajo un inexistente sistema de austeridad, vejando los derechos de la clase trabajadora — algunos con hasta 27 años de antigüedad— y sin respetar los artículos 47, 53 y 434 de la Ley Federal del Trabajo, el Gobierno de Manuel Velasco Coello ha lanzado una nueva ola de despidos que alcanzó a más 300 trabajadores administrativos de la Secretaría de Educación estatal, mismos que se suman a los miles despedidos de las filas de la burocracia ya desde enero de este año.

La excusa —dada por funcionarios dependientes de dicha secretaría, que reposa en manos de Roberto Domínguez Castellanos y que fue difundida en un video en las redes sociales— es que se trata de «órdenes superiores» (sin que se especifiquen nombres) y en qué se basaron para la selección de quiénes se iban o se quedaban, pues seguramente —como lo hicieron en todas las demás dependencias— dejaron a los recomendados y aviadores que sí representan un derroche descarado de dinero.

El Gobierno del Estado, no contento con los despidos que se habían dado en varias dependencias y la ola de irregularidades denunciadas por la forma tan burda y violatoria de ley en que se han dado los despidos, ahora ha dado la orden al secretario de Educación de aplicar un recorte del 30 por ciento de la base trabajadora de esa dependencia que se había salvado desde enero.

Los trabajadores que fueron despedidos se enteraron apenas ayer 28 de febrero, fin de mes, porque no les han pagado la quincena devengada ya y desde el fin de semana se había dado

una ola de rumores sobre este embate que preparaban Domínguez Castellanos, Pedrero y Velasco Coello.

Tal parece que al Gobierno de Manuel Velasco le importa poco lo que estipula la Ley Federal del Trabajo, cuando señala que “el empleador puede despedir a un trabajador después de dar una notificación escrita donde debe mencionar claramente las razones por las que el trabajador es despedido.

No está estipulado un periodo mínimo de aviso dentro de la ley. Si el trabajador se niega a recibir tal notificación, el empleador deberá avisar a la Junta de conciliación y arbitraje. Si un empleador no realiza el aviso, el despido es injustificado”.

A ninguno de los más de 300 extrabajadores (ahora) de la Secretaría de Educación del estado les notificaron por escrito la decisión de prescindir de sus servicios ni les explicaron el motivo, quedando como promesa que en el transcurso del día de ayer les llegaría dicho escrito donde les «explicarían» las causas que llevaron al Gobierno a tomar tal determinación.

Es risible que el Gobierno del Estado justifique los despidos a la clase trabajadora ponderando un supuesto método de austeridad que no es visible en ningún lado, sobre todo cuando las portadas de los diarios locales y nacionales, y la publicidad del gobernador, siguen viéndose todos los días en medios impresos y en las páginas web, cosa que no es gratuita.

Menos aún cuando las dependencias siguen derrochando dinero en guardias particulares, en camionetas de lujo y sueldos ostentosos para ellos y sus amiguitas y amiguitos; cuando se ve a los trabajadores cercanos a los funcionarios viajando por Europa y

siendo parte del circo de la simulación, pero sobre todo cuando se sabe que ese dinero que pretenden «ahorrar» de las nóminas de las dependencias a costa del sacrificio de los burócratas servirá para que el Estado muestre todo su poder económico en las campañas del 2018, donde ya deben andar buscando acuerdos y quien será el delfín favorito para sustituir a Velasco Coello y cubrirle las espaldas con todo el batidero que dejará tras su paso.

La austeridad que pondera el Gobierno del Estado no es más que un montaje para mostrar supuestas finanzas sanas de un Chiapas que se cae a pedazos y que ve a su gente sumirse, año tras año, en cinturones más marcados de pobreza y desigualdad.

Manjar

Luego de que Miguel Barbosa, coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República, anunciara que apoyará a Andrés Manuel López Obrador en su búsqueda por la presidencia en 2018, Alejandra Barrales, presidenta del sol azteca, dijo que analizarán si lo destituyen como coordinador en esa Cámara, ya que aunque respetan las decisiones políticas de los miembros de su partido, afirman que no son tiempos de realizar este tipo de anuncios. #ÁndaleporCoqueto// La recomendación de hoy es “Los papeles de Aspern” de Henry James, considerado como la obra máxima que representa un camino de iniciación a su poética. La crítica literaria señala que este libro muestra un mundo ficticio fantásticamente personal y una técnica de una sutileza particular. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.

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¿CONSTITUCIÓN O PROMESAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO? Guillermo J. R. Garduño Valero

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a Ciudad de México, la sede de la antigua Tenochtitlan, fundada sobre islotes del gran lago de Texcoco. La sede del poderoso imperio Azteca y de la triple alianza que dominó todo el sureste y llevó su influencia hasta Centroamérica, la misma que feneció a manos de crueles conquistadores que borraron la ancestral cultura y edificaron una ciudad típica europea, en un espacio que nada tenia que ver con esa lejana metrópoli. La ciudad que fue secando sus cuarenta ríos que alimentaban el lago y que hoy ante su extinción reclama de agua. La que un día fue conocida por Humboldt como la ciudad de los palacios donde contrastaban los barrios entre la riqueza extrema y la miseria generalizada, como hoy también se continua viviendo. La sede de todas las ambiciones de militares, del clero, de los voraces comerciantes y de sus caciques de barrio que todavía subsisten al servicio de quien mejor les pague. Esa ciudad que pese haber sido uno de los primeros ayuntamientos de América, le fue negada la vida municipal por Álvaro Obregón a fin de controlar el poder desde la sede del presidencialismo.

Fue la época del país de un solo hombre bajo un sistema despótico presidencialista, una ciudad dominante y concentradora; un solo partido como eje de sucesión: una sola meta para una clase política parasitaria y cínica, llegar a México y volver para dominar a la región de donde venían. Esa ciudad que recuerdo en mi niñez que fue creciendo lentamente hasta meterse en las milpas de donde una plaga de fraccionadores lucró con el bien más preciado que es la tierra, pero que aun recuerdo cuando era posible aun recitar a Alfonso Reyes: “viajero que llegas a la región más transparente del aire” y que hoy ha sucumbido por la contaminación y amenaza con implosionar por la basura, la imposibilidad de tener un sistema

adecuado de drenaje; la falta de fuentes de agua que la lleva a su paulatino hundimiento; sometida al oligopolio de los mercaderes que controlan el abasto citadino; de una policía corrupta que vivía de administrar la delincuencia, pero que hoy tiene que someterse al crimen organizado, dejando inerme a la ciudadanía. Este espacio urbano sede de todas las ambiciones de los hombres del poder, dejó de serlo por la ruina del espacio urbano, por la enorme concentración humana, por la insuficiencia de sus servicios, por la carencia de fuentes propias de abasto y conurbana con dantescos municipios donde es evidente la falta de cooperación entre el Estado de México y la capital.

Pues a esta ciudad en articulo mortis le pretenden dar una dosis de reanimación, pero por desgracia es tan sólo una catarata de palabrería que se llama Constitución de la Ciudad de México y que hoy pasa a ser el Estado 32 de la federación, con 16 alcaldías que no llegan a ser verdaderos municipios y un poder judicial incapaz de superar el enorme rezago y corruptelas. Frente a los siglos de autoritarismo se le califica con un constituyente hecho a la medida de la burocracia, donde por la magia de un decreto ahora es “democrática, representativa, incluyente, soberana, popular, derechos humanos, libre elección de genero, democracia representativa, libre, autónoma, con educación orientada hacia la sociedad del conocimiento, plurilingüe, pluriétnica, pluricultural, ciudadana etc. Pero la primera pregunta que hay que hacerse: ¿dónde esta esa utópica ciudad? y la respuesta es simple “no hay tal lugar” ni condiciones para construirla. En el primer caso porque las palabras no pueden encubrir o sustituir a los hechos y en segundo lugar porque la clase política, corrupta, incapaz nunca se ha ido, solo pretende cambiar el lenguaje y seguir reposando sus privilegios en una burocracia cos-

tosa e inepta.

En cuanto al texto éste es pesado, repetitivo, lleno de apartados e incisos que en más de una ocasión lo hacen lucir contradictorio, inexacto, lleno de adjetivos sin definición precisa, con desconocimiento de los limites de la ciudad en particular con las zonas de protección ecológica donde la delegación de menor densidad poblacional quedó fuera. Además de desconocer operaciones básicas de aritmética pues la comisión permanente según el texto se integra con el 20 % del congreso local integrado por 66 diputados y que resulta ser un número fraccionario de 13.2 diputados, en lugar de un número entero por ser variable discreta y no continua.

Una constitución que exalta a la universidad autónoma de la ciudad de México pero que en sus décadas de existencia no ha generado egresados en proporción a su inscripción y de acuerdo a sus evaluaciones es menos que mediocre y carece de lo mínimo para proporcionar los recursos para cubrir sus funciones básicas de docencia, investigación y difusión. Y dejar esto en una constitución es respaldar las caricaturas de la educación, pues la carencia de autocritica es el principio de la decadencia.

La respuesta de la ciudad es elocuente, nadie habla, ni discute sobre estos asuntos, la indiferencia es consecuencia de la falta de liderazgo donde no hay quien convoque; no hay credibilidad, no se vislumbran los medios y recursos para emprender estas tareas y en medio de gallos de medianoche y de tediosas discusiones donde todos quisieron meter sus puntos de vista se perpetro este mal engendro condenado desde el principio a su no aplicación y a mantener la impunidad. Cualquiera pudiera decir esto les pasa a los chilangos, pero cuantas de estas cosas pasan también en nuestras ciudades de provincia con un urbanismo peculiar y monstruoso. En fin, mal de muchos consuelo de tontos.

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COMENTANDO LA NOTICIA Alfonso Carbonell Chávez

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El papel de los medios en la democracia

n una pasada columna, comenté sobre la reunión que miembros de la Asociación de Columnistas Chiapanecos a la que pertenezco, habríamos tenido con el titular del IEPC (Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana) Presidente Consejero Oswaldo Chacón Rojas, quien después de un par de intentos fallidos por su apretada agenda nos dijo, finalmente se dio. De los temas tratados durante bocado y bocado y humeante café en ristre, se fue desarrollando la plática sin un guion preestablecido así que de las preguntas que le lanzábamos, temas como el diputado migrante en la pasada elección que ya comenté nos dijo está en pleno proceso y próximo a resolver y deslindar responsabilidades, nos íbamos al recorte en las prerrogativas de los partidos políticos en casi un 50 por ciento propuesto por el legislativo local. Ahí nos explicaría que en este terreno se están experimentando en otras entidades, incluso de las propuestas que en este tenor el PRI, está planteando en la Cámara federal de los Diputados. Al decirnos que esta iniciativa aún está pendiente su aprobación en la propia cámara local, nos mencionó que él no ha recibido de manera oficial dicha propuesta como tampoco dijo saber si el tema fue consultado con los propios partidos. El tema del reducción o de plano la desaparición de la figura de los llamados plurinominales o diputados de partido, también es un tema que está a discusión en el ámbito federal incluso con visiones de diversas fuerzas políticas que, apuntando en el mismo sentido, algunas se radicalizan en desaparecerlas todas, en tanto otras como la del propio PRI que ya es noticia, que considera desaparecer 100 de estas diputaciones diputaciones de las 200 existentes en la cámara de diputados así como reducir 32 senadurías. Este tema provocó un debate entre los asistentes remontándose las argumentaciones desde la aparición de estas figuras con la famosa LOOPE en tiempos de José López Portillo operada por Don Jesús Reyes Heroles, y el peligro de la sobre representación que nos fue explicada por el doctor Chacón Rojas con profundo conocimiento del tema. Y ya lo apuntaba la vez anterior en este espacio; que podrán señalarle de algunas historias en el terreno político y profesional como de haber trabajado con el ex gobernador Pablo Salazar y por ello sindicarlo de

pablista, pero otro aspecto y creo resultaría relevante a considerar y sería lo realmente relevante, es su capacidad y conocimiento del tema electoral.

Por ello el título de esta entrega, ya que lo mencionó como tema central en la construcción de ciudadanía y por ende de democracia el consejero Chacón, sobre el papel que deben jugar los medios de comunicación y los periodistas por añadidura o viceversa sobre todo ahora con la existencia de las redes sociales, de ser vigilantes de los procesos políticos como solo electorales, denunciando los actos que afectan desde mucho antes de iniciados los procesos de forma oficial; es decir como las actividades proselitistas encubiertas o engañosas de los diferentes actores políticos, muchos que al no existir prohibiciones expresas de la ley en la materia, a través de subterfugios llevan a cabo actividades de claro proselitismo que la autoridad, en este caso las fiscalías especializadas en delitos electorales locales y la federal debiendo conocer y actuar, si no media denuncia específica sobre la presumible de actos anticipados de campaña y la presunción desviación de recursos públicos, y que ellos el IEPC como autoridad electoral, no tienen competencia. Incluso recordó, que en el tema de informes de gobierno municipales y del estado así como los llamados informes legislativos, ya existen ciertos candados que acotan en tiempo su activismo y la publicidad igualmente en bardas y carteles por ejemplo. En cuanto a la compra de tiempos en radio y televisión, están prohibidos desde hace tiempo. Es más dijo que, cómo se le pide a un político que deje de hacer política ¡cómo! Si esa es su esencia y su trabajo. Por ello el papel de los medios insiste, es primordial en la construcción de democracia.

Y ya que estamos en lo dicho, pues también la difusión de la cultura cívica democrática y electoral será menester estar al pendiente. Así comentaré, que apenas este inicio de

semana el INE (Instituto Nacional Electoral) del Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello, convocó al establecimiento de, cito: La Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCIVICA) 2017-2023. Ahí presente el Presidente Consejero del IEPC Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas quien estuvo acompañado por la Consejera Laura León Carballo encargada de la comisión de Capacitación y Educación Cívica. Entrevistado en el marco de esta reunión nacional de los titulares de los Organismos Públicos Locales (OPLES) celebrado en el hermosísimo Museo Nacional de Antropología e Historia en la CDMEX, consideró que ENCCIVICA tiene un enfoque preciso para crear ciudadanía y reconoció que el desafío para consolidar el proyecto es de enormes dimensiones porque reclama el concurso responsable y ético de diversos actores y sectores de la sociedad mexicana.

Así mismo el representante chiapaneco de los OPLES, calificó de trascendental la puesta en marcha del mayor proyecto estratégico de que se tenga registro en el país para animar la participación democrática de los mexicanos en la víspera electoral.

El INE firmó convenio con los 32 OPLES de igual número de entidades del país; el IEPC de Chiapas, por supuesto. Me queda claro.

Ya de salida (#3de3)

1.- El secretario del Campo José Antonio Aguilar Bodegas, se reunió con los ganaderos chiapanecos que integran la Asociación de Criadores de Razas Puras del Estado (es decir la aristocracia ganadera) con motivo del cambio de su Mesa Directiva.

Ahí y en esa oportunidad, el responsable de las políticas del agro chiapaneco, les reiteró el compromiso del gobernador Manuel Velasco Coello, para seguir impulsando la ganadería con el establecimiento de acciones coordinadas con el mejoramiento del hato ganadero. Chiapas se encuentra en el lugar 10 de los estados exportadores de ganado del país a

los Estados Unidos, razón que hace replantear (y esto lo digo yo ante las expectativas negativas exportadoras de México rumbo a ese país) las estrategias que ante un eventual cierre de fronteras o alza de aranceles, se empiecen a buscar otros mercados.

Pero bueno ese es otro tema. Lo que sí les dijo Josean, es que para este año entrará en operación el Centro de Mejoramiento Genético, que beneficiará a este sector productivo. El presidente saliente es Juan Gabriel trinidad Manzo, y quien lo releva es Roger Grajales González. Soy del PRI y voy con…los ganaderos. Je…// 2.- En tanto en el INIFECH, así de bajo perfil como se ha conducido su director general Eduardo Zenteno Núñez, pero no por eso con baja efectividad, sin mayores aspavientos siempre tiene llenas sus oficinas, recibiendo lo mismo a presidentes municipales y diputados locales, que a constructores del ramo. Pero aún más característico de su accionar, es que de la misma forma recibe a directores de escuelas de las comunidades más remotas de la geografía chiapaneca, que con un “costal” cargado de esperanzas, vienen a gestionar apoyos para mejorar sus centros educativos. Tal es el caso de ayer que recibió al director Emilio Ramón Ramírez, de la Escuela Primaria Bilingüe “Miguel Fernández Félix” ubicada en la comunidad de Xulumú, en el municipio de Aldama. La solicitud versó en la construcción de un domo para su cancha de usos múltiples, así como la rehabilitación de aulas y servicios sanitarios. Y así y desde que llegó a esa responsabilidad, si uno le va sumando ya van varios compromisos que en los hechos se están cumpliendo. De eso se trata…// 3.- Finalmente pero de primer orden, es compartirle a los amables lectores, la invitación para que este próximo viernes 3 de marzo al punto de las 19:00 horas, nos hace llegar el Mejor Caricaturista chiapaneco Enrique Alberto Alfaro Santos, a su exposición de caricatura que considerarán, en esta ocasión, las más recientes publicadas en el Semanario Eje Central que se edita y circula en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, dirigido por el prestigiado periodista Raymundo Riva Palacio. Con cerca ya de 30 años de ejercer el oficio de caricaturista y de haber incursionado en medios nacionales y un buen de medios locales, será un deleite admirar su ingenioso humor y más ácida visión de la política pero sobre todo de los políticos de este país. El lugar; Galería Art Works ubicada en la 2ª oriente norte 533. ¡Ahí nos vemos! Y ¡Felicidades hermano!..// ¡Me queda claro! Salu2

CMAN

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CONTRA PODER EN CHIAPAS

INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Miércoles 1 de Marzo de 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 4 | No. 1028

DENUNCIA

MANIFESTACIÓN

ECHO exige liberación de los 5 empresarios aún encarcelados

Exigen al gobierno de Chiapas esclarecer la desaparición de una pareja en Venustiano Carranza

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FINANZAS

En 2016 la deuda de Chiapas representó el 6.3% de su PIB estatal: FEC PAG. 3

INCONFORMIDAD

Secretaria de Educación corre a trabajadores administrativos PAG. 4

DELITO

Profepa presenta denuncia penal ante PGR por el derribo de 280 árboles en Chiapas

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Sin el pago correspondiente a la última quincena de febrero, sin explicación y hasta sin liquidación la Secretaría de Educación en Chiapas echo a la calle a trescientos trabajadores administrativos, lo que motivo una enorme inconformidad en la unidad administrativa lo que obligó a la suspensión de actividades en esa dependencia.

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PAG. 5

Denuncian zapotecos indolencia oficial frente al avance de proyectos mineros en Oaxaca