Contra 888

CMAN

DOXA

EDITORIAL

La lucha magisterial contra sí misma

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En la Guerra Civil española, la secretaria particular le pregunta al Ministro de Hacienda de la Segunda República Española: Y si los socialistas perdemos la guerra a hacia dónde nos vamos a vivir, y el Ministro Indalecio Prieto, le contesta, me han hablado de una ciudad en México llamada Cuernavaca.

En México desafortunadamente muchas cosas funcionan al revés.

El Estado maltrata a quienes debe cuidar; persigue a quienes debe proteger.

Ignora a quienes debe atender y castiga a quienes debe apoyar.

Por eso la crisis del Estado Mexicano

DIARIO

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CONTRA PODER EN CHIAPAS

INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Lunes 29 de Agosto de 2016 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 3 | No. 888

CRÍTICA

CIFRAS

Gobierno “ha perdido credibilidad y confianza”: Diócesis de San Cristóbal

En conferencia de prensa el obispo coadjutor expuso que con los incrementos a los combustibles y las tarifas eléctricas anunciadas por el gobierno federal para el 1 de septiembre próximo, pierde credibilidad en todo, pues no vemos los beneficios que nos dijeron traerían las otras reformas, por lo que uno tiene el derecho de tener todas las dudas, como los profesores

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COMUNICADO

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Peña hace caso a Claudio X. González con gasolinazos: AMLO

Operador de Javier Duarte acepta que nombró al gobernador como su heredero PAG. 6 HOY ESCRIBEN HOJAS LIBRES

Roberto Domínguez Cortés

EPISTOLARIO

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Armando Rojas Arévalo

FORTUNAS TRANSPARENTES John M. Ackerman

MENSAJE

Cuarto Informe de Peña: cuentas desde la mediocridad

Sin pensión, 75% de los adultos mayores en México

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PAG. 13

TURBULENCIA EN EU; EFECTOS EN MÉXICO Olga Pellicer

EN LA MIRA

PAG. 12

Héctor Estrada

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EL CLERO POLÍTICO Y LOS POLÍTICOS Pablo Gómez

PAG. 11

PRI: “ANTICORRUPCIÓN SELECTIVA” Jesús Cantú PAG. 9

PAG. 10

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Lunes 29 de Agosto de 2016 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CONTRAPODER

EN CHIAPAS

EDITORIAL La lucha magisterial contra sí misma

E

n la Guerra Civil española, la secretaria particular le pregunta al Ministro de Hacienda de la Segunda República Española: Y si los socialistas perdemos la guerra a hacia dónde nos vamos a vivir, y el Ministro Indalecio Prieto, le contesta, me han hablado de una ciudad en México llamada Cuernavaca, hacia allá nos iríamos. Y la secretaria le vuelve a preguntar ¿y si ganamos la guerra? Y Prieto le responde a Cuernavaca.

Esta anécdota viene al caso, porque en ocasiones los conflictos políticos derivan en una dinámica en la que todos los actores fundamentales le apuestan a la destrucción de la sociedad, en la que al final nadie termina ganando, pues todo fue previamente destruido.

En ese tenor, Indalecio Prieto escribiría en 1936 de manera premonitoria: “La convulsión de una revolución, con un resultado u otro, la puede soportar un país; lo que no puede soportar un país es la sangría constante del desorden público sin finalidad revolucionaria inmediata; lo que no soporta una nación es el desgaste de su poder público y de su propia vitalidad económica, manteniendo el desasosiego, la zozobra y la intranquilidad. Podrán decir espíritus simples que este desasosiego, esta zozobra, esta intranquilidad la padecen sólo las clases

dominantes. Eso, a mi juicio, constituye un error. De ese desasosiego, de esa zozobra y de esa intranquilidad no tarda en sufrir los efector perniciosos la propia clase trabajadora, en virtud de trastornos y posibles colapsos de la economía, porque la economía tiene un sistema a cuya transformación aspiramos.”

Esta reflexión aplica hoy día a las condiciones sociales que prevalecen en la entidad con el movimiento magisterial.

Sobre todo porque se está viviendo una sangría constante del desorden público sin una finalidad revolucionaria inmediata. Y los efectos de ese desorden lo empieza a sufrir la sociedad en su conjunto.

El movimiento magisterial ya ganó.

Detuvo una forma de evaluación punitiva que afectaba derechos adquiridos. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa se propone modificar los términos de la evaluación. La CNTE participa en una mesa nacional de carácter resolutivo con el gobierno federal, en donde se le reconoce, sobre la base de los hechos su representatividad, aún y cuando no tienen el dominio y control sobre las relaciones colectivas de trabajo. El movimiento adquirió consenso y legitimidad con otros sectores de la sociedad, quienes se sumaron a su lucha y movilización.

La coyuntura actual favorece a un

acuerdo sobre la modificación de los términos de la reforma, pero los sectores radicales en el magisterio quieren la abrogación de la ley, algo que no es factible ni deseable, porque eso significa quedar igual, con un sistema educativo que ya no es útil.

La solidaridad de un grupo de intelectuales y especialistas en educación con la lucha magisterial se dio, porque la reforma educativa aprobada por el Congreso quedó lejos de ser una reforma de gran calado y se propone la profundización de la misma. Pero jamás han planteado la abrogación de la ley, como ahora lo hace la CNTE. El riesgo de continuar con esa movilización y con el paro de labores, es polarizar aún más a la población, en la que, si bien es cierto en que hay grupos que manifiestan su solidaridad y respaldo a los maestros de la CNTE. También es cierto que los sectores duros de la sociedad le exigen al gobierno acabar con el paro.

Lo real de esta coyuntura, es que los sectores de derecha cada vez más se sienten afectados y las marchas y los bloqueos lo perciben como una provocación. Y si este sector decide movilizarse en contra de los maestros, se reducirían los espacios de vida democrática y lo que hoy tienen ganado, los maestros lo perderían irremediablemente.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

Dan D. Black

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Gobierno “ha perdido credibilidad y confianza”: Diócesis de San Cristóbal De la Redacción San Cristóbal de Las Casas, Chis. (Tribuna)

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l obispo coadjutor de la diócesis de esta Ciudad, Enrique Díaz Díaz consideró a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) al otorgarles la razón al “no creer que en los supuestos beneficios de la reforma educativa” porque el gobierno “ha perdido credibilidad y confianza”.

Por ello, criticó que las negociaciones entre el gobierno federal y la CNTE se encuentren estancadas, o más bien en un dilema, porque ya no se cree en su palabra, pues había afirmado que con la reforma energética bajarían los precios de los combustibles y de la electricidad, pero hoy las están aumentando.

En conferencia de prensa el obispo coadjutor expuso que con los incrementos a los combustibles y las tarifas eléctricas anunciadas por el gobierno federal para el 1 de septiembre próximo, pierde credibilidad en todo, pues no vemos los beneficios que nos dijeron traerían las otras reformas, por lo que uno tiene el derecho de tener todas las dudas, como los profesores.

Aunque ellos se sienten a dialogar, uno no cree del otro, por ello es muy difícil dialogar en tales circunstancias, pues en el ámbito de las reformas, incluida la educativa, no se sabe a ciencia cierta cuales son

De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

Según el presidente de la Unión de Comerciantes, Locatarios y Vecinos de Tuxtla Gutiérrez, Sergio Gerardo Peña Klayen afirmó que alrededor de 230 pequeños comercios y microempresas cerraron o son afectados en el centro de la capital del estado, donde maestros de la CNTE tienen un plantón masivo desde el 15 de mayo pasado para exigir la abrogación de la reforma educativa.

En conferencia de prensa añadió que en las más de diez cuadras ocupadas por los docentes, 175 comerciantes “cerraron sus cortinas” por la caída en las ventas, ya que no llegan los compradores ni consumidores, a causa también del aumento de la inseguridad.

Señaló que a las micro empresas ubicadas en el zócalo, se agregan otros 50 pequeños establecimientos situados en los alrededores.

Pidió a los profesores que los dejen trabajar, que busquen un mecanismo para que los microempresarios aseguren con su labor “el

En conferencia de prensa el obispo coadjutor expuso que con los incrementos a los combustibles y las tarifas eléctricas anunciadas por el gobierno federal para el 1 de septiembre próximo, pierde credibilidad en todo, pues no vemos los beneficios que nos dijeron traerían las otras reformas, por lo que uno tiene el derecho de tener todas las dudas, como los profesores

los beneficios anunciado, de ahí la incredulidad, subrayó el prelado Enrique Díaz.

Por la incertidumbre que se ha creado alrededor del gobierno, este ha perdido la oportunidad de diálogo y credibilidad en su palabra, por

lo que a veces las cosas que parecen buenas, ya no se las creemos, dijo.

Acerca de las negociaciones entre la CNTE y las autoridades federales iniciadas hace más de dos meses, el obispo coadjutor dijo que desgraciadamente, nuestro gobierno ha

perdido oportunidad del diálogo y credibilidad en su palabra.

“Ahora que se anuncian nuevos aumentos la gente se pregunta ¿dónde quedaron las reformas? Entonces pierde credibilidad y cosas que parecería buenas ya no se las creemos”, recalcó.

Los problemas del magisterio son añejos, ahora que ha explotado, aseguró que no se podrán resolver tan fácilmente, señaló Enrique Díaz.

Ante el paro indefinido de labores iniciado por el magisterio chiapaneco el 15 de mayo pasado en la capital del estado, indicó que los principales responsables frente a la educación son los padres de familia, aunque a veces no estemos de acuerdo en lo que hacen. “La educación no se detiene porque no haya clases”, expuso.

El prelado invitó a los padres de familia, sobre todo ahora que la situación es muy difícil, asumir su responsabilidad como tales en la educación de sus hijos, sea con escuela o sin escuelas, sea que los tengan en casa o se unan en familia, pero la educación no se detiene porque no haya clases.

Cierran 230 comercios por plantón del CNTE en la capital del estado sustento diario” de sus familias.

“Nosotros no somos empresas transnacionales a las que ellos combaten, vivimos al día, no tenemos techo financiero, como las grandes empresas, lo único que pedimos es que nos liberen el centro”.

Dijo que debido a la crisis económica por la que atraviesa el sector comercio en la capital del estado, se han perdido unos 500 empleos, mismos que han repercutido en la economía familiar.

Pretextó que el centro de esta capital se ha tornado violento por la presencia de centroamericanos y bandas delincuenciales, que al amparo de los campamentos de los maestros, salen a lesionar, amagan con armas y se meten en los negocios sin que exista atención y respaldo de las autoridades municipales y estatales, pero descartó que los maestros sean responsables de la situación.

Por ello, el presidente de la Unión

de Comerciantes pidió a las autoridades municipales la aplicación de operativos policiacos y migratorios y limpiar las calles de tanto centroamericano que viene a “agredirnos”,

así como la de impulsar una mesa de negociaciones entre los comerciantes y la CNTE para plantearles los problemas que le generan al sector comercial.

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Indígenas tildan de inútil a Roberto Serrano, delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblo Indígenas Roselino Jiménez Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

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ebido a que Roberto Serrano Altamirano, delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), es un “ladino”, no garantiza el buen desempeño de sus funciones, porque desconoce el campo de trabajo.

Por ello, lo acusan de ser un inútil, lo que provoca el distanciamiento entre la población indígena y la institución, por lo que demandan al gobernador Manuel Velasco Coello, su inmediata remoción.

Por ello, Roberto Serrano, en lugar de abonar al cumplimiento de los acuerdos y minutas firmadas con diversas organizaciones sociales indígenas así como grupos de trabajo de las diversas regiones de la entidad.

Es más bien, con sus mentiras, engaños y burlas a los indígenas está provocando más conflictos en Chiapas, denunció vocero del Frente de Organizaciones de Productores para el Campo y la Ciudad, José Pérez Conde.

Entrevistado en las oficinas de esta delegación en Chiapas, en compañía de un grupo de alrededor de 50 personas entre hombres y mujeres, representantes de las regiones Sierra, Fronteriza y Altos, pertenecientes a la organización

De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reveló que casi el 40 por ciento de los trabajadores del estado de Chiapas percibe remuneraciones menores a un salario mínimo al día.

A través del documento “Chiapas. Información Laboral. Agosto 2016”, publicado recientemente por la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral, la dependencia federal señaló que en el estado de Chiapas la mayoría de la fuerza laboral tiene remuneraciones sumamente bajas.

Cabe destacar que durante el segundo trimestre de 2016, la población de 15 años y más disponible para producir bienes y servicios en la entidad, fue de un millón 977 mil personas (54.8 por ciento del total estatal), cuando un año antes había sido de un millón 928 mil (55.5 por ciento). Este incremento en 49 mil personas es consecuencia tanto del crecimiento demográfico, como de las expectativas que tiene la pobla-

Roberto Serrano, en lugar de abonar al cumplimiento de los acuerdos y minutas firmadas con diversas organizaciones sociales indígenas así como grupos de trabajo de las diversas regiones de la entidad

FOPROCC, exigieron al titular de esta delegación que cumpla con la minuta pactada por ellos y su representación el 23 de Febrero y 24 de Mayo de este 2016.

A la fecha esta delegación no ha cumplido con los folios de los proyectos solicitados para un promedio de diez grupos de trabajo y eso que ya existe el compromiso de estas autoridades de dar cumplimiento

a esta solicitudes pero parece que se están burlando de nosotros los indígenas puntualizaron.

Debido a la cerrazón del incumplimiento de las minutas en los próximos días tomaremos acuerdos con las estructuras y representaciones de la FOPROCC, para viajar a la ciudad de México para exigir a la dirección general de la CDI, así como al secretario de Gobernación,

Miguel Ángel Osorio Chong, que cumpla con estos acuerdos porque ya basta de tantos engaños.

Acusan que el señorito Roberto Serrano se burla de las organizaciones sociales y los engaña con mentiras de que sus demandan ya están siendo atendidas, cuando ni siquiera las ha tramitado, con lo que le están creando más problemas al presidente Enrique Peña Nieto.

Casi 40% de trabajadores chiapanecos gana menos de un salario mínimo ción de contribuir o no en la actividad económica.

La población que está participando de manera activa en la generación de algún bien económico o en la prestación de un servicio (población ocupada), en el periodo abril-junio de 2016 alcanzó un millón 912 mil personas (70.5 por ciento son hombres y 29.5 por ciento mujeres).

Con relación al mismo trimestre de 2015, se observó un incremento de 47 mil ocupados (2.5 por ciento), como resultado del aumento en poco más de 15 mil hombres y 32 mil mujeres.

Asimismo, de los más de 1.9 millones de trabajadores chiapanecos, 901 mil personas (47.1 por ciento) son trabajadores subordinados y remunerados; poco más de 712 mil (37.3 por ciento) son trabajadores por cuenta propia, sin emplear personal pagado; 214 mil

(11.2 por ciento) son trabajadores que no reciben remuneración; y 85 mil (4.4 por ciento) son propietarios de los bienes de producción, con trabajadores a su cargo (empleadores).

En este sentido, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dio

a conocer que en lo que respecta a las remuneraciones, un total de 735,954 trabajadores chiapanecos, que equivalen al 38.4 por ciento del total de laborantes, perciben menos un salario mínimo, es decir que tras una jornada laboral ganan menos de 73.04 pesos.

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Nuevos cambios del INEE a la evaluación son un mínimo avance De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)

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uego de que el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) anunciara modificaciones en la aplicación de los exámenes, José Luis Escobar Pérez, vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas, dijo que ello significa un avance ‘ligero’ en su lucha, porque no se pueden aplicar evaluaciones estandarizadas para los maestros, pero el eje principal del magisterio aún no se cumple: la abrogación de la Reforma Educativa.

En ese sentido, explicó, ahora las instancias (aunque no de manera explícita) reconocen que la Coordinadora tiene razón al señalar que un examen educativo no puede aplicarse con tantas arbitrariedades.

Para el 2017, los catedráticos pasarán por tres etapas; tendrán que elegir en que momento serán evaluados. Los procesos se dividen en responsabilidades profesionales, elaboración de un proyecto de enseñanza y los conocimientos pedagógicos.

No obstante, la Reforma Educativa seguirá su implementación en todo el país, a pesar de las protestas que han realizado los integrantes de la CNTE en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán por más de 100 días.

Del procedimiento administrativo que ha iniciado la Secretaría de

De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)

A cuatro meses de haber iniciado la temporada de lluvias, René Fabián Arévalo Pérez, director de administración de emergencias y capacitación de la Secretaría de Protección Civil de la capital de Chiapas, dijo que la máxima precipitación que ha caído en la ciudad es de 58 milímetros, pero aún vienen ‘los picos’ más complicados en septiembre y octubre.

En ese sentido, señaló que esas mismas fechas se intensifican los protocolos de emergencia, sobre todo, en labores comunitarias o espacios vulnerables para la población. “Ya se tiene la coordinación con el DIF, porque es donde podríamos implementar los refugios temporales para cualquier situación”.

Recordó que los daños que se han registrado a causa de las lluvias han estado relacionados con la saturación de drenajes, caídas de árboles y encharcamientos de algunas viviendas, afortunadamente, no se han perdido vidas en este año, en Tuxtla Gutiérrez.

El funcionario municipal destacó el trabajo de prevención que han rea-

En ese sentido, explicó, ahora las instancias (aunque no de manera explícita) reconocen que la Coordinadora tiene razón al señalar que un examen educativo no puede aplicarse con tantas arbitrariedades

Educación Pública (SEP) para aplicar descuentos y el cese del servicio a unos mil 200 docentes inconformes, Escobar Pérez señaló que los catedráticos han demostrado su mayor fuerza en Chiapas, porque ningún maestro ha sido despedido oficialmente.

Ante el cuestionamiento realiza-

do respecto a que en varias escuelas han comenzado a romper los candados para iniciar clases, reconoció que sí hay casos pero aún son esporádicos, sin embargo, son las autoridades las que han recurrido a estas estrategias y amenazas (a través de programas sociales) para que ahora la ciudadanía confronte a los

profesores.

Finalmente, aseguró, “la inmensa mayoría, aún en estas fechas, están con el movimiento”. Hasta el momento, no hay fecha para que la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) reinstalen las mesas de acuerdos.

Aún vienen ‘los picos’ más intensos de las lluvias, advierte PC lizado con los capitalinos para reforzar los techos, principalmente por los fuertes vientos que se han presentado en la zona. En lo que respecta al flujo de agua, en Tuxtla de están construyendo algunos drenes pluviales que permitirán mayor captación lluvia y evitarán inundaciones en las calles.

De la situación del río Sabinal, comentó, hasta el momento ha mantenido su cauce y mantiene un nivel que no pone en riesgo a la ciudadanía, debido a que las lluvias no han sido tan frecuentes y en la parte alta de la cuenca tampoco se ha registrado actividad importante.

Sin embargo, el incremento de los afluentes se presentará en los próximos meses cuando haya precipitaciones arriba de los 90 milímetros, por ello, es fundamental que la ciudadanía que vive cerca de esos espacios se integre a los Comités de Prevención y Participación Ciudadana para saber, de manera permanente, la cantidad

de agua que puede caer.

Finalmente, Arévalo Pérez informó que están trabajando en cambiar la cultura de los capitalinos para no

tirar la basura en las alcantarillas y también para que los escombros que se encuentran en las calles sean removidos.

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Operador de Javier Duarte acepta que nombró al gobernador como su heredero De la redacción Ciudad de México (apro)

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oisés Mansur Cysneiros, considerado operador financiero y uno de los mejores amigos de Javier Duarte, aceptó haber nombrado como beneficiario en su testamento al gobernador de Veracruz.

No obstante, afirmó en un comunicado publicado este domingo por el diario Reforma que Duarte nunca supo que fue designado heredero de sus bienes en dicho documento protocolizado en 2006. Mansur anunció que hará un nuevo testamento con el fin de “adecuarlo a su entorno familiar”, pero no aclaró si mantendrá al gobernador como heredero.

Reforma publicó el pasado 26 de agosto que según el instrumento notarial 31,738, inscrito en el libro 1,178 del Registro Público, al que tuvo acceso, Mansur acudió el 28 de septiembre de 2006 a inscribir su testamento ante Alejandro Eugenio Pérez Teuffer Fournier, notario número 44 en Huixquilu-

Rosa Santana Campeche, Camp. (Proceso.com.mx)

La juez Segunda de Control Ana Concepción Gutiérrez concedió hoy a Enrique Iván González López, exsecretario estatal de Salud y exalcalde de El Carmen, así como a Francisco Moguel Reyes, su extesorero, la duplicidad del plazo para resolver si se les vincula o no a proceso por la imputación que les formuló la Fiscalía General del Estado por peculado.

A ambos se les acusa de peculado por la sustracción de 9 millones 281 mil 392 pesos de un préstamo de 241 millones que el Congreso local autorizó al ayuntamiento de El Carmen contraer, en la administración municipal de González López, para su inversión en obra pública.

En la audiencia de formulación a imputación, que duró siete horas con un receso de tres, se reveló que ambos exfuncionarios fueron denunciados ante el Ministerio Público por el director de la Auditoría Superior del Estado, Jorge Alejandro Arcila R. de la Gala.

La diligencia inició con una exposición de quejas de parte de la defensa ante la juzgadora por la exposición mediática de sus clientes con motivo de su aprehensión, lo cual violó “su dignidad y honor”, así como sus derechos humanos de presunción de inocencia y al debido proceso.

Acusó a la FGE de haber filtrado a los medios la información sobre la detención y detalles del caso que debían ser confidenciales y exigió a la juez que ordene detener la exhibición mediática.

A lo anterior la fiscalía respondió que no ha emitido ningún comunicado oficial sobre este asunto y recordó que ambos fueron servidores públicos y por ende son figuras conocidas.

Mansur anunció que hará un nuevo testamento con el fin de “adecuarlo a su entorno familiar”, pero no aclaró si mantendrá al gobernador como heredero can, Estado de México.

Entre los inmuebles inscritos que pasarían a ser propiedad del gobernador priista en caso de la muerte de Mansur, se encuentra un edificio en Prado Norte 135, en Lomas de Chapultepec; una oficina en Campos Elíseos 71 B, en Polanco, y un local en Plaza Centro, en Masaryk. En 2006, cuando registró su testamento, Mansur tenía 30 años y Duarte, de 33, era el secretario de Finanzas de la administración estatal del priista Fidel Herrera, actual cónsul de México en Barcelona.

En el testamento firmó como testigo de José Antonio Bandín Ruiz, amigo desde la juventud de Mansur y de Duarte, precisó el diario. En el comunicado, Mansur detalló haber realizado cuatro testamentos entre 1997 y 2010. Uno de ellos, elaborado en 2006, tiene como heredero “a mi más cercano amigo”.

Agregó que en ese año no se tenía ex-

pectativa alguna de que Duarte llegara a ser gobernador.

Mansur argumentó que la vigencia del testamento efectuado hace 10 años “ha quedado sin efecto por el otorgamiento de uno más reciente”.

Además calificó la información difundida por Reforma como “tendenciosa”, pues “aún no he heredado mis bienes a nadie, afortunadamente gozo de plena salud y espero no morir pronto”.

También deslindó a Duarte de la decisión de considerarlo heredero.

“Entiendo la coyuntura política que se vive y el ánimo por denostar la imagen del gobernador de Veracruz, sin embargo, considero importante subrayar que este acto que hice de manera personal se efectuó 5 años antes de que llegara a ser gobernador”, indicó.

El empresario señaló que elaborará otro testamento, aun cuando aseveró que hizo uno recientemente, aunque

sin remitir prueba alguna.

“Realizar un testamento es un acto unilateral de voluntad que no requiere del consentimiento de las personas designadas como herederos, por lo que el Gobernador de Veracruz ni siquiera tuvo conocimiento de mi decisión en aquel año”, destacó Mansur en el comunicado reproducido este domingo por Reforma.

Mansur fue acusado ante la PGR por el gobernador electo Miguel Ángel Yunes de operar una red financiera y ser el prestanombres de Duarte para adquirir propiedades.

Exfuncionarios detenidos por peculado fueron “expuestos mediáticamente”: defensa También destacó su imposibilidad de frenar a los medios pese a que ha tratado de proteger a los detenidos y conminó a la defensa a denunciar ante la FGE las denuncias que considere pertinentes.

No obstante, la defensa pidió a la juez girar oficios a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que investigue y deslinde responsabilidades; a los responsables de cinco periódicos locales que exhibieron la imagen de los imputados y adelantaron hoy los detalles del expediente y a la FGE por la filtración.

La juez accedió a girar dichos oficios.

En la argumentación de la imputación por el presunto delito de peculado, la fiscalía expuso que de los 9 millones 281 mil 392 pesos que sustrajeron 3 millones 131 mil 72 pesos fueron desviados para el pago de comisiones al Banco Interacciones y 6 millones 150 mil 320 pesos por el servicio de asesoría a la empresa Estrategias Empresariales de Chiapas para la obtención de financiamiento.

Calificó como dolosa la actuación de ambos funcionarios, a los que calificó como coautores del delito que se les imputa, pues debido a las atribuciones o prohibiciones inherentes a los cargos que ocupaban en el ayuntamiento, alcalde y tesorero, uno solo no lo habría podido cometer sin la participación del otro.

Asimismo, el Ministerio Público solicitó para los dos imputados la prisión preventiva “durante todo el tiempo que dure el proceso, siempre y cuando éste no se prolongue más de dos años”.

Lo anterior ante la presunción de que

pudieran evadirse de la justicia, destruir evidencias o amedrentar testigos.

Para evitar la prisión preventiva, la defensa de González López expuso su endeble salud pues además de ser hipertenso crónico, padece una patología cardiaca y otra renal. Destacó el abogado que ayer sufrió un infarto que fue la causa por la que se le llevó al hospital antes de ingresarlo al reclusorio.

En otro momento, el propio imputado solicitó la palabra a la juez para exponerle que padece una enfermedad renal por la que requiere un trasplante de riñón, y que el motivo por el que en febrero pasado salió del país –como lo había expuesto la fiscalía– la atención médica. Y ofreció a la juez entregar su pasaporte como garantía de que no escapara del país.

La parte acusadora argumentó que la FGE ya había girado sendos citatorios a los dos detenidos para que acudieran a declarar, pero ninguno respondió. Pero sí lo hicieron al citatorio que les envió la ASE. La fiscal expuso que decidieron responder al citatorio de la ASE porque es un procedimiento administrativo, mientras que eludieron el de la FGE temiendo ser detenidos. Como constancia del “arraigo” de González López, que le evitaría escapar, su defensa mostró documentos de “algunos de los domicilios” que tiene aquí y en Carmen, empero hizo énfasis en una propiedad que posee en un exclusivo vecindario en esta capital, ubicado frente a la Secretaría de Seguridad Pública.

Como evidencia de que habita esa casa mostró un recibo telefónico por más de

mil pesos y uno del servicio de energía eléctrica, cuyo consumo fue de 300 pesos.

Al final, la juez determinó la prisión preventiva en tanto se resuelve su situación jurídica, para lo cual la audiencia se reanudará el jueves 1 de septiembre. No obstante, ordenó que a González López se le brinden todos los cuidados médicos que requiere dados sus padecimientos.

González López, médico pediatra de profesión, fue impuesto por el exgobernador Fernando Ortega Bernés primero como su secretario de Salud y después como alcalde de El Carmen pese a que arrastraba un antecedente por corrupción por el que la Secretaría de la Función Pública lo inhabilitó por una década.

Esa sanción, que además incluyó una multa de 35 millones de pesos, se le impuso por habérsele encontrado responsable de “encabezar una red de corrupción” al interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de la cual fungió como delegado en sus tiempos como panista.

Las acusaciones contra el también exdiputado local no quedaron ahí.

En marzo pasado, el contralor interno del actual ayuntamiento de El Carmen, José María Pérez Vega, presentó en el Congreso local una demanda de juicio político en contra del exalcalde Enrique Iván González López, por un quebranto de casi 150 millones de pesos al erario.

Y es que el alcalde panista Pablo Gutiérrez Lazarus recibió de su antecesor, el priista González López, la administración en bancarrota.

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Pese a reducción de Muerte Materna, México no alcanzó meta de la OMS Gema Villela Valenzuela Ciudad de México (Cimacnoticias)

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l Estado mexicano no ha cumplido con brindar aborto seguro y atención médica especializada para las mujeres antes, durante y después del parto, como lo establece la Organización Mundial de la Salud, (OMS) con el fin de reducir la muerte materna, afirmó la jefa del Departamento de Salud Sexual y Reproductiva del Instituto Nacional de Perinatología (Inper), Norma Velázquez Ramírez.

En su conferencia “Impacto de la anticoncepción como una estrategia para disminuir la muerte materna”, realizada ayer en el Instituto Nacional de Perinatología (Inper), la médica gineco-obstetra explicó que, a pesar de que se registró una reducción en la mortalidad materna (MM) en México desde 1990 al 2014, el objetivo de reducir el índice a un 22.3 por ciento, como lo establece la OMS, no se logró.

Tanto la atención especializada como la interrupción legal del embarazo (ILE) son dos de las estrategias recomendadas por la OMS en las que aún falta trabajar. Y como ejemplo citó que durante el primer semestre del 2016, el Observatorio de Muerte Materna en México ha registrado 447 fallecimientos de

De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la cuestión de los Derechos Humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, realizará una visita a nuestro país, a partir del 29 de agosto y hasta el 7 de septiembre, para revisar los casos de comunidades indígenas afectadas por empresas mineras en Durango, Sonora y Oaxaca.

Mediante un comunicado la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C (Prodesc) informó que la gira de trabajo de 10 días que realizará el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, será una oportunidad para documentar los casos de empresas de la industria extractiva, que afectan los Derechos Humanos (DH) de comunidades agrarias e indígenas.

Uno de los casos que expondrán, por ser paradigmático en el tema de la defensa de la tierra y los bienes naturales, es el Ejido de la Sierrita de Galeana, en donde la empresa Excellon de México S.A. de CV, filial de la Canadiense Excellon Resources Inc, no ha cumplido con cláusulas de carácter económicas, sociales y medioambientales que se establecie-

En su conferencia “Impacto de la anticoncepción como una estrategia para disminuir la muerte materna”, realizada ayer en el Instituto Nacional de Perinatología (Inper), la médica gineco-obstetra explicó que, a pesar de que se registró una reducción en la mortalidad materna (MM) en México desde 1990 al 2014, el objetivo de reducir el índice a un 22.3 por ciento, como lo establece la OMS, no se logró

mujeres por esa causa, de las cuales 79 son del Estado de México, 40 de Chiapas y 22 de Oaxaca.

Norma Velázquez Ramírez, explicó que esos estados aun no cuentan con unidades médicas suficientes para brindar servicios médicos a las

mujeres, sobre todo en las zonas rurales.

En cuanto el acceso al aborto seguro, dijo que las dificultades que enfrentan son: el desconocimiento por parte de personal médico y de las mujeres sobre el derecho a

la ILE por la causal de peligro de la vida de la madre, cuando presentan enfermedades crónicas como lupus, cáncer o cardiopatías.

Explicó que la estrategia para reducir la muerte materna que más se ha trabajado en México es la intensificación de la administración de métodos anticonceptivos.

La gráfica del índice de mortalidad materna en México desde 1990 al 2015, en donde la cifra en el año inicial era de 88.7 por ciento, once años después, en el año 2001 registró 68.9 por ciento de mujeres que fallecieron, ya sea por la omisión o un tratamiento mal aplicado durante el embarazo (causas directas de la muerte materna) o también por enfermedades previas no atendidas, por parte del personal de salud (causas indirectas).

Durante el período que comprende desde el año 2002 al 2014, los índices de muerte materna fueron desde un 50 por ciento hasta el 38.9 por ciento.

Ante crisis de DH en medio ambiente Grupo de Trabajo visita México ron en el contrato de ocupación temporal firmado en el año 2008, por la empresa con las y los ejidatarios.

Otro caso de la industria extractiva, es de los Comités de Cuenca Río Sonora, en donde el derrame de 40 millones de solución de cobre acidulada proveniente de la mina Buenavista del Cobre (Grupo México), provocó en las habitantes de las comunidades vecinas al Río Sonora, cáncer Cérvico uterino y otras afectaciones en la salud, debido a la radiación.

“Haremos especial énfasis en las omisiones de las autoridades responsables, la impunidad con la que la empresa ha afectado nuestros derechos y modos de vida, la falta de remediación integral y garantías de no repetición, así como los distintos obstáculos que hemos enfrentado para acceder a la justicia en este proceso” indica Prodesc en el boletín de prensa.

Los casos de las comunidades de Oaxaca tratan sobre el amparo interpuesto por la Asamblea Popular del

Pueblo Juchiteco (APPJ) en contra de la falta de consulta para la instalación del parque eólico Bií Hioxo de la empresa Gas Natural Fenosa, y las violaciones al proceso que realizó el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Energía en Juchitán, Oaxaca en el año 2014.

Mientras la comunidad Agraria de Unión Hidalgo Oaxaca, expondrán el caso sobre la demanda de nulidad de contratos que interpusieron en contra de la empresa Desarrollos Eólicos de México S.A de CV ya que los contratos están firmados con pe-

queños propietarios y por la vía civil, cuando las tierras de Juchitán son tierras agrarias.

Las asociaciones que firman el comunicado y que expondrán todos esos casos ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la cuestión de los DH y las empresas transnacionales y otras empresas son: Comisariado Ejidal del Ejido La Sierrita de Galena, Comités de Cuenca Río Sonora, Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco y Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo.

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Sin pensión, 75% de los adultos mayores en México De la redacción Ciudad de México (apro)

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e acuerdo con estimaciones del Inegi, en México la población mayor de 60 años supera los 10 millones de habitantes, cifra equivalente a poco más del nueve por ciento de los mexicanos.

Del total de esa población, 70% es funcional, se vale por sí misma y lleva a cabo sus tareas básicas, instrumentales y avanzadas de la vida diaria, como comer, trabajar, bañarse, trasladarse o desempeñar cualquier otra labor.

Con motivo del Día Nacional del Adulto Mayor, que se conmemora este 28 de agosto, Verónica Montes de Oca, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), y Marissa Vivaldo Martínez, académica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la UNAM, señalaron que el principal recurso económico del que dispone este sector es el apoyo familiar o de la comunidad, y sólo el 25% es beneficiario de una jubilación o pensión económica.

Montes de Oca, titular del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez(SUIEV), indicó que un porcentaje importante de los más de 10 millones de personas mayores que viven en el país sigue trabajando “hasta que el cuerpo aguante”, pues las pensiones y transferencias institucionales que perciben cada mes son muy bajas.

Apuntó que pese a su edad o a haberse jubilado, una parte significativa continúa laborando en actividades económicas no formales o en el subempleo.

Eso refleja la necesidad de ver al envejecimiento no como una situación catastrófica ni de deterioro, pues ellos siguen contribuyendo a la economía nacional, pero como con todo grupo etario, debemos luchar por que alcancen condicio-

Del total de esa población, 70% es funcional, se vale por sí misma y lleva a cabo sus tareas básicas, instrumentales y avanzadas de la vida diaria, como comer, trabajar, bañarse, trasladarse o desempeñar cualquier otra labor

nes más equitativas y una vida digna, remarcaron las universitarias.

La investigadora del IIS señaló que si bien cada vez existe más conciencia sobre el maltrato hacia las personas mayores, “no podemos dejar de pensar que hay ciertas condiciones estructurales en el país –como pobreza, desempleo y falta de cobertura universal de salud– que hacen que un 20 por ciento de la población adulta, en promedio, sea dependiente de sus familiares por las condiciones de morbilidad múltiple (diferentes enfermedades) que desarrollan.

Eso también agota a las familias e implica un costo emocional que el Estado y la sociedad no pueden resolver por no estar preparados para ello. Es necesario, dijo, invertir en un sistema de cuidados a escala nacional, que en verdad ayude al núcleo familiar para hacer frente a estas situaciones.

“Debemos pensar que han contribuido mucho con la sociedad y ya se ganaron sus derechos, que en realidad tienen desde que nacieron, pero no les

han sido reconocidos. Ése también es un gran problema, que en México y América Latina está cambiando de manera positiva”, dijo.

En junio de 2015, mencionó, la Asamblea de la Organización de Estados Americanos aprobó, por unanimidad, la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, primer instrumento jurídico específico en la materia para promover, proteger y asegurar el reconocimiento y pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de ese sector que vive en la región.

Montes de Oca indicó que nuestro gobierno realiza los trámites necesarios para ratificar esa convención, un instrumento que no existe en ninguna otra parte del mundo y que obliga a los tomadores de decisiones a hacer lo posible para garantizar la realización plena de la vida de este sector.

La científica social reconoció que cada vez hay más conciencia sobre el

tema. “El hecho de que cada año se tome en cuenta a las personas mayores y, sobre todo, se visibilice su situación a través de los medios de comunicación, es un paso importante”, mencionó.

Además, abundó, en la nación cada vez hay más programas sociales encaminados a apoyarlos. Desde hace una década la Ciudad de México está a la vanguardia en América Latina y el mundo. No obstante, falta mucho camino por recorrer para llegar al reconocimiento real de los derechos de las personas mayores. Los retos en esta materia son, entre otros, ratificar la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores y establecer la cobertura universal de salud que atienda todas las enfermedades, incluidas las crónicodegenerativas.

También, replantear el sistema de pensiones, así como estimular a las familias y comunidades para establecer mecanismos de inclusión y participación directa de este sector en la toma de decisiones. “En muchas comunidades lo hacen, pues son la autoridad y tienen la experiencia”.

Por último, Marissa Vivaldo, también integrante de la Unidad de Investigación en Gerontología de la FES Zaragoza, resaltó que tanto la Unidad como el SUIEV buscan evitar la geriatrización del envejecimiento: ni todas las personas mayores están enfermas ni requieren servicios médicos de alta especialidad. “Los problemas de salud en general de la mayoría de los viejos pueden resolverse en el primer nivel de atención”.

Peña hace caso a Claudio X. González con gasolinazos: AMLO De la redacción Ciudad de México (apro)

El gobierno de Enrique Peña Nieto pareciera que le hace caso a Claudio X. González, quien hace tiempo declaró que se tenía que subir la gasolina a 20 pesos, dijo Andrés Manuel López Obrador este domingo en Jalisco.

Lo anterior, tras el anuncio ayer de que a partir del 1 de septiembre aumentarán los precios de las gasolinas, el diésel y la energía eléctrica.

Desde el municipio de Tequila, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena recordó que Claudio X. González fungió como asesor de Carlos Salinas de Gortari durante

su sexenio.

En un discurso, López Obrador explicó que la gasolina en México cuesta 40 por ciento más que en Estados Unidos, pero en ese país el salario de un trabajador es 10 veces superior a lo que gana un trabajador mexicano.

Y por si fuera poco –indicó– en la Unión Americana vale menos la tarifa de la luz y todo por la corrupción que hay en México, “es el colmo, es un absurdo que en Guatemala que no tiene petróleo es más barata la gasolina que en México”, señaló.

Sostuvo que el gobierno de Enrique Peña Nieto impuso las reformas energética, fiscal, laboral y educativa, sin consultar a la ciudadanía, sin em-

bargo los maestros se defienden, y por eso él llamó a los mexicanos a apoyar al magisterio nacional.

López Obrador advirtió que Carlos Salinas tiene candidatos en todos los partidos paleros y apoya a Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Videgaray, José Antonio Meade, Aurelio Nuño, Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle, Ricardo Anaya, Miguel Ángel Mancera y Jaime Rodríguez Calderón, quien es independiente del pueblo, pero no de la mafia del poder.

Explicó que son 10 los candidatos de Salinas y ya los soltó para ver quién despunta, luego unirse todos en contra de Morena, “pero les vamos a ganar a todos”.

Respecto a las encuestas que ponen a Margarita Zavala como puntera a las elecciones del 2018, el excandidato presidencial dijo que esos sondeos están “cuchareados.

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Cuarto Informe de Peña: cuentas desde la mediocridad Carlos Acosta Ciudad de México (proceso)

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izo bien el presidente Enrique Peña Nieto en cambiar el formato de la presentación pública de su cuarto informe de gobierno, el 1 de septiembre.

Nunca un presidente de la República, al menos en la historia reciente del país, había llegado con tan pésimo balance de su gestión a estas alturas del sexenio. Por eso, nada podría decir Peña Nieto en un mensaje tradicional de logros y avances; de noticias de un futuro mejor para los mexicanos.

Nunca un presidente de la República, al menos en la historia reciente del país, había llegado con tan pésimo balance de su gestión a estas alturas del sexenio. Por eso, nada podría decir Peña Nieto en un mensaje tradicional de logros y avances; de noticias de un futuro mejor para los mexicanos

No los hay.

Peña Nieto arriba a su informe de este jueves con el índice de aceptación popular más bajo, jamás visto para un presidente, marcado por la corrupción; manchadas de sangre las manos; incapaz de reducir los índices de inseguridad pública; ineficaz para abatir la delincuencia organizada y, en particular, el narcotráfico.

Y lo peor, en materia social y económica su gobierno arroja los peores resultados, comparado con los tres que lo antecedieron. Han sido insignificantes sus esfuerzos para bajar la desigualdad social y la pobreza.

La economía ha registrado el crecimiento más mediocre de los últimos 25 años. El ejercicio del gasto público ha sido en extremo oscuro; crece y crece, pero no contribuye al crecimiento de la economía. Las finanzas públicas se llevan tan “en orden” que la deuda pública ha crecido más de 10 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) en lo que va del gobierno, una velocidad de endeudamiento que no se veía desde José López Portillo.

Esto último ha traído como consecuencia que, apenas la semana pasada, dos de las grandes calificadoras internacionales, Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) y Moody’s Investors Service, hayan bajado la perspectiva de largo plazo del gobierno mexicano, de “estable” a “negativa”.

Eso quiere decir, en términos llanos, que los mercados financieros le han perdido la confianza al país en su conducción económica, sobre todo de la política fiscal, que comanda Luis Videgaray Caso, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (CHCP).

La preocupación de las calificadoras por el crecimiento de la deuda pública no es gratuita. Con Peña Nieto en la Presidencia y Luis Videgaray en la SHCP, la deuda pública neta ha crecido en tres años y medio 10.5 puntos porcentuales del PIB. De iniciar el gobierno con un Sal-

do Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) por 5.9 billones de pesos (36.4% del PIB), ha llevado ese indicador, a junio de este año, a casi 8.9 billones (46.9% del PIB). Es decir, tres billones de pesos más de deuda, 10.5 puntos porcentuales del PIB, en tan sólo tres años y medio.

El SHRFSP es la expresión más amplia de la deuda, pues incluye la deuda neta del sector público presupuestario, las obligaciones netas del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), los Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pidiregas) y los programas de apoyo a deudores, así como las deudas de la banca de desarrollo y de los fondos de fomento.

Ninguno de los dos presidentes anteriores hizo algo similar en su sexenio completo: Vicente Fox inició con una deuda de 2.05 billones de pesos (30.3% del PIB) y la dejó en casi 3.14 billones (28.8% del PIB).

Es decir, el primer presidente panista endeudó al gobierno con 1.1 billones adicionales, pero como porcentaje del PIB la redujo en -1.7 puntos porcentuales, pues de 30.5% del PIB, la bajó a 28.8%.

Felipe Calderón Hinojosa, segundo presidente panista, todavía bajó la deuda a 27.55% del PIB en su primer año de gobierno, 2007. Inició su gobierno en diciembre de 2006, con una deuda de 3.14 billones de pesos (28.77% del PIB) y la dejó, al término de su sexenio, en 5.9 billones (36.4% del PIB).

Es decir, en sus seis años de gobierno Calderón aumentó la deuda neta total en casi 2.8 billones de pe-

sos: unos 7.6 puntos porcentuales del PIB, mientras que Peña Nieto, en tres años y medio, ya le metió 3 billones de pesos, unos 10.5 puntos porcentuales del PIB. Y eso sin que haya padecido una recesión estadunidense al principio de su gobierno, como le sucedió a Fox; mucho menos una severa crisis financiera internacional –que hizo caer a la economía mexicana en poco menos de 5% –, como la que tuvo que sortear Calderón.

En picada Desde antes de la elección presidencial de 2012, Peña Nieto y su entonces coordinador de campaña, Luis Videgaray, criticaban a los gobiernos de los últimos 25 años –de Miguel de la Madrid a Felipe Calderón– porque no habían sido capaces de superar un mediocre crecimiento económico: en promedio, de poco más de 2%.

Peña Nieto prometió incluso que en su gobierno la economía crecería tres veces esa ínfima cifra de 2%.

Apostaba a que, sobre todo después de la primera mitad del sexenio, creciendo “de manera sostenida” al 6%.

Para su cuarto informe, el mandatario priista llega con una economía que sigue creciendo al mediocre 2%.

Y no hay indicios de que en adelante las cosas vayan a ser mejores.

Si se compara el desempeño económico de los primeros 14 trimestres, o tres años y medio de Peña Nieto con igual lapso de los gobiernos de Zedillo, Fox y Calderón, el del actual presidente supera necesariamente a sus dos antecesores panistas. No así a Zedillo, quien de los cuatro ha sido el del inicio más caótico y desastroso.

La diferencia con los tres gobier-

nos que le antecedieron es que Peña Nieto inició su gestión de la manera más cómoda posible, sin crisis afuera ni adentro, con los mejores indicadores y una economía creciendo a tasas superiores al 4%. Como ninguno de los otros tres.

Después de sortear la crisis de 2008-2009, Calderón pudo levantar la economía nacional –con Agustín Carstens como secretario de Hacienda, primero; luego con Ernesto Cordero y al final con José Antonio Meade–, a tal grado que en 2010 el PIB creció 5.13% real anual; en 2011, 4.05% y en 2012, su último año, en 3.77%.

Un promedio de 4.32% en sus últimos tres años de gobierno.

Zedillo y Fox, que también se las vieron negras al inicio de sus gobiernos, dejaron en sus últimos tres años una economía más fuerte que la actual en el país.

Zedillo: en 1998, la economía creció 4.77%; en 1999, 2.66% y en 2000, su último año, 5.04%, para un promedio de 4.2%.

Fox, igual: en 2004 la economía creció 4.02%; en 2005, 3.26% y en 2006, 5%. Promedio: 4.1%.

En cambio, Peña Nieto, con todo y que inició su gobierno entre algodones y sedas, sin sobresaltos –aunque, hay que decirlo, las secuelas de la crisis internacional estaban vivas, además de que desde mediados de 2012 ya empezaba a desacelerarse la economía–, empezó mal en lo económico, y datos oficiales indican que terminará peor.

Si se promedia el crecimiento en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto apenas araña el 2%.

El lunes 22, cuando el Inegi dio a conocer los datos definitivos del comportamiento de la economía en el segundo trimestre del año, el subsecretario de Hacienda Fernando Aportela sugirió, no muy convencido, que la actividad económica lleva buen rumbo y buen ritmo: sigue creciendo, se crean cada vez más empleos, el crédito sigue expandiéndose, la inflación está en mínimos históricos, las tasas de interés están bajas y que el mercado interno –los servicios y el comercio– es ahora el gran motor de la economía.

Está “tan bien” la economía que el propio funcionario anunció ese mismo día el enésimo recorte que la SHCP aplica a sus proyecciones de crecimiento de la economía nacional.

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PRI: “ANTICORRUPCIÓN SELECTIVA” Jesús Cantú

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unque apenas lleva 40 días como presidente del PRI, Enrique Ochoa carece de una estrategia sólida y consistente que le permita aplicar y hacer creíble su cacareado combate a la corrupción, con el fin de contener el desplome en las preferencias electorales y el hartazgo ciudadano hacia los partidos políticos.

Al día siguiente de su encendido discurso de toma de posesión, ante las demandas de la oposición para que solicitara la salida anticipada de varios gobernadores postulados por el priismo que son acusados de corrupción, tuvo que salir a moderar su postura y aclarar que su partido acompañaría las peticiones de destitución únicamente cuando las instancias legalmente facultadas para ello concluyeran su proceso de fiscalización y las sanciones correspondientes fueran inapelables.

Una semana después trató de encontrar un punto medio y comentó que los señalados son los primeros que deben pedir el inicio de las averiguaciones, y si las pruebas lo acreditan “debemos pedir hasta la destitución del cargo”. Enfatizó que el PRI debe ser el garante de la honestidad de sus cuadros.

Pero antes de cumplir un mes en el cargo tuvo que enfrentar su primera prueba práctica: el periódico inglés The Guardian denunció que Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, ocupa un departamento propiedad del Grupo Pierdant y que el fundador de la compañía, Ricardo Pierdant, además de facilitarle el uso del inmueble pagaba los impuestos de los dos departamentos en Miami.

El vocero presidencial de inmediato negó la información del diario británico y lo acusó de hacer “una especulación a todas luces do-

losa”. Sin embargo, ese mismo día empezaron a confirmarse varias de las aseveraciones del rotativo.

Primero, el periódico Reforma evidenció que en noviembre de 2014 Aurora Pierdant, hermana de Ricardo, obtuvo un contrato de prestación de servicios por adjudicación directa con la recién creada Comisión Nacional de Hidrocarburos, por un millón 160 mil pesos.

Y, una semana después –el 16 de agosto–, el propio Peña Nieto reconoció en una entrevista con Joaquín López Dóriga que en 2014 Pierdant sí pagó el impuesto predial del departamento de su esposa. Precisó: “Es un amigo que está allá y que efectivamente le hizo un favor. Una única ocasión de 11 años que tiene la propiedad, en una única ocasión porque mi esposa estaba aquí y le dijo: ‘¿Oye, puedes cubrir el impuesto predial? Yo te lo cubro aquí’, como de hecho ocurrió”.

Así nuevamente aparece el intercambio de bienes y servicios, que es precisamente lo que conforma un eventual conflicto de interés o, incluso, el soborno. En este caso, el pago de una obligación fiscal, que se podía haber solventado digitalmente por internet, por un monto superior al medio millón de pesos; y, en contrapartida, la entrega de un contrato por más de un millón de pesos a la hermana de quien realizó el pago, Al día siguiente de la declaración presidencial, el dirigente nacional del PRI, en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, afirmó que Peña Nieto es “honesto”. Avaló la postura oficial: “A mí la explicación que se da, de que no es un departamento propiedad de la primera dama; segundo, no están interconectados; tercero, no lo usa”. Omite hacer referencia alguna al pago del impuesto predial y al contrato otorgado por la CNH a la hermana de Ricardo Pierdant.

Y, dos días después, Reforma dio a conocer que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI inició procesos contra tres gobernadores y un exmandatario estatal que podrían concluir con su expulsión de este partido.

Otra vez aparecen las contradicciones y las incoherencias: mientras en el caso de la familia presidencial basta el dicho de Peña Nieto para cerrar los ojos ante la realidad y avalar su honestidad, en el caso del exgobernador y los ejecutivos estatales en funciones basta una denuncia para iniciarles un proceso, que incluye recabar las pruebas que puedan aportar las instancias estatales, citarlos a declarar, y, posteriormente, que los siete miembros de la comisión resuelvan si existen o no elementos para sancionarlos.

Pero suponiendo que llegaran a suspenderles o cancelarles sus derechos como militantes priistas, dicha sanción sería mínima para los presuntos delitos que cometieron y la magnitud de la indignación ciudadana existente. La ciudadanía no exige que los cesen como militantes del PRI; lo que pide es que los encarcelen, como a cualquier delincuente común.

Si el PRI quiere verdaderamente encabezar una lucha contra la corrupción, lo que tiene que hacer es recurrir a todos sus militantes que hoy desempeñan funciones de autoridad en las instancias que pueden sancionar la corrupción de los servidores públicos. Eso involucra a todos los diputados federales y locales, que desde sus posiciones vigilan el funcionamiento de los órganos superiores de fiscalización; a la Procuraduría General de la República (PGR) y las procuradurías estatales, que pueden integrar las averiguaciones previas para sancionar los diversos delitos vinculados a la corrupción;

a los funcionarios de los órganos de control interno de los distintos ejecutivos, para que armen los expedientes que permitan imponer las sanciones económicas y administrativas que correspondan, y a los funcionarios del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que pueden dar seguimiento a las declaraciones fiscales y las operaciones financieras de los funcionarios públicos, entre otros.

Desde el gobierno federal, particularmente a través de la SHCP y el SAT, bien podrían auditar las declaraciones de impuestos y vigilar las operaciones financieras personales de los gobernadores, sus familiares y amigos más cercanos, para verificar que cumplen con todas las normas; desde la mayoría en la Cámara de Diputados pueden promover una auditoría al ejercicio de los recursos federales a través de los gobiernos estatales, particularmente en aquellas entidades que pronto cambiarán de gobernador y donde se presume el desvío de recursos, y, dado que la titular de la PGR es militante priista, él podría acelerar la integración de los expedientes correspondientes a las denuncias que ha presentado la Auditoría Superior de la Federación.

Para encabezar la lucha anticorrupción Ochoa Reza no puede sentarse a esperar que las instancias correspondientes cumplan con sus responsabilidades; debe detonar los procesos y vigilar que los cumplan a cabalidad y, en su caso, apliquen las sanciones correspondientes, incluyendo destituciones, inhabilitaciones y cárcel. Pero este proceso no admite distinciones de ningún tipo, y eso incluye al mismo presidente, pues la justicia selectiva es tan dañina como la impunidad absoluta.

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L

a campaña de discriminación, segregación y odio promovida por las iglesias evangélica y católica no puede tener cabida en un Estado que se asume laico y garante de los Derechos Humanos como lo es México, donde la Secretaría de Gobernación (dependencia encargada de regular estas prácticas) ha sido gravemente omisa ante la embestida enfilada contra la población LGBTI del país.

La convocatoria reciente hecha por ambas iglesias para movilizar a las personas y salir a las calles a fin de exigir que NO se reconozca en México el derecho de los homosexuales a formar legalmente una familia es un asunto que no pude tomarse a la ligera y debe activar inmediatamente todos los mecanismos de control del Gobierno Federal hacia los ministro de culto.

Y es que, para el pesar de muchos líderes religiosos que en pleno siglo XXI insisten imponer sus dogmas como reglas de vida generalizadas, el tema de los derechos igualitarios, y por consecuente del matrimonio igualitario, es un asunto que nada tiene que ver con las ceremonias ecle-

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EN LA MIRA Héctor Estrada

La nueva guerra religiosa contra los derechos igualitarios en México siásticas, la iglesia o la religión.

El matrimonio igualitario es menester exclusivo del Derecho, la Constitución Mexicana y los Derechos Humanos. Se trata fundamentalmente de esa garantía que todas y todos los mexicanos tenemos para ser tratados como iguales ante la ley, sin excepción alguna. Aquí no hay espacio para poner nada a consulta o a consideración.

Se trata de derechos esenciales.

El matrimonio igualitario no significa ninguna modificación o cambio al añejo matrimonio entre heterosexuales, busca únicamente el reconocimiento y la protección legal para las familias homo o lesboparentales (formadas entre dos personas del mismo sexo) que han existido desde siempre, pero que han sido segregadas, relegadas, satanizadas y obligadas a

esconderse a causa de creencias que nada tienen que ver con la realidad.

Por ley máxima ningún ministro de culto puede intervenir en asuntos exclusivos del Estado. En este sentido, los artículos 3º y 8º de la Ley de Asuntos Religiosos y Culto Público son muy claros. Ahí se establece abiertamente la obligación del Estado a ejercer su autoridad ante cualquier manifestación religiosa, individual o colectiva, que atente contra lo establecido en la Constitución.

El artículo octavo señala textualmente que “las asociaciones religiosas deberán sujetarse siempre a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, y respetar las instituciones del país; respetar en todo momento los cultos y doctrinas ajenos a su religión, así como fomentar el diálogo,

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la tolerancia y la convivencia entre las distintas religiones y credos con presencia en el país; pero sobre todo están obligadas a propiciar y asegurar el respeto integral de los derechos humanos de las personas”.

Por eso la convocatoria de las iglesias cristianas contra el matrimonio igualitario en México es inaceptable.

Porque no se trata de una manifestación religiosa a favor de sus derechos, sino en contra del derecho de otros.

Se trata de un movimiento religioso claramente en contra de los Derechos Humanos y, por lo tanto, en contra de lo que dicta nuestra Constitución como documento de garantías esenciales.

Urge que la Secretaría de Gobernación haga efectivas las leyes que regulan la intromisión del clero en asuntos constitucionales. No puede ni debe permitirse que los ministros religiosos encabecen campañas de odio y desigualdad en contra de ninguna minoría. Las iglesias tienen el derecho a que se respeten sus creencias dentro de sus cultos o templos, pero también tienen la obligación superior de respetar los derechos constitucionales del resto de la población, les guste o no.

EL CLERO POLÍTICO Y LOS POLÍTICOS

C

uando Benito Juárez expidió la ley del matrimonio civil el 23 de junio de 1859, refugiado en Veracruz mientras el amotinado Félix Zuloaga despachaba en Palacio Nacional, la nueva Constitución tenía ya casi dos años de haber entrado en vigor (16 de septiembre de 1857) pero era difícil alcanzar las libertades prometidas.

Una de esas libertades consistía en poder casarse sin someterse a los requisitos eclesiales ni a los costos inherentes. Al reconocer que “todos nacen libres” y que “los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales” (art. 1º.), el Estado estaba obligado a integrar el registro civil para hacer efectiva la libertad de casarse y para que los “actos de la autoridad civil surtan ya todos su efectos legales”. Para la ley, desde entonces, el matrimonio no es un acto religioso por más que tal sacramento se encuentre permitido como parte de las libertades que se proclaman.

A pesar de las dos guerras que desató contra la República, el clero dejó de ser autoridad sobre “los principales actos de la vida de los ciudadanos”. En consecuencia, el matrimonio legal no es un asunto suyo. No obstante, varios obispos convocan a manifestaciones el 10 y el 24 de septiembre próximos para oponerse al proyecto sobre el matrimonio de personas del mismo sexo y, consecuentemente, a las leyes locales ya en vigor sobre ese mismo tema.

Pablo Gómez Nadie exige que el clero católico o cualquier otro admita casar a parejas del mismo sexo. Ese es un asunto exclusivo de las corporaciones eclesiales. Pero si a partir de 1859 el matrimonio legal no es religioso (la separación, divorcio o anulación, en consecuencia, tampoco), sino exclusivamente civil, ¿cuál es el litigio?

Cuando Juárez emitió la ley del matrimonio, el alto clero reaccionario estaba pensando que iba a triunfar el motín militar que había alentado y que financiaba con recursos recaudados para “obras piadosas”. Para suerte del país, los obispos estaban equivocados. Pero, ¿qué ha pasado para suponer que más de un siglo y medio después los sucesores de aquellos jerarcas golpistas podrán imponer su designio sobre las leyes del país?

El problema principal no es el clero sino los políticos reaccionarios, los oportunistas, los electoreros, los pusilánimes. Los Zuloaga de hoy no son pocos ni menos poderosos, al parecer.

A pesar de que Peña envió la iniciativa sobre matrimonio de personas del mismo sexo, su partido no está de acuerdo porque tiene miedo a una repercusión electoral y teme romper lanzas con el Episcopado.

Aunque la reforma al código civil federal no tendría incidencia en la realización de matrimonios pues casi todos deben efectuarse conforme a los códigos locales, el PRI sabe que su voto a favor lo ubicaría, al menos en ese punto, en el campo de las corrientes que promueven mayores li-

bertades. Sería tildado de “defensor de homosexuales y lesbianas”.

No es que se busque negar la existencia de parejas del mismo sexo sino que se pretende que no se vean o que se vean mal, que se oculten, que carezcan de otros derechos, porque su presencia es considerada incómoda por parte de personas que sostienen principios éticos contrarios al pleno reconocimiento de las libertades.

Así como se decía, o se dice, que por decisión divina hay razas por lo que juntarlas es contrario a la voluntad de Dios, se sigue diciendo que hay dos sexos, etc. Por su lado, los reaccionarios liberales afirman que el llamado matrimonio gay es “antinatural”. Ya no hay un dios sino Natura. Es lo mismo, sin embargo.

Sí tenemos un problema del Estado laico pero no de un imposible gobierno eclesiástico. Antes, el clero era autoridad, tenía facultades legales para decidir y resolver sobre asuntos relacionados con las personas desde el nacimiento de éstas hasta su muerte. Eso no va a regresar por más reaccionarios que sean los arzobispos mexicanos y sus voceros. Lo de hoy es la pretendida validez de principios tendientes a negar las nuevas libertades, una de ellas es el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El Estado laico sufre en la medida en que es arrastrado a una moral que tiene su base en principios religiosos.

Cuando el país se atrevió a proclamar la separación del Estado y la Iglesia a partir de la Constitución de 1857 y

la ley del 4 de diciembre de 1860 se produjeron sendos acontecimientos: en el primer caso, “ninguna corporación civil o eclesiástica tendrá capacidad para adquirir bienes raíces” que no sean “destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución” (art. 27), que fue base para la desamortización y posterior nacionalización de los bienes eclesiásticos, es decir, eliminar el poder económico de la Iglesia; y, en el segundo caso, la ley que tutelaba la libertad religiosa y proclamaba que la “independencia entre el Estado por una parte, y las creencias y prácticas religiosas por la otra, es y será perfecta e inviolable” (art. 1º.), la cual se basaba en las libertades constitucionales y, en consecuencia, afirmaba la renuncia del Estado a postular creencias religiosas.

No se ha dicho que el matrimonio sea un derecho individual, sino que todos somos libres para contraerlo.

Sería ridículo que una sola persona exigiera ser casado. El derecho consiste en decidir sobre uno mismo y en convenir con otros y con otras. Si se proclama por ley que todos pueden asumir esa clase de decisiones en libertad, las parejas del mismo sexo tienen igual derecho que las de sexo distinto para convenir su unión formal y pública. Nadie puede ser discriminado con motivo de sus preferencias sexuales dice el artículo 1° de la Constitución vigente.

No es el clero sino el PRI el que tiene en sus manos el punto… por ahora.

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TURBULENCIA EN EU; EFECTOS EN MÉXICO Olga Pellicer

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espués de las Convenciones de los partidos Demócrata y Republicano en Estados Unidos la batalla electoral en aquel país entra a nuevas coordenadas.

Normalmente, se trata de un periodo muy volátil en que puede haber sorpresas todos los días.

Sin embargo, en esta ocasión hay una tendencia que parece definitiva: la caída en las encuestas de Donald Trump. En parte por sus expresiones verbales desagradables e incontenibles, agresiones sin sustento, incongruencias y mentiras; en parte por los escándalos asociados a los arreglos económicos de sus personeros más cercanos con sectores pro-rusos en Ucrania, así como declaraciones desafortunadas sobre asuntos muy sensibles, como el uso de armas nucleares. El peligro que todo ello representa para la seguridad de los Estados Unidos ha alejado del candidato a personalidades distinguidas del Partido Republicano, como McCain. Los medios de comunicación escrita más reconocidos, como el Washington Post o el New York Times, están en su contra.

En contrapartida, en el terreno demócrata Hillary Clinton avanza con firmeza; las encuestas la colocan más de 8 puntos por delante de su adversario. Aunque hay dudas sobre la simpatía real que levanta (según la opinión de muchos es poca), la opción de Trump es suficiente para ampliar la votación a su favor. Cuenta con el apoyo de minorías importantes, como la afroamericana y los hispanos y, en contraste con lo que ocurre con las filas republicanas, su partido está unido en torno a ella.

Ahora bien, independientemente de los resultados del 8 de

noviembre, el proceso electoral en los Estados Unidos está dejando lecciones sobre cambios en las circunstancias sociales, económicas y políticas en ese país que no se deben perder de vista. Dentro de esos cambios se encuentran algunos que afectan directamente a México.

El primero es el grado de perturbación que provoca dentro de diversos sectores de la sociedad estadunidense la presencia de inmigrantes mexicanos, los cuales están cambiando la demografía del país, dejando como minoría a los grupos dominantes tradicionales: blancos, anglosajones y protestantes. Trump ha encabezado los ataques en su contra mediante una retórica llena de agresividad, calumnias y amenazas. Reaccionar ante semejante hostilidad ha sido imprescindible para el gobierno mexicano; sin embargo, la confusión al hacerlo es grande, las medidas adoptadas muy polémicas y titubeantes, las contradicciones muy evidentes.

Empecemos por la necesidad de diferenciar a la población de origen mexicano que habita en los Estados Unidos. De una parte, hay casi 30 millones de mexicanos que se encuentran en situación legal, tienen permisos de trabajo y la posibilidad de adquirir la ciudadanía: son mexicano-americanos. La agresividad de Trump ha tenido el efecto de cohesionarlos sentando las bases para su organización y movilización política. En esas circunstancias, el gobierno mexicano ha promovido la idea de alentar su organización para que se conviertan en grupo de presión política capaz de adquirir la importancia que tienen otros grupos, como los judíos, conocidos por lo exitoso de su cabildeo en el Congreso.

Semejante propósito es una ta-

rea de largo plazo que requiere muy buen conocimiento de las formas de operar del Congreso, de buenos abogados, de medios financieros y un fuerte sentimiento de identidad en torno a causas comunes. Los mexicano-americanos no tienen esas características. Han demostrado tener capacidad de organización y espíritu combativo para lograr objetivos locales; allí está Cesar Chávez para probarlo. Pero ni se trata de movimientos que organice el embajador mexicano, ni se busca cabildear en el Congreso. Favorecer su participación política es sin duda positivo. Pero el objetivo real no puede ir mucho más allá de adquirir la ciudadanía y ejercer el voto en contra de Trump.

Otro problema, de orden muy distinto, es el de los 6 millones de trabajadores indocumentados. Para ellos el riesgo y la vulnerabilidad son muy grandes. La propuesta de Trump de construir un muro es simplemente descabellada; además es poco probable que llegue a la presidencia. Lo inquietante son los cientos de miles de seguidores que mantendrán su hostilidad y el hecho de que la herencia demócrata en materia de migración no es positiva. Dos millones de deportaciones durante la administración de Obama es una cifra muy alta.

Retomar el proyecto de reforma migratoria integral que intentó sin éxito sólo sería posible si los demócratas recuperan el control del Senado y la Cámara de Representantes. Lo primero es posible; lo segundo, muy improbable.

El segundo gran tema de preocupación que han colocado sobre la mesa las elecciones en Estados Unidos es la nueva manera de aproximarse a la libertad de comercio. El TLCAN ha sido, junto al TPP, motivo de grandes reclamos

por el daño, según las percepciones que se han impuesto, que provoca en materia de desempleo y/o mantenimiento de salarios bajos.

Son muchos los argumentos que pueden adelantarse en contra de semejantes visiones. Sin embargo, es un tema en que coincidían Bernie Sanders y Trump y al que Hillary se ha unido declarando su oposición al TPP. Sería un error creer que todo cambiará si llega a la presidencia.

Lo cierto es que en el mundo de las nuevas tecnologías el libre comercio ha perdido atractivo. Son otras las metas que se deben fijar para asegurar la vitalidad de la economía estadunidense en la era de la cuarta revolución industrial. El entusiasmo de los dirigentes mexicanos con el libre comercio y la globalización tendrá que moderarse y readaptarse.

Ante las dificultades que se avecinan, el descuido de la relación con Estados Unidos por parte de las élites políticas mexicanas tiene graves consecuencias. No existe en los círculos gubernamentales ni la masa crítica, ni la organización interna, ni la costumbre de pensar en la agenda para dialogar con quien ocupe la Casa Blanca. Lo que está ocurriendo presenta retos serios para los líderes mexicanos poco acostumbrados a visualizarse en un mundo en transición.

Queda para la sociedad civil, los académicos, los grupos de pensamiento el debatir sobre las líneas a seguir en la relación con nuestro socio más importante, así como asimilar los efectos que los cambios que están ocurriendo tienen sobre los proyectos internos de desarrollo. Lo siguiente sería cohesionar los resultados de ese debate para convertirlo en exigencia sólidamente fundada a las élites políticas. ¿Es posible?

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Lunes 29 de Agosto de 2016 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

FORTUNAS TRANSPARENTES John M. Ackerman

¿

A cuánto ascienden las fortunas de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón y Vicente Fox? ¿Cuál es el salario de Carlos Loret de Mola y Denise Maerker? ¿Cuánto gana Carlos X. González? ¿Carlos Slim y Emilio Azcárraga pagan impuestos? ¿Quiénes pagan el predial para las residencias de las familias de Arturo Montiel, José Murat y Miguel Ángel Yunes en el extranjero?

Son algunas de las preguntas que encontrarían respuesta si hubiera un verdadero compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en el país. Toda la información con la que hoy contamos sobre la gran corrupción y los conflictos de intereses que están destruyendo la nación la tenemos gracias a las investigaciones de la prensa nacional e internacional.

Frente a la indolencia de las autoridades y la complicidad de una gran parte de la sociedad civil organizada, The Guardian, Aristegui Noticias, Proceso, La Jornada, The New York Times y Le Monde, entre otros, se han convertido en los únicos actores que trabajan a favor de una verdadera rendición de cuentas.

Las costosas instituciones gubernamentales creadas durante las últimas décadas para supuestamente garantizar la honestidad de la vida pública no han servido para combatir la corrupción o generar un país más justo o democrático. El nuevo “Sistema Nacional Anticorrupción” terminará, sin duda, perdido en el mismo pantano burocrático y simulador. Y la exclusión del sector privado de las obligaciones de la Ley 3de3 garantizará total impunidad para los empresarios monopólicos y sus amigos gubernamentales. Mientras, el SAT continúa en franca rebeldía en contra

de una serie de 33 resoluciones del INAI que obligan al gobierno federal a dar a conocer los montos precisos de las millonarias condonaciones de créditos fiscales otorgados a las grandes empresas monopólicas. ¿Cómo reaccionaría la población mexicana si conociéramos el verdadero nivel de riqueza y de corrupción de nuestra clase política y empresarial? ¿Qué pasaría si de repente tuviéramos acceso a la información completa sobre todas las cuentas en paraísos fiscales y los departamentos de lujo en Miami, San Diego, Texas, Nueva York, Suiza y París?

Los medios mercenarios y los partidos del “Pacto por México” acusan a Andrés Manuel López Obrador de mentir en su declaración fiscal y de bienes porque para ellos la política no es más que un negocio. No entienden y les saca de quicio la humildad del tabasqueño porque pone en cuestión todo su esquema existencial basado en la acumulación, el individualismo, el agandalle y el robo. Saben que hay mil maneras para triangular fondos, ingresos y propiedades para evitar cualquier responsabilidad política o fiscal. Los escándalos de Monex y los PanamaPapers son apenas la punta del iceberg. El león cree que todos son de su condición.

“Un político pobre es un pobre político”, decía Carlos Hank González, fundador de la mafia del Grupo Atlacomulco que hoy nos malgobierna. Esta lógica no solamente avala la corrupción sino que también es profundamente clasista. Lo que importa es el dinero, no el servicio. Lo que distingue al ser humano son sus joyas y sus cirugías plásticas, no sus ideas o sus valores. Lo valioso son las redes de contactos, no la lectura o el estudio.

La meritocracia y la movilidad social cada día se vuelven más escasas en el México neoliberal. Para que el hijo de un obrero o de un profesor llegue a tener un éxito profesional necesita forzosamente de un padrino con poder económico o influencia política. Poco a poco la cultura de la indolencia oligárquica va desplazando al profundo espíritu de esfuerzo, lucha y dedicación que siempre ha caracterizado al pueblo mexicano.

Ahora que los oligarcas amenazan de nuevo con reprimir a los maestros debemos reflexionar muy seriamente sobre lo que representan las dos partes en esta disputa. Por un lado, tenemos maestros humildes y cultos que ejercen una profesión sumamente noble para la cual se han preparado con años de estudio y práctica. Los docentes defienden sus fuentes de trabajo y proponen la implementación de un enfoque crítico hacia la educación de las nuevas generaciones. Por otro lado, tenemos un puñado de oligarcas que han llegado a sus posiciones por medio de palancas y compadrazgos y que heredan sus riquezas de generación en generación sin necesidad de demostrar mérito humano o intelectual alguno.

Fuera máscaras. Es hora de que los oligarcas y los jefes de las mafias políticas nos informen sobre todo lo que han robado del pueblo mexicano.

Habría que exigirles que también devuelvan todo el dinero mal habido para que se pueda invertir en la construcción de escuelas y hospitales dignos al servicio de los más humildes. Pero los de arriba solamente rendirán cuentas si logramos construir suficiente fuerza desde abajo que los obligue a hacerlo. De eso precisamente se trata la lucha política y social. Lo demás es mera simulación.

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EPISTOLARIO Armando Rojas Arévalo

Ni cómo defenderlo

F

ERNANDA: Hay situaciones indefendibles. Si bien cierto, como dice el spot presidencial, que las cosas buenas no interesan pero son muy importantes, la balanza se inclina más por la otra parte, la de las cosas malas.

A veces digo “pobre Presidente” y digo “voy a echarle una manita”, y al rato, como dice la rana René, se me pasa.

El desempeño de PEÑA NIETO lo desaprueba más del 70 por ciento de los mexicanos. En el caso de los derechos humanos hasta los organismos internacionales -Freedom House, Human Rights Watch y Amnistía Internacionallo reprueban. La corrupción y la impunidad siguen carcomiendo las estructuras sociales, aunque las leyes recientemente aprobadas ofrecen destellos de solución, pero hasta el momento nada. La violencia, incontenible. Las desapariciones forzadas siguen siendo un baldón para el gobierno.

Nada menos, hoy, el diario Sin Embargo publica que más de 100 organizaciones, movimientos y redes de la sociedad civil entregaron a la ONU, un reporte con más de 60 casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por las empresas en México (41 nacionales, 50 extranjeras y ocho públicas) En más de la mitad de los casos hubo algún tipo de intimidación o ataque contra defensores de derechos humanos y las violaciones más recurrentes fueron contra el derecho a la tierra y territorio; el derecho al acceso a la información; a un medio ambiente sano; impactos negativos a la salud, y falta de cumplimiento de los derechos indígenas..

El reporte “México: Empresas y Derechos Humanos” denuncia

la crisis de derechos humanos que vive el país, así como el peligro para quienes protegen los derechos humanos y la tierra y el territorio CUANDO ME ASALTA el espíritu nacionalista y presidencialista, me dan ganas de poner mi granito de arena en la defensa de PEÑA NIETO y su gobierno, pero ni cómo ayudarle. Pero él, en primer lugar no pide ayuda porque cree no necesitarla; en segundo, el halo de la soberbia lo envuelve totalmente, y tercer lugar no le interesa lo que la sociedad diga.

Si le interesara, y si quisiera ser congruente con su afirmación de que no apoya ni tolerará a gobernadores depredadores, hubiera mandado a su casa a GRACO RAMÍREZ, después de la marcha de cien mil morelenses pidiendo su renuncia o destitución. No escuchó el grito airado o lo escuchó mal, tal vez creyó que los 100 mil morelenses pedían que GRACO continúe en el gobierno y mandó al Auditor Superior de la Federación a torcerle el cuello al rector de la Universidad Autónoma de Morelos, por haberse atrevido a encabezar la megamarcha. Hoy, ensoberbecido y con gran descaro, sintiéndose apoyado por la cúpula del poder, GRACO dijo que no lo van a doblar.

A JAVIER DUARTE (Veracruz), BORGE (Quintana Roo) y DUARTE JÁQUEZ (Chihuahua) los ha amenazado con el petate del muerto, de que el PRI los va a expulsar como si con ello quedara lavada la infamia. ¿Qué, qué ganan los mexicanos que el PRI los saque de sus filas?

Bueno, hasta a ALFREDO CASTILLO lo ratificó al frente de la CONADE, a pesar del clamor.

Todos sabemos que el fracaso de

los atletas mexicanos en Río, fue por el complot de las federaciones en contra de CASTILLO, pero también el fracaso fue en parte por él.

LOS MAESTROS DE LA CNTE que se burlan de él y sus colaboradores que amenazan con mandarles la policía para acabar con el abuso de tener a los niños sin clases, secuestrar camiones, cerrar escuelas y bloquear carreteras, están impunes pese al clamor popular.

AHORA VUELVE A aumentar el precio de la gasolina. Nuevamente la gente pregunta ¿y la reforma energética? ¿No que iba a bajar el precio de los combustibles? Desde el próximo jueves, el precio de la gasolina volverá a aumentar. Dos centavos, pero ante el volumen que se consume el incremento se hace considerable. Cómo explicarle a la sociedad que el nuevo precio de la Magna y la Premiun es importantísimo para la economía y que a PEÑA NIETO le duele haberlo autorizado. Cómo decirle a la gente que el aumento es por el bien del país.

Y si remotamente lo fuera, quién va a creérselo.

A PEÑA NIETO no le interesa lo que la gente diga. Ante los hechos brevemente narrados en líneas anteriores, lo más recomendable es no hacer más ruido para que el Presidente no premie a la impunidad.

POR ESO, EL DENIGRANTE SHOW POLÍTICO QUE se traen LOS YÁÑEZ (ROBERTO y JULIO), dueños de la franquicia del PSD en Morelos, y CUAUHTÉMOC BLANCO, alcalde de Cuernavaca, no me extraña ni me provoca estupor. Eso es el fiel reflejo de la política mexicana.

Representa el miserable nivel que

tenemos.

LOS YAÑEZ dieron –presuntamente- al futbolista la cantidad de 7 millones de pesos para que aceptara ser candidato a la alcaldía de Cuernavaca por el PSD. Claro, para llenar el requisito de los votos y conservar el registro de su partido.

ROBERTO YÁÑEZ MORENO, a quien BLANCO corrió como secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, reconoció que entre él y el futbolista hubo en 2014 un contrato de por medio, con el fin de que representara al PSD en las urnas a la Presidencia Municipal de Cuernavaca. BLANCO, a través de su mánager, pidió también un departamento de lujo y camionetas último modelo.

Con desparpajo y cinismo, ROBERTO afirmó que la idea de contratar a CUAUHTÉMOC BLANCO, era “fichar” –como se dice en el argot futbolero- a un personaje que permitiera vencer a los partidos políticos tradicionales en la elección. CUAUHTÉMOC ganó y hasta dijo “me los chingué”, refiriéndose a sus adversarios.

HOY, el INE, dice que eso es “grave e irregular”, y promete investigar, aunque, claro, advierte, es necesario que un partido lo denuncie. Seeee.

A AMBAS PARTES, a los YAÑEZ y a CUAUHTÉMOC deberían aplicarles la ley. Sin embargo, sospechamos el resultado. A BLANCO lo utilizará GRACO contra sus enemigos que son el papá y los hermanos YAÑEZ, y de paso alentará al futbolista para que sea candidato al gobierno del Estado, sólo por joder a sus amigos del PAN y a sus protectores del PRI. Como el alacrán, así es la naturaleza del tabasqueño.

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HOJAS LIBRES Impacto/Diario Contrapoder Roberto Domínguez Cortés

• Las penurias de la administración de justicia en Chiapas • Violentar la Constitución desde el Poder Judicial y el Congreso

D

urante la funesta gubernatura de Juan Sabines Guerrero, todo se prostituyó en Chiapas. La política, la administración pública, la procuración y administración de justicia; la obra pública, el uso patrimonialista, indiscriminado, de los recursos públicos, que generaron una deuda de 40 mil millones de pesos, y, desde luego, la represión a críticos y opositores con intentos de homicidio.

En su infinita ignorancia, Sabines el drogadicto quiso pasar como promotor de la juventud. Propuso una reforma constitucional para que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, al asumir el cargo, tuvieran 25 años de edad y cinco años con título y cédula profesional de licenciado en derecho.

Los requisitos para la designación del procurador corrieron similar suerte (25 años de edad y cinco años con título y cédula profesional).

En su intolerancia y autoritarismo, todo parecía permisible, pero olvidaba que las instituciones se rigen por leyes, en un marco constitucional. Su aberrante propuesta no era posible. La Constitución de la República establece, para ser magistrado, entre otros requisitos, tener 35 años de edad, 10 años con título y cédula profesional, y, desde luego, buena reputación.

Además, ni cuenta se dio de que a los 25 años, para ocupar el cargo de magistrado y tener cinco años con título y cédula profesional, se requería concluir la licenciatura en derecho a los 19 años. No lo entendió porque durante su paso por la Universidad Iberoamericana terminó la carrera en Ciencias Políticas en 10 años y reprobó dos veces derecho constitucional.

Lo malo fue que, en su obstinación, estaba decidido a violentar la ley. Dentro de un inútil Tribunal Constitucional, en 2007 nombró magistrado a Mario Antonio Ruiz Coutiño con apenas 34 años de edad y tres años con cédula profesional. Cuando le hicieron saber esta circunstancia se limitó a ver la

propuesta y espetó: “Entonces para qué chingados soy el gobernador.

Aprueben el nombramiento”, ordenó a los sumisos diputados.

La hazaña sabinista se acaba de repetir con la designación del ex presidente municipal de La Concordia, Chiapas, José Octavio García Macías, como consejero del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia.

La Constitución Política estatal mandata, entre otros requisitos, para ser consejero, “no ser secretario de Estado, procurador general de Justicia, senador, diputado federal, diputado local, presidente municipal, a menos que se haya separado del cargo un año antes de su nombramiento”.

García Macías fue presidente municipal del 1 de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2015. Ello quiere decir que, constitucionalmente, podía ser designado consejero hasta el 1 de octubre de 2016.

Lo trágico fue que el Congreso del estado lo nombró el 24 de agosto pasado, con el agravante de que esa consejería todavía no estaba vacante, ya que el consejero Alberto Cal y Mayor estaba en funciones hasta el 25 del mismo agosto.

El ahora consejero está obligado a dejar, inmediatamente, el cargo.

Resulta inelegible y su posición es insostenible. Y, aún más, junto con el diputado Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del estado, y los diputados que aprobaron su nombramiento, son, ya, sujetos de juicio político, en términos del artículo 79, por violaciones graves a la Constitución del estado.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rutilio Escandón Cadenas, como res-

ponsable del orden constitucional y de la administración de justicia, tiene la ineludible obligación de hacer notar esta circunstancia al “Honorable” Congreso del estado.

O, bien, pedir, directamente, la renuncia al sedicente consejero Octavio García Macías, so pena de incurrir en responsabilidad política.

Sería lamentable que cualquier ciudadano, por encima del Poder Judicial y del Congreso del estado, llenara el vacío de dos poderes al hacer uso de la facultad que le confiere el artículo 80 del Código Político local: “Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante el Congreso del estado por violaciones a la Constitución”.

Sin embargo, más allá de la inelegibilidad del consejero García Macías, su conducta moral personal lo inhabilita para el cargo, según establece el artículo 68 de la misma Constitución local: “Los consejeros de la Judicatura deberán ser personas que se hayan distinguido por su capacidad, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de su profesión…”.

Esos atributos no convergen en el consejero, cuya carta de presentación es una violación flagrante a la ley fundamental del estado, además de encontrarse bajo sospecha de lavado de dinero y de severos desvíos al erario municipal de La Concordia. Con esos severos pasivos está imposibilitado, de origen, para el ejercicio de la Judicatura.

La personalidad del ahora consejero García Macías quedó definida en un incidente menor de tránsito con la Policía Federal, consultable en https://www.youtube. com/watch?v=CwXYbW38QNg

Esta es la transcripción de la conversación, si así se le puede llamar a la prepotencia del “servidor público” cuando cursaba como presidente municipal: Policía.- ¿Cuál es su nombre?

Presidente.- ¿Cuál es el suyo?, pregunta el entonces edil de La Concordia.

Policía.- Subinspector Manuel Yáñez Gutiérrez, de la Policía Federal de San Cristóbal de Las Casas. Lo molesto, por favor, con su identificación, solicitó, con comedimiento, el jefe policiaco.

Presidente.- No me voy a identificar; infraccióname, contesta en tono amenazante.

Policía.- Lo molesto, por favor, con una identificación señor, insiste la autoridad federal.

Presidente.- Me estás tratando como si fuera un bandido, compa, contesta, de manera insolente, García Macías.

Policía.- Está hablando con una autoridad federal.

Presidente.- También yo soy autoridad federal, revira el alcalde, en abierta usurpación de funciones públicas. Un presidente municipal no es y no debe conducirse como autoridad federal.

Policía.- Acredítese por favor.

Presidente.- También yo soy autoridad federal, vuelve a usurpar al sacar una identificación, pero sin enseñársela al policía federal.

Policía.- Acredítese Presidente.- Acá la tengo ya.

Policía.- Permítamela; no se puede retirar.

Presidente.- ¿Y, pues, qué vas a hacer? Ya detenme, pues, cabrón, le salió lo patán al ahora consejero del Poder Judicial en Chiapas.

Policía.- Permítame su identificación.

Presidente.- ¡Oh que la chingada! ¡Hazle como quieras! ¡Chíngale!, le vuelve a salir lo patán. ¡Ya jálate! (le ordena a su chofer). ¡Váyame a agarrar! Y sale en estampida el consejero, desprovisto de todos los atributos para ocupar tamaña responsabilidad.

Y todo con la lamentable complicidad de los diputados del Congreso del estado. Ampliaremos…

CMAN

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INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Lunes 29 de Agosto de 2016 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 3 | No. 888

AFECTACIONES

PREVENCIÓN

Aún vienen ‘los picos’ más intensos de las lluvias, advierte PC

Cierran 230 comercios por plantón del CNTE en la capital del estado

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PROCESO

Exfuncionarios detenidos por peculado fueron “expuestos mediáticamente”: defensa

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INFORME

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BAJA

Casi 40% de trabajadores chiapanecos gana menos de un salario mínimo

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Nuevos cambios del INEE a la evaluación son un mínimo avance Luego de que el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) anunciara modificaciones en la aplicación de los exámenes, José Luis Escobar Pérez, vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas, dijo que ello significa un avance ‘ligero’ en su lucha, porque no se pueden aplicar evaluaciones estandarizadas para los maestros, pero el eje principal del magisterio aún no se cumple: la abrogación de la Reforma Educativa.

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PAG. 5

Indígenas tildan de inútil a Roberto Serrano, delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblo Indígenas