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DOXA
EDITORIAL
La disputa por el PRI en Chiapas
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En días pasados circuló una carta firmada por varios expresidentes del PRI, en la que demandaban a Enrique Ochoa Reza, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, la renovación de la dirigencia en Chiapas.
Los tiempos políticos fueron apropiados anticipadamente por el 2018. Faltan dos años para el cambio pero el futurismo se impuso sobre la realidad. Lo peligroso es que Chiapas vive una crisis social y fiinanciera y el gobierno cerró las ventanillas de atención antes de tiempo.
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Miércoles 5 de Octubre de 2016 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 3 | No. 916
ANÁLISIS
DENUNCIA
Alerta Coneval por tijerazo a programas para los más pobres
El proyecto presupuestario establece recortes severos a programas que inciden en las poblaciones indígenas, los beneficiarios del Seguro Popular, los pequeños agricultores y ganaderos o los jornaleros agrícolas. En otras palabras: a los más pobres en general
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PROTESTA
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Excandidato implicado en fraude y esposa de Rubén Moreira, entre los nuevos integrantes del CEN del PRI PAG. 7
Diputados de la comisión Nochixtlán reclaman justicia para víctimas PAG. 8 HOY ESCRIBEN
MUERA EL MAL GOBIERNO Héctor Tajonar
EPISTOLARIO
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Armando Rojas Arévalo PAG. 14
COMUNICADO
Cesa la SEP a 28 maestros de la CDMX
Anticipan nueva condena de la CoIDH al gobierno de Peña por caso Atenco
JAVIER CORRAL Y SU NUEVA BATALLA: DE LA TELECRACIA A LA CLEPTOCRACIA Jenaro Villamil
PUNTO Y COMA;
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Roger Laid
PAG. 12
PÚBLICO Y PRIVADO Édgar Hernández Ramírez
EN LA MIRA
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Héctor Estrada PAG. 9
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EDITORIAL La disputa por el PRI en Chiapas
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n días pasados circuló una carta firmada por varios expresidentes del PRI, en la que demandaban a Enrique Ochoa Reza, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, la renovación de la dirigencia en Chiapas. Esa carta, firmada por una mayoría de empleados del gobernador del Estado, hizo evidente el distanciamiento encubierto que existe entre Manuel Velasco Coello y Roberto Albores Gleason. El gobernador ha sido muy cuidadoso de no pelearse en público con nadie, pero resulta más que obvio, que no ve con buenos ojos el proyecto que encabeza Albores Gleason y mandó la señal, a través de un grupo de colaboradores, que la renovación de la dirigencia del PRI estatal ya no puede postergarse. La respuesta del Presidente Nacional del PRI fue la incorporación de Albores a una cartera del Comité Ejecutivo Nacional, lo que deja abierta las posibilidades para una nueva dirigencia en Chiapas. El PRI está herido de muerte en la entidad. Su única posibilidad de sobrevivencia, es que ese partido se vuelva crítico del gobierno y cuestiones abiertamente los desaciertos y la corrupción del gobierno de Velasco Coello. Y eso difícilmente va a suceder, pues en ese partido no existen las voces críticas, aunque César Augusto Santiago, con el oportunismo que le ha caracterizado,
inició ya una andanada de críticas al gobernador, que aunque certeras, no dejan de generar suspicacias, porque Augusto Santiago es un hombre del sistema, que sabe sacar provecho en las circunstancias más difíciles. Son muchos los que quieren sustituir a Albores Gleason. Uno, que desesperadamente lo busca, es Roberto Castellanos Domínguez, actual Secretario de Educación en la entidad, que por sus torpezas y protagonismos cayó de la gracia del gobernador Velasco Coello. El desliz de Castellanos Domínguez, puso en riesgo el levantamiento del paro que tenían los maestros en Chiapas y con ello fracturó considerablemente la reforma más importante impulsada por el presidente Peña Nieto y puso en graves aprietos al gobernador de la entidad. Con una irresponsabilidad extrema, que muestra el verdadero tamaño de pitufo de Roberto Domínguez, el 7 de septiembre hizo público el acuerdo ilegal al que habían llegado la CNTE Chiapas y los funcionarios de la secretaría de gobernación; el día 8, televisa difunde la entrevista con Domínguez Castellanos en la que cuenta a detalle los acuerdos y anuncia el levantamiento del paro. Sólo que ese día Aurelio Nuño, secretario de educación del gobierno federal, se encontraba en el programa de Carlos Loret de Mola, quien al escuchar lo que dijo el secretario de educación de Chiapas, lo desmintió y categóricamente afirmó
que era falso que existiera tal acuerdo. Domínguez Castellanos nunca entendió y sigue sin entender, que puso en riesgo la reforma educativa, pues hizo público un acuerdo ilegal, en la que procede la destitución de todos los funcionarios que participaron en esa negociación, en virtud de que la constitución no puede negociarse y menos el artículo 3º de la misma. Ese día el gobernador iniciaba una gira cuando recibió una llamada, que lo desencajó, en la que le reclamaban el comportamiento y la irresponsabilidad de su funcionario. Al colgar, instruyó que lo comunicaran con Roberto Domínguez, la comunicación con su subordinado no pudo ser más desagradable, pues a gritos y a mentadas de madres el gobernador increpó al secretario de educación su estupidez, quien a la fecha continúa congelado y distante al círculo cercano del gobierno. Por eso Roberto Domínguez busca desesperadamente una salida hacia el PRI, en virtud que entiende que realmente dejó de ser secretario y que nada más se encuentra en la espera a que el cambio se de en cualquier momento. El PRI vive una disputa, en la que existe un interés gubernamental por controlarlo, sobre todo por lo que se viene en el 2018, en la que se busca un incondicional de Velasco Coello, pero también cerrarle las puertas al proyecto de Albores Gleason.
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Más de 150,000 niños trabajan en Chiapas: GOBIERNO De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)
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a Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno del estado reveló que poco más de 150,000 niños chiapanecos se mantienen ocupados laboralmente, lo que aproximadamente equivale al 10 por ciento de la población infantil. Así lo dio a conocer la dependencia estatal a través de la publicación del informe “Chiapas. Estadísticas de Trabajo Infantil 2011-20132015”, de Septiembre de 2015 en el marco del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG). Cabe destacar que con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que levanta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su Módulo de Trabajo Infantil (MTI), al cuarto trimestre de los años 2011, 2013 y 2015, se presentan las estimaciones de las cifras del trabajo de la población entre 5 y 17 años de Chiapas, que para efectos del informe se ha considerado como trabajo infantil. La Secretaría de Planeación del estado informó que las cifras se obtuvieron de los microdatos de dicha encuesta y para cada temática abordada en el documento se muestran
De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
Con el objetivo de emprender la mejor ruta rumbo al proceso electoral del 2018 en Chiapas, la Dirección de Asociaciones Políticas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, organizó a petición de los partidos políticos acreditados ante este órgano electoral, la mesa de trabajo “Igualdad y paridad de género; los nuevos paradigmas jurisdiccionales”. La expositora y coordinadora de la mesa de trabajo fue Roselia Bustillo Marín, Maestra en Derechos Humanos con Mención Honorífica por la Universidad Iberoamericana; quien explicó los conceptos del principio de paridad sustentados en la repartición del poder basado en la profundización de una democracia con calidad ciudadana. La también profesora-investigadora del Centro de Capacitación Judicial del TEPJF, explicó la jurisprudencia de la paridad de género, que debe ser observada en la postulación de candidaturas para la integración de órganos de representación popu-
Así lo dio a conocer la dependencia estatal a través de la publicación del informe “Chiapas. Estadísticas de Trabajo Infantil 2011-2013-2015”, de Septiembre de 2015 en el marco del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG)
gráficas y tablas de los principales resultados obtenidos. Los microdatos del MTI 2015, publicados en septiembre de 2016, están ajustados a las proyecciones demográficas que el Consejo Nacional de Población (CONAPO), actualizó el 16 de abril de 2013, con base en los resultados del Censo de
Población y Vivienda 2010. “Este proyecto representa un aporte importante al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, al ofrecer información sobre los niños entre 5 y 17 años de edad, pues son el centro de preocupación del sector público nacional y de organismos
de la sociedad civil, así como de organizaciones internacionales, como son el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, señaló la dependencia estatal. En este sentido, señaló que En Chiapas al 2015, trabajaban 158,766 niños de entre 5 y 17 años de edad, que representan el 10.4 por ciento del total de este grupo de edad, es decir, 1 de cada 10 niños, trabaja. Al segmentar la población infantil que trabaja se obtiene que para el año 2015, 5,403 (3.4 por ciento) trabajaban en una ocupación permitida, mientras que 54,132 (34.1 por ciento) trabajaban en una ocupación no permitida bajo la edad mínima y 99,231 (62.5 por ciento) niños trabajaban en una ocupación no permitida por peligrosa. La Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno del estado indicó que en relación a los años anteriores se redujo 3.59 por ciento respecto al año 2013 y 17.10 por ciento respecto al año 2011 la población infantil que trabaja.
Mesa de trabajo sobre igualdad de género y paridad en el IEPC lar federales, estatales y municipales; garantizando el registro de candidaturas paritarias de manera vertical y horizontal. “El trabajo de los partidos políticos es representar a la ciudadanía y si no hay mujeres en sus filas o candidaturas no lo está haciendo, ellos deben darle todas las condiciones a hombres y mujeres para que puedan llevar el cargo; la paridad no se trata de números y de la cuota de género, se trata de dar condiciones iguales de participación política”. Asimismo señaló que la paridad siempre ha estado presente en nuestra constitución política, pues en el artículo cuarto se habla de igualdad entre hombres y mujeres, pero que fue hasta la reforma electoral del 2014 que en el artículo 41, la paridad se convierte en un principio democrático constitucional. Es por ello que nadie puede estar por encima de este principio y que si
bien es cierto, los pueblos indígenas pueden elegir a sus gobernantes bajo sus sistemas normativos (usos y costumbres), no pueden bajo ninguna circunstancia vulnerar la igualdad de género, por lo que Bustillo Marín
puntualizó que “la paridad llegó para quedarse”. En las mesas de trabajo participaron consejeros electorales, representantes de partidos políticos y agremiados.
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Maestros Dejan Sin Clases a Alumnos del Cebech “Teodomiro Palacios” Marvin Bautista Tapachula, Chis. (interMEDIOS)
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aestros dejan sin clases a alumnos del nivel primaria y secundaria del Cebech número 2 “Teodomiro Palacios”, presuntamente por estar inconformes con las autoridades educativas tras el nombramiento de la nueva directora de la institución, por lo que sin razón alguna no se presentaron a las aulas. La Directora de la escuela, Rosa Herminia Wong Villareal dio a conocer que pese a que el movimiento magisterial concluyó, 18 maestros de ambos niveles toman como excusa su nombramiento para ausentarse de las aulas y afectar aun más en la educación y aprendizaje de los niños. Dijo que son más de 500 alumnos los que este martes se quedaron sin clases, aún cuando los mismos maestros se habían comprometido con los padres de familia a redoblar esfuerzos en la recuperación del aprendizaje educativo de los niños, ya que las afectaciones fueron fuertes tras el largo paro magisterial vivido el estado. Señaló que los maestros faltistas
De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)
Sin duda, los juicios orales son parte de un cambio muy importante en la forma de impartir justicia en materia penal, sin embargo, las nuevas modificaciones están presentando ventajas y desventajas, explicó el abogado y especialista en la materia, Cesar Iván Ochoa Cruz. Los beneficios más notorios se encuentran en la forma rápida, pronta y expedita de la impartición de justicia, mientras que las desventajas pueden reflejarse en la falta de capacitación en gran parte de los actores encargados de la justicia en Chiapas. Mencionó que esto impacta directamente en la generación de impunidad en algunos casos. Agregó que la falta de capacitación se nota claramente en jueces, operadores del sistema, de auxiliares de sala, entre otros, que en su conjunto generan incertidumbre. “El sistema va modificándose y sí hay cambios muy importantes que se van generando en la impartición de justicia, pero como todos los nuevos cambios, tienden a ser paso a paso, y estamos en vías de poder lograrlo, es decir, no se ha generado el cambio de manera uniforme”, dijo. En este sentido, habló de los distritos judiciales, ya que gran parte de ellos presentan rezagos que no les
Señaló que los maestros faltistas sin justificación avisaron a los alumnos que no habría clases pese a que de manera oficial no hay suspensión de laborales, de lo cual tampoco las autoridades de la escuela tenían conocimiento
sin justificación avisaron a los alumnos que no habría clases pese a que de manera oficial no hay suspensión de laborales, de lo cual tampoco las
autoridades de la escuela tenían conocimiento. Detalló que algunos padres al no estar de acuerdo con esta problemá-
tica enviaron a sus hijos, a la escuela, por lo que los directivos los recibieron y buscaron la manera como atenderlos para que sus educación no se viera afectada, pero se teme que el asunto continúe si las autoridades no actúen de manera pronta. Cabe hacer mención que algunos padres acudieron a la escuela a saber el porque se había suspendido las clases y al conocer que no había nada oficial, se molestaron y exigieron a los docentes a que no continúen con la perdida de clases y que si no quieren trabajar que se envíen otros maestros, porque no permitirán que la educación siga afectándose, ahora por caprichos de unos cuantos. Finalmente hizo hincapié que la dirección reportó ante las autoridades educativas la ausencia de los 18 maestros para que apliquen las sanciones correspondientes porque la educación de los niños no debe ser negociable con intereses personales o políticos. (iM rrc)
Urgente la capacitación en materia de juicios orales: Especialista permiten ser espacios idóneos para la ejecución de los juicios orales, por lo que los casos tienen que ser trasladados a las cabeceras regionales para seguir su paso, hecho que no abona al avance, sino a un retroceso en alguno de los casos, ya que muchas personas están prefiriendo dejar su situación al “aire” debido a la lejanía de los juzgados. “Entonces en esa parte necesitamos como operadores, como abogados, como abogados defensores, principalmente, exigir a las órganos de impartición de justicia para que ellos tengan la obligación de establecer los mecanismos para respetar los derechos humanos de los imputados, con los familiares de la víctima y todo esto vaya permeando en el mejoramiento del sistema (sic)…” Dijo que la responsabilidad de mejorar y capacitar al personal para que Chiapas cumpla con estas expectativas, son las autoridades competentes a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), así como de los mismos abogados (particulares), quienes deben buscar las alternativas de preparación para otorgar un servicio justo
y de calidad. El fundador del despacho jurídico Ochoa Reyes y Asociados, ubicado en la capital del estado, insistió en que la capacitación es fundamental para que el Nuevo Sistema de Justicia Penal pueda ser ejecutado perfectamente, en tanto, lamentó que actualmente muchos abogados sigan creyendo que en algún momento el sistema regresará a lo que era antes y/o en el peor de los casos,
muchos están trasladando los vicios que se traían del sistema anterior. Es por ello que urgió en la necesidad de mejorar los sistemas de capacitación desde las universidades a través de concursos y competencias que impulsen a los futuros abogados a afrentarse más a estos temas, ya sea desde la función pública o desde el litigio, con el fin de beneficiar, en primera instancia, a la población y con ello al estado de Chiapas.
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Del protocolo al primer informe de gobierno, un evento lujoso De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)
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l informe comenzó después de las 18:00 horas, pero el acceso a los habitantes de colonias lejanas fue a partir de las 3 de la tarde; después, fue la acreditación a los medios de comunicación, la “gente de primer nivel” ingresó por la parte trasera del Poliforum en la capital de Chiapas, donde Fernando Castellanos, con algunas novedades tecnológicas, políticas y discursivas, rindió su primer informe de gobierno este 3 de octubre. El recinto, majestuoso por sí solo; el templete no fue colocado en la parte superior como acostumbran los funcionarios, pero la forma y el espacio cumplió con el mismo objetivo: atraer la atención de los invitados; la fila primera fue para los de siempre, de aquellos que hacen política solo con pertenecer a una corriente partidaria, lo mismo asistieron del PAN, PRI y Verde Ecologista de México, familiares y amigos cercanos. Listos estuvieron en el mensaje los habitantes de las colonias “que fueron beneficiados” con los programas “Cuartos Rosas”, “Jueves de Audiencia” o “Tu Gobierno en tu colonia”, alzaron la mano y reafirmaban lo que dijo el edil; los cuatro apuntadores; de cristales, transparentes, le indicaba la forma y como desplazarse en un cuadro color blanco, con su nombre y eslogan de gobierno. En una esquina se colocó la porra
De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)
“Solicito el costo total de los eventos, propaganda, difusión y promoción con motivo del Primer Informe de Gobierno del presidente municipal constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor”, ese es solo un párrafo de la Solicitud de Información elaborada para conocer cuánto gastó el Ayuntamiento tras un año de labores de la administración actual. A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, este martes 4 de octubre se registró una solicitud de información de carácter pública poco después de las 9:00 horas dirigida al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez “De conformidad en lo dispuesto por el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, su solicitud de acceso a información pública será atendida a partir del día 04/octubre/2016”, indicó el Acuse de Recibo emitido por el portal de transparencia. La petición al Ayuntamiento capitalino fue el costo total de los eventos,
El recinto, majestuoso por sí solo; el templete no fue colocado en la parte superior como acostumbran los funcionarios, pero la forma y el espacio cumplió con el mismo objetivo: atraer la atención de los invitados
que aplaudía y coreó el nombre del presidente municipal cuando la pausa lo permitía, de azul las lonas, como el traje sin corbata que utilizó Castellanos Cal y Mayor, junto a un micrófono no visible. La vestimenta un tanto informal, no así el protocolo implementado para el ingreso de la ciudadanía; vallas por doquier; controles de seguridad y pulseras para identificar a los invitados especiales. En este discurso no hubo papeles o tarjetas visibles para guiarlo en el mensaje, pero sí apuntadores escondidos, la logística y los desplazamientos corporales fueron similares al realiza el mandatario federal de nuestro país. De guayabera blanca la mayoría de
los varones y funcionarios; de vestido, las damas; habló de la deuda que tiene Tuxtla, aunque de manera reservada la cifra no fue mencionada, pero ya se ha hecho en otras ocasiones. El caso proactiva quedó en el baúl, no fue importante comunicarlo. Se cumplió con el mandato que establece la Ley en un evento lujoso, entró abrazando a todas las personas en la parte superior del Poliforum, recorrió todo el recinto y saludos a la gente de primera línea. 100 aviadores se han retirado del servicio municipal por cobrar sin trabajar y prometió que en la siguiente semana tendrán una reunión de trabajo para atender el problema del ambulantaje en la ciudad; en 30 años Tuxtla Gutiérrez será
una de las ciudades con mayor crecimiento inmobiliario, dijo. De las novedades, el discurso también se transmitió “en directo” en las redes sociales, aunque la señal fallaba; todo un despliegue de comunicación, lo mismo fotógrafos que reporteros y camarógrafos; de corbata roja uno de los personajes más cercanos al presidente municipal. El Gobernador del estado de Chiapas no asistió, lo hizo el secretario de Gobierno. Seguridad, Salud y Obra Pública fueron de los otros rubros que han tenido atenciones únicas e históricas en la capital, según lo mencionado en el informe; más delincuentes detenidos en un año que en todo el trienio anterior, la bandera principal: 3 calles diarias rehabilitadas. Después de una hora la improvisación fue la idónea, más de 60 minutos de describir logros, no hubo abucheos como en eventos anteriores, todos se alinearon, esa fue siempre la idea. Para finalizar tan significativo evento (y cuya logística fue mayor a la de un informe habitual), el presidente municipal utilizó una forma peculiar para incrementar los aplausos: la familia. Posterior a ello, los abrazos y elogios incrementaron, todos coincidieron pero, ¿Tuxtla tiene rumbo?
Crónica de una Solicitud de Información anunciada; Ayuntamiento de Tuxtla deberá responder propaganda, difusión y promoción con motivo del Primer Informe de Gobierno del presidente municipal constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor. Lo anterior específicamente los costos sufragados por el Ayuntamiento en materia de logística del evento llevado a cabo este 3 de octubre en el Polyforum, ubicado al poniente de la capital del estado de Chiapas. De igual forma, se solicitó copia de los contratos de los proveedores que participaron con el otorgamiento de bienes y/o servicios en dicho evento. Así también costo de la propaganda colocada en anuncios espectaculares, banderines, parabuses, estandartes, entre otros colocados en varios puntos de la ciudad e incluso en otros municipios, como fue comprobado en el centro de Tapachula. Por otra parte, se pidió el costo de la difusión en medios de comunicación masiva, como radio, televisión,
periódicos, revistas, volantes o flyers y trípticos, así como el costo de preproducción, producción y postproducción de spots publicitarios que se difundieron días antes del evento con motivo del Primer Informe de Gobierno. Finalmente se solicitó el costo de la producción, compra de dominio y hosting de las páginas de internet, alternas a la del propio Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que se habilitaron recientemente y donde se colocó publicidad con los logros de la administración municipal en el último año por el Informe, como la de http://unacallealdia.com/. En este sentido, Plataforma Nacional de Transparencia indicó que la respuesta deberá ser notificada en el menor tiempo posible, que no podrá ser mayor de veinte días, contados a partir de la presentación. Además, se precisará el costo y la modalidad en que será entregada la información, atendiendo en la mayor medida de lo
posible a la solicitud del interesado. “Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días más cuando existan razones que lo motiven. No podrán involucrarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que supongan negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la solicitud”, aclaró Plataforma Nacional de Transparencia. Por ello, según este portal el Ayuntamiento tendrá hasta el 11 de octubre del presente para dar a conocer lo antes solicitado, mostrando transparencia y rendición de cuentas.
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Empresarios en Coatzacoalcos exigen a Peña Nieto terminar con la “ola de violencia” De la redacción Ciudad de México (apro)
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l sector privado del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, pidió al presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al gobernador electo del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, el envío de elementos de la Gendarmería, la Policía Federal y el Ejército mexicano, con el fin de contrarrestar la “ola de violencia” que azota a la región. En un desplegado publicado en el periódico Reforma, el Consejo Coordinador Empresarial Región Sur del Estado de Veracruz, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, entre otros organismos, aseguran que en los últimos 12 años en el estado se han incrementado los delitos de secuestro, extorsión, robo y asesinatos; todos, subrayan, atribuidos al crimen organizado. Incluso, aseguran que en los últimos tres meses cientos de familias han abandonado sus hogares y negocios por la misma causa. El comunicado también cuestiona que la región no esté considerada dentro de los 50 municipios que requieren reforzar su seguridad, según la estrategia que el jefe del Ejecutivo aseguró en agosto pasado, así como también que se haya pedido apoyo de las fuerzas federales, sin respuesta
De la redacción Ciudad de México (apro)
El gobierno de Gabino Cué Monteagudo adeuda a proveedores 2 mil 500 millones de pesos que debe liquidar antes de que concluya su administración, porque no se vale que herede esa deuda al nuevo gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Así lo señaló el nuevo presidente del Centro Empresarial de la entidad (Coparmex), Raúl Ruiz Robles, quien se comprometió a trabajar a favor de la educación, el desarrollo de las instituciones y las políticas eficaces con transparencia y rendición de cuentas. Al presentar a los integrantes de su consejo directivo, Ruiz Robles dijo que Gabino Cué dejó a los empresarios oaxaqueños un sabor amargo de boca, y precisó que la salud, pobreza, empleo y seguridad son los cuatro problemas que aquejan a la población oaxaqueña. De igual manera, lamentó que
El comunicado también cuestiona que la región no esté considerada dentro de los 50 municipios que requieren reforzar su seguridad, según la estrategia que el jefe del Ejecutivo aseguró en agosto pasado, así como también que se haya pedido apoyo de las fuerzas federales, sin respuesta del gobierno saliente
del gobierno saliente. “¿Es que nos debemos resignar a tener que formar autodefensas, convirtiéndonos en otro Guerrero o Michoacán, para que entonces se fijen en nosotros”, advierten. Además, los organismos recriminaron que la infraestructura carretera de al menos 100 kilómetros a la redonda se encuentre en estado
“lamentable”, y que en la región, pese a “su carácter de abundante aportación a la riqueza a la nación, no se cuente con servicios “de primera”. El desplegado fue firmado por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios; Asociación de Industriales del Estado de Veracruz; Colegio de Arquitectos Coatzacoalcos y Sur de Ver; la Confederación
de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo; La Sociedad de Pediatría del Sur de Veracruz, A.C.; la Unión Médica del Itsmo; CANACO; Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias; el Consejo Coordinador Empresarial; el Instituto Mexicano de Contadores Públicos del Sur de Veracruz; y Médicos Unidos del Sur de Veracruz.
Antes de irse, Cué debe liquidar 2 mil 500 mdp a proveedores: líder de Coparmex diez municipios con los índices más bajos del país correspondan a Oaxaca, y subrayó: “Tenemos que trabajar con la generación de participación ciudadana, equidad e igualdad de género, y seguridad”. El empresario también se refirió a los hechos ocurridos el pasado 19 de junio en Nochixtlán, y lamentó que a 106 días no se hayan asumido medidas claras, por lo que exigió castigo a los responsables de la muerte de al menos ocho personas. Ruiz comentó que el pasado sábado 1 asumió el cargo y permanecerá dos años, periodo en el que –dijo– trabajará con los titulares de las secretarías de Gobernación y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, entre otras dependencias federales, para ver el impulso del comercio en Oaxaca.
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Excandidato implicado en fraude y esposa de Rubén Moreira, entre los nuevos integrantes del CEN del PRI José Gil Olmos Ciudad de México (apro)
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un año de que se realizaran cambios en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI bajo la presidencia de Manlio Fabio Beltrones, hoy el nuevo dirigente tricolor, Enrique Ochoa Reza, dio a conocer la nueva integración de la cúpula partidista con la consigna de responder a la demanda ciudadana de un cambio. “En el PRI, como el partido con mayor responsabilidad histórica con México, no podemos hacer caso omiso a dicho mensaje, debemos asumirlo con seriedad y con compromiso”, manifestó Ochoa en la toma de posesión de los nuevos integrantes del CEN que está repartido en siete hombres y ocho mujeres. El Comité Ejecutivo Nacional ahora está integrado por Héctor Gómez Barraza como secretario de Operación Política y quien antes de llegar era el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur); como secretario de Organización, el senador Arturo Zamora Jiménez, quien fuera candidato del PRI para gobernador de Jalisco en 2006, cuando fue denunciado por un presunto fraude. El diputado yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín fue ratificado como representante ante el INE; la Secre-
“En el PRI, como el partido con mayor responsabilidad histórica con México, no podemos hacer caso omiso a dicho mensaje, debemos asumirlo con seriedad y con compromiso”, manifestó Ochoa en la toma de posesión de los nuevos integrantes del CEN que está repartido en siete hombres y ocho mujeres
taría Jurídica del PRI la llevará la diputada hidalguense Carolina Viggiano Austria, esposa del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, acusado de pagar millones de pesos del erario a empresas fantasma por supuestas “asesorías” o productos consumibles; mientras que como secretario de Finanzas y Administración fue también ratificado el sinaloense Luis Vega Aguilar, que goza de la absoluta confianza del presidente Enrique Peña Nieto y quien lo nombró en el
cargo desde enero del 2012, cuando el dirigente nacional era Pedro Joaquín Coldwell. La Secretaría de Gestión Social estará a cargo del senador Roberto Albores, hijo del exgobernador de Chiapas del mismo nombre; mientras que la de Asuntos Internacionales la encabezará la exsecretaria de Turismo en la administración zedillista, Silvia Hernández. La Secretaría de Vinculación con Instituciones de Educación en todo el país estará a
cargo de la senadora Blanca Alcalá, quien fuera candidata al gobierno de Puebla en las pasadas elecciones, y en la Secretaría de Asuntos de las Personas estará la diputada zacatecana Claudia Anaya, amiga del extitular de Hacienda Luis Videgaray. En la nueva Secretaría de la Frontera Norte estará la diputada Nancy Sánchez, de Baja California. Otra novedad fue el anuncio de la figura de vocería, en coordinación con el Senado de la República, a cargo de la senadora Ivonne Álvarez, de Nuevo León, y la vocería en coordinación con la Cámara de Diputados a cargo de la diputada Yulma Rocha, de Guanajuato. Asimismo, como secretarios generales adjuntos estarán la diputada Georgina Trujillo, de Tabasco, y como secretario general adjunto el diputado estatal Mauricio Ortiz Proal, de Querétaro. Al dar a conocer los nombramientos, Ochoa Reza dijo que el nuevo CEN del PRI se encargará de defender las grandes causas de la sociedad mexicana y encarar los nuevos desafíos de manera crítica, autocrítica y propositiva.
Ocupa México lugar 13 entre los países más corruptos del mundo De la redacción Ciudad de México (apro)
El Foro Económico Mundial colocó a México en la decimotercera posición de las naciones más corruptas del mundo y en el primer lugar de esa lista, si se excluye a los países menos industrializados. De acuerdo con el Foro, el factor que catapulta a México hasta el primer puesto es el crimen organizado. Entre las 10 naciones más corruptas de la clasificación, cinco son latinoamericanas y rebasan a México. En una escala entre el uno y el siete, en la que a mayor transparencia más alta es la puntuación obtenida, México obtuvo un 2.5, de acuerdo con una revisión de Business Insider. Las naciones latinoamericanas que no son miembros de la OCDE y superan a México en el índice de corrupción son Venezuela está a la cabeza, con 1.7; Bolivia, con 2; Brasil y Paraguay, ambos con 2.1 y la República Dominicana,
con 2.2. Un informe del Foro publicado en junio situaba a la corrupción como el problema más importante que debe enfrentar América Latina, según sus líderes políticos y de negocios. Escándalos como el de Petrobras, en Brasil; las acusaciones vertidas sobre la expresidenta argentina Cristina Fernández, y los sobornos de los que se acusa al ex mandatario guatemalteco Otto PérezMolina mantuvieron estancada a la región en la comparación de los índices 2014 al 2015. La corrupción es uno de los elementos que incluye la fundación suiza en su índice anual de competitividad, basado en una encuesta a 15 mil líderes de negocios de 141 economías mundiales. El caso de México parece, sin embargo, el más alarmante por tratarse de una economía más avanzada que sus pares latinos. En el índice global de competitividad ocupa el lugar 51 de 138, tras haber escalado seis peldaños gracias a la mayor eficiencia de
sus mercados, y mantiene una larga serie de factores que asustan a los inversionistas: la corrupción, el más grave, seguido del crimen organizado y otros factores administrativos como la ineficiencia de la burocracia. “La educación básica sigue siendo una significativa debilidad para su competitividad comparada con otros líderes regionales y mundiales, además de que la calidad institucional se ha rezagado. La economía mexicana ha sido golpeada por la caída de los precios del petróleo”, señala el Foro en
su perfil sobre México. Según el Foro Económico Mundial, los países desarrollados con mayores índices de corrupción son: 1. México (2.5) 2. Eslovaquia (2.7) 3. Italia (3.1) 4. Hungría (3.1) 5. Grecia (3.2) 6. República Checa (3.3) 7. España (3.4) 8. Corea del Sur (3.5) 9. Polonia (3.7) 10. Eslovenia (3.7)
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Anticipan nueva condena de la CoIDH al gobierno de Peña por caso Atenco Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)
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íctimas de los operativos policiacos violentos en San Salvador Atenco y Texcoco en mayo de 2006, durante la gestión de Enrique Peña Nieto como gobernador, anticiparon una nueva condena del Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por tortura sexual, detención ilegal y arbitraria, así como falta de debido proceso y denegación de justicia. En conferencia de prensa, seis de las 11 mujeres que denunciaron el caso de la represión y tortura sexual durante la intervención violenta de fuerzas policiacas federales y del Estado de México recordaron que acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2008, dos años después de no encontrar justicia en el país. Los representantes de las denunciantes, abogados del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), señalaron que durante diez años la respuesta del Estado mexicano ha sido la falta de voluntad política para investigar y sancionar la cadena de mando y a los autores intelectuales. Apuntaron que en diciembre de 2015 la CIDH dio a conocer el Informe de Fondo del caso, que concluye la responsabilidad internacional del Estado, pero que ante la falta de respuesta y al menos tres solicitudes de prórroga por parte de representantes de México, es que el organismo determinó enviar el caso a la CoIDH el pasado lunes 17 de septiembre. También aclararon que si bien el Sistema Interamericano no establece responsabilidades individuales, en el informe enviado a la Corte habría una mención
En conferencia de prensa, seis de las 11 mujeres que denunciaron el caso de la represión y tortura sexual durante la intervención violenta de fuerzas policiacas federales y del Estado de México recordaron que acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2008, dos años después de no encontrar justicia en el país de la pertinencia de investigar sobre la responsabilidad de quien era gobernador del estado, Enrique Peña Nieto. Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, apuntó que si bien el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no establece “responsabilidades penales individuales”, el Informe de Fondo de la CIDH “sí menciona la necesidad de indagar la posible responsabilidad de quien fuera gobernador del Estado de México, al menos en dos niveles, el primero en la posible emisión de declaraciones que comprometieran la posible independencia de las investigaciones y, en un segundo, a la ausencia de investigación de la posible responsabilidad de la cadena de mando”. Stephanie Brawer, del Centro Prodh, delineó la ruta por la que transitará el caso antes de que la CoIDH emita su sentencia, muy probablemente antes de que Peña Nieto termine su mandato. La abogada explicó que durante nueve meses, después de que el Estado fue notificado del Informe de Fondo, “no mostró voluntad de hacer justicia, particularmente al no tomar acciones encaminadas a sancionar las responsabilidades por cadena de mando, la participación de fuerzas federales en el operativo, y las acciones y omisiones de altos funcionarios que hayan contribuido a la falta de esclarecimiento y sanción de los hechos”. Araceli Olivos Portugal destacó que “actualmente hay dos procesos penales en los que policías de bajo rango están siendo procesados, pero ningún mando medio o superior ha sido llamado a de-
clarar y mucho menos acusado por los abusos”. Consideró injustificable la falta de una investigación exhaustiva, sobre todo porque “la cadena de mando está disponible para el Estado desde 2006, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó responsabilidades en razón del mando, determinó que éstas debían indagarse, amén de que en su resolución calificó como inexcusable e incomprensible en un operativo de esa magnitud supervisado por aire y por tierra que ninguna acción se haya tomado para detener la represión”. Marcia Aguiluz, directora de Cejil para América Central y México, destacó que el caso de las mujeres de Atenco se sumaría a la lista de “ocho casos envidados a la CoIDH contra México, tres con sentencias relacionadas con la violencia sexual contra mujeres, lo que significa que no es un problema resuelto y que el Estado no ha dado los resultados adecuados”. En nombre de sus compañeras Claudia Hernández, Patricia Torres e Italia Méndez recordaron que hace diez años, cuando denunciaron las agresiones sexuales durante las detenciones arbitrarias, fueron tachadas de “mentirosas” y de “aprehenderse el manualito”, por parte de funcionarios del gobierno del Estado de México, en tanto que quien fungía como gobernador, Peña Nieto, se comprometió a “castigar si se comprobaban los abusos”. Al señalar que cuando fueron detenidas los policías les decían que nada les habría ocurrido “si se hubieran quedado en su casa a hacer tortillas”, Claudia Hernán-
dez, quien estuvo cinco años sometida a proceso penal, puntualizó que la decisión de la CIDH de enviar el caso a la Corte es prueba de que “no somos mentirosas, y que el Estado es responsable de lo que nosotros denunciamos, de su ineficacia y denegación de justicia”. Patricia Torres, quien hace una década con 23 años preparaba una tesis en Ciencias Políticas que no concluyó, puntualizó que la pretensión de las 11 mujeres de llevar el caso ante el tribunal interamericano es la búsqueda de justicia en hechos que involucraron a “143 detenidos, entre ellos más de 40 mujeres, y dos muertos”. Italia Méndez, quien en 2013 rindió su testimonio en una audiencia en la CIDH, dijo que las mujeres de Atenco recibieron la noticia con “júbilo, porque hace diez años se castigó la rebeldía de un pueblo, pero ahora nuestra pretensión es que se castigue a los responsables y a la cadena de mando, para que nunca más vuelva a ocurrir otro Atenco”. Méndez apuntó que las mujeres de Atenco esperan que su caso sirva para sancionar otros similares, en los que mujeres han sido víctimas de tortura sexual y se encuentran en las cárceles del país, “y romper el círculo de impunidad”.
Diputados de la comisión Nochixtlán reclaman justicia para víctimas Jesusa Cervantes Ciudad de México (apro)
“No podemos cerrar más las puertas a la ciudadanía, no podemos permitir otro Nochixtlán. Nochixtlán no es un hecho aislado. La ciudadanía está cansada de las ‘verdades históricas’, de las omisiones y de la indiferencia institucional. A la ciudadanía es a la que tenemos que rendir cuentas”, sostuvo el diputado del PRD, Omar Ortega Álvarez, presidente de la nueva comisión legislativa que dará seguimiento a ese caso de Oaxaca. Este martes, integrantes de todos los partidos conformaron la comisión que estará a cargo de la Cámara de Diputados, y el PRD le dio el tono que tendrá: “Atender a las víctimas” del ataque perpetrado por policías de Oaxaca y federales la mañana del 19 de julio pasado, donde oficialmente fallecieron ocho
ciudadanos de la localidad y, extraoficialmente, 11. “Las indagaciones de la comisión que inició en el Senado muestran la crisis institucional de los órganos que deberían ser garantes de la seguridad y los derechos humanos, así como el vacío en el gobierno municipal de Nochixtlán”, abundó el PRD. Durante la instalación realizada en el salón Protocolo de la Cámara de Diputados, pasadas las 4 de la tarde, el perredista Ortega Álvarez recordó que diversas organizaciones sociales y el comité de víctimas de Nochixtlán han señalado “los pocos o nulos avances de la investigación pero sobre todo la ausencia de rendición de cuentas. La única realidad que hoy tenemos es que estamos muy lejos de conocer lo sucedido y las víctimas de obtener justicia”. También dijo que la comisión empe-
zará por escuchar a las víctimas y pidió a todos los partidos políticos atender también a “los maestros, sin prejuicios y sin criminalización de facto. Hay que trabajar coordinada y organizadamente porque no podemos cerrar más las puertas a la ciudadanía”, La presidencia de la comisión estará a cargo del PRD durante los siguientes ocho meses, en que Omar Ortega aseguró que “el trabajo no tiene interés partidista sino de atención a la ciudadanía y por buscar la verdad y la justicia”. En su programa de trabajo, la presidencia de la Comisión Nochixtlán aseguró que las reuniones con las víctimas, testigos de los hechos y autoridades “serán audiencias públicas”, pero que también se trabajará con organizaciones de derechos humanos. Entre las primeras reuniones estará una con el secretario de Gobernación, la
titular de la Procuraduría General de la República y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por el PRI participa en la comisión Mariana Benítez Tiburcio, cercana a Jesús Murillo Karam; del PAN, Federico Döring; PVEM, Jorgina Gaxiola Lezama; Morena, Virgilio Caballero Pedraza; MC, José Clemente Castañeda; Panal, Angélica Reyes Ávila, y por el PES, Alejandro González Murillo.
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Alerta Coneval por tijerazo a programas para los más pobres Mathieu Tourliere Ciudad de México (apro)
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ontrario a lo que anunció José Antonio Meade, recién nombrado titular de Hacienda, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 prevé un recorte de 75 mil 592 millones de pesos en programas y acciones de desarrollo social, equivalente a una reducción de 10.48% respecto de 2016; en otras palabras, un recorte dos veces superior al que sufriría el presupuesto federal. Como cada año, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) analizó el proyecto que entregó la SHCP al Congreso el 8 de septiembre, y señaló, en un informe, que la administración de Enrique Peña Nieto pretende reducir el presupuesto en 67 de los 83 programas prioritarios de desarrollo social –en cinco de ellos, Hacienda ni siquiera especificó un presupuesto. El proyecto presupuestario establece recortes severos a programas que inciden en las poblaciones indígenas, los beneficiarios del Seguro Popular, los pequeños agricultores y ganaderos o los jornaleros agrícolas. En otras palabras: a los más pobres en general. Al asumir la SHCP, el pasado 8 de septiembre, Meade aseguró que el presupuesto 2017 sería “serio” y con un “alto contenido social”; según el análisis, el presupuesto destinado a los programas y acciones de desarrollo social pasó de 940 mil 281 millones de pesos a 864 mil 689 millones en el proyecto del próximo año. El gobierno federal pretende recortar 3 mil 835 millones de pesos al presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) –6.2% de su presupuesto 2016–, 19 mil 543 millones al de la Secretaría de Educación Pública (SEP) –un recorte de 9.3%–, y 8 mil 405 millones a la Secretaría de Salud (SSa) –9.4% menos–. El programa Prospera sufriría un recorte de 2.7% en valor real, mien-
De la redacción Ciudad de México (apro)
La Secretaría de Educación Püblica (SEP) cesó a 28 maestros que laboraban en escuelas ubicadas en las delegaciones Iztacalco, Tláhuac y Cuauhtémoc, tras acumular “cuatro o más faltas injustificadas” en cada uno de sus centros de trabajo. En un comunicado, la dependencia encabezada por Aurelio Nuño, no especificó si los mentores participan en movilizaciones o son integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sólo señala que el despido obedece
El proyecto presupuestario establece recortes severos a programas que inciden en las poblaciones indígenas, los beneficiarios del Seguro Popular, los pequeños agricultores y ganaderos o los jornaleros agrícolas. En otras palabras: a los más pobres en general
tras los presupuestos destinados a las paraestatales Liconsa y Diconsa disminuirían en una proporción similar. El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas tendría que operar con un presupuesto inferior en 17.3% al de 2016, y el Seguro de Vida para Jefas de Familia prácticamente desaparecería, con una reducción presupuestaria de 98.8%. También se reducirían de manera significativa los presupuestos de varios programas de la SEP que más contribuyen a combatir rezagos sociales –según el Coneval–: el Programa Nacional de Becas –menos 17.5%–, el programa de Educación para Adultos –disminuido en una tercera parte–, o el programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, entre otros. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que lleva a cabo la estrategia de vivienda social en el país y se encuentra a cargo de Rosario Robles, sufriría un recorte de 42.9%: su presupuesto pasaría de 22 mil 552 millones de pesos a 13 mil 216 millones. Por ello, el Programa de Apoyo a la Vivienda operaría con un presupuesto reducido en 21.6%, mientras el programa de Infraestructura sería recortado en 57%.
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) operaría con un presupuesto de 4 mil 586 millones –menos de la mitad de lo que obtuvo este año– por lo que los programas de apoyo a la población indígena serían de los más afectados, pese que tres de cada diez indígenas mexicanos se encuentren en pobreza extrema, es decir, más de cuatro veces el promedio nacional. Según el Coneval, la administración de Peña Nieto pretende eliminar 71% del presupuesto al Programa de Infraestructura Indígena, 3.3% al de Derechos Indígenas y 0.4% al de Apoyo a la Educación Indígena. Varios de los programas que opera la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se verían afectados por el recorte, entre ellos el de Apoyos a Pequeños Agricultores –menos 26.9%–, de Fomento a la Agricultura –menos 32.9%–, o el de Fomento Ganadero –menos 51%–. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) también vería su presupuesto derrumbarse en caso de que los legisladores aprueben el proyecto sin mayores modificaciones: de 23 mil 86 millones de pesos a 10 mil 121 millones, una caída
de 57.3%. El tema de las Áreas Nacionales Protegidas (ANP) surgió en la coyuntura este domingo 2 a raíz del aterrizaje de un helicóptero en el Arrecife Alacranes, con el senador priista Emilio Gamboa Patrón, Guillermo Ruiz de Teresa –coordinador de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)– y el empresario yucateco Emilio Díaz Castellanos a bordo. El proyecto presupuestario plantea reducir en 2.6% los fondos destinados al Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas, así como fuertes disminuciones a los programas de Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable –menos 62.4%–, de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento –menos 73.2%– y de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo, con 86% menos recursos. Si bien el gobierno federal multiplicó las declaraciones mediáticas en los últimos meses para afirmar su compromiso en la reducción de la obesidad y la diabetes –juntos representan la primera causa de muerte en el país–, el proyecto presupuestario 2017 prevé una reducción de 25.1% del programa de Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes. Ese no sería el único recorte en el sector salud: el Seguro Popular sería “amputado” en 11.3% de su presupuesto, el Seguro Médico Siglo XXI de una tercera parte, y el programa de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad prácticamente a la mitad. El programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, que maneja el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), por su parte, sufriría un recorte de 47.7%.
Cesa la SEP a 28 maestros de la CDMX “exclusivamente a la aplicación de la normatividad en materia laboral y administrativa”. Añadió que la decisión se apega a la Ley General del Servicio Profesional Docente y se ejerció “con el fin de preservar el interés superior de los estudiantes de educación básica”. Asimismo, la SEP refirió que a través de la Administración Federal de Servicios Educativos en la Ciudad de México, los docentes cesados serán suplidos “de inmediato”, de acuerdo al orden de prelación, por profesores que
obtuvieron su plaza en el examen de ingreso al Servicio Profesional Docente. “La Secretaría de Educación Pública reitera su respeto irrestricto a los derechos de los docentes, pero también su decisión de aplicar la ley de manera firme y decidida”, subrayó la SEP en su comunicado. Actualmente, en la Ciudad de México trabajan 102 mil docentes en cuatro mil 149 escuelas públicas de educación básica: inicial, preescolar, primaria, secundaria, educación especial y para trabajadores.
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“Ni mentirosas ni cómplices”, fuimos víctimas del Estado Anayeli García Martínez Ciudad de México (Cimacnoticias)
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on todo y las tropelías, trampas y mentiras del Estado mexicano, en próximos meses la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) juzgará la responsabilidad de éste, en la tortura sexual de once mujeres detenidas durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco, Estado de México, lo que es un triunfo de la palabra y dignidad de las sobrevivientes. Así lo dijeron las sobrevivientes, al celebrar la decisión del organismo internacional, y es que luego de una década de declaraciones ante el Ministerio Público, peritajes médicos, psicológicos e indagaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que las denunciantes fueron víctimas de tortura sexual por lo que caso debe ser juzgado en la CoIDH. Luego de que el 17 de septiembre la CIDH remitiera el expediente de las mujeres de Atenco –conocido como “Mariana Selvas y otras”– al máximo tribunal regional, las mujeres reunidas esta mañana ante los medios de comunicación, aseguraron que atrás de esta disposición estuvo su historia de lucha y dignidad, y su demanda de llegar hasta las últimas instancias. Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Norma Aidé Jiménez, Patricia Torres, Bárbara Italia Méndez y Claudia Hernández, hablaron en nombre de las once sobrevivientes, del proceso que han seguido para demostrar que en los operativos de Atenco, ordena-
De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)
Sin contar con datos precisos sobre el número de asesinatos y desapariciones de mujeres indígenas de Quebec, Canadá pues la estimación es de aproximadamente 4 mil, organizaciones civiles que promueven los Derechos Humanos en ese país, marcharon por las calles de Montreal, para exigir justicia para todas estas mujeres y niñas. La especialista en Redes Sociales del Centro por la Defensa del Género, Nerea Torres, informó a Cimacnoticias que el número “oficial” de asesinatos de mujeres indígenas de Quebec Canadá es de mil 17 y 164 mujeres y niñas desaparecidas; sin embargo, precisó, las estimaciones de diferentes organizaciones civiles con trabajo en derechos de las nativas americanas de Canadá, calculan que la cifra puede ascender a 4 mil asesinatos y desapariciones. En un comunicado de prensa el Centro por la Defensa de Género de la provincia de Quebec Canadá, informó que hoy se realizó la onceava marcha para
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que las denunciantes fueron víctimas de tortura sexual por lo que caso debe ser juzgado en la CoIDH
dos por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto, se cometieron graves violaciones a los Derechos Humanos. Hace 10 años cuando 47 mujeres fueron detenidas y 27 de ellas violadas sexualmente y recluidas en prisión por haber estado en el lugar donde la policía impidió la venta de un grupo de floricultores, el comisionado de Seguridad Pública del Estado de México, Wilfrido Robledo Madrid, las llamó “mentirosas y cómplices de una estrategia para desestabilizar el Estado”, así lo recordó Claudia Hernández. Al rememorar aquel episodio, Claudia, quien vivió cinco años en proceso penal, respondió a las declaraciones del entonces funcionario estatal y a la posición que mantuvo el gobierno mexicano: “Nuestra dignidad en realidad está en alzar la voz , en caminar durante 10 años para demostrar que el Estado es el grande responsable de las grandes violaciones cometidas en
Atenco”. Este camino que para ellas ha sido largo y doloroso, estuvo lleno de estrategias para causar miedo; sin embargo para Claudia, las mujeres van a lograr que se nombre a los responsables de los operativos de Atenco, de un pueblo que desde 2001, cuando logró echar para atrás el proyecto para expropiar sus tierras y construir un aeropuerto, ha sido ejemplo de resistencia. A pesar de la tortura, Patricia Torres, que en ese entonces tenía 23 años de edad, asegura que hoy nadie puede decir que fueron los agentes policiales quienes orquestaron la represión, y es que los responsables de las agresiones fueron los que dieron las órdenes. Con todo, dijo, ellas están vivas, han logrado decirlo y denunciar que fueron violentadas por apoyar a sus compañeros campesinos. “Yo volvería a estar ahí, para defender mi tierra, para defender mi vida
porque eso es lo que están robando al pueblo de San Salvador Atenco”, dijo la mujer que aseguró que a diferencia de los agentes del Estado sus manos están llenas de las marcas del trabajo y de la lucha por la justicia. En los operativos de Atenco participaron más de tres mil policías municipales, estatales y federales en un despliegue que dejó como saldo 207 personas detenidas; dos muertos: Javier Cortés Santiago, de 14 años, y Alexis Benhumea, estudiante que murió un mes después del operativo; y decenas de personas torturadas, entre ellas las mujeres víctimas de violencia sexual. De este episodio y demanda de largo aliento, Bárbara Italia Méndez, dijo que a todas luces el litigio será complicado porque estos años estuvieron marcados de tropelías, trampas y mentiras, “hoy de manera muy contundente, muy fuerte, salimos a decirle al Estado mexicano: Nosotras teníamos razón y tuvimos que acudir a la justicia internacional para que este momento llegara”. Para Bárbara Italia, en Atenco se castigó la rebeldía, pero ello no impedirá que continúen en su exigencia de justicia; y en la libertad para sus pueblos y aunque advierten que el Estado continuará en su intento por detenerlas, ellas mantendrán la lucha para romper el círculo de impunidad. “Es para mandar un mensaje al Estado que tiene que detenerse, esto no va a poder continuar así”.
Marchan en Canadá por las 4 mil mujeres y niñas indígenas asesinadas exigir justicia por las mujeres indígenas de ese país, quienes tienen 7 veces más probabilidades de ser asesinadas que las no indígenas. “Falta Justicia” (Missing Justice), es una campaña del Centro por la Defensa de Género que trata de visibilizar la desaparición y asesinatos de las mujeres nativoamericanas. También es para “honrar la memoria de mujeres y niñas” que han sido víctimas de la violencia sistemática y las formas en las que los “medios de comunicación, gobiernos, el sistema legal, las fuerzas policiales y el sistema educativo” facilita ese trato y discriminación. La marcha anual fue fundada por Bridget Tolley, hija de Gladys Tolley, una mujer de 61 años de edad de origen Algonquin (grupo étnico nativo de Quebec Canadá) que fue asesinada por un oficial de Quebec el 5 de octubre del 2001.
Bridget Tolley ha declarado en medios de cobertura nacional en Canadá, que el caso de su madre fue cerrado por considerarse un “accidente”, pero ni a ella ni a su familia les notificaron en tiempo y forma, por lo que solicitó abrieran la investigación nuevamente, pero las autoridades no se lo han concedido. La Asociación de Mujeres Nativas de Canadá, expresó su preocupación por el apoyo limitado hacia las familias y sobrevivientes, así como su acceso a la justicia, porque muchas familias piden que se abran las investigaciones al no estar satisfechos con los resultados. Mujeres Nativas de Quebec, solicitó que se examine la naturaleza sistemática de la violencia hacia mujeres indígenas, así como las prácticas de los policías en la provincia de Quebec, especialmente en el caso de abuso hacia mujeres indígenas en Val d’Or.
Las mujeres indígenas de Val d’Or, una ciudad situada a 500 kilómetros de Montreal, reportaron ante Amnistía Internacional que agentes de la policía provincial de Quebec, cometieron delitos graves en contra de ellas, incluyendo abusos físicos y sexuales. La marcha inició en la plaza Émilie-Gamelin de Montreal, pero es realizada en diferentes comunidades de la provincia de Quebec y demanda un cambio “real” en el sistema de impartición de justicia.
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PÚBLICO Y PRIVADO Édgar Hernández Ramírez
Totalitarismo en el Congreso
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l avasallamiento político ha sido una característica definitoria de este gobierno. La idea de pintar del color del partido gobernante edificios públicos, guarniciones de vialidades, uniformes escolares y presidencias municipales, son un ejemplo ostensible y ostentoso de esa ansiedad totalitaria que parece no tener sosiego. Esa pulsión por abarcarlo todo, desafortunadamente, no se ha quedado en el plano de lo superficial, de lo cosmético, sino que ha extendido sus raíces hasta las estructuras gubernamentales dentro y fuera del Poder Ejecutivo. Desde que llegó al gobierno en el 2012, el Partido Verde Ecologista de México ha dado muestras fehacientes de su deseo de perpetuarse en el poder más allá del lapso para el cual fue elegido Manuel Velasco
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la respuesta a las acusaciones de la vieja guardia priista en Chiapas para apresurar el relevo de Roberto Albores Gleason en la dirigencia estatal se adelantó finalmente este martes cuando el presidente nacional de los tricolores tomó protesta al Senador chiapaneco como nuevo Secretario de Gestión Social del PRI Nacional, en lo que pareciera ser una clara salida política y posible adelanto a las decisiones de la cúpula con miras al 2018. Como pocos esperaban, durante la presentación del Comité Ejecutivo Nacional, Enrique Ochoa Reza, terminó dando una nada grata sorpresa para los enemigos políticos de Albores Gleason que ya lo veían fuera de las estructuras priistas y, con ello, más lejos de sus aspiraciones políticas para contender por la gubernatura de Chiapas. La decisión de la cúpula priista consumada con el anuncio de este martes ofrece diversas lecturas políticas donde el mayor beneficiado resultó ser Roberto Albores junior, quien regresó de manera inesperada a la agenda pública dentro de la contienda anticipada por las candidaturas rumbo al siguiente proceso electoral estatal y federal. Así, el que parecía en plena agonía política, regresó a la contienda de posibilidades electoreras. Y es que, la nueva designación
Coello en alianza con el PRI. En ese sentido, sistemáticamente se ha hecho del control de una de las instituciones clave que le permitirá construir ese camino hacia la transexenalidad: el Congreso. Por supuesto que no es nada nuevo que el Ejecutivo —ya sea con la púa amenazante o con metálicos métodos persuasivos— siempre doblegue al hato de diputados que en teoría representan la diversidad política y los intereses populares de los chiapanecos. No, la historia es la misma, sólo cambian el relato y los personajes, y en esta versión el protagonista principal es Eduardo Ramírez Aguilar, el aspirante a “delfín” aldeano del gobernador y el Verde. El fin de semana pasado, Ramírez Aguilar fue ungido –por segunda vez— como presidente de la Mesa Directiva del Congre-
so local y en el otro órgano del Legislativo, la Junta de Coordinación Política, a su correligionario del PVEM, Carlos Penagos Vargas. El gobierno cerró la pinza en esa institución un año antes de que inicie el proceso electoral del 2018, y lo pudo hacer gracias a una reforma a la Ley Orgánica del Congreso que se gestó en la Secretaría de Gobierno cuando Ramírez era su titular. La iniciativa la aprobó la pasada Legislatura cuando iba de salida y dejó las bases para legalizar el avasallamiento Verde. En el caso de la Junta de Coordinación Política, la decisión de la elección del presidente se trasladó del pleno de la Cámara hacia el reducido grupo de coordinadores parlamentarios que conforman la Junta, y se oficializó la reelección. Respecto a la Mesa
EN LA MIRA Héctor Estrada
Un segundo aire para las aspiraciones de Gleason
de Albores Gleason expone a todas luces que los acuerdos con los viejos priistas chiapanecos inconformes (por la demora para renovar la dirigencia estatal) se han consumado ya. Por eso el nuevo cargo otorgado al Senador chiapaneco; una encomienda que
le da nuevamente jugada política y justifica su evidente campaña anticipada, disfrazada de recorridos a las estructuras del partido en Chiapas. Pero además del nuevo espacio de acción política para Gleason, la Secretaría de Gestión Social
Directiva, además de avalarse la reelección, se amplió el periodo de gestión de seis meses a un año, y la designación pasó del método de mayoría calificada de las dos terceras partes de los diputados, a sólo el de una mayoría absoluta, es decir, 50 por ciento más 1. Bajo estas circunstancias donde se desdeñan los principios de pluralidad y no se respeta la representatividad política, esas prácticas apuntan a un retroceso democrático y advierten nuevas arremetidas totalitarias en beneficio de un grupo que busca mantenerse en el poder a toda costa. Lamentable es también que ningún diputado de oposición levante la voz ante estos atropellos legislativos, quizá por displicencia, por conveniencia política o porque les gusta acomodarse el yugo para jalar la carreta que les garantiza la pastura.
también deja entrever las posibles tendencias o “amarres” en torno al futuro político-electoral de Chiapas. Porque el nuevo cargo y el inminente relevo en la dirigencia estatal no son gratuitos. Se configuran como claros intercambios políticos que dan gusto a los viejos priistas chiapanecos, pero -sobre todo- protegen a Gleason para mantenerle parte de sus beneficios políticos. Por eso no deberá extrañar que durante los siguientes meses del año sea abierta finalmente la convocatoria para elegir a la nueva dirigencia del PRI en Chiapas. Ahí estará el siguiente mensaje de la dirigencia nacional para sus planes en la entidad chiapaneca, a fin de determinar si el control de las bases priistas quedan en manos de los adversarios de Gleason o simplemente se consuma un relevo de conveniencia para el Albores junior. El nuevo cargo dentro del CEN priista abre nuevas lecturas sobre los vínculos y amarres políticos de la familia Albores, compromisos o afinidades que podrían estar adelantando un poco las candidaturas de 2018 que, aunque se asegure tanto en Chiapas lo contrario, se trata de espacios que se negocian o deciden en las cúpulas nacionales. No se sorprendan entonces que la actual conformidad de los adversarios sea un asunto momentáneo que desate los demonios cuando lleguen los tiempos electorales.
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PUNTO Y COMA; Roger Laid
Ambulantes Amafiados, Peligro
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unos días de tomar posesión el alcalde capitalino Fernando Castellanos Cal y mayor habría prometido la revisión y limpia de los ambulantes del centro de la Cd. Capital. Los ambulantes han incrementado al grado de que hay varios grupos como los Marianos, Antorcha Campesinos, Arisbet y hasta un payaso, líderes y ambulantes, muchos de ellos no son ni tuxtlecos ¿Quién los trajo? Cada uno de ellos defiende el espacio ambulante ilícito, se habla de armas de fuego, pero si podemos asegurar que amenazan con arma blanca a los inspectores, son grupos que entre todos logran más de 2500 personas que deambulan a diario... No se observa voluntad de la policía del estado para llevar a cabo los operativos en coadyuvancia con la municipal o el alcalde no ha hecho la petición, sin embargo insiste en las promesas, y en su informe se pudieron ver algunos representantes de los citados ambulantes. La titular del área Silvia Arely Díaz Santiago, deberá informar que ha sucedido y por qué no se aplica la ley o es que tiene instrucción del pollo “Ver y callar”. ¿Pueden policías estatales desalojar y resguardar las calles de ambulantes? Policía municipal es insuficiente si realmente quieren limpiar el centro de Tuxtla. Los ambulantes incrementan y el problema es una bomba. El informe de gobierno municipal capitalino deja entre ver que el ambulantaje es un mal necesario, que posiblemente fue un acuerdo de campaña que les permite a los ambulantes estar en la línea de golpeo pero sabedores que no serán desalojados y es que la realidad puede ser que se han salido de control y quien recibe el pago de 350 pesos semanales por parte de los dicentes “ambulantes
ilícitos” ya sabe que al menos el no será tocado porque a la vez también tiene un acuerdo de campaña. Esta práctica es añeja a nivel nacional en todos los estados los candidatos hacen acuerdos con los líderes que regentean ambulantes, incluso los locatarios muchos de ellos tienen ambulantes bajo su protección a quienes les cobran una cuota, es el comercio de la necesidad por alimentar a la familia, por ello se venden a cambio de favores cuando logran el triunfo los diputados o alcaldes, también gobernadores.
¿Por qué en Chiapas o su capital tendrían que ser la excepción?
Tapachula, allí podrían investigar a la famosa “Chayito” quien fuera diputada, pero ahora es Síndico en ese municipio, si alguien quisiera poner orden exhibiría a la funcionaria municipal con los más de 25 locales que se apropió de manera ilícita y los acuerdos en el escritorio que a diario realiza esta fina persona…. Matilde Espinosa, edil de Cd Hidalgo, también en los mismos pasos, beneficiada con impunidad para realizar todo tipo de atropellos y amenazas a sus adversarios, tiene acuerdos por doquier y no es molestada por la autoridad…
Aseguradoras y sus negocios en chiapas
Luego de un accidente ocurrido en una gasolinera llamada “La Piedra” del municipio de Motozintla, allí un joven llenaba sus bidones de gasolina, sin embargo su auto y él agarraron fuego gracias a la falta de seguridad y atención por parte de los directivos de esa gasolinera que goza de influencia en la región sierra de Chiapas, ante el accidente después se interpuso la demanda civil radicándola en Tuxtla Gutiérrez con el numero 370/2016, la aseguradora AXA SEGUROS S.A. DE C.
V. Se encargaría de cubrir gastos y el afectado retiraría cargos, pues se había quemado un brazo y parte de la cara, esta historia es triste y se las compartiré en capsulas pues el joven Erik González Gonzalez tiene la intención de estudiar Educación Física pero la irresponsabilidad de una aseguradora se lo quiere impedir. La aseguradora como muchas, no pretende pagar y ha puesto una serie de trabas y pretextos para hacer que el término se le cumpla sin que puedan enfrentar los gastos, es decir su responsabilidad. Las autoridades deberán de tomar cartas en el asunto debido a que esto es lo que sucede con muchas aseguradoras que se convierten en el dolor de cabeza para los afectados. AMPLIAREMOS.
Puntos Suspensivos…
La gasolina ha subido de precio y no es posible que algunos empresarios irresponsables hagan su negocio (alterando, eso se supone) las maquinas expendedoras del combustible. En la 9a sur y 23 poniente estación E07867 hay una gasolinera a quien le compre 20 lts en una garrafa, no estaba inflada y tiene marcado los 20 lts sin embargo el despachador términó y se le observa a la garrafa un faltante de casi dos litros. Llamamos al encargado quien dijo que nada sabia que es la PROFECO QUIEN REVISA Y PONE EL SELLO ¿Es decir, PROFECO es quien está haciendo mal su trabajo? Eso comentó el encargado “ usted me va a denunciar pero no tengo la culpa, es la PROFECO quien pone los sellos? .... Al hacer los comparativos de compra de gasolina a Pemex por ejemplo 10 mil litros, se acaba y la venta En la estación reporta 9 mil vendidos ¿Se lo reportan a PROFECO? O ¿pasa por su participación?... Aquiles Espinoza, nuevo Subsecretario del Transporte… veremos con que instrucciones viene.
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JAVIER CORRAL Y SU NUEVA BATALLA: DE LA TELECRACIA A LA CLEPTOCRACIA Jenaro Villamil
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ace diez años, el senador panista Javier Corral alcanzó notoriedad nacional con una de las batallas más difíciles y turbias que se han librado en el México de la alternancia: lograr la anticonstitucionalidad de la Ley Televisa, aprobada en marzo de 2006, en medio de las presiones de todos los candidatos presidenciales y de la mayoría de legisladores coludidos con la empresa de comunicaciones más importante del sistema. Corral se convirtió en el más consistente, informado y crítico político en contra de ese poder salvaje que había doblegado al Ejecutivo federal, al Congreso y amenazaba con atenazar al Poder Judicial. No era una batalla de agravios personales. Era una lucha contra la tentación de una dictadura mediática que logró descarrilar buena parte de las promesas de la transición a la democracia no cumplida: en 2002 las dos televisoras cancelaron la reforma a la ley de medios electrónicos que había propuesto el gobierno de Fox; TV Azteca se apropió de Canal 40 de la peor manera; en 2004 condicionaron el “apagón analógico” a sus intereses (aunque ahora se quejen); en 2006 lograron el refrendo automático de sus concesiones, avanzaron en su proyecto por convertirse en empresas de telecomunicaciones y dar los servicios de triple play. Sobre todo, se transformaron en juez y parte de las disputas político-electorales, beneficiándose con cientos de millones de pesos del presupuesto de los partidos y los gobiernos estatales y federal. El senador que más guerra y dolor de cabeza les dio fue Javier Corral. No fue el único, pero era el líder de 41 senadores que se rebelaron al “Sí” a la Ley Televisa. Entre ellos estuvieron los entonces priistas Manuel Bartlett y Dulce María Sauri, los perredistas de entonces Raymundo Cárdenas y César Raúl Ojeda, así como varios panistas como Felipe Vicencio. Lograron que la Suprema Corte echara abajo los aspectos más anticonstitucionales de la Ley Televisa. Esa victoria nunca la perdonó Televisa. La resolución de la Suprema Corte se interpuso al plan de
negocios y de expansión de poder de Grupo Televisa y de sus múltiples ramificaciones en la industria de la radio, la prensa, la publicidad, las empresas, etc. Dueños de un poder político inigualable hasta 2012, Televisa logró consolidar su máximo poder cuando Enrique Peña Nieto, su cliente y modelo principal de aliado, llegó a la Presidencia de la República. Fue el retorno del PRI y de una nueva generación de políticos (muchos de ellos gobernadores) que cifraron su ascenso en la complicidad con el poder mediático a cambio de millonarias cantidades del presupuesto, no auditable y encubierto a través de triangulaciones de fondos públicos e ilegales. Como Javier Corral no pertenecía a esa generación de tele-políticos, Televisa hizo todo para frenar su victoria en 2010 en Chihuahua. No pocos panistas estaban recelosos también de este legislador al que consideraban “radical”, “inmanejable”, “protagónico”, “conflictivo” porque no se ajustaba a la real politik de ponerse a los pies de los barones mediáticos. Corral vivió durante casi seis años bajo la amenaza absurda de una supuesta deuda de menos de un millón de pesos a una filial de Televisa. La empresa usó este débito como un ariete para el desprestigio. Demostraron así cuál es su modus operandi mafioso para frenar a políticos que considera sus enemigos o a quienes quiere dominar. En 2013 y 2014 el gobierno de Peña Nieto impulsó una amplia y ambiciosa reforma de las telecomunicaciones y la radiodifusión que se gestó en el Pacto por México. En parte, para librarse del estigma de ser “producto de Televisa” y, en parte también para abrir la competencia en un sector dominado por dos imbatibles monopolios
que pasaron de aliados a feroces adversarios desde 2011: Televisa y América Móvil. Corral fue impulsor y crítico también de esa reforma. En el desánimo, Corral me confió en 2014 que muchos de los logros de la reforma constitucional se perdieron en la legislación secundaria de aquella Ley Peña-Televisa que acabó beneficiando a esta empresa. Le permitieron seguir su proyecto de concentración en la televisión restringida hasta llegar a tener 62% de este mercado. La crisis actual de Televisa no vino por el lado de las leyes ni de las reformas de Peña Nieto, sino por los cambios tecnológicos y la revolución de las nuevas audiencias digitales que constituyen un desafío múltiple para los medios tradicionales y para los políticos que se acostumbraron a buscar rating y no legitimidad. Antes de ir de nuevo como candidato del PAN a la gubernatura de Chihuahua, Corral encabezó otra dura batalla al interior de su partido y también en contra de la censura a Carmen Aristegui y su equipo en MVS. Paradojas de la historia: el modelo de contrato con autonomía editorial y ombudsman de audiencia que Corral negoció y propuso a MVS y a Aristegui fue desechado por la empresa de Joaquín Vargas en uno de los más lamentables retrocesos de un medio que le había apostado a la pluralidad. Corral triunfó en las elecciones de Chihuahua contra todos los pronósticos. El PAN retorna a la gubernatura después del sexenio de Francisco Barrio (1992-1998) que dejó muchas heridas abiertas, como su indolencia por los feminicidios en Ciudad Juárez, y después de dos administraciones priistas que se caracterizaron por la violencia y la corrupción. Corral triunfó a pesar de la ope-
ración del gobierno saliente de César Duarte para cerrarle el paso, de la dirigencia del PRI y hasta de un sector de la izquierda y del panismo. Ganó a pesar de la corrupción que deja a Chihuahua con una deuda de más de 40 mil millones de pesos y unas arcas comprometidas por tres generaciones en pagar el atraco de Duarte Jáquez. Desde la adolorida Juárez, su ciudad, Javier Corral emprendió una nueva batalla por ser gobernador de su estado. Hoy tomó posesión en condiciones difíciles y citó a Benito Juárez como compromiso de encabezar un gobierno guiado por “la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley señala”. Corral lanzó un mensaje de conciliación con el movimiento magisterial, anunció la creación de una fiscalía especial para graves violaciones a los derechos humanos y advirtió que “no habrá impunidad” para los responsables de la bancarrota de Chihuahua. Estas serán las nuevas y difíciles batallas de Corral desde Chihuahua. Es tan compleja y quizá más peligrosa que su lucha contra la telecracia, pero indispensable para el país: demostrar que la transición desde la periferia hasta el núcleo federal del poder en México se puede dar. Que el sistema político mexicano, víctima de una larga agonía frente a la transición inconclusa, puede resurgir de un auténtico pacto con la sociedad, no sólo con los grupos de poder y las organizaciones criminales. La nueva batalla de Javier Corral Jurado es contra las poderosas redes de nuestra narcocleptocracia. Es una batalla que nadie, ningún político (ni Andrés Manuel López Obrador) la pueden librar solos. Menos un solo partido o una sola fuerza. Es un gran ejercicio de coalición de fuerzas, algo que hasta ahora no hemos visto en un sistema político tan acostumbrado a dividir, corromper, amedrentar y sembrar resentimientos en sus mejores hombres y mujeres. Mucha templanza e inteligencia para Javier Corral, compañero, fuente informativa, colega en el quehacer periodístico y generoso ser humano frente a estas nuevas batallas por venir.
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CONTRAPODER
EN CHIAPAS
EPISTOLARIO Armando Rojas Arévalo
En el mar la vida es más sabrosa
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NDREA: Mientras que el ex gobernador de Yucatán, PAT R I C I O PA TRÓN LAVIADA, preguntó en su cuenta de Facebook, “¿quién hizo y permitió esta salvajada y acto de prepotencia? Aterrizar un helicóptero en el Área Natural Protegida del Arrecife de Alacranes es una burla”, EMILIO GAMBOA PATRÓN, su paisano, coordinador de los senadores priistas, dijo que fue un error aterrizar en ese parque nacional que desde 2006 fue incorporada a la Red Mundial de Reservas de la Biosfera del Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO, pero el sólo iba de pasajero invitado. O sea. Si efectivamente fue un error, ¿por qué no le advirtió al piloto de la aeronave? Pero, aparte, qué descobijada le dan a GAMBOA al exhibir las fotos cuando bajaba del aparato para dirigirse hacia el yate del empresario EMILIO DÍAZ CASTELLANOS, presidente del Grupo Dicas que maneja muchos negocios, entre ellos la concesión de General Motors en Yucatán y Quintana Roo, y del que se dice ha sido favorecido con contratos de obras en gobierno. O sea. Junto con GAMBOA viajaron GUILLERMO RUIZ DE TERESA, coordinador de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones, y otro funcionario no identificado. Qué maravilla. Los datos que hay del Grupo Dicas es que se trata de un corporativo con una nómina de mil 120 personas entre sus 19 empresas, entre ellas General Motors, donde maneja las líneas de lujo de Cadillac Saab, Alfa Romeo y Peugeot, y un grupo inmobi-
liario que desarrolló entre otras inversiones el controvertido proyecto MayaZamá en tiempos del gobernador quintanarroense FELIX GONZÁLEZ CANTO. Originalmente, la Semarnat (26 de mayo, 2008) rechazó el estudio de impacto ambiental presentado por el misterioso grupo empresarial, “por no contar con los elementos técnicos necesarios para su correcta evaluación y resolución”, pero mágicamente, unos cuantos días, después la delegación federal en Quintana Roo le otorgó el tan ansiado sí, aunque la información permanece “reservada” en aras de la “transparencia”, según reveló La jornada en su momento. MayaZamá es conocida por su portafolio de inversiones de alta rentabilidad en propiedades que incluyen la Yucatan Village & Resort, calidad reconocida como la mejor resort & residencial comunidad en México en 2007. Su portafolio incluye condominios, edificios de oficinas, retail complexes, renta de apartamentos y hoteles de calidad como el Hyatt Regency Mérida, Reef Yucatan, Holiday Inn Playa del Carmen y Holiday Inn Mérida. O sea. BUENO, DE OTRAS COSAS, hoy 4 de octubre se celebra a San Francisco de Asís; “Tata Chico”, le dicen en Tonalá, Chiapas, por ser su sato patrón. Abrazos para todos los Panchos. NO, BUENO. El gobierno ha dicho que se apretará el cinturón ante la crisis económica, pero como si se tratara de piñata navideña repleta de regalos, destinará un presupuesto de 143 millones de pesos –de los que el 49.6 por ciento, casi 72 millones, será a salarios de 150 nuevas plazas- al Sistema Nacional Anticorrup-
ción. La iniciativa fue presentada al Senado, donde no pocos legisladores arquearon las cejas al conocer que el Secretario Técnico Anticorrupción tendrá un salario anual de 2 millones 240 mil pesos; es decir, 187 mil pesos al mes, más de lo que actualmente percibe un senador, y que los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana tendrán un salario honorario de 100 mil pesos mensuales; es decir, que al año ganarán un millón 200 mil pesos. Además, el mentado Sistema contará con siete direcciones de área, cuyos titulares ganarán anualmente un millón 176 mil pesos; es decir, mensualmente percibirán un salario de 98 mil pesos. Así, también, habrá 17 subdirecciones cuyos titulares recibirán un salario mensual de 62 mil 311 pesos, y se tendrán 38 jefes de departamento cuya percepción al mes será de 38 mil 656 pesos, y 82 enlaces que tendrán un sueldo de 25 mil 407 pesos mensuales.
¡¡¡Quieroooo!
MIENTRAS TANTO, y ya que se habla tanto de corrupción, el Instituto Nacional de Migración en Tapachula, Chiapas, estaba (ojalá ya no) infestado de ratas de dos patas. Personal de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Migrantes detuvo a un trabajador del Instituto Nacional de Migración (INM) por estar presuntamente implicado con otros en la extorsión a migrantes cubanos. El tipo formaba parte de un grupo criminal que se dedicaba a tanto a la extorsión como a la venta de salvoconducto en
la frontera chiapaneca, además de que violaron a varias cubanas. Los migrantes revelaron que fueron retenidos del 12 al 29 de septiembre en dicha ciudad, luego de que la persona les exigiera dinero para tramitarles de manera ilícita el salvoconducto al país. Sin contar que otros migrantes manifestaron que les están pidiendo 2 mil 500 dólares para entregarles los papeles de entrada al país. SI VES POR AHÍ A RICARDO ANAYA, presidente del PAN, no le vayas a elogiar mucho a FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, el nuevo gobernador –panista- de Tamaulipas. Y es que a dos días de haber asumido el cargo, expresó su deseo de trabajar conjuntamente con su homólogo de Nuevo León, JAIME RODRÍGUEZ (a) El Bronco, en temas de seguridad, sin pensar (¿o sí?) que le va a engordar el caldo a la campaña que se trae aquel para ser candidato independiente a la Presidencia de la República. LA REBATINGA POR EL PODER.- Me dicen que EMILIO ULLOA, ex perredista y ex integrante de Movimiento Ciudadano, pelea el escaño que ALEJANDRO ENCINAS dejó vacante temporalmente en el Senado para irse a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Como el suplente de ENCINAS, MANUEL CRISÓSTOMO REYES, falleció y no hay quien ocupe el lugar, ULLOA quiere sentarse en él y empezar a cobrar el sueldo de senador. Ignora, o pretende ignorar, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial tiene en sus manos el problema. A lo mejor ya le dijeron que chance y le toque algo. Todo es posible en México lindo y querido.
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MUERA EL MAL GOBIERNO Héctor Tajonar
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areciera una condena o una maldición. La demanda popular de acabar con los gobiernos fallidos y corruptos que hemos padecido sigue vigente –hoy más que nunca–, dos siglos después de que Miguel Hidalgo iniciara el movimiento de Independencia al grito de “¡Viva Fernando VII y muera el mal gobierno!”. La historia de México no ha desembocado en una gobernanza de calidad que garantice las libertades, la seguridad y los derechos de la población a niveles de vida dignos, educación y servicios de salud de calidad, con crecimiento económico sostenido, creación de empleos formales bien remunerados y la igualdad ante la ley bajo la égida del estado de derecho. ¿Por qué no hemos podido alcanzar un nivel satisfactorio en la calidad del gobierno después de dos siglos como nación independiente? Tomemos como referencia una investigación para evaluar la calidad de la gobernanza en más de 200 países realizada por el Banco Mundial (BM) desde 1996, enfocada en seis áreas: 1. Libertad electoral, de expresión y rendición de cuentas. 2. Estabilidad política y ausencia de violencia. 3. Eficacia gubernamental. 4. Calidad regulatoria. 5. Imperio de la ley. 6. Control de la corrupción. En relación con las libertades electorales, es indudable que ha habido avances institucionales, como la creación de un instituto y un tribunal electoral autónomos que han permitido la realización de procesos comiciales libres y el surgimiento del pluralismo político. No obstante, estamos lejos de alcanzar la integridad electoral, debido a la recurrencia de irregularidades como rebasar los topes de gastos de campaña, la compra del voto, la presencia de dinero ilegal en las campañas políticas, así como la compra ilegal de tiempo y espacio en los medios de comunicación, entre otras trampas y corruptelas que quedan impunes a pesar de la existencia de leyes e instituciones creadas para evitar y sancionar dichos delitos. El caso de la libertad de expresión es similar. Hoy existe mayor libertad de
prensa que en el siglo pasado, pero tanto a nivel federal como estatal prevalecen muchos de los vicios del antiguo régimen, basados en el trueque de apoyo y sumisión periodística a cambio de prebendas gubernamentales en dinero y especie. Más grave aún es utilizar el poder del Estado para “castigar” de manera vil y subrepticia a los medios y periodistas críticos. En el ámbito de la transparencia y rendición de cuentas, los avances jurídicos e institucionales tampoco han acabado con la opacidad y los abusos, como lo ilustran de manera oprobiosa los casos de los gobernadores Javier y César Duarte, de Veracruz y Chihuahua, respectivamente; Roberto Borge, de Quintana Roo; así como el emblemático caso del coahuilense Humberto Moreira, el gran protegido del gobierno actual. Baluarte del antiguo régimen, la estabilidad política se logró mantener en la joven democracia a niveles razonables, pero todo cambió con la escalada de violencia iniciada tras la “guerra contra el narcotráfico” declarada por Felipe Calderón y continuada durante la presente administración. La connivencia de políticos de todos los niveles y colores con los capos del crimen organizado representa el mayor obstáculo para resolver esa terrible amenaza a la seguridad y la estabilidad. A juzgar por los magros resultados en materia de crecimiento económico, productividad, creación de empleos, combate a la pobreza, educación, salud o respeto a los derechos humanos, la eficacia gubernamental ha sido mediocre. Resolver esa proverbial ineficiencia que impide el desarrollo del país es uno de los mayores retos que enfrentamos como nación. Urge una reingeniería de la administración pública que permita racionalizar y optimizar el uso de los recursos presupuestales. La calidad regulatoria para formular y aplicar políticas y normas sensatas que permitan y promuevan el desarrollo del sector privado se ha cumplido razonablemente bien, en términos generales. Como en el pasado, en este sexenio el mayor abuso ha sido el trato preferencial a los grupos empresariales del Estado de Mé-
xico cercanos al presidente, que han sido beneficiados con contratos multimillonarios del gobierno (Proceso 2081). El “capitalismo de cuates” ha llegado a excesos de escándalo durante el peñanietismo. La ausencia de un auténtico estado de derecho ha sido la carencia perenne en la historia de México. El costo de esta deficiencia estructural ha sido muy elevado, pues frena el crecimiento económico, el desarrollo y la prosperidad de la nación. Asimismo, la falta de un verdadero imperio de la ley ha propiciado la corrupción y el fortalecimiento del crimen organizado. Al impedir la equidad ante la ley, la fragilidad del estado de derecho se traduce en un aumento de la desigualdad y la pobreza. El Latinobarómetro 2016 revela que México ocupa el último lugar de la región en materia de respeto a la ley. Sólo 56% piensa que existe la obligación de obedecer la ley. Además, 99% de los delitos que se cometen en el país no son castigados. Sin el gobierno de la ley predomina la arbitrariedad y se cancela la legitimidad democrática. El sexto tema para determinar la calidad de la gobernanza es el control de la corrupción, el otro talón de Aquiles del gobierno mexicano desde tiempos inmemoriales. Las leyes e instituciones diseñadas para prevenir y combatir ese flagelo desde la gestión de Miguel de la Madrid han fracasado. Ha triunfado la impunidad, y sabemos que el derecho no existe sin sanción. Además, el sistema de procuración e impartición de justicia es deficiente y corruptible. Por ello existe el riesgo de que el Sistema Nacional Anticorrupción creado en este gobierno corra la misma suerte de las instituciones que lo antecedieron. México es hoy más plural, pero no más justo; quizá más libre, pero no menos desigual; acaso más democrático, pero no más respetuoso de la ley. La cultura política del país sigue anclada al autoritarismo surgido de la revolución institucionalizada. La conclusión es clara: sin un estado de derecho robusto es imposible tener una gobernanza de calidad. En tanto no prevalezca el imperio de la ley, los malos gobiernos no morirán.
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CMAN
DIARIO
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CONTRA PODER EN CHIAPAS
INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
Miércoles 5 de Octubre de 2016 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 3 | No. 916
INFORME
INCONFORMES
Maestros Dejan Sin Clases a Alumnos del Cebech “Teodomiro Palacios”
Más de 150,000 niños trabajan en Chiapas: GOBIERNO
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LLAMADO
Urgente la capacitación en materia de juicios orales: Especialista
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SUBSIDIO
Del protocolo al primer informe de gobierno, un evento lujoso
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PETICIÓN
Mesa de trabajo sobre igualdad de género y paridad en el IEPC
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El informe comenzó después de las 18:00 horas, pero el acceso a los habitantes de colonias lejanas fue a partir de las 3 de la tarde; después, fue la acreditación a los medios de comunicación, la “gente de primer nivel” ingresó por la parte trasera del Poliforum en la capital de Chiapas, donde Fernando Castellanos, con algunas novedades tecnológicas, políticas y discursivas, rindió su primer informe de gobierno este 3 de octubre.
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Empresarios en Coatzacoalcos exigen a Peña Nieto terminar con la “ola de violencia”