CMAN EDITORIAL
El informe de Eduardo Ramírez
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La lucha por la sucesión de la gubernatura en el 2018 inició de meses atrás a la vista de todos, pero a partir del informe del Presidente del Congreso Local, Eduardo Ramírez, adquiere el cariz de una guerra abierta, en la que no habrá concesiones y los ataques se desarrollarán con saña.
DOXA
La secretaría de educación en Chiapas vive conflictos que son inentendibles. Maneja un presupuesto de 24 mil millones de pesos anuales y cada ciclo escolar tiene miles de vacantes de plazas docentes, pero no es capaz de pagar los adeudos a los profesores ni contratar a los normalistas. O la incapacidad es extrema o alguien financia los disturbios.
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CONTRA PODER EN CHIAPAS
INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
Miércoles 21 de Diciembre de 2016 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 3 | No. 977
VIOLENCIA
INCIDENTE
Presuntos normalistas en Chiapas queman vehículos en oficinas de Educación
Unos 100 jóvenes llegaron encapuchados con palos y piedras, así como bombas molotov, a bordo de dos microbuses de transporte público, de los llamados ConejoBus, al edificio de la Secretaría de Educación.
Tragedia… otra vez en Tultepec; 29 muertos y más de 70 heridos
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ANUNCIO
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Perfilan PRD, PAN y PT alianza para elecciones en Coahuila, Veracruz, Edomex y Nayarit PAG. 9
MENSAJE
Insiste Peña en ley de seguridad interior y reforma policial
Refuerza INE seguridad en manejo de datos del padrón electoral PAG. 9 HOY ESCRIBEN CÓDIGO NUCÚ César Trujillo
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2016 UN AÑO DIFÍCIL
Guillermo j. R. Garduño Valero PAG. 14
POCAS UNIVERSIDADES CON PROTOCOLO PARA ATENDER LA VIOLENCIA DE GÉNERO Silvia Núñez Esquer
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LA CRISIS DE DERECHOS HUMANOS QUE NOS ALCANZÓ Mario Patrón Sánchez
FUGADOS
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John M. Ackerman PAG. 12
NORBERTO RIVERA, PEDERASTIA Y SUCESIÓN Jenaro Villamil PAG. 9
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CONTRAPODER
Miércoles 21 de Diciembre de 2016 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
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EDITORIAL El informe de Eduardo Ramírez
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a lucha por la sucesión de la gubernatura en el 2018 inició de meses atrás a la vista de todos, pero a partir del informe del Presidente del Congreso Local, Eduardo Ramírez, adquiere el cariz de una guerra abierta, en la que no habrá concesiones y los ataques se desarrollarán con saña, para vulnerar esa candidatura, sin importar de que en esta lucha Chiapas pierda. La señal, hasta ahora, parece clara, Eduardo Ramírez es el elegido del gobernador y eso lo hace vulnerable por varias razones: carga los negativos generados por el propio gobierno; va a concentrar los ataques y guerra sucia de los demás suspirantes; su fragilidad es mayor en virtud de que las conspiraciones en contra del gobernador lo mellan directamente; se va a incrementar el rumor y la campaña para definir un nuevo interinato; el gobernador Velasco Coello tiene un fuerte desgaste y no consolidó su liderazgo y, junto a todo esto, hay una peligrosa desarticulación de la presencia del Estado como tal en gran parte del territorio, en
la que se deterioró el orden y la autoridad, lo que hace propicio el surgimiento y la creación de conflictos y violencia. En la designación de gobernadores Chiapas tiene una historia paradigmática. Todos sus gobernantes han sido puestos por el centro del país. Así fue con Pablo Salazar Mendiguchía, quien construyó la alianza de partidos con el respaldo de Los Pinos, en la que el propio secretario de gobernación en ese momento Diódoro Carrasco amenazó José Antonio Aguilar Bodegas para que desistiera de su candidatura a sabiendas de que Sami David era un candidato a modo, y después cuando surge el escándalo del título falso de Pablo, el gobierno federal no sólo lo encubrió sino que lo protegió. En el caso de Juan Sabines Guerrero la historia se definió al final y por un error de perspectiva: en el 2006 Aguilar Bodegas ya había logrado el respaldo del PAN, pero del panismo ligado a Vicente Fox y a su presidente Manuel Espino; Pero Felipe Calderón tenía sus propios operadores confrontados con la dirigencia del partido y Jun Sabi-
nes terminó aliándose al PAN de Juan Camilo Mouriño y Germán Martínez Cázares, quienes fueron los que inclinaron la balanza para consumar un triunfo plagado de ilegalidades, en la que el Magistrado ponente del TRIFE fue Alejandro Luna Ramos, otro chiapaneco con antecedentes voraces que estuvo al servicio de los gobernadores chiapanecos. En la contienda del 2018, Eduardo Ramírez aparece como un candidato constreñido a las relaciones locales, frente a los otros aspirantes que mantienen su marco de relaciones desde una perspectiva nacional y que además forman parte de la Juniorcracia, en la que la carrera política que tienen está determinada por los antecedentes de sus padres, en la que fueron exgobernadores o senadores de la república... Desde esta perspectiva los antecedentes le son adversos, pero nunca como ahora el escenario político nacional había estado plagado de incertidumbre, en la que a ciencia cierta no se definen las candidaturas al interior de los partidos exceptuando la candidatura de MORENA.
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Presuntos normalistas en Chiapas queman vehículos en oficinas de Educación Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)
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l menos 12 vehículos fueron quemados la mañana de este martes por presuntos estudiantes normalistas que reclaman “una segunda vuelta” del examen de admisión para ingresar al Servicio Profesional Docente. Unos 100 jóvenes llegaron encapuchados con palos y piedras, así como bombas molotov, a bordo de dos microbuses de transporte público, de los llamados ConejoBus, al edificio de la Secretaría de Educación. Un grupo lanzó piedras a los ventanales del edificio, otros más dejaron pintas de la “CENECH” -Coordinadora Estatal de Normalistas del Estado de Chiapas- en tanto que otro grupo lanzó las bombas molotov a una docena de vehículos que fueron
Unos 100 jóvenes llegaron encapuchados con palos y piedras, así como bombas molotov, a bordo de dos microbuses de transporte público, de los llamados ConejoBus, al edificio de la Secretaría de Educación. incendiados. Solo ocho de las unidades vehiculares, en su mayoría oficiales del sector educativo, quedaron intactas. Tan pronto como lograron su cometido, los presuntos estudiantes normalistas se retiraron de la zona a bordo de los dos microbuses. Después llegaron los vehículos de bomberos y de protección civil, así como policías estatales que acordonaron la zona. De forma extraoficial se dijo que los estudiantes demandan “una segunda vuelta” del examen de admisión para ingresar al Servicio Profesional Docente.
Canasteras reprochan su retiro del centro De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)
Luego de que el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez retirara a gran parte de los comerciantes irregulares que se mantenían en las principales calles y avenidas de la ciudad, vendedoras (tradicionales o canasteras) denunciaron una serie de irregularidades cometidas en su contra. Frente a la coordinadora de Política Fiscal, Silvia Arely Díaz Santiago, señalaron que los fiscales cobraban 50 pesos para que pudieran comerciar medio día, pese a estar dadas de alta ante Hacienda donde “pagamos 70 pesos de refrendo cada año” y pagar el derecho de piso. Molestas exigieron la presencia del alcalde capitalino, quien minutos antes daría una conferencia de prensa en el parque de la Libertad ubicado en la Calle Central y Primera Sur, para dar los pormenores de la liberación del centro. El edil no se presentó. Las vendedoras reprocharon que Castellanos Cal y Mayor se había comprometido a no retirarlas (a ellas), sin embargo fueron separadas de su lugar de trabajo. En este sentido, reprobaron que las autoridades municipales estén intentando reubicarlas en espacios, donde a su parecer, no será beneficio. “Nos quieren mandar a los libramientos, ahí quién nos va a com-
prar, nos quieren matar de hambre; además, nosotras tenemos años trabajando aquí y no afectamos a los mercados, a diferencia de los que vienen de México y Puebla, a ellos sí deberían sacarlos”, insistieron. Pese a que la titular de la Coordinación de Política Fiscal del ayuntamiento trató de calmarlas, advirtieron que no dejarían de manifestarse hasta tener una respuesta del presidente municipal, quien no asistió a la conferencia de prensa a ese mismo lugar. Por otra parte, comerciantes de puestos semifijos, demostraron que contaban con tarjetones emitidos por el mismo ayuntamiento, sin embargo, también fueron retirados del centro de Tuxtla Gutiérrez, causando molestias y enojos en los vendedores. Más tarde, en la sala de cabildo del ayuntamiento municipal, el presidente dio una conferencia de prensa, donde defendió y respaldó a Silvia Arely Díaz Santiago y aseguró que el retiro de ambulantes se llevó a cabo respetando el estado de derecho. En conferencia, aseguró que la reciente limpieza del centro fue la culminación de un año de trabajo y de mesas de negociación y acuerdos con diferentes grupos de comerciantes irregulares que se encontraban en casi todo el centro. “Hoy podemos presumir que he-
mos recuperado el primer cuadro de la capital, quiero agradecer a todas las instancias municipales que formaron parte de este proceso y las dependencias del gobierno del estado”, dijo. Fernando Castellanos Cal y Mayor aseguró que en los próximos diez días se instalarán módulos de atención en el ayuntamiento para reubicar a los comerciantes. Aseguró que habrá opciones para todos los vendedores que soliciten el apoyo. “Algunas de las opciones será la reubicación en tres predios que el ayuntamiento ya tiene bajo su poder en el mismo centro de la ciudad y otro, que es un terreno muy grande, del lado oriente que ya está adapta-
do para empezar un bazar navideño y posteriormente un mercado que tanta falta hace”, dijo. Asimismo, dio a conocer que se iniciará un programa de mercado itinerante, para permitir que las personas puedan comerciar en las colonias donde no hay mercados. Finalmente, aseguró que desde este día habrá cero tolerancias para las personas, grupos u organización que pretendan utilizar las principales calles de la ciudad para realizar actividades comerciales. En este sentido, dijo que durante los tres primeros meses, después de la liberación, se instalará una fuerza de tarea de 3 mil elementos de diferentes corporaciones policiacas.
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El 67% de chiapanecos no puede adquirir canasta alimentaria De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)
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l grupo de especialistas de México ¿cómo vamos? reveló que más del 67 por ciento de los habitantes del estado de Chiapas no pueden adquirir la canasta alimentaria, por lo que su alimentación no es la adecuada. Cada trimestre, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval) publica el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza, con el cual se puede calcular la proporción de la población a nivel nacional y estatal que no puede adquirir la canasta alimentaria básica con el ingreso proveniente de su trabajo, incluso si le dedicara la totalidad de éste. La canasta alimentaria al tercer trimestre de 2016 tuvo un costo de 942.82 pesos mensuales en las zonas rurales y 1,323.86 pesos mensuales en las zonas urbanas, con incrementos en el precio de 3.46 y 3.25 por ciento, respectivamente, a comparación del mismo trimestre de 2015. Los últimos datos publicados, correspondientes al tercer trimestre de 2016, muestran que en México 40 por ciento de las personas viven en esta condición. Diez estados tienen un porcentaje de pobreza laboral superior al nacional. Chiapas, Guerrero y Oaxaca encabezan la lista con 67.6%, 63.5% y 62.7% de su población sin el ingreso proveniente del trabajo
Cada trimestre, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval) publica el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza, con el cual se puede calcular la proporción de la población a nivel nacional y estatal que no puede adquirir la canasta alimentaria básica con el ingreso proveniente de su trabajo, incluso si le dedicara la totalidad de éste
suficiente para adquirir la canasta alimentaria respectivamente. Sin embargo, tanto en Chiapas como Guerrero, la proporción disminuyó en 1.8 y 0.8 puntos porcentuales respectivamente a comparación del mismo trimestre de 2015. En Oaxaca, por el contrario, el porcentaje aumentó en 0.8 puntos.
Los estados con el menor porcentaje de población en pobreza laboral al tercer trimestre del año son Baja California Sur, Baja California y Chihuahua, donde 20.9%, 23% y 23.5% de la población en los estados respectivamente viven bajo esta condición. Chihuahua, además, fue el segundo estado con la mayor disminución en pobreza
laboral, al pasar de 28.1% a 23.5%. En el periodo comprendido entre el tercer trimestre de 2012 y tercer trimestre de 2016, el ITLP-IS en Chiapas creció 1.41 por ciento; lo anterior ubicó al estado en el lugar 22 de menor crecimiento del indicador; en tanto que el promedio nacional registró un descenso de 1.17 por ciento en el mismo periodo.
Policías jubilados y pensionados reclaman pago de aguinaldos Eleazar Domínguez Torres Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Por lo menos unos 250 policías jubilados y pensionados pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública no han cobrado sus aguinaldos, al tiempo que les han sido retirados apoyos, como el pago del día del burócrata, apoyos escolares entre otros, confirmó en entrevista ; Inocencio Rivera González. Abordado en entrevista para esta casa editorial en las afueras del Fidecomiso de Prestaciones de Seguridad Social para los Trabajadores del Sector Policial, dijo: “nuestra inconformidad y por lo cual nos estamos manifestando compañeros jubilados y pensionados de las diferentes corporaciones de la policía es porque hoy nos habían dicho que nos iban a pagar
el aguinaldo y sabemos que hoy es el último día que se debe de cobrar esto pero ahora nos salen con que la Secretaría de Hacienda no les ha depositado y ya de por sí hemos tenido problemas con ellos”. El quejosos refirió que independientemente de que su pago es cada mes en muchas ocasiones les retrasan la pensión que por derecho les corresponde: “y siempre le echan la culpa a hacienda y Hacienda nos manifiesta que ellos depositan los días veintisiete de cada mes y ahorita la inconformidad más grande que tenemos es por el no pago de aguinaldos y ese dinero nosotros lo necesitamos, como usted debe de saber a nosotros ya no nos dan empleo en ningún lado y lo que queremos mediante esta denuncia es que nuestros recursos se liberen”. Por lo que exhorto al Doctor Mi-
guel Ángel Tapia Alonso responsable del Fidecomiso para el pronto pago de dichos recursos, ya que señaló que su inconformidad la han
tratado directamente en las oficinas del Fidecomiso sin encontrar ninguna respuesta satisfactoria a sus demandas, finalizó..
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Hicimos del Legislativo el mejor instrumento para escuchar a la gente a través de la consulta ciudadana: ERA
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n esta Legislatura se han hecho reformas progresistas que atienden el sentir popular y las preocupaciones de todos los sectores sociales, pues estos tiempos son de incorporar opiniones, por diversas que estas sean y hacer del Legislativo el mejor instrumento de las preocupaciones sociales. En otras palabras que hable Chiapas, señaló Eduardo Ramírez Aguilar en el marco del cuarto día de informes legislativos, que en esta ocasión se llevó a cabo en la capital chiapaneca. Y es que dijo que hoy tenemos que ser portavoces, facilitadores del sentir de la gente y no estereotipos pasados de moda en donde sólo se simulaba la consulta, por eso –mencionó- a lo largo de 12 meses se llevó a cabo una verdadera consulta popular a través de foros y mesas de trabajo por todas las regiones de Chiapas. En este sentido Eduardo Ramírez destacó que hoy se tiene un Legislativo auténtico, que escucha a la gente y que responde a los intereses de una sociedad crítica, polivalente y diversa. Ante un auditorio lleno con diversos actores de la sociedad, Ramírez Aguilar dio un recuento de las principales reformas que se hicieron en este periodo legislativo y prefiguró las venideras del 2017. Habló de los Gobiernos de Coalición, cuaya finalidad es fortalecer la democracia en la toma de decisiones dentro de los Gobiernos, toda vez que no pueden haber gobiernos que ganen todo y se lleven todo en términos de representación; “hoy los tiempos recla-
man del reconocimiento de mayorías y minorías para una mejor convivencia armónica y pacífica”. “Los legisladores hoy interpretamos el justo reclamo y petición de la gente, por eso hoy tenemos una nueva Ley de Adquisiciones que viene de uno de los sectores, el empresarial, misma que servirá para reactivar la economía local pues lo que aquí se gaste, aquí se quede”, explicó el presidente del Congreso local. En materia ambiental, Eduardo Ramírez fue enfático en señalar que Chiapas nació bello y con un basto cúmulo de recursos naturales de cara al mundo, estamos empeñados de trabajar a favor del medio ambiente, por ello se creo la Procuraduría Ambiental, la cual velará por la conservación de nuestras selvas, bosques y la Lacandona, el principal pulmón de México. En su ejercicio de rendición de cuentas, el legislador anotó que el turismo es uno de los principales generadores de empleo y por lo tanto de desarrollo económico en el estado, por ello en esta Legislatura se aprobó la nueva Ley de Turismo, que además de empoderar al sector, representa un
gran andamiaje para todo Chiapas, considerada por propios y extraños como un polo turístico digno de conocer, recorrer y disfrutar. Luego de ser ovacionado en diversas ocaciones, Eduardo Ramírez habló de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), en donde reconoció el gran esfuerzo conjunto de los tres senadores de la República por Chiapas, pues dijo que gracias a ellos y al Senado de la República gozamos hoy de una nueva ZEE en la costa chiapaneca. En este marco agregó que es tarea de este Legislativo pugnar por una nueva Zona Ecónomica Especial para el centro del estado y de esta manera también le lleguen los beneficios a otra importante población de Chiapas, beneficios como la condonación de diversos impuestos municipales y estatales, favoreciendo la inversión nacional y extranjera. Eduardo Ramírez puntualizó que junto con los demás diputados y diputadas se legisló sobre una preocupación añeja de los chiapanecos, como es la autonomía del registro público de la propiedad. Además no dejó pasar la oportuni-
dad y también prefiguró las principales tareas del Legislativo para el año venidero como son: La ley de obra pública, para la cual se generarán los consensos necesarios con todos los actores del sector y así tener la mejor ley de obra pública, transparente, ágil y eficaz; que el derecho al agua sea normado y forme parte de las próximas reformas a la Constitución; así como darle trámite a una iniciativa de ley enviada por el Ayuntamiento Tuxtleco referente a la prevención del delito. En la parte final de su discurso, Eduardo Ramírez agradeció al jurista Diego Valadez y al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Unach por que formaron parte de este gran proyecto como es la Reforma Integral a la Constitución. Tambien reconoció al Ejecutivo porque a pesar de los problemas por los que ha atravesado Chiapas, ha sido un Gobierno responsable en sus finanzas, pues sin pedir un sólo crédito, ha logrado salir adelante. “No se puede negar que Chiapas ha atravesado a lo largo de su historia por grandes problemas en la construcción de su tejido social y esto es porque somos un estado diverso y pluricultural, por ello desde el Congreso del Estado seguiremos contribuyendo con las instituciones, en esta construcción de la paz, que debe trabajarse día a día”, manifestó. Finalmente Eduardo Ramírez concluyó su informe haciendo una reflexión: “lo único que nos corresponde es vivir y trabajar en el ahora, en el presente; porque el futuro es incierto”.
Chiapas: Indígena tsotsil 17 años injustamente preso, en espera de amparo para lograr su libertad De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Pozol Colectivo)
“Estoy esperando el resultado del amparo que presentó mi abogado ante el Juzgado Federal”, comparte en una carta el indígena tsotsil Alejandro Díaz Santíz, quien aún con la promesa de gestionar su libertad de parte de ejecutivo estatal Velasco Coello, continúa injustamente preso, en un penal de máxima seguridad de la costa de Chiapas. Alejandro Díaz Santiz, de 36 años, fue aprendido en el estado de Veracruz en 1999, acusado de un homicidio que siempre ha negado. Al momento del arresto no hablaba español, fue torturado, nunca tuvo acceso a traductor y no contaba con dinero suficiente para una defensa legal adecuada, como se
ha evidenciado en diversas ocasiones, desde que fue condenado a 30 años de prisión. “El mal gobierno lo que hizo en mi persona es mandándome de traslado a un centro federal para que no siga yo ablando en contra de ellos. Piensan que con estos traslados que me hicieron voy a callar o dejar de luchar o tener miedo, no al contrario, seguiré gritando más fuerte todavía, exigiendo las verdaderas justicia y las libertades de todo los presos políticos y presos de conciencia”, afirma Alejandro en su carta desde el penal de Villa Comaltitlán. “El traslado forzoso a un penal de máxima seguridad, es una venganza política del mal gobierno contra Alejandro, castigado por apoyar y concientizar a los demás presos”, subraya el
Grupo de Trabajo No Estamos Tod@s (GTNET), ya que Alejandro mediante la organización “Solidarios de la voz del amate”, adherente a la Sexta, realizaba una labor de defensa de los derechos humanos dentro del penal de Los Llanos, de San Cristóbal de las Casas, donde anteriormente se encontraba. “Cabe mencionar que en ese traslado se violaron las mismas leyes y códigos del Sistema, ya que el delito de Alejandro Díaz no es de fuero federal y su conducta en la vida carcelaria no es considerada de “alta peligrosidad”, asegura el GTNET. Para el grupo de trabajo, solidario con presxs políticos y de conciencia, “esa forma brutal de cambiar de penal a un preso, después de muchos años en un mismo lugar, es una tortura psi-
cofísica, porque aleja al preso de sus familiares y de su red de amistades”. “Además las reglas de acceso y visita en un Cefereso, como él de Villa Comaltitlán, son tan estrictas que hacen de esos lugares unos campos de concentración prácticamente impenetrables”, evidencian las y los defensores de derechos humanos.
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Congreso de Guerrero aprueba ley para proyectos mineros en zona del narco Ezequiel Flores Chilpancingo, Gro. (apro)
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iputados locales aprobaron por mayoría la Ley de Zonas Económicas Especiales que envió el gobernador, Héctor Astudillo Flores, para utilizar recursos públicos en proyectos de inversión privada de la industria minera y marítima, ubicados en zonas controladas por el narcotráfico. El coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja, advirtió que en caso de que el gobierno de Astudillo no asuma su responsabilidad para recuperar el control territorial de las franjas de la entidad controladas por la delincuencia, depurar las corporaciones policiacas y erradicar la corrupción, “el potencial económico no va a florecer y tampoco habrá los resultados esperados”. Luego, aseguró: “¿Quién va a invertir donde existe inseguridad? Sólo empresarios y políticos con vínculos directos con el crimen que pacten acuerdos para no ser molestados como hostigan al resto de la sociedad y miembros del sector productivo que son obligados a pagar cuotas”. En marzo de este año, en su edición 2054, Proceso público el reportaje titulado “Inversión millonaria en territorios del narco en Guerrero”, en el que se dio a conocer que el diagnóstico del gobierno de Astudillo Flores responsabilizó a las administraciones anteriores, además de la ineficaz estrategia federal. Desde ese entonces se declaró incompetente para revertir los efectos de la incidencia delictiva en la entidad.
Rosa Santana Campeche, Camp. (apro)
En menos de un mes, el Congreso local aprobó este martes un segundo endeudamiento por más de mil 200 millones de pesos para construir el nuevo puente de La Unidad. El crédito se pagará a un plazo de dos décadas, y para ello también se autorizó al Ejecutivo comprometer ingresos por concesiones y participaciones federales, pese a que 87% del presupuesto del estado depende de estas últimas. El pasado jueves 8, guarecido en una campaña mediática para “valorar lo que hace por Campeche el señor gobernador”, el Congreso autorizó a Alejandro Moreno un endeudamiento hasta por 495 millones de pesos, y la justificación fue compensar la reducción presupuestal que por parte de la Federación resentirá el estado en 2017. Con ese primer monto aprobado,
Por el contrario, el mandatario estatal se concentra en atraer inversión privada para detonar magnos proyectos de desarrollo industrial, sobre todo minero y portuario, cuyo principal problema es que se enfocan en zonas controladas por el narco. El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 (PED) del gobierno estatal, presentado ante el Congreso local en febrero pasado, destaca la construcción del puerto La Unión, obra anunciada desde 2007 por el entonces presidente panista Felipe Calderón en la comunidad de Petacalco, municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca. En ese sitio se encuentra la polémica termoeléctrica Plutarco Elías Calles, concebida como “una extensión” del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Igualmente, se planea establecer un eje minero que abarca municipios de las regiones de Tierra Caliente, Costa Grande Montaña, Centro y zona Norte, entre ellos Coyuca de Catalán, Zirándaro, Cutzamala, San Miguel Totolapan, Arcelia, Teloloapan, Buena Vista de Cuéllar,
La Unión, Eduardo Neri, Mochitlán y Quechultenango, indica el documento, cuya copia obtuvo Proceso. Esta franja, donde el gobernador Héctor Astudillo pretende impulsar dos de sus más importantes proyectos, es controlada por la delincuencia organizada. Ahí la confrontación entre bandas criminales ha exhibido también los nexos de políticos y autoridades de los tres niveles de gobierno y del Ejército con el narcotráfico. Luego de 10 meses, el gobernador envió al Congreso la iniciativa de Ley para homologar la normatividad local al marco jurídico federal y consolidar sus proyectos estratégicos de desarrollo, así como disponer de los recursos federales destinados a las Zonas Económicas Especiales.
No hay garantía de seguridad En una sesión fast track realizada este martes, la mayoría de los diputados locales del PRI y sus aliados del PRD, PAN, PT, PVEM y MC votaron a favor. Mientras que la representante de Morena, María de Jesus Cisneros Martínez lo hizo en contra, con
el argumento de que este esquema beneficia a inversionistas privados y no a la población sumida en la peor crisis de inseguridad, desempleo y violencia. Ricardo Mejía, coordinador de MC, indicó que “mientras no se les arrebate el territorio a los delincuentes y la población deje, con razón, de estar atemorizada, los criminales seguirán multiplicándose como una plaga depredadora que siembra terror, muerte y colapsa la vida económica”. El presidente de la comisión de Seguridad, señaló en tribuna que el artículo octavo de la citada Ley enviada por el Ejecutivo, refiere que los gobiernos estatal y municipal tienen la obligación de garantizar la seguridad pública para establecer y desarrollar la inversión en las Zonas Económicas Especiales. No obstante, recordó que la mayoría de las policías de los 81 municipios de la entidad no ha sido depuradas y sus elementos han reprobado los exámenes de control y confianza. Es el caso de Acapulco, Zihuatanejo, La Unión y Petatlán, donde se pretende destinar los recursos de este programa para la ampliación del puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ricardo Mejía Berdeja dijo que a la fecha las corporaciones municipales y la estatal no se encuentran a la altura de la necesidad social y de la problemática que las regiones del estado enfrenta. “Para Movimiento Ciudadano, la debilidad institucional y la corrupción de las policías, en especial las municipales, afectan el desarrollo económico de la entidad”, expresó el diputado local.
Congreso de Campeche aprueba nuevo endeudamiento por más de mil 200 mdp la deuda pública del estado –sin contar lo que se debe a proveedores– aumentaría a dos mil millones de pesos, y con el segundo rebasará los tres mil 200 millones, pues de acuerdo con el dictamen que se aprobó hoy, los gastos que genere el trámite del nuevo crédito se adicionarán. Con un solo voto en contra del morenista Carlos Martínez Aké, la LXII Legislatura que encabeza el priista Ramón Méndez Lanz avaló la iniciativa con la que quedarán comprometidos los ingresos y operatividad de las próximas tres administraciones estatales. El nuevo “endeudamiento adicional” se contraerá en 2017 a través de financiamientos bancarios y/o bursátiles, y afectará ingresos derivados de concesiones, así como derechos y/o ingresos derivados de las
participaciones que le correspondan al estado conforme a la legislación aplicable como fuente de pago y/o de garantía de las obligaciones y demás operaciones autorizadas. Según la iniciativa, la deuda será por mil 200 millones de pesos o su equivalente en unidades de inver-
sión, y se destinarán “exclusivamente a financiar inversiones públicas productivas, particularmente para la construcción de un nuevo puente en el municipio de Carmen”. Para aprobar esta iniciativa, en sus transitorios se derogó “todo lo que se oponga” a ella.
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Presume la UNAM avances sustantivos en 2016; destaca acciones “para reforzar su prestigio en el mundo” De la redacción Ciudad de México (apro)
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a Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hizo un recuento de las acciones realizadas en 2016, entre las cuales destacó su adhesión a la plataforma “HeForShe: movimiento solidario para la igualdad de género” de ONU Mujeres. En un comunicado, la institución académica puntualizó que tuvo avances sustantivos en su oferta educativa, en investigación y generación de conocimiento, en el respeto y la igualdad de género, así como en transparencia y en sus innumerables actividades de difusión y extensión de la cultura. “Fue un año prolijo en distinciones y reconocimientos al trabajo académico de profesores, investigadores y alumnos: recibió al menos 598 galardones, de los cuales 79 fueron internacionales y 519 nacionales, y la institución emprendió diversas acciones que le permitieron reforzar su proyección y prestigio en el mundo”, puntualizó. Resaltó que seis de sus académicos obtuvieron los Premios Nacionales de Ciencias, y de Artes y Literatura. Se trata de David Kershenobich Stalnikowitz, Ana Cecilia Noguez Garrido y Lourival Domingos Possani Postay, los ganadores en Ciencia, mientras que Elsa María Cross y Anzaldúa, Gabriela Ortiz Torres y Aurelio de los Reyes García Rojas fueron reconocidos en las Artes y Literatura. En las últimas semanas del año la UNAM también fue reconocida con la Medalla al Mérito Ciudadano, otorgado por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, por distinguirse en la construcción de un México más democrático, participativo y plural. Respecto de la oferta académica, se crearon las licenciaturas de Música y Tecnología Artística, y la de Neurociencias, con lo que se amplió a un total de 118 carreras. Adicionalmente, cinco nuevos programas ingresaron al Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC): el Único de Especializaciones Odontológicas en Endodoncia; la maestría en Finanzas; el doctorado en Antropología; la maestría en Docencia para la Educación Media Superior (Geografía) y la maestría en Docencia para la Educación Media Superior (Psicología). Destacó que se intensificaron las ayudas a los estudiantes. Para el ciclo escolar 2016-2017, puntualizó, se ampliaron de 20 a 32 las modalidades de becas y se otorgó un total de 186 mil 961. Para la movilidad nacional se entregaron 333 ayudas y otras 175 para el intercambio en Iberoamérica.
En tanto, el Sistema de Becas para Estudiantes Indígenas y Pueblos Negros, del Programa Universitario de Estudios para la Diversidad Cultural y la Interculturalidad (PUIC) apoyó a 850 alumnos. En el rubro de investigación, se pusieron en marcha proyectos como el Laboratorio Nacional de Materiales Orales (Lanmo) en la ENES Morelia; el Laboratorio Nacional de Visualización Científica Avanzada, en el campus Juriquilla, entre otros, y se presentaron 17 solicitudes de patentes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Se obtuvieron 13 de ellas, así como seis concesiones de diseño industrial y 12 proyectos iniciaron el proceso de incubación en el Sistema InnovaUNAM, apuntó. De acuerdo con el comunicado, especial mención merece la puesta en operación de la primera fase del Programa para dotar de internet de alta velocidad a las distintas entidades universitarias, que incluyó a siete escuelas y facultades. La conexión de Internet en Ciudad Universitaria creció en un 30%, mientras que en los campi foráneos de Morelia, Juriquilla, Cuernavaca y Temixco se incrementó en un 680%, detallío. Entre las acciones de administración y gobierno también enumeró la adecuación o generación de nuevas reglamentaciones, a fin de armonizarlas con la jurisdicción nacional o los cambios inherentes a la vida universitaria como son el Reglamento General de Educación Continua y el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la UNAM, entre otros. Esto último, con la convicción de continuar siendo ejemplo de transparencia en el país. La institución académica avanzó con acciones afirmativas por la igualdad de género. Se adhirió a la plataforma “HeForShe: movimiento solidario para la igualdad de género” de ONU Mujeres y refrendó 27 com-
promisos por la paridad de género, entre los que destaca el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la institución. El Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) se transformó, igualmente, en Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Paralelamente, el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE) evolucionará a Escuela Nacional de Lengua, Lingüística y Traducción y se crearán dos licenciaturas: Traducción y Lingüística Aplicada. Según la UNAM, son variados los ejemplos de los descubrimientos y del nuevo conocimiento generado por los universitarios, en 2016. Entre ellos destacó el descubrimiento de dos especies de crustáceos, nuevas para la ciencia a escala mundial: el Mysidum pumae y Trischizostoma unam, hallados por científicos de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala y de la Unidad Mazatlán del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Además, subrayó, científicos del Instituto de Geofísica (IGf ), de la Facultad de Ingeniería y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrieron que en el interior de la pirámide de Kukulkán, en Chichén Itzá, existe una segunda subestructura piramidal. El alumno de la Facultad de Ciencias, Yair Israel Piña López, se convirtió en el primer latinoamericano aceptado por la National Aeronautics and Space Administration (NASA) a través del International Space Education Board, como estudiante-investigador, por su trabajo en el desarrollo de materiales con propiedades termoluminiscentes para la medición de radiación en el espacio. Los estudiantes Tania María Robles Hernández, Yessica Dennise Reyes Gutiérrez, Luis Ángel Castellanos Velasco, Genaro Marcos Acosta y Juan Carlos Mariscal Gómez, de la Facultad de Ingeniería (FI) fueron seleccionados por la International Space University (ISU) y la University
of South Australia para realizar una estancia de educación y capacitación espacial en el Hemisphere Space Studies Program. Silvia Torres Castilleja, investigadora emérita del Instituto de Astronomía (IA) recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Ben Gurión del Néguev, en Beerseba, Israel, por sus contribuciones al estudio de las nebulosas gaseosas. Para fortalecer su proyección internacional, la Universidad Nacional también suscribió diversos convenios de colaboración con universidades de distintas regiones del planeta, entre las que se cuentan las de Illinois, Estados Unidos; Witwatersrand, Pretoria, Sudáfrica y de Ciudad del Cabo, de Sudáfrica; Lima, Perú; Pierre y Marie Curie y la París-Sorbonne, de Francia; la de Varsovia, y con Santander Universidades. La UNAM destacó su participación en la constitución de la Unión Iberoamericana de Universidades, conjuntamente con las de Buenos Aires, Argentina; de São Paulo, Brasil; de Barcelona y Complutense de Madrid, España. Aunado a ello se llevaron a cabo encuentros para fortalecer la alianza de cooperación con el sistema educativo de la Universidad de California (UC), especialmente con las sedes de San Francisco y de Berkeley. También se reforzaron vínculos con la Universidad de Arizona. Sobre la seguridad de los universitarios, “un tema prioritario para la institución”, afirmó que se tomaron medidas relevantes y, entre otras cosas, resaltó que en las Facultades de Estudios Superiores y en los planteles del bachillerato también se fortaleció la vigilancia. En el rubro de Difusión de la Cultura, “la Universidad continuó siendo ejemplo de extensión cultural”, y se dio especial atención a acercar a los jóvenes a las múltiples actividades que ofrece la UNAM. Señaló que con la finalidad de fortalecer la salud de la comunidad, la Facultad de Medicina y otras dependencias de la institución académica instrumentaron campañas informativas para prevenir la obesidad, evitar el embarazo en adolescentes y el cáncer de piel, entre otras. Finalmente, mencionó que en su última sesión del año, el Consejo Universitario (CU) aprobó el presupuesto que ejercerá la UNAM en 2017, el cual asciende a 40 mil 929 millones 422 mil 558 pesos. De ese monto, 36 mil 345 millones 963 mil 558 pesos corresponden a aportaciones federales, que en términos reales representan un incremento de 0.6% respecto a lo que se otorgó este año.
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Tragedia… otra vez en Tultepec; 29 muertos y más de 70 heridos Rosalía Vergara Ciudad de México (apro)
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oco antes de las tres de la tarde, una columna de humo seguida de una sucesión interminable de explosiones provocaron una estampida humana en el tradicional mercado de pirotecnia de San Pablito, ubicado en el municipio de Tultepec, Estado de México, y catalogado como el más seguro de Latinoamérica. En cuestión de minutos, que parecieron eternos, la pólvora utilizada en la elaboración de los fuegos artificiales redujo a cenizas los 300 puestos de venta de ese importante punto de venta de pirotécnica que suele reunir en esta temporada a unas 300 mil personas. Pero eso no fue lo peor. El gobernador mexiquense Eruviel Ávila dijo que el accidente causó la muerte de 29 personas, entre ellas, dos niños, y 70 más resultaron con quemaduras de segundo y tercer grados en al menos 80% de la superficie corporal, según datos al cierre de esta edición. En un recorrido por la zona siniestrada, el mandatario estatal dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) se encargará de la investigación y, por ende, de deslindar las responsabilidades. Luego de lamentar la tragedia, destacó la necesidad de fortalecer los protocolos de seguridad para evitar que ese tipo de incidentes se vuelvan a repetir. En las redes sociales abundaron videos que los usuarios grabaron desde sus automóviles o de municipios aledaños como Coacalco y Tultitlán. En ellos se puede ver cómo entre luces de colores, una gran nube de humo y fuego se registraron diversas explosiones que destruyeron el polvorín en
Ezequiel Flores Chilpancingo, Gro. (apro)
A más de dos años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, sus padres anunciaron que mañana iniciarán la ‘Caravana 43 por la Memoria y la Esperanza’. En conferencia de prensa realizada esta mañana en el casco de la Normal Raúl “Isidro Burgos”, los padres responsabilizaron al Ejército de la desaparición de los estudiantes, y denunciaron que no existe voluntad del gobierno federal para esclarecer y fincar responsabilidad a los involucrados. Precisaron que a 27 meses de la desaparición, recorrerán las distintas localidades con el lema ‘Por la memoria y la esperanza’, para exigir a las autoridades que respondan de
En cuestión de minutos, que parecieron eternos, la pólvora utilizada en la elaboración de los fuegos artificiales redujo a cenizas los 300 puestos de venta de ese importante punto de venta de pirotécnica que suele reunir en esta temporada a unas 300 mil personas.
su totalidad. Los bomberos, el Ejército, el Grupo Aéreo Relámpagos y el Grupo Cóndores, así como autoridades estatales acordonaron el lugar de los hechos y pidieron a los pobladores desalojar las vías de acceso para facilitar la llegada del personal médico y atender a los afectados que fueron trasladados a hospitales mexiquenses y capitalinos.
de Investigación correspondiente por Violación a la Ley de Fuegos y Explosivos, en contra de quien o quienes resulten responsables. La dependencia agregó que, mediante su Delegación en el Estado de México, inició la Carpeta de Investigación a cargo de la Subprocuraduría de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA).
PGR inicia investigación
San Pablito antes del fuego
Más tarde, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que inició una investigación sobre la explosión en el mercado de pirotecnia San Pablito, en Tultepec. En un comunicado, agregó que elementos de la Base de Operaciones Mixtas (BOM), Protección Civil y Cruz Roja Mexicana, llegaron al lugar de la tragedia, en la calle Doctores esquina San Pablito, en el municipio de Tultepec. Por estos hechos, el Ministerio Público de la Federación, con sede en Ecatepec de Morelos, inició la Carpeta
El mercado de la pirotecnia de San Pablito, en Tultepec, estaba formado por 300 locales de venta de cohetes: cometas, cohetes blancos, abejitas, misiles, ollitas de luz, conos con diamantina, varitas de silbato y varitas de luz, entre otros. También había bodegas de pólvora donde los compradores podían llevar hasta 10 kilos sin permiso, según la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. La venta clandestina es, en la zona, otro problema porque la gente comercializa la pirotecnia en sus casas. Por Tultepec pasa el Circuito Exte-
rior Mexiquense. En 2011, el presidente del comisariado ejidal, Julio Sánchez Durán, denunció que los coheteros tenían diseminados sus talleres en áreas que hoy ocupa la autopista que beneficio a la constructora OHL y empresarios nacionales, quienes concentraron arbitrariamente en más de 100 hectáreas que pertenecen a su ejido. “Nos metieron a los coheteros. Ahora tenemos en el ejido 350 talleres de cohetes que arrojan a nuestras milpas sus desechos químicos: azufre, aluminio y tanta porquería. La tierra se contaminó y echó a perder nuestras cosechas”, explica el ejidatario y señala hacia unas construcciones de tabique diseminadas en un amplio y árido terreno. En algunos almacenes de pólvora se advertía en sus fachadas cárteles con advertencias: “¡Cuidado!” “¡Polvorín!” “¡No fumar!” Otras son bodegas de “productos terminados” que guardan luces de bengala, cohetes de vara, chinampinas, palomas de todos los tamaños, entre otros. “Esta es un área muy peligrosa. Los polvorines estallan de pronto matando a quien se le pone enfrente. Estallan con el puro calor del sol. Es una lástima, convirtieron el ejido en una zona minada. Esa autopista fue nuestra desgracia... la construyeron a la brava”. –¿No hubo una asamblea ejidal que permitiera su construcción? –¡Nada! ¡Nada! Se aprovecharon de la buena fe de los ejidatarios que creímos en promesas que nunca se cumplieron. Ahora nosotros salimos estorbando, ya no le importamos a nadie. (Proceso 1802).
Padres de los 43 recorrerán Guerrero, Morelos y CDMX para exigir justicia una vez por todas por los hechos ocurridos en septiembre de 2014. El recorrido por Iguala, Taxco, Morelos y la Ciudad de México culminará el 26 de diciembre en la Basílica de Guadalupe con una misa para recordar a los 43 normalistas que siguen desaparecidos. “Buscaremos nuevamente la presencia de mecanismos internacionales para formar una Fiscalía Internacional que juzgue al gobierno Mexicano por su actuar para con el caso de Ayotzinapa”, expresó el vocero del movimiento de padres y familiares, Felipe de la
Cruz Sandoval. La caravana partirá mañana de la ciudad de Tixtla para recorrer la
ruta marcada a casi 27 meses del caso Ayotzinapa y exigir la aparición con vida de los estudiantes.
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Insiste Peña en ley de seguridad interior y reforma policial Arturo Rodríguez García Ciudad De México (apro)
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oy, una vez más, el presidente Enrique Peña Nieto promovió las reformas legales que pretenden regular la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, así como reestructurar las policías en el país. En un mensaje no exento de reproches, Peña aprovechó la clausura del Consejo Nacional de Seguridad Pública para promover su nuevo paquete de reformas y convocar a gobernadores y alcaldes a trabajar en la materia. Desde hace semanas el Ejecutivo federal se ha dolido de la falta de compromiso de algunos mandatarios estatales en cuanto a la seguridad. Y hoy insistió en ello al pedir un compromiso serio y profundo por la seguridad “más allá de razones, de excusas o de culpas”. “Cada quien tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde, tanto las autoridades estatales como las municipales deben cum-
plir plenamente su obligación de brindar protección a sus comunidades”, subrayó. En el salón Tesorería de Palacio Nacional, Peña Nieto consideró que no es posible combatir el crimen con herramientas jurídicas que datan de los años ochenta o noventa, que calificó obsoletas, además de que –sostuvo– se requiere de un nuevo diseño de las policías. Al respecto, recordó que hace dos años envió una iniciativa para reformar el modelo de las policías locales, a fin de que cuenten con criterios homologados de capaci-
tación, equipamiento y actuación, y urgió a concretarla para contar con un sistema policial acorde a las necesidades de estos tiempos. “Si el objetivo último es que las labores de seguridad recaigan en las instituciones policiales, necesitamos legislar para dar un marco de certidumbre a la actuación subsidiaria de las Fuerzas Armadas en este tipo de actividades, y para ello es preciso contar con una Ley de Seguridad Interior que regule la participación de nuestros efectivos militares”, apuntó en la plenaria del gabinete de seguridad y los
gobernadores y representantes de todo el país. Aunque admitió que en particular este año se han generado “retos”, como suele denominar a las problemáticas en todos los ámbitos, y hoy específicamente en materia de seguridad, Peña aseguró que en los dos años que le quedan a su gobierno, la seguridad tendrá la más alta prioridad en tres aspectos: Labores de prevención social de la violencia y la delincuencia; fortalecimiento de acciones en los 50 municipios que concentran el 42% de los homicidios dolosos en el país, y consolidar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Agregó: “Debemos concluir las obras pendientes y terminar la capacitación, así como corregir las deficiencias operativas para asegurar la viabilidad de este nuevo modelo”. Luego expuso que el modelo por sí mismo no asegura la eficacia y los objetivos que tiene trazados, pues “tiene que haber retroalimentación, tiene que haber observancia, seguimiento y evaluación en la instrumentación del mismo”.
Perfilan PRD, PAN y PT alianza para elecciones en Coahuila, Veracruz, Edomex y Nayarit
Refuerza INE seguridad en manejo de datos del padrón electoral Rosalía Vergara Ciudad de México (apro)
El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que reforzará las medidas de seguridad para el acceso y manejo de datos personales del padrón electoral y lista nominal. Para ello, aprobarán cuatro instrumentos normativos para el acceso, manejo, entrega y destrucción del padrón y la lista nominal, los cuales son consultados por los partidos políticos que conforman las comisiones locales y Nacional de Vigilancia. Asimismo, establecerán procedimientos para la entrega, recolección y destrucción de las Listas Nomina-
les que son entregadas a los funcionarios de casilla y representantes de partidos políticos en cada elección, sobre las cuales se lleva un registro de las y los ciudadanos que acuden a las urnas. Los lineamientos se establece que para los procesos electorales 20172018 se entregará a los partidos políticos para su labor de verificación de la lista nominal, únicamente el nombre completo, entidad, distrito, municipio y sección; y podrán acceder a los demás datos personales no entregados físicamente a través de los centros de consulta dispuestos en las oficinas del Registro Federal de Electores y en las Juntas Locales y Distritales.
Rosalía Vergara Ciudad de México (apro)
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunció que está en pláticas con Acción Nacional y el Partido del Trabajo (PT) para una alianza Coahuila, Veracruz, Estado de México y Nayarit, entidades que tendrán elecciones el próximo año. El subsecretario de Comunicación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Eloí Vázquez López, informó que esta decisión se tomará la primera semana de enero y los aspirantes se elegirán por medio de encuestas. Resaltó que la coalición más entendida se perfila en Nayarit. Contó que en una reunión con el presidente estatal, Francisco Javier Castellón, la secretaria general, Magdalena Beatriz Mitre, y el presidente del Consejo Político Estatal, Elizandro Álvarez, se habló sobre los acercamientos que este partido ha tenido con otras fuerzas políticas como PAN y PT en la
entidad. “Se planteó con toda claridad que el proceso en Nayarit para darse una coalición está avanzando y al mismo tiempo el CEN tomará la resolución al respecto después del 7 de enero que es cuando inicia el proceso electoral en la entidad”, indicó.
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La Constitución Política de la CDMX hará justiciables los DH Anayeli García Martínez Ciudad de México (Cimacnoticias)
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atisfecha por el trabajo realizado durante dos meses, la antropóloga feminista y presidenta de la Comisión Carta de Derechos de la Asamblea Constituyente, Marcela Lagarde y de los Ríos, afirmó que el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México –que deberá estar listo en enero de 2017– no será una carta de buenas intenciones, sino más bien, será un documento que dirá cómo se deben garantizar los derechos. Este 19 de diciembre inició la discusión y votación del articulado de la próxima Constitución Política de la Ciudad de México y a propósito de este proceso la diputada constituyente y académica dijo en entrevista con Cimacnoticias que de ser avalada en sus términos, será la primera Carta Magna de la capital, que hará justiciables los Derechos Humanos de todas las personas que residen o transiten en esta región. Los ocho dictámenes que se presentaron la semana pasada indican que se garantizará el derecho a la interrupción del embarazo; la creación de un sistema de cuidados para aligerar las cargas domésticas de las mujeres; derechos para trabajadores no asalariados; la prevención, investigación y sanción de la violencia obstétrica; y la autonomía de niñas, niños y adolescentes, entre otros derechos. Además el artículo 9 del dictamen
indica que las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los Derechos Humanos y que las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el control de constitucionalidad y convencionalidad, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para las personas. La autora de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada en 2007, confía que al concluir la Asamblea Constituyente, la Asamblea Legislativa comience a elaborar las leyes secundarias. “Se tienen que cambiar las instituciones y luego formar a funcionarios, funcionarias, planificadores, a todos los que intervienen en la marcha de esta Ciudad –a nivel de las autoridades y de gobierno–para que los derechos sean cumplidos”, expuso la legisladora.
Sobre el trabajo de análisis que realizó la Comisión Carta de Derechos –que analizó 584 propuestas presentadas por ciudadanos y 244 por diputados constituyentes– Lagarde comentó que se recibieron decenas de propuestas con temas que no son parte de una Constitución, sin embargo confió en que una vez que esté listo el documento final estas propuestas sean retomadas en leyes reglamentarias. Entre las iniciativas ciudadanas hubo una para incluir, el derecho al silencio, tema singular y de importancia, pero no propio para una Carta Magna, no obstante, la antropóloga dijo que en las leyes secundarias se pueden establecer fórmulas para evitar posibles agresiones a las personas. Otro caso es el de la interrupción legal del embarazo, una demanda del movimiento feminista que está garantizado en la capital del país, pero
que no se puede nombrar en un texto constitucional; es por ello que en el Artículo 11 del proyecto se menciona que “toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de su personalidad”, un principio del que se desprende el derecho a la maternidad libre y voluntaria. La experta dijo que el Estado debe “lograr el más alto nivel de salud sexual y reproductiva”, frase que – dice la teórica del feminismo– es el paraguas más grande y que abarca todas las áreas de la salud sexual y reproductiva sin mencionar todas las enfermedades o afectaciones que viven las mujeres; y principio que se vincula con la política pública que ya permite el aborto. El proyecto de Constitución también plantea un nuevo modelo económico y social porque en los dictámenes se establece el desarrollo sostenible y sustentable contrario a los modelos de depredación; los principios de solidaridad económica y social; y el concepto de ciudad productiva que plantea el reconocimiento de derechos de trabajadores a un salario digno. En el tema del empleo digno, la legisladora dice que esto ya existe en la Ciudad pero ahora se trata de elevarlo a rango constitucional porque en la capital todas las personas trabajadoras del Gobierno local fueron basificadas lo que les permitió nivelar el salario o tener un salario digno, pero ahora esta política será progresiva y deberá involucrar a las empresas.
Unión Europea aborda retos sobre feminismos latinos De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)
La Articulación Feminista Marcosur (AFM) con el apoyo de la Unión Europea (UE), presentó la iniciativa “Feminismos latinoamericanos”, un evento de diálogo y debate sobre los retos actuales de los movimientos feministas en América Latina y su accionar en los nuevos contextos políticos de la región. El evento se realizó como parte del lanzamiento del convenio de cooperación entre la Unión Europea y la AFM, que tiene como finalidad posicionar la agenda feminista en el debate político local, regional y global, además de incidir en la construcción de políticas y decisiones públicas que contribuyan a la igualdad de género y el empoderamiento de la diversidad de mujeres en América Latina y el Caribe. La mesa de diálogo estuvo integrada por feministas y activistas de la región como Lilián Celiberti de
Uruguay, Verónica Ferreira de Brasil, Virginia Vargas de Perú y Micaela Távara de Perú, quienes analizaron el contexto de la región desde la mirada de los feminismos y los desafíos que encuentran las jóvenes feministas. La coordinadora de Cotidiano Mujer e integrante de la AFM, Lilián Celiberti resaltó que todavía existe el desafío cultural de construir la igualdad de género. Sostuvo que es necesaria la construcción de los Derechos Humanos para posicionar demandas a nivel regional. Un ejemplo es la movilización “Ni Una Menos”, reproducida en varios países latinoamericanos contra la violencia machista y los casos de feminicidio. También destacó que la diversidad de experiencias no puede ser un obstáculo para dialogar y trabajar en alternativas para una sociedad más libre e igualitaria, que sería imposible de conseguir sin la inclusión de los feminismos. Para la investigadora e integrante
de la coordinación de SOS Corpo Instituto Feminista para la Democracia en Brasil- Verónica Ferreira, dijo que la característica central de los contextos políticos de América Latina es la resistencia democrática frente al avance del conservadurismo y los fundamentalismos que están asociados a las fuerzas políticas que mantienen la sobreexplotación y la ideología neoliberal. “Estas fuerzas conservadoras y fundamentalistas que amenazan la institucionalidad de los estados también están presentes en la sociedad civil con la misoginia”, declaró Verónica Ferreira. Luego indicó que en este contexto político es “necesario llamar a recuperar y radicalizar la democracia, entendida esta como una democracia sustantiva y meramente formal”. Por su parte, la actriz, activista y performer peruana, Micaela Távara, resaltó la importancia de tener espacios de debate y reflexión sobre temas feministas en los barrios. “Desde el
arte debemos buscar que nuestras narrativas influyan y sensibilicen a la sociedad”. La AFM fue creada en el año 2000 y realiza debates sobre movimientos feministas, da prioridad a la lucha contra el racismo y defiende la laicidad de los estados. Entre los principales resultados que se esperan del convenio de cooperación entre la UE y la AFM es que se pueda mantener una presencia activa en los espacios de diálogo nacionales, regionales e internacionales posicionando en el debate público ideas y perspectivas feministas, con el objetivo de fortalecer al movimiento y sus capacidades políticas y operativas.
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NORBERTO RIVERA, PEDERASTIA Y SUCESIÓN Jenaro Villamil
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l cardenal Norberto Rivera decidió, en su conferencia de prensa del domingo 18 de diciembre, descorrer el velo de una de las acusaciones más graves que lo han acompañado durante casi dos décadas al frente de la Arquidiócesis de la Ciudad de México: su papel como protector de sacerdotes acusados de abusar de menores y beneficiario del poder de Marcial Maciel, el “santo de facto”de los pederastas. “No falta quien invente que yo en determinado momento protegí a pederastas, cuando en realidad aquel sacerdote ya está en la cárcel o retirado del ejercicio del ministerio”, sentenció Rivera. El cardenal reveló un dato sin aportar más detalles: “al menos 15 sacerdotes han recibido juicio o sentencia” por pederastas, pero no mencionó el nombre de uno solo. Según Norberto Rivera, en sus 18 años al frente de la Arquidiócesis hubo “tolerancia cero” hacia los crímenes sexuales y al abuso contra menores. Los datos y la percepción pública indican justo lo contrario. Fiel a su estilo, el cardenal no volvió a mencionar a ninguna de las víctimas del padre Nicolás Aguilar, ya fallecido, a quien se le acusó de abusar a más de 100 infantes y que fue tratado como un “pobre enfermo” por el cardenal y no como el delincuente que era. Mucho menos mencionó a las víctimas de Marcial Maciel, su gran protector y protegido. Ahí están los múltiples testimonios de Alberto Athié, quien una y otra vez ha señalado al cardenal Rivera por minimizar las acusaciones de sacerdotes como el padre Fernández Amenábar, víctima como decenas, del fundador de los Legionarios de Cristo, quien pidió justicia antes de morir. Norberto Rivera siempre consideró las acusaciones de pederastia
como un “invento”, “un complot” o una maniobra de alguien que pagaba para afectarlo. Así se lo expresó en mayo 1997 al reportero Salvador Guerrero Chiprés, entonces reportero de La Jornada, quien publicó los primeros reportajes sobre la historia de las víctimas de Maciel en la década de los 50 que decidieron dar la cara. Así se lo dijo a Alberto Athié cuando intercedió por el padre Fernández Amenábar. “Que no entendiste lo que ya dije a los medios: todo es un complot. Todo es falso. Y no tengo más nada que hablar contigo”. A Norberto no le interesan las víctimas, sino las acusaciones. No le interesa “limpiar su nombre” frente a las acusaciones de protector de pederastas, sino allanar el camino para que él pueda decidir quién será su sucesor en junio de 2017, fecha en la que cumple 75 años de edad y deberá presentar su renuncia frente a la Arquidiócesis de México. Es mantener el poder y no ejercer justicia lo que le importa a Norberto Rivera. Mantener su herencia de intereses políticos, económicos y doctrinales, ante un Papa como Francisco que no es su aliado ni su cómplice, más bien todo lo contrario, como lo demostró Bergoglio en su reciente visita a México, en febrero de este año.
Sucesores y huellas de pederastia
El tema de la pederastia no es menor en la sucesión de Norberto. Quizá porque la pederastia se convirtió en un pacto de poder mafioso y en el secreto mejor guardado en las redes de tráfico de influencias de la jerarquía católica. Al menos cuatro de los posibles sucesores del cardenal Rivera han sido señalados por proteger a sacerdotes pederastas: -Carlos Aguiar Retes, exobispo de Texcoco de 1997 a 2009, amigo
personal del presidente Enrique Peña Nieto, fue señalado por proteger en su diócesis al sacerdote de Nicaragua, Zenón Corrales Cabrera, según lo reveló el investigador Rodolfo Soriano al periodista Rodrigo Vera en una extensa entrevista publicada hace dos semanas en Proceso. Aguiar Retes es identificado como uno de los más fuertes candidatos a suceder a Norberto Rivera. -José Luis Chávez Botello, obispo de Oaxaca, está en el centro de otro escándalo por proteger a Gerardo Silvestre Hernández y a Carlos Franco, señalados como abusadores de decenas de niños. Ahí está el documental recientemente estrenado y producido por Cristina Sada e investigado por el periodista Diego Osorno. -Víctor Sánchez Espinoza, obispo de Puebla, es identificado como el auténtico “delfín” de Norberto Rivera para sucederlo en la Arquidiócesis, pero formó parte de esta red de protección cuando estuvo como obispo auxiliar en la Ciudad de México de 2004 a 2009. Como Norberto, Sánchez Espinoza abanderó las posiciones contra el matrimonio igualitario y de la reforma constitucional de Peña Nieto. -Ramón Castro, actual obispo de Cuernavaca y exobispo de Campeche (2006-2013), otro de los posibles sucesores de Norberto, también ha sido señalado de encubrir a sacerdotes de Campeche, quienes durante dos años abusaron del misionero Luis Felipe Yzquierdo, cuando tenía 16 años. El caso llegó, incluso, a un exhorto del Poder Judicial del estado peninsular a las autoridades de Morelos para llevar a cabo las diligencias necesarias y emplazar al obispo como acusado. En otras palabras, ninguno de los actuales obispos que han sido mencionados como sucesores de Norberto está libre de tirar la primera piedra en este tema que constituye
la quintaesencia de la crisis de liderazgo moral de la Iglesia católica. El único de los aspirantes que no se ha vinculado como protector de pederastas es el exobispo coadjutor de Papantla, Jorge Carlos Patrón Wong, muy cercano al Papa Francisco, quien lo nombró como secretario de la Congregación del Clero para los Seminarios, es decir, el principal responsable de la formación de los futuros sacerdotes. Patrón Wong, de origen yucateco, conoce muy bien las dimensiones del problema humano, político y económico de la pederastia. Participó en 2011 como representante de El Vaticano en un simposio sobre el combate a la pederastia y en mayo de 2012 elaboró un proyecto de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) para evitar los abusos sexuales contra menores de edad. Según una entrevista que dio a la agencia Notimex en aquella ocasión, Patrón Wong adelantó que este proyecto “se caracteriza por el énfasis que pone en la prevención de posibles abusos y la selección de los candidatos al sacerdocio. Y tiene además en cuenta todos los aspectos de la legislación civil mexicana”. El documento, afirmó Patrón Wong, menciona las “líneas guía” que asumirá la Iglesia mexicana para enmendar los errores cometidos en el pasado y evitará la “discrecionalidad” con que se manejaban este tipo de abusos. “Se impondrá la cultura de la transparencia” por encima de la “cultura del silencio”, muy difundida en el pasado y cuyo máximo exponente fue Marcial Maciel, admitió Patrón Wong ante la agencia informativa. Justo esa “cultura del silencio” y de la complicidad que llevaron al cardenal Norberto Rivera al desprestigio y a dejar su legado de 18 años en la Ciudad de México manchados por su opción preferencial por el encubrimiento.
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FUGADOS John M. Ackerman
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l año pasado Joaquín El Chapo Guzmán se escapó por un túnel de 1.5 kilómetros cavado debajo de una de las cárceles de mayor seguridad del país, con evidente complicidad desde las más altas esferas del gobierno federal. El capo posteriormente se dejaría “recapturar” por Miguel Ángel Osorio Chong, al parecer bajo la condición de no ser extraditado inmediatamente a los Estados Unidos. Hace unas semanas, el exgobernador de Veracruz Javier Duarte se fugó del país utilizando un pasaporte falso. La entonces procuradora general de la República y ahora secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, coincidentemente esperó hasta unas horas después de la desaparición del gobernador para girar los órdenes de aprehensión correspondientes en contra del veracruzano por haber encabezado uno de los robos más grandes del siglo. Hace unos días, quien fuera secretario de Hacienda de Felipe Calderón (2006-2009) y ahora gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, anunció que él también está haciendo maletas para abandonar el país. Como bien demostró Proceso la semana pasada, la normatividad no permite la renuncia de Carstens. Pero no le importa la ley al principal arquitecto de la fallida estrategia económica neoliberal de la última década. Prefiere huir antes de tener que rendir cuentas frente al total colapso económico que se acerca en 2017. Como ratas saltando de un barco a la deriva, estos tres personajes emblemáticos de la estructura prevaleciente de criminalidad, corrupción y desigualdad son protegidos por las instituciones realmente existentes. Quienes se quedan al mando les deben demasiados favores a los fugados para castigarlos como se merecen. Lo mismo ocurre con otras figuras como
Tomás Yarrington, Rodrigo Medina, Roberto Borge, Humberto Moreira, Fausto Vallejo, César Duarte, Guillermo Padrés, Miguel Alonso Reyes y el mismo Felipe Calderón. Las redes de complicidad que tejieron cuando ocupaban sus tronos respectivos hoy siguen operando a su favor para garantizar su más absoluta impunidad. La gran pregunta, sin embargo, es: ¿Dónde se esconderá Enrique Peña Nieto al final de su sexenio? ¿Quiénes lo protegerán una vez que él también se salte de la nave del Estado mexicano que ha naufragado y despedazado con tanta efectividad? Esta es la pregunta clave que marcará todas y cada una de las acciones y decisiones del actual ocupante de Los Pinos hasta el último día de su sexenio. Peña Nieto sabe que no podrá colocar como su sucesor a uno de los integrantes de su círculo cercano, como Chong, Aurelio Nuño o Luis Videgaray. Tanto la incompetencia manifiesta de los integrantes del gabinete presidencial como los cada vez más escandalosos casos de corrupción han desfondado por completo la legitimidad del Partido Revolucionario Institucional (PRI). De ahí el interés del exgobernador del Estado de México en pactar con Margarita Zavala, o incluso con Ricardo Anaya, Miguel Ángel Mancera o Movimiento “Ciudadano” (MC), con el fin de cerrarle el paso a una verdadera alternancia en el poder en 2018 que podría acabar con la impunidad. Tiene el mismo fin, de blindaje e impunidad, el ascenso de Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la 35 Zona Militar en Guerrero durante la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa en 2014, primero a general de división, y ahora al importante cargo de inspector y contralor general de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los nombramientos de Raúl Cervantes como procurador general y probablemente también como fiscal general, y de los minis-
tros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral, responden al mismo propósito. Pero conforme se acercan las elecciones de 2018 en un contexto de colapso económico, corrupción desbordada e indignación rampante, es probable que se deshaga la madeja y se caiga todo el edificio de impunidad pactada como un castillo de naipes. El mantenimiento del sistema actual de corrupción estructural depende de que todos los actores tengan la confianza de que sus actuales cómplices les cubrirán la espalda en el futuro. Pero en cuanto la seguridad de la impunidad eterna sea reemplazada por una auténtica incertidumbre con respecto a las coordenadas del poder futuro, los cálculos estratégicos empiezan a transformarse. En otras palabras, una vez que quede claro que el pacto de impunidad transexenal firmado entre PRI, PAN, PRD, que ahora también incluye a MC, PT e “independientes”, no tiene suficiente fuerza para imponer al próximo presidente de la República, podría iniciarse una desbandada generalizada. Cada vez más funcionarios y delincuentes cavarán túneles de escape, desempolvarán sus pasaportes falsos y buscarán jugosas chambas en organizaciones y empresas trasnacionales. Esta fuga generalizada dejaría a las instituciones públicas totalmente vacías y colapsadas, abriendo el escenario para una lucha política descarnada entre los militares y los morenos, entre la fuerza bruta y la esperanza ciudadana. Este probable escenario implicaría una verdadera coyuntura “revolucionaria” para las elecciones de 2018 en que todos los mexicanos tendremos que decidir si estamos decididos a seguir luchando por una república soberana y democrática o si de plano nos rendimos y aceptamos convertirnos en una estrella más en la banda presidencial de Donald Trump.
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LA CRISIS DE DERECHOS HUMANOS QUE NOS ALCANZÓ
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n un país inmerso en una crisis inédita de violencia y faltas a las garantías más fundamentales, el Día de los Derechos Humanos –que se celebra este sábado 10– no puede ser un mero acto de conmemoración; es un día que nos recuerda lo alejados que estamos de los estándares que debería cumplir un país que se pretenda democrático. No se trata, como se ha querido presentar, de un tema de percepciones o conspiraciones: los datos duros y las observaciones de mecanismos internacionales de vigilancia de los derechos humanos así lo demuestran. Cuatro son los factores que caracterizan el momento actual de crisis: la existencia de graves violaciones a los derechos humanos –como tortura, desaparición y ejecuciones extrajudiciales–, la impunidad sistemática que vive el país, los altos índices de corrupción y la macrocriminalidad que padecen regiones enteras de México. Después de visitar el país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares”. Por su parte, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (OACNUDH) advirtió que “hay un amplio consenso nacional, regional e internacional sobre la gravedad de la situación actual de los derechos humanos en México”. Las dimensiones de la crisis son patentes si se revisan las cifras de violaciones graves a derechos humanos, de dimensiones comparables a los entornos con conflictos armados internos. Respecto a las desapariciones, sin incluir la cifra negra, los datos oficiales reconocen ya más de 28 mil registros, que aumentan a un ritmo de 11 desapariciones al día. El Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU advirtió que la desaparición se aplica de manera generalizada en gran parte del territorio mexicano y que muchas de ellas podrían calificarse como desapariciones forzadas, es decir, cometidas por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. En cuanto a la tortura, la propia Procuraduría General de la República (PGR) ha reconocido cifras que implicarían al menos seis casos diarios en el ámbito federal. En un cálculo conservador, proyectando los números al fuero común –donde se ventila la mayor parte de los juicios penales– podríamos hablar de que anualmente acontecen en México cerca de 10 mil casos de tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esto se corrobora en el informe de la visita a México del entonces relator especial de
Mario Patrón Sánchez la ONU sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Juan Méndez, quien indicó que esta grave violación es de uso generalizado en diversas partes del país tanto por policías municipales, estatales y federales como por las Fuerzas Armadas. El relator constató que la tortura sigue siendo un método de investigación entre la detención y la puesta a disposición de las personas detenidas. Por lo que toca a la situación de violencia y ejecuciones a manos de autoridades formalmente instituidas, persiste un clima de generalizada incapacidad del Estado para garantizar el derecho a la vida, como lo afirmó el relator de la ONU en la materia, Christoph Heynes. El sexenio actual podría terminar con cerca de 130 mil asesinatos. Tan sólo entre 2007 y 2015 se reportaron 152 mil muertes violentas, que por mucho exceden cifras propias de conflictos bélicos. Más específicamente aludiendo a las privaciones arbitrarias de la vida atribuibles a la acción directa de agentes estatales, estudios académicos han podido determinar –mediante la metodología del índice de letalidad– que las policías, el Ejército y la Marina están empleando la fuerza letal de manera desproporcionada. Casos como Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán y La Calera, entre otros, hacen patente esta preocupación. Esta alarmante concurrencia de graves violaciones a los derechos humanos no se explicaría sin un elemento que alienta su repetición y crecimiento: la impunidad. El 98% de los delitos cometidos y denunciados quedan sin resolver, y las graves violaciones a derechos humanos no son la excepción. La corrupción, por su parte, continúa a la alza. En el Índice de Percepción de Corrupción de 2015, México se ubicó como el país con la puntuación más baja entre los 34 integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Estudios del Banco Mundial (Worldwide Governance Indicators: Control of corruption) dan cuenta de que la suma de la corrupción política y la económica podría significar el 9% del PIB en nuestro país. La macrocriminalidad que azota amplias zonas del país se caracteriza por los vínculos entre el poder político y el crimen organizado que victimizan a miles de personas y se traducen en la cooptación de parcelas del Estado. Esto, aunque el gobierno federal insista en negarlo, trasciende por mucho el nivel municipal. Tragedias como Ayotzinapa y Tierra Blanca sólo se explican en este contexto de macrocriminalidad. Pero más allá de los números, la crisis de graves violaciones a derechos humanos que generan la impunidad, la corrupción y la macrocriminalidad se traduce en cuotas inconmensurables de dolor. Nos lo enseñó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y nos lo volvió a recordar la explosión de rostros sufrientes que siguió a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Nos lo resumió terriblemente hace poco una víctima cuando le oímos decir: “Vivo en
un país donde una madre es afortunada si encuentra a su hijo desaparecido en una fosa clandestina”. Frente a esta realidad de atrocidades, el reto de revertir la crisis de derechos humanos es inmenso. Pero hoy contamos con insumos relevantes para trazar ese camino. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos formuló una serie de recomendaciones fundamentales, que recientemente ha hecho públicas. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado para el caso Ayotzinapa por la CIDH, dejó también un legado de propuestas de cambio estructural que podrían transformar la cara de la justicia mexicana. En esencia, esta ruta supone activar simultáneamente cinco pistas de acción: repensar la política de seguridad, fortalecer el marco normativo, transformar la procuración de justicia, esclarecer los casos emblemáticos de la impunidad y profundizar la cooperación internacional. Pero desde el ámbito oficial, empeñado aún en disputar el diagnóstico sobre la crisis atribuyéndolo a una sobreexposición de México a la supervisión internacional y al muy citado “mal humor social”, este impulso no sólo no se ha activado sino que incluso se presentan amenazas de retroceso. En cuanto al debate sobre el modelo de seguridad, recientemente hemos cumplido 10 años de la denominada “Guerra contra el crimen organizado”, la cual a todas luces ha fracasado: la violencia no ha disminuido, las instituciones policiales no se han fortalecido y, como se advirtió, la impunidad es generalizada. Pero en vez de acometer con seriedad el diseño de un programa de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad –como lo han propuesto los mecanismos internacionales en la materia–, se reaviva la idea de generar un marco legal ad hoc para el Ejército y la Marina normalizando el estado de excepción bajo el concepto de la seguridad interior. La prioridad debe estar puesta en reformar democráticamente a las instituciones civiles de seguridad. Respecto del fortalecimiento del marco jurídico de derechos humanos, todo parece indicar que de nuevo concluirá otro periodo legislativo sin que se aprueben las leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada, pese a que su adopción se anunció desde 2014. Por cuanto hace a renovar el rostro de la justicia, aún está por acreditarse la disposición del Ejecutivo y de los partidos políticos para abrir genuinamente el debate en torno al diseño de la Fiscalía General de la República, fundamental en la agenda de combate a la impunidad. En este tema, gracias a la presión de la sociedad civil, fue necesario que se presentara una iniciativa de reforma constitucional –por cierto aún no dictaminada ni votada– para disminuir la amplia percepción de que esa institución nacería con la autonomía acotada. Sólo mediante un proceso abierto y participativo se logrará contar con un diseño institucional que
asegure la autonomía, independencia e imparcialidad necesarias. Qué decir sobre el esclarecimiento de los casos emblemáticos: Ayotzinapa muestra el tamaño del rezago. El paradero de la totalidad de los estudiantes desaparecidos no ha sido esclarecido y las irregularidades verificadas en la investigación no han sido sancionadas, pese a los intentos de algunos funcionarios honestos. Tlatlaya, por señalar otro ejemplo entre muchos, continúa en la más oprobiosa impunidad. La lista sería interminable… basta recordar que tenemos más de 28 mil personas desaparecidas a las que se debe garantizar la verdad y la justicia. Finalmente, la cooperación internacional no se ha profundizado. El modelo del GIEI no se ha replicado en un esquema permanente que ayude a incorporar las mejores prácticas regionales para revertir la impunidad. Por otro lado, la posición de México frente al sistema internacional de derechos humanos sigue siendo ambivalente. El funcionamiento del Mecanismo Especial de Seguimiento en el caso Ayotzinapa, la inminente visita a México del Subcomité sobre la Tortura y el conocimiento de los casos Atenco y Alvarado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2017 pondrán a prueba la apertura de México a la supervisión internacional. Los contextos de macrocriminalidad en donde la institucionalidad del Estado está prácticamente diluida apuntan a la necesidad de construir mecanismos extraordinarios de combate a la impunidad, como ha sucedido en otros países, siendo Guatemala el ejemplo más cercano. En suma, a dos años de que finalice el sexenio falta que el Estado reconozca la magnitud de la crisis para transitar hacia una salida democrática y acorde con los derechos humanos. El Ejecutivo no termina de aceptar el diagnóstico, acuerpado por su partido, pero en el resto de las fuerzas políticas tampoco es distinguible una plena y generalizada aceptación del tamaño de la crisis. Hoy por hoy, la mayor oposición política a prácticas regresivas de violación de derechos parece provenir más de la sociedad civil organizada que de los partidos políticos. Este contexto plantea un reto de enormes proporciones para la sociedad, y en especial para las organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos. En medio de ese panorama oscuro, la esperanza brota sin duda de los grupos de víctimas y familiares, que actúan como activistas, abogados y redes de apoyo e incluso como investigadores con sus búsquedas en campo; de los trabajos periodísticos independientes que dan rostro a las víctimas y narran sus historias; de las y los académicos que orientan sus investigaciones a la promoción de la justicia; de las y los jóvenes que nacen a la vida política en marchas e intervenciones artísticas con las que defienden y reivindican la dignidad de todas las personas; de la solidaridad internacional con la sociedad civil mexicana.
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016 será recordado como el año en que las expectativas se frustraron y donde lo inesperado surgió. Para los chinos fue el año del mono que significa el momento del salto imprevisto donde todo queda fuera de su lugar y por lo tanto es el momento en que hay que renovarlo todo y comenzar por nuevos caminos. Bajo esta idea el próximo 28 de enero comenzará el año del gallo y será el momento del ascenso de los nuevos liderazgos, donde las nuevas orientaciones darán inicio y nuevas oportunidades habrá que esperar, por lo que deben abandonarse lo que se creía sitio seguro. Comencemos entonces por visualizar el panorama que se fraguó en estos 12 meses. Para el Estado mexicano el cuarto año de gobierno significaba su consolidación como régimen para lo cual en el ámbito electoral había previsto que la elección en doce estados de la república pudiera mantener al menos la mayoría de las gubernaturas en juego. Sin embargo quien se quedó con todo no fue el partido oficial y menos alguna opción de la llamada izquierda, por el contrario estas últimas se aliaron como el PRD
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2016 UN AÑO DIFÍCIL Guillermo j. R. Garduño Valero o se colocaron como Morena en una situación de medir fuerzas y mantenerse en un aislacionismo absurdo, lo que le dio al PAN la posibilidad de cimentar su hegemonía y proyectarse hacia el 2018, a la vez que cuestionó la gestión de todos los gobernadores derrotados, exhibiéndolos en su nivel de corrupción, lo cual pronto alcanzó a los propios panistas. En otro plano, la implementación de las reformas constitucionales chocó de inmediato contra los poderosos intereses de las burocracias enquistadas por largo tiempo en el poder político, el caso mas sintomático fue la CNTE quien trastocó todos los proyectos de implementación de la reforma educativa y el enfrentamiento terminó en forma más que ridícula donde un Estado terminó cediendo en su propio proyecto y manteniendo a su interior a las viejas fuerzas, pero
sin el menor control. Lo mismo puede decirse de PEMEX y la CFE en todos se mira la constante de ala desarticulación de la presencia del Estado, la introducción de fuerzas transnacionales sobre las cuales no queda ya la posibilidad, no digamos de regular, sino ni siquiera influir en ellas. Causando en cotidiano un desastre ecológico y de quebranto a las finanzas públicas del que pronto habrá que cobrar resultados. Vacío de proyectos no encontramos en el panorama una política económica capaz de orientar y dar sentido a la economía del país, por el contrario vemos un mundo paralizado que espera una película de terror que se avecina y para lo cual no hay ningún plan alternativo. Los precios del petróleo descienden, la inflación mundial ya nos alcanza, la
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lucha entre potencias por redefinir los espacios del comercio mundial son visibles en términos de sus contradicciones y nada parece detener esta oleada. ¿Dónde encontrar un punto optimista cuando frente a esto encontramos adelantados los tiempos de al sucesión presidencial? Donde ningún precandidato o suspirante llega a mas del 12 % del electorado entre los que figuran en primera línea. ¿qué capacidad de representación pudiera tener un presidente de esta naturaleza? Y la respuesta es ninguna. Lo que significa carencía de liderazgos. México mira atónito lo que se ve llegar desde el panorama internacional: restricciones presupuestarias, limitantes al comercio internacional, en particular con su principal socio comercial que son los Estados Unidos quien buscara imponer otros mecanismos restrictivos al comercio bilateral y multilateral. Al tiempo que la inestabilidad del peso es visible dia con dia. Nada es extraño y hay que decirlo 2017 es un año de enigmas y estas tienen que enfrentarse con una visión capaz de encarar las nuevas circunstancias, eso al menos es lo que la Nación espera.
POCAS UNIVERSIDADES CON PROTOCOLO PARA ATENDER LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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ada día más universidades expresan su preocupación por contar con una mecanismo para atender y sancionar la violencia de género contra las mujeres, ya sea dentro o fuera de sus instalaciones, pero protagonizada por integrantes de la comunidad universitaria. En México solo cuatro universidades cuentan con algún documento que organice las acciones, responsabilidades, y rutas críticas que deben seguir las víctimas, así como quienes deban atender los incidentes de violencia. Algunas de ellas cuentan con protocolos acabados, otras con guías de actuación, otras más con códigos de conducta y ética. Los grupos colegiados internos escogen los casos que serán analizados y resueltos por las personas integrantes de esos consejos o colectivos que arrojan dictámenes que pueden llegar a sanciones leves o severas. Los protocolos -se construyen voluntariamente por las instituciones que son las responsables de implementarlos cuando sea necesario- son documentos internos que plasman claramente las acciones necesarias para atender y/o prevenir la violencia contra las mujeres. El sustento jurídico y los plazos en que deba ocurrir cada acción queda escritos en esos protocolos. No obstante, hay resistencias a elaborarlos y publicarlos en ciertos sectores, pues se piensa que es una normativa innecesaria al
Silvia Núñez Esquer existir leyes, códigos, reglamentos internos, Ley federal del trabajo, así como los contratos colectivos, que de alguna manera prevén esa situación. En el caso del protocolo de Actuación para Casos de Violencia de Género en la UNAM, que podría considerarse el más completo y acabado, además de que fue publicado en seguimiento a un acuerdo del rector de la misma, lo define como un conjunto de lineamientos y criterios. “Lineamiento claro sobre los pasos y criterios que deberán seguir las instancias dependientes de la Oficina de la Abogada General y busca establecer las pautas relevantes para otras autoridades de la Universidad que participan en la atención de casos de violencia de género”. Es un protocolo que sustenta su contenido en la armonización con los tratados internacionales firmados por el Estado Mexicano, en la Constitución mexicana, enfatizando el enfoque de Derechos Humanos y el principio pro persona, pero analizando el contenido de los procedimientos, donde se exhiben grandes incongruencias. Ejemplo de esto es que en su declaración introductoria, se compromete con todo lineamiento emanado de las convenciones internacionales en materia de no discriminación, ni violencia contra las mujeres, en lo correspondiente a los procedimientos de actuación privilegia la mediación como mecanismo de reso-
lución de conflictos. Y eso es un problema, ya que la legislación mexicana así como las recomendaciones internacionales expresan claramente la prohibición y la necesidad de evitar la mediación en casos de violencia de género. El propio protocolo dice que: “La violencia de género implica una violación a los Derechos Humanos que perpetúa los estereotipos de género y que niega la dignidad, la autodeterminación y el derecho al desarrollo de las personas”. Los principios que seguirán son: Debida diligencia, Confidencialidad, Transparencia y Accesibilidad. Desarrolla ampliamente el mecanismo alternativo de resolución, equivalente a la mediación, al definir como procedimientos de resolución el Alternativo y formal. (Alternativo se refiere a un procedimiento de mediación; Formal se refiere a un procedimiento de investigación y dictamen). “El procedimiento alternativo consistirá en una mediación. Por mediación se entiende el mecanismo voluntario mediante el cual las partes, en libre ejercicio de su voluntad, buscan, construyen y proponen opciones con el fin de alcanzar la solución a la controversia. La persona mediadora propiciará la comunicación y el entendimiento mutuo entre las partes”. Y amplía la incongruencia al dividir entre los eventos que sí permiten mediación y los que no. Además considera la
violencia de género no como un delito, sino como un “conflicto” entre dos partes en igualdad de circunstancias. Esto contraviene la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que en su artículo 8, especifica expresamente: “evitar procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables en una relación de sometimiento entre el agresor y la víctima”. En Sonora las instituciones educativas pretenden atender los casos de violencia de género pero deberán tomar en cuenta que no pueden ignorar la legislación vigente. La Universidad de Sonora con mayor antigüedad, entró ya en ese proceso; mientras que a la UNAM le falta definir la violencia de género así como la descripción de los tipos y modalidades de Violencia de Género de acuerdo a la legislación vigente en México. Le faltan mecanismos de sanción para funcionarios que no cumplan su deber. Y le falta desechar la mediación como un mecanismo para resolver casos de Violencia de Género. Para la Universidad de Sonora no será fácil desprenderse de la cultura de la mediación, siendo ésta la universidad más reconocida en México y Latinoamérica. Pero toda innovación, tendrá que privilegiar lo que sea mejor para las personas, en este caso para las mujeres que asisten a la universidad y garantizar su derecho a una vida libre de violencia. Eso no nos puede faltar.
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Miércoles 21 de Diciembre de 2016 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
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CÓDIGO NUCÚ César Trujillo
La educación y el fallido sistema político mexicano
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l sistema educativo es el reflejo del rostro de un país. México, en este caso, se encuentra inmerso en un problema añejo de desigualdad educativa: abstraído en un atraso que sigue siendo insuperable bajo disfraces políticos y supuestas reformas que son solo paliativos que no van a cambiar el problema de fondo y, tristemente, bajo un conflicto de intereses entre los líderes sindicales (sin representatividad real del magisterio) y las autoridades competentes que no han querido ver que la pluriculturalidad y el multilingüísmo son factores importantísimos que deben ser tomados en cuenta antes de pensar en una estulta homogeneización educativa. En muchos estados (Chiapas, por ejemplo) los docentes siguen cargando con una enseñanza tradicionalista y vetusta: con el alumno sentado copiando de la pizarra, rellenando un añoso libro de texto y escuchando las explicaciones del docente que parece ser el único que habla. No hay cambios en la forma en la que se distribuyen las sillas o pupitres, donde sigue imperando una jerarquía que es ya innecesaria paras las nuevas generaciones y las exigencias del siglo XXI, ni en el fondo donde el docente es una copia de lo que vio cuando fue alumno hace ya varios años. Pocos tienen el hábito de lectura y amor por las artes. Pocos son aquellos que buscan inculcar el interés por la investigación o la indagación. Pocos hablan de cine o música. Se remiten – la mayoría- a cumplir con un horario y
siguen creyendo que atiborrar de tareas al alumno es contribuir a formarlo para las exigencias de la vida. Creen que las tardes deben ser ocupadas para repetir planas, para reforzar lo que vieron, tal y como ellos lo hicieron hace tiempo. ¡Grosso error! La repetición de las viejas prácticas, de la enseñanza arcaica (rancia, a estas alturas), aunado al nulo interés del gobierno federal por crear una verdadera reforma que le urge a México, son los principales factores que impiden que se pueda aspirar a un cambio. No se trata, ya, de las camadas arrojadas al ruedo desde las normales que salen con enormes carencias en cuanto a la parte del dominio de su propio idioma, con patrones de un sistema que no requieren las generaciones para poder hablar de un país en verdadera transformación. Menos aún de las luchas que sólo están enfocadas a proteger las canonjías de un grupo que, si bien las obtuvo bajo luchas justas en su momento, se ha quedado corto y estancado ante las exigencias del nuevo siglo, a los requerimientos para formar a los alumnos como seres pensantes, analíticos y críticos. Si bien las pruebas PISA y la Enlace no son el problema literal reflejado en el universo de la educación en México, sí son un referente para entender el marcado sistema inoperante y desigual en el que se encuentra nuestro país sumido desde hace ya varias décadas. Las fallas estructurales presentadas por el sistema político y económico se ven marcadas, ampliamente, en la inmovilización de un
sistema educativo que se encarga solamente de formar/forjar mano de obra calificada, barata que servirá a la juniorcracia para seguir aplicando un modelo de explotación disfrazada en estos tiempos (lo que algunos politólogos consideran como neoesclavismo del siglo XXI). Ahora falta preguntamos ¿Podrá México a aspirar a un nuevo modelo educativo? ¿Podrá soñar con una reforma que transforme la educación del país y que constituya a las personas para enfrentar la vida? Aunque suene poco optimista, la respuesta es no. El sistema político no requiere de mexicanos pensantes, despiertos o analíticos. No le conviene a un país de políticos corruptos y estratos desiguales que esto cambie y que México avance. Se acabaría el negocio de unos cuantos. El negocio que sigue consolidando la enorme fábrica de pobres que le representan votos a una clase parasitaria donde México es -y seguirá siendo- un paraíso para la impunidad.
Manjar
La recomendación de hoy es “El capote y otros relatos”, de Nicolai Gogol, cinco cuentos donde el universo pasa de los tiempos primitivos a los modernos, atrapando al lector y haciéndolo entender que la locura es el fundamento de la creación literaria. // Felicidades a mis amigos Fernando y Flor que el fin de semana pasado unieron sus vidas para ser más felices aún de lo que ya lo son. ¡Enhorabuena! // Recuerde: No compre mascotas, mejor adopte. // Felices fiestas. Si toma, por favor: no maneje.
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CMAN
DIARIO
$ 7.00
CONTRA PODER EN CHIAPAS
INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
Miércoles 21 de Diciembre de 2016 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 3 | No. 977
MOLESTIA
ÍNDICE
El 67% de chiapanecos no puede adquirir canasta alimentaria
Canasteras reprochan su retiro del centro
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INCONFORMIDAD
Policías jubilados y pensionados reclaman pago de aguinaldos
PAG. 3
PRESO
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RESOLUCIÓN
Congreso de Guerrero aprueba ley para proyectos mineros en zona del narco
Chiapas: Indígena tsotsil 17 años injustamente preso, en espera de amparo para lograr su libertad “Estoy esperando el resultado del amparo que presentó mi abogado ante el Juzgado Federal”, comparte en una carta el indígena tsotsil Alejandro Díaz Santíz, quien aún con la promesa de gestionar su libertad de parte de ejecutivo estatal Velasco Coello, continúa injustamente preso, en un penal de máxima seguridad de la costa de Chiapas.
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Hicimos del Legislativo el mejor instrumento para escuchar a la gente a través de la consulta ciudadana: ERA PAG. 6
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