El salto 24 Julio-Agosto by DespertandoaMexico

N° 24 Julio ~Agosto 2015

Despertando a México “La unión nos hace tan fuertes como débiles la desunión” ESOPO

Ni una lucha aislada más

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Editorial Los movimientos sociales que mejor resisten los embates del capital y de su brazo político, son los llamados a encabezar la transformación general de la sociedad, proponer alternativas al modelo de explotación neoliberal que está imponiendo la oligarquía, e ir planteando nuevas relaciones sociales de producción y distribución de la riqueza. Los Yaquis ya no tienen nada que perder, más que la vida. A eso los están condenando al quitarles el agua de su región. Un pueblo con dignidad que se resiste a morir lanza un llamado general a luchar, por el agua, el territorio el trabajo y la vida. Se agotaron las instancias legales, legaloides; no les dejan más alternativa que la lucha política colectiva. Los jornaleros del Valle de San Quintín, al intentar salir de la esclavitud a la que prácticamente los han sumido, ofenden al poder (políticos) y a los poderosos (a la oligarquía), quienes los “marean” haciéndoles creer que ya ganaron con la perversa y única intención de librar el proceso electoral federal, de que pasaran las elecciones y entonces sí “aplicárselas”. Pero las experiencias que por generaciones van acumulando al migrar, al asentarse en otro territorio, al trabajar para sobrevivir, los hace ser visionarios, no aislarse y conducir su lucha tratando de articularla con otras. A los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) les imponen la evaluación forzosa. Es el pretexto para despedirlos, no contratar personal, incrementar las jornadas de trabajo y quitarles sus derechos. Con esto también están legalizando el pago de cuotas de los padres de familia en las escuelas de sus hijos, desmantelando cualquier oposición futura. La consigna que cada vez se oye con más intensidad y sentido es: “Ni una lucha aislada más”; ahora va tomando cuerpo. El pueblo obligado por la necesidad de sobrevivir tiene que abrir otras posibilidades, es entonces que se plantea agruparse, luchar junto con otros. Surge la probabilidad de la organización clasista. No ver aisladamente mi problema: como individuo, como colectivo, como gremio, sino darme cuenta que los problemas que padecemos individualmente tienen causas que los originan y que estas causas son la raíz que hay que arrancar de tajo; que al identificar el origen de las causas me doy cuenta que éstas son, en última instancia, problemas de clase, de unos que se benefician y otros que padecemos su modelo económico. Las causas son sociales y las soluciones también deben plantearse así, colectivamente. Entre más nos aprieten, mejores tienen que ser las respuestas para liberarnos. Debemos poner freno a la opresión, a la injusticia, al despotismo hipócrita. Venturosamente los más explotados y oprimidos son los llamados a encabezar las grandes transformaciones sociales, a proponer soluciones de fondo.

Índice El Elevador

La lucha de los Yaquis

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¿Sabías qué? Crónica de la lucha de los Jornaleros de San Quintín

¿Usted que opina? ¡Ni una lucha aislada más!

La lucha de los Yaquis

La tribu Yaqui está asentada al sur del estado de Sonora, son ocho pueblos repartidos en un valle, una franja que abarca los municipios de Cajeme, Guaymas, Empalme y Bacúm colindan al norte con el municipio de Hermosillo, al oeste con las costas del pacífico, tiene una franja costera de 85 kilómetros, colinda al sur con Ciudad Obregón, Sonora; una población estimada de 45 mil personas que conviven con otros pobladores de la región. Los ocho pueblos tradicionales Yaqui son Loma de Guamúchil, Loma de Bácum, Tórim, Vícam, Pótam, Ráhum, Huirivis y Belem. Por su fuerza histórica y su ubicación geográfica, Vícam viene siendo el centro político y de encuentro de las autoridades tradicionales Yaqui. Se dicen a sí mismos yoremes (hombres o personas), o yuemem. Viven de rentar su tierra a grandes productores agrícolas (el 95 %), de sembrar pequeñas hortalizas para el autoconsumo y de la pesca. La región contribuye con casi el 50% de la producción de trigo del país, con 36 mil toneladas anuales. Mantienen su identidad cultural indígena con una organización social de acuerdo a usos y costumbres. En 1940 el presidente Lázaro Cárdenas materializó el reparto agrario mediante un decreto presidencial que restituye y titula en favor de los Yaquis, un tercio de los territorios que demandaban como suyos, un territorio de 485 mil hectáreas, el 50 por ciento del agua de la presa Angostura y todos los escurrimientos, además el agua de lluvia que se acumulara bajo la presa. Esto incluye el caudal del río que lleva su nombre. Este es el sustento legal que ampara los derechos de la tribu Yaqui sobre el agua. La sequía, problema crónico en el norte de Sonora, se ha agudizado en los últimos años. Para resolverlo, Guillermo Padrés, gobernador del estado determinó drenar el fértil valle del Yaqui, en lo que sería “abrir un hoyo para tapar otro”. Enmarcado en el proyecto Sonora Sí, busca llevar agua del rio Yaqui a Hermosillo mediante la construcción de un acueducto que denominaría Acueducto Independencia, dijo que llevaría agua a 800 mil personas de la capital del estado, mediante un acueduczto que tendría 173 kilómetros de longitud con un costo de 3 mil 600 millones de pesos y se preveía que estaría finalizado en el verano de 2012. Los Yaquis expusieron lo que en realidad pretendía el gobernador Padrés: beneficiar a un grupo de 14 grandes agricultores del distrito de riego 51 de la costa de Hermosillo, no a los habitantes de la capital del estado. Además manifestaron que únicamente la industria sacaría provecho, que el mandatario estatal pretendía convertir a Hermosillo en una mega urbe de negocios especulativos. Efectivamente, una vez que se anunció la construcción del Acueducto Independencia, el sector industrial comenzó a asentarse en la región. La planta Ford se amplió a casi el doble de su capacidad; se instala también la segunda planta más grande en

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Latinoamérica de la productora de cementos Holcim Apasco, anunciando todo un desarrollo inmobiliario; llega Heineken, la cervercera más grande del orbe, y la refresquera Big Cola; mientras Coca Cola y Pepsico anuncian la ampliación de sus instalaciones. Mario Luna Romero, secretario de las autoridades tradicionales del pueblo de Vícam, explicó que en el valle del Yaqui no nos sobra el agua; hay un déficit de mil 425 millones de metros cúbicos debido a la sequía extrema de los 48 meses recientes. Las presas Angostura, Novillo y Oviáchic, que reciben agua del río Yaqui, están en un nivel crítico, a menos de 50% por ciento de su capacidad, y trasladar agua de dicha cuenca a la ciudad de Hermosillo afectará a 45 mil indígenas y a un millón de habitantes de 7 municipios, además de dejarlos sin posibilidades de sembrar. A la fecha hay 4 mil hectáreas donde ya no se pueden sembrar por el salitre producido por la falta de recarga de los mantos freáticos. Además, dijo, hay residuos de arsénico en el agua que beben los indígenas y otros habitantes de la cuenca de dicho río, por lo que ha aumentado la incidencia de cáncer en la piel y hepático, aunque las autoridades de salud lo niegan. Los Yaquis han padecido históricamente la escasez de agua porque el decreto nunca se ha cumplido, se han construido presas, y una hidroeléctrica que han impedido el cumplimiento del decreto presidencial cardenista. Prueba de ello, es que llevaron a tribunales agrarios denuncias por la incorrecta repartición del agua para cultivos en el sur de Sonora, ya que por los decretos mencionados debería recibir 50 por ciento del agua para riego de la presa El Novillo — ubicada en el municipio de San Pedro de la Cueva—, pero apenas recibe 15 por ciento. En 74 años ese decreto no se ha cumplido a cabalidad. Primero porque en la década de los 50 se construyó una presa hidroeléctrica, cuya agua acumulada sólo se destina para la producción de electricidad, además de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) — dependiente del gobierno federal— ha escamoteado el recurso para los yaquis, asignándoles únicamente 250 millones de metros cúbicos al año, cuando la capacidad de la presa es de 800 millones de metros cúbicos. Al menos deberían tocarnos 400 millones de metros cúbicos. Además, el canal de conducción de esas aguas hacia nuestras comunidades no tiene siquiera la capacidad para conducir los 250 millones de metros cúbicos que ofrece la Conagua. “Por ello, cuando en 2010 nos enteramos de la construcción del Acueducto Independencia, lo primero que nos viene a la mente es que si en 70 años no han cumplido el decreto del presidente Cárdenas qué pasará al agregar a otro usuario de estas aguas”, planteó el dirigente Yaqui Mario Luna. La sequías más recientes y el incumplimiento histórico del decreto les hizo temer que el acueducto sería su perdición, que sin agua morirían de inanición, que se verían forzados a emigrar hacia los centros urbanos del país, o a trabajar como jornaleros agrícolas, quizás hacia San Quintín, Baja California, o a los Estados Unidos, como indocumentados, por lo que se avocaron a la defensa legal, jurídica de su territorio y de sus derechos, aunado a la resistencia organizada y la movilización política, sabiendo que les asistía la razón y la ley. Presentaron 7 amparos y 2 controversias constitucionales. Además, se avocaron a buscar soluciones de fondo para todos, planteando dos opciones viables para resolver el problema del agua en la zona.

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El 2 de junio de 2010 el gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés Elías, anunció que en octubre empezaría a construirse el acueducto que irá de la presa El Novillo a la capital del estado; un mes después la Conagua presentó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la manifestación de impacto ambiental de la obra y autoriza su construcción. La Conagua, órgano desconcentrado de la Semarnat, otorgó 50 millones de metros cúbicos de agua aprobando la construcción del acueducto Independencia. Los Yaquis promueven un amparo y la juez octava de distrito, Bolaños Valadez, otorga el 9 de junio un amparo y confirma su sentencia el 10 de julio del 2010, en contra de la operación del acueducto Independencia. Ese día fijó un plazo de tres días hábiles –luego de la notificación a las autoridades estatales y federales– para detener el trasvase de agua desde la presa El Novillo a la capital sonorense, en sus trámites administrativos y de operación. El gobierno estatal y federal, por conducto de CONAGUA no acataron la decisión de la juez, emprendieron una feroz embestida con todo su aparato jurídico, decenas de abogados bien pagados, trajeados impecablemente, perfumados, bien comidos, gordos y chapeados al servicio de los abigarrados intereses de ambos gobiernos; en todo el proceso legal nunca detuvieron la construcción, ni la posterior operación del acueducto, a pesar de que legalmente lo deberían hacer. Se impusieron por la vía de los hechos. El gobierno del estado desacata la sentencia y publica las bases de licitación para la construcción del acueducto Independencia; Conagua presenta recurso de revisión de la sentencia de la Juez 8ava; el ayuntamiento de Hermosillo se inconforma con la decisión de la Juez; los Yaquis promueven recolección de firmas para influir en los nuevos juzgadores; la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirma el amparo contra la autorización de la manifestación de impacto ambiental que otorgó la Semarnat para la construcción del acueducto Independencia en Sonora, y reconoce la personalidad de la tribu Yaqui para reclamar ante las autoridades la inhabilitación de esta obra, esto porque hasta casi casi les mandaron a hacer pruebas de ADN a los indios para ver si realmente eran Yaquis, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) les dio amplias evidencias sobre su origen ancestral y sus prácticas actuales ligadas a su identidad. Ninguno de los procedimientos de los gobiernos del estado y federal cumplieron los requisitos legales de información y el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas que poseen derechos sobre los recursos naturales. Con esta segunda sentencia la corte lo reconocía, pero el litigio seguía y la lucha continuaba. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en su recomendación 37/2012 se pronunció en el sentido de que el gobierno de Sonora se mostró en abierto desacato; la tribu Yaqui gana un nuevo amparo en relación con el Acueducto Independencia, donde se reitera la ilegalidad del otorgamiento de los títulos de asignación emitidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en favor del gobierno de Sonora; se termina de construir el acueducto Independencia y empieza a operar la extracción de agua, el trasvase; los Yaquis bloquean la carretera México~Nogales desde el 30 de

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marzo de 2013; la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declara improcedente detener el trasvase de agua de la presa El Novillo a la capital sonorense, ordena que seguirá en operación mientras se dicta una resolución final sobre la controversia constitucional 66/2013. El ayuntamiento de Hermosillo interpuso este otro recurso para que el acueducto siguiera en operación aún si alguna autoridad federal ordenara detener el trasvase. El 7 de mayo sale la sentencia en el sentido de que no se ordenará apagar las bombas de extracción de El Novillo. La Comisión Estatal del Agua de Sonora (Ceas) transfiere a Conagua la administración de la toma del Acueducto Independencia; desechan la decisión del juez octavo de detener la construcción del Acueducto; reanudan bloqueo carretera México-Nogales; finalmente, el lunes 14 de julio de 2014 el tercer tribunal colegiado del quinto circuito desechó la decisión del juez octavo y ordenó que el acueducto siguiera operando. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la operación del Acueducto Independencia y los títulos de concesión de agua otorgados por las autoridades federales y estatales que asignan 40´182,450.60 millones de centímetros cúbicos; 11´720,000.00 millones de metros cúbicos; y 8¨582,594.00 millones de metros cúbicos de aguas superficiales del río Yaqui a las autoridades sonorenses en la materia. Por votación de cuatro votos contra uno, los ministros declararon por otra parte, la invalidez de la Manifestación de Impacto Ambiental aprobada por la Semarnat con el único efecto de que se garantice el derecho de audiencia, sin efectos vinculantes, a los municipios quejosos. Hasta aquí el proceso legal. Desde el principio del despojo los Yaquis plantearon dos opciones para resolver el problema del agua en la zona. La creación de plantas potabilizadoras de agua de mar en uno o varios lugares de los 85 kilómetros de costa que tienen en el golfo de California, lo que permitiría llevar agua a Hermosillo a mucho menor costo y sin secar el valle. El costo sería de unos 25 centavos de dólar por metro cúbico; la otra opción, segura y barata para abastecer de líquido a Hermosillo y otras ciudades es reparar las fugas de la red de agua potable del municipio. El agua que hoy pretenden llevar con el acueducto hacia Hermosillo, representa apenas una quinta parte del recurso que consume la ciudad, pero de toda la que ya recibe, 40 por ciento se pierde en fugas. Eso quiere decir que el líquido que hoy dejan que se pierda es más de lo que quieren sacar de las presas de los yaquis. El costo de corregir esas fugas es de cuando mucho 15 por ciento de lo que se gastó en el acueducto (unos 600 millones de pesos). El gobernador no estuvo dispuesto, en ningún momento a discutir estas opciones, esto no le dejaba dinero, faltaba más, él es un gran empresario, un hombre de negocios. Que se iba a andar fijando en pequeñeces. El gobernador de Sonora Guillermo Padrés Romero es investigado por recibir millones de dólares de un empresario ligado a compañías que ganaron contratos del gobierno. El diario estadounidense The Wall Street Journal dijo que era una investigación que la Secretaría de Hacienda hacía. La indagatoria también incluye a su hermano Miguel Padrés. “El dinero supuestamente fue pagado por Mario Aguirre, un destacado empresario de Sonora con lazos con las empresas que ganaron licitaciones por un valor de alrededor de 20 millones de dólares al año”.

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Entre los contratos ganados por Aguirre, el rotativo mencionó uno de uniformes escolares para niños de escuelas públicas de Sonora. “El hermano del gobernador transfirió 5.7 millones de dólares a una cuenta bancaria en Estados Unidos que abrió en 2012, a nombre de Tenerife CV, una firma de responsabilidad limitada con sede en Holanda en la que supuestamente es el único beneficiario”. Además, “Miguel Padrés también depositó 522 mil dólares en otra cuenta en Estados Unidos abierta por su hermano en 2011, a nombre de Dolphinius CV, otra sociedad de responsabilidad limitada con sede en Holanda en la que supuestamente él es el único beneficiado”.

A los hermanos Padrés los encubrió el PAN en la cámara de diputados federal. También lo encubrieron por la acusación de evasión de impuestos, se condonó a sí mismo los impuestos que tenía que pagar por sus negocios. Encubierto en la facultad de los gobiernos locales de practicar auditorias específicas sobre el impuesto sobre la renta (ISR) y a partir de ello decidir si se condona el pago de ese gravamen, por los convenios de coordinación fiscal entre la Federación y los estados, el gobernador se dispensó algunos millones de pesos de impuestos. Pero eso sí, a él nadie le ven la cara. Acusó a una empleada doméstica que le trabajó 15 años de haberle robado unas joyas y dinero en efectivo. El gobernador no quiso acatar la determinación judicial de liberar por falta de pruebas, insuficientes y carentes de contenido, a la señora Gisela Peraza, la señora Peraza habría de recuperar su libertad el martes 2 de junio de 2015 a la media noche, merced a un amparo que ganó. No obstante, la autoridad del estado, horas antes de concretarse la liberación – estaba en la cárcel del estado controlada por Padrés-- le imputó la posesión de 0.32 gramos de metanfetamina escondida entre sus pertenencias. Tal hallazgo propició que la reclusa fuera enviada a una celda de castigo, evitándose la liberación.

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La presión pública que ejerció el PRI, encabezada por el coordinador en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, y organizaciones no gubernamentales y sociedad civil en Sonora propiciaron la liberación de Gisela Peraza, quien estuvo presa durante cuatro años por la acusación de Guillermo Padrés. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investigó el caso y recomendó la liberación de la trabajadora doméstica por falta de argumentos acusatorios. No obstante, el gobierno del panista Padrés desoyó la recomendación del ombudsman nacional y dejó en la cárcel a la señora a pesar de carecer de argumentos acusatorios. Pero quizás lo más grave que este gobernador ha hecho es haber construido una presa particular sin permisos ni requisitos utilizando el conflicto Yaqui para camuflajearse. Se trata del rancho Pozo Nuevo de Padrés, ubicado a cinco kilómetros del pueblo de Bacanuchi, de tres mil 670 hectáreas, que luce imponente con la presa El Titanic, como la conocen los ejidatarios, construida a finales de 2011 y principios de 2012, sin el título de concesión que otorga la Conagua, ni la autorización de Manifestación de Impacto Ambiental, por parte de la Semarnat. El embalse, de 120 metros de longitud y una cortina de 80 metros de altura, tiene capacidad para almacenar cuatro millones de metros cúbicos de agua que llega del río Manzanal. La construcción de la presa El Titanic y la perforación de seis pozos en el rancho Pozo Nuevo de Padrés a partir de febrero de 2012, a nombre de Guillermo Padrés Dagnino y Miguel Padrés Molina, hijo y sobrino del gobernador de Sonora, coinciden con la caída en el suministro de agua para el resto de los poco más de 200 habitantes de Bacanuchi. A decir de Ignacio Pesqueira, dueño de alrededor de treinta vacas, “Aquí por años hemos estado pidiendo una presa y resulta que la construyeron antes en el rancho del gobernador” La amenaza y persecución política han sido otro factor para tratar de doblegar a los Yaquis en la defensa de su territorio y sus derechos. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes interpuso la demanda del 7 de Septiembre de 2015 por el bloqueo de la vialidad. Cerca de 400 policías estatales desalojaron la madrugada de ese viernes a cientos de agricultores del Valle del Yaqui e integrantes de la etnia que bloqueaban la carretera México ~Nogales, tramo Ciudad Obregón~ Guaymas, en la población de Vícam, al sur de la entidad, para exigir que se detuviera la construcción del Acueducto Independencia. Las autoridades estatales detuvieron a nueve personas, porque según dijeron, respondieron a una petición de apoyo de la Procuraduría General de la República que atendió una demanda interpuesta el miércoles anterior por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. También tomaron presos a Mario Luna y Fernando Jiménez. La acusación del gobierno estatal en contra de estos líderes y de Tomás Rojo Valencia es por secuestro y robo. Se los fabricaron, lo inventaron para callarlos en lo que claramente se puede entender como una persecución política. Los acusan de haber desaparecido a Francisco Delgado, quien era secretario de la tribu en Vicam en junio de 2013. La sentencia final de la SCJN mediante la cual se legaliza la construcción y valida la operación del Acueducto Independencia pero que le da la razón a los Yaquis tres años después, es una burla. No los consultaron y convalida todo lo demás, la construcción

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del acueducto, el trasvase, y prácticamente anula el decreto presidencial de Lázaro Cárdenas quitándoles sus derechos adquiridos desde 1940. Es un ruin atropello legalizado desde el máximo tribunal en México que pretende condenarlos a la extinción. Al no hacer vinculante la consulta, que reconocieron graciosamente que en efecto no se hizo, y ordenar que se haga, es solo para completar el expediente y cerrar el caso. Es como decirles: la consulta que no se hizo pero que se va a hacer es para ver si quieren que les construyan el acueducto que ya construyeron y para preguntarles si están de acuerdo en que les quiten el agua que ya les están quitando, aclarándoles que no será vinculante, o sea que no servirá de nada lo que respondan, francamente es un insulto. Lo matizaron de la siguiente manera. “Por votación de cuatro votos contra uno, los ministros declararon la invalidez de la Manifestación de Impacto Ambiental aprobada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para el único efecto de que se garantice el derecho de audiencia, sin efectos vinculantes, a los municipios quejosos”. Es como si después de que violaran a su madre o a su hermana, apreciable lector(a), le preguntaran a usted si está de acuerdo en que las violen, advirtiéndole que diga lo que diga, no harán nada después de su declaración… La justicia en México si no fuera trágica sería cómica, más que ridícula, es patética. De qué sirve la consulta si no es vinculante con lo que están haciendo, si no va a servir de nada. Ellos lo hacen como forma elegante de cumplir con la legalidad pero no están dispuestos a reparar la injusticia ni darle la razón a quien la tiene. Desde la Suprema Corte de Justicia se defienden los intereses de clase de la oligarquía. Los Yaquis están planteando acciones conjuntas, saben que solos no podrán revertir la infamia, les consta que la lucha legal es insuficiente, ellos, la oligarquía y los gobernantes, controlan las leyes y a los jueces; también saben que no son los únicos afectados, que son cientos de miles a lo largo y ancho del territorio nacional quienes padecen la injusticia y el despojo de su trabajo, de sus bienes de sus recursos y hasta de sus territorios, y lanzan la convocatoria para la realización de una caravana nacional hacia el Distrito Federal, por el agua, el trabajo, el territorio y la vida. La caravana se realizó con éxito pero con la máxima discreción de los medios masivos de comunicación. Ni siquiera informaron de su existencia. A lo largo y ancho del territorio mexicano fueron diciendo su problema y enterándose de otros; luchas similares a la suya, comunidades afectadas con demandas comunes a las suyas, también víctimas de la ambición de los negocios y la negligencia y complicidad de los gobiernos estatales y federal; sintieron la solidaridad de los pueblos y la hermandad de clase que los une; se dieron cuenta de que son luchas paralelas, que se pueden vincular y articular porque las necesidades de cada lucha son individuales pero las causas, lo que origina los problemas son estructurales; que solo viendo las cosas así, identificando el sistema y sus procesos es como se podrá contrarrestar el infame despotismo que los agobia. Se plantea la necesidad de un programa colectivo de lucha. Ante el agotamiento de los cauces legales se está convirtiendo en una verdadera necesidad para dar una digna batalla por nuestro presente, por el futuro y el de nuestros hijos.

Sabías qué Crónica de la lucha de los Jornaleros de San Quintín

El Valle de San Quintín está en el estado de Baja California, en el municipio de Ensenada, que es el más grande del país con 53 mil kilómetros cuadrados y 800 kilómetros lineales, San Quintín se localiza dentro del área rural de este municipio con una extensión de 36,941 Km. lo que significa cerca del 70 % de la superficie municipal y casi la mitad de la extensión estatal. Está muy cerca de la frontera con E. U. entre el golfo de california y el océano pacífico. Es una tierra muy fértil, lo que ahí se produce se exporta mayoritariamente hacia Estados Unidos. Los principales cultivos del Valle de San Quintín son el jitomate -tercer productor nacional-, tanto de vara, como de suelo, el cebollín, la fresa, la calabacita, el chile, la cebolla, la col de Bruselas, entre otros. Para darnos una idea de la productividad en el valle observemos los rendimientos en la fresa. El cultivo de la fresa en la zona de San Quintín, se ha distinguido debido a su alta productividad, la cual es 287 % superior a la media nacional, pues el rendimiento promedio es de 46.0 toneladas por hectárea (Ton/ Ha), en tanto que la media nacional es de 16.0 Ton/Ha. Aún estados productores como Michoacán y Guanajuato, sólo alcanzaron las 14.4 y 12.8 Ton/Ha. respectivamente. Lo anterior, ha permitido que la zona de San Quintín, participe con el 6.5% de la superficie cosechada de fresa a nivel nacional, el 17 % del volumen de producción y el 19.7 % del valor de la producción de fresa en todo el país. San Quintín cuenta con 47,000 Ha de tierras de cultivo, de las cuales 32,000 Ha. son de temporal y 15,000 Ha. de riego. A pesar de estar altamente tecnificado, el campo requiere del uso intensivo de mano de obra. Legisladores del congreso de la unión informaron que en San Quintín hay aproximadamente 70 mil jornaleros, de los cuales 40 mil son de Oaxaca, y existen 500 ranchos. Las comunidades del Valle de San Quintín viven en abandono histórico. Es la zona que más pobreza extrema reporta en la entidad, de acuerdo con el INEGI, registra rezago social y de infraestructura, incluso es considerada una zona de segunda y la prueba es que maestros, policías y servidores públicos son enviados ahí como castigo, por ello las comunidades decidieron nombran sus propias autoridades para atender sus necesidades. La mayoría de los jornaleros son jóvenes de entre 15 a 39 años, y en el caso de las mujeres la mayor participación se presenta entre 15 y 24 años.

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¿Sabías qué?

Las condiciones en las que trabajan los jornaleros agrícolas son infames, padecen una explotación criminal: contaminación de los agroquímicos envenenados por la fumigación, sin servicios médicos, maltratados por ser indígenas, fuera de su entorno natural. Cuando fallecen sus compañeros organizan colectas para mandar los restos a sus comunidades; extenuantes jornadas de más de diez horas, dentro de invernaderos, a temperaturas infernales, por salarios miserables. Los empresarios ganan en dólares, pero pagan a los jornaleros en pesos. No dan vacaciones y esquilman el reparto de utilidades. En los campos, los trabajadores no pueden llevarse ni un fruto. Son revisados al entrar y al salir de la jornada. Se les cuenta el tiempo que van al baño. Usted se preguntará ¿por qué hay tantos oaxaqueños en San Quintín?. La migración los llevó hasta allá. No sólo los oaxaqueños sino jornaleros agrícolas de todo el país han tenido que huir de las condiciones de miseria existente en sus lugares de origen, que los ha empujado hacia las ciudades, centros urbanos en la república mexicana y al norte, hacia Estados Unidos en búsqueda de trabajo, para no morir de hambre. La política agroalimentaria de los últimos seis presidentes en nuestro país ha generado una desinversión en el campo y ha favorecido la explotación intensiva de productos para el mercado de exportación, protegiendo a los grandes latifundistas –con dinero, con subsidios y “apoyos al campo”-- y empujado a la población campesina a emigrar. Ya hasta se ufanan que el envío de divisas de los braceros mexicanos esté pasando a ser la primera fuente de divisas del país, por encima del petróleo. ¿El gobierno no se ha dado cuenta? Claro que saben y se dan cuenta. La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, instancia del gobierno federal que cuenta con antecedentes e información de primera mano sobre la migración indígena desde la década de los 70, cuando se creó la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar), en la que jugó un papel central el entonces Instituto Nacional Indigenista (INI), generó y concentró abundante información sobre las condiciones de la migración familiar de los mixtecos a las tierras del noroeste de México, en particular a los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California, con el pretendido propósito de mejorar las condiciones de vida de los indígenas migrantes, fenómeno que ha producido expresiones inéditas sobre la interculturalidad y que ha incidido directamente en la realidad de los pueblos indígenas y su inserción en la estructura productiva de México. Pero no sólo el INI, también existió el Programa de Jornaleros Agrícolas bajo la cobertura de la Sedesol con similares fines. Lo que esto nos indica es que lo que menos les importa son los pueblos indios y el campo de México. El silencio cómplice, la inoperatividad y la complacencia con los explotadores de todo el país se alinean al modelo económico neoliberal de sobreexplotación de la mano de obra. Atentando de esta forma contra la autosuficiencia alimentaria de nuestro país. Se sabe que ya casi la mitad de los productos que comemos en México se importan y la tendencia marca un acelerado crecimiento a no producir aquí nuestro propio alimento. A estar a expensas de lo que se siembre en otros países.

 Los migrantes en su desesperación por tratar de pasar “al otro lado”, a Estados Unidos y ser rechazados, y al encontrar trabajo en San Quintín optaron por irse estableciendo aquí.. Son los nuevos nómadas que se volvieron sedentarios por la demanda de mano de obra en el lugar. En un estado enrolado en la primera oleada globalizadora de México, en la época en la que nos decían que siendo maquiladores llegaríamos al primer mundo, antes del Tratado de Libre Comercio. Muchos entraron a trabajar a las maquiladoras, llegaron para quedarse. Junto con sus familias y esperanzas se trajeron sus costumbres y tradiciones. Un ejemplo de esto es Nuevo San Juan Copala, una colonia de San Quintín. La vida normativa de la colonia está organizada alrededor de tres figuras tradicionales, nativas de sus comunidades de origen. Estas son: la autoridad tradicional, representante político y mediador de la comunidad; el consejo de ancianos, que orienta y opina sobre los asuntos relevantes del asentamiento, y el sistema de mayordomías, encargado de la organización y realización de las fiestas en honor del santo patrono. Los jornaleros no tienen una representación sindical, voz ante sus patrones, los representantes sindicales de la CTM, la CROC y la CROM que tienen firmados los contratos colectivos de trabajo y que se supone deberían defenderlos son ruines y vulgares cómplices de los explotadores. El líder nacional de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), Rodolfo González Guzmán, no pudo precisar cuántos contratos tiene la central que encabeza en la región productora de San Quintín, pueden ser 50 o 60 contratos, “no lo sé, lo estamos checando”, expresó. Apuntó que participa en la mesa de negociación, encabezada por los jornaleros y funcionarios de los gobiernos estatal y federal para atender el problema de los jornaleros “independientes”, porque precisó que de un lado están los de la CTM, los de la CROM y los de la CROC y del otro quienes se quieren independizar. ¡Habíase visto!… pero eso sí, la entrevista que le realizaron los de La Jornada le alcanzó para tirarles a sus contrincantes, “a diferencia de los dirigentes de la CROC y de la CTM, dijo, que cobran la cuota y ya, ahora que está el conflicto no se les ha visto en las mesas, nuestro delegado Arnulfo no se ha movido de ahí”. Lo que hizo fue evidenciar la manera en la que opera el corporativismo charro en nuestro país. González Guzmán, el quinto líder nacional de esta confederación en casi 100 años de existencia, es abogado y ex legislador. En los registros de la Secretaría del Trabajo apareció como secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados del Comercio, Almacenes, Oficinas en General y Escuelas Particulares. Un nombre muy amplio para abarcar todo, para ir a ofrecer sus “contratos blancos” a muchos patrones, cobrar su cuota mensual y evitar que los trabajadores tengan una interlocución real con sus empleadores. Ofrecen contratos de protección laboral para anular cualquier intento de resistencia a la explotación, comercian con las vidas de los trabajadores y de sus familias. Así opera el sindicalismo charro en todo el país. Por eso los trabajadores jornaleros en San Quintín han tenido que irse organizando, ha sido una necesidad resistir agrupándose y creando colectivos, asociaciones, frentes de lucha, pelear contra la explotación transgeneracional que los asecha. Los hijos y los

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¿Sabías qué?

nietos de los actuales dirigentes también trabajan en San Quintín, unos nacieron en Oaxaca o en cualquier otra parte de la república, se trajeron a sus hijos y los hijos de sus hijos hanacido acá. Pero la experiencia acumulada producto de luchas anteriores de resistencia, sorteando amenazas, represiones y asesinatos de compañeros, los han posibilitado a hacer planteamientos de avanzada, se han venido dando formas superiores de organización colectiva para resistir los embates del capitalismo al tratar de sobrevivir. La Alianza Nacional de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social es producto de varias luchas de sus dirigentes en diferentes partes y momentos. En 1987 resintieron el asesinato de Maclovio Rojas Márquez, dirigente de la

CIOAC ,

sentenciado a muerte por los patrones; en 1995 los jornaleros hartos de un trato indigno quemaron patrullas y una bodega; sufrieron procesos de corrupción y cooptación de algunos líderes de la CIOAC ; En 1976, en la finca de Becerra, algunos líderes estallaron su primer paro, organizando el movimiento en la secrecía del habla mixteca, incomprensible para el mayordomo. La protesta se coronó con un triunfo. Los líderes actuales se involucraron activamente en la lucha del Comité Cívico Popular ( CCP ) de San Miguel Tlacotepec, fundado en el Distrito Federal en 1981. Integrado por migrantes mixtecos que trabajaban en la construcción del Metro y promovían la instalación de una escuela secundaria técnica en su pueblo, se movilizaron contra el desvío de recursos por autoridades municipales priistas en San Miguel Tlacotepec. En 1982 lograron destituir a los caciques del PRI en una asamblea organizada según sus usos y costumbres. El CCP , que después se transformó en el Comité Cívico Popular Mixteco, fue uno de los pilares en la formación en octubre de 1994 del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional (FIOB ). Rogelio Méndez Palma es ahora el coordinador de sus siete comités en Baja California. No recibe un peso por ello. Desde 2014, el FIOB emplazó al gobierno estatal a resolver las demandas de los jornaleros y a cumplir con los compromisos pactados entre los gobiernos de Oaxaca y Baja California. El 17 de marzo de 2015 los Jornaleros de San Quintín formaron la Alianza Nacional de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, y organizaron un paro para reclamar que les fijaran un sueldo base mínimo de doscientos pesos diarios y un día de descanso a la semana (actualmente tienen que trabajar los siete días), así como el pago de veinte pesos por bote de fresa cosechado, para quienes laboran a destajo; libertad sindical, respeto a sus prestaciones laborales, la inscripción de todos los trabajadores del campo al Instituto Mexicano del Seguro Social; el cese a la discriminación por razón de su origen indígena y freno al acoso sexual a las jornaleras por parte de los mayordomos de los ranchos agrícolas. Sus justas demandas hicieron visibles a nivel nacional e internacional las miserables condiciones de esclavitud en las que viven y trabajan. Rápidamente el problema trascendió las fronteras estatales, entraron en pláticas con la Secretaría de Gobernación y el 24 de abril se instaló una mesa de negociación, asistieron las comisiones que se formaron en las Cámaras de Diputados Federal y de Senadores; en la que participarían

 como cabeza de la negociación el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, secundado por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la perredista Angélica de la Peña, anunció que a ese encuentro asistiría también el representante de la Organización Internacional del Trabajo en México, dos visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH y un grupo de diputados locales. La reunión se llevó a cabo en San Quintín, terminó con tal desconcierto entre las partes, que el subsecretario de gobernación, Luis Enrique Miranda Nava y el gobernador del estado, Francisco Vega de Lamadrid, salieron precipitadamente por la puerta trasera del salón donde se celebró y a grandes zancadas se dirigieron a sus vehículos empujando a los periodistas. La creían más fácil, llevaban los espejitos con brillo para los indígenas, iban por lana pero salieron trasquilados.

A nombre del gobierno de la República, Miranda Nava se comprometió a dar respuesta en quince días a sus demandas, incluida la exigencia de incremento salarial, y anunció que gestionará la creación de un fideicomiso especial para ayudar a la solución de los problemas de los jornaleros. Dicho fideicomiso, del que no mencionó el monto, dijo que se integraría con recursos de los gobiernos federal y del estado.

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¿Sabías qué?

Tras concluir esta primera reunión de la mesa de diálogo, Fidel Sánchez Gabriel, vocero de la Alianza Nacional de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, convocante del paro de labores, expresó lo frustrante que resultó la respuesta del representante del gobierno federal, el subsecretario de Gobernación, Enrique Miranda. Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el gobierno de Baja California definieron un plan de atención a la problemática de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín. Anunciaron que en principio harían un censo de los trabajadores registrados en contrataciones colectivas, con la finalidad de garantizar sus derechos. Ambas instancias aplicarían un programa de inspecciones, en coordinación con el IMSS, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y el Consejo Nacional de Fomento Educativo, entre otros, y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En tanto, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos culpó a las autoridades de avalar contratos simulados o de protección en perjuicio de los jornaleros. Federico Ovalle, dirigente de la CIOAC, pidió al secretario del Trabajo federal, Alfonso Navarrete, permitir la libertad sindical y combatir a los sindicatos blancos y líderes charros, cómplices de los empresarios. A los quince días el subsecretario Luis Miranda incumplió su palabra de reunirse con los campesinos, la Secretaría Gobernación deja plantados a jornaleros del valle de San Quintín quienes lo esperaban el viernes 8 de mayo con respuesta a sus demandas de mejoras laborales que quedaron pendientes en la primera reunión. Desde muy temprano, cerca de 4 mil trabajadores permanecían expectantes en San Quintín cuando el vocero de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, Fidel Sánchez Gabriel, recibió la notificación de que el funcionario federal no asistiría al encuentro: “se nos dice que no concluyeron los trabajos que realizarían, en el tiempo que el subsectretario estableció, para dar respuesta a nuestro pliego petitorio. También se nos comenta que el funcionario no tuvo medio de transporte para viajar a San Quintín, lo que nos parece una burla”, señaló Sánchez. En pleno mitin solicitó al representante del estado en Ensenada, Pablo Alejo López, que explicara los motivos por los que Miranda Nava no asistió a la reunión. Cuando el funcionario estatal terminó su mensaje, unos 200 hombres, algunos con el rostro cubierto, tomaron un tramo de unos 300 metros de la carretera transpeninsular. Lanzaron rocas y pedazos de concreto contra vehículos que circulaban por la zona. Fidel Sánchez Gabriel los identificó como provocadores enviados por un dirigente sindical de Baja California que, dijo, opera al servicio de empresarios agrícolas que pretenden reventar las negociaciones por mejorar las condiciones laborales de miles de trabajadores del campo que laboran en esa zona del sur de Ensenada. Unos 300 agentes de la Policía Estatal Preventiva se mantuvieron a la expectativa de la toma de la carretera y no intervinieron cuando los manifestantes arremetieron contra vehículos, y el subsecretario de Gobierno, Pablo Alejo López Núñez, admitió que tenía muy claro que la violencia no venía de los trabajadores del campo. Así terminaba la primera provocación patronal.

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Al otro día, el sábado, un grupo de jornaleros inconformes se apostó ante las puertas del Rancho Seco –uno de los campos jitomateros más importantes de la región— para informar a sus compañeros y pedir que no entraran a trabajar, en reclamo por que los habían dejado plantados el día anterior. El dueño del rancho llamó a la policía bajo el supuesto que querían incendiar las instalaciones, por lo que una veintena de patrullas pretendieron detener a los aliancistas. Los policías fueron hasta la colonia Nueva San Juan Copala de la delegación Vicente Guerrero, atacaron a la comunidad triqui, usaron balas de goma disque para detener a una persona, en lo que más bien fue otra acción de provocación, la segunda, orquestada por los patrones para amedrentarlos y castigar su osadía de querer vivir un poco mejor, por lo que los integrantes de la comunidad salieron a su defensa. Ahí empezó la lucha, unos lanzaron piedras y usaron palos para repeler el ataque policiaco. Los policías les gritaban: ahora sí se fregaron y los vamos a matar. El saldo fue de 70 heridos, siete de ellos de gravedad, y cinco detenidos por diversos delitos, de acuerdo con Justino Herrera, líder de la comunidad triqui en la región. Apostaron a policías en la delegación Vicente Guerrero, los uniformados permanecían en las inmediaciones del lugar. El juzgado primero de lo penal en el estado, con sede en San Quintín, fijó una fianza de 7 millones 815 mil pesos a cada uno de los tres jornaleros acusados de delitos de lesiones dolosas y daños en propiedad ajena por su presunta participación en los disturbios ocurridos en la colonia triqui de esta región del sur de Ensenada. A un cuarto implicado se le determinó una fianza de 542 mil pesos. Los detenidos –cuya fianza total es de 24 millones de pesos– fueron recluidos en el penal de Ensenada para enfrentar cargos por daño a patrullas, a una tanqueta blindada y por lesionar a dos agentes de la policía estatal preventiva, durante el operativo policiaco. Ocho días después, el 16 de mayo quedarían libres porque el gobierno de Baja California otorgó el perdón por los daños. El coordinador de la Defensoría Pública en el área penal en Ensenada, Daniel Valeriano Aguilar, dio a conocer que para obtener la libertad de los jornaleros se fijó una fianza por las lesiones a dos policías y delitos contra funcionarios públicos. La fianza la pagó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). El domingo 10 de mayo, un día después de la agresión policiaca y dos días después de que Miranda los dejara plantados, se reanuda el diálogo cuando el subsecretario de Gobierno del Estado en Ensenada, Pablo Alejo López Núñez reconoció ante los voceros de la alianza, Fidel Sánchez, Justino Herrera, Fermín Salazar, Juan Hernández y Bonifacio Martínez, que los hechos violentos no eran responsabilidad de los aliancistas, que “se infiltraron en su movimiento gente de no buenas intenciones, como antier (viernes 8-mayo-2015)…” El diálogo que por dos horas sostuvieron se realizó en el estacionamiento del Centro de Salud de este poblado y fue público. Se acordaron varios puntos: retirar el bloqueo al acceso a las colonias en donde ocurrió el enfrentamiento; la instalación de una agencia del Ministerio Público del Fuero Común en el Centro de Salud de Vicente Guerrero, donde la alianza podrá llevar

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¿Sabías qué?

a los lesionados; la liberación de 11 personas detenidas el sábado 9 de mayo, de las cuales tres menores salieron libres al mediodía del domingo, luego que la Comisión para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas pagara la fianza que les fijó el juez especializado en menores infractores de la ciudad de Ensenada. Además se atendería la petición de los aliancistas para liberar a Agustina Luna Santos, quien a decir de Justino Herrera, dirigente de la colonia Lomas de San Ramón, fue amenazada por sus captores –elementos de la Policía Estatal Preventiva– por no decir la dirección y el número telefónico del líder social. Ejemplo de dignidad y valor, las mujeres triquis nos siguen poniendo la muestra… Desde el viernes 8 de mayo que dejó plantados a los Jornaleros, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado mediante el cual anunciaba que el subsecretario de gobierno Miranda ahora sí acudiría a la región de San Quintín, Baja California, el miércoles 13 de mayo. Pero qué creen, tampoco fue. El 24 de abril porque no halló transporte, y el 13 de mayo porque se puso malo… No lo quieren quemar, quizás no piensan cumplir lo que acordaron con los jornaleros o lo piensan candidatear a un alto puesto de elección popular para el año 2018. En lugar de Enrique Miranda mandaron a Ensenada a un jefe de unidad (la de Gobierno) de la Secretaría de Gobernación (David Garay Maldonado, de historial relacionado con policías y cárceles) como jefe de una amenazante misión negociadora. El miércoles 13 de mayo reiniciaron las negociaciones que se retardaron debido a la demanda del movimiento social de liberar a cuatro jornaleros acusados por el gobierno del estado de daños a propiedad pública y privada. Continuaron y después de dos días de negociaciones con autoridades federales y estatales, los jornaleros de San Quintín lograron, aparentemente, a las 5:30 horas del jueves 14 de mayo una respuesta satisfactoria a su pliego petitorio de 13 puntos. Acordaron que se reunirían nuevamente el 4 de junio, 3 días antes de las elecciones federales. Los patrones de San Quintín no estuvieron de acuerdo con lo que consideraron una imposición salarial. Veinticuatro horas después de que el mandatario y autoridades federales festejaron lo que parecía el fin de un conflicto que semiparalizó el sur del estado, reiteraron que sólo darán el 15 por ciento de aumento salarial que habían ofrecido desde que inició el paro, aclarando que no participaron en la mesa de diálogo donde se signaron los 13 acuerdos que parecía dejaban contentas a las partes. Que Alberto Muñoz, representante legal de su organización en la mesa del diálogo asistió únicamente para conocer lo que ahí se trataba, pero sin facultades para acordar o negociar. Se dijeron a la espera de “que el gobierno federal nos indique los mecanismos de operación por el cual aportará los recursos adicionales para cubrir el diferencial y responder con el salario señalado”. Presumiblemente las autoridades federales se reunieron con los patrones en privado y acordaron los términos de la negociación con los Jornaleros. Seguramente dijeron: digámosles que sí, pero no les digamos cuándo ni cómo… Hay que marearlos, al fin, algunos no saben ni escribir… Si tomamos en cuenta que los paristas son alrededor de 5,000 y que no todos están contratados de planta, pero además que los patrones

 tienen la sartén por el mango para decidir a quienes de los eventuales recontratan, amparados en el marco legal vigente que les permite usar la mercancía mano de obra a su antojo, y que la urgencia del gobierno era librar las elecciones, entonces podemos deducir el fatal desenlace de esta negociación. Aunque en apariencia se diga que los jornaleros ganaron. Otro factor importante a tomar en cuenta es el silencio de los patrones, después de la probable plática secreta con el gobierno los agroindustriales del Valle de San Quintín no volvieron a hacer declaraciones. En la minuta de acuerdos y compromisos asignada el jueves 4 de junio 2015 se aprueban sólo 7 puntos; el sexto menciona que se ratifica lo acordado el 14 y 15 de mayo, pero no se dice qué fue, ni se adjunta algún documento que dé fe de estos acuerdos. Por lo tanto, el pliego petitorio de los jornaleros está en entredicho. Ellos creen que les concederán lo que pidieron, quizás porque sea obvio, pero con el gobierno nunca se sabe. Lo acordado el 14 y 15 de mayo quedo solo en palabras. Según el punto siete de la minuta de acuerdos y compromisos, se acordó que en un máximo de 15 días hábiles se categorizarían las empresas agrícolas de la zona en tres diferentes niveles, las cuales deberán pagar, como salario mínimo diario, 150, 165 y 180 pesos. Al cierre de esta edición, habiendo transcurrido el plazo, ni Gobernación ni Trabajo y Previsión Social han convocado a formar la comisión encargada de categorizar a las empresas del Valle de San Quintín para aplicar los pagos de 150, 165 y 180 pesos por jornada, de acuerdo con la categoría que se fije para cada agroempresa. Los aliancistas denunciaron que se modificó dolosamente una palabra de la minuta en la forma en la que se dará el aumento salarial. Pusieron salario integrado en lugar de salario básico, lo cual es una violación a los derechos laborales, dijo Lucía Hernández, vocera de la organización social. Tampoco se integró la comisión especial para verificar el registro de los trabajadores del campo al IMSS en las empresas que forman el Consejo Agrícola de Baja California, explicaron. “Compañeros de Vicente Guerrero nos informaron que en el rancho Santo Domingo, de la empresa Moramex –filial de Driscoll’s, principal exportadora de fresas mexicanas a Estados Unidos y una de las tres principales comercializadoras extranjeras de moras y arándanos con asiento en San Quintín– están despidiendo a todo aquel jornalero que no acepte los salarios y condiciones de trabajo”. Luego del acuerdo salarial del 4 de junio, el Rancho Santo Domingo también elevó de 8 a 20 el número de surcos que a cada trabajador agrícola toca como tarea en la quita de plásticos usados en el cultivo de fresa, aunque paga el mismo salario. Los voceros de los jornaleros aceptaron que cometieron un error al firmar sin leer antes el documento, por lo que pidieron perdón a sus representados y reiteraron que las dependencias señaladas no han cumplido los acuerdos, como la entrega de 14 millones de pesos al propietario del Mercado El Reloj, del poblado Camalú, como indemnización para liberar a los últimos 14 presos por los incidentes violentos del 17 de marzo.

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¿Sabías qué?

Los voceros y líderes del movimiento reivindicatorio de jornaleros no tiene porqué pedir perdón, lo hacen por su gran honestidad y responsabilidad para con su gente, porque están acostumbrados a dar la cara y a reconocer, pero la maquinación de la que fueron víctimas no es su culpa. El gobierno de Peña Nieto se está exhibiendo totalmente con este acto. Acordaron que se reunirían la primera semana de julio para revisar los avances de los acuerdos. Patrañas, no tienen nada que informar ni decir, solo tratarán de darles largas a los Jornaleros. Pero ¿por qué exhibirse de esta manera? Quizás porque no les quedaba de otra. Las elecciones en puerta, junto con las movilizaciones de los maestros de la CNTE y la caravana nacional de los Yaquis además de la gran simpatía y solidaridad que generaron estos movimientos en la población, aunado al llamado de algunas fuerzas políticas a boicotear las elecciones, los hicieron correr el riesgo de tenerse que exhibir. Era fundamental para ellos lograr la mayoría en la Cámara de Diputados y lo consiguieron, aunque no solos, sino con la alianza del Partido Verde y de Nueva Alianza. Los jornaleros han tenido la virtud de no aislarse, de agitar y propagandizar su movimiento a nivel nacional e internacional; están planteando un programa de lucha incluyente que subraya NI UNA LUCHA AISLADA MÁS. Saben que el monstruo es muy grande y que ellos solos no podrán domarlo. No hay insulto más grande para los patrones que “quitarles sus ganancias”, sienten como si les arrancaran la piel. No será una graciosa concesión la manera como se les tendrá que arrebatar el salario, las condiciones generales de trabajo, la representación sindical propia y honesta. Será fruto de una lucha más fuerte, grande, general. Una vez pasadas las elecciones el gobierno se dispone a la aplicación desmedida de sus reformas, echándolas andar concretará sus planes. Esto implica la confrontación abierta con los que resisten y a quienes tendrán que agraviar para despojarlos. Las condiciones son cada vez más agresivas, ahora se juegan la vida los Yaquis, los maestros, los jornaleros de San Quintín, los electricistas del SME, los trabajadores petroleros, los del Seguro Social. Estamos entrando en la siguiente etapa del gobierno peñista, en la consolidación del modelo de explotación que fraguaron meticulosamente plasmado en sus reformas legales. Con la mayoría legislativa del PRI termina la etapa de la consolidación superestructural, ahora viene la consolidación estructural. Podemos y debemos oponernos con inteligencia y determinación. Los trabajadores que actualmente resistimos tenemos la oportunidad histórica de construir formas superiores de organización. ¡Hagámoslo ya!, es una necesidad y una obligación. Definamos tareas y asumamos responsabilidades.

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¿Qué hacer? ¡Ni una lucha aislada más!

La lucha de los jornaleros del Valle de San Quintín, en Baja California, la lucha de los Yaquis por agua y la lucha de los maestros porque se respete el marco legal de la negociación colectiva y sus derechos laborales, son una prueba de que las luchas aisladas están condenadas al fracaso, que solo rompiendo la lógica individual podrán los movimientos enfrentar al enorme monstruo del sistema de control que padecemos. Para ello se deben concebir los problemas gremiales particulares como partes de un todo determinante, superior a mi problema individual, gremial o sectorial; a una economía política y a una forma de dominación propia de este sistema de gobierno. El conocimiento, o sea el relejo objetivo de la económica política y del sistema de dominación en movimiento en la mente de los dirigentes y de los explotados es posible. Trascender las visiones cortoplacistas, gremialistas, particularistas, es necesario no sólo para luchar, sino para sobrevivir. Se está convirtiendo en un imperativo categórico la comprensión profunda de la lucha de clases, son ellos o nosotros. La comprensión de la lucha es necesaria para su correcta conducción y probable éxito. Para observar de qué manera están inluyendo las variables del todo determinante, hasta cierto punto poco evidentes, en la conducción de los procesos particulares de lucha, se requiere de una instancia organizativa superior. Se necesita una instancia en la que se planteen y discutan así los problemas gremiales individuales, sin perder de vista la totalidad concreta determinante. Esta instancia organizativa superior tiene que ser un INTELECTUAL COLECTIVO, un tanque pensante desde el cuál, no sólo se analicen y comprendan a cabalidad los procesos de lucha que se van generando, sino que se logre plantear una visión integral de la lucha política, de la lucha de clases en movimiento. El gobierno de Peña Nieto sorteó el proceso electoral del 7 de junio hábilmente. Ante la amenaza de que se pudiera generalizar el descontento y malestar popular contra su gobierno por los escándalos de corrupción y la ineicacia en detener la violencia generalizada en el país, para no correr el riesgo de que los movimientos de los Jornaleros de San Quintín, la Caravana Nacional por el territorio el agua el trabajo y la vida, convocada por los Yaquis y otras organizaciones solidarias, y la lucha magisterial en contra de la deslocalización de las relaciones laborales (Desrela), y de que estos tres justos movimientos pudieran vincularse y expresarse en un repudio general en las urnas en contra de su partido, lo que hizo el pri– gobierno fue “enfriar los movimientos”, alargando su discusión. A los Jornaleros de San Quintín les dijo que les daría $150, $165 y hasta $180 pesos de salario diario —general para todo el estado de bc— acordó con ellos una minuta de acuerdos y compromisos 7 puntos y pospuso la mesa de negociación en la que se irían concretando los acuerdos para la primera semana de julio, un mes después de las elecciones federales. A los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (cnte ), les hizo creer mediante un comunicado, que suspendería indeinidamente los exámenes de evaluación mediante los que piensa “poner en capilla” a muchos maestros para después correrlos. A la caravana convocada por los Yaquis simplemente les hizo el vacío. Ningún medio de comunicación tendría que dar la cobertura informativa a la valiente, creativa y decidida tarea de recorrer el país para difundir su lucha, solicitar solidaridad e ir vinculándose con otros gru-

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¿Qué hacer?

pos sociales que de igual manera resisten ante el embate de los capitalistas, encabezados por los gobernantes y sus leyes. Enfriar los movimientos no signiica que cedieron ante las demandas, porque en los hechos nos damos cuenta que de aproximadamente cinco mil Jornaleros de San Quintín en lucha, sólo el 15% son de planta y que por lo tanto únicamente unos 700 alcanzarán algún incremento salarial, siempre y cuando los patrones cedan, y eso está por verse. Sacarlos del medioevo, de las condiciones semifeudales de explotación para introducirlos de lleno al Outsourcing, a las nuevas y modernas relaciones laborales de contratación por horas, eventuales (por temporada) o por destajo, solo signiica soisticar la explotación laboral, regularla, más no mejorarla. Posteriormente los patrones podrán correrlos y recontratarlos con alguna de las iguras legales que ahora las leyes les permiten y revertir sus pírricos logros. Además, con la contratación colectiva en entredicho, por los mismos ordenamientos legales, por sus reformas laborales, no harán mella en las utilidades de los voraces agroindustriales bajacalifornianos. A los maestros les aplicaron la prueba de evaluación, están siendo víctimas de una campaña desinformativa, que tergiversa y desprestigia su lucha mientras la suprema corte de justicia declara constitucional la evaluación, con lo que legitima que las relaciones laborales, la contratación permanencia y promoción en el empleo, dependa del patrón, echando al bote de basura todo el andamiaje jurídico y legal que se construyó en el país por décadas, y que regulaba las relaciones obrero-patronales, el artículo 123 constitucional, la Ley Federal del Trabajo, etc. etc.; ahora pretenden aislarlos reduciendo el problema a tres o cuatro estados para paulatinamente írselas dejando caer (la espada de Damocles y con ella la reforma educativa). Sobre los Yaquis pende la amenaza de la represión, el encarcelamiento de sus líderes y del uso de la fuerza, porque “legalistamente” ya perdieron y no piensan retroceder. Construyeron el Acueducto Independencia para desviar el agua que por derecho les correspondía, lo operaron y todo mientras estaban en juicio las demandas en contra de este ruin atropello. Por la vía de los hechos los han venido despojando. Son los trabajadores en lucha los que resisten, los que se revelan ante la intención de ser condenados a la miseria y a la muerte, los que están llamados a construir las instancias superiores de organización que se requieren; plantear alternativas de solución, de lucha, opciones de vida emancipatorias es nuestra tarea. El capitalismo sin querer elige a sus detractores, los va curtiendo. Del coraje de los humildes debe surgir un intelectual colectivo que conduzca las luchas a buen puerto. Trascender nuestras desconianzas y temores es una tarea urgente que se realizará en la práctica.

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