Contra 1036 by Dante Oliveyro

CMAN

DOXA

EDITORIAL

Silvia Juárez Juárez, la primer presa política por oponerse a la explotación minera

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Chiapas es una de las entidades con mayor porcentaje de violaciones a derechos humanos y se prevé, en los próximos meses un incremento de estas violaciones, generadas fundamentalmente a la lucha por la defensa del territorio.

En Chiapas hay un desprecio gubernamental hacia las mujeres. La evidencia se encuentra en la ausencia femenina en el gabinete. Y el extremo de este desprecio se confirma en la secretaría de la mujer, en donde una familia mantiene la concesión de este espacio público.

DIARIO

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Viernes 10 de Marzo de 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 4 | No. 1036

OPERATIVO

COMUNICADO

Envían a 980 policías a desalojar 15 familias de la reserva del Cañón del Sumidero

En esta acción coordinada entre la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), así como de la Procuraduría General de la República (PGR), se recuperó el predio Río Blanco

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RESOLUCIÓN

TEPJF impide reducción de salarios de consejeros del INE

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HOY ESCRIBEN

AMLO acudirá a la CIDH el 15 de marzo para denunciar situación de inmigrantes en EU: secretario ejecutivo

ADIÓS A LAS FARC: EL DESARME DE LA MAYOR GUERRILLA EN AMÉRICA LATINA Rafael Croda

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MÉXICO EN INFORMES DEL PARLAMENTO EUROPEO

ACCIONES

Cárdenas y abogado presentan predemanda para recuperar territorio mexicano perdido en EU

CNDH emite recomendación a Sedena y CNS por tortura a una mujer

Marco Appel

CÓDIGO NUCÚ

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César Trujillo

PAG. 13

EL PRD, CON CÁNCER TERMINAL Jesús Cantú

EN LA MIRA

PAG. 12

Héctor Estrada

PAG. 11

FISCALÍA BAJO ACECHO Jorge Carrasco Araizaga PAG. 9

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Viernes 10 de Marzo de 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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EN CHIAPAS

EDITORIAL Silvia Juárez Juárez, la primer presa política por oponerse a la explotación minera

hiapas es una de las entidades con mayor porcentaje de violaciones a derechos humanos y se prevé, en los próximos meses un incremento de estas violaciones, generadas fundamentalmente a la lucha por la defensa del territorio, que varios centenares de comunidades tendrán que dar en contra de la explotación minera y de la extracción de gas y petróleo. Con la aprobación de la Reforma Energética, el Estado Mexicano abrió las puertas para la autorización de concesiones para la exploración y explotación de gas, petróleo y empresas mineras, lo que se convierte en una amenaza para la seguridad del territorio de los pueblos originarios, que son tierras en donde se tienen detectados importantes yacimientos. En Chiapas son más de cien concesiones autorizadas e inclusive en la Región Zoque, a finales del año pasado personal de la Secretaría de Energía manifiesta haber realizado una consulta en varios municipios, en donde se asegura, se autorizaron doce concesiones para la explotación de gas y petróleo. La obligatoriedad de la consulta se establece en el Convenio 169 de la OIT, firmado por México en el gobierno de Salinas de Gortari y la

propia Ley de energía incorporó la obligatoriedad de esa figura. Sin embargo el Convenio 169 de la OIT no establece el mecanismo sobre cómo se debe implementar esa consulta y la ley de energía tampoco lo específica. De allí que exista una confusión sobre el procedimiento de cómo debe realizarse este mecanismo y la Secretaría de Energía viene actuando de manera precipitada en la búsqueda del consentimiento de las comunidades para la explotación de gas y petróleo en los municipios de Francisco León, Tenejapa, Chapultenango y Mezcalapa, en el que más de 84 mil hectáreas van a ser afectadas por esta actividad. Este vacío se subsana con los criterios de convencionalidad que existen aprobados por los organismos internacionales de defensa de derechos humanos, que tienen el carácter de aplicación obligatoria en el país. Al respecto La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya resolvió controversias en donde estableció criterios que no se están cumpliendo en las consultas que la SENER viene realizando e inclusive no se está cumpliendo con el criterio de la consulta antes de que se autoricen las concesiones mineras. El Artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece el derecho que tiene toda

persona al uso y goce de sus bienes. Sobre este precepto, la Corte Internacional de DDHH estableció una interpretación evolutiva en la que se protege tanto las tierras de las comunidades indígenas o tribales como los recursos naturales que en ellas se encuentran, necesarios para la supervivencia física o cultural. Incluso la Corte ha resuelto casos en donde la falta de acceso y goce de los recursos naturales han condenado a las comunidades a la miseria y marginación. Por ello tiene establecido criterios que son jurisprudenciales sobre el derecho a la consulta y la obligación de obtener el consentimiento antes de otorgar la concesión de explotación. En este sentido la consulta debe garantizar la participación efectiva de los integrantes de la comunidad y debe ser realizada: de buena fe y con el fin de llegar a un acuerdo; conforme a las propias costumbres y tradiciones de la comunidad y métodos tradicionales para la toma de decisiones; en las primeras etapas del proyecto en cuestión; y previa entrega de toda la información relevante incluyendo los propios riesgos ambientales y de salubridad que representa el consentimiento para la comunidad. La Corte establece que es el pueblo y no el Estado quien debe decir sobre quién y quiénes representan a

la comunidad en cada proceso de consulta de acuerdo a sus costumbres y tradiciones. De igual manera La Corte resolvió, que el Estado deberá garantizar que no se emita ninguna concesión hasta que se realice un estudio de impacto social y ambiental conforme a los estándares internacionales. De allí que el otorgamiento de concesiones de explotación minera que se vienen autorizando son violatorias a la convencionalidad suscrita por el país y las consultas realizadas por la Secretaría de Energía en municipios de la Zona Zoque no se apega a las disposiciones establecidas por la Corte Internacional de Derechos Humanos, lo que puede considerarse que el Estado Mexicano está violando el derecho a la consulta en los pueblos originarios al no cumplir con los estándares aprobados en resoluciones por La Corte Internacional. Esta defensa que se viene realizando en la Región Zoque ya ocasionó la primera presa política por la defensa del territorio, en virtud de que el 21 de febrero fue detenida Silvia Juárez Juárez, después de que se realizara una protesta en el municipio de Tecpatán en contra de la autorización de las concesiones para la exploración y explotación de gas y petróleo.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

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Viernes 10 de Marzo de 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Envían a 980 policías a desalojar 15 familias de la reserva del Cañón del Sumidero Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

ientos de policías estatales y municipales desalojaron este mañana a un grupo de familias que invadieron desde hace semanas tierras que pertenecen a la reserva del Parque Nacional del Cañón del Sumidero, al norte de la capital del estado. Al menos 600 policías estatales, 300 Municipales, 100 de la Policía Ministerial y unos 50 elementos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) se movilizaron está mañana en un caravana de vehículos rumbo a las Colonias Paulino Aguilar Paniagua y San Pedro Progresivo para luego caminar entre matorrales hacia la zona invadida, ubicada en una zona de amortiguamiento, donde están prohibidos asentamientos humanos para evitar el avance hacia el macizo forestal. En esta acción coordinada entre la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Secretaría de Seguridad y Protección

De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)

Nuevamente, padres y madres de familia de los alumnos de las escuelas CEBECH “Dr. Belisario Domínguez” y de UNESCO, se manifestaron en contra de la construcción de una gasolinera ubicada en la esquina de la 19 oriente y boulevard, justamente a unos metros de ambas instituciones educativas. Recordar que las denuncias por este hecho se han venido dando desde 2014, sin embargo, la obra ha venido desarrollándose gradualmente hasta el punto en que, en la actualidad, los propietarios colgaron una lona en la que aseguran que: “Esta obra cuenta con todos los manifiestos, permisos legales y requisitos correspondientes necesarios para su construcción (…) a sus órdenes para su información: 961 108 909”. Por esta razón, los denunciantes hicieron un llamado al presidente municipal Fernando Castellanos Cal y Mayor que cumpla con la promesa que hizo justamente en las instalaciones del CEBECH: “A la escuela CEBECH llegó el pre-

Ciudadana (SSyPC), así como de la Procuraduría General de la República (PGR), se recuperó el predio

Río Blanco. La SSYPC dijo que el desalojo se llevó a cabo de manera pacífica,

con el apoyo de 980 efectivos de las corporaciones mencionadas, y se logró recuperar la zona que se encuentra ubicada cerca de la colonia Paulino Aguilar Paniagua, donde se desmantelaron 46 viviendas irregulares improvisadas con cartón y madera. El lugar estaba ocupado de forma ilegal por 15 familias. Mujeres y niños se retiraron voluntariamente, sin embargo, se aseguró a seis hombres quienes se resistían a desalojar los terrenos. Además uno de ellos cuenta con cinco órdenes de aprehensión por robo. Las autoridades precisaron que el operativo coordinado se realizó respetando en todo momento los derechos humanos de las personas involucradas y ante la presencia del Notario Púbico número 11, Eugenio de Jesús Orantes Lescieur quien dio fe y legalidad de los hechos.

Exigen a Fernando Castellanos que cumpla y detenga la construcción de gasolinera sidente municipal a informarnos de viva voz, `Esta gasolinera, por estos años que yo esté no seguirá´, ósea, ahí se comprometió formalmente de que no se construiría, pero estamos viendo que la siguen construyendo (sic)”. De esta forma exigieron al alcalde capitalino atender esta situación, pues dijeron que dicha estación de servicio pondrá en riesgo a los cientos de niños y adolescentes que estudian en estas escuelas. “No queremos que se haga la obra porque para empezar los permisos están dados de manera ilegal, toda vez que el reglamento para el uso de suelos anota el metraje mínimo requerido para instalar una gasolinera, que debiera estar a 200 metros en línea recta de la primera bomba a la entrada de alguna escuela. Aquí, la UNESCO y el CEBECH están a menos de ese metraje, lo mismo que la UNACH, en tanto es una zona inundable en tiempo de lluvias. Aunque desconocen quién es el

propietario del negocio de combustibles, resaltaron el apellido de la familia Olguín, propietarios de la empresa de limpieza “Lavatap”. Es por ello que cuestionaron: “Quién será el poderoso propietario que puede pasar sobre la seguridad de la niñez chiapaneca, nos han dicho varios nombres, pero no estamos seguros, por eso queremos que venga y nos dé la cara; y tam-

bién el presidente municipal que vino a prometer y comprometerse, no ha cumplido”, señalaron. Finalmente, advirtieron que, por la seguridad de sus hijos y los demás menores, no permitirán que la obra continúe, pues una gasolinera en este espacio “no es un juego, es poner en riesgo la seguridad e integridad de nuestros hijos”, concluyeron.

Viernes 10 de Marzo de 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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En 2017 Chiapas sigue siendo el estado con más pobres: SEDESOL De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)

a Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en su último informe respecto a la pobreza que viven las 32 entidades federativas de la República, reveló que en 2017 el estado de Chiapas continúa siendo el que mayor número de habitantes concentra. Así lo dio a conocer la dependencia federal a través del documento “Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2017”, publicado por la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, el cual puede consultarse y descargarse de manera gratuita a través del link http://www.gob.mx/cms/uploads/ attachment/file/186986/Chiapas. pdf o bien desde el portal de internet de la Sedesol, que es http://www. gob.mx/sedesol. Cabe destacar que en julio del año pasado El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en su último informe publicado la mañana de este jueves reveló que el estado de Chiapas regresa al primer lugar nacional con el mayor porcentaje de población en pobreza. A través del documento “Medición de la Pobreza en México 2014”, dio a conocer que del 2012 al 2014, periodo en el que se realizó el estudio con base en indicadores, incrementó la pobreza 1.5 por ciento en la entidad, ya que pasó de 74.7 a 76.2 por ciento, es decir que en dos años en Chiapas se reportan poco más de 178

De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)

Luego de manifestarse fuera del palacio del gobierno estatal, los maestros agremiados a la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), lograron que las autoridades estatales dieran paso a la cadena de cambios que había sido suspendida desde diciembre de 2016. La Comisión de Cambios del Comité Ejecutivo Seccional, dio a conocer que en la reunión se pactó que los procesos, para todos los niveles del sistema estatal, se llevarán a cabo el próximo 31 de marzo; para ello, la Secretaría de Educación prometió publicar los calendarios y las sedes en 5 días. Es preciso recordar que antes de lograr estos acuerdos los docentes se plantaron en la plancha del Parque Central para exigir el cumplimiento de la convocatoria de cambios del ciclo escolar 2016-2017. “…Haciendo valido los derechos de los trabajadores, con la garantía

Cabe destacar que en julio del año pasado El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en su último informe publicado la mañana de este jueves reveló que el estado de Chiapas regresa al primer lugar nacional con el mayor porcentaje de población en pobreza

mil nuevos pobres. De acuerdo con el Coneval, nuevamente Chiapas obtuvo la primera posición, con el 76.2 por ciento de población en pobreza y que equivale a aproximadamente a 3 millones 961 mil habitantes, de los cuales un millón 629 mil 200 viven en pobreza extrema, seguido por el estado de Oaxaca con 66.8 por ciento, Guerrero con el 65.2 por ciento y Puebla con

64.5 por ciento. En este sentido, los datos proporcionados por la Sedesol no han referido variación alguna en lo que respecta al número de personas que viven en pobreza y pobreza extrema, sin embargo nuevamente en 2017 la dependencia federal ubica a Chiapas como el estado con el mayor número de pobres, con 3 millones 960,988, y pobres extremos, con 1 millón

654,355. Y continúa siendo el estado más pobre del país en este año porque Pueblaa refiere 3 millones 958,8122 de personas en pobreza, Oaxaca con 2 millones 662,748 y Guerrero con 2 millones 315,421. De igual manera, el estado de Chiapas concentra el mayor número de personas en situación de pobreza extrema, con 991,322.

Exigen maestros del SNTE la aplicación de cadenas de cambio de salvaguarda, de la seguridad e integridad física de los participantes como obligación única del estado (…) exigimos a la autoridad que de inmediato determinemos la fecha para llevar a cabo estos procesos de cambio”, señalaron. Asimismo, reclamaron que se dejen de lesionar los derechos conquistados por los mismos trabajadores de la educación y que la autoridad le dé cumplimiento a todas sus demandas. Por su parte, la Comisión de Cambios del Comité Ejecutivo de la sección 40 del SNTE llamó a sus compañeros agremiados para mantenerse firmes en el ejercicio de su derecho, sin claudicar al pleno respeto de su libertad, entendiendo esta como el ejercicio de la democracia plena.

Explicaron que los cambios de adscripción constituyen la legitima aspiración del magisterio estatal, por acercarse a los lugares que convenga a los intereses de los maestros, por lo que es obligación de las autori-

dades convocar a estos procesos, los cuales iniciaron con la publicación el 26 de octubre del año anterior y que debió continuar a mediados del mes de diciembre, pero fue suspendida por la misma autoridad.

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A. Marroquín Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)

pesar de contar con reglamentos para la limpieza en la ciudad, asociaciones ambientales destacan que de las 550 toneladas de basura que se recolectan al día en Tuxtla Gutiérrez, cerca del 10 por ciento (55 toneladas, 20 mil toneladas anuales) no llega a su destino final, por lo que de acuerdo a estudios del agua y suelo estos terminan en ríos, alcantarillas y terrenos baldíos. En entrevista, Alondra Aguilar, de la asociación por Un Chiapas Limpio, explicó que de acurdo a estudios urbanos, durante al día en Tuxtla Gutiérrez se generan cerca de 50 toneladas de desechos sólidos urbanos que llegan a parar en ríos, terrenos baldíos o alcantarillas. A lo anterior, señaló que esto es

De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)

La coordinadora del Consorcio de Organizaciones por la Vida y la Libertad de las Mujeres y Niñas, María Teresa Olvera Caballero, informó que los feminicidios en Chiapas no se han reducido y en lo que va de 2017 ya se tiene conocimiento de cinco casos. En ese sentido, comentó que realizaron un trabajo de investigación de cuatro años, comprendido de 2012 a 2016 y se encontró que, basado cifras oficiales, en promedio 66 mujeres mueren cada año por homicidio doloso o feminicidio. La activista dijo que es necesario ‘alzar la voz’ porque las instancias públicas aún deben realizar diferentes acciones o políticas públicas para pensar que las mujeres viven con seguridad y con pleno acceso a la justicia. Agregó que, a pesar que en noviembre de 2016 la Secretaría de

Viernes 10 de Marzo de 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Miles de toneladas de basura se van al río En entrevista, Alondra Aguilar, de la asociación por Un Chiapas Limpio, explicó que de acurdo a estudios urbanos, durante al día en Tuxtla Gutiérrez se generan cerca de 50 toneladas de desechos sólidos urbanos que llegan a parar en ríos, terrenos baldíos o alcantarillas debido a la falta de cultura ciudadana, así como un estricto manejo de la empresa encargada de la recolección diaria en la capital del estado. En este sentido, Carlos Betanzos Garcés, investigador en cambio climático en Chiapas, señaló que el reglamento de protección ambiental y aseo para el municipio

de Tuxtla Gutiérrez, no ha sido un referente para poner un control ambiental, ya que día a día se observa basura las calles de la ciudad. A esto, agregó que los artículos de la norma del municipio no garantizan cuidado y protección a las áreas verdes y reservas locales, ya que actualmente no se tienen registrados detenciones por tirar basura

en horas indebidas o acumulación como tal. “En estricto apego de la ley, el reglamento no ha funcionado, no es obsoleto, simplemente no se lleva tal cual fue diseñado; lo podemos observar al día a día, en cada esquina hay bolsas de basura que son aniquiladas por perros o son arrastras por agua o viento”, comentó.

Feminicidios en Chiapas no se han reducido: Especialista Gobernación (Segob) emitió una declaratoria de alerta de género para siete municipios de Chiapas, hasta el momento no se ha presentado de manera formal o pública el plan de acción para cumplir en los rubros de justicia, seguridad y prevención. Únicamente, señaló, se tiene un borrador de dicho proyecto que no ha sido aprobado, aunque las organizaciones sociales no pueden permitir que se presenten más feminicidios en la entidad. Recordó que en la investigación realizada, un 90% de los feminicidios fueron cometidos por la pareja sentimental, por ello, parte del trabajo abarcó la dimensión espacial de los corredores con conductas feminicidas, donde los municipios de

la región Fronteriza registran más incidencia. Finalmente, Olvera Caballero reconoció que también se debe realizar más análisis e investigación para

conocer el comportamiento de este fenómeno en Chiapas, aunado a la implementación de acciones para evitar el acto y se garantice el derecho humano de las mujeres.

Viernes 10 de Marzo de 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Comunidades zapotecas se declaran en “alerta máxima” ante exploración ilegal de mineras Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)

l delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el estado, Tomás Víctor González Ilescas, dejó plantadas a comunidades zapotecas que se oponen a la exploración ilegal de la minera Fortuna Silver Mines, que opera en San José del Progreso. En respuesta, las autoridades ejidales y comunales de Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, Buena Vista, Cerro de las Huertas y Los Ocotes, así como la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán y el Comité de Defensa de Magdalena Ocotlán, confirmaron que “bajo el amparo de nuestros derechos como pueblos y comunidades indígenas y campesinas, no permitiremos la realización de ningún trabajo de exploración o explotación minera en nuestros territorios”. Además se declararon en “alerta máxima” frente a cualquier intento de dependencias gubernamentales que quieran promover esos trabajos en sus comunidades. De igual manera, exigieron a González Ilescas “proteger y velar por nuestros territorios, ya que nos mantendremos en constante monitoreo ante cualquier permiso entregado por dicha dependencia (la Semarnat) a la minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines en San José del Progreso”. Con el lema: “Aquí decimos sí a la

Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo, Gro. (apro)

El director del hospital general de esta capital, Víctor Hugo Garzón Barrientos, afirmó que el desabasto de insumos básicos se debe a un problema administrativo de la Secretaría de Salud estatal (Ssa). El funcionario reconoció que existe un déficit de médicos especialistas en ese nosocomio, considerado de segundo nivel, como lo denunciaron hace dos días trabajadores del hospital. La declaración de Garzón Barrientos contradice la postura del gobernador, Héctor Astudillo Flores, quien ayer justificó la deficiente atención en clínicas y hospitales estatales, con el argumento de debe valorar si le paga a personal contratado sin techo presupuestal o “dejar de comprar jeringas”. Incluso, el mandatario afirmó que la Ssa le genera “un gran problema eco-

Además se declararon en “alerta máxima” frente a cualquier intento de dependencias gubernamentales que quieran promover esos trabajos en sus comunidades

vida y no a la minería”, los inconformes denunciaron que persiste la opacidad de la Semarnat en materia de acceso a la información relacionada al proyecto minero, y destacaron que el pasado 28 de febrero el delegado hizo el compromiso de visitar la región este miércoles 8, con el objetivo de verificar las afectaciones al territorio. Las autoridades acudieron al encuentro programado en San Martín de los Cansecos, pero González Ilescas nunca se presentó. Los representantes agrarios de Ejutla y Ocotlán denunciaron que desde hace dos años la empresa Cuzcatlán ha realizado trabajos para la expansión del proyecto minero San José, en San José del Progreso y los límites con Monte del Toro y San Martín de los Cansecos. Dichos trabajos consisten en exploraciones mediante barrenos, que han causado afectaciones a diferentes cuerpos de agua.

Ante tal situación las comunidades acudieron a la Semarnat y, mediante un oficio presentado el 2 de diciembre de 2016, solicitaron a la dependencia una visita a los lugares de exploración para constatar los daños ocasionados por dichos trabajos, además de negar el Informe Preventivo 20OA2016MD086, promovido por Cuzcatlán para realizar exploraciones en el paraje conocido por “Las Marías”. “Durante tres meses no obtuvimos ninguna respuesta por parte de dicha dependencia federal, por lo que decidimos manifestarnos frente a sus oficinas el día 28 de febrero de 2017, con el objetivo de exigir una respuesta del delegado federal”. González Ilescas argumentó que la empresa minera “no requiere previamente de la presentación de un informe preventivo, ni de la autorización en materia de impacto ambiental”. De ser así, resulta una omisión grave en materia de protección, con-

servación y aprovechamiento de los recursos naturales del país, tal como lo indica su misión. Los afectados insistieron en que existe opacidad y negligencia en materia de acceso a la información relacionada con el proyecto minero “San José” y su expansión denominada “Trinidad Norte”. Asimismo, recordaron que esta misma situación ocurrió hace diez años, cuando la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán exigió a la misma dependencia las Manifestaciones de Impacto Ambiental promovidas por dicha empresa para la explotación de las vetas “Trinidad” y “Bonanza”, pero en todo momento fueron negadas. En síntesis, subrayaron, la actuación de la Semarnat beneficia a las empresas mineras Cuzcatlán y Fortuna Silver Mines en los Valles Centrales de Oaxaca, pese a que esta contamina gravemente sus territorios. Esto sin contar que genera una crisis social en sus comunidades y es evasora fiscal, según el Informe Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 presentado por la Auditoría Superior de la Federación, “por lo que existe un claro contubernio de las autoridades federales para permitir el saqueo, despojo y destrucción de nuestros bienes comunes”.

Director de Hospital de Chilpancingo desmiente a Astudillo: desabasto es por causa administrativa nómico” a su administración y que el desabasto de medicamentos, material básico y falta de médicos especialistas tiene su origen en el otorgamiento indiscriminado de plazas laborales y la exigencia de beneficios económicos de los trabajadores sin techo presupuestal. En conferencia, este jueves el director general del hospital de Chilpancingo señaló textual: “no hay una carencia total de insumos, sin embargo reconocemos que no se ha logrado la expedites necesaria en el abasto de insumos”. Garzón Barrientos dijo que actualmente existe un abasto aproximado de 85 % de material y medicamentos necesarios, y el 15% restante corresponde a “claves de alto y rápido consumo”, que

logró rebasar a las autoridades de la Ssa y por eso se presentó el desabasto. Luego, el funcionario estatal dijo que dialogaron con los trabajadores inconformes del hospital y acordaron “encarar con dignidad las carencias y dificultades que se presentan en el sector”. También, decidieron “vigilar la solicitud y gestión de los insumos, la transparencia, rapidez y aplicación racional, austera y mesurada de los medicamentos y material para los pacientes”. El director del nosocomio reconoció que no tienen médicos especialistas para atender la demanda de salud de la sociedad, sobre todo en el área de pediatría y ginecología.

Además, consideró que el problema de desabasto de insumos se debe a un problema administrativo en la Ssa y no como lo dijo el gobernador Astudillo, quien aseguró que pagan el salario a trabajadores contratados con techo presupuestal en lugar de comprar material y medicamentos.

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Viernes 10 de Marzo de 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Colectivo exige cancelar nombramiento de fiscal anticorrupción; será “decorativo”, advierte es a un fiscal florero, que es lo que se convertiría el fiscal anticorrupción si, dependiendo de la Fiscalía General, ésta no cuenta con autonomía plena”.

Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

nte un nuevo aplazamiento en el Senado de la República para dar a conocer la lista de aspirantes “idóneos” para ocupar el cargo de fiscal anticorrupción, el colectivo #FiscalíaQueSirva exigió “cancelar el proceso de nombramiento”, al considerar que “no será transparente ni participativo en tanto no se cuente con una Fiscalía General autónoma”. En conferencia de prensa, Rocío Culebro, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), y Alfredo Lecuona, consultor independiente, advirtieron que mientras no se reforme el artículo 102 constitucional para que la Fiscalía General sea autónoma –como lo recomendó el colectivo #FiscalíaQueSirva en noviembre del 2016–, y de la que existe una iniciativa en el Senado, “la figura de fiscal anticorrupción será “decorativa”. Acompañados del académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Miguel Sarre –quien renunció a su aspiración a ser fiscal anticorrupción la semana pasada–, los integrantes del colectivo destacaron que por la forma en que está diseñado el cargo, bajo las órdenes del fiscal general el combate a la corrupción será “mera simulación”. Rocío Culebro abundó en que, ante ese riesgo, más de 100 organizaciones civiles, defensores y académicos del colectivo #FiscalíaQueSirva exigieron

Falta de independencia

a los senadores la cancelación el proceso de nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. Además, les pidieron “abrir mesas públicas que permitan avanzar en la reforma integral del artículo 102 Constitucional y transitar a la Fiscalía General de la República garantizando su autonomía”. La defensora apuntó que la sociedad civil debe ser también consultada para modificar el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República para “la correcta integración de un Comité Técnico de Acompañamiento en la designación del Fiscal Especializado”. Culebro agregó que la falta de nombramiento del fiscal “no puede ser pretexto para no perseguir a Javier Duarte, (exgobernador de Veracruz) o al otro (César) Duarte (exgobernador) de Chihuahua. En estos momentos, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene todos los instrumentos jurídicos para esclarecer esos casos ¿o nos van a decir que están rebasados?”.

Por ello, agregó, las organizaciones de la sociedad civil exigen también que el procurador Raúl Cervantes rinda un informe sobre las acciones tomadas por la dependencia para resolver casos como los de los exmandatarios y otros escándalos de corrupción conocidos en los años recientes. Para abundar en la falta de transparencia del proceso de selección del fiscal, Ernesto Lecuona explicó que por la forma en que éste fue diseñado, la designación quedaría en manos de “cuatro senadores. Estamos hablando de los coordinadores parlamentarios de los partidos más fuertes, Miguel Barbosa, del PRD (sic); Emilio Gamboa, del PRI, Fernando Herrera del PAN, y Carlos Puente, del PVEM”. Y es que, explicó, el Comité Técnico de Acompañamiento que estaría presente en la “pasarela” de candidatos sólo tendría facultades para emitir “observaciones, comentarios, propuestas y calificaciones”, dejando la decisión final en la Jucopo. Lecuona insistió en que mientras los senadores “no lleguen al fondo de las reformas, lo que vamos a ver

Miguel Sarre Iguíniz, señaló que, precisamente la falta de independencia, ahora de la PGR y después de la Fiscalía General, lo motivó a renunciar a su aspiración para encabezar la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. El académico del ITAM reconoció que “si la corrupción no se ha perseguido, no ha sido por falta de una Fiscalía Especializada”, sino que es y ha sido responsabilidad de la PGR “la investigación de numerosas denuncias que han sido presentadas por la Auditoría Superior de la Federación y otras entidades públicas, así como particulares, y las diligencias penales para acreditar ante los tribunales los desvíos de recursos que día a día se difunden en los medios de comunicación”. Sarre Iguíniz tomó como ejemplo de corrupción evidente que tendría que ser investigada por la PGR, la asignación directa para la construcción de penales de alta seguridad en México, así como la concesión mediante asignación directa de los servicios para la vigilancia de personas en libertad condicionada. “Para perseguir la corrupción, no es cuestión de crear fiscalías, menos aun cuando el edificio no se puede mover sin que la cabeza no lo haga”, apuntó Sarre Iguíniz.

Iniciativa de Ninfa Salinas sobre El Ejército seguirá en las biodiversidad afectaría al 97% de calles; la gente no quiere que la flora del país: ambientalistas nos vayamos: Cienfuegos Mathieu Tourliere Ciudad de México (apro)

De aprobarse la iniciativa de ley de Biodiversidad, que promueve Ninfa Salinas Sada, senadora por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quedaría desprotegido el 97% de las especies de flora que viven en México, denunció hoy un colectivo de organizaciones ambientalistas, que pidieron a los demás senadores desechar la iniciativa y “discutir una nueva propuesta, esencialmente enfocada a la conservación de la diversidad biológica”. El colectivo, integrado por Greenpeace, Defenders of Wildlife y Teyeliz, subrayó que la iniciativa propuesta por la hija de Ricardo Salinas Pliego –nombrada al Senado por la vía plurinominal—sólo indica protecciones para las especies en riesgo, lo que dejaría fuera a cerca de 28 mil especies de plantas. Además, la iniciativa de ley protege a los recursos genéticos de los animales,

pero no aplica para las plantas. Ello, según el colectivo, abre la puerta al “saqueo” del germoplasma de las plantas –a través de patentes aplicados a los códigos genéticos para su uso industrial, por ejemplo--, lo que privaría las comunidades de una “participación justa y equitativa de los beneficios”. Las organizaciones repudiaron también la Ley de Desarrollo Forestal, que elaboró el PVEM y fue aprobada por los diputados el martes pasado. Señalaron que esta ley “no contempla un aprovechamiento (de las especies vegetales) regulado bajo los estándares de la conservación más estrictos y actualizados, reduce los requisitos para la explotación de estas especies a una autorización simple de los dueños de los predios en que éstas se hallan”. “El Partido Verde no solo perdió la brújula con estas dos leyes, sino que se convierte en la peor amenaza para la conservación de la biodiversidad mexicana”, sentenciaron las organizaciones.

De la Redacción Saltillo, Coah. (apro)

El secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, afirmó que la gente no quiere que el Ejército se vaya de las calles. “No nos vamos a retirar. No sé de donde salió la idea, la gente es la que no quiere que nos vayamos, no es nada más la orden del presidente de la República”, afirmó Cienfuegos Zepeda. El titular de la Sedena acudió a Coahuila para supervisar la construcción de un cuartel de la Policía Militar en el municipio de San Pedro de las Colonias, el cual albergará tropas que vigilarán también los estados de Chihuahua y Durango. “Lo que estamos buscando es diversificar a nuestra gente, tener mayor cobertura en el territorio nacional, esa es la orden que tenemos del presidente, que abarquemos más espacios

donde podamos brindarle certeza a la sociedad”, afirmó el general. Aseguró que el Ejército reducirá su presencia en las calles de los estados que renueven y mejoren a sus policías. “Hay que obligar a todo mundo a tomar su responsabilidad, al Ejecutivo federal, al Legislativo, Judicial, a los estados, municipios, a quienes administran y procuran la justicia, a que cada uno de ellos haga la tarea que le corresponde”, precisó. Destacó que la presencia de las fuerzas armadas es fundamental en estados donde domina el crimen organizado, como es el caso de Tamaulipas ante la racha de violencia que protagoniza el crimen organizado. “En Tamaulipas estamos atendiendo los mismos problemas, con las limitaciones que nos impone la falta de la ley de seguridad interior, pero vamos a seguir atendiendo, ayudando a la gente y apoyando a los gobiernos y a sus policías”, concluyó.

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CNDH emite recomendación a Sedena y CNS por tortura a una mujer De la redacción Ciudad de México (apro)

a Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, y de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, por la detención arbitraria y cateo ilegal en agravio de tres personas, entre ellas una mujer que fue sometida a tortura. También por el cateo ilegal contra otras cuatro víctimas –dos de ellas menores de edad y un adulto mayor– en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. En un comunicado, el organismo destacó que el 14 de abril de 2016 se dio a conocer en diversos medios de comunicación, redes sociales e internet, un video en el que dos personas con uniforme militar, y una más con el de la Policía Federal, interrogaron y torturaron a una mujer. Por la trascendencia del caso, la CNDH inició de oficio el expediente de queja CNDH/2/2016/2793/Q. Una semana después recabó las quejas de otras dos personas que refirieron su detención en las mismas circunstancias que la mujer, por lo que se inició el expediente CNDH/2/2016/3863/Q , que se acumuló al primero por tratarse de hechos relacionados. Tras diversas diligencias, la CNDH contó con indicios y evidencias para acreditar que el 4 de febrero de 2015, en las primeras horas del día, miembros del Ejército Mexicano ingresaron a un domicilio particular donde

También por el cateo ilegal contra otras cuatro víctimas –dos de ellas menores de edad y un adulto mayor– en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero

detuvieron a las tres personas mencionadas, sin contar con mandato expedido por autoridad competente. En la vivienda también estaban las otras cuatro víctimas: la madre de la mujer torturada, dos hijos de ésta de ocho y sesis años de edad, y el propietario del inmueble, de 74 años. Los tres agraviados fueron llevados ante la autoridad competente, 17 horas después de su detención; primero fueron trasladados a instalaciones militares donde, según declaración de la mujer torturada, fue golpeada por tres mujeres, dos vestidas con uniforme del Ejército y una con el de la Policía Federal. En un cuarto fue obligada a desnudarse y recibió más agresiones, y fue interrogada por un hombre con uniforme militar. También fue llevada a un taller mecánico abandonado, donde continuó el interrogatorio sobre armas y personas; al no proporcionar información, la amenazaron con dañar a su familia. La mujer policía la obligó a hincarse, la esposó con las manos hacia atrás y

le colocó una bolsa de plástico en la cabeza e intentó asfixiarla en dos ocasiones. Posteriormente la trasladaron en una patrulla a Iguala, Guerrero, y en el trayecto la uniformada le dio toques eléctricos en una pierna en cuatro ocasiones. El día que se difundió el video, la Sedena emitió un comunicado de prensa en el que informó que los hechos sucedieron el 4 de febrero de 2015, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Dijo que desde el 10 de diciembre de 2015 tuvo conocimiento de lo ocurrido, por lo que dio vista al Ministerio Público Militar, que inició la indagatoria correspondiente. Asimismo, que el 5 de enero de 2016 la Procuraduría General de Justicia Militar cumplimentó una orden de aprehensión contra un capitán y una soldado policía militar, a quienes se decretó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión de delitos del orden militar. En la misma fecha, la CNS emitió

otro comunicado para informar que la Unidad de Asuntos Internos inició una investigación por tales acontecimientos. Acreditadas las violaciones a derechos humanos, la CNDH recomendó a la Sedena y a la CNS coordinarse para reparar el daño de forma integral a las siete personas agraviadas, colaborar en el trámite y seguimiento de la denuncia de hechos y de las quejas que presente ante la Procuraduría General de la República y el Órgano Interno de Control de dichas dependencias contra los servidores públicos involucrados. También, ordenar que los elementos de ambas instancias empleen, en todos sus operativos, cámaras fotográficas, de videograbación y grabación de audio; capacitar a los servidores públicos en materia de derechos humanos, en especial sobre prevención y erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; de las detenciones arbitrarias y cateos ilegales. Ambas dependencias deberán inscribir a los agraviados en el Registro Nacional de Víctimas para que tengan acceso, en lo conducente, a los derechos y beneficios previstos en la Ley General de Víctimas. Además, pidió a la CNS instruir a los servidores públicos de la Policía Federal para que elaboren sus partes informativos apegándose a la verdad y se fomente en ellos la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos.

AMLO acudirá a la CIDH el 15 de marzo para denunciar situación de inmigrantes en EU: secretario ejecutivo De la redacción Ciudad de México (apro)

El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, confirmó que el próximo miércoles 15 el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, acudirá a esa instancia para denunciar la situación de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. En rueda de prensa, Abrão explicó que ni él ni ninguno de los comisionados recibirá al excandidato presidencial, porque así lo marca el procedimiento en estos casos. La semana pasada la CIDH recibió la solicitud de una reunión con

una “comitiva” encabezada por López Obrador, pero al político mexicano lo atenderán técnicos del organismo, puntualizó. “El contenido del correo (con la solicitud) hablaba de presentar denuncias sobre violaciones de derechos de los inmigrantes mexicanos”, detalló Abrão, de acuerdo con un despacho informativo de la agencia EFE. Según el secretario ejecutivo, el 15 de marzo será un día de intensa actividad en la CIDH, ya que es la jornada de inicio de su 161 periodo de sesiones con audiencias públicas sobre casos de los 35 países americanos que se prolongarán hasta el miércoles 22.

“Vamos a tratar (la reunión con López Obrador) como los precedentes anteriores, los recibirá el área técnica y no el secretario ejecutivo, porque no es la práctica”, indicó Abrão. La visita del tabasqueño a la CI-

DH se enmarca en la gira que realiza por Estados Unidos con el objetivo de explicar sus propuestas para defender los derechos de los inmigrantes ante las políticas impulsadas por el presidente Donald Trump.

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Viernes 10 de Marzo de 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Cárdenas y abogado presentan predemanda para recuperar territorio mexicano perdido en EU Jaime Luis Brito Cuernavaca, Mor. (apro)

compañado por el excandidato a la Presidencia de la República, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el abogado Guillermo Hamdan Castro presentó esta tarde en Cuernavaca la propuesta de demanda para declarar nulos los tratados Guadalupe Hidalgo de 1848, con los cuales México perdió ante Estados Unidos la mitad de su territorio. De acuerdo con el documento presentado, existe una serie de pruebas documentales históricas y la propia confesional del ejército estadunidense, que sustentan que los acuerdos firmados por el entonces presidente “traidor a la Patria”, Antonio López de Santa Anna, no tienen ninguna validez y no existe posibilidad de que haya prescrito, según el proponente. “La mayor de las pruebas de que esos acuerdos no son válidos, es el hecho de que en la primera oración del tratado Guadalupe Hidalgo, el ejército norteamericano admite que invadió nuestro país. Eso, firmar un acuerdo en ese contexto, hace que el acuerdo, el tratado en cuestión sea nulo de origen”, sostuvo el abogado. “Usted ve invadida su casa por alguien. Ese alguien llega armado a su casa. Ya instalado en ella, le exige a usted que le firme un documento para hacerlo dueño de su propiedad. ¿Alguien realmente cree que ese acuerdo, que ese documento tiene validez, tiene legitimidad? Nadie. Es lo mismo que ocurrió con nuestro país y el vecino en 1848”, afirmó Guillermo Hamdan. De acuerdo con el abogado, la intención de la declaración de nulidad del tratado tendría varias consecuencias. La primera es que la sentencia

De acuerdo con el documento presentado, existe una serie de pruebas documentales históricas y la propia confesional del ejército estadunidense, que sustentan que los acuerdos firmados por el entonces presidente “traidor a la Patria”, Antonio López de Santa Anna

sea favorable a México y el gobierno estadunidense devuelva al territorio mexicano la parte que le fue “arrebatada” en 1848. A saber: California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. En caso de que este hecho sea imposible, “dado que puede haber muchas causas de la imposibilidad”, como por ejemplo la gente que vive en esos territorios, Estados Unidos debería pagar una indemnización por lo que ese territorio significaba entonces y por el usufructo del mismo a lo largo de los últimos 168 años, aseguró Hamdan Castro. “Pero claro, esa indemnización la estamos pidiendo que sea pagada o en oro o en pesos, porque los dólares no significan nada desde los años 70”, afirmó. Dijo que en unas tres semanas espera que haya una convocatoria muy amplia para pedirle “a todos los mexicanos, sin partidismos y de forma respetuosa”, que acudan en marcha multitudinaria hacia Los Pinos a entregar la propuesta de demanda “que puede ser perfectible” al presidente Enrique

Peña Nieto. Éste, dijo, “deberá respondernos en tiempo y forma, si la interpondrá, si no la interpondrá y por qué”. Aseguró que el único que podría realizar el acto jurídico es el titular del Ejecutivo y sería ante la Corte de Justicia Internacional. En tanto, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano felicitó a Hamdan Castro, con quien ha colaborado en distintos proyectos. Señaló el principal obstáculo en relación a la demanda: “cómo organizarnos, cómo impulsar esta demanda para, primero, que sea admitida por el gobierno de México y luego, cómo impulsar a quien pueda ser llevada a las instancias para lograr el éxito”.

Peña, “omiso y sometido”: Cárdenas En entrevista posterior, el excandidato a la Presidencia de la República dijo que es urgente que el gobierno de Enrique Peña Nieto “deje de ser omiso” frente a las políticas de su homólogo estadunidense, Donald Trump. Agregó que la única forma que hay para cambiar la situación del país “es cambiar las políticas públicas, las po-

líticas de gobierno, para terminar con la pobreza y la violencia”. -¿Qué se debe hacer ante las políticas del mandatario estadunidense? -Fortalecer productivamente a México. Fortalecer el ingreso de los hogares mexicanos y esto exige un cambio general en las políticas que ha estado poniendo en práctica el gobierno mexicano. Hasta ahorita no se ve que esa sea su intención y lo que vamos a ver es un gobierno doblegado frente a Estados Unidos. -Usted plantea una nueva constitución, ¿es necesaria? -Es necesario hacer una profunda revisión de la Constitución, pero antes de eso hay que empezar a cambiar las condiciones sociales del país. -¿Cómo califica la posición del gobierno de México frente a las medidas del gobierno de Trump? -Yo no he visto una posición firme del gobierno de México ante las amenazas ya cumplidas de inversiones que se han retirado de México. Tendría que haber una reclamación formal, que no la hemos visto. Estamos viendo un gobierno muy sometido a lo que le imponen desde afuera. El gobierno se ha mostrado por lo menos omiso ante la agresividad de un gobierno extranjero. Además, Cárdenas Solórzano afirmó que no se ve en las boletas electorales en 2018 y evitó hablar de la crisis interna del PRD: “Son problemas internos que está viviendo el partido. Yo no soy integrante de ese partido, por lo tanto no hablo de sus problemas internos”, concluyó.

TEPJF impide reducción de salarios de consejeros del INE De la redacción Ciudad de México (apro)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) carece de competencia para emitir los acuerdos mediante los cuales determinó bajar los salarios de diversos servidores públicos, incluidos los consejeros electorales del Consejo General. Con esa resolución, la Sala Superior del TEPJF dejó sin efecto los acuerdos INE/JGE/10/2017, INE/JGE11/2017 e INE/JGE12/2017, emitidos por dicha Junta General Ejecutiva del INE.

En un comunicado, el organismo destacó que por unanimidad las magistradas y magistrados de la Sala Superior consideraron que la Junta General Ejecutiva, si bien tiene atribuciones para ejercer el presupuesto asignado al propio Instituto, no tiene competencia para decretar la disminución de los salarios de los consejeros electorales y otros funcionarios del organismo. En sesión pública, el pleno del TEPJF resolvió el juicio electoral SUPJE-16/2017, mismo que derivó del reencauzamiento del juicio para la protección de los derechos políticoelectorales promovido por Benito Nacif Hernández, por su propio derecho y

en calidad de consejero electoral del Consejo General del INE. La Sala Superior estableció que conforme el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la competencia es un requisito inherente al principio de legalidad y, en consecuencia, es un presupuesto indispensable para la validez de todo acto de autoridad. Señaló que la exigencia constitucional no es subsanable, ya que si una autoridad carece de competencia, cualquier acto que emita resulta inexistente y por lo tanto no puede producir efectos sobre la esfera jurídica de las personas. Del análisis detallado de la norma-

tividad que sirvió de base a la Junta General Ejecutiva del INE para la emisión de los acuerdos impugnados, la Sala Superior del TEPJF concluyó que esa instancia no es competente para emitirlos.

Viernes 10 de Marzo de 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Ansiedad, pérdidas y desempleo enfrentan las migrantes retornadas Hazel Zamora Mendieta Ciudad de México. (Cimacnoticias)

n su retorno de Estados Unidos (EU) a México, las mujeres migrantes quedan en la indefensión; regresan a comunidades marcadas por el desempleo, la inseguridad y falta de oportunidades para su desarrollo personal, sin que existan programas públicos que las ayuden a reinsertarse en su nueva vida, aseguró la investigadora del Instituto para las Mujeres en la Migración AC (Imumi), Alethia Fernández de la Reguera. Durante el Seminario “Género y Migración: retos y perspectivas en la era de Trump” organizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Alethia Fernández señaló que a nivel nacional sólo la Ciudad de México cuenta con un programa de reinserción laboral para la población migrante que fue deportada o regresó por voluntad propia. Esta consiste, dijo, en apoyos económicos para iniciar un negocio o

buscar empleo, pero el resto de la población migrante tiene que buscar por su cuenta la manera de adaptarse a su nueva situación. La investigadora del Imumi destacó la necesidad de extender en todo el país políticas públicas capaces a atender y reinsertar en sus comunidades a la población migrante y en específico a las mujeres, quienes enfrentan escenarios más adversos: “Me parecen que deben ser políticas que deben generalizarse a nivel nacional, pensar qué hacer con esas mujeres, porque regresan en condiciones de mucha precariedad económica, ansiedad y separación familiar.” El choque que enfrentan las mujeres que regresan a México es fuerte y complejo, agregó la especialista en migración: pasar de un orden social a otro les implica “integrar a su mundo nuevas formas de socialización, prácticas de la vida cotidiana y asumir nuevos roles en las comunidades”, temas que, a su parecer, también deberían de ser tratados por las autoridades.

Aprovechar su capacidad Entre estos esfuerzos, de acuerdo

Diputadas en tribuna proponen igualdad y respeto a DH

des que lograron construir en el país vecino para poder atender a su familia y con ello su carga es doble: tareas de cuidado y búsqueda de empleo donde no hay oportunidades. El desempleo es sólo una parte del problema, dijo Fernández, porque a ello se agrega la preocupación de los casos de mujeres que tuvieron que dejar a sus hijos e hijas en el país vecino. con Alethia Fernández, sería fundamental que el gobierno lograra aprovechar las habilidades y capacidades laborales que adquirieron las mujeres migrantes en su estancia en EU, pero la realidad que enfrentan en su regreso es otra, la falta de fuentes formales de empleo abunda en todo el país, “El retorno conlleva muchas pérdidas y va erosionado las ganancias que se obtienen de la migración”, advirtió la especialista. A partir de los estudios que ha realizado Imumi, Fernández de la Reguera indicó que las mujeres no sólo regresan porque son deportadas, muchas veces asuntos familiares, como el cuidado de personas mayores y de sus hijos e hijas, las obliga a abandonar las oportunida-

La representante de la Clínica Jurídica de Imumi, Jilian Wagman, dijo que, si bien algunos consulados establecidos en EU han dado buena asesoría a las mujeres deportadas con hijos e hijas, aún detectan problemas para arreglar su documentación y custodia. Jilian Wagman comentó que es necesario que las mujeres estén preparadas e informadas para saber a qué instituciones acudir en caso de ser deportadas y que sus hijos e hijas sean llevados ante el Sistema de Bienestar Infantil de Estados Unidos. Enfatizó que la ayuda del DIF y los consulados es fundamental para que las mujeres no pierdan contacto con sus familiares.

Acciones de los opositores a la paridad ponen en riesgo a candidatas

De la Redacción

Las propuestas

De la Redacción

Ciudad de México (Cimacnoticias)

La legisladora del PRI, Yulma Rocha Aguilar, comenzó la presentación de iniciativas y propuso crear un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos que sea público y contenga los datos de las personas que no cumplen con sus obligaciones alimentarias con sus hijas e hijos. De acuerdo con la diputada ya existen estados que tienen registros de este tipo, sin embargo dijo que se deben homologar los criterios de estas bases de datos para que este derecho sea más fácilmente exigible en todo el país. Rocha Aguilar dijo que, de acuerdo con la Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia, y el 67 por ciento de los hogares sostenidos por madres solteras, tampoco reciben algún tipo de pensión alimenticia. Al hablar frente a los legisladores, la panista Guadalupe González Suástegui propuso que los estados promuevan los presupuestos con perspectiva de género toda vez que a las fecha sólo 16 de las 32 entidades incluyen en sus leyes presupuestales algún artículo relacionado con la perspectiva de género.

Ciudad de México (Cimacnoticias)

Promover presupuestos con perspectiva de género en los estados, un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, incorporar en la ley la violencia simbólica y mediática, promover los derechos de las mexicanas en el extranjero y sancionar la discriminación en el trabajo fueron algunas de las propuestas de reformas que ayer presentaron las legisladoras en la Cámara de Diputados. Como pocas ocasiones y a propósito del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, este miércoles en San Lázaro sólo las diputadas subieron a tribuna a exponer sus propuestas de reformas legislativas, todas relacionadas con la igualdad de género y los Derechos Humanos de las mexicanas. En una sesión que inició con la presencia de 283 diputadas y diputados de un total de 500, las diputadas de los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), Nueva Alianza (Panal), Encuentro Social (PES) y Movimiento Regeneración Nacional (Monrena) tomaron la palabra.

Asesorías

La Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE) alertó que la paridad de género ha implicado para muchas mujeres una respuesta adversa de quienes se oponen a la medida y que pone en riesgo su dignidad, su derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen, por lo que pidió al Congreso de la Unión definir y tipificar la violencia política de género. A propósito del Día Internacional de la Mujer, la AMCEE difundió un pronunciamiento donde señaló que en casos extremos la paridad ha implicado poner en peligro la integridad física y psicológica de las mujeres que quieren participar en política, quienes incluso pueden sufrir actos de violencia política por razones de género. La Asociación dijo que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de la Procuraduría General de la República, ha registrado 156 casos de violencia política contra postulantes, candidatas, funcionarias y políticas electas en todo el país, tan sólo entre 2012 y 2016. La paridad como un derecho constitucional, dicen estas autoridades electorales, ha propiciado un aumento en la participación política de las mujeres en los procesos para renovar cargos de elección popular, principalmente en

las senadurías, diputaciones federales y locales, presidencias municipales y planillas de ayuntamientos. Si bien este avance ha permitido una mayor representatividad democrática en los ámbitos federal y local, la AMCEE rechazo la violencia política de género que generan quienes están en desacuerdo con dicho avance por lo que hizo un llamado al Congreso de la Unión y a las Legislaturas de todas las entidades federativas, para que la violencia política contra las mujeres se defina y tipifique como un delito. Destacaron que las mexicanas tienen derecho a una vida libre de violencia, tal y como lo establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Con base en estos instrumentos legales, las mujeres dijeron que es obligación del Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para suprimir toda discriminación, así como garantizar medidas de protección, seguridad y justicia a las mujeres contra cualquier tipo de violencia en la familia, el trabajo, en cualquier ámbito de la vida social y en el ámbito político-electoral.

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o errores garrafales configurados en la última reforma a la Constitución Política del Estado de Chiapas apuntan a constituirse como el mayor de los fracasos y violaciones cometidas por la actual legislatura chiapaneca (LXVI), bajo el control absoluto de Eduardo Ramírez Aguilar, quien, por cierto, sumó esta semana su segundo proceso de Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en menos de un año. El nuevo lío jurídico, hecho público esta misma semana, se trata de la Acción de Inconstitucionalidad 8/2017, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CEDH), debido a diversas violaciones contenidas dentro de la reforma constitucional publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, mediante el Decreto número 044, el pasado 29 de diciembre de 2016. Los señalamientos apuntan directamente a los artículos cuarto, séptimo, octavo y 98 de la constitución chiapaneca, en los que se violentaron de manera directa 23 derechos esenciales reconocidos por la Constitución Mexicana y los tratados internacionales. Omisiones o acciones legislativas de gravedad que tendrán consecuencias directas en diversos grupos vulnerables y obligaciones del Estado, que simplemente no puede estar

Viernes 10 de Marzo de 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EN LA MIRA Héctor Estrada

Eduardo Ramírez y sus reformas fallidas

a negociación. De manera sintetizada, la demanda de inconstitucionalidad promovida por la CNDH contra el legislativo estatal denuncia violaciones a derechos como al sano desarrollo de la niñez; la protección a la familia; de los pueblos y comunidades indígenas de aplicar sus propios sistemas normativos; a la igualdad entre el hombre y la mujer; al libre desarrollo de la personalidad; a la identidad; a la vida privada; a la integridad personal; a la protección de la salud; y a la de equidad; entre otros. El expediente 8/2017 se suma a

la Acción de Inconstitucionalidad 32/2016 que ya se encuentra en proyecto de sentencia dentro la SCJN. Se trata de otra omisión de la actual legislatura chiapaneca, referente a la discriminación sistemática dentro del Código Civil por motivo de orientación sexual e identidad de género. Ambos casos significan desacatos graves al nuevo marco constitucional en materia de derechos humanos. Los dos procedimientos dentro de la Suprema Corte representan imperdonables errores dentro del actual trabajo legislativo. Y es que, las Acciones de Inconstitucionali-

dad no son asunto menor. Se trata de una de las herramientas jurídicas más importantes dentro de la Constitución para impugnar leyes que atenten contra los propios derechos constitucionales en México. Mecanismos que sólo pueden ser activados por figuras especificas cuando se reúnen las pruebas suficientes para argumentar una contradicción constitucional de gravedad. Por eso la situación resulta apremiante y vergonzosa, porque expresa faltas legislativas imperdonables que pronto podrían estar declarando a la actual legislatura chiapaneca como una “violentadora consumada” de la carta magna en México. Se trata de acciones u omisiones que no debieron cometerse y seguramente costarán caro para las aspiraciones político-electorales del actual presidente del Congreso estatal. Hoy, en otras instancias, como el Tribunal Federal Electoral (Trife), se dirimen procesos paralelos en contra de las reformas recientes a la asignación de prerrogativas durante años no electorales, que se suman a la serie de litigios que tienen al legislativo chiapaneco en la mira del Poder Judicial de la Federación. Es, junto al resto del procesos, una situación excepcional que seguramente dará mucho de qué hablar durante los siguientes meses, justo en un año preelectoral tan decisivo con este… Así las cosas.

FISCALÍA BAJO ACECHO

esde que llegó a la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade se presenta ante sus subordinados como el próximo titular de la Fiscalía General de la República (FGR), concebida como una poderosa entidad autónoma para la investigación y persecución de los delitos en México. Fiel a su estilo, escucha sólo a sus más cercanos. No permite cercanía ni siquiera en la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia. No ve a los procuradores o fiscales estatales como sus pares. En apenas cuatro meses, ha hecho una limpia en la Procuraduría en su proyecto de convertirse en el primer fiscal general de la República, aun cuando tiene una fuerte oposición en amplios sectores, no sólo en las organizaciones no gubernamentales. Entre sus designaciones, está la de Gerardo Laveaga, como director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), a donde regresó después de su cuestionado paso como comisionado en el Instituto Fe-

Jorge Carrasco Araizaga deral de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI), ahora INAI. La Fiscalía General de la República es la gran apuesta para reemplazar a la actual figura del ministerio público que en más de un siglo de existencia, con su monopolio en la construcción de verdades históricas y judiciales, ha sido la principal causa de la impunidad en el país por su sujeción al poder político. Cervantes Andrade es parte de esa larga historia de México. Es un hombre del presidente de la República y del PRI, que también ha estado al servicio de intereses económicos particulares en el sector transporte y el energético. Diputado, senador, coordinador jurídico y consejero nacional del PRI, logró el favor del presidente Enrique Peña Nieto para proponerlo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a fines de 2015, pero fue ampliamente rechazado, no sólo por su condición de priista, sino por un mero problema de legalidad. Aunque renunció un año antes al Senado para cumplir con el requisi-

to de no haber ocupado otro cargo público para ser ministro, tenía un problema de origen: los cargos de elección popular son irrenunciables. Hubo un auténtico rechazo a su candidatura luego de que Peña lograra hacer ministro de la Corte a Eduardo Medina Mora, quien con Felipe Calderón ocupó el cargo que ahora tiene Raúl Cervantes. Por cierto, uno de los más sonados fracasos de Medina Mora como procurador fue la llamada Operación Limpieza de la PGR. Ni siquiera en su propia casa, el ministerio público fue capaz de investigar. Prácticamente todos los acusados del ahora ministro salieron libres. Como presidente del Senado,

donde operó la aprobación de la reforma energética de Peña, Raúl Cervantes tuvo como asesor a Manuel Velasco Velasco, un economista egresado del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Ahora lo hizo jefe de Unidad en la Oficialía Mayor de la PGR, decidiendo sobre el futuro del personal, perfilando lo que quieren en la pretensión transexenal de que Cervantes se convierta en fiscal, cargo previsto constitucionalmente para una duración de nueve años. Consultor en asesoría y finanzas, a Velasco Velasco le resulta imposible justificar salarios a madres trabajadoras o la permanencia de empleados con carrera en la PGR. Parte de la influyente triada de la familia Cervantes del gobierno de Peña –los otros son Humberto Castillejos Cervantes, consejero jurídico de la Presidencia, y Alfredo Castillo Cervantes, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade)–, el actual titular de la PGR, convertido en fiscal, sería el rostro del cambio… para quedar igual, pero con mucho más poder.

Viernes 10 de Marzo de 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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EL PRD, CON CÁNCER TERMINAL Jesús Cantú

a codicia de los líderes de las principales tribus perredistas puso en riesgo la existencia misma del partido del sol azteca, que lentamente pierde a sus más conspicuos militantes y, consecuentemente, se derrumba en las preferencias electorales. A lo largo de su historia logró convocar a los votantes mexicanos a partir de un fuerte liderazgo personal: primero con Cuauhtémoc Cárdenas y, posteriormente, con Andrés Manuel López Obrador. Le debe su nacimiento y formación al arrastre de la candidatura de Cárdenas en 1988, y después las votaciones más altas las alcanzó con López Obrador como abanderado presidencial. En 1997, con Cárdenas como candidato a jefe de Gobierno, el PRD obtuvo 25.75% de la votación; en el año 2000, aun cuando la elección presidencial se polarizó entre el PAN y el PRI, logró mantener 19% de los votos en la elección de diputados; en 2003, consiguió mantenerse prácticamente en el mismo porcentaje, y en 2006, alcanzó el mayor porcentaje de su historia, con más de 36% de los votos que logró López Obrador en la elección presidencial, y casi el 30 en la elección de diputados. Sin embargo, las protestas poselectorales provocadas por el apretado resultado hicieron aflorar las diferencias entre el abanderado y la dirigencia perredista, lo que tuvo su primera manifestación en la elección intermedia de 2009, cuando el PRD cayó a 13% de las preferencias electorales, es decir, menos de la mitad del porcentaje que había logrado apenas tres años antes. La división finalmente se concretó en septiembre de 2012, cuando López Obrador anunció que formaría un nuevo partido político a partir del movimiento que venía conformando desde años previos. Sin embargo, los dirigentes perredistas pensaron que podían sostener una parte importante del 19% de los votos que lograron obtener en las elecciones legislativas de ese año y

no se preocuparon por el anuncio, pues consideraron que AMLO se llevaría fundamentalmente el otro 13% que él había obtenido en forma adicional en la elección presidencial para alcanzar 31.6% de las preferencias. No obstante, en las elecciones de 2015 el PRD recibió menos de 12% de los votos, es decir, por debajo de su mínimo histórico. Y en 2016 se confirmó su tendencia a la baja. Aunque intentó atribuirse la victoria en las entidades en las que participó en alianza con el PAN, la realidad es que perdió Oaxaca, el único estado en el que era gobierno, en el que se renovaba el poder. Pero todavía peor: al revisar el acumulado de los votos en las 12 entidades en las que se renovaron las gubernaturas, Morena se consolidó como la tercera fuerza electoral, desplazando al PRD al cuarto lugar y dejándolo ya con porcentajes de un solo dígito. A juzgar por las encuestas preelectorales, la caída del PRD continuará, pues en las tres entidades donde se elegirá gobernador en este año aparece en un lejano cuarto lugar y con porcentajes de un digito. En el Estado de México –donde en 2006 AMLO consiguió 43% de los votos; el 34% en 2012, y donde todavía en las elecciones intermedias de 2015 el PRD mantuvo el tercer lugar con 15% de las preferencias electorales, contra 10% de Morena–, en las más recientes encuestas actuales el PRD figura en el cuarto lugar y con porcentajes de un solo dígito. Además, el escenario que se perfila a nivel nacional para 2018 es todavía más desolador, pues la caída en los porcentajes perredistas es vertiginosa. En la encuesta de Consulta Mitofsky, todavía en enero de 2016 el PRD aparecía con casi 11% de las preferencias, escasamente un punto porcentual menos del 12% que había conseguido seis meses antes; pero en la encuesta de febrero de este año ya tiene únicamente 5.1%, es decir, menos de la mitad. Y esta tendencia no es exclusiva de esa casa encuestadora:

con porcentajes distintos, es la misma en las demás empresas encuestadoras. La debacle del PRD también se manifiesta entre su militancia: ocho de los 22 senadores que iniciaron en 2012 ya han abandonado al partido, aunque algunos de ellos se mantengan dentro de la fracción parlamentaria. La semana pasada, Miguel Barbosa, coordinador perredista el Senado, cimbró a su partido al anunciar su decisión de apoyar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador en 2018 y a “llamar al PRD a que defina, rumbo al 2018, su apoyo” al tabasqueño. Las elecciones estatales de 2017 pueden ser el inicio del fin del perredismo, pues en Coahuila las encuestas le otorgan apenas 4% de las preferencias. En el Estado de México se encuentra en porcentajes de un dígito y el proceso interno de selección ya produjo la primera fractura, tras la renuncia de Max Correa a la precandidatura y al mismo partido, y el anuncio de que se unirá a la candidata de Morena; además, la posibilidad de que Delfina Gómez obtenga el triunfo seguramente propiciará el llamado “voto útil” y, por lo tanto, es muy probable que el PRD caiga aún más en las preferencias. En Nayarit, más allá de que es un estado muy pequeño, el partido del sol azteca decidió apoyar al candidato panista, así que seguramente obtendrá un porcentaje de votación menor. Las cúpulas perredistas pensaron que la estructura partidista les permitiría mantenerse como una opción disminuida pero viable. Sin embargo, los resultados electorales de los últimos años los desmienten. La debacle en las elecciones estatales de este año hará que lleguen a las presidenciales de 2018 con muy poco capital político para negociar una alianza, y muy probablemente sin un candidato propio que les garantice la sobrevivencia como partido. El PRD se encuentra en una crisis que empieza a perfilarse como terminal.

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Viernes 10 de Marzo de 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EN CHIAPAS

CÓDIGO NUCÚ César Trujillo

Los fantasmas de Chenalhó

lguien le susurró al oído a la alcaldesa de San Pedro Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, que debía enviar un mensaje para contrarrestar el pronunciamiento del Movimiento Predrano que ha puesto en evidencia la violencia en el municipio. El cuerpo del hijo del síndico y alcalde sustituto, había sido encontrado sin vida y se había declarado homicidio, aunque la presidenta municipal quiso desviar la atención. El mensaje llegó vía WhatsApp y señalaba suicidio. Es más, llevaba dolo al poner al joven ejecutado como una persona con serios problemas con el alcohol, usando ese artilugio como un distractor de la verdad. Quien haya inducido a la alcaldesa al mensaje sabía lo que hacía o esperaba que las autoridades secundaran su mentira. Algunos dicen que ese espectro es el Fiscal de Justicia Indígena, Cristóbal Hernández López. De ser así, es a él a quien debe agradecer que la ayudara a subirse al patíbulo y ponerse la soga al cuello, pues sabía que las pesquisas arrojarían lo contrario. Rosa Pérez cayó, aunque no del todo. La Procuraduría General de Justicia de Chiapas ha dicho ya que las investigaciones habían arrojado como resultado homicidio con un arma calibre 22. Lorenzo Sántiz, hijo del presidente sustituto de Chenalhó, fue asesinado y el fantasma del señalamiento de que la alcaldesa trae un grupo paramilitar en sus hombros salió de nuevo al tema de conversación de los opositores. La palabra de la alcaldesa quedó rebotando sobre las tumbas de los dos muertos, que desde que decidió tomar por la fuerza el poder, han legado al municipio. Ese que había perdido por no querer

ceder al chantaje orquestado desde la subsecretaría de Gobierno y en el que, se ha dicho muchas veces, es copartícipe el diputado Mariano Díaz Ochoa. Con el homicidio de dos jóvenes, el problema terrible de ingobernabilidad en el que se encuentra inmerso el municipio debe prender una alerta roja que urja al gobierno a tomar cartas en el asunto en un tema que pudo haber sido frenado desde el año pasado en que se empezaron a dar los jaloneos y el divisionismo entre los pedranos. Muy mal parado queda el Estado al ser ahora catalogado como cómplice de la ola de violencia que se ha venido dando en varios de los municipios de la geografía chiapaneca y que ha recrudecido en Chenalhó, todo por la urgencia del Partido Verde Ecologista de México y sus políticos de mostrar un Chiapas a sus pies. Inadmisible que estando grupos de policías sectoriales aglutinados en las salidas y entradas del municipio, la ola de violencia se siga manteniendo y no existan garantías para ambos grupos. Mientras los seguidores de Rosa Pérez han mostrado parecer víctimas y han sido respaldados por varios colectivos que exigen se brinden garantías para la alcaldesa, los opositores la sindican —junto a sus esbirros— de ser los principales orquestadores de la violencia y el derramamiento de sangre que ha alcanzado al municipio con el auspicio del gobierno del estado. Es urgente que el secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez, Aranda, tome cartas en el asunto y se sancione a los culpables de los dos homicidios. Esa sería el primer paso para mostrar que existe interés en dar solución al conflicto, sobre todo

porque fue el mismo PVEM quien azuzó a los habitantes, los dividió y ahora todo se les ha salido de las manos. Se precipitaron en quitar a Rosa Pérez, en nombrar como edil al síndico y en creer que todo se resolvería. La misma historia está escrita en el municipio de Oxchuc, otro de los pueblos indígenas en donde han hecho mal las cosas y ya se han dado enfrentamientos.

Manjar

El esposo de la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Fabiola Ricci Diestel, funge como supuesto «asesor» de una regidora del Ayuntamiento capitalino. No fue por elección propia que ocupa el puesto, menos por méritos —pues la estela de corrupción en su paso como regidor coleto habla por sí sola—, sino que es imposición del partido a petición de la legisladora. Este espécimen, aparte de ser un mediocre, se da la gran vida y no cumple con ni sus horarios: trabaja dos días a la semana, de 10 de la mañana a dos de la tarde, y percibe más de 20 mil pesos al mes. Pobre la regidora Mandiola al tener que cargar a un neófito y engreído. Al final la imagen de ella es la que pagará los platos rotos de ese charlatán. #Aseoríaexprés // La recomendación de hoy es “El hombre que fue jueves” de Gilbert K. Chesterton. Una novela policiaca maravillosa traducida al español por el maestro Alfonso Reyes, donde Chesterton nos muestra, a través de sus personajes, los misterios de la personalidad que giran en torno a la metafísica y la alegoría como principio universales. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.

Viernes 10 de Marzo de 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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EN CHIAPAS

MÉXICO EN INFORMES DEL PARLAMENTO EUROPEO Marco Appel

ada uno de los 14 eurodiputados que viajó el mes pasado a México para asistir a la vigésima segunda reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, recibió por parte del Secretariado de las Delegaciones Interparlamentarias del Parlamento Europeo un voluminoso paquete con diversos documentos. Entre esa documentación había un reporte sobre condiciones de seguridad, emitido por el funcionario a cargo del tema dentro de la Delegación de la UE en México, Corvin Robert Vladoianu. En éste se advertía a los eurodiputados de no salir de noche en la Ciudad de México, en donde se quedaron del 20 al 22 de febrero para luego volar a Mérida, Yucatán: “La criminalidad nocturna en la vía pública –particularmente el robo de bolsos o de carteras y los asaltos– plantea el principal riesgo a los viajeros de negocios (sic): los visitantes no deben pasearse de noche en la calle, ni siquiera en las colonias residenciales más acomodadas”, señala la advertencia, que incluye también el riesgo de ser víctima de “secuestros exprés” o ser bloqueado por las protestas contra el gasolinazo que podían ocurrir frente al hotel en el que se hospedarían (el Marquis Reforma). Entre los documentos entregados hay también dos reportes clasificados “para uso interno del Parlamento Europeo”, los cuales fueron emitidos el 10 de febrero pasado por el Departamento Político de la Dirección General para Políticas Exteriores, que es el servicio europarlamentario para estudios e investigaciones. El primer reporte es, en estricto sentido, lo que se conoce internamente como un “informe de país”. Fue elaborado a petición de la Delegación para México del Parlamento Europeo y se titula México: los desafíos crecen al entrar el presidente a sus dos últimos años de mandato. El documento presenta un resumen ejecutivo –exclusivamente informativo y basado en fuentes periodísticas– sobre la competencia partidista y la situación política que atraviesa el país con miras a la elección presidencial de 2018. “El presidente Enrique Peña Nieto ha comenzado sus dos últimos años de gobierno en circunstancias difíciles – escribe el autor, Jesper Tvevad–. Las preocupaciones y las protestas sobre la persistente violencia criminal, la impunidad y la corrupción, junto con un flojo crecimiento económico, han erosionado la confianza en el gobierno desde 2014. Más recientemente, la liberalización de los precios de la gasolina a principios de 2017 desencadenó una ola de protestas sociales. Al mismo tiempo hay preocupación de que

las deterioradas relaciones con Estados Unidos bajo la administración del presidente Donald Trump puedan dañar los intereses vitales de México, particularmente lo relacionado con el comercio y los migrantes mexicanos en Estados Unidos”. El segundo reporte interno –encargado a Susana Mendonça– lo solicitó el Comité de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, y éste se enfoca en analizar la renegociación, principalmente la parte comercial, del acuerdo entre México y la UE, que comenzó en mayo de 2016. El trabajo de Mendonça aporta datos interesantes respecto a las dificultades que enfrentará la renegociación y a ciertos posicionamientos mexicanos desalentadores. Hasta hoy han transcurrido dos rondas de negociación: una en Bruselas el 13 y 14 de junio de 2016, y otra en la Ciudad de México entre el 22 y el 25 de noviembre. Las discusiones, señala el reporte, han tenido lugar en una “atmósfera positiva y constructiva”, y actualmente los equipos de negociación están revisando sus respectivas ofertas. La próxima ronda se celebrará del 3 al 7 de abril en la capital belga y la siguiente del 26 al 29 de junio en la mexicana. Resulta que las partes acordaron en principio incorporar al acuerdo un capítulo sobre comercio y desarrollo sustentable, del cual han hecho mucho alarde los europeos, que lo consideran un apoyo al respeto de los derechos humanos en el país. El reporte menciona que, durante la segunda ronda de negociaciones, México y la UE examinaron la posibilidad de que tal capítulo se basara en las directrices de la Organización Internacional del Trabajo y de los más relevantes acuerdos multilaterales de protección del medio ambiente. Sin embargo, el reporte refiere que el intento no prosperó esa ocasión porque el tema “no es una prioridad para los negociadores mexicanos” y hace falta entrar con ellos en “explicaciones más detalladas”. Hay otro aspecto que llama la atención del reporte, el cual recuerda que en el documento Objetivos de la política exterior de México, divulgado el 23 de enero último, el gobierno de Peña Nieto declaró que quiere finalizar la

actualización del acuerdo en 2017, por lo cual ambas partes anunciaron su decisión de acelerar las negociaciones. El reporte afirma que, a pesar de que las negociaciones puedan apresurarse, el mencionado objetivo mexicano “es quizás excesivamente ambicioso”, ya que éstas “probablemente se complicarán conforme avancen”. Ese podría ser el caso en torno al acceso al mercado de servicios y a ciertos productos agrícolas. Como ejemplo se cita que México sostiene “intereses ofensivos” en servicios culturales y audiovisuales, así como en la exportación de plátano, carne, miel y azúcar, que normalmente forman parte de los “sectores sensibles de la UE”. Del lado contrario, los europeos muestran fuerte interés en que sus proveedores de servicios ganen acceso y en exportar leche y productos lácteos, “áreas en las que México es principalmente defensivo”. Además, para desventaja del gobierno peñista, la posición de la UE ha sido que “la sustancia debe prevalecer sobre la velocidad de las negociaciones”, lo cual es clave para asegurarse el apoyo interno necesario para la aprobación del acuerdo final, principalmente del Parlamento Europeo, donde existe cierta presión para que el nuevo acuerdo sí garantice el respeto a los derechos humanos.

Y en un análisis holandés… El pasado 6 de febrero, el prestigiado Instituto Holandés para las Relaciones Internacionales Clingendael publicó un breve informe en el que alerta a diplomáticos y empresarios, a los que provee de información, de una venidera desestabilización económica de México. El autor de dicho informe es Marcel Baartman, economista principal de ese instituto y quien fuera analista del banco holandés ABN AMRO y del Royal Bank of Scotland. Baartman sostiene en una parte sustancial de su diagnóstico que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, así como la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la probable imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, tendrán “un gran impacto en la frágil situación económica” del país. “Es casi inevitable que con la caída

de las exportaciones a Estados Unidos, el desplome del valor del peso, una subida inflacionaria, el declive en la confianza del consumidor y de los inversionistas y una apretada situación financiera, México se dirija hacia una recesión económica en 2017”. Más aún: “Esta recesión –pronostica Baartman– conducirá a un déficit público elevado, el incremento del desempleo y un decline del poder de compra. Es muy probable que lo anterior lleve a un fuerte aumento de la agitación social y política en México. Las elecciones presidenciales de México en junio del próximo año –y la carrera hacia ellas en 2017– generarán una mayor polarización política”. El panorama que describe el experto holandés es todavía más oscuro: “Con una inminente contracción económica y una perspectiva creciente de un cambio de gobierno hacia la izquierda (con una victoria de Andrés Manuel López Obrador), el clima de las inversiones se deteriorará rápidamente”. En su informe advierte igualmente las consecuencias para Estados Unidos de tal derrumbe mexicano: “A largo plazo, como quiera que sea, también esta política (migratoria de Trump) y sus consecuencias serán un creciente dolor de cabeza para los estadunidenses. Después de todo, la recesión y la polarización política debilitarán mucho al Estado mexicano y sus instituciones. Un Estado mexicano frágil muy difícilmente podrá contener a los cárteles del narcotráfico y la violencia y la corrupción crecerán”. Baartman redondea su idea: “La presión demográfica jugará entonces como un factor. Hay 111 millones de mexicanos y la población sigue creciendo más rápidamente que la de Estados Unidos. La presión de la migración ilegal de México hacia Estados Unidos será mayor. Con un muro fronterizo construido, muchos migrantes ilegales intentarán ingresar a Estados Unidos por mar. Entonces podríamos ver las mismas imágenes en Estados Unidos que actualmente vemos en el Mar Mediterráneo (con los refugiados que intentan llegar a Europa)”. Su análisis es tajante: “La política de Trump hacia México podría recortar el número de inmigrantes ilegales a corto plazo. Decenas de miles de empleos podrían también ser creados en Estados Unidos. Pero esos beneficios son insignificantes comparados con (las consecuencias) de la posible desestabilización de un débil y turbulento México en su frontera sur”. Para Baartman es evidente: “El precio de la política (migratoria) de Trump (contra México) puede llegar a ser muy alto”.

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Viernes 10 de Marzo de 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

ADIÓS A LAS FARC: EL DESARME DE LA MAYOR GUERRILLA EN AMÉRICA LATINA Rafael Croda

as Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cumplirán el próximo 26 de mayo 53 años de vida. Paradójicamente, se espera que en esos días lleguen a su fin como guerrilla para convertirse en un partido político que tendrá otro nombre y que actuará en el marco de la legalidad y la institucionalidad colombiana. Lo que harán, en la práctica, es cambiar las balas por los votos. Y eso una buena noticia no sólo para Colombia, que ha dado un paso definitivo para finalizar a un conflicto armado que dejó 220 mil muertos, sino para toda la región. Las FARC son la organización insurgente más antigua y poderosa de América Latina. Los 6,900 combatientes y 7,000 milicianos –redes de apoyo urbanas— que hoy tiene no se comparan con los 24,000 hombres en armas que llegó a tener a finales de los 90, cuando pasó de la guerra de guerrillas a la guerra de posiciones. Pero esa aún es una fuerza con gran capacidad de perturbación. Tan es así, que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos decidió en 2012 negociar con esa guerrilla para buscar una solución política al conflicto armado. Ni el Estado colombiano pudo derrotar militarmente a las FARC ni este grupo logró su objetivo estratégico: la toma del poder por la vía armada. Ante ese empate que seguía causando víctimas, se impuso el diálogo. Todos los países de América Latina aplaudieron el acuerdo de paz que firmaron en noviembre pasado el presidente Santos y el jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño, “Timochenko”, luego de que un pacto previo había sido rechazado por un estrecho margen en las urnas en un plebiscito realizado el 2 de octubre. Y es que, tanto la paz, como la guerra en Colombia, tienen una dimensión regional por varias razones. El conflicto armado produjo el desplazamiento de miles de colombianos a países vecinos como Ecuador y Venezuela. También causó tensiones en las fronteras y no pocos incidentes diplomáticos. Y en una región donde partidos de izquierda y exguerrilleros –José Mujica en Uruguay y Dilma Rousseff en Brasil– han logrado llegar al poder mediante elecciones democráticas, parece anacrónica la

existencia de organizaciones insurgentes haciendo política con las armas. Las FARC así lo entendieron y la otra guerrilla colombiana, el ELN, ya inició también negociaciones de paz con el gobierno, aunque pocos en Colombia creen en ese proceso. De cualquier forma, Colombia vive un periodo crucial de su historia moderna. Hace dos semanas, las tropas de las FARC terminaron su desplazamiento a 26 campamentos donde entregarán su armamento a observadores internacionales de la Organización de Naciones Unidas (ONU). El proceso de desarme se inició el miércoles 1 de marzo con el registro de las armas de los 6,900 guerrilleros ubicados en los campamentos y en los próximos días ese grupo insurgente habrá entregado a los delegados de la ONU el primer 30 por ciento de sus pertrechos de guerra: armas cortas, fusiles, ametralladoras, morteros, explosivos y minas antipersonales.

Las piedras en el camino de la paz

La entrega de armas empezó con un retraso de casi tres meses porque el gobierno colombiano tuvo varios contratiempos de carácter logístico y presupuestal para acondicionar los 26 campamentos del desarme, que se encuentran en zonas muy remotas del país. Pero el propósito de las FARC, el gobierno y los observadores de la ONU –entre los cuales hay 25 militares mexicanos— es que el desarme concluya en el plazo previsto en el acuerdo de paz, es decir, a finales de mayo. El propósito de las FARC es hacer coincidir su 53 aniversario, que se cumple el 26 de mayo, con su disolución como guerrilla y su nacimiento como partido político legal. Pero para ello, ese día ya deben ha-

ber culminado su desarme. Sin que esto ocurra, no podrán formalizar su paso a la vida legal. Ya con el nuevo partido formalmente constituido, las FARC, o la organización política que surja de esa guerrilla, se avocarán de lleno a las precampañas políticas con miras a los comicios presidenciales y legislativos del año próximo, los primeros en los que participarán en el marco de la institucionalidad democrática. La magnitud de los cambios que están ocurriendo en el país como resultado de los acuerdos de paz con las FARC ha sido poco apreciada por la generalidad de los colombianos. Las marchas de los guerrilleros hacia los campamentos del desarme, las imágenes de los militares protegiendo a los insurgentes en sus trayectos y la enorme operación logística para ubicar a los combatientes de las FARC en 26 puntos del país, han sido eclipsadas en los medios por asuntos como los millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y los problemas de conflictos de intereses del fiscal general Néstor Humberto Martínez. Personajes como Martínez, quien ha mostrado más interés en cuestionar el acuerdo de justicia con las FARC que en investigar la eventual participación de las constructoras de su expatrón, el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, en el caso Odebrecht, son los que preocupan a los colombianos interesados en consolidar la paz. El más enconado opositor a los pactos con las FARC, el expresidente Álvaro Uribe, ha dicho incluso que si su partido, el Centro Democrático, gana la Presidencia el año próximo, el acuerdo de paz será sometido a ajustes importantes porque contiene “procedimientos ilegítimos”.

Y mientras personajes como Uribe y Martínez ponen piedritas en el camino a los acuerdos de paz, en las regiones rurales que fueron escenarios de la guerra están matando a líderes sociales, activistas humanitarios y militantes de izquierda comprometidos con la paz. Según la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de febrero pasado fueron asesinados al menos 120 y otros 33 sufrieron atentados. “Lo anterior ha impactado especialmente a organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz, quienes se encuentran expuestas a estigmatizaciones y señalamientos constantes (comunistas, guerrilleros, agitadores) con ocasión de su labor”, dijo el defensor del Pueblo (el ombudsman de Colombia), Carlos Alfonso Negret. El propio gobierno reconoce que el surgimiento de esta violencia selectiva es un obstáculo para la consolidación de la paz en Colombia. El fiscal Martínez no cree, sin embargo, que exista una “mano negra” detrás de estos homicidios ni le parece que se estén cometiendo con “sistematicidad”. Es decir, para él son casos aislados. Este tipo de posturas contribuyen a que los colombianos no dimensionen la trascendencia histórica de los días que se viven en el país, donde ya arrancó el proceso de desarme de las FARC y esta guerrilla dejará de serlo para hacer política en la legalidad. El comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, cree que en Colombia ocurre algo similar a lo que sucedió en Japón al terminar la Segunda Guerra Mundial, aunque al revés. En el país asiático, años después de ese conflicto surgían de entre las selvas hombres famélicos que decían ser soldados del Ejército Imperial y que no sabían, o no querían saber, que había terminado la guerra. “Esta vez –escribió Jaramillo en la revista Arcadia– es todo un país (Colombia) el que parece no saber, o parece que no le interesa saber, que terminó el conflicto, que cesaron los combates, que se acabó el sufrimiento. O por lo menos quienes vivimos apaciblemente en los centros urbanos no nos damos cuenta del final de la guerra, alejados como estamos del miedo con el que han convivido toda su vida los habitantes de tantas partes de la Colombia rural”.

CMAN

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INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Viernes 10 de Marzo de 2017 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 4 | No. 1036

MANIFESTACIÓN

INJUSTICIA

Feminicidios en Chiapas no se han reducido: Especialista

Exigen a Fernando Castellanos que cumpla y detenga la construcción de gasolinera

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INFORME

En 2017 Chiapas sigue siendo el estado con más pobres: SEDESOL PAG. 3

CONTAMINACIÓN

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PROTESTA

Exigen maestros del SNTE la aplicación de cadenas de cambio

Miles de toneladas de basura se van al río

A pesar de contar con reglamentos para la limpieza en la ciudad, asociaciones ambientales destacan que de las 550 toneladas de basura que se recolectan al día en Tuxtla Gutiérrez, cerca del 10 por ciento (55 toneladas, 20 mil toneladas anuales) no llega a su destino final, por lo que de acuerdo a estudios del agua y suelo estos terminan en ríos, alcantarillas y terrenos baldíos.

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Comunidades zapotecas se declaran en “alerta máxima” ante exploración ilegal de mineras PAG. 4

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