Tesis: "Nosotros no hemos vivido del oro sino de lo que produce nuestra tierra"

“NOSOTROS NO HEMOS VIVIDO DEL ORO SINO DE LO QUE PRODUCE NUESTRA TIERRA” Estudio de caso sobre los conflictos socio ambientales en torno a la exploración minera en el municipio de Caramanta

DIANA PAOLA MORALES LIZARAZO

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS BOGOTÁ D.C 2014

“NOSOTROS NO HEMOS VIVIDO DEL ORO SINO DE LO QUE PRODUCE NUESTRA TIERRA” Estudio de caso sobre los conflictos socio ambientales en torno a la exploración minera en el municipio de Caramanta

DIANA PAOLA MORALES LIZARAZO

Trabajo de grado presentado como requisito para optar por el título de Socióloga

Área de Procesos Sociales, Territorio y Medio Ambiente Línea de Naturaleza, Cultura y Territorialidades

MARIA CLARA VAN DER HAMMEN MALO DOCENTES INVESTIGADORES ÁREA DE PROCESOS SOCIALES, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS BOGOTÁ D.C 2014

Nota de aceptaci贸n

______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________

_____________________________ Firma del Presidente del Jurado _____________________________ Firma del Jurado _____________________________ Firma del Jurado

“Sempre chegamos ao sítio onde nos esperam” José Saramago

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, quiero agradecer Don Alfonso Patiño, Doña Noelba López, Doña Olga Ospina, Deiby Atehortúa, Doña Tere y Doña Ángela, sin cuyo apoyo, confianza y ayuda, este trabajo no habría sido posible.

Así mismo, quiero agradecer a mi familia por brindar los medios necesarios para la realización de este trabajo de investigación y por confiar en que podía realizarse.

A todos mis profesores del área y en especial a María Clara Van der Hammen, sin cuyas orientaciones, ideas, apoyo y enseñanzas, no habría concluido la escritura de esta tesis.

A los profesores del área de Conflicto y Dinámica Social, Jaime Arias Restrepo por cuestionar los lugares comunes en los que ha caído el debate frente al tema minero, interesarse y ayudarme en todo este proceso; y Álvaro Toledo, por sus enseñanzas y por los disgustos causados durante estos años de carrera, que hicieron parte de mi formación.

A mi mejor amigo y hermano, Eduardo Benavides, sin cuyas palabras en el momento oportuno, discusiones y malestares, habría sido difícil continuar.

CONTENIDO INTRODUCCIÓN........................................................................................................... 2 1.1

“NOSOTROS NO HEMOS VIVIDO DEL ORO SINO DE LO QUE PRODUCE

NUESTRA TIERRA”: CARAMANTA, UN MUNICIPIO CON TRADICIÓN AGROPECUARIA ........................................................................................................ 13 1.1 CARAMANTA: PRIMERAS APROXIMACIONES ........................................ 14 1.1.1 PRÁCTICAS PRODUCTIVAS ACTUALES ..................................................... 19 1.1.2 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN CARAMANTA .... 24 1.2

CONFIGURACIÓN HISTÓRICA REGIONAL ....................................... 25

1.2.1

POBLAMIENTO HISTÓRICO DE ANTIOQUIA Y EL SUROESTE

ANTIOQUEÑO .......................................................................................................... 25 1.2.2 CONFIGURACIÓN HISTÓRICA DE CARAMANTA ...................................... 37 1.2.2.1 EL CONFLICTO ARMADO ........................................................................ 42 1.2.2.2 EL SEÑOR ................................................................................................... 46 1.2.2.3 EL BOOM EXPLORATORIO EN CARAMANTA ....................................... 48 2. ENTRE LO AJENO Y LO PROPIO: AUGE EXPLORATORIO EN EL SUROESTE ANTIOQUEÑO Y CARAMANTA ......................................................... 53 2.1 RECONSTRUYENDO EL “BOOM MINERO” EN COLOMBIA ................. 53 2.1.1 UN MODELO QUE SE REPITE: MINERÍA EN COLOMBIA Y AMÉRICA LATINA...................................................................................................................... 54

2.1.1.1 MINERÍA COMO LOCOMOTORA DEL DESARROLLO: UNA MIRADA RETROSPECTIVA ................................................................................................ 59 2.2 SOLICITUDES Y TITULACIONES DE ZONAS CON POTENCIAL MINERO EN CARAMANTA..................................................................................... 65 2.2.1 PROYECTOS MINEROS ACTUALES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA .............................................................................................................. 65 2.2.2 PROYECTOS MINEROS EN EL SUROESTE ANTIOQUEÑO Y CARAMANTA ............................................................................................................ 71 2.2.2.1

EMPRESAS

DE

EXPLORACIÓN

MINERA

PRESENTES

EN

CARAMANTA ....................................................................................................... 74 2.2.2.1.1 CARAMANTA PROYECT ........................................................................ 75 2.2.2.1.2 PROYECTO YARUMALITO .................................................................... 76 2.2.2.1.3 ANCAL PROYECT ................................................................................... 77 3. CARAMANTA: EXPLORACIÓN MINERA VS VOCACIÓN AGROPECUARIA. RECONSTRUCCIÓN DE UN CONFLICTO ............................................................ 83 3.1 “UNO PRÁCTICAMENTE SE ENTERA CUANDO YA TODO ESTÁ HECHO”: EXPLORACIÓN MINERA EN CARAMANTA..................................... 87 3.2 CONFIGURACIÓN HISTÓRICA DEL TERRITORIO Y VALORACIÓN DE LA NATURALEZA: ESTABLECIENDO RELACIONES ...................................... 94 3.2.1 IMPOSICIÓN DE MODELOS DE VIDA ASOCIADOS A LA IDEA DE DESARROLLO Y CAMBIOS EN LA APROPIACIÓN DEL TERRITORIO ............ 99

3.2.2 RESPUESTAS Y RESISTENCIA, LA AGROECOLOGÍA COMO ESTRATEGIA PARA LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO ................................................ 105 3.2.2.1 LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA EN CARAMANTA ................... 107 3.3 EXPLORACIÓN MINERA Y VALORACIÓN DE LA NATURALEZA, CONVERGENCIAS Y ANTAGONISMOS ............................................................ 114 3.3.1 EXPLORACIÓN MINERA, FINANCIARIZACIÓN Y MERCANTILIZACIÓN DE LA NATURALEZA ............................................................................................ 117 3.3.2 EXPLORACIÓN MINERA, OPORTUNIDAD PARA UNOS, AMENAZA PARA OTROS ..................................................................................................................... 119 3.3.2.1 MINERÍA RESPONSABLE VS MINERÍA ILEGAL ................................ 121 3.3.2.2 MINERÍA COMO OPORTUNIDAD DE EMPLEO Y DESARROLLO PARA CARAMANTA ..................................................................................................... 128 3.3.2.3 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA COMO AMENAZAS PARA EL TERRITORIO Y LA VOCACIÓN AGROPECUARIA ................................... 132 3.4 LA DEFENSA DEL TERRITORIO. EL PAPEL DE LA INFORMACIÓN EN LA MOVILIZACIÓN SOCIAL EN CONTRA DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MINERA ............................................................................................ 141 3.4.1

CINTURON

OCCIDENTAL

AMBIENTAL.

UN

ESPACIO

DE

ARTICULACIÓN PARA LA DEFENSA DEL TERRITORIO ................................ 143 4. REFLEXIÓN FINAL A MANERA DE CONCLUSIÓN .................................... 150 5. REFERENCIAS...................................................................................................... 153 ANEXOS

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INTRODUCCIÓN

El trabajo que se presenta a continuación surge de una preocupación personal por explorar los impactos sociales y ambientales generados por el desarrollo de la actividad minera en el país.

Esta preocupación emerge en el año 2010. Para entonces, diferentes medios de comunicación daban cuenta de lo que bien podría calificarse como una tragedia ambiental a raíz de la explotación de oro aluvial en el río Dagua, departamento del Valle del Cauca, llevada a cabo por mineros informales, y controlada por grupos armados al margen de la ley.

A partir de allí, empecé a indagar sobre el desarrollo de la actividad minera. Esta indagación me llevó a darme cuenta de la prioridad que se da desde el discurso estatal al desarrollo de la gran minería. Y de la asociación de la presencia de conflictos sociales y ambientales en las comunidades con el desarrollo de la fase de explotación minera.

Fue entonces cuando me pregunté por las dinámicas que se generan en fase de exploración minera, en un intento por cuestionar la visión estatal desde la que se plantea que los conflictos socio ambientales en los territorios en los que se encuentran empresas transnacionales sólo se presentan durante el desarrollo de la fase de explotación minera.

Este cuestionamiento y la ayuda proporcionada en su momento por Tatiana Rodríguez de Censat Agua Viva, me permitieron llegar al municipio de Caramanta, ubicado al suroeste del departamento de Antioquia. El cual en el año 2000, de acuerdo con información de la Secretaría de Minas de Antioquia, se encontraba totalmente solicitado y titulado para la exploración y explotación minera, principalmente de oro; y a octubre de 2013, de acuerdo con información de la Agencia Nacional de Minería, contaba con 34 solicitudes y 20 títulos, pertenecientes tanto a personas naturales como a empresas transnacionales. Pese a que, como lo reconocen sus habitantes, es un municipio de vocación agropecuaria, por lo que la presencia de empresas transnacionales en la zona ha generado la división de la comunidad entre quienes están a favor y en contra del desarrollo de la actividad minera.

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Teniendo en cuenta estos antecedentes y después de varias reformulaciones se logró llegar a la pregunta que guio el desarrollo de esta investigación a saber, ¿cómo surgen y se desarrollan los conflictos alrededor del uso de los recursos (especialmente la tierra y el agua) y la apropiación del territorio, a raíz de la solicitud, titulación y exploración de zonas con potencial minero por parte de empresas transnacionales, en el municipio de Caramanta, desde el año 2000 hasta el año 2013?

I. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR CONFLICTO? Una vez formulada la pregunta de investigación, fue necesario establecer una conceptualización de conflicto por medio de la revisión de los planteamientos de distintos autores para comprender el fenómeno que se presenta en Caramanta.

En términos generales un conflicto puede ser entendido como “una dinámica de oposición, de controversia de actores” (Walter, 2009, pág. 2) que emerge a partir de una relación contradictoria que sostienen actores o grupos sociales separados al poseer intereses y/o valores diferentes (Silva, 2008). De ahí que en el conflicto “los intereses y los valores constituyen los elementos materiales esenciales” (Silva, 2008, pág. 36) En este contexto las relaciones sociales son un elemento fundamental en la medida en que suponen la existencia de acciones sociales llevadas a cabo por distintos actores. Por lo que sus actuaciones influyen sobre otros sujetos titulares de intereses y valores (Silva, 2008).

Frente a esto, Dahrendorf plantea que el conflicto se da en la escala de los grupos sociales1, emergiendo como manifestación en la medida en que se intente “desplazar a otro grupo social 1Dahrendorf

y los conflictualistas liberales emplean la categoría de grupo social en contraposición a la categoría de clase social en la medida en que, si bien aceptan que la sociedad se encuentra estratificada en clases sociales, algunas de ellas constantemente enfrentadas por intereses antagónicos (como lo esboza la teoría marxista), plantean que en el siglo XX, esta categoría es demasiado general para ser útil en el análisis social dado que muchos de los conflictos no tienen como referente una clase social sino que es otro factor el que los caracteriza (cultural, ambiental, político, entre otros) o sirve de agrupación de los actores sociales. A lo que se suma que el conflicto puede darse dentro de una misma clase social, por lo que no pueden ser entendidos como un antagonismo entre dos clases distintas (Silva, 2008)

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de la posición o acceso a bienes, recursos, derechos, valores o posiciones escasas o preciadas” (Silva, 2008, pág. 36).

Es así como, teniendo en cuenta estas conceptualizaciones se entiende a nivel general el conflicto como una dinámica de oposición generada a partir de la confrontación de intereses, valores o acceso a bienes y/o recursos de los actores involucrados, que pueden agruparse en función de la concepción compartida que tengan de los elementos que entran en confrontación (intereses, valores, etc.).

Esta confrontación de intereses, valores y/o acceso a bienes o recursos puede dar origen a diversos tipos de conflictos: económicos, ambientales, políticos, territoriales. Para el desarrollo del proyecto de investigación, se tomaron como eje principal los conflictos ambientales, dada la preocupación sobre las posibles afectaciones al ambiente, que despierta en los actores la solicitud, titulación y exploración de zonas con potencial minero en el municipio de Caramanta.

En este contexto es importante aclarar que la existencia de un conflicto ambiental supone no sólo una afectación directa a un recurso natural como el agua o la tierra sino relaciones de poder, económicas y culturales que implican necesariamente según Mariana Walter “acciones por parte de actores sociales que a su vez generen reacciones en otros actores” (Walter, 2009, pág. 1), otorgando así elementos para entender los procesos a partir de los cuales han emergido los conflictos en el municipio de Caramanta.

En lo referente a los conflictos ambientales, Germán Palacio plantea que, En el más elevado nivel de abstracción hay varias formas de ver el conflicto ambiental como la confrontación entre seres humanos en torno a la naturaleza o partes de ella; como la relación Naturaleza vs Cultura y viceversa; o como la relación conflictiva entre culturas que luchan por apropiarse, controlar la naturaleza y despojar al enemigo de sus medios de subsistencia y de sus formas de construirla; esto quiere decir, cierta relación NaturalezaCultura con otras relaciones Naturaleza- Cultura (Palacio, 2002, pág. 198)

Así mismo, la dimensión ambiental del conflicto puede ser entendida desde distintas perspectivas a saber:

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Desde el postmaterialismo, cuya tesis es que el surgimiento de crecientes protestas en torno a la protección por el ambiente producto de un cambio de valores de la sociedad. A partir de lo cual se plantea que los conflictos ambientales en los países del sur son conflictos inducidos por el ambiente dada la degradación ambiental y la escasez de los recursos; por lo que las “claves para definir y comprender el surgimiento de los conflictos ambientales se encontrarían entonces en la creciente competencia y escasez de recursos naturales en el Sur y en la emergencia de nuevos valores ambientalistas en el Norte” (Walter, 2009, pág. 2).

Frente a esto, los enfoques de ecología política2 y economía ecológica plantean que el ambiente no necesariamente se constituye como un lujo post-material para aquellas comunidades que no tienen cubiertas sus necesidades básicas.

De ahí que la tesis del “ecologismo de los pobres” introducida por Joan Martínez Alier y Guha rechace el punto de vista según el cual los países ricos se constituyen como más ecologistas que los países pobres al plantear que los grupos campesinos e indígenas han coevolucionado sosteniblemente con la naturaleza, por lo que en los países pobres existe un ecologismo que pretende conservar el acceso a las comunidades a los recursos naturales y a los servicios ambientales de la naturaleza (Walter, 2009, pág. 2).

En este contexto, los conflictos ambientales se conceptualizan como conflictos ecológico- distributivos. Este concepto nacido de la economía ecológica vincula los procesos con el “crecimiento del metabolismo de las sociedades del Norte que consumen cada vez más materiales, energía y agua impulsando un desplazamiento geográfico de fuentes de recursos y sumideros de residuos hacia la periferia” (Walter, 2009, pág. 2); entendiendo la distribución ecológica como,

Las asimetrías o desigualdades sociales, espaciales, temporales en el uso que hacen los humanos de los recursos y servicios ambientales, comercializados o no, es decir, la

Entendida como el campo que se ocupa de “las luchas en torno al acceso a los recursos naturales y las múltiples maneras de concebirlos” (Leal, 2002, pág. 130)de ahí que no se pregunte sólo por el acceso y control de los recursos (preguntas típicas de la economía política) sino que se ocupe también del significado de los recursos. Así el aspecto político de esta subdisciplina “se refiere también a los conflictos que hay alrededor de las ideas sobre la naturaleza” (Ibíd, pág. 136).

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6 disminución de los recursos naturales (incluyendo la pérdida de biodiversidad) y las cargas de contaminación (Lamberti, 2011, pág. 306)

Estas asimetrías incorporan procesos de valoración que superan la racionalidad económica, movilizando a actores sociales tanto por intereses materiales como por intereses simbólicos (ya sean de supervivencia, identidad, autonomía y calidad de vida), más allá de las demandas netamente económicas de propiedad sobre los medios de producción, de empleo, distribución del ingreso y desarrollo (Walter, 2009). Desde esta perspectiva un conflicto ambiental se origina “cuando la territorialidad de un actor niega o constriñe el uso, la apropiación o el significado atribuido a la naturaleza por parte de otro actor. Se advierte así que en toda disputa de distribución ecológica está en juego un territorio.” (Toledo, 2011, pág. 170)

Por otro lado, el sociólogo chileno Francisco Sabatini distingue entre conflictos ambientales y conflictos socio-ambientales; siendo los primeros “conflictos en torno a la distribución de las denominadas "externalidades" o "efectos externos" derivados de cambios en los usos del suelo, es decir, de nuevas actividades que se desarrollan en un lugar” (Sabatini, pág. 52) y los segundos, “disputas causadas por el acceso y control de los recursos del medio ambiente, especialmente de la tierra, pero también de las aguas, los minerales u otros” (Sabatini, pág. 52) que van más allá de los enfrentamientos por el control del recurso, en la medida en que en ellos se enfrentan cosmovisiones ambientales y de vida: “Por un lado, el medio ambiente es visto como un recurso económico, o sistema de recursos naturales; y, por otro lado, el medio ambiente se hace equivaler a "espacios de vida" (Sabatini, pág. 54).

Esta última definición guarda relación con los planteamientos esbozados por Martínez Alier en su categoría de conflictos ecológicos distributivos en la medida en que, al igual que en la conceptualización de dicho autor, se recalca el papel de las valoraciones, que tienen los actores involucrados en el conflicto, sobre los recursos, que no pasan solamente por el interés económico.

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Lo que tiene puntos de convergencia con la definición de conflicto socio-ambiental propuesta por la socióloga argentina Maristella Svampa quien plantea que este puede ser entendido como aquel ligado al acceso, conservación y control de los recursos naturales, que supone por parte de los actores enfrentados, intereses y valores divergentes en torno a los mismos; construidos históricamente, en un contexto de asimetría de poder (Svampa M. , 2011, pág. 186).

Frente a esto, Arturo Escobar, plantea la necesidad de vincular diferentes niveles de análisis delimitados por los conflictos ambientales, que involucran diversos campos de estudio. En este contexto, un primer nivel de análisis estaría dado por la economía ambiental que “tiende a dar cuenta de las llamadas externalidades, asociadas con los procesos económicos pero sin alterar de manera significativa los parámetros del mercado y la economía” (Escobar A. , 2005, pág. 128). Lo que pese a ser un valioso esfuerzo termina por contribuir a la consolidación de las ideologías neoliberales dirigidas por el mercado sobre el medio ambiente y el desarrollo.

Un segundo nivel de análisis y acción está representado por los economistas ecológicos, “quienes concluyen que los procesos socio-ambientales no se pueden reducir a valores de mercado y que es imposible encontrar una medida estándar para estimar todos los casos y situaciones (principio de inconmensurabilidad)” (Escobar A. , 2005, pág. 128) por lo que se plantea la necesidad de que haya una igualdad de ingresos y una distribución ecológica más justa, introduciendo el concepto de deuda ecológica referente a los “países o grupos sociales que se apropian en exceso de la biomasa de su producción biológica, o que contaminan más allá de sus capacidades de procesar los contaminantes y así incurren en una deuda ecológica con los que tienen que soportarla” (Escobar A. , 2005, pág. 128)

Finalmente el tercer nivel de análisis, aún por desarrollar con mayor detalle agrega la diversidad cultural a la diversidad ecológica como fuente de “redefinición de la producción, la sostenibilidad y la conservación” (Escobar A. , 2005, pág. 128). Lo que aumenta, según Escobar la “inconmensurabilidad de la economía y la ecología postulada por los economistas ecológicos” (Escobar A. , 2005, pág. 129) al plantear que

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la inconmensurabilidad emerge de los sentidos culturales asignados a la naturaleza y de las estrategias de poder concomitante desarrolladas por los movimientos sociales en defensa de la naturaleza, considerada como fuente de supervivencia y referente de identidad cultural.

En última instancia, lo que está en juego es una redefinición de la producción y de la economía en línea con las dimensiones ecológica y cultural del medio ambiente (Escobar A. , 2005, pág.

129).

A partir de todo lo anterior es posible observar que en las diferentes formas de abordar los conflictos ambientales o socio ambientales, desde la perspectiva de la ecología política hay un elemento común en las diversas categorizaciones de los autores que tiene que ver con las valoraciones y usos que hacen los actores confrontados, de sus recursos y del territorio.

Teniendo en cuenta los elementos anteriormente presentados, para el desarrollo de este trabajo de grado se entenderá el conflicto que se presenta en Caramanta, a partir de la definición propuesta por Maristella Svampa, en la medida en que se considera que esta recoge muchos de los elementos de autores como Martínez Alier, Sabatini y Escobar poniendo de manifiesto la asimetría de poder y la configuración histórica como elementos importantes en la configuración del conflicto; lo que no quiere decir que se desconocerán los elementos brindados por los demás teóricos antes presentados que puedan ser de ayuda para leer y entender la situación que actualmente vive el Municipio.

II. LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Teniendo en cuenta los elementos antes planteados y con el fin de responder la pregunta de investigación antes esbozada, durante el desarrollo de la investigación fue necesario establecer y analizar el papel de la minería en la conformación histórica del Municipio y de todo el Suroeste antioqueño. Entendiendo así, por qué se plantea que Caramanta es un municipio de vocación agropecuaria, su relación con el contexto subregional y las implicaciones de esto a la luz de la actual promoción del sector minero como una locomotora para el desarrollo del país.

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Así mismo, se hizo necesario identificar y caracterizar al conjunto de actores vinculados al conflicto puesto que en el momento en que se formuló la pregunta de investigación no se tenía muy claro quiénes eran, ni sus intereses, valoraciones de la naturaleza y formas de apropiación del territorio.

Finalmente, se analizaron e identificaron los discursos producidos por los distintos actores vinculados al conflicto en torno al eventual desarrollo de la minería y a la solicitud, titulación y exploración de zonas con potencial minero. Así como los escenarios en los cuales se generan estos discursos con el fin de establecer los intereses, formas de apropiación del territorio y valoraciones de la naturaleza (relacionadas con prácticas productivas concretas) que entran en disputa. En la medida en que es allí, en los discursos, en donde se expresan los significados culturales que han construido los actores a lo largo de los años en su relación con el territorio, que son uno de los elementos estructurantes del conflicto y un eje central para su comprensión.

Con el fin de obtener la información necesaria para responder a la pregunta de investigación y a los objetivos planteados a partir de ella, se realizaron dos salidas de campo al municipio de Caramanta. La primera de ellas por un período de veinte días en enero del año 2013 y la segunda por una semana, en julio de ese mismo año.

Durante la realización de la primera salida de campo se hicieron doce entrevistas a funcionarios de la Alcaldía (alcalde y secretario de ambiente), concejales (uno de ellos ex alcalde y gerente de las tierras del terrateniente, del Señor), líderes y lideresas de organizaciones campesinas, líderes de la organización de Jóvenes en Defensa del Territorio, funcionarios de la empresa minera Solvista, funcionarios de Corantioquia y un minero tradicional en proceso de legalización. Así mismo, se asistió a reuniones de la Asamblea Municipal Constituyente de Caramanta y del Cinturón Occidental Ambiental (COA) y se revisaron y obtuvieron documentos como el Esquema de Ordenamiento Territorial de Caramanta, los planes de desarrollo municipal desde el año 2004, los boletines y publicaciones de las organizaciones campesinas y las listas y los planos de los títulos y solicitudes vigentes en Caramanta a enero de 2013.

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En la segunda salida de campo se realizaron cinco entrevistas a concejales, líderes de organizaciones campesinas y funcionarios de la alcaldía, esta vez con el fin de conocer su historia de vida en el territorio para poder entender mejor el contexto y la posición desde la cual producían su discurso. Y se obtuvieron documentos relacionados con la historia del municipio e información referente a la presencia de actores armados en Caramanta, un tema del cual no se habla mucho en el pueblo.

Además de la información recolectada durante el trabajo de campo, fue necesaria la revisión de fuentes bibliográficas como libros, artículos de revistas y periódicos que dieran cuenta del desarrollo de la actividad minera en el país, de su papel en la configuración histórica del suroeste antioqueño y Caramanta y de los procesos de defensa del territorio que actualmente se adelanta en el Municipio.

Es así como, tanto la realización del trabajo de campo como la revisión bibliográfica permitieron acceder a la información necesaria para dar respuesta a la pregunta de investigación planteada inicialmente.

Pero más allá de posibilitar la recolección de información, las salidas de campo, me permitieron familiarizarme con las vivencias y problemáticas de líderes de organizaciones campesinas de Caramanta, que hoy ven con preocupación la presencia de empresas mineras en su territorio, lo cual me hizo comprometerme con la defensa del territorio que actualmente adelantan por medio de la escritura de este trabajo. Que espera ser, no sólo una forma de visibilizar la situación actual que se presenta en Caramanta, sino una herramienta para estas organizaciones en la cual puedan encontrar argumentos, que ellos mismos ya han pronunciado, pero que a veces, siendo escritos o manifestados por alguien externo, se consideran (erróneamente) más válidos.

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III. ESTRUCTURA DEL TEXTO

Teniendo en cuenta todo lo anterior, este trabajo se organiza en cuatro partes. La primera está orientada por las preguntas ¿por qué Caramanta es considerado un municipio de vocación agropecuaria? y ¿cuál ha sido el papel de prácticas productivas como la agricultura, la ganadería y la minería en la configuración histórica del municipio y del suroeste antioqueño? En este sentido, el primer capítulo presenta una caracterización general del municipio de Caramanta, información referente a la configuración histórica del departamento de Antioquia, la subregión del Suroeste y el municipio de Caramanta, y al número de solicitudes y títulos mineros denunciados en la zona.

La segunda parte está orientada por las preguntas ¿Cómo llegan empresas transnacionales a un municipio de vocación agropecuaria como lo es Caramanta? ¿A qué lógica obedece la presencia de empresas mineras en este territorio? Y ¿de dónde vienen estas empresas?

Presentando información relacionada con la adopción del modelo neoliberal y de la idea de desarrollo en Colombia y su relación con la actual promoción del sector minero en el país; y con los proyectos y naturaleza de las empresas que actualmente se encuentran realizando labores de exploración en el municipio de Caramanta.

La tercera parte aborda la pregunta, ¿qué pasa cuándo a un municipio de vocación agropecuaria como lo es Caramanta llegan empresas transnacionales interesadas en su potencial minero? Y presenta un análisis de los discursos, valoraciones e intereses de los actores vinculados al conflicto socio ambiental que tiene lugar actualmente en Caramanta, en el cual muchos de los argumentos presentados se justifican en función de lo que dicen los actores; en la medida en que considero que para poder visibilizar lo que sucede en el Municipio y teniendo en cuenta que de lo que se habla en este capítulo, en últimas es de la construcción que hacen de territorio y de sus percepciones frente al desarrollo de la actividad minera; es necesario evocar la voz de los directamente involucrados. De ahí que a lo largo del capítulo haya diversas citas de las entrevistas realizadas durante el desarrollo del trabajo de campo. En las cuales, algunos nombres han sido cambiados y otros no aparecen, con el fin de proteger la identidad de los entrevistados, quienes así lo solicitaron.

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Finalmente, se presenta una reflexión, a manera de conclusión, en la cual esbozan las principales ideas desarrolladas a lo largo del documento, y se realiza una lectura crítica de este en su conjunto. Identificando los aspectos en los que hizo falta profundizar, las falencias durante el proceso de investigación y temas de investigación para futuros proyectos.

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1.1 “NOSOTROS NO HEMOS VIVIDO DEL ORO SINO DE LO QUE PRODUCE NUESTRA TIERRA”: CARAMANTA, UN MUNICIPIO CON TRADICIÓN AGROPECUARIA “Caramanta es un municipio de vocación agropecuaria” esta es una expresión que se torna recurrente después de interrogar a varios habitantes

por la principal actividad

económica que se desarrolla en Caramanta. Lo que resulta paradójico, más si se tiene en cuenta que en el año 2000 el municipio se encontraba totalmente solicitado y titulado para el desarrollo de la exploración minera y que a octubre del año 2013, de acuerdo con información de la Agencia Nacional de Minería, contaba con 34 solicitudes y 20 títulos, pertenecientes tanto a personas naturales como a empresas transnacionales, que abarcaban la totalidad de la zona. Todo lo cual ha generado la división al interior de la comunidad caramanteña entre quienes apoyan la minería y quienes no.

En este contexto, lo que se observa es que independientemente de que se esté a favor o en contra del desarrollo de la actividad minera, la tradición agropecuaria del municipio es evocada por sus habitantes como característica primordial de la economía caramanteña. ¿Por qué?

Esta es la pregunta que guiará el desarrollo de este capítulo, en el cual en un primer momento se presenta una caracterización general del Municipio en términos de ubicación, prácticas productivas y tenencia de la tierra. Y posteriormente, la constitución histórica del departamento de Antioquia, la subregión del Suroeste y Caramanta, centrándose principalmente en el papel de la minería en la conformación regional.

A partir de lo que se buscará establecer la relación que existe entre la situación actual del municipio, los procesos de configuración histórica del mismo, y, durante el desarrollo del documento, las implicaciones de esto a la luz de la presencia de solicitudes, titulaciones y empresas de exploración minera.

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1.1 CARAMANTA: PRIMERAS APROXIMACIONES

El municipio de Caramanta se encuentra localizado en la subregi贸n del Suroeste del departamento de Antioquia (ver Mapa 1), limita por el norte con el municipio de Valpara铆so, por el este y el sur con el departamento de Caldas, y por el oeste con el departamento de Caldas y con el municipio de T谩mesis (Caramanta, s.f.).

Mapa 1: Ubicaci贸n de Caramanta

FUENTE: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Colombia_-_Antioquia__Caramanta.svg/2000px-Colombia_-_Antioquia_-_Caramanta.svg.png. Consultado (27/08/13)

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Caramanta cuenta con una extensión de 86km2 (8.600 ha), de los cuales 10km2 corresponden al clima cálido, 42km2 al clima templado y 34km2 al clima frío (Corantioquia, 2010). Se ubica a 2050 msnm y está dividido en 23 veredas, agrupadas en 3 corregimientos más la cabecera municipal (ver Mapa 2).

Mapa 2: División política de Caramanta

FUENTE: Sitio web Alcaldía de Caramanta. http://www.caramantaantioquia.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcMapas%20Pol%EDticos-1-&x=1597428.

Consultado (27/08/13)

A la cabecera pertenecen las veredas: Cañas, La Cascada, Olivales, Palmichal, Peladeros y San Pablo; al corregimiento de Sucre pertenecen las veredas: Buenos Aires-La Silla, Manzanares, San Antonio, Sucre y Yarumalito; al corregimiento de Barro Blanco pertenecen: Barro Blanco y Conde; y al de Alegrías pertenecen: Aguadita Chiquita, Aguadita Grande, Chirapotó, El Balso, La Esmeralda, La Frisolera, La Sirena, La Unión, Naranjal y San José- La Guaira (Cardona, 2013, pág. 108).

De acuerdo con información del Censo Nacional de Población del DANE 2005, Caramanta contaba con 5.378 pobladores en este año, de los cuales el 51,1% eran hombres,

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el 48,9% eran mujeres; y el 0,3% se auto reconocía como negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente.

Desde el año 1964, Caramanta ha presentado un decrecimiento poblacional, pasando de 10.319 habitantes en 1964 a 5.387 en el 2005. Siendo el período 1993-2005 (12 años) en el que se presenta una mayor disminución de población, al pasar de 8203 habitantes a 5378 (un decrecimiento poblacional representado en 2825 personas) (ver Gráfico 1).

Gráfico 1: Cambios Demográficos en Caramanta 1964-2005

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los censos del DANE.

Caramanta es un pueblo que aún conserva la arquitectura típica de la colonización antioqueña (ver Foto 1), y que por estar ubicado a 2.050 msnm ha sido llamado por sus pobladores el “Mirador de Antioquia”, puesto que su posición geográfica le permite a quienes lo visitan o habitan, visibilizar la región norte del departamento de Caldas. Siendo estos elementos (su posición geográfica y arquitectura), motivos de orgullo para sus habitantes (Notas de campo, 2013).

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Foto 1: Calle de Caramanta

FUENTE:

Fotografía

tomada

por

Daniel

Cifuentes

Sierra.

http://www.antioquiaesuncaramelo.com/galeria/picture.php?/6270 (Consultada 08/03/14)

Así mismo, Caramanta es un pueblo empotrado entre montañas muchas de las cuales han perdido sus bosques y cultivos de café, al ser sustituidos, después de la crisis del café y de la compra de tierras, que tuvo lugar en el Municipio entre los años noventa y cinco y dos mil, por pastos. Período en el que a raíz de la compra de tierras, también desaparecieron varios trapiches del Municipio, que fueron convertidos en pastos (ver Foto 2). Así lo esboza un habitante del corregimiento de Alegrías, quien expresa que, “hay mucha ganadería extensiva, las tierras son de muy pocos (…) antiguamente había muy buena caña en esas propiedades en la vereda “El Naranjal”, en esos predios dejaron de cultivar la caña y crearon ganadería extensiva” (Swissaid, 2010, pág. 24)

18

De acuerdo con el último Esquema

de

Foto 2: Panorámica de Caramanta

Ordenamiento

Territorial (EOT) del municipio, aprobado en el año 2000, del total del uso del suelo en Caramanta, los pastos representan el 64.07% (correspondientes a 5350 ha), los cultivos el 22.29%, los rastrojos el 5,24% y el bosque el 8,38% (ver Anexo 3). El porcentaje de área en pastos se amplía en el año 2004, de acuerdo con información “Plan

del

de

FUENTE:

http://www.swissaid.org.co/node/60.

Consultado

Desarrollo (2014/02/27) Municipal 2004-2007: Unidos construyendo futuro”, en el cual se esboza que los pastos representan el 64.47% del área total del municipio, los rastrojos altos el 5,21%, el bosque el 8,38% (no cambia) y los cultivos el 21.95% (disminuye) y que “el suelo tiende a pasar de un

uso agrícola a un uso pecuario (ganadería)” (Alcaldía Municipal de Caramanta, 2004, pág.

24).

En el año 2005, de acuerdo con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos elaborado por Corantioquia, los rastrojos altos representaban el 4,42% del uso del suelo, el bosque intervenido el 4,94%, el cultivo del café el 30.19% (25,96 ha), el pasto manejado 3,01% y los potreros manejados en mal estado el 57,44% (49,40 ha) (Corantioquia, 2005)3

3

Es importante aclarar que los datos de uso del suelo aquí presentados pueden no corresponder con la realidad actual del municipio en la medida en que son datos de los años 2000 y 2005. A lo que se suma que muchas alcaldías para la formulación de sus planes de desarrollo municipal, se remiten a datos esbozados en documentos como el EOT, por lo que generalmente no se actualiza la información existente hasta que no se realizan los estudios pertinentes para formular nuevamente el EOT.

19

Los datos antes presentados, muestran una tendencia al aumento de los pastos en el municipio, que como se evidenciará más adelante se relaciona con el proceso de ganaderización4 que tiene lugar no sólo en Caramanta sino en el país en general.

Desde el año 2008 y hasta la actualidad, el uso del suelo se concentra “en pastos tecnificados o con algún grado de tecnificación, café, plátano, caña, rastrojos altos y bajos, plantaciones forestales y fragmentos de bosque protector” (Granados, 2008, pág. 9). A la par de que gran parte del suelo está siendo subutilizado “por el pastoreo que se hace muy extensivo”5(Granados, 2008, pág. 9) (ver Anexo 4) Así mismo, Caramanta cuenta con 386 ha que cruzan la vereda Olivales y hacen parte del Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables Cuchilla Jardín – Támesis. Declarado y delimitado por medio del Acuerdo 316 de 2009 de Corantioquia, por ser considerado una de las mayores estrellas hidrográficas del suroeste antioqueño, y una zona con vegetación nativa en la cual viven especies en peligro de extinción como el oso andino, el gallito de roca, el loro orejiamarillo, entre otros. (Cardona, 2013). Y en la que, de acuerdo con su plan de manejo, no es posible llevar a cabo actividades mineras sin previa sustracción del área a intervenir.

1.1.1 PRÁCTICAS PRODUCTIVAS ACTUALES

El último y vigente Esquema de Ordenamiento Territorial de Caramanta (año 2000), define que la economía del Municipio se basa en tres actividades principales a saber: ganadería, agricultura y minería. La primera de ellas, representada en la ganadería para leche, carne o doble fin que ha venido creciendo desde mediados del siglo XX y se expandió y fortaleció con la crisis del café. Esta tuvo lugar a finales de los años noventa (1989-2000) (Corantioquia, 2010), derrumbó los precios del grano, y a raíz de la misma,

4 La ganaderización se define como la expansión permanente de ganadería bovina en la frontera agropecuaria y un uso extensivo del suelo en esta actividad (PNUD, 2011) 5 Lo que se evidencia en la gran cantidad de potreros existentes en las montañas que rodean el municipio.

20 muchos han dejado de ser caficultores para empezar a ser ganaderos, transformando notablemente el paisaje y cambiando drásticamente una especie de bioma en la que habían árboles de café, nogales, guamos, etc por un monocultivo de pasto, que bajo las condiciones de manejo y la topografía de ladera trae como consecuencia el deterioro del suelo y el desempleo ya que la ganadería genera poco empleo (Alcaldía Municipal de Caramanta, Plan de Desarrollo Municipal 2004-2007: Unidos construyendo futuro, 2004, pág. 26)

Para el año 2005, la actividad ganadera contaba con pastos de corte, praderas tradicionales y praderas mejoradas tecnificadas, en las cuales había 3994 cabezas de ganado ovino, distribuidos en 168 productores (Corantioquia, 2005). Y en el año 2012, de acuerdo con información del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015: Caramanta nuestro compromiso, en el municipio había 5996 bovinos, de los cuales el 30% se usaban para la producción de leche, el 22% con doble propósito y el 42% para carne. A la vez que se tenían “2478 equinos, 1150 caballos, 28 mulas y 1300 asnos, todos ellos en 11.480 hectáreas de pastos, 30 de corte, 10.800 naturales, 650 mejoradas” (Alcaldía Municipal de Caramanta, 2012, pág. 98). Todo lo cual se relaciona con el aumento de las áreas destinadas a pastos, al desarrollo de la actividad ganadera y a la disminución de las zonas destinadas a la actividad agrícola.

En lo referente a la agricultura, esta se basa principalmente en el cultivo del café, pese a las crisis que ha presentado el sector cafetero desde hace aproximadamente 20 años, y a que para el año 2009 se estaban estableciendo monocultivos de granadilla6, tomate de árbol y aguacate.

El desarrollo del cultivo del café posibilitó la construcción del coliseo del pueblo, el cual fue erigido gracias a los aportes del municipio y el gremio cafetero. En el año 1992, el café era el cultivo con el cual, de acuerdo a la inscripción que se encuentra a la entrada del coliseo, se identificaba a la población del Municipio como una “comunidad cafetera”. Lo que explicita la construcción de una identidad en torno al cultivo del café, que hoy se ha visto

6

Se concentra en pocos productores que están en la capacidad de comercializar el producto de acuerdo al volumen de producción (Alcaldía Municipal de Caramanta, 2012)

21

transformada como se evidenciará más adelante y bajo la cual se expresan distintas maneras de relacionarse con el territorio (ver Foto 3).

Foto 3: Placa del Coliseo del Municipio de Caramanta

Actualmente, al caminar por las calles de Caramanta es posible ver pobladores secando café en las aceras ubicadas frente a su casa; y al ir a las veredas, tomando el servicio de transporte municipal que sale todas las mañanas a las 7:00 y, a las 5:00p.m., se observan grandes extensiones de cafetales que crecen en las montañas (ver Foto 4). Al ser interrogados por la principal actividad económica que se desarrolla en Caramanta, actores como organizaciones campesinas y funcionarios públicos expresan que, “esto fue cafetero pues todos estos años, incluso se ha sostenido después de la crisis y todavía pues es muy cafetero” (Comunicación personal, 2013).

De acuerdo con los datos del último EOT (año 2000), el café representaba el 89,25% de la extensión total cultivada. En el año 2005, el café ocupaba 1.078 ha7 y existían cerca de 890 productores repartidos en distintas veredas, entre las cuales las de mayor producción eran Barro Blanco, Aguadita Grande, Aguadita Pequeña, Alegrías y Sucre (Corantioquia, 2005).

7

Este dato difiere del presentado en Plan de desarrollo municipal 2004-2007, en el cual se esboza que el café ocupaba, para el año 2004, el 67,8% del uso agrícola.

22

Foto 4: Cafetales de Caramanta

FUENTE: http://www.swissaid.org.co/node/60. Consultado (2014/02/27)

Para el año 2008, el café ocupaba 1.096 ha, con un volumen de producción de 1.729,6 Ton (Castro, Arcila, Gómez, & Marín, 2009) y para el año 2013 había 896 ha, presentando una disminución con respecto al 2008 del 18,24% (Federación Nacional de Cafeteros, 2013).

El segundo cultivo de mayor importancia en Caramanta es el plátano (cultivo asociado al café). En el año 2004, abarcaba “405 ha siendo las veredas más sobresalientes Alegrías, La Frisolera, Barro Blanco, Sucre y La Cascada” (Corantioquia, 2005, pág. 28). Para el año 2007 contó con un volumen de producción de 1.203 toneladas (Castro, Arcila, Gómez, & Marín, 2009).

Al plátano le sigue el cultivo de caña panelera, que en el año 2009 se extendía en 269 ha, siendo Caramanta, uno de los municipios del suroeste con mayor cantidad de hectáreas destinadas al mismo; otros cultivos son la papa, el maíz y el fríjol. Todos estos cultivos (café,

23

plátano, caña panelera, maíz, papa y fríjol) representaban conjuntamente, según datos del EOT 2000, el 22.29% (correspondientes a 1862ha) del área total del municipio.

Desde el año 2001 se dio inicio al proceso de promoción y adopción de la agroecología por parte de la Asociación Agropecuaria de Caramanta, ASAP Caramanta. Con el cual se ha buscado la diversificación de cultivos y el cultivo para autoconsumo. Prácticas sociales, que se vieron afectadas por la implementación del monocultivo del café y de los paquetes de agroquímicos empleados durante el proceso de producción de ese grano, asociados a la introducción del modelo de revolución verde en el país8.

Finalmente, en relación con las prácticas productivas desarrolladas en el Municipio, la minería llevada a cabo por empresas trasnacionales ha empezado a cobrar importancia en los últimos trece años con la solicitud, titulación e inicio de la exploración de zonas con potencial minero especialmente para oro, desde el año 2000. Que abarcaban la totalidad del municipio, de acuerdo con la información otorgada en el año 2000, por la Secretaría de Minas de Antioquia (autoridad minera delegada por el Ministerio de Minas y Energía).

En este contexto confluyen empresas transnacionales interesadas en el potencial geológico principalmente de oro del Municipio y mineros artesanales, estos últimos en

8 El modelo de revolución verde fue un modelo de promovido en toda Latinoamérica y en especial en México por Estados Unidos, bajo el argumento de acabar con el hambre. Actualmente es posible hablar de dos revoluciones verdes: la primera implementada en los años cincuenta y difundida a nivel global después de la Segunda Guerra Mundial, se define como un proceso de modernización de la agricultura en la cual el conocimiento tecnológico se impuso por encima del conocimiento empírico de los agricultores. Razón por la cual estos empiezan a emplear un conjunto de innovaciones tecnológicas durante el desarrollo de su proceso de producción, dentro de las cuales se encuentran el uso de agro tóxicos, fertilizantes químicos y maquinaria agrícola. La segunda revolución verde fue anunciada en los años noventa y tiene como principal elemento la creación de organismos genéticamente modificados conocidos como transgénicos (Ceccone, 2008); que progresivamente tendieron a sustituir las especies de semillas endógenas de los territorios, disminuyendo así la diversidad de especies de alimentos con las que contaban las poblaciones y haciéndolas dependientes de un solo tipo de semillas y de los insumos necesarios para su producción.

La implementación del modelo de revolución verde en su conjunto produjo la sustitución masiva de los terrenos comunales por propiedad privada súper concentrada, así como el desalojo de formas de agricultura familiar por latifundios agroindustriales. Lo que introduce una lógica de producción en la cual se privilegia el mercado externo y la obtención de lucro (Sevilla, 2004)

24

proceso de legalización que vienen desarrollado sus actividades desde antes de la llegada de las empresas, en la vereda Yarumalito.

En esta vereda, hace más de doce, funcionaba una explotación de oro en veta, que generaba “mano de obra para la mayoría de los habitantes de esta vereda9 y ha modificado notablemente sus costumbres, pasando de una cultura agrícola a una minera” (Alcaldía Municipal de Caramanta, 2004, pág. 26). Y actualmente la empresa Corporación Minera de Colombia adelanta labores de exploración en esta zona.

1.1.2 ESTRUCTURA

DE

LA PROPIEDAD DE

LA

TIERRA

EN

CARAMANTA La concentración de la tierra en Caramanta, está calificada como media alta por Corantioquia (2005) al ser esta del 58,647%, es decir que entre el 50 y el 60% de la tierra está en manos del 10% o menos de los propietarios. Sin embargo para algunos actores como organizaciones campesinas y funcionarios públicos, este fenómeno de concentración de la tierra se presenta en un mayor porcentaje al de los datos otorgados por Corantioquia, de ahí que se afirme que,

el 75% de la tierra está en manos de dos o tres. El 75 y en el 25 que queda (…), están algunas zonas de reserva que no las podemos tocar y está por ahí el 90% de la población del municipio, esa es la situación de Caramanta. (Comunicación personal, 2013)

Lo que aunque no se corresponde con el dato presentado por Corantioquia, muestra la percepción de actores como las organizaciones campesinas, frente al fenómeno de concentración de la tierra y en este sentido, frente al espacio del que disponen para llevar a cabo sus actividades agropecuarias y a las extensiones de tierras con las que cuentan los terratenientes de la zona.

9

Con la información recolectada durante el desarrollo del trabajo de campo, no fue posible estimar exactamente cuántos habitantes de la vereda Yarumalito se dedican al desarrollo de la explotación minera.

25

Este alto porcentaje de concentración de la tierra en pocas manos ha incidido en la agudización de la desigualdad en el municipio que en el año 2011, se expresaba en un índice de Gini de propietarios10 de entre 0,83 y 0,86 (Muñoz & Zapata, 2011) Tanto la concentración de la tierra, como la crisis del café y la progresiva expansión de los pastos en el municipio, han conllevado a la disminución de la oferta de empleo (de acuerdo con datos del último censo de población, DANE 2005, el 30% de las personas están desempleadas). Por lo que para el año 2012, según el Plan de Desarrollo Municipal 20122015, se planteaba que el desempleo era un fenómeno creciente en el Municipio. Pero, ¿cómo se llegó a este momento?

1.2 CONFIGURACIÓN HISTÓRICA REGIONAL

Antes de abordar el papel de la minería y las actividades agropecuarias en la configuración histórica de Caramanta, con el fin de entender los elementos que han dado lugar a la configuración socio económica actual del municipio; se hace preciso explicitar el papel de estos dos sectores en la conformación y poblamiento del departamento de Antioquia y del suroeste antioqueño. Lo que permitirá entender el contexto regional y subregional en que se inscribe Caramanta.

1.2.1

POBLAMIENTO

HISTÓRICO

DE

ANTIOQUIA

Y

EL

SUROESTE ANTIOQUEÑO11

El departamento de Antioquia se ha constituido desde la época de la colonia y hasta la actualidad, como uno de los principales centros de explotación minera en el país.

10

Corresponde a la suma del área proporcional del terreno de los predios por propietario (Muñoz & Zapata,

2011) 11 Se entiende el Suroeste Antioqueño como el “espacio localizado entre la zona meridional de Antioquia, situado entre la margen izquierda del río Cauca y la cima de la cordillera Occidental, y que se extiende entre el río Arquía y la quebrada Comiá” (Velez, 2002, pág. xviii)

26

Para abril del año 2013, Antioquia era el departamento con mayor número de títulos mineros (1531 títulos) (Marín & Londoño, 2013).

El primer código de minas adoptado en Colombia en el año 1886 fue el del Estado Soberano de Antioquia, la única facultad de minas del país se encuentra en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Y actualmente, sólo la Gobernación de Antioquia es autoridad minera delegada por el Ministerio de Minas y Energía (así lo estipula la Resolución 0271 de 18 de abril de 2013).

Todo lo cual se relaciona con la tradición minera del departamento, en la medida en que la minería en Antioquia es una actividad que se ha desarrollado desde el periodo colonial.

El cual estuvo marcado por la expansión de la actividad minera, la compra de esclavos africanos como mano de obra, la eliminación de la población indígena y la aparición de nuevas expresiones del poder territorial.

Es así como “la ocupación del territorio antioqueño por los españoles y la organización social que sucedió al período de la Conquista estuvieron asentadas primordialmente sobre las bases de la actividad minera” (López, 1968, pág. 353). De ahí que los primeros asentamientos españoles hayan sido centros cercanos a zonas de explotación minera como en el caso de Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Zaragoza y Guamocó (Banco de Iniciativas Regionales para el Desarrollo de Antioquia, 2011). Los cuales se constituyeron como distritos auríferos en el período comprendido entre 1580 y 1630 (Universidad de Antioquia, 2005) La formación de estos distritos y en general de los asentamientos mineros, implicó transformaciones en el espacio geográfico relacionados tanto con el desarrollo de la actividad minera como con la producción de alimentos, por lo que “la presencia del oro y de actividades agrícolas, es el marco natural dentro del cual se establecen en Antioquia los patrones de asentamiento y se configuran regiones” (Universidad de Antioquia, 2005, pág. 71)

Durante la primera mitad del siglo XVI inicia un proceso de exploración y reconocimiento de las riquezas auríferas de la zona y se establecen progresivamente Fuertes, Capitanías y

27

Encomiendas como mecanismos de apropiación del territorio de las minas de oro y de la población indígena, por medio de las cuales se pretendía diezmar la posibilidad de respuesta por parte de las comunidades indígenas12 (Universidad de Antioquia, 2005).

Santa Maria la Antigua del Darién (1510), San Sebastián de Urabá (1509), San Sebastián de Buenavista (1510) –ambos cerca de Necoclí-, Dabeiba (1574), San Juan de Rodas (1570), Buriticá (1614), Mungía o Pueblo de la Sal (descubierto en 1541 data su fundación de 1814 cuando deja de ser Guaca y se convierte en la parroquia de Heliconia), Ebéjico, Llano de Ovejas y Sopetrán, serían las nacientes poblaciones y los caminos recorridos, que a grandes rasgos configuran los nuevos asentamientos del territorio de la Provincia de Antioquia.

(Universidad de Antioquia, 2005, pág. 71)

En 1541 se funda la ciudad de Antioquia y en 1546 la ciudad de Santa Fe (actual Santafé de Antioquia). Estas fundaciones corresponden a dos razones a saber, la ubicación geográfica y el hallazgo y explotación de yacimientos auríferos (Universidad de Antioquia, 2005)

La actividad minera en la región que circunda a Santa Fe adquiere su mayor dinamismo entre 1575 y 1620, lo que conlleva a un aumento demográfico y colonizador en el que confluyen españoles, esclavos negros e indígenas que se aglutinan alrededor de los yacimientos de Buriticá, Cáceres, Zaragoza, Remedios y Guamocó.

En el siglo XVII las regiones del Valle de los Osos, el oriente antioqueño y el Valle de Aburrá adquieren relevancia en los procesos de colonización gracias a su importante potencial aurífero. De manera que tanto el patrón de asentamientos como la configuración del paisaje en esta región son el resultado de la actividad minera colonial posteriormente reforzada por la economía campesina de pequeña propiedad.

12

A comienzos del siglo XVI el departamento de Antioquia contaba con los siguientes pueblos indígenas: en el norte se ubicaban los nubates, tahamíes, yemesies, moriscos, ituangos, peques y ebéjicos. Al oriente los guamacoes, puchinaes, pántagoras, anamíes. Al centro los aburraes y tahamíes. Al occidente los catíos, nores, chocoes, pencos, carautas, nitanas y nunates. Y al noroccidente los urabaes, guzuzues, araques, cuiscos, guacas y tatabes (Universidad de Antioquia, 2005)

28

A principios de este mismo siglo (XVII) se abren otros frentes de trabajo minero, la explotación de las minas de oro en las tierras altas de San Pedro, Ovejas, Riochico y Santa Rosa. En este contexto, con el fin de abaratar el mantenimiento de la población esclava, los propietarios ricos incorporan paulatinamente a la producción agrícola y ganadera, grandes haciendas trapicheras y hatos de ganado que empiezan a dispersarse por toda la provincia (Universidad de Antioquia, 2005)

A partir de 1740 inicia un nuevo ciclo aurífero y el norte amplía la frontera agrícola y minera. Y a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, tiene lugar una oleada migratoria cuyos principales actores fueron vecinos de Rionegro y Valle de Aburrá, que ayudan a configurar una red y cruce de caminos que además de comunicar de sur a norte con la costa Atlántica y de occidente a oriente a la región, permite la estructuración de un “sistema proveedor de alimentos y manufacturas de los centros mineros y comerciales de Antioquia y algunos municipios externos a la Provincia” (Universidad de Antioquia, 2005, pág. 75). A la vez que se marca un cambio en la tradición minera de la región en la medida en que los colonos no sólo llegan buscando oro sino que introducen semillas y arados, lo que permite la consolidación de medianos y pequeños propietarios.

A finales del siglo XVIII son fundados nuevos centros poblados como Urrao (1781) en el occidente antioqueño; Yarumal (1787), Don Matías y Carolina del Príncipe en el norte; Rionegro (1783) y Marinilla (1787) en el oriente; Titiribí (1775), Amagá (1788) y Fredonia (1790) en sur. Estas fundaciones estuvieron relacionadas en gran medida con la producción agrícola requerida para el mantenimiento de los centros mineros cercanos y las políticas que buscaban una mayor eficiencia productiva. En este sentido, las políticas planteaban la necesidad de aglutinar poblaciones dispersas con el fin de controlarlas por medio de la autoridad eclesiástica y civil, a la par de incentivar las colonizaciones en los espacios considerados vacíos e improductivos.

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A finales del siglo XVIII, Rionegro se constituye como el centro de las actividades comerciales superando a Santa Fe de Antioquia, cuya actividad minera había entrado en crisis para esta época. En este sentido, Ann Twinam reitera que:.. «el desarrollo de una nueva ruta del Magdalena al interior señalaron la muerte de la ciudad capital como centro de importancia comercial. La jerarquía del siglo XIX fue establecida durante las últimas décadas de la colonia... Medellín y Rionegro con el 40% del comercio cada una, tomaron las primeras posiciones». Rionegro desde 1800 pasó a ser el centro del movimiento comercial de Antioquia y el eje dinámico por donde pasa la vía regional. En torno a ella se desarrolla una economía de circulación, recepción y distribución de productos y mercancías. «Todos los caminos conducen a Rionegro». (Ferro, 2010)

A comienzos del siglo XIX Santa Fe de Antioquia pierde la primacía administrativa con la que había contado desde el siglo XVI, que se sustentaba principalmente en la explotación minera de las zonas circundantes; y en 1826, Medellín pasa a ser la capital del Estado de Antioquia.

El siglo XIX se caracteriza por el acelerado crecimiento demográfico de la población localizada en el Valle de Aburrá y el inicio de un nuevo proceso colonizador, que se da principalmente “hacia el sur y el suroeste, no obstante existir tierras templadas extensas y desocupadas hacia el oriente, el norte y el oeste, que podían ser igualmente ocupadas” (Parsons, 1997, pág. 145).

El Suroeste era considerado como una zona estratégica por la élite comercial y política de la provincia de Antioquia en la medida en que pasando la cordillera se encontraban los distritos mineros de la provincia del Cauca como Marmato, Supía, Ríosucio y Cartago (Vélez, 2002).

Con el fin de acercar a los comerciantes a las rutas y mercados ubicados en el Cauca y en la zona de influencia del Atrato, se construyen y trazan caminos 13. En la primera mitad del

13Los caminos se constituían como elementos esenciales para garantizar la existencia de poblamientos incipientes en medio de las selvas, garantizando la conexión entre centros de producción y consumo.

30

siglo XIX la construcción de caminos por espacios geográficos transversales de Antioquia se convierte en un factor de integración espacial de la Provincia (Vélez, 2002).

El desarrollo de los caminos fue posible gracias a que desde comienzos del siglo XIX existía una política oficial de baldíos en Antioquia que propició las concesiones de tierra a cambio de la construcción de los mismos. Por medio de esta política, grandes extensiones de tierras ubicadas en el norte, suroriente y suroeste de la Provincia, se declararon baldías. Los beneficiarios directos de este proceso fueron empresarios que accedieron a ellas; y otros beneficiarios fueron campesinos pobres y colonos que obtuvieron predios a cambio de su trabajo en los caminos. Este fenómeno se ilustra claramente en la construcción del camino de Caramanta, llevada a cabo entre 1837 y 1841, gracias a la Concesión Echeverri otorgada en 1837 por el gobierno nacional (que comprendía gran parte de la región del suroeste), a la compañía de la que hacían parte Juan Uribe Mondragón, Juan Santamaría y Gabriel Echeverri, comerciantes y miembros de la élite de Medellín.

Se le llamó camino de Caramanta pues giraba por la montaña de Caramanta, localizada en la margen izquierda del río Cauca y se proyectó entre Fredonia y la frontera de Antioquia con la Provincia de Cauca (ver Mapa 3). El principal objetivo de este camino era situar a los comerciantes de Medellín en el norte del Cauca, estableciendo así una ruta comercial por medio de la cual abastecer las minas de oro de Marmato y las vegas de Supía, (Vélez, 2002) Pese a que después de que se otorgó la concesión se disolvió la empresa, el camino de Caramanta fue construido entre 1837 y 1841 con dineros de Gabriel Echeverri y con trabajo de colonos pobres, quienes a cambio de sus labores en el mismo recibieron predios ubicados en la montaña de Caramanta. Estos predios fueron desmontados y empleados para el desarrollo de la agricultura y la ganadería (Vélez, 2002).

31 Mapa 3: Camino de Caramanta

FUENTE: Velez, J. C. (2002). Los pueblos allende el río Cauca: la formación del suroeste y la cohesión del espacio

en Antioquia, 1830-1877. Medellín: Universidad de Antioquia. Pág. 24

32

Sin embargo no todo el poblamiento de la subregión del Suroeste estuvo marcado por la construcción de caminos. En esta zona es posible identificar dos frentes de colonización; el primero obedece a una colonización espontánea y de origen campesino, que comprendió los predios en los que hoy en día se ubican Concordia, Andes, Ciudad Bolívar y Jardín. Y el segundo, a una colonización empresarial (asociada a la construcción de caminos), coordinada y regulada que comprendía los terrenos de Nueva Caramanta (actual Caramanta), Támesis, y las poblaciones que surgieron de ellas (Pueblorrico y Valparaíso) (Vélez, 2002) (Ver Mapa 4) Estos dos tipos de colonización generaron una sociedad predominantemente campesina y una estructura rural en la que coexisten la hacienda, la pequeña y mediana propiedad y el comercio activo de la tierra, dado que al lado de los latifundios obtenidos por medio de las concesiones se genera una estructura rural fundamentada en la pequeña y mediana propiedad (Vélez, 2002).

Durante la colonización del suroeste antioqueño, se fundan pueblos como Nueva Caramanta (1838), Andes (1853), Jericó (1867), Jardín (1882), Ciudad Bolívar (1869), Santa Bárbara (1822), Támesis (1864) y Betulia (1884).

En los primeros años de colonización la minería en el suroeste alcanza un nivel destacable debido principalmente a la explotación de cauces de ríos y quebradas y a las sepulturas esparcidas en la región (Velez, 2002).

Entre los años cincuenta y setenta del siglo XIX, la explotación minera genera la activación productiva de los predios ubicados al suroeste y se constituye como un factor importante que atrae a las familias pobres residentes en el centro y el oriente de la provincia de Antioquia. En esta zona se desarrollan dos tipos de minería: minería de aluvión y minería de veta.

33 Mapa 4: Tipos de poblamientos en el Suroeste Antioqueño en el siglo XIX

FUENTE: Velez, J. C. (2002). Los pueblos allende el río Cauca: la formación del suroeste y la cohesión del espacio en

Antioquia, 1830-1877. Medellín: Universidad de Antioquia. Pág. 50

34

Entre los años 50 y 70 del siglo XIX, la minería de aluvión se realizó en todo el territorio del suroeste principalmente en los ríos Cauca, San Juan y sus afluentes; y la mayor cantidad de este tipo de explotaciones, se dieron en Titiribí. En tanto, la minería de veta representaba la forma más rentable de exploración dentro del sector minero, “ocupando brazos y generando una relativa productividad” (Velez, 2002, pág. 80) para una zona fundamentalmente agropecuaria, pero baja en relación con zonas de tradición minera.

La base productiva del suroeste combinaba la explotación minera con la actividad ganadera basada en la hacienda y con la explotación agraria minifundista (Vélez, 2002). Sin embargo, la actividad minera progresivamente demostró ser marginal en la mayoría de los pueblos fundados del Suroeste. De ahí que la minería se constituya como una actividad paralela a la colonización de la zona, pero marginal en relación al desmonte del bosque con agricultura y ganadería. (Vélez, 2002).

La agricultura en la zona era de dos tipos a saber: agricultura de subsistencia, que surge del proceso de colonización cuando luego de la roza y quema se sembraba maíz, caña de azúcar y yuca, que se constituían en la base de la alimentación de los colonos. Y agricultura comercial, que tiene lugar porque el suroeste fue inicialmente el espacio para una serie de intentos por asentar empresas agrícolas y comerciales.

Por otro lado, la ganadería fue una de las actividades que llamó la atención de los propietarios de las tierras. En 1870 el suroeste se constituyó como una importante zona ganadera en la cual, en veinte años el paisaje y el uso del suelo se transforma pasando de bosque a grandes zonas ocupadas con ganado (ver Mapa 5). Y hasta bien entrado el siglo veinte, era posible apreciar que las fincas dedicadas a la ganadería ocupaban el espacio que circundaba las cabeceras municipales (Vélez, 2002).

Hasta principios del siglo XIX, la base productiva del Suroeste combinaba la explotación minera con la actividad ganadera basada en la hacienda y la explotación agraria minifundista.

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el Suroeste se constituye como una sociedad de pequeños agricultores independientes que en el último tercio de este siglo hace posible el

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desarrollo de la economía cafetera (Conferencia Episcopal de Colombia, 2001). El café fue el cultivo comercial que se impuso en el suroeste a finales del decenio de 1890 y se expande desplazando cultivos para auto subsistencia y comercio (como el maíz, la caña, el tabaco, el fríjol, el café, el arroz, las papas y el cacao) incluso en zonas dedicadas a la ganadería (Vélez, 2002).

Mapa 5: Principales actividades económicas en el Suroeste Antioqueño hacia 1875

FUENTE: Velez, J. C. (2002). Los pueblos allende el río Cauca: la formación del suroeste y la cohesión del espacio

en Antioquia, 1830-1877. Medellín: Universidad de Antioquia. Pág. 77

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A lo largo del siglo XIX, el café se difunde entre los campesinos del sur y suroeste del departamento, por medio de un sistema de aparcería que posibilita el poblamiento y la expansión rápida de esta producción agrícola, dado que los pequeños y medianos colonos que se ubicaban en esta subregión “necesitaban un producto comercial que les permitiera romper la economía cerrada de colonización y utilizar mano de obra familiar” (Universidad de Antioquia, 2005, pág. 81). Permitiendo que en el último cuarto del siglo XIX el Suroeste se consolide como un eje productivo regional, ya que la generalización del cultivo del café le posibilita vincularse de manera directa con el mercado mundial (Velez, 2002).

A principios del siglo XX el Suroeste figuraba como un área importante cuya dinámica demográfica superaba la de regiones tradicionales consolidadas tanto económica como políticamente. (Universidad de Antioquia, 2005)

La segunda mitad del siglo XX se caracteriza, para la subregión del suroeste, por la introducción de la variedad de café caturra, con la que se da un nuevo impulso a la economía cafetera y en los años setenta se presenta una bonanza.

El desarrollo de la caficultura en la década de los ochenta es un factor determinante que hace posible que el Suroeste se constituya como una de las regiones con mayor nivel de vida del departamento. Durante el período 1986-1997 los municipios que más sobresalen en la producción cafetera son Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Salgar y Concordia; que aportaban el 61% del total de volumen de café en la región (Conferencia Episcopal de Colombia, 2001)

La caficultura es un medio de producción que retiene a la población y atrae gran población foránea. En este contexto, la subregión del Suroeste sufre una gran transformación al pasar del café tradicional, basado en mano de obra familiar, al café tecnificado, intensivo en la mano de obra que se emplea en la recolección y la pos cosecha, y que se sostiene gracias a “la relativa estabilidad de los precios del grano y a la disponibilidad de un mercado casi seguro” (Conferencia Episcopal de Colombia, 2001, Pág. 17) (Pacto mundial del café)

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La introducción del café tecnificado (asociado a la implementación del modelo de revolución verde) modifica las relaciones familiares y vecinales en las cuales se sustentaba el trabajo en la parcela, que caracterizaban la vida social comunitaria, en la medida en que la mayor rentabilidad y acumulación de dinero generan dificultades a la hora de conformar asociaciones comunitarias o productivas (Conferencia Episcopal de Colombia, 2001).

El área de producción cafetera se amplía sin interrupciones hasta finales de los años ochenta, en los que la broca y los bajos precios del café disminuyen la productividad de este cultivo.

La caída del pacto cafetero, la presencia de la roya y la broca y los consecuentes bajos precios del café, dan paso a una crisis de grandes proporciones. Para 1993, (…) apareció por primera vez la pobreza absoluta, y con ella el desempleo, incrementándose la subversión, el paramilitarismo y la delincuencia común. La broca no sólo rompió la estabilidad económica del caficultor, sino también su estabilidad moral, la confianza en sus tradiciones y particularmente, en el esquema económico de la Federación de Cafeteros. En la región del Suroeste con la caída del café cayó también la capacidad de consumo, el comercio, (…) el trabajo, el cosechero y la paz, y comenzaron a despoblarse los caminos y varias cabeceras municipales de la región, creando nuevas presiones sobre las principales ciudades, como Medellín y Pereira (CARDER, 1996, pág. 60)

Hoy en día la dinámica poblacional del suroeste se caracteriza por una fuerte tendencia de la migración campo-ciudad a raíz de la baja productividad en el campo y la influencia del conflicto armado en la zona.

1.2.2 CONFIGURACIÓN HISTÓRICA DE CARAMANTA

La historia de Caramanta se divide en dos episodios principales a saber: la Caramanta fundada por los españoles, conocida como la Villa de Caramanta y la actual Caramanta,

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producto del proceso de colonización dirigida al suroeste de Antioquia, inicialmente denominada Nueva Caramanta.

Según Carlos Ossa, historiador del pueblo, la Villa de Caramanta fue fundada en 1557 por el Capitán Gómez Fernández, en un punto intermedio entre la villa de Santiago de Arma y la villa de Santa Fe de Antioquia. Su jurisdicción abarcaba desde el río Arquía, límite con Anserma, hasta los nacimientos del río Murrí, en límites con Santa Fe de Antioquia. Pertenecía a la Gobernación de Popayán y se constituyó como una importante zona de comercio de indios y esclavos; así como en un paso obligado y de descanso para quienes se dirigían desde Popayán hacia el norte o viceversa (Ossa, 2004).

Entre 1548 y 1580, la Villa de Caramanta fue el escenario de permanentes levantamientos indígenas en los cuales se destacan los caciques Cauromá y Uchumbá (Ossa, 2009). Que fueron controlados por el capitán español Gómez Hernández, quien fue el encargado de “pacificar” a los indígenas desde la Villa de Caramanta hasta ciudad de Antioquia. En esta zona se ubicaban las encomiendas de Zambotoma, Conda, Yamaraca, Sirsa, Paparó, Yotora, Quima, Mytia, Rodetes, Zaparrayota, Ocuba, Ceiba y Palala.

La población indígena que ocupaba el territorio de la Villa de Caramanta fue víctima de uno de los procesos etnicidas y genocidas más violentos, producto de la colonización española.

En 1536 esta zona contaba con 25000 indígenas; en 1559 con 17.832; en 1570 con 1000; en 1582 con 400 y en 1583 sólo quedaban 300 (Ossa, 2009).

En 1588 la Villa de Caramanta participaba de la vida política y económica de la colonia.

Sin embargo, posteriormente es abandonada debido a la disminución significativa en la producción de las minas de oro, hasta llegar a su abandono; a la extinción de la institución de las encomiendas indígenas por los abusos y exterminio de los indígenas; por el descubrimiento de otros caminos menos peligrosos que unían los principales centros económicos; por la pérdida de preponderancia económica de la provincia de Popayán y el ascenso de la Nueva Granada (Ossa, 2004, pág. 29)

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En 1838, después de haberle sido adjudicada la Concesión para la construcción del camino de Caramanta, de la que se habló en el aparte anterior, Gabriel Echeverri funda Nueva Caramanta, el primer pueblo del suroeste de la provincia de Antioquia (Vélez, 2002). Sin embargo en 1836 ya había allí una pequeña aldea denominada “Sepulturas” por la cantidad de tumbas indígenas que algunos colonos (incluido el mismo Gabriel Echeverri) fueron encontrando a medida que se adentraban en la zona (Ossa, 2003).

Algunos de los primeros colonos llegan a Nueva Caramanta con el propósito de participar en la construcción del camino de Caramanta. Quienes, como se había mencionado anteriormente, a cambio de su trabajo reciben por parte de Gabriel Echeverri, terrenos en la zona.

Posteriormente, Gabriel Echeverri es nombrado Gobernador de Antioquia y el 8 de febrero de 1842 erige a Nueva Caramanta como municipio, decisión que es corroborada el 18 de julio del mismo año, por el entonces Presidente de la República, el general Pedro Alcántara Herrán (Ossa, 2004).

En 1843 Nueva Caramanta aparece en los registros oficiales sobre población con 690 habitantes. Para 1846 pertenecía al Cantón de Medellín y contaba con 769 habitantes. En 1851 tenía 1514 habitantes y para finales del decenio de 1850 el número de habitantes había aumentado a 2312 (Vélez, 2002).

El censo de 1864 revela la existencia en Nueva Caramanta, de una sociedad fundamentalmente campesina, dedicada a la agricultura y la ganadería. En la cual existían cerca de 246 agricultores y doce personas dedicadas a la explotación de minas de oro (Vélez, 2002).

Entre 1887 y 1938 se explotaban en Nueva Caramanta 123 minas de oro que según un habitante del Municipio, progresivamente fueron desapareciendo debido a que terminó el auge de la minería en Marmato.

El nombre de Nueva Caramanta pasa a ser sólo Caramanta por orden del obispo José Jaramillo Tobón, durante una visita efectuada en diciembre de 1947. “En el libro 22 de bautismos, folio 111 de la parroquia, se encuentra la nota en la que ordena que a partir de la

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fecha se dejen de encabezar las partidas con NUEVA CARAMANTA y sólo sea CARAMANTA” (Ossa, 2004, pág. 30) A finales del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, existían en Caramanta varios establecimientos comerciales e industriales (Ossa, 2010). Para 1941 la principal actividad económica era la agricultura representada en los cultivos de caña panelera, café, papas, maíz, fríjoles, yuca, arracacha, plátano y cabuya; seguida de la ganadería y finalmente de la minería, encarnada en la explotación de “seis minas de oro, con montaje rudimentario” (Cervecería Unión, 1941, pág. 4). Que posteriormente se redujeron a dos minas, una de ellas ubicada en el corregimiento de Barro Blanco y la otra en la vereda Yarumalito (Notas de Campo, 2013).

La mina de la vereda Yarumalito era explotada esporádicamente de manera artesanal, generalmente por personas de Segovia y Remedios, quienes cuando no encontraban la veta, se iban, y posteriormente llegaba otra persona y la compraba (Notas de Campo, 2013).

En los años cincuenta, a raíz de La Violencia en el territorio de Caramanta y en municipios como Támesis y Supía, se evidencia la presencia del Comando Superior del Suroeste al mando del liberal Juan de J. Franco que, llevaba a cabo sus operaciones en el triángulo Dabeiba-Urrao-Salgar.

Alfredo Molano (2011) afirma que, La región de Caramanta, Supía y Támesis dependía del Comando Superior del Suroeste, mandado por el liberal Juan de J. Franco, que operaba en el triángulo Dabeiba-Urrao-Salgar.

Fue una violencia exclusivamente banderiza en sus comienzos; se fue transformando en conflicto social en la medida en que incluía la economía cafetera de Caldas; como se sabe, fue una de las estrategias para concentrar la propiedad territorial en la región limítrofe con Caldas.

En la década de los 70, a tun tun de la bonanza bananera en Urabá, aparecen grupos guerrilleros del Epl y las Farc que dominaron tanto la cuenca del Riosucio como la del Murrí y que se expandieron en los 90 hacia Salgar, Concordia y Caramanta (Molano, 2011)

El rompimiento del pacto cafetero hacia finales de los años ochenta, derrumba los precios del grano. Este elemento termina por afectar la vida de los habitantes de Caramanta en la medida en que como se mencionó antes, al igual que en otros municipios del Suroeste como

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Támesis, Jericó, Valparaíso, entre otros; el café se constituyó como la base de la agricultura de Caramanta. De ahí que líderes de organizaciones campesinas de Caramanta manifiesten que el Suroeste “es un territorio que tradicionalmente ha vivido, que la economía principal ha sido el café” (Entrevista a líder campesino en Sanz, 2013); y que, incluso, a pesar de la crisis de este sector, hoy en día los habitantes de Caramanta afirmen que han vivido de la agricultura, principalmente del café y que este es un municipio de “cultura cafetera”.

La crisis del café impone el cambio en las variedades del grano. La Federación Nacional de Cafeteros, impulsa el cambio de variedades tradicionales como el arábigo y el borbón, por las variedades caturra y colombia, que implican la utilización de paquetes tecnológicos; lo que a la larga termina quebrando a una gran cantidad de pequeños productores campesinos puesto que la adquisición de estos paquetes tecnológicos implica mayores costos de producción. Por lo que deben endeudarse para poder conseguirlos, no existiendo, en la mayoría de los casos, una compensación en términos de producción y comercialización del grano, en función de la inversión que se hace.

La crisis del café genera desempleo y con este, la percepción, que aún prevalece en algunos habitantes de Caramanta, de que el campo no es productivo. Lo que conlleva tanto a la emigración de personas del campo a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida, afectando la economía del municipio; como, según algunos habitantes del municipio, al cambio en el uso del suelo en la medida en que algunos propietarios (los que contaban con más dinero) convierten las tierras que tenían cultivadas en pastos. Así lo manifiesta un habitante de Caramanta quien afirma que,

Cuando hubo crisis de café, hubo desplazamiento, la gente se iba, los que tenían plata sobretodo se iban, pero tenían la plata entonces se iban pa Medellín a montar sus negocios o sus cosas o cambiaron por pasto. Entonces ya no hay necesidad de estar acá ni de tener tanto empleado porque es pasto. Pa’ cuidar cuatro vacas entonces ponían una persona y ya se iban, los dueños de las fincas se iban y dejaban una persona que cuidaba la finca, que ordeñaba las vacas, que estaba pendiente de eso (Comunicación personal, 2013)

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En la década de los noventa se evidencia, según habitantes de la zona, la presencia de grupos paramilitares en Caramanta y, en general, en el suroeste antioqueño.

1.2.2.1 EL CONFLICTO ARMADO En el desarrollo del conflicto armado en el Suroeste es posible identificar tres periodos a saber: 1985-1995, 1996-2000 y 2000-2005 (Conferencia Episcopal de Colombia, 2001).

Para el período 1985-1995 el conflicto armado se agudiza en la región del suroeste. En esta zona, la violencia tiene un impacto más localista que regional puesto que las acciones de los grupos armados, se concentran en algunos municipios sin afectar de manera significativa el grueso de la región (Conferencia Episcopal de Colombia, 2001).

Entre 1985 y 1990 son frecuentes acciones por parte de la guerrilla como la toma armada de corregimientos, emboscadas a patrullas de policía, asaltos bancarios, secuestros a pobladores, extorciones y enfrentamientos con la fuerza pública (Conferencia Episcopal de Colombia, 2001) De 1990 a 1995 es evidente una mayor presencia del Ejército de Liberación Nacional – ELN-, quien además de las acciones antes mencionadas, lleva a cabo otras destinadas al control de la población como lo son los enjuiciamientos a los funcionarios públicos y la toma de rehenes como mecanismo de presión.

A la presencia de la guerrilla se agrega, desde 1991, la de las autodefensas y el paramilitarismo en algunos municipios. Estos grupos se crean para combatir la insurgencia, dada la presión de los grupos guerrilleros sobres las élites locales. Y su acción se extiende entre 1991 y 1994 a zonas como Andes, Caramanta, Venecia y Urrao, por medio de prácticas que “no se reivindican, como la amenaza, la desaparición de personas y el asesinato selectivo contra campesinos y líderes cívicos y sindicales acusados de pertenecer o simpatizar con la insurgencia” (Conferencia Episcopal de Colombia, 2001, pág. 29)

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La financiación de grupos paramilitares por parte de élites locales fue evidenciada en su momento por actuales habitantes de Caramanta, quienes refiriéndose al mayor terrateniente de la zona, al Señor, plantean que “como la guerrilla ya empezó como a extorsionarlo a él, entonces ya él pidió paramilitares en su defensa” (Comunicación personal, 2013).

En la conformación de estos grupos paramilitares es importante el papel jugado por la organización de las Cooperativas de vigilancia Convivir y su fortalecimiento hacia los años 1995 y 1997, periodo en el que las acciones de las autodefensas se hacen más visibles (Conferencia Episcopal de Colombia, 2001). Estos grupos, además de la lucha contrainsurgente y a la par del fortalecimiento de su accionar con la presencia de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, tienden a desarrollar una estrategia de dominio en el Occidente y Suroeste de Antioquia, por medio de acciones violentas que intimidan a la población, provocando el abandono silencioso del campo.

Para el caso específico de Caramanta, estas acciones violentas se relacionan con extorsiones a los campesinos por parte de grupos paramilitares. Así lo expresa una habitante de Caramanta, quien manifiesta que,

[los paramilitares] ponían a los presidentes a que les avisaran a todos los vecinos, una reunión en Alegrías a tales horas y la gente corría iba a la reunión y era para pedirle ya la extorsión, le preguntaban: “cuánto café produce la finca, y vea esto nos tiene, esto usted nos tiene que dar” o sea ellos ya fijaban la cuota (Comunicación personal, 2013)

Durante la primera mitad de la década de los noventa, la presencia de grupos de autodefensa se evidencia en municipios como Andes, Jardín, Caramanta, Venecia y Urrao, por medio de la amenaza, la desaparición forzada de personas y el asesinato de campesinos, líderes cívicos e indígenas, acusados de pertenecer o simpatizar con la subversión. Corroborando lo anterior, la primera cumbre de las autodefensas celebrada en 1994, da cuenta de la presencia de estructuras armadas bajo denominaciones muy variadas en Betania (los Racumines), en Andes, Támesis, Caramanta y Valparaíso (La Escopeta), en Jardín (Jardín

44 sin guerrilla) y en Angelópolis, Hispania, Concordia y Titiribí, (Autodefensas del pueblo) (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2010, pág. 11)

Posteriormente estos grupos reciben el apoyo de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), con lo que logran ampliar su rango de acción.

La gestación del Bloque Suroeste de las Autodefensas, se encuentra directamente relacionada con la ampliación territorial de las ACCU. Vicente Castaño buscó incursionar en territorios que se encontraban bajo la influencia de las FARC, como lo eran los municipios de Urrao, Betulia, Concordia, Amagá, Angelópolis, Titiribí y algunos corregimientos de Ciudad Bolívar. (Aguirre, 2010) Entre 1996 y 2000 se presenta una segunda oleada de conflicto y violencia con motivo contrainsurgente paralelo al proceso de consolidación paramilitar que se logra en 1998, y que se evidencia en las confrontaciones que tuvieron lugar entre el Ejército nacional y fracciones paramilitares contra la guerrilla.

El conflicto se focalizó sobre la sociedad civil para obligarla a alienarse, por simpatía o intimidación “al respaldo político, moral y logístico de los actores armados” (Defensoría del Pueblo Regional Antioquia, 2011, pág. 213). Con el fin de acumular poder y debilitar al enemigo se llevaron a cabo, tanto por parte de las autodefensas como de diversos grupos guerrilleros (ELN, ERG y FARC-EP), contactos armados directos, retenes y restricciones de circulación en el corredor del eje vial, masacres, homicidios indiscriminados y selectivos, reclutamientos y desplazamientos forzados y bloqueos alimentarios (Defensoría del Pueblo Regional Antioquia, 2011).

Para el período comprendido entre 2000-2005 se presentan dos picos de violencia entre 2001 y 2002 y desde mediados de 2003 hasta el 2004. En este lustro se intensifican las acciones de la fuerza pública en contra de los grupos insurgentes, que disminuyen

45 el radio de acción y sostenibilidad de las organizaciones guerrilleras, (…) el único que mantuvo regularidad en las dinámicas bélicas fue el frente 34 de las FARC-EP que además de las confrontaciones directas también prosiguió con sus prácticas de secuestros y homicidios como sucedió con los concejales de los municipios de Fredonia y Urrao, el alcalde del municipio de Tarso, y los posteriores asesinatos de varios indígenas pertenecientes a la etnia Embera Chamí en el municipio de Andes cuyas comunidades se habían declarado en resistencia. (Defensoría del Pueblo Regional Antioquia, 2011, pág. 214)

En el caso específico de Caramanta, el 26 de agosto del año 2001 se presenta una masacre en los corregimientos de Barro Blanco (en el que terratenientes han concentrado grandes extensiones de tierra) y Sucre, que según el centro de investigación académica del Cinep, fue perpetrada por ‘paras’ de las AUC; y que dejó como saldo la muerte de cuatro personas en el corregimiento de Barro Blanco y una en el corregimiento de Sucre, entre las cuales había un anciano de 67 años y un menor de 14 años, conocidos campesinos de la región y un ex concejal de Caramanta (Centro de Memoria Histórica Nacional, s.f.).

En el año 2002, momento en que se inicia el proceso de negociación para lograr la desmovilización de este grupo, la estructura de las AUC contaba con presencia consolidada en municipios como Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, Amagá, Liborina y Andes. Y en el año 2005 dos estructuras armadas inscritas a las AUC se desmovilizan (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2010) En este contexto, el paramilitarismo se constituye como parte de un proyecto económico directamente vinculado con intereses multinacionales, y relacionado con la adquisición de tierras, el desplazamiento forzado y el narcotráfico (Conferencia Episcopal de Colombia, 2001). De manera que hay una correlación entre desplazamiento forzado y acumulación de tierras en la cual el desplazamiento forzado “ha funcionado como catalizador de la concentración de la propiedad rural, que, de alguna manera ha influido la tendencia hacia una estructura de propiedad conformada por latifundios” (Gaviria & Muñoz, 2007, pág. 23). Lo que se expresa, para el caso específico del Suroeste, en la disminución paulatina de los pequeños propietarios, en el periodo comprendido entre 1996 y 2004, quienes pasan de 92,2% a 91,3%. En tanto la variación de la cantidad de tierra, pasa del 31% al 24,8% de la superficie.

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Los medianos propietarios pasan de 7,3% a 8% y la cantidad de tierras de 44,7% a 41,3%, a favor del aumento del latifundio. Y el número de grandes propietarios pasa de 0,5% a 0,7%, mientras que la superficie de la tierra pasa de 24,3% a 33,9% (Gaviria & Muñoz, 2007). Por lo que la gran propiedad incrementa su superficie en 9,6% a la par que el número de propietarios se reduce en un 40% (Defensoría del Pueblo Regional Antioquia, 2011). Todo lo cual se expresa en el índice de Gini que para este periodo (1996-2004) pasa de 0,76 a 0,8, constituyendo al suroeste en “la segunda [región] en orden de concentración de la propiedad, en la cual predominan predios privados con destinación agropecuaria que concentran el 72.58% de la tierra. (Gaviria & Muñoz, 2007, pág. 27) Esta concentración de la propiedad de la tierra, se expresa en Caramanta, como se había esbozado anteriormente, en un índice de Gini de entre 0,83 y 0,86. Siendo este un fenómeno, que se da principalmente entre los años 1995 y 2000, en los que además se presenta, según los datos del DANE antes expuestos, el mayor decrecimiento poblacional14. Y en los que tiene lugar el proceso de compra de tierras en el Municipio, principalmente por parte de foráneos como el Señor. Lo que incide en el aumento en la concentración de tierras en el Municipio.

En este contexto, la tierra se constituye como un elemento de riqueza acumulativa de los individuos, de obtención de renta, y no sólo como un factor de producción. Que les otorga, a quienes la adquieren, tanto estatus a nivel económico como influencia a nivel político y en última instancia, poder, entendido como la capacidad de un individuo de ejercer la propia voluntad sobre la de otros. Lo cual les permite obtener un título de “señor” que les confiere respeto e influencia, así el dinero sea proveniente de actividades ilícitas (Gaviria & Muñoz, 2007). Lo anterior se materializa para el caso específico de Caramanta en la figura del Señor.

1.2.2.2 EL SEÑOR El Señor es considerado “el más grande y potente hacendado de la región.” (Molano, 2011)”. Hijo de un campesino de Caramanta, después de prosperar en el Valle del Cauca 14

Como ya se había mencionado el período 1993-2005 (12 años) presenta la mayor disminución de

población en Caramanta, al pasar de 8203 habitantes a 5378 (2825 personas menos)

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regresó con dinero al municipio para comprar, tanto la propiedad que su padre había vendido antes de su regreso, como “las de sus vecinos, y las de los vecinos de sus vecinos, hasta adquirir un gran globo que continuó ampliando.” (Molano, 2011).

Raras veces las personas aluden directamente a su nombre aunque todos saben cómo se llama, conocen sus nexos con políticos sindicados por parapolítica y el alcance de su poder en el municipio.

Las tierras del Señor se ubican principalmente en la parte alta del Municipio, en las que, de acuerdo con sus habitantes, se localizan algunas de las principales fuentes de agua.

En las cuales algunas empresas de exploración minera actualmente adelantan labores de exploración y en las que se han implantado monocultivos de tomate de árbol, granadilla y aguacate, promovidos en su momento como una alternativa al café para los campesinos, desde la alcaldía municipal.

La relevancia de la figura del Señor en el municipio se relaciona con su influencia a nivel político en términos de la elección de alcaldes e incidencia en la toma de decisiones a su favor en el concejo municipal. Así mismo, es el propietario de la única empresa agropecuaria del pueblo, La Tesalia. En la que, de acuerdo con algunos informantes locales, los trabajadores laboran en malas condiciones, no reciben sus salarios a tiempo, en ocasiones no se les paga y ha habido casos en los que no cuentan con acceso a salud y a pensión, pese a que se les descuentan los aportes a seguridad social, por lo que “los trabajadores salen con las manos cruzadas” (comunicación personal, 2013).

El Señor es el actor que encarna el proceso de compra de tierras en el municipio que, como se mencionó anteriormente, se da paralelo a la presencia de grupos paramilitares en la zona. Estas tierras actualmente son pastos, puesto que después de compradas, algunas pasaron de ser cultivos o trapiches a ser pastos.

Así lo manifiestan los habitantes de municipio y Alfredo Molano en su artículo “Caramanta: Tierras y Minas II”, quien expresa que,

48 [El Señor] No sólo compró los grandes trapiches con sus extensas tierras, sino que destruyó físicamente los entables y hasta antiguas casas de hacienda, para sembrar pastos e instalar ganaderías extensivas (Molano, 2011)

De ahí que el mayor porcentaje en el uso del suelo del municipio, como se había esbozado al inicio de este capítulo, lo representen los pastos los cuales han tendido a aumentar a lo largo de los años; otorgando así mayor poder al Señor, a la par de la disminución de terrenos en los cuales es posible desarrollar actividades agrícolas.

Además de contar con las principales fuentes de agua del municipio, en los terrenos del Señor, actualmente empresas de exploración minera como Solvista adelantan labores de exploración.

1.2.2.3 EL BOOM EXPLORATORIO EN CARAMANTA

Desde el año 2000 de acuerdo con los datos de la Secretaría de Minas de Antioquia, el Municipio se encuentra totalmente solicitado y titulado para la exploración minera. Este dato se encuentra consignado en el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio, realizado en este mismo año.

A 13 febrero de 2013, según información de la Secretaría de Minas del departamento de Antioquia, existían en Caramanta veintidós títulos mineros vigentes. Unos, sólo en el municipio y otros, compartidos con los municipios de Támesis y Valparaíso, que abarcaban un área de 60.3398 ha. De las cuales 4425.14 ha se encontraban en su totalidad dentro de Caramanta, representando el 51.45% de la extensión total del municipio (ver Mapa 6).

49 Mapa 6: Títulos mineros en el municipio de Caramanta a Febrero de 2013

Fuente: Secretaría de Minas del departamento de Antioquia. Febrero de 2013

Al contrastar esta información con la del Catastro Minero Colombiano (CMC), se encuentra que a septiembre de 2013 estaban vigentes dieciocho títulos mineros (uno de los cuales para febrero de 2013 era una solicitud), en un área de 3985.10315ha, representando el 46.30% de la extensión total del municipio. De los cuales doce se encontraban en el régimen del nuevo código de minas, Ley 685 de 2001. En tanto el resto estaban bajo el régimen del antiguo código de minas, decreto 2655 de 1998. Lo que genera diferencias a la hora de llevar a cabo las labores mineras en la medida en que, para el caso de los títulos que se encuentran bajo el régimen del Decreto 2655 de 1998, el contrato de concesión confiere al concesionario el derecho exclusivo a extraer los minerales correspondientes y a realizar las obras y labores de desarrollo y montaje necesarias para la explotación, beneficio, transporte y embarque de dichos minerales, sea que algunas de las obras y labores mencionadas se realicen dentro o fuera del área contratada (Art. 63. Decreto 2655 de 1998)

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Por lo que quien adquirió el título bajo este régimen debe solicitar primero la licencia de exploración y posteriormente la licencia de explotación, cuyos plazos dependen del tipo de minería que se esté desarrollando (pequeña, mediana o gran minería).

Mientras que para los títulos que se encuentran bajo el régimen de la Ley 685 de 2001, el contrato de concesión “comprende dentro de su objeto las fases de exploración técnica, explotación económica, beneficio de los minerales por cuenta y riesgo del concesionario y el cierre o abandono de los trabajos y obras correspondientes.” (Art. 45. Ley 685 de 2001) Por lo que para quien se encuentra dentro de este régimen no es necesaria la solicitud de la licencia de exploración, ya que este código elimina la licencia de exploración, y el contrato de concesión se constituye como un “paquete” en el cual se encuentran contempladas todas las fases del proceso minero (exploración, construcción y montaje, explotación y cierre de mina) y en el que no existen plazos en función del tipo de minería que se lleve a cabo pues este código elimina las distinciones entre pequeña, mediana y gran minería.

Además de los títulos vigentes, en el municipio de Caramanta también se encuentran, según información de la Secretaría de Minas de Antioquia, propuestas de contratos de concesión y solicitudes de legalización de mineros informales.

Algunos de estos mineros, han tenido problemas con empresas transnacionales por llevar a cabo explotaciones en los títulos de empresas mineras. Este es el caso de un minero en proceso de legalización de Caramanta, quien lleva a cabo una explotación de oro desde hace más de veinte años en su finca, en una zona que si bien está en su propiedad, se encuentra inscrita en uno de los títulos de una de las compañías que están presentes en el municipio (Notas de campo, 2013).

Para la resolución de este tipo de inconvenientes, no existe ninguna mediación a nivel legal, lo que representa un vacío en la normatividad minera, que puede estar relacionado con la prelación que se le da en la política minera a la inversión extranjera.

A 18 de octubre del año 2013, en un plano proporcionado por la Agencia Nacional de Minería (ANM) (ver Anexo 1), en el cual se marcan los títulos mineros vigentes, las solicitudes de legalización y las solicitudes de contrato de concesión, es posible observar la

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presión de todos estos elementos sobre la totalidad del territorio de Caramanta, dando cuenta de un conflicto por el uso del suelo, en la medida en que como se abordó en este capítulo el uso del suelo del municipio se concentra, además de en pastos, en café, plátano y caña. Siendo estos cultivos parte de la tradición productiva del municipio, y medios de subsistencia para los campesinos de Caramanta. A lo que se suma la presencia de títulos mineros en zonas de protección como el DMI. Teniendo en cuenta todos los datos antes presentados es posible afirmar que el Suroeste Antioqueño se consolida como una subregión principalmente de tradición agropecuaria en la medida en que, como se mostró antes, si bien existen minas y un potencial de oro, la minería a lo largo de la historia del mismo se constituye como una actividad marginal en relación con desarrollo de la agricultura, más puntualmente del cultivo del café, y la ganadería.

En este contexto, la crisis del café hacia finales de los años ochenta y principios de los noventa del siglo XX, se constituye en un factor que afecta las condiciones de vida de los habitantes de la zona, en gran parte dependientes de las ganancias derivadas de la producción de este cultivo. Lo que sumado a la presencia de grupos insurgentes como la guerrilla y posteriormente los paramilitares, y en general del conflicto armado en la zona; termina generando la expulsión de población del campo hacia las ciudades paralelo a lo cual se da un proceso de concentración de la tierra. Siendo estas migraciones campo-ciudad un fenómeno que perdura hasta la actualidad en municipios como Caramanta.

Por otro lado, pese a la presencia de empresas de exploración minera en el Municipio y a que en una de las veredas del mismo (Yarumalito), “siempre ha habido mina”, Caramanta es y se ha configurado históricamente como un “municipio de tradición agropecuaria” en el cual la principal actividad económica, a pesar de las crisis que ha sufrido el sector, sigue siendo, según sus habitantes, la agricultura representada en el cultivo del café principalmente. Lo que da cuenta de la importancia de este cultivo para los caramanteños.

La importancia del café para quienes habitan Caramanta, no se asocia solamente con las ganancias derivadas de la producción del mismo (que son cada vez menos desde la crisis del café), más si se tiene en cuenta que, como se mostró en este capítulo, a lo largo de los años los pastos han tendido a aumentar abarcando hectáreas que antes estaban destinadas a

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cultivos. La relevancia del cultivo de café se relaciona también con la construcción de significados, identidades y sentidos de pertenencia en torno al desarrollo de actividades agropecuarias15, específicamente alrededor del cultivo del café, instituidos históricamente en este municipio en particular y en el Suroeste antioqueño en general.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es pertinente preguntarse, ¿Cómo llegan las empresas de exploración minera a un municipio de tradición agropecuaria como lo es Caramanta? ¿A qué lógica obedece la exploración del territorio por parte de empresas transnacionales de la cual desde el año 2006 empiezan a percatarse los habitantes del municipio? ¿De dónde vienen las empresas que actualmente están presentes en Caramanta?

Estas son las preguntas que se abordarán a lo largo del desarrollo del siguiente capítulo.

15

Esta construcción de significados será abordada con mayor detalle en el tercer capítulo del documento.

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2. ENTRE LO AJENO Y LO PROPIO: AUGE EXPLORATORIO EN EL SUROESTE ANTIOQUEÑO Y CARAMANTA

Como se mostró a lo largo del desarrollo del capítulo anterior, Caramanta se ha constituido a lo largo de los años como un territorio de vocación agropecuaria en cuyo desarrollo el cultivo del café ha jugado un papel relevante, pese a la existencia de minas y de potenciales mineros en la zona.

Desde el año 2000 el municipio de Caramanta se encuentra totalmente solicitado para el eventual desarrollo de la actividad minera. Situación que no es exclusiva de este municipio sino que se evidencia en el Suroeste antioqueño y en el país en general. Y que, en el caso de Caramanta, para algunos actores como las organizaciones campesinas, termina por constituirse como la entrada de una actividad productiva que no corresponde a sus formas de vida tradicionales y que amenaza con destruirlas. ¿A qué lógicas obedece este “boom minero” que actualmente vive el país e incide en Caramanta? ¿Cuáles son los elementos que hacen posible que se presente este fenómeno? ¿Cómo se expresa la dicotomía propio/ajeno en la actual promoción del sector minero en Colombia? Son las preguntas que intentarán ser respondidas a lo largo de este capítulo.

2.1 RECONSTRUYENDO EL “BOOM MINERO” EN COLOMBIA En el siglo XIX la locomotora se erigió como un símbolo de progreso. Siendo la construcción de las vías para que esta pasara y su presencia en los países, sinónimo de crecimiento económico para la mayoría de Europa.

Dos siglos después el símbolo de la locomotora como encarnación de progreso, desarrollo y crecimiento económico vuelve a ser evocado. Esta vez por el “Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: Prosperidad para todos”, formulado e implementado por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos; en el cual se definen las locomotoras como “los sectores que avanzan más rápido que el resto de la economía” (Presidencia de la República, 2010, pág.

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13), posibilitando el desarrollo del país, entendido como el crecimiento económico del mismo. Estas locomotoras están representadas por cinco sectores a saber: vivienda, infraestructura, agricultura, minería e innovación. Siendo el sector minero el que más promoción ha tenido y el que más controversias ha generado en el país.

Sin embargo, la promoción de la actividad minera en Colombia no obedece solamente a que se la haya erigido, por medio del Plan de Desarrollo antes mencionado, como una de las locomotoras del crecimiento económico. Esta tiene que ver con procesos históricos en los cuales acontecimientos como la apertura económica en los años ochenta, el Consenso de Washington y más recientemente la promoción de la Confianza Inversionista, y los altos precios de los minerales a nivel internacional han jugado un papel relevante.

2.1.1 UN MODELO QUE SE REPITE: MINERÍA EN COLOMBIA Y AMÉRICA LATINA

Desde la década de los ochenta y con mayor fuerza en la década de los noventa, los países de la región “abandonaron progresivamente los esquemas de cooperación internacional orientados a regular el comercio internacional de productos primarios” (Sánchez-Albavera & Lardé, 2006, pág. 11), dando paso a la apertura económica.

La apertura económica tuvo lugar en el contexto de la adopción del modelo neoliberal.

Este nació después de la segunda guerra mundial en “una región de Europa y América del Norte donde imperaba el capitalismo” (Anderson, 2003, pág. 11) como una reacción teórica y política frente al estado de bienestar. De ahí que considere que los recursos naturales deben ser de libre disponibilidad y estar sujetos a las reglas de mercado y que el mercado puede tomar las principales decisiones políticas y sociales. Por lo que el Estado debe reducir su rol en la economía, dando a las empresas plena libertad, reduciendo los sindicatos y otorgando a los ciudadanos menos seguridad social (George, 1999).

Lo anterior, implicó “una vasta reorganización del poder mundial, una redefinición de las estrategias y modalidades de dominación, producidas básicamente a través de la

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reestructuración de los flujos productivos y comerciales a escala global” (Machado, 2011, pág. 154); en la cual se inscribe la actual etapa de expansión del capital, caracterizada por David Harvey (2004) como de acumulación por desposesión, que implica cada vez más la mercantilización y depredación de los bienes ambientales.

La apertura económica y sus consecuentes políticas de liberalización financiera, comercial y territorial, otorgaron al capital una enorme capacidad de movilidad, recreando una geografía mundial en la cual se da una clara diferenciación entre los espacios socioterritoriales de los países centrales en los que se concentran tanto “la producción/consumo de bienes sofisticados, generación tecnológica e innovación de procesos y productos” (Machado, 2011, pág. 156), como “los flujos financieros a escala mundial” (Machado, 2011, pág. 156).

Y los países periféricos, de los que hace parte Latinoamérica, que se integran como eslabones subordinados y se caracterizan por ser aquellos cuyas economías exportan materias primas, generando menor valor agregado y difusión tecnológica, y por ser los de mayor impacto socio ambiental de la minería global. Lo que a su vez responde, como se había mencionado antes, a una división territorial y global del trabajo, basada en la apropiación de recursos naturales, que da lugar a “nuevas asimetrías económicas, políticas y ambientales entre el Norte y el Sur” (Svampa M. , 2011, pág. 186)

Esta configuración a nivel espacial, la adopción del modelo neoliberal y sus consecuentes políticas de apertura económica, se vieron reflejadas en el manejo que se le dio al sector minero en los países latinoamericanos.

En materia de legislación en América Latina y Colombia, se presentaron modificaciones claramente influenciadas por el modelo neoliberal, ligadas a la reducción del papel de la actividad empresarial del Estado, “la cancelación de políticas nacionalistas y defensivas frente a la inversión extranjera y el abandono de la exclusividad del Estado en la explotación de los recursos mineros” (Sánchez-Albavera & Lardé, 2006, pág. 11).

La década de los noventa inaugura una etapa en la cual en un buen número de países de la región, las empresas transnacionales retoman el protagonismo minero y en la que, la

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mayoría de ellos suprimen las barreras de entrada a la explotación minera, construyendo un consenso a favor de la inversión extranjera (Sánchez-Albavera & Lardé, 2006)

Lo cual se traduce en las reformas a la legislación minera en distintos países de América Latina (Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, Guatemala, Honduras, Argentina, Colombia). En las que el principal interés es hacer atractiva la inversión en los sectores mineros nacionales por medio de la eliminación de una serie de controles e instrumentos como los controles de cambios, de comercio exterior y de las remesas de utilidades.

Todas estas reformas se relacionan con la idea de que los países compiten entre sí por la atracción de capitales, de manera que no basta poseer ventajas naturales sino que también interesan las condiciones políticas y económicas que amparan las inversiones.

En este contexto, las preocupaciones de las autoridades mineras se centran en “cómo hacer más atractiva la explotación de sus yacimientos versus las opciones alternativas de inversión en otros países con similares ventajas competitivas” (Sánchez-Albavera & Lardé, 2006, pág. 14); y en cómo ganar la confianza de las grandes empresas transnacionales asociadas al sector minero, asegurándoles seguridad jurídica, garantías a la inversión y estabilidad en el largo plazo (Sánchez-Albavera & Lardé, 2006).

La mayoría de los países de América Latina introdujeron cambios en sus legislaciones mineras en el decenio de los noventa16, a excepción de Chile que lo hizo en 1983 y de Colombia que lo hizo en el año 2001 por medio de la Ley 685.

Sin ninguna excepción, todas las legislaciones mineras Latinoamericanas establecen que el Estado tiene el dominio absoluto sobre las minas. El título minero se constituye como una forma especial de propiedad que se distingue de la propiedad privada plena en la medida en

16 Perú a comienzos del segundo semestre de 1991. Argentina entre 1993 y 1995. Brasil en 1988 y 1996.

Bolivia y Guatemala en 1997. Costa Rica, Honduras y Venezuela entre 1998 y 1999. Colombia y Ecuador, tienen modificaciones pendientes al concluir el decenio de los noventa. Para el caso colombiano se introducen reformas al código de minas con la Ley 685 de 2001, que será abordado más adelante en el documento.

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que hace referencia al “uso y usufructo de una riqueza que pertenece al Estado” (SánchezAlbavera & Lardé, 2006, pág. 22) y que se otorga sobre la base de derechos y obligaciones.

Todas las legislaciones consideran el desarrollo de la actividad minera como una actividad de interés público, utilidad pública o interés social17, lo que implica que el pleno ejercicio del título minero requiere las facilidades que corresponda, respetando los derechos de propiedad de otras personas, pero estableciendo criterios de arbitraje en caso de no existir un acuerdo entre las partes (Sánchez-Albavera & Lardé, 2006).

En general ninguna legislación excluye al Estado de una eventual explotación de los recursos sobre los cuales ejerce dominio (como es el caso de Argentina y Venezuela). Así mismo, cualquier persona, nacional o extranjera, que cuente con capacidad legal, puede acceder a la exploración y/o explotación de los recursos, por medio de un derecho o título minero.

La mayoría de las legislaciones contienen normas que se refieren al catastro minero, cuya elaboración se atribuye a la autoridad minera central. Y otorgan los derechos mineros para exploración y explotación, en algunos casos de beneficios y en los menos de comercialización. A la vez que establecen plazos de duración que pueden ser prorrogables en la medida en que se demuestre avances en los trabajos.

De igual forma, las distintas legislaciones, consagran derechos con respecto a los siguientes aspectos: i) Recepción de información adecuada y oportuna de los organismos competentes. ii) Garantías de aplicación del procedimiento establecido. iii) Protección jurídica y exclusividad del derecho minero sin más límites que los señalados por ley. iv) Pleno ejercicio del derecho minero que incluye la transferencia. v) Libre acceso a las áreas materia de la concesión.

17

2001.

Lo que se refleja en el Art.13. UTILIDAD PÚBLICA. del Código de Minas de Colombia, Ley 685 de

58 vi) Libertad para realizar las obras y labores que permitan desarrollar los yacimientos en armonía con la protección del medio ambiente. vii) Solicitar y obtener servidumbres y facultad para solicitar y obtener otros derechos necesarios para las operaciones (derechos de agua). viii) Propiedad de las sustancias y productos objeto de la concesión. ix) Libre comercialización interna y externa. (Sánchez, Ortiz, & Moussa, 1999, pág. 20)

Así como obligaciones entre las que se encuentran: • Realizar comprobadamente las labores inherentes al objeto de la concesión.

• Efectuar las inversiones requeridas y cumplir con los programas de desarrollo.

• Garantizar la seguridad de las operaciones mineras y proteger el medio ambiente. (Sánchez, Ortiz, & Moussa, 1999, pág. 20)

Todo lo cual ha estado relacionado con la “demanda cada vez mayor de los países desarrollados hacia los países dependientes en términos de materias primas o de bienes de consumo” (Svampa M. , 2011, pág. 184) que se refleja tanto en la generalización del modelo extractivo exportador (en el cual la gran minería se erige como un ejemplo paradigmático) como en la expansión de las fronteras hacia territorios considerados improductivos (Svampa M. , 2011). Lo que ocasiona transformaciones en los mismos porque la expansión de la minería se da en tierras en las cuales habitan diversas comunidades, en las que se han construido diversos sentidos culturales a lo largo de la historia, que “definen las prácticas que determinan cómo la naturaleza es apropiada y utilizada” (Escobar A. , 2005, pág. 128); y en las que el desarrollo de la actividad minera termina por destruir y reorientar “la economía de pueblos enteros, sus estilos y condiciones de vida” (Svampa M. , 2011, pág. 185), al imponer modelos que las comunidades no consideran propios, que les son ajenos.

A partir de todo lo anterior es posible entender por qué el sector minero ha sido promovido por distintos gobiernos latinoamericanos como uno de los principales motores del progreso y desarrollo, en la medida en que, según el discurso estatal, permite el crecimiento económico de los mismos. Este es un fenómeno que se presenta no sólo en los países con gobiernos que defienden y adoptan claramente el modelo neoliberal; también tiene lugar en los gobiernos progresistas o de izquierda, en los cuales pese a que se plantea discursivamente un rechazo a

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las políticas y modelos neoliberales, se sigue promoviendo el sector minero como un eje de desarrollo. Por lo que se sigue, manteniendo un estilo de desarrollo basado en la apropiación de la Naturaleza, que alimenta un entramado productivo escasamente diversificado y muy dependiente de una inserción internacional como proveedores de materias primas, y que si bien el Estado juega un papel más activo (…) se repiten los impactos ambientales y sociales negativos (Gudynas, 2009, pág. 188)

En este punto vale la pena hacer una aclaración. Pese a que, como se ha mostrado, el neoliberalismo se instauró como modelo en todo el mundo, a que dio origen a la apertura económica en América Latina y para el caso de la minería, a reformas a nivel legislativo tendientes a la atracción de la Inversión Extranjera Directa (IED) en este sector, constituyéndose como un modelo que se repite y adopta en Latinoamérica; esto no quiere decir que las dinámicas sociales que se generan a partir de la adopción de este modelo sean las mismas para todos los países, dadas las particularidades de cada uno. De ahí que si bien, el marco neoliberal, sirve para explicar las similitudes en términos del manejo que se le ha dado al sector minero en América Latina, no sea suficiente para abordar y analizar la manera en que se da el “boom minero” en Colombia. Por lo que se hace necesaria una vuelta al lugar, una glocalización del análisis, que permita entender cómo se expresa la adopción e imposición de estos modelos neoliberales a escala global en el país, y qué impactos y reacciones genera en los territorios. Cuestionando la asunción a priori de la relación de poder entre lo global y lo local en la cual lo global siempre predomina y en la que “los lugares se ven como irrelevantes en términos sociales, culturales y económicos” (Escobar A. , 2005, pág. 124).

2.1.1.1 MINERÍA COMO LOCOMOTORA DEL DESARROLLO: UNA MIRADA RETROSPECTIVA

Como se mencionó en el apartado anterior, el auge y promoción del sector minero en Colombia no es un proceso aislado. Este se inscribe en el contexto de la promoción y adopción del modelo neoliberal a nivel global y de la demanda de materias primas por parte

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de los países que se han dado en llamar desarrollados. Todo lo cual ha generado cambios en la legislación minera del país y de América Latina en general, tendientes a la atracción del capital extranjero, por lo que la promoción del sector minero privilegia un tipo de minería: la gran minería llevada a cabo por empresas transnacionales.

Para el caso específico de Colombia, las reformas realizadas entre los años 1990 y 1994, durante el mandato de Cesar Gaviria y posteriormente la introducción, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez,

del paquete de reformas laborales, modificaciones

tributarias y reformas de la seguridad social sustentadas en la promoción de la “Confianza inversionista” en el país, se constituyen en algunos de los principales elementos que hacen posible la promoción del sector minero en Colombia.

Hacia 1990 y 1994, César Gaviria adopta durante su mandato, el lema “Bienvenidos al futuro”, e introduce profundas reformas en el Estado, sobre todo en lo referente a los sistemas tributarios y arancelarios que traen como consecuencia la privatización de muchos activos estatales en los sectores de electricidad, la banca, el agua y la sanidad (Ramiro, Gónzalez, & Pulido, 2007) Así mismo, durante el periodo de gobierno de Gaviria, se presenta la venta de sectores estratégicos de la economía a transnacionales, reducción del Estado, reformas que tienden a la flexibilización y precarización laboral y prebendas para el desarrollo del sector financiero (Romero M. , 2008). A lo que se suma la desindustrialización y crisis del aparato productivo colombiano en la medida en que el país se constituyó (y se constituye aún) como un proveedor de materias primas y servicios a nivel internacional, importando de otras economías más competitivas la mayoría de los bienes (Ramiro, Gónzalez, & Pulido, 2007) En este contexto, los grupos económicos que se habían consolidado en la segunda mitad del siglo XX, emprendieron un proceso de internacionalización por medio de fusiones, ventas y articulaciones a grandes corporaciones globales.

Así mismo,

61 Las grandes transnacionales, especialmente de origen norteamericano, británico y español, “aparecieron con fuerza en las actividades extractivas de hidrocarburos y en el sector servicios (finanzas, salud, telecomunicaciones, medios de comunicación, construcción, turismo y seguros) (Ramiro, Gónzalez, & Pulido, 2007, pág. 20)

Todo lo cual encarna las disposiciones del Consenso de Washington, entendido como un listado de políticas económicas formulado durante los años noventa por organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Reserva Federal y por el gobierno de Estados Unidos; en el cual se identificaba un “conjunto deseable de política económica” (Moreno, Pérez, & Ruiz, 2004, pág. 169) para hacer que Latinoamérica avanzara en su crecimiento. Teniendo en cuenta los siguientes lineamientos a seguir por los distintos países de América Latina: 1. Asegurar la disciplina fiscal, con un déficit operativo de no más del 2% del PIB; 2. Establecer las prioridades del gasto público18; 3. Incrementar el ingreso fiscal; 4. Liberalizar las tasas de interés; 5. Establecer un régimen flexible de tipo de cambio; 6. Liberalizar el comercio exterior; 7. Liberalizar los flujos de inversión extranjera; 8. Privatizar empresas paraestatales; 9. Desregular para promover la competencia; 10. Garantizar los derechos de propiedad (Moreno, Pérez, & Ruiz, 2004).

Esta dinámica se vio acentuada durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez (20022006), en el que se introdujo un paquete de medidas asociado con reformas laborales, modificaciones tributarias y reformas de la seguridad social, sustentadas en la promoción de la “Confianza inversionista” en el país. Que según autores como Aurelio Suárez, “le da prioridad a las necesidades actuales del capital financiero internacional, demandantes del máximo beneficio posible y del mínimo riesgo, y una legislación acorde con ella” (Suárez, 2010) en la medida en que suprime el impuesto que las empresas extranjeras pagan cuando giran sus utilidades a sus respectivas casas matrices, vuelve al sistema de concesiones para la explotación de recursos naturales y mineros y crea zonas francas empresariales que rebajan impuestos “y acomodan la legislación colombiana a la medida del inversionista” (Suárez, 2009)

18

Lo que implicó la eliminación de los subsidios.

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Todo lo cual se relaciona con las reconfiguraciones a nivel jurídico en el ámbito minero, antes esbozadas. Que para el caso específico de Colombia, se expresan en la reforma al primer código minero del país, expedido por medio del Decreto 2655 de 1988. El cual es modificado por medio de la Ley 685 de 2001, Nuevo Código de Minas en el cual se establece (al igual que en el Decreto 2655 de 1998) que la minería es una “«actividad de utilidad pública y de interés social» lo que permite la expropiación unilateral de bienes en los que se sospeche que hay minerales independientemente de quién ocupe esos lugares” (PIB, 2011, pág. 9). Además de posicionar al Estado (por recomendación del Banco Mundial) como facilitador y fiscalizador de los recursos mineros, eliminando su papel como empresario; aboliendo las distinciones existentes entre pequeña, mediana y gran minería; y suprimiendo la licencia de exploración

Estos cambios en la legislación minera, la promoción del sector minero y la visión de la inversión extranjera como el elemento que permite el desarrollo económico y por lo tanto social del país, se relacionan con la idea de desarrollo, instituida a partir de los reacomodos ocurridos a nivel mundial al final de la segunda guerra mundial.

La idea de desarrollo comprende un conjunto de prácticas y estrategias originadas en el discurso de postguerra sobre el Tercer Mundo, tendientes a hacer posible que este contara con los factores materiales e institucionales requeridos para alcanzar rápidamente las formas de vida creadas por la civilización industrial. Consolidándose así una mayor intervención por parte de los países desarrollados en el denominado Tercer Mundo (Escobar A. , 1986), en los países periféricos; en la que se imponen y promueven modelos aparentemente disponibles para los mismos.

Es así como el desarrollo se constituye e instituye como un régimen de representación a partir del cual se generan discursos y visiones sobre los que se consideran subdesarrollados.

Dentro de las cuales se construye la subjetividad del subdesarrollado, caracterizada por rasgos como la impotencia, la pasividad, la pobreza y la ignorancia; de manera que las personas que habitan en países subdesarrollados, siempre parecen estar a la espera de una mano occidental (blanca) que los auxilie (Escobar A. , 2010) . Que para el caso de la

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promoción del sector minero, se encuentra representada en grandes empresas transnacionales, quienes por medio de su inversión extranjera permiten (de acuerdo al discurso estatal) el desarrollo del país; y de manera más amplia en la adopción del modelo neoliberal y las disposiciones del Consenso de Washington antes expuestas, que se constituyen como una intervención directa en los lineamientos de política de los países y se promueven como elementos recomendables que el llamado Tercer Mundo debe adoptar, con el fin de alcanzar el nivel de vida y crecimiento económico de los países desarrollados.

De esta manera, en la idea de desarrollo, existe una noción de qué es lo deseable y cuáles son las instrucciones que se deben seguir para conseguirlo. Lo que desconoce las realidades propias de los territorios y sus habitantes, sus formas de vida y de relacionamiento entre sí y con la naturaleza, generando fracturas y transformaciones al interior de las comunidades.

Todo lo anterior ha tenido como correlato el incremento de la Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia en el sector de minas, que para el año 2011, según datos del Banco de la República fue de US$12.239, representando el 80% de la IED total; y para el primer semestre del año 2013 representó el 58.9% de la IED en minas y petróleos (Portafolio, 2013). Lo que a su vez guarda relación con el aumento de los títulos mineros en el país (ver Gráfico 2). Existiendo, para finales de diciembre de 2012, 9.400 títulos mineros suscritos que cubren 5,6 millones de hectáreas (ha); y más de 19.000 solicitudes de zonas con potencial minero por resolver (Negrete, 2013).

Estos cambios en la legislación minera y la promoción del sector minero son evidenciados por funcionarios de empresas de exploración minera presentes en el país como Solvista, quienes plantean que el estado colombiano desde hace aproximadamente diez años ha hecho esfuerzos para que las empresas extranjeras hagan inversiones en Colombia, siendo el auge en el número de títulos y solicitudes de zonas con potencial minero el resultado de esa labor (Sanz, 2013).

64 Gráfico 2: Títulos mineros en Colombia (2005-2010)

Número de títulos

Títulos mineros en Colombia 2005-2010 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0,000 2005

2006

2007

2008

2009

2010

Año

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario Estadístico Minero Colombiano

Además de los cambios a nivel jurídico-político en materia de política minera en Colombia, el aumento de los títulos mineros en el país y de la IED en el sector minero ha estado relacionado con el aumento en los precios del carbón antracita en el año 2004 y del troy de oro del 2008 al 2011 (ver Gráfico 3).

Gráfico 3: Precio Internacional del oro

Fuente: http://www.informaccion.com/new/boletin/boletin-2011-022.html Consultado el 4 de octubre de 2013.

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Por lo que, la conjunción de políticas económicas asociadas al modelo neoliberal, un escenario internacional de precios favorables de los metales y la necesidad de las empresas mineras de incorporar nuevos territorios explotables, se constituyen como elementos que posibilitan que los flujos de inversión se trasladen a América Latina (Lamberti, 2011).

Generando un aumento en la titulación y solicitud de zonas con potencial minero, que entra en conflicto con las prácticas productivas de los habitantes de los territorios, originando tensiones entre los mismos, como en el caso de Caramanta.

2.2 SOLICITUDES Y TITULACIONES DE ZONAS CON POTENCIAL MINERO EN CARAMANTA Como se esbozó en el primer capítulo y a lo largo de este, desde el año 2000 el municipio de Caramanta se encuentra totalmente solicitado para el eventual desarrollo de la actividad minera dada la existencia de zonas con potencial minero, especialmente para oro. Este fenómeno no se ha presentado sólo en Caramanta, también ha tenido lugar en el Suroeste antioqueño, en el departamento de Antioquia y en el país en general. Razón por la cual, antes de hablar acerca de las solicitudes y titulaciones vigentes en Caramanta, se presentará información referente a los títulos y proyectos mineros que existen actualmente en el departamento de Antioquia y el Suroeste.

2.2.1 PROYECTOS MINEROS ACTUALES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Desde el año 2005 tanto las solicitudes como las titulaciones de zonas con potencial minero en el departamento de Antioquia han aumentado, al igual que en el resto del país.

Para el año 2005, Antioquia tenía 506 solicitudes radicadas y en el año 2010 contaba con 1.024, aumentando en un 51% con respecto al 2005. Para este mismo periodo (2005-2010) Antioquia pasó de tener 666 títulos mineros a 1.357, nuevamente presentando un aumento de más del 50% con respecto al año 2005 (Ver Gráfico 4). En abril del año 2013, Antioquia contaba con 1531 títulos vigentes en un área de 1.088.575 ha, de los cuales 938 eran para

66

oro (el 61.27%), 450 para materiales de construcción (el 29.39%), 69 para carbón (el 4.51%), 72 para materiales minerales (4.7%), 1 para sal (0.06%) y 1 para todos los minerales (0.06%) (Marín & Londoño, 2013)

Este auge en los títulos mineros ha estado acompañado de la presencia de empresas mineras y de exploración minera en el departamento de Antioquia, que buscan desarrollar una eventual explotación en el largo plazo. Y la mayoría de los proyectos mineros que se desarrollan actualmente en Antioquia y Colombia en general, son proyectos de exploración minera.

Gráfico 4: Títulos mineros en el departamento de Antioquia 2005-2010

Número de títulos

Títulos mineros en el departamento de Antioquia 2005-2010 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

1216

1204

2008

2009

1050 666

2005

1357

818

2006

2007

2010

Año

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario Estadístico Minero Colombiano

La exploración minera es una etapa del proceso minero, en la cual se busca confirmar qué minerales están presentes en un área específica, su ubicación, cantidad, calidad, posibilidades técnicas de extracción, así como el impacto socio ambiental del proyecto (Ministerio de Minas y Energía, 2012). Consta de tres fases a saber:

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-Fase I. Exploración geológica de superficie: comprende el conjunto de actividades que conducen al estudio y caracterización geológica superficial de una zona específica y que hacen posible establecer “los sectores que presentan las mejores manifestaciones o indicios geológicos que indican la presencia, somera o profunda de una sustancia mineralizada” (Ministerio de Minas y Energía-Ministerio de Medio Ambiente, 2002, pág. 36). Esta fase da continuidad a los trabajos de búsqueda de un depósito mineral, si los resultados son positivos.

Durante el desarrollo de esta fase, las empresas deben presentar los objetivos y el alcance del proyecto a las autoridades locales y la comunidad en general. Y se lleva a cabo la adecuación de campamentos y helipuertos; la utilización de trochas y accesos existentes, la apertura de trincheras y apiques19 , muestreo y remisión de muestras al laboratorio20, entre otras actividades.

-Fase II. Exploración geológica del subsuelo: a partir del desarrollo de esta fase se busca delimitar el depósito del mineral potencialmente económico, “con estimativos más específicos de tamaño y contenido mineral, definiendo el verdadero potencial geológico minero del yacimiento” (Ministerio de Minas y Energía-Ministerio de Medio Ambiente, 2002, pág. 45). Durante el desarrollo de esta etapa se llevan a cabo la elaboración del programa de apertura de pozos y galerías exploratorias, perforaciones de pozos profundos y apertura de túneles, apiques y trincheras21; la descripción, el muestreo y la remisión para análisis, entre otras actividades.

-Fase III. Evaluación y modelo geológico: Durante esta fase, con base en la información recolectada durante el desarrollo de las anteriores, se define el verdadero potencial del yacimiento. En esta etapa se evalúa la calidad y el tenor del yacimiento22, se establece su

19 Consiste en “labores de excavación somera que se comienzan eliminando la cobertura superficial, bien sea vegetal, suelo orgánico, roca alterada o cualquier material de derrubio que esté cubriendo la roca fresca” (Ministerio de Minas y Energía-Ministerio de Medio Ambiente, 2002, pág. 41). Lo que contribuye a precisar las características geológicas superficiales de la zona de estudio.

20 Consiste en la recolección de pequeñas porciones de material geológico o botánico, que una vez analizados dan una visión general de los contenidos cuantitativos de los elementos de interés para la exploración técnica. (Ministerio de Minas y Energía-Ministerio de Medio Ambiente, 2002) 21 “La perforación es una actividad que mediante la penetración de una broca o barrero, operada generalmente por medios mecánicos, remueve una porción tubular del subsuelo” (Ministerio de Minas y Energía-Ministerio de Medio Ambiente, 2002, pág. 48). Su objetivo es la obtención de información que permita caracterizar el mineral desde el punto de vista geológico y de calidad.

22 El tenor del yacimiento hace referencia a la concentración del o los minerales del depósito.

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modelo geológico 23 y se calculan las reservas con el fin de definir la producción anual y vida probable de la mina, el método de explotación, el capital, equipo, mano de obra, energía, etc. necesarios, y las materias primas y suministros requeridos.

El desarrollo de estas fases generalmente está a cargo de empresas de exploración minera.

Las empresas de exploración minera, también llamadas junior, son aquellas aquellas que se encuentran en etapa de exploración o, estando en la etapa de producción, cuentan con reservas probadas y probables, de acuerdo con datos de estudios técnicos, que le proporcionan a la mina una vida útil. Para llevar a cabo sus operaciones, estas empresas listan sus acciones en bolsas con segmentos de capital de riesgo como lo son

la Toronto Stock Exchange (TSX) en Canadá, la Australian Stock Exchange (ASX), la London Stock Exchange (LSE) en el Reino Unido, la New York Stock Exchange (NYSE) en Estados Unidos y la Bolsa de Valores de Lima (BVL) en Perú, entre otras. Esta última es la única bolsa en América Latina que cuenta con el segmento de capital de riesgo (Comisión chilena del cobre, 2013, pág. 19)

Con el capital que obtienen al vender sus acciones en bolsas como las ya mencionadas, las empresas invierten en el proyecto para satisfacer las demandas del mercado. A medida que el proyecto avanza, si los resultados son favorables, es decir si se encuentra con un potencial minero susceptible de ser explotado, sube la acción de la empresa, las ganancias de los inversores y se vende el proyecto a una empresa de explotación minera que será la que finalmente lleve cabo la fase de explotación.

La mayoría de las empresas que participan en algunos de los principales proyectos relacionados con el sector minero en Antioquia son empresas junior o de exploración minera (ver Imagen 1)

23 El modelo geológico del yacimiento contiene información relacionada con la distribución espacial en superficie y profundidad del depósito, la geometría del mismo, el cálculo y categorización de las reservas, entre otros elementos.

69 Imagen 1: Proyectos mineros en Antioquia

Fuente: http://www.desdeabajo.info/component/k2/item/21706-%C2%BFcaf%C3%A9con-miner%C3%ADa.

De las empresas presentadas en la Imagen 1 son empresas de exploración minera o junior, Bandera Gold, Continental Gold, Gran Colombia Gold, Solvista Gold Corporation, Antioquia Gold, Colombia Crest Gold, gran parte de ellas de origen canadiense.

Sólo Anglo Gold Ashanti, se constituye como una empresa minera, es decir cuenta con la capacidad económica de llevar a cabo tanto la exploración como la explotación. Esta compañía ha hecho alianzas con Exploraciones Chocó, que tiene ocho títulos representados en 61 mil 185 hectáreas. Con Exploraciones Chaparral Colombia SAS, a través de dos títulos en Rovira y Valle de San Juan (Tolima) con cuatro mil 904 hectáreas. [con] Minera Quebradona Colombia SA, con cinco títulos en 12 mil 699 hectáreas en los municipios de Jericó, Jardín, Támesis, Andes y Pueblo Rico, Antioquia.

70 [con] Gramalote Colombia Ltda, [que] tiene 14 títulos en 20 mil 716 hectáreas, en los municipios de San Roque, Santo Domingo, Cisneros, Maceo, San Rafael, Yolombo Antioquia.

(El Nuevo Día, 2012)

Lo que evidencia que si bien los títulos pueden estar a nombre de distintas personas, en últimas puede ser una misma empresa la que esté interesada en el potencial minero presente en una zona específica, dificultando la identificación de las empresas con intereses en un territorio específico.

La presencia de empresas transnacionales mineras o de exploración minera ha generado distintas reacciones en todo el país y el departamento de Antioquia, en función de la percepción que se construye frente a una eventual explotación minera, que se asocia con las maneras de relacionarse con el territorio y las prácticas productivas que han tenido lugar en este a lo largo de los años. Así lo expresa John Mario Villegas, sociólogo y funcionario de Corantioquia, quien plantea que,

Si hablamos del Bajo Cauca (…) Nordeste y Magdalena Medio, el tema de la minería es un punto de renglón económico, hay un tema de convivencia con él, allá el tema es la regulación de la explotación de la minería ¿cierto? Y la preocupación de la gente es ¿cómo se equilibra la explotación minera con la explotación con las necesidades de la población?

En el caso por ejemplo del suroeste (…) ahí las condiciones de la minería son que apenas se está ingresando, apenas las tierras las han concesionado desde el estado central y por lo tanto la preocupación de las comunidades es que cambie el uso del suelo, que cambie la vocación que es campesina, cafetera, que cambie esa vocación y esa cultura cambie a una cultura minera, entonces la preocupación de todo el mundo allí, en ese territorio, es que la minería no entre (Villegas, 2013)

Esta preocupación en la subregión del Suroeste antioqueño, en la cual se encuentra localizado el municipio de Caramanta, ha llevado a que algunos de los habitantes de municipios como Valparaíso, Támesis, Jericó, Andes, Tarso, Pueblorrico y Caramanta expresen su inconformidad frente al eventual desarrollo de la minería. En la medida en que

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ven amenazada su vocación agrícola por una vocación minera, que parece imponerles el gobierno nacional por medio de sus políticas de promoción de este sector, obedeciendo modelos promovidos desde países como Estados Unidos.

2.2.2 PROYECTOS MINEROS EN EL SUROESTE ANTIOQUEÑO Y CARAMANTA

En el suroeste antioqueño existen 602 títulos mineros y más de 74.088 hectáreas solicitadas (Gutiérrez, 2013), lo que se relaciona con la presencia de potencial minero para oro, en la medida en que esta zona geológicamente forma parte de un ramal de la cordillera occidental conocida como el Cinturón de Oro, que nace en Marmato y abarca los municipios de Ríosucio y Supía (Caldas), Valparaíso, Jardín, Támesis, Jericó, Tarso, Pueblorrico, Caramanta y Andes (Toro, 2012) (ver Imagen 2).

Este potencial ha despertado el interés

de

grandes

Imagen 2: Cinturón de Oro de Colombia

empresas

transnacionales mineras como Anglo Gold Ashanti, B2Gold y de empresas de exploración minera como Solvista Gold Corporation. Que actualmente desarrollan

proyectos

como

el

Caramanta Proyect, que abarca los municipios de Támesis, Caramanta, Valparaíso y Aguadas (Caldas).

Lo anterior guarda relación con la

FUENTE: El Mundo

solicitud de zonas con potencial minero en el municipio de Caramanta desde el año 2000, que de acuerdo con la información otorgada por la Secretaría de Minas a la alcaldía municipal por medio del oficio 16756 del 30 de noviembre del año 2000, para entonces se encontraba totalmente solicitado para la eventual explotación minera.

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Pese a haber sido solicitado desde el año 2000 y a estar mencionado en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio, es sólo años después24 que los habitantes empiezan a percatarse de la presencia de empresas mineras en el Municipio. Lo que da cuenta del manejo que se le da a la información referente al tema minero y a las posibilidades de acceso a la misma. En la medida en que pese a ser de carácter público, es decir, en teoría cualquier ciudadano puede acceder a ella en el momento en que lo desee; es necesario presentar un derecho de petición ante la autoridad minera con el fin de conocer los títulos y solicitudes vigentes en una zona específica.

Lo que también se evidencia en el manejo que le dan las empresas mineras o de exploración minera a la información referente a sus proyectos, dado que pese a que esbozan que es de carácter público y para el caso de Caramanta, “cualquier persona puede venir a preguntar” (Notas de campo 2013); cuando se solicita una entrevista a los funcionarios de estas empresas para la realización de una investigación, es necesaria una carta de presentación de la Institución a la cual se pertenece, así como el envío previo del guion de entrevista. A partir de lo cual estas deciden si otorgarla o no 25. Por lo que la institución a la cual se pertenece o representa, posibilita o dificulta el acceso a la información y condiciona el tipo de discursos producidos por estas empresas.

La existencia de títulos y solicitudes en la zona, ha tenido como correlato la presencia de funcionarios de las empresas en la zona. Actualmente los habitantes del Municipio de Caramanta identifican claramente cuatro empresas transnacionales a saber: Iamgold, Corporación Minera de Colombia (Colombian Mines Corporation), Solvista Gold Corporation y Caramanta Conde Mine. Esta última sancionada por Corantioquia por haber empleado durante el proceso de exploración recursos renovables ubicados en la zona

24 no fue posible estimar exactamente en qué año empiezan a percatarse los habitantes del municipio de la presencia de empresas transnacionales puesto que para algunos este fenómeno ocurre en el año 2004, en tanto para otros se da inicialmente hacia los años 2006-2007 y con mayor fuerza, posteriormente en el año 2009.

25 Durante el desarrollo de esta investigación sólo fue posible hablar con los funcionarios de la empresa Solvista en la medida en que las demás empresas se negaron a entregar información, planteando que no les estaba permitido hablar sobre el proyecto de exploración que adelantan en el Municipio.

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declarada como Distrito de Manejo Integrado Cuchilla Jardín Támesis, sin los permisos requeridos (Corantioquia, 2012).

De estas empresas, sólo las tres últimas tienen títulos mineros a su nombre. Ya que Iamgold, es la operaria de la empresa canadiense Tolima Gold26, que tampoco tiene títulos a su nombre, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Minas de Antioquia; y que en julio del año 2012 traspasó algunos de sus títulos a la empresa de exploración canadiense, Solvista Gold Corporation.

Esta inexistencia de títulos a nombre de las empresas que se encuentran actualmente en el municipio de Caramanta, se explica porque, si bien una empresa puede ser la que esté llevando a cabo las labores de exploración, el título puede estar a nombre de otra compañía o persona natural. Lo que dificulta la identificación de las compañías que se encuentran adelantando labores ya sea de exploración o explotación en un lugar específico y da cuenta del manejo que se le da al título minero, pues este, una vez adquirido, puede ser comprado y vendido a cualquier persona o compañía. O quien lo adquirió puede contratar o establecer alianzas con terceros para que lleven a cabo las labores de exploración, siendo esta la concreción de la forma en la que operan las empresas junior, esbozada párrafos atrás.

Este fenómeno ha sido percibido de manera clara por algunos actores del municipio quienes afirman que muchos de los títulos con los que cuenta actualmente Solvista por ejemplo, fueron adquiridos por personas naturales que posteriormente traspasaron su título a esta empresa. De ahí que manifiesten que, (…) las de Solvista la mayoría fueron solicitudes del señor que tenía la mina en Yarumalito, que él empezó a hacer solicitudes y la familia de él hizo solicitudes por casi todo el municipio y Solvista como que las adquirió todas, el señor ¿cómo era que se llamaba? Ya no me acuerdo el nombre pero él, el que fue dueño mucho tiempo de la mina de Yarumalito, fue el que hizo 26

En el año 2012 de acuerdo con información otorgada por la secretaría de ambiente de Caramanta, esta empresa estaba desarrollando procesos de exploración minera en el área de influencia de la Reserva de los Recursos Naturales Zona Rivereña del Rio Cauca. Y hasta ese momento no contaba con autorizaciones legales por parte de Corantioquia como licencia de concesión de aguas, permiso de vertimiento ni permiso para intervención de bosques. Pese a lo cual estaba haciendo uso del caudal de Aguadita Chiquita, dejando a unas familias sin agua; y realizando una intervención de bosque sin autorización de la autoridad ambiental (Notas de campo, 2013).

74 todo el procedimiento de minería en el municipio y Solvista las adquirió de negocio con él no sé de qué forma, pero esa son la mayoría. Pues lo que logramos investigar pues de quiénes eran, eran casi todas de la familia de ese señor, que la hermana, que la mamá, que la hija, solicitaban eso para una misma familia, la que tiene muchas solicitudes. (Comunicación personal, 2013)

Lo que, como se mostrará en el siguiente apartado, parece no corresponder sólo al caso de la empresa Solvista sino también, al de la empresa Corporación Minera de Colombia o Colombian Mines. Que declara abiertamente, en su página de internet, tener un acuerdo de opción de compra en Yarumalito con el señor Pérez, quien posee los títulos mineros de la zona en la cual actualmente la empresa adelanta las labores de exploración y de los terrenos en los que se encuentra ubicada la mina.

2.2.2.1 EMPRESAS DE EXPLORACIÓN MINERA PRESENTES EN CARAMANTA Solvista Gold Corporation, Tolima Gold y Corporación Minera de Colombia, son las empresas transnacionales que adelantan actualmente proyectos en distintas zonas del municipio (ver Mapa 7). En las que, a excepción de la vereda Yarumalito, se han desarrollado tradicionalmente prácticas agropecuarias, ligadas al desarrollo de la producción cafetera y a la ganadería extensiva.

A continuación se presentan los principales proyectos mineros presentes en Caramanta.

75 Mapa 7: Proyectos de Empresas Transnacionales mineras en Caramanta

FUENTE: http://www.solvistagold.com/pdfs/Solvista_Corporate_Presentation_July2013.pdf.

Consultado (20/09/2013)

2.2.2.1.1 CARAMANTA PROYECT Este proyecto adelantado por la empresa Solvista Gold Corporation, se encuentra localizado en los municipios de Caramanta, Támesis, Valparaíso y Aguadas (Caldas). Cubre un área de 60.554,37 ha aproximadamente, distribuidas en 19 títulos mineros que consisten en cinco contratos de concesión en pleno vigor, que abarcan un área de 4,023.55 ha y dos contratos de concesión de 1.690,06 ha que están en proceso de inscripción en registro minero nacional. Una licencia de exploración que abarca un área de 3.051.46 ha. Once solicitudes de contrato de concesión en un área de 51.789,30 ha, en seis de las cuales (que constituyen un área de 4.878,45 ha) han completado los estudios técnicos (Chamois, 2011).

En Caramanta, esta compañía adelanta labores de exploración en las veredas Conde, Barro Blanco y Olivales. En algunas de las cuales tiene instaladas plataformas de exploración (ver Foto 5) (a las cuales no me permitieron ir) y realiza perforaciones con el fin de estimar la concentración de oro y cobre. En enero del año 2013, en función de los precios del mercado

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la concentración que buscaban de estos minerales era de 0,7 g/tn, así lo expresó un funcionario de la empresa, en una conversación informal. Lo que contrasta con la información otorgada en entrevista por otros empleados de Solvista, quienes manifestaron que aún no sabían qué concentraciones buscaban y no explicitaron claramente cuáles eran los minerales en los que estaban interesados. De esta manera, se evidencian incongruencias en la información otorgada por los funcionarios de la empresa, en función del contexto en el cual se produce el discurso. Siendo este un síntoma de la falta de claridad en la información que circula en el Municipio con respecto al desarrollo de las labores de las empresas.

Foto 5: Plataforma de exploración de la empresa Solvista

FUENTE: http://www.solvistagold.com/spanish/#!prettyPhoto[pom]/0/. Consultado (09/03/14)

2.2.2.1.2 PROYECTO YARUMALITO El proyecto Yarumalito se encuentra localizado a 11 kilómetros del norte de Marmato; a 3.4 kilómetros al norte de Caramanta y a 4.3 kilómetros al sur de Valparaíso. La propiedad abarca 1,425 ha, distribuidas en seis títulos mineros propiedad del señor Miguel Pérez y su familia. Con quienes la compañía tiene un acuerdo de opción de compra de la propiedad

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(Thompson, 2006), que de acuerdo con los estudios llevados a cabo, tiene un alto potencial para albergar un gran tonelaje de oro y cobre.

Los seis títulos mineros comprenden tres contratos bajo el régimen de la Ley 685 de 2001. Dos licencias de explotación y una licencia de exploración bajo el régimen del Decreto 2665 de 1998 (Antiguo código de minas) (Thompson, 2006). Que fueron unificados en una superficie total concedida de 1.448ha.

En marzo de 2012, Colombian Mines Corporation, más conocida en Caramanta por su nombre en español, Corporación Minera de Colombia, consiguió la inversión en el proyecto de la compañía Teck Resources Limited, también relacionada con el sector minero. Gracias a lo cual empezaron perforaciones el primero de agosto de 2013 (Colombian Mines Corporation, 2013).

2.2.2.1.3 ANCAL PROYECT El proyecto ANCAL, de la empresa minera Tolima Gold operado en Caramanta por Iamgold, se encuentra localizado al sur de Antioquia y al noroeste de Caldas. Abarca 21 concesiones y 14 solicitudes en un área de 20.632 ha. Comprende las zonas de Oro Fino, El Salto, Pácora, Campana y San Bartolomé (ver Mapa 8).

Oro Fino, se encuentra localizado a 7 kilómetros (km) al noroeste de Marmato, y abarca una parte de la vereda Chirapotó de Caramanta. Es una zona que presenta anomalías para oro y molibdeno. El Salto se localiza a 3.5 km al norte de Marmato, de acuerdo con las muestras analizadas por la compañía, tiene una concentración promedio de oro de 0.94g/t. Pácora está localizado a 1km al noroeste de Oro Fino, en esta zona se han obtenido en las muestras analizadas, concentraciones 4.90g/t. Finalmente, San Bartolomé se encuentra localizado a 4 km al este de Marmato y las concentraciones allí localizadas varían entre 0.1 y 1.0 g/t.

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Mapa 8: Proyecto ANCAL

FUENTE: http://www.tolimagold.com/pdf/Mapa-Ancal-Actualizado.pdf. Consultado (20/09/2013)

La presencia de estas empresas en el municipio y en general la promoción de la minería como una locomotora de crecimiento para el país, ligada a la declaratoria de esta actividad como de utilidad pública e interés social, ha generado que desde el año 2000, el tratamiento que se le da al tema minero en el Municipio haya variado progresivamente. Lo que se evidencia en el Esquema de Ordenamiento Territorial y en los planes de desarrollo municipales.

En el año 2000, el Esquema de Ordenamiento territorial de Caramanta planteaba que el Municipio se encontraba totalmente solicitado y titulado para el desarrollo de la actividad minera. Sin embargo, existen zonas (como el DMI) en las cuales hay restricciones para el desarrollo de esta actividad.

Cuatro años después, el plan de Desarrollo 2004-2007, Unidos Construyendo Futuro formulado durante el mandato del alcalde Augusto de Jesús Gómez Palacio, quien para

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algunos habitantes estaba al servicio de El Señor, no mencionaba nada referente a las solicitudes y titulaciones de zonas con potencial minero. Y sólo esbozaba que en la vereda Yarumalito desde hace más de doce años viene funcionando una explotación de oro en veta, que si bien se ha constituido como una fuente de trabajo para la mayoría de los habitantes de la vereda27, ha modificado sus costumbres, pasando de una cultura agrícola a una cultura minera. A la vez que ha generado la contaminación de la quebrada Vequedo (por el uso de mercurio para la extracción del oro y tanques de decantación obsoletos) e impactos negativos sobre el paisaje (ver Foto 6).

Foto 6: Mina abandonada ubicada en la vereda Yarumalito

FUENTE: Guillermo Ossa/ El Tiempo

Posteriormente, el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011, Más para Caramanta, del alcalde Juan Guillermo Valencia Álvarez, quien para algunos después de ser electo se alió con El Señor; planteaba con respecto al tema minero que en el Municipio se encontraban algunas firmas extranjeras adelantando estudios preliminares para una posible explotación de oro y de otros metales de interés comercial. No aludiendo en ningún momento a la explotación minera que se llevaba a cabo en Yarumalito y de la que se hablaba en el plan de desarrollo anterior, pese a que aún estaba siendo adelantada por parte de algunos pequeños mineros. Con lo que se empieza a invisibilizar la presencia de mineros artesanales en el Municipio, centrado la atención en las empresas transnacionales.

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Como se había mencionado anteriormente, no fue posible estimar cuántos de los habitantes de la vereda Yarumalito desarrollan labores de explotación minera.

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Finalmente el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2014, Caramanta… Nuestro Compromiso del alcalde Julián Andrés Granados, esboza en lo referente al tema minero, que el Municipio hace parte del cinturón de oro de Colombia junto con los municipios de Támesis, Jardín, Marmato, entre otros, en los que se están llevando a cabo proyectos de megaminería que han alertado a las autoridades ambientales y a los movimientos de protección de los recursos naturales. Razón por la cual se plantea la necesidad de formular un plan de desarrollo minero y de tener en cuenta “las diferentes alertas en el tema medioambiental que hacen necesaria la creación de comités interinstitucionales, tanto para la educación en temas ambientales como para la vigilancia de los mismos.” (Alcaldía Municipal de Caramanta, 2012, pág. 106). Lo que evidencia la importancia del potencial minero existente en el Municipio, la existencia de proyectos ejecutados por empresas transnacionales no sólo en Caramanta sino en el Suroeste Antioqueño. Y pone de manifiesto las preocupaciones por los impactos ambientales que eventualmente podría generar la explotación minera.

Al comparar el tratamiento que se da al tema de la minería en los tres planes de desarrollo antes esbozados, se observa que en el lapso comprendido entre el año 2000 y el año 2012, el tema minero se ha centrado principalmente en la acción de empresas transnacionales en el territorio. No existiendo en los planes de desarrollo del año 2008 y el año 2012 una alusión a los pequeños mineros que han desarrollado sus actividades en el municipio desde hace más de doce años28.

El tema de la minería se centra progresivamente en la existencia de empresas mineras en el territorio, invisibilizando otro tipo de prácticas asociadas al desarrollo de este sector como lo es la pequeña minería. Este fenómeno no sólo se da a escala local sino también a nivel nacional e internacional por medio de una legislación, que como se mostró a lo largo de este

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Aunque no fue posible estimar el número exacto de mineros artesanales que actualmente adelantan explotaciones mineras en el municipio de Caramanta durante el desarrollo de las salidas de campo; de acuerdo con información proporcionada por la Agencia Nacional de Minería (ANM) a 18 de octubre del año 2013 había 10 solicitudes de legalización, registradas en el Catastro Minero Colombiano (CMC), correspondientes a 21 mineros artesanales. Esta cifra puede no representar la totalidad de los pequeños mineros que hay en Caramanta en la medida en que puede haber mineros que estén adelantando labores de explotación en el Municipio pero que no hayan iniciado un proceso de legalización, razón por la cual no estarían inscritos en el CMC.

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capítulo, se centra en atraer capital extranjero al sector minero otorgando garantías a las empresas transnacionales ya sean de explotación o exploración minera.

Los proyectos que actualmente desarrollan las empresas interesadas en el potencial minero, presentes en el municipio de Caramanta, abarcan una escala que trasciende los límites del municipio, incorporando territorios aledaños a Caramanta, ubicados en el suroeste de Antioquia, como lo son Támesis, Valparaiso, Jericó, entre otros.

Estos territorios, como se esbozó anteriormente, se han constituido a partir de un proceso de colonización antioqueña en el cual la construcción de caminos y posteriormente, el establecimiento de la agricultura y la ganadería, fueron algunos de los principales elementos para el crecimiento y poblamiento de estas zonas. De ahí que si bien en el pasado existieron minas, la principal práctica productiva de los municipios antes mencionados es el cultivo del café, por lo que se plantea que son zonas de tradición agropecuaria. En este contexto, la dicotomía propio/ajeno se manifiesta en la introducción e imposición de nuevas formas de producción como lo es la eventual explotación minera a gran escala en un municipio de vocación agropecuaria como Caramanta, que induce cambios en el manejo que se le da al tema minero desde las administraciones municipales. Esta imposición, como se mostró a lo largo del capítulo, se relaciona a su vez con la implementación de políticas neoliberales y modelos de desarrollo promovidos por países industrializados como Estados Unidos. Y en este sentido, con la adopción del discurso del desarrollo, a partir del cual se justifica la necesidad de que los países del llamado Tercer Mundo alcancen los niveles de vida de los países considerados desarrollados, por medio de la adopción de modelos aparentemente disponibles para estos, que para el caso de la minería tienen que ver con la evocación de esta como una locomotora del desarrollo, entendido como crecimiento económico.

En este sentido, es posible afirmar que la dicotomía propio/ajeno se evidencia en distintas escalas, generando diversos procesos en función de las realidades propias de los territorios.

Que llevan a que en una misma región, como en el caso del departamento de Antioquia, la actividad minera, que es el tema de estudio que me atañe, se asuma de manera diferente en función de la relación que se haya establecido con esta, las valoraciones de la naturaleza y las prácticas productivas que se desarrollan en el territorio. Lo que en el caso específico de

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Caramanta se traduce en la confrontación de la valoración de la naturaleza que construyen habitantes del municipio, durante el desarrollo de prácticas productivas como la agricultura y especialmente el cultivo del café; y la valoración de la naturaleza asociada a la presencia de empresas transnacionales interesadas en el potencial minero que existe en el pueblo. Las cuales introducen una actividad económica ajena a aquellas que se han desarrollado históricamente en este territorio, la gran minería.

Por lo que si bien la promoción de la minería como uno de los ejes de crecimiento económico y por ende de desarrollo de los países latinoamericanos, hace parte de un mismo modelo; no se puede afirmar que produzca los mismos efectos en todos los países e incluso en todas las regiones, departamentos, municipios que lo componen, de ahí la importancia de un análisis glocalizado y del reconocimiento de los sentidos, significados e identidades construidos en torno al lugar.

Teniendo en cuenta que tanto Caramanta como el suroeste antioqueño son, como se mostró a lo largo del primer capítulo y se mencionó en este, territorios de vocación agropecuaria. Que la presencia de empresas mineras en la zona ha despertado la preocupación de algunos de sus habitantes y que el eventual desarrollo de la minería ligado a la presencia de empresas transnacionales interesadas en el potencial minero presente en el territorio, se constituye en un fenómeno ajeno a las prácticas productivas que han desarrollado a lo largo de los años los habitantes del Suroeste y Caramanta; vale la pena preguntarse ¿qué pasa cuando a un municipio como Caramanta en el cual no se ha desarrollado minería adelantada por empresas transnacionales y cuya principal actividad productiva (pese al aumento progresivo de los pastos) es, según sus habitantes, el cultivo del café, llegan empresas transnacionales interesadas en el potencial minero del municipio? ¿Qué percepciones se construyen en torno a la presencia de estas empresas, las labores de exploración que adelantan y la eventual explotación minera en el municipio? Estas son las preguntas que serán desarrolladas a lo largo del capítulo siguiente.

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3.

CARAMANTA: EXPLORACIÓN MINERA VS VOCACIÓN AGROPECUARIA. RECONSTRUCCIÓN DE UN CONFLICTO

A pesar de la existencia de potenciales mineros para oro en la zona, Caramanta es un municipio que como se mostró a lo largo del primer capítulo, se constituyó a partir del desarrollo de actividades agropecuarias como la ganadería y principalmente (a partir del último tercio del siglo XIX) el monocultivo del café. El desarrollo de estas actividades, posibilitó la configuración, tanto en Caramanta como en el Suroeste antioqueño, de una sociedad predominantemente campesina que permitió el desarrollo de la economía cafetera.

La configuración territorial de Caramanta no estuvo exenta de conflictos por el manejo del territorio. Estos empiezan a manifestarse desde los años noventa, asociados a la presencia de actores armados como los paramilitares y a la compra sistemática de tierras por parte de terratenientes como el Señor.

Posteriormente, en el año 2000 el Municipio fue objeto de solicitudes y titulaciones para la exploración y explotación minera, despertando expectativas y preocupaciones en la población, relacionadas con el eventual desarrollo de una explotación minera a gran escala.

Lo cual puso en el centro de la disputa por el manejo del territorio la importancia de elementos como el agua y la tierra, tanto para el desarrollo de actividades agropecuarias como para la permanencia en el territorio de los habitantes en Caramanta.

Es así como con la llegada de empresas transnacionales de exploración minera a Caramanta, la antigua disputa por el manejo del territorio evidencia con mayor fuerza una dimensión socio ambiental al poner de relieve distintas formas de manejo de los recursos, especialmente del agua y la tierra, relacionadas con las valoraciones construidas históricamente por los habitantes en torno a la naturaleza. Las cuales se encuentran intrínsecamente ligadas a las prácticas productivas desarrolladas por actores como organizaciones campesinas, terratenientes, funcionarios de empresas transnacionales mineras; a la relación de cada uno de ellos con el territorio y más recientemente, a su percepción y expectativas generadas frente al desarrollo de la minería.

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En este sentido lo que se evidencia actualmente en Caramanta es un conflicto socio ambiental por el manejo y apropiación del territorio, especialmente del agua y la tierra, en el cual se expresa una lógica de distribución desigual de los recursos29 así como distintos significados culturales construidos en torno al territorio y la naturaleza, por los habitantes del municipio a lo largo de los años. Con base en los cuales los pobladores de Caramanta, actualmente construyen una percepción en torno a la exploración minera, la presencia de empresas transnacionales en el municipio y la eventual explotación minera. Surgiendo y resurgiendo discursos referentes no sólo al desarrollo de la actividad minera en sus distintas fases, sino al acaparamiento de tierras en el municipio, la presencia de actores armados, la crisis del café, el modelo de revolución verde, entre otros elementos. En los cuales además de las valoraciones, en torno a la naturaleza, se expresan intereses de los actores vinculados al conflicto, como lo son las organizaciones campesinas, los terratenientes, los funcionarios de la alcaldía y los funcionarios de empresas transnacionales.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el desarrollo de este capítulo y del trabajo en general, se toma el concepto de conflicto socio ambiental propuesto por Maristella Svampa (2011), entendido como aquel que está ligado al acceso, conservación y control de los recursos naturales, que supone por parte de los actores enfrentados intereses y valores divergentes en torno a los mismos, en un contexto de asimetría de poder (Svampa M. , 2011, pág. 186).

29 Esta lógica de distribución desigual de los recursos abarca distintas escalas: a nivel municipal se expresa en la alta concentración de la tierra existente en Caramanta que limita las posibilidades de desarrollo de actividades agropecuarias en distintas zonas del municipio en la medida en que estas pertenecen a terratenientes (entre ellos el Señor) quienes después de adquirir estas tierras, iniciaron progresivamente un proceso de instauración de potreros con miras a llevar a cabo ganadería extensiva. Lo que evidencia además distintas valoraciones en torno a la tierra en la medida en que para el caso de los pequeños productores esta se constituye como un medio de vida, como su medio de subsistencia; en tanto los terratenientes obtienen una renta de ella, por lo que no les es indispensable para sobrevivir.

A nivel nacional y global la distribución desigual de los recursos encarna las asimetrías propias del sistema capitalista intrínsecamente relacionadas con la organización centro-periferia en la cual los países periféricos como Colombia, se constituyen como proveedores de materias primas para los países del centro; lo que en el caso específico de la minería, se expresa en la demanda de minerales como el oro, el cobre, entre otros. Cuya explotación no genera ningún valor agregado.

Estas asimetrías a nivel global, se reproducen en cada uno de los lugares por medio de la formulación, implementación y adopción de instrumentos jurídico políticos que, en concordancia con discursos hegemónicos, legitiman a nivel local la distribución desigual de los recursos. Sin embargo, el proceso no es mecánico ni lineal, en la medida en que cada uno de los lugares está dotado de significados culturales propios que a menudo cuestionan y resisten a estos discursos hegemónicos, generando formas de organización social y producción que tratan de ser contestatarias al modelo dominante. En las cuales los actores ponen en juego los significados construidos históricamente frente a su territorio y a la naturaleza.

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Con respecto a la valoración, Enrique Leff (2003) plantea que esta rebasa la

racionalidad económica en sus intentos de asignar precios de mercado y costos crematísticos al ambiente, movilizando a actores sociales por intereses materiales y simbólicos (de supervivencia, identidad, autonomía y calidad de vida), más allá de las demandas estrictamente económicas de propiedad de los medios de producción, de empleo, de distribución del ingreso y de desarrollo (pág. 20)

La valoración que se construye de la naturaleza y las significaciones a ella asociadas son elementos dinámicos que se transforman en función del contexto en el cual están inmersas las personas y que se relacionan con su historia de vida en el territorio. De ahí que los conflictos socio ambientales como el que se evidencia en Caramanta, tengan intrínseca una dimensión histórica que incide en la construcción de las distintas y generalmente, antagónicas formas de significación de la naturaleza, que entran en controversia (Leff, 2003) y que en el caso puntual del Municipio, se expresan en la posición que se adopta frente al desarrollo de la minería (a favor o en contra).

Estas distintas valoraciones de la naturaleza, se relacionan además con las prácticas productivas e identidades construidas históricamente por los actores en su relación con el territorio, que expresan diversas formas de apropiación de este. En palabras de Leff (2000),

Las prácticas productivas fundadas en la simbolización cultural del ambiente, en creencias religiosas y en significados sociales asignados a la naturaleza, han generado diferentes formas de percepción y apropiación, reglas sociales de acceso y uso, prácticas de gestión de ecosistemas y patrones de producción y consumo de recursos. (Leff, 2000, pág. 29)

Estos significados de naturaleza son la base sobre la cual los actores “imprimen distintas estrategias sobre el espacio, (re) creando su existencia y apropiándose así del territorio” (Toledo, 2010, pág. 14). Por lo cual el territorio se constituye como un espacio apropiado y valorizado simbólicamente e instrumentalmente por los grupos humanos, en el cual se proyectan las concepciones del mundo, por lo que puede ser considerado como zona

86 de refugio, medio de subsistencia, fuente de recursos, área geopolítica estratégica, tierra natal, objeto de apego afectivo y lugar de inscripción de un pasado histórico (Ávila, 2012, pág. 193)

De ahí que la apropiación del territorio no involucre solamente vínculos de propiedad sobre el mismo sino que incorpora “aquellos lazos subjetivos de identidad y afecto entre el sujeto y su territorio” (Montañez, 2001, pág. 20) y que al existir distintos lazos subjetivos e intereses sobre el territorio, en ocasiones antagónicos, la construcción del territorio tenga en sí el conflicto.

Los elementos antes mencionados se evidencian en los distintos discursos producidos por los actores sociales vinculados al actual conflicto socio ambiental en Caramanta (organizaciones campesinas, terratenientes, funcionarios de la alcaldía, funcionarios de las autoridades ambientales, gobierno nacional y funcionarios de las empresas ambientales), en los cuales se expresan distintas valoraciones en torno a la naturaleza y formas de apropiación del territorio; relacionadas con las prácticas productivas que tienen lugar en el mismo.

En este contexto, se concibe el discurso como una práctica social a partir de la que se construye y comprende la realidad social; razón por la cual permite acceder, en este caso específico, al entendimiento de las valoraciones que los actores hacen de su territorio y con ello a los significados culturales construidos históricamente en torno a este. Los cuales se constituyen en los principales elementos que posibilitan entender el conflicto socio ambiental en torno a la exploración minera en Caramanta.

Entre los actores vinculados al conflicto socio ambiental en Caramanta se encuentran organizaciones campesinas como la Asociación Agropecuaria de Caramanta (ASAP Caramanta) y la Asociación Municipal de Mujeres de Caramanta (AMUCAR) y Jóvenes en Defensa del Territorio (JODETE); empresas de exploración minera, terratenientes, mineros artesanales, gobierno nacional, Corantioquia y ONG’s como Conciudadanía, Swissaid y Censat Agua Viva.

Todos estos actores construyen discursos en los cuales, como se mencionó anteriormente, es posible evidenciar distintas y antagónicas significaciones en torno a la naturaleza y

87

percepciones frente al desarrollo de la minería, y con ello formas de apropiación del territorio que actualmente se articulan en una toma de posición a favor o en contra de la actividad minera, constituyéndose en el eje del conflicto socio ambiental. En este sentido, y teniendo en cuenta los aspectos antes esbozados, para entender el conflicto y las significaciones y apropiaciones del territorio que entran en disputa, es necesario desentrañar las valoraciones de la naturaleza inmersas en los discursos de los actores, teniendo en cuenta el contexto en el cual se inscribe cada actor y su historia de vida en Caramanta.

3.1 “UNO PRÁCTICAMENTE SE ENTERA CUANDO YA TODO ESTÁ HECHO”: EXPLORACIÓN MINERA EN CARAMANTA

El 30 de noviembre del año 2000, la Secretaría de Minas de Antioquia, por medio del oficio número 16756, le anuncia a la Alcaldía de Caramanta que el municipio se encuentra totalmente solicitado para la extracción del mineral de oro en veta. Así lo esbozaba el documento diagnóstico del Esquema de Ordenamiento Territorial del mismo año, en el que además se incluía una lista con el estado jurídico de los títulos, el nombre del solicitante del mineral y el área final30. Sin embargo, es sólo hasta el año 2006 que los habitantes del municipio empiezan a percatarse de la presencia de empresas de exploración minera.

Son distintas las narrativas que se han construido en relación al inicio de las labores de exploración minera en la zona. Para el secretario de gobierno, uno de los principales críticos de las acciones de los terratenientes de la zona, la llegada de las empresas transnacionales de exploración minera estuvo marcada por el avistamiento de una camioneta y la contratación de personas para el desarrollo de esta fase de exploración. Lo que según él no despertó expectativas en los habitantes del municipio en la medida en que estas labores se desarrollaban en Yarumalito, la vereda en la cual desde hace más de doce años se llevan a

30 La información referente al estado jurídico de los títulos, nombre del solicitante del mineral y área final era proporcionada en el año 2000 por la Secretaría de Minas de Antioquia y a partir del año 2013, empezó a ser otorgada por la Agencia Nacional de Minería.

88

cabo explotaciones mineras de oro. Así lo expresa al ser interrogado por el inicio de las labores de exploración en el Municipio,

nosotros en teoría nos fuimos dando cuenta porque los vimos. Empezamos a ver que la camioneta pa’ arriba y pa’ abajo, sobretodo la primera que fue Corporación Minera de Colombia, que no sé cómo se llamaría en un principio pero entonces ellos sí empezaron con la camioneta pa’ arriba y pa’ abajo y contratar gente para la primera fase de la exploración31 y nos empezamos a dar cuenta, desde ahí. Pero como era en Yarumalito, eso no generaba mucha, mucha como mucho temor o no generaba expectativa porque era en un lugar que siempre ha habido mina ¿cierto? Lo que se consideraba era: “van a volver a abrir la misma mina de siempre” entonces eso no generaba gran expectativa (Comunicación personal con secretario de gobierno, 2013)

Para los integrantes de organizaciones campesinas como la Asociación Agropecuaria de Caramanta (ASAP Caramanta), el inicio de las labores de exploración lo determinó la observación de helicópteros con una barra metálica que sobrevolaban todo el municipio. Así lo expresan líderes de esta asociación quienes esbozan que,

aquí más o menos desde el año 2006 que aparece el sobrevuelo de los helicópteros pues con certeza no sabíamos, se creía que habían cuatro empresas mineras y se preguntaba y nadie daba respuesta pero bueno, parece ser que habían cuatro empresas mineras que ya estaban explorando (Comunicación personal, 2013)

Esta versión coincide con la de una de las líderes del grupo Jóvenes en Defensa del Territorio32, JODETE, quien plantea que

31

No fue posible estimar el número de personas que contrató inicialmente la empresa Corporación Minera de Colombia para el desarrollo de la primera fase de exploración, en la medida en que sus funcionarios no accedieron a conceder una entrevista para hablar acerca de sus operaciones en el Municipio. Y en la página de internet de la empresa no hay información que indique el número de trabajadores con el que cuentan.

32 JÓDETE es una organización sin ánimo de lucro que se conformó en el año 2012 con el objetivo de sensibilizar a los jóvenes con las problemáticas que actualmente se presentan en el municipio y con la defensa del territorio que actualmente vienen adelantando organizaciones campesinas como ASAP Caramanta.

89 supuestamente las exploraciones fueron como en el año 2006 donde comenzaron. Nosotros desde el colegio veíamos pasar muchos helicópteros con maquinarias, pues con máquinas o algo así como para mirar lo que había debajo de la tierra, pero nadie decía nada y nadie preguntaba. Entonces ya el año pasado [2012] comenzó a surgir la información de que hay compañías mineras desde tal año (Comunicación personal, 2013)

A partir del año 2009, según un funcionario de la alcaldía, “el movimiento si fue ya mucho” (Comunicación personal, 2013). Para este año, de acuerdo con el documento “Revisión extraordinaria del Esquema de Ordenamiento Territorial” de la Alcaldía de Caramanta; se encontraban en el Municipio “firmas extranjeras realizando los diagnósticos y estudios necesarios para la excavación del recurso” (Escobar, Restrepo, Granada, Pulgarin, & López, 2009, pág. 35) y existía “una expectativa minera de grandes proporciones” (Ibíd, pág. 35).

Esta expectativa minera aumenta en el año 2010 en el que, de acuerdo con los testimonios de sus funcionarios, la empresa Solvista inicia las labores de exploración no sólo en Caramanta (ver Foto 7) sino en los municipios aledaños de Támesis, Valparaíso (que, como se mostró en el segundo capítulo, se encuentran dentro del “Caramanta Proyect” adelantado por la empresa) y Jardín.

Foto 7: Exploración adelantada hasta el año 2013 por la empresa Solvista en Caramanta

FUENTE: http://www.solvistagold.com/projects/gallery/photos/#/6/1. Consultado (09/03/14)

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Pese a que la extracción de minerales y la presencia de mineros no es un fenómeno completamente nuevo en el municipio en la medida en que, como se ha mencionado antes, en la vereda Yarumalito se han llevado a cabo explotaciones de oro desde hace más de doce años; la presencia de empresas transnacionales mineras en la zona, de quienes se cree eventualmente adelantarían una explotación minera a gran escala, encarna para algunos las posibilidades de una ruptura con la vocación agropecuaria que han desarrollado los actuales habitantes de Caramanta a lo largo de varias generaciones y para otros, una oportunidad de insertarse al mercado laboral y de desarrollo (identificado con crecimiento económico) para el municipio.

Es así como se empieza a construir una percepción en torno al avance de la actividad minera identificada con la minería a gran escala que no sólo difiere significativamente de la pequeña minería, sino que se contrapone a formas de apropiación y manejo del territorio y en este sentido de la naturaleza, intrínsecamente relacionadas con las prácticas productivas agropecuarias adelantadas tradicionalmente en el Municipio.

En este contexto, tanto la presencia de empresas transnacionales mineras en la zona como la percepción del inicio de las labores de exploración, genera distintas reacciones.

Despertando la preocupación de los integrantes de organizaciones campesinas como ASAP Caramanta, por la búsqueda de información referente al desarrollo de la gran minería y sus impactos.

En esta búsqueda tienen un papel relevante organizaciones con las cuales está en contacto ASAP Caramanta como Swissaid33, Censat Agua Viva34 y la Asociación Red Colombiana de

33 Es una ONG suiza de cooperación al desarrollo, que desde hace 35 años se encuentra en Colombia. Cuya misión es aportar al empoderamiento de las organizaciones con las cuales se encuentra vinculada, por medio del acompañamiento, apoyo y formación en la construcción de estrategias apropiadas al contexto y la diversidad cultural y biológica. Teniendo como líneas estratégicas la gestión territorial de las comunidades, la agroecología y el manejo sostenible de los recursos naturales y el empoderamiento de la mujer para la participación y ejercicio de los derechos sociales, económicos y culturales. (SWISSAID, S.f) 34 Es una organización ambientalista fundada en octubre de 1989, cuyas acciones están dirigidas al fortalecimiento de la capacidad de acción ambiental de los actores históricamente empobrecidos de la sociedad.

En este sentido, Censat tiene como principales objetivos impulsar en los movimientos sociales nacionales e internacionales, alternativas al desarrollo y modelos de vida sustentables. Aportar a la problemática de la salud de las organizaciones. Generar bases de datos e información relacionados con salud, trabajo y medio ambiente y alternativas a modelos de desarrollo insostenibles, entre otros. (Censat Agua Viva, S.f)

91

Agricultura Biológica (Recab)35 quienes propician espacios de intercambio de experiencias en los cuales asociados y asociadas de la ASAP, conocen los testimonios de comunidades en cuyos territorios se lleva a cabo explotación minera a gran escala. Así lo manifiesta una de las asociadas de ASAP, quien refiriéndose a la manera en la cual han accedido a información referente a la minería plantea,

¿Cómo nos hemos enterado? porque han tenido experiencias en el páramo del Almorzadero, en el Cerrejon, en Cerromatoso, o sea las consecuencias que ha traído el cianuro, entonces si nosotros hemos ido a ver esas experiencias a otras partes, entonces nosotros no queremos que nos vengan por aquí a contaminar nuestras aguas (Comunicación personal, 2013)

Esta información empieza a ser socializada por integrantes de la Asociación en las Asambleas Municipales Constituyentes de Caramanta36, en las cuales se expresa una clara oposición al desarrollo de la minería a gran escala, en la medida en que se considera que esta se constituye como una amenaza para la vocación agropecuaria del municipio, que obligará a los pequeños productores a transformar sus prácticas productivas y con ello su identidad, dado que afectará elementos como el agua por el uso de sustancias contaminantes como el mercurio y el cianuro. Posición que empieza a confrontarse con los intereses de élites 35

Es una asociación de carácter civil que busca la promoción y el desarrollo de agriculturas alternativas, que además de ser económicamente viables y ambientalmente justas, propendan por una mejor calidad de vida.

En este sentido su principal objetivo es la consolidación del trabajo en red de distintas iniciativas regionales en agriculturas alternativas con el fin de fortalecer la presencia de la sociedad civil en la construcción de una propuesta de desarrollo agrario sustentable. (Recab Antioquia, S.f) 36 Es un espacio de discusión y reflexión que cuenta con el apoyo de la Corporación para la Participación Ciudadana, Conciudadanía, creado en febrero del año 2002, abierto a toda la comunidad de Caramanta. Tiene sus orígenes en la confluencia de dos procesos a saber, la iniciativa del sector gubernamental en cabeza del alcalde Hermán Javier Ocampo, quien durante su periodo de mandato (2001-2003), promovió la participación ciudadana en el municipio; y el proceso de empoderamiento de las comunidades organizadas, quienes por medio de procesos de capacitación y concertación evidenciaron la necesidad de consolidar espacios de deliberación desde los cuales pudieran influir en las decisiones locales (Tamayo, 2012) En la Asamblea, personas de distintas veredas, asociados, funcionarios de la alcaldía y demás participantes discuten en torno a temas relevantes para el municipio como la salud, la educación, la minería, problemas ambientales, entre otros, en la búsqueda de soluciones a los problemas planteados. Constituyéndose como un espacio de formación y participación ciudadana gracias al cual, sus participantes plantean que han perdido el miedo a hablar en público y han aprendido que sus ideas son importantes independientemente de los títulos académicos que posean (Sánchez, Montoya, Ramírez, Álvarez, & Noreña, 2013).

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políticas y económicas del municipio, quienes tratan de censurar el desarrollo de las Asambleas por medio de la acción de la policía. Lo que se evidenció claramente en la 26 Asamblea Municipal Constituyente de Caramanta celebrada el 16 de mayo de 2009, cuyo principal propósito era reflexionar en torno al inicio de la explotación de oro por parte de la empresa B2Gold. En la cual el alcalde Juan Guillermo Valencia (quien según algunos defendía los intereses de terratenientes como el Señor y “era casi que minero, ese tipo estaba de acuerdo con la minería y con toda esa cosa” (Comunicación personal, 2013) ) envió al comandante de la policía para que impidiera la entrada de los asambleístas al aula múltiple de la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa con el argumento de que el evento tenía un carácter político, por lo que no podía desarrollarse sin su presencia (CENSAT AGUA VIVA, 2009).

Así lo manifiestan algunos de los líderes de la Asociación, quienes afirman que, una vez nos iban a sacar con la gente de una Asamblea que estábamos haciendo en el colegio en el aula múltiple, cuando se habían pedido los permisos todos legales que había que hacer, porque se había invitado a una empresa minera que viniera y nos dijera las cosas cómo era y estos señores las hicieron devolver, dijeron que no, que no nos atendieran que no tenían por qué hacernos caso a nosotros, nos mandan a sacar con la Policía y no fueron capaces. Pero la Asamblea igualmente se hizo y se le brindó información a la gente (Comunicación personal, 2013)

Lo que evidencia la confrontación de distintos intereses en torno al tema minero. En la cual la fuerza pública se pone al servicio de élites políticas y económicas interesadas en el desarrollo de la actividad minera.

En este contexto se construyen e identifican claramente dos posiciones frente al desarrollo de la actividad minera en cualquiera de sus fases, a favor y en contra de ella.

Contexto en el cual se otorga el nombre de mineros a quienes están a favor y de anti mineros o ecológicos a quienes están en contra.

Así mismo, a raíz de la presencia de empresas transnacionales en el Municipio, se construye una relectura de fenómenos históricos como la presencia de grupos armados en el municipio, la compra de tierras, la ganaderización, la implementación del monocultivo del

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café y del modelo de revolución verde, y la crisis del café. En la cual la minería se constituye como el eje articulador de estos procesos. De ahí que algunos miembros de organizaciones campesinas expresen que,

hasta ahorita es que estamos viendo llegar estas empresas que hace más o menos unos seis años ya en forma pues los vimos llegar, conocimos de lo que pretendían aquí y también llegan en el momento como oportuno pa’ ellos porque ya había mucho des estímulo, ya las crisis habían acabado ya con, con mucho café, la gente había concentrado la tierra, ya los paneleros se habían acabado porque los trapiches los compraron, los convirtieron en pasto, quemaron las haciendas y así, fue pasando hasta que ya llegó la minería y ahí encontró un terreno muy preparado pa’ ellos (…) si uno mira aquí los personajes del pueblo que están a favor de la minería, son los mismos que han posibilitado la concentración de la tierra, y que ahora están muy a favor de la gran minería y dicen que es lo que va a salvar este país y en esas tierras donde las concentraron, donde ellos concentraron, es donde están, son aliados ellos de los mineros y es donde están las exploraciones o las explotaciones más próximas entonces pues uno puede pensar que sí hay alianzas37 (Comunicación personal, 2013)38

Es así como las diferentes valoraciones de la naturaleza construidas a lo largo de los años en Caramanta en relación con la configuración histórica de este municipio, y sus consecuentes formas de apropiación del territorio y utilización de los recursos, se articulan,

37

Al revisar en dónde se ubican los títulos de Solvista se verifica esta relación en la medida en que estos se encuentran, según los funcionarios de la empresa, en las veredas Olivales, Conde y Barro Blanco. En las cuales se localizan las grandes extensiones de tierra pertenecientes al Señor. De ahí que el encargado de las tierras del Señor, quien es un ex alcalde y concejal del municipio afirme que, Hoy los títulos mineros están en los latifundios del municipio, que es la zona de Chirapotó y la zona alta de Olivales, sector la, Carretonal que es de propiedad de la empresa La Tesalia (Concejal del Municipio, 2013) 38 La existencia de empresas trasnacionales en territorios que cuentan con recursos estratégicos, en los cuales las tierras han sido concentradas y que han estado bajo la influencia de grupos armados, no es un fenómeno exclusivo de Caramanta. Según Martha Nubia Bello, las zonas en las que más se expulsan personas de manera violenta, “son aquellas que revierten valor estratégico en las que se ubican megaproyectos” (Bello, s.f., pág. 4), (pese a que, de acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano del año 2011, elaborado por el PNUD la alta concentración de la tierra en el país cubre toda la geografía nacional).

En este contexto, el desplazamiento forzado, ligado a la presencia de grupos armados al margen de la ley se constituye como un mecanismo de concentración de la propiedad rural (Gaviria & Muñoz, 2007). Lo cual se ejemplifica claramente en el caso del departamento de Antioquia, en el cual el Gini aumenta de 0,86 en el 2004 a 0.91 en el 2009, siendo una de las zonas con mayor intensidad de desplazamiento forzado, violación de derechos humanos y coerción armada contra campesinos (PNUD, 2011).

94

con la llegada de empresas transnacionales mineras a la toma de posición frente al desarrollo de esta actividad, otorgando nuevas lecturas a los procesos de configuración histórica del Municipio. De ahí que se haga necesario preguntarse por la influencia del contexto histórico en las formas de apropiación del territorio y las valoraciones de la naturaleza; y su incidencia en la toma de posición de los actores frente al desarrollo de la actividad minera y en la construcción de su percepción frente a la misma.

3.2

CONFIGURACIÓN

HISTÓRICA

DEL

TERRITORIO

Y

VALORACIÓN DE LA NATURALEZA: ESTABLECIENDO RELACIONES

Como se mencionó a lo largo del primer capítulo, a partir de la segunda mitad del siglo XIX se configura en el Suroeste antioqueño una sociedad de agricultores independientes que en el último tercio de este mismo siglo hace posible el desarrollo de la economía cafetera. A finales de 1890 el café se impone como cultivo comercial, desplazando cultivos para auto subsistencia incluso en zonas dedicadas a la ganadería (Velez, 2002)

En la segunda mitad del siglo XX se da la introducción de la variedad caturra en el cultivo del café y la subregión del Suroeste sufre una gran transformación al pasar del café tradicional, basado en mano de obra familiar, al café tecnificado intensivo en mano de obra, que se emplea en la recolección y pos cosecha. Esta introducción del café tecnificado (asociado a la implementación de

la primera revolución verde39) modifica (como se

mencionó en la página 30) las relaciones familiares y vecinales en las cuales se sustentaba el trabajo en la parcela (Conferencia Episcopal de Colombia, 2001)

39

La institución de la Revolución Verde se da en el contexto de la promoción y adopción del modelo de sustitución de importaciones, promovido por la CEPAL para los países de América Latina, en el cual se planteaba que la agricultura debía producir las materias primas tanto para la industria como para la generación de divisas, además de producir alimentos para satisfacer la demanda interna a nivel rural y urbano. Lo que se constituye como un incentivo para el aumento de la producción y productividad agrícola, que conduce a la Revolución Verde (Pérez & Farah, 2002)

95

Es así como la introducción de la variedad caturra y en general la implementación del monocultivo del café genera una ruptura con respecto a las prácticas productivas tradicionales, en las cuales según De Ezalburu (1980)

[se] producía la mayor parte de las cosas que utilizaba, como la energía que aportaban las propias personas con su trabajo físico, o, las mulas, caballos, vacas o bueyes que utilizaban como elementos de tracción. También las semillas, puesto que ni siquiera soñaba con sustituir la agricultura de especies por la de variedad (De Ezalburu, 1980 en Garcia, 1991, pág. 85)

Lo que al introducir cambios en las prácticas productivas, genera también modificaciones en la relación con el territorio y el manejo de la naturaleza, dado que en este contexto la lógica bajo la cual se cultiva, se centra en el aumento de la producción y productividad del cultivo para satisfacer, tanto la demanda del mercado externo, como la demanda del mercado interno, afectando la producción para la auto subsistencia. Conllevando a una pérdida de los conocimientos relacionados con el cultivo de los alimentos en la medida en que los campesinos empiezan a depender de insumos externos para el desarrollo del proceso de producción, de los préstamos de los bancos y de la asistencia técnica prestada por instituciones como la Federación Nacional de Cafeteros.

En este contexto, la institucionalidad juega un papel relevante en la transformación de las prácticas productivas y en este sentido en la valoración de la naturaleza y la apropiación del territorio40, al incentivar, en este caso específico, la implementación de nuevas variedades de café y en general, de la Revolución Verde. Con lo que se legitiman modelos de desarrollo promovidos desde países como Estados Unidos, en donde en 1941 se pensó que la revolución verde, como un programa de desarrollo agrícola orientado a Latinoamérica y a México en particular, tendría beneficios económicos y políticos para los Estados Unidos (Ceccon, 2008).

40

Esta institucionalidad hace referencia no sólo a la Federación Nacional de Cafeteros que se toma como eje central de análisis en este párrafo, sino a ONG’s y demás entidades del gobierno (Ministerio de Minas, Corantioquia, entre otros) que inciden directamente en los territorios, introduciendo transformaciones (tanto físicas como en las formas de relacionamiento de quienes los habitan con estos) en los mismos.

Para el caso específico de Caramanta la acción de ONG’s como Swissaid y Censat Agua Viva por ejemplo, ha introducido cambios en las formas de relacionamiento con el territorio al promover y financiar modelos como el modelo agroecológico (en el caso de Swissaid), que tiene intrínseca otras formas de relacionamiento con la naturaleza.

96

De esta manera, la implementación del monocultivo del café y posteriormente la tecnificación del mismo, directamente relacionada con la primera revolución verde, cuya implementación es legitimada y promovida por políticas agrarias estatales; son parte del origen de las actuales valoraciones de la naturaleza y las relaciones sociales de producción establecidas en torno al desarrollo de la producción cafetera en Caramanta. Lo que es evidenciado en el discurso de uno de los líderes campesinos de ASAP Caramanta quien hablando sobre los cambios en las prácticas productivas que ha experimentado a lo largo de su vida manifiesta que,

cuando joven cultivar el café tradicionalmente, café donde se cultivaba sin químicos, donde en las fincas había diversidad de cultivos, diversidad de productos, donde en la finca pues había de todo pa’, para comer y más o menos hacia el año setenta, aparece esta que llaman, la hemos llamado la revolución verde. La agricultura con químicos y donde aparecen con el cuento de que con los químicos se va a producir más para abastecer el mercado del consumo, nacional, internacional y aparece todo ese cuento de la revolución verde y desde ahí yo pienso que empezó a cambiar el modelo… el mundo (Comunicación personal, 2013).

En este contexto, la valoración que se construye en torno a la naturaleza y la apropiación del territorio, se encuentran intrínsecamente ligadas a elementos identitarios y significados culturales relacionados con prácticas productivas desarrolladas en Caramanta. De ahí que quienes se dedican al desarrollo de actividades agropecuarias se auto reconozcan como campesinos. Por lo que un cambio en las prácticas productivas implica a su vez una transformación en la valoración de la naturaleza, en el relacionamiento con el territorio, y en este sentido, en la identidad y la forma de vida. Tal como lo manifiesta el mismo líder de la ASAP, quien nació y ha vivido desde hace más de sesenta años en Caramanta, y expresa que con la introducción de la primera revolución verde,

Empezó a cambiar la forma de vida de nosotros los campesinos y la forma de vida no sola…, digamos que no solamente de los campesinos sino de todo mundo, que digamos en un pueblo como el de nosotros y en cualquier pueblo yo creo que de este país o del mundo lo mueve la agricultura, y si se movía con una agricultura tradicional, una agricultura sana, sin depender de químicos, sin depender de tantas cosas externas. Cuando se movía, los pueblos se

97 movían con esas economías propias eran mejores. Eran más autónomos y eran más sostenibles.

Cuando aparece esa agricultura convencional, se desaprenden todas esas cosas que sabíamos y que nosotros hacíamos y empezamos a caer en un modelo impuesto económico diferente.

Porque ya no solamente nos enseñan a producir con químicos sino que nos enseñan que tenemos que depender de un banco, que tenemos que depender de instituciones que nos van a facilitar supuestamente asistencia técnica, una asistencia técnica que es diferente. Cambian mucho el conocimiento de la gente, de la gente que ha producido y que ha estado ahí durante toda la vida sino que ya lo cambian por, le cambian ese conocimiento por asistencia técnica que es manejada, que es acomodada que ya es una asistencia técnica que no sola…, más que todo enfocada hacia vender cosas, hacia vender productos (Comunicación personal, 2013)

El aumento de la producción y la productividad del cultivo del café y el alto precio del grano en los mercados internacionales, son factores que posibilitan que en la década de los ochenta el Suroeste se constituya como una de las regiones con mayor nivel de vida del departamento de Antioquia. Sin embargo, la predominancia del monocultivo del café en la zona y en particular en Caramanta, genera una dependencia económica de los productores hacia este cultivo41. De ahí que con la crisis del café que tuvo lugar en el periodo 1989 y 2000, se presente una caída en la capacidad de consumo, el comercio, la ganadería, el trabajo, el cosechero y la paz, y [comiencen] a despoblarse los campos y varias cabeceras municipales de la región, creando nuevas presiones sobre las principales ciudades, como Medellín y Pereira (CARDER, 1996, pág. 60)

Los desplazamientos hacia la ciudad y el consecuente despoblamiento de los campos a raíz de la crisis del café, y posteriormente como consecuencia de la presencia de actores armados como paramilitares en Caramanta42 entre los años noventa y dos mil, en los que paralelamente tiene lugar el proceso de compra de tierras en el Municipio; genera

41Lo

que muestra que los cambios en las prácticas productivas impulsados por políticas estatales, que se dan como respuesta a modelos promovidos desde países en general para América Latina en general y para Colombia en particular, generan cambios en la forma de vida de las comunidades, estableciendo nuevas relaciones de dependencia con el mercado externo.

42

Quienes inicialmente protegían al Señor y posteriormente empiezan a extorsionar a los campesinos

98

progresivamente un cambio en el uso del suelo, en el que tienden a predominar los pastos.

Lo que incide en el aumento del desempleo (hoy un fenómeno creciente en el municipio de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015) e instituye otras formas de apropiación del territorio.

El progresivo desmonte de los cultivos, la quema de trapiches y la destrucción de las haciendas en favor del establecimiento de pastizales, en la última década aproximadamente, a partir de lo cual se implementa la ganadería extensiva43 y se establecen monocultivos de tomate de árbol y granadilla44, expresa una forma de apropiación del territorio y en este sentido una valoración de la naturaleza, distinta a la construida por los campesinos que han crecido en Caramanta. En la cual el cultivo de la tierra no se constituye como una fuente de vida, como un medio de subsistencia, sino como un medio de obtención de renta, “como un bien especulativo que se acumula para poder obtener rentas institucionales (valorización) sin mayor esfuerzo productivo” (PNUD, 2011, pág. 78)

De esta manera, la compra de tierras en el municipio por parte de foráneos como el Señor; paralela a la presencia de actores armados, y la ampliación de las extensiones de pastos, implican la introducción de una valoración de la naturaleza en la cual esta es vista como una despensa de recursos de los cuales se puede obtener una renta, de los que no se depende para sobrevivir y a los que se les pueden ser asignados precios de mercado. La introducción de esta valoración tiene intrínseca una violencia cultural en la medida en que, la destrucción de los trapiches a favor del establecimiento de pastizales, es una acción que al acabar con la estructura física y transformar el paisaje, busca borrar tanto las identidades, como aquellos elementos en torno a los cuales quienes habitan un territorio, generan un sentido de pertenencia. De ahí que estos fenómenos se constituyan como procesos que rompen el patrimonio de una comunidad. Y que en el caso de Caramanta, inciden directamente en la

43

La implementación de ganadería extensiva y de pastos en territorios aptos para la agricultura no es un fenómeno exclusivo de Caramanta. Para el año 2008, de acuerdo con la información de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), en 25 de 30 departamentos, más del 50% de la frontera agropecuaria era utilizada para pastos y en 16 de ellos, más del 70% del suelo estaba en ganadería (PNUD, 2011).

Así mismo, para el año 2012, según esta misma encuesta el 79.7% del uso del suelo en el país se concentraba en uso pecuario. De este 79.7%, el 65,2% correspondía a pastos y forrajes, el 21.4% a malezas y rastrojos y el 13.4% a vegetaciones especiales.

44

Promovidos desde la administración municipal

99

limitación de las posibilidades de desarrollo de prácticas como el cultivo del café o la producción de panela, el aumento del desempleo, y en este sentido en la relación que se establece con el territorio.

En este contexto la propiedad de la tierra como forma de apropiación, se constituye como un elemento de obtención de poder e influencia a nivel político y económico, que genera una ruptura en la organización social existente en el Municipio hasta antes de los años 1997-98, al instituir una diferencia entre ricos y pobres, para algunos hasta entonces no tan notoria, tal como se evidencia en el discurso del actual secretario de gobierno quien afirma que,

por ahí hasta 1997-98 todavía no se había evidenciado tanto la compra de tierras y aquí había un dicho que decía que lo bueno de Caramanta era que todos éramos iguales, que todos éramos pobres, que aquí no había ricos, el súper rico, el cual mandara por acá en esos años no existía eso, pero ya a partir de ese momento sí llegó el rico [el Señor] (Comunicación personal, 2013)

Es así como los procesos antes mencionados instituyen nuevas valoraciones de la naturaleza que inciden directamente en las formas de relacionarse con el territorio y en la organización social del municipio, no sólo al evidenciar la diferenciación social existente, sino al generar una ruptura con respecto a la relación con el territorio, como se esboza en el siguiente apartado.

3.2.1 IMPOSICIÓN DE MODELOS DE VIDA ASOCIADOS A LA IDEA DE

DESARROLLO

Y

CAMBIOS

EN

LA

APROPIACIÓN

DEL

TERRITORIO45

La crisis del café, la presencia de grupos armados en la zona, la compra de tierras y el consecuente desempleo derivado de estos fenómenos, instituye la percepción de que el campo 45 En este apartado sólo me referiré a la imposición de modelos asociados a la idea de desarrollo que se dieron en el territorio de Caramanta, antes del año 2000, es decir antes de la presencia de empresas transnacionales mineras en el municipio.

100

no es rentable46, por lo que es necesario salir hacia la ciudad en busca de oportunidades de desarrollo, entendido como crecimiento económico.

Todos estos fenómenos se relacionan con los cambios demográficos que tienen lugar en el municipio entre los años 1993 y 2005, en los cuales la población pasa, como se había mencionado en el primer capítulo, de 8203 habitantes a 5378.

La migración campo-ciudad es un fenómeno que tiene lugar hasta la actualidad en Caramanta. De ahí que el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, esboce en lo referente a la distribución según la edad y el sexo de la población caramanteña, que para el año 2011 el municipio presenta una curva creciente en la distribución de la población por edad, hasta los 15 y 19 años, edad en la cual los jóvenes terminan su educación secundaria y migran hacia ciudades capitales como Medellín, Pereira y Cali (Alcaldía Municipal de Caramanta, 2012).

Fenómeno que se reflejaba en el año 2005 en los datos del censo DANE, que muestran la estructura poblacional de Caramanta (ver Gráfico 5)

Gráfico 5: Estructura de la población de Caramanta por sexo y grupos de edad

FUENTE: Censo de Población DANE. Año 2005

46 Pese a que en Caramanta existe la percepción de que el campo no es rentable, en el año 2011, de acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano, los cultivos campesinos aportaban el 66, 3% de la producción nacional.

De ahí que el campesinado siga teniendo una participación relevante en la producción agropecuaria y de alimentos (PNUD, 2011).

101

Esta migración campo-ciudad, incide directamente en la apropiación del territorio y en la valoración de la naturaleza, sobretodo de las nuevas generaciones, generándose desarraigo del territorio. Que se expresa en la no identificación de estas con el desarrollo de prácticas productivas como la agricultura47. De ahí que una de las asociadas de ASAP manifieste que al interrogar a jóvenes del corregimiento de Alegrías sobre su visión de territorio a futuro, estos plantean que esperan tener,

escuelas mejor dotadas en cuestión de deporte, en cuestión de deporte, de, computación. O sea ellos miran es como la infraestructura pero no se imaginan como con decir: “tener más diversidad de cultivos, estar pro” no, ellos no no piensan como en la alimentación sino en las cosas como materiales. (Comunicación personal, 2013).

Lo anterior evidencia que la difusión de la idea de que el campo no es rentable, así como las migraciones campo-ciudad, han incidido en un cambio en la valoración del territorio y la apropiación del mismo, constituyéndose como mecanismos de desarraigo. Esto se hace explícito el discurso de un funcionario de la alcaldía quien expresa,

yo creo que es toda una política de desarraigo de hace muchos años ¿cierto? En donde se le ha insistido, donde se le incrustó en la mente de las personas que desarrollarse es irse para la ciudad ¿cierto? Eso es desarrollar, eso es salir adelante, como decían antes: “usted sale adelante si usted va pa’ la ciudad y si consigue plata allá” y porque el campo no es rentable, porque sembrar comida no sirve, porque es muy barato porque eso no, eso sobre todo. (Comunicación personal, 2013)

En este contexto, la imposición48 de nuevos estilos de vida promovidos por los medios de comunicación, en los cuales la ciudad se erige como encarnación del desarrollo en 47

De acuerdo con información proporcionada por Swissaid, del total de las personas que hacen parte de la Asociación Agropecuaria de Caramanta y el Comité Zonal de Alegrías (ambas organizaciones campesinas que actualmente adelantan procesos de defensa del territorio en Caramanta) sólo el 6,95% son jóvenes (entre 16 y 25 años) 48 Esta imposición no es de carácter coercitivo sino que se inserta en la vida misma de los sujetos, por medio de discursos hegemónicos (como es el caso de la idea de desarrollo) producidos y reproducidos por los distintos medios de comunicación y distintas instituciones sociales. Determinando así las formas de actuación y pensamiento los sujetos.

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contraposición al campo que ya no se considera rentable, instituye nuevas valoraciones del territorio, tal como lo expresa el mismo funcionario de la alcaldía,

Sobre todo pues la posición que nos han arraigado de consumo de que yo soy, yo me he desarrollado y yo he crecido si tengo camioneta, si tengo casa, si tengo apartamento en Medellín me he desarrollado. Si no, yo sigo siendo pobre, arrastrado si no tengo eso, entonces eso es lo que hace que toda la gente y los jóvenes se quieran ir, ellos quieren estar en la ciudad (Comunicación personal, 2013)

Lo anterior evidencia que la idea de desarrollo, entendida como crecimiento económico, permea distintas escalas. A nivel global, nacional, departamental y municipal se emplea para legitimar la formulación e implementación de instrumentos jurídico-políticos tendientes a la promoción y adopción de modelos aparentemente disponibles para América Latina, como es el caso de la Revolución Verde, o más recientemente la extracción de minerales como eje de crecimiento económico. A la vez que se constituye como un elemento ideológico que se inserta en la subjetividad de las personas y en el que, para este caso específico, la ciudad se entiende como la encarnación del desarrollo en la medida en que se cree que brinda las oportunidades de trabajo necesarias para obtener dinero y ascender socialmente.

De esta manera se hace patente la tensión entre dos visiones de vida y formas de relacionamiento con el territorio a saber: la visión construida por los campesinos a lo largo de su vida en Caramanta en la cual, este no es sólo un espacio geográfico sino un territorio en el que ellos y sus familias han subsistido a lo largo de generaciones gracias al cultivo de alimentos principalmente; y la visión impuesta, asociada a la idea del desarrollo, en la cual este se entiende como crecimiento económico, que no proporciona el campo en la medida en que este no se considera rentable.

En la reproducción de esta idea de desarrollo también juega un papel esencial la educación.

En la medida en que al ser una educación descontextualizada (técnica comercial) no brinda oportunidades para la permanencia en el territorio, predisponiendo a los jóvenes a salir del municipio hacia la ciudad, en búsqueda de un trabajo rentable que no les será posible encontrar en Caramanta. Así lo evidencia un habitante del corregimiento de Alegrías, quien

103

manifiesta que “en la escuela el énfasis es comercio, sabiendo que el municipio es altamente agropecuario, entonces el sistema educativo, proyecta irse del pueblo” (Swissaid, 2010, págs.

24-25) Lo anterior coincide con lo planteado por uno de los funcionarios de la alcaldía, quien al igual que el habitante del corregimiento de Alegrías, expresa que la educación comercial que se imparte en la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, la única que brinda educación secundaria en la cabecera municipal, predispone a los jóvenes a salir del Municipio puesto que allí no consiguen trabajo (Notas de campo, 2013).

Lo anterior concuerda con la información del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 en el que se esboza que la educación que se imparte en esta Institución es “poco pertinente para la realidad laboral y productiva del municipio” (Alcaldía Municipal de Caramanta, 2012, pág. 27)49.

A lo que se suman (como se había mencionado antes) los modelos de vida promocionados en los medios de comunicación y en algunos casos ideas transmitidas por los padres, en las cuales el dinero se constituye como un elemento central, en contraposición al desarrollo de la producción agrícola que no se considera rentable. De ahí que uno de los pobladores del municipio manifieste que, 49

De acuerdo con el artículo 77 de la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), las instituciones educativas gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales de conocimiento definidas para cada nivel, introducir las asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adoptar los métodos de enseñanza y definir las actividades normativas. De ahí que sean ellas las que establecen el tipo de educación media que imparten (media académica o media técnica).

Esto concuerda con lo planteado en la Ley 715 de 2001 en la que se plantea que en lo referente al ámbito educativo, la nación asume el papel de orientadora y reguladora de la educación, los departamentos y municipios de más de cien mil habitantes son los responsables de la prestación del servicio en su jurisdicción, y cada institución educativa es responsable de la calidad del servicio educativo que presta.

En lo referente a la educación media técnica, la Ley 115 de 1994 en sus artículos 32 y 33, esboza que esta prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los servicios, para la continuación de la educación superior. De ahí que sus principales objetivos sean la capacitación básica inicial para el trabajo, la preparación para vincularse al sector productivo y a las posibilidades de formación que este ofrece y la formación adecuada a los objetivos de la educación media académica, para que el educando pueda ingresar a la educación superior.

Es así como, la educación media técnica se relaciona más directamente con la preparación de mano de obra calificada que pueda insertarse más rápidamente al mercado laboral, satisfaciendo las demandas del mismo. Lo que expresa una contradicción en el caso del municipio de Caramanta, en la medida en que si bien la educación media técnica tiene como uno de sus principales objetivos la vinculación al sector productivo, la formación técnica comercial que reciben los estudiantes de este Municipio no se corresponde con el potencial agrícola del mismo, imposibilitando su incorporación a la estructura productiva del Municipio.

104

estudiamos comercial, [entonces hay que ir a] Medellín, porque tengo que ser o contador o administrador ¿sí? Eso me enseñaron. Otra cosa es que la educación a usted lo capacita pa’ recibir plata ¿cierto? No pa’ ser persona, entonces a usted desde chiquitico le dicen: “tiene que estudiar pa’ que trabaje y sea alguien en la vida y tenga plata” ¿cierto? Eso es, entonces usted, se va, en once usted sale y tengo que estudiar pa’ conseguir plata pero aquí no y menos porque como el campo no es rentable (Comunicación personal, 2013)

Esta percepción de la educación como aparato ideológico que impulsa a los jóvenes a salir del municipio también es percibida por una integrante del grupo Jóvenes en Defensa del Territorio (JODETE), quien en el año 2013 cursaba noveno grado en la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa y expresaba que “muchos se están yendo del pueblo, nos estamos dando cuenta que en el colegio nos están enseñando para que nos vayamos no para que tratemos de buscar algo acá” (Comunicación personal, 2013)

El abandono del campo por los jóvenes no es un fenómeno exclusivo de Caramanta. Según las proyecciones del DANE, la población entre los 15 y 24 años que vivía en áreas rurales en 1985 era de 2.099.578. Una década después esta cifra había disminuido al pasar a 2.038.977.

Y en el año 2005 era de 1.979.793. Y, de acuerdo con cifras del Ministerio de Educación, de 200 mil estudiantes graduados en Colombia en el año 2011, sólo 2.000 lo hicieron en ciencias agropecuarias (el 1% de los profesionales). Con lo cual se evidencia no sólo un envejecimiento de la población rural en el país sino la falta de un relevo generacional, que se relaciona directamente con el hecho de que las nuevas generaciones ya no ven al campo como parte de su proyecto de vida (Semana, 2013). Fenómeno al que se ha tratado de responder en el municipio de Caramanta con la configuración de organizaciones como JÓDETE, que busca despertar en los jóvenes del municipio el interés por las problemáticas actuales de su municipio y en este sentido, por la defensa del territorio, principalmente del agua y la tierra.

105

3.2.2 RESPUESTAS Y RESISTENCIA, LA AGROECOLOGÍA COMO ESTRATEGIA PARA LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO

Como respuesta a los cambios antes mencionados en términos de la valoración de la naturaleza y la apropiación del territorio, y a las transformaciones en las prácticas productivas y uso del suelo ligadas a las mismos, en el año 2001, el alcalde electo Herman Javier Ocampo Salgado, instituye en su Plan de Desarrollo Municipal como eje prioritario el fortalecimiento de las organizaciones campesinas ASAP Caramanta50 y AMUCAR51.

Durante este proceso, ASAP Caramanta adopta como líneas estratégicas “la producción agroecológica52; la participación de las mujeres en pie de igualdad con los hombres, y la familia, y no el individuo, como unidad de afiliación y decisión.” (Molano, 2011). Con lo cual los asociados de ASAP empiezan a establecer y a promover otra lógica de relacionamiento con la naturaleza y con ello de apropiación del territorio, encarnada en la adopción del modelo agroecológico. En la cual temas como la sostenibilidad de las prácticas productivas, la soberanía alimentaria y la permanencia en el territorio se constituyen como relevantes y primordiales.

La agroecología puede ser descrita como

[el] manejo ecológico de los recursos naturales a través de formas de acción social colectiva que presentan alternativas al actual modelo de manejo industrial de los recursos naturales, mediante propuestas, surgidas de su potencial endógeno, que pretenden un desarrollo participativo de los ámbitos de la producción y la circulación alternativa de productos, intentando establecer formas de producción y consumo que contribuyan a encarar la crisis

50 51

52

Asociación Agropecuaria de Caramanta Asociación de Mujeres de Caramanta

La adopción de la agroecología en Caramanta, se conecta con otros procesos a nivel latinoamericano en la medida en que este modelo también se ha implementado en países como Argentina, Brasil, Bolivia, México y Chile. Quienes en el año de 1998, en Pereira, Colombia, se reunieron para establecer la declaración de principios como miembros del Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA).

106 ecológico y social y con ello a enfrentarse al neoliberalismo y la globalización económica (Sevilla, 2004, pág. 15)

De esta manera, la agroecología además de constituirse como un modelo alternativo, instituye otra lógica de producción, relacionamiento con el territorio y forma de vida. De ahí que empiece a generar una ruptura con respecto a la manera en que venía adelantándose la producción agrícola en el municipio, que según habitantes del corregimiento de Alegrías, “se realiza con agroquímicos intensivos, deteriorando la salud y los recursos naturales” (Swissaid, 2010, pág. 25). Razón por la cual se inicia un proceso de rescate de las formas de producción tradicionales y los saberes asociados a las mismas que se habían ido perdiendo progresivamente a raíz de la implantación del monocultivo del café y de la implementación del modelo de revolución verde. Empezando a revalorarse la importancia de la producción para el autoconsumo, de la diversificación de los cultivos, del uso, rescate e intercambio de semillas endógenas y de la sostenibilidad del cultivo en el largo plazo.

Es así como la difusión del modelo agroecológico por parte de los asociados de la ASAP (114 familias), se constituye como un mecanismo de resistencia y permanencia en el territorio en un periodo en el que como se ha señalado a lo largo del texto, se había dado una compra sistemática de terrenos, tendiente a la concentración de la tierra en el municipio y en el que la economía del mismo estaba muy debilitada a raíz de la caída de los precios del café. Lo que generó que varias familias campesinas dependientes del monocultivo del café no tuvieran el dinero suficiente para adquirir los insumos necesarios, limitando sus posibilidades de subsistencia y presionándolos a vender sus terrenos. Frente a lo cual los asociados de la ASAP plantean que, [Empezaron a] ir a onde las familias, enseñarles a hacer los abonos porque decían que no tenían con qué compararlos, a que en la finca no tuvieran un solo cultivo, que no fuera monocultivo sino que hubiera rotación de cultivos y hubiera diversidad también y a trabajar como todo eso (Comunicación personal, 2013)

Todo esto cuestiona la idea instituida en el municipio de que el campo no es rentable al mostrar que son posibles otras formas de producción, relacionamiento con la naturaleza y por

107

ende manejo del territorio, que pueden ser sostenibles en el largo plazo, garantizando la permanencia en él.

3.2.2.1 LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA EN CARAMANTA

Las técnicas empleadas durante el desarrollo de la producción agroecológica, difieren significativamente de aquellas promovidas en el marco del modelo de revolución verde. A continuación se presentan las características principales de estos dos modelos de producción (ver Cuadro 1)

Cuadro 1: Agricultura convencional vs Agroecología AGRICULTURA

AGROECOLOGÍA

CONVENCIONAL (MODELO DE REVOLUCIÓN VERDE)53 

Utilización intensiva de fertilizantes

obtenidos

el nitrógeno, el fósforo y el potasio)

descomposición controlada y cíclica

fungicidas,

de desperdicios vegetales y animales

herbicidas, e

insecticidas

sintéticos.

por

medio

de

la

(Núñez, 2000) 

Utilización de semillas híbridas y transgénicas.



Utilización de abonos orgánicos

químicos de alta solubilidad (como

hormiguicidas 



Recuperación y uso de semillas nativas.



La tierra es vista como parte de un

Valoración de la tierra desde el

sistema

que

integra

“procesos

aspecto netamente físico (como

geológicos,

soporte de plantas) y químico (como

biológicos, a través de flujos de

proveedor de nutrientes)

materia y materia que se establecen

físico-químicos

y

entre organismos vivos y entre

53 Los datos que se presentan a continuación provienen del texto “Agricultura agroecológica- Orgánica en el Uruguay: Principales conceptos, situación actual y desafíos” publicado en el año 2007 por Raquel Barg Venturini y Fernando Queirós.

108

AGRICULTURA

AGROECOLOGÍA

CONVENCIONAL (MODELO DE REVOLUCIÓN VERDE)53  



Uso intensivo de insumos externos

ellos” (Toledo, 1984 en Barg &

al predio.

Queirós, 2007, pág. 30)

Masivo uso de químicos basados en



Reducción de la dependencia de

energía fósil no renovable (como el

insumos manufacturados externos,

petróleo)54

sustituyéndolos

Monocultivo y reducción de la

naturales (FAO, 2007)

biodiversidad.



por

insumos

Cultivo de dos o más especies en el mismo

terreno

para

beneficio

mutuo. Siendo esta una herramienta de bajo costo para aumentar la productividad de la siembra (Núñez, 2000) 

Sostenibilidad del cultivo en el largo plazo.

La sostenibilidad del cultivo en el largo plazo se constituye como un elemento primordial en el marco del modelo de producción agroecológica en la medida en que garantiza la obtención del alimento y sostenibilidad de la agricultura a cinco o más años. De ahí que las familias que han adoptado el modelo de producción agroecológico realicen ejercicios de planificación de sus fincas a uno y cinco años. Así lo plantea una de las asociadas de ASAP, Doña Olga, quien por medio de los mapas de su finca realizados por ella y sus hermanas, en el año 2011 en el marco de un taller de planeación participativa del territorio orientado por Swissaid y la alcaldía de Caramanta, evidencia las modificaciones y perspectivas a futuro en el manejo de los cultivos de su finca.

54

De ahí que cuando aumentan los precios de combustibles fósiles como el petróleo, también aumentan los precios de los alimentos (Fajardo, 2013)

109

Es así como, al mostrarme el mapa que representaba el estado de su finca en el año 2011, Doña Olga manifiesta que para ese año ella y sus hermanas tenían diversidad de cultivos como maíz, fríjol y café y animales. Sin embargo, los animales no los tenían en escala: “Nosotros teníamos, conseguíamos diez pollos, cuando crecían no los comíamos y quedábamos sin nada, ahora es al contrario ya los tenemos es en escala” (Comunicación personal, 2013) (Ver Imagen 4)

Imagen 4: Mapa de la finca en el año 2011

Fuente: Elaboración hermanas Ospina, Vereda San José la Guaira, Corregimiento de Alegrías, Caramanta

Posteriormente, al mostrarme el mapa de la finca que presenta la visión de esta a un año, Doña Olga manifiesta que en este, ella y sus hermanas, plasmaron sus sueños de tener un biodigestor55 (con el que ya cuentan), un quiosco (que ya hicieron), el beneficiadero de café y continuar con la renovación de este grano. (Ver Imagen 5)

55

Un biodigestor es un tanque herméticamente cerrado en el cual la materia orgánica que se encuentra en el estiércol de ganado vacuno, cerdos y aves, así como otros desechos orgánicos se fermentan por la acción de bacterias y otros organismos anaerobios, transformándose en biogás y bioabonos (Renovables, 2011). Este biodigestor, (que fue el premio obtenido por doña Olga y sus hermanas al ganar un concurso organizado por la Gobernación de Antioquia) es la fuente del gas que emplean doña Olga y sus hermanas en su finca para cocinar.

(Notas de campo, 2013).

110 Imagen 5: Mapa de los sueños a 1 año

Fuente: Elaboración hermanas Ospina, Vereda San José la Guaira, Corregimiento de Alegrías, Caramanta

Finalmente, al enseñarme el mapa de la finca que representa la planeación de esta a cinco años, Doña Olga me cuenta que en este, ella y sus hermanas plasmaron su sueño de conseguir un pozo séptico para evitar la contaminación del agua. Pues pese a que, tal como plantea doña Olga, ya no se está contaminando tanto, todavía se producen residuos. Así mismo plantea que sueñan con tener una planta generadora de energía para la finca (ver Imagen 6)

111 Imagen 6: Mapa de los sueños a 5 años

Fuente: Elaboración hermanas Ospina, Vereda San José la Guaira, Corregimiento de Alegrías, Caramanta

Los mapas de Doña Olga y la explicación que ella brinda sobre lo que se encuentra representado en ellos, permiten entender cómo la adopción del modelo agroecológico incorpora una visión de sostenibilidad en el largo plazo y en este sentido un cambio en las prácticas productivas. De ahí que doña Olga y sus hermanas ahora tengan los pollos a escala, y manifiesten una preocupación por el manejo de los residuos, la conservación del agua y el uso eficiente de energía, siendo estos elementos que garantizan la obtención de alimentos a lo largo de los meses y los años y el uso sostenible de elementos como el agua y la tierra.

De manera que, el modelo agroecológico al reducir el uso de agroquímicos e insumos externos e incorporar una nueva lógica de producción, se constituye como una respuesta al modelo de revolución verde y en este sentido, a la contaminación derivada del uso de insumos químicos.

112

Sin embargo la comercialización de los productos y el volumen de producción, se constituyen en el principal “cuello de botella” de este modelo agroecológico. Según datos de la FAO del año 2002 los rendimientos de la producción agroecológica son inferiores entre un 10 y un 30 por ciento en relación a los de la agricultura convencional (FAO, 2002). De ahí que cuando se cultiva agroecológicamente se obtenga menos volumen de producción y los productos sean más costosos en relación con aquellos cultivados de manera convencional.

Esto ha llevado a los asociados y asociadas de ASAP a buscar mecanismos para garantizar la comercialización de sus productos, bajo la lógica del comercio justo56, como lo son instalar una tienda en la sede de la Asociación ubicada en Caramanta, en la cual las personas del pueblo y los visitantes pueden comprar café, chocolate, panela y elementos como bloqueadores solares y pomadas, elaborados por sus asociadas con base en plantas que cultivan en sus fincas como la caléndula.

Así mismo han establecido relaciones con la organización Manada Libre57, quienes comercializan los productos de ASAP en Medellín, a la par que difunden el proceso de adopción del modelo agroecológico y resistencia en el territorio adelantado por los integrantes de ASAP en Caramanta. Lo que evidencia que la agroecología no sólo les ha permitido garantizar la producción de alimentos para el autoconsumo, sino obtener ganancias derivadas de la comercialización de sus productos. Así lo muestra encuesta realizada por Swissaid a 58 familias pertenecientes a la Asociación, que arroja que los ingresos por venta de productos derivados de cultivos transitorios y especies menores, en el año 2013 fueron de $100.404.700; en tanto la valoración en pesos de los productos destinados para autoconsumo correspondió a $42.532.246

56 El comercio justo hace referencia a un movimiento internacional cuyo principal propósito es mejorar el acceso al mercado de los productores más desfavorecidos, en el cual los intermediarios están dispuestos a reducir sus márgenes de ganancia para otorgar al productor un mayor beneficio. En este contexto, los precios de los productos se establecen por medio del diálogo y el mutuo acuerdo entre productores e intermediarios; y la transparencia es uno de los elementos primordiales en el marco de las relaciones comerciales (reas, s.f.).

57 Es una organización que promueve el uso de software libre, el conservacionismo y el consumo moderado y busca alternativas de comunicación libres y gratuitas que permitan el libre acceso a la información y al conocimiento (Manada Libre, s.f.). Así mismo, comercializa los productos agroecológicos de BIABUMA y ASAP Caramanta, con lo cual apoya los procesos de defensa del territorio, basándose en la economía solidaria y con ello en principios de comercio justo, consumo responsable, control del proceso productivo por parte de los productores y proyectos asociativos (Notas de Campo).

113

Toda la información anteriormente presentada permite entender que existe una correlación entre la configuración histórica del municipio, puntualmente entre procesos como la compra de tierras, la presencia de actores armados, la crisis del café y más recientemente la adopción del modelo agroecológico por parte de algunos productores; y las valoraciones construidas históricamente en torno a la naturaleza y la apropiación del territorio.

En este contexto es posible identificar cuatro formas de relacionamiento con el territorio y valoraciones de la naturaleza (asociadas con prácticas productivas concretas)58, a saber: a.

Continuidad del monocultivo del café, que hace parte de la construcción de identidad

de los campesinos de Caramanta, expresa la tradición productiva del municipio y subyace a todas las demás formas de apropiación del territorio.

b. Implementación de pastos, ganadería extensiva, y de monocultivos como tomate de árbol, aguacate y granadilla. De manera que la tierra no se constituye como un elemento vital para subsistir puesto que no se depende de ella, por lo que se privilegia el usufructo de esta y de la naturaleza en general, dando una mayor importancia a la ganancia económica derivada de la tenencia de la tierra más no de su trabajo en ella. Contexto en el cual predomina una visión de naturaleza en la cual esta debe ser explotada y controlada, por lo que en la valoración que se hace de la misma predomina una racionalidad económica, a partir de la cual se le asignan precios de mercado y se obtiene una renta de la explotación de sus recursos.

58

De estas cuatro formas de relacionamiento con el territorio y valoración de la naturaleza, las que se confrontan de manera más evidente en el desarrollo del conflicto socio ambiental que tiene lugar actualmente en el Municipio son, aquella relacionada con la implementación de pastos y monocultivos en la que subyace una visión de la naturaleza como mercancía; y aquella relacionada con la promoción y adopción de la agroecología, cuyos defensores manifiestan una valoración de la naturaleza que supera la racionalidad económica, incorporando significados y sentidos de vida construidos históricamente en el territorio.

En este contexto, la forma de relacionamiento con el territorio en la que se considera que el campo no es rentable si bien no se confronta per se de manera directa con las dos anteriores, con la llegada de la actividad minera (como se verá a continuación) termina entrando en conflicto con la valoración que construyen aquellos que promueven la agroecología; al constituirse como un factor que incide en el apoyo al desarrollo de la actividad minera. En tanto la continuidad del monocultivo del café, a la vez que va en contra de los principios agroecológicos, se constituye como un elemento estructurante de la identidad campesina en Caramanta.

114

c.

Abandono del Municipio producto de la idea de que el “campo no es rentable”, razón

por la cual se hace necesario migrar hacia la ciudad en búsqueda de oportunidades de empleo que sean rentables y permitan vivir. Lo que lleva a una pérdida del conocimiento relacionado con el cultivo de los alimentos en la medida en que este ya no es transmitido de generación en generación, existiendo así cambios en la forma de relacionarse con el territorio y en la apropiación hacia el mismo. Contexto dentro del cual Caramanta ya no se constituye como un como un territorio en el cual vivir puesto que no brinda las oportunidades laborales para permanecer allí.

d. Adopción y promoción de la agroecología como una forma de permanencia, resistencia, cuestionamiento del modelo de revolución verde y del capitalismo en general; y reafirmación de la identidad campesina. Liderada principalmente por organizaciones campesinas como la Asociación Agropecuaria de Caramanta, quienes ven el modelo agroecológico no sólo como una forma de producción sino como “una forma de vida”. En esta relación se construye una valoración de la naturaleza que supera la racionalidad económica en la medida en que involucra significados culturales construidos históricamente, en los cuales a elementos como la tierra y el agua no les pueden ser asignados precios de mercado.

Estas cuatro formas de relacionamiento con el territorio y de valoración de la naturaleza que confluyen en el municipio de Caramanta, inciden directamente en la posición que adoptan los actores frente al desarrollo de la actividad minera en el Municipio y en la forma en que construyen sus discursos a favor o en contra de la misma, en función de los cuales, como se había mencionado antes, son identificados como mineros o anti mineros (Notas de campo, 2013).

3.3 EXPLORACIÓN MINERA Y VALORACIÓN DE LA NATURALEZA, CONVERGENCIAS Y ANTAGONISMOS

Como se esbozó en el segundo capítulo, el sector minero ha sido promovido por distintos gobiernos latinoamericanos como uno de los principales ejes de desarrollo de los países. Lo

115

anterior, ha estado ligado a la promoción y adopción del neoliberalismo en todo el mundo; y a la introducción del moderno concepto de desarrollo hacia 1950 (Márquez, 2001). Desde el cual se plantea que el motor de progreso de las sociedades es el crecimiento económico, a partir del cual se producen los avances a nivel político, social y cultural (Gudynas, 1995).

En este contexto, se construye una postura fuertemente antropocéntrica frente a la naturaleza, en la cual esta se concibe como una canasta de recursos, a los cuales se les asignan precios. Que tiene intrínseca una lógica de apropiación y dominación de la naturaleza para ponerla al servicio de procesos productivos59 (Gudynas, 1995).

La valoración de la naturaleza como canasta de recursos, que tienen dueño (el Estado), a los cuales les pueden ser asignados precios y de los cuales se puede disponer, se refleja en la política minera del país.

Es así como, la Ley 685 de 2001, Nuevo Código de Minas, en su artículo quinto (en desarrollo del artículo 332 de la Constitución Política de Colombia), declara que Los minerales de cualquier clase y ubicación, yacentes en el suelo, el subsuelo, en cualquier estado físico natural, son de la exclusiva propiedad del Estado, sin consideración a que la propiedad, posesión o tenencia de los correspondientes terrenos, sean de otras entidades públicas, de particulares o de comunidades o grupos. (Art. 5, Ley 685 de 2001)

Mientras el artículo 13, en desarrollo del artículo 58 de la Constitución Política establece (al igual que en el Decreto 2655 de 1998) que la minería es una “«actividad de utilidad pública y de interés social» lo que permite la expropiación unilateral de bienes en los que se sospeche que hay minerales independientemente de quién ocupe esos lugares” (PIB, 2011, pág. 9). Razón por la cual los municipios no pueden decidir sobre el desarrollo de la actividad minera en sus territorios, y

59 En el caso específico de la minería, estos procesos productivos tienen intrínseca una lógica de división social del trabajo a nivel global, en la cual a países como Colombia se les asigna el papel de proveedores de materias primas. Razón por la cual en el proceso de explotación de los minerales en el país no se genera ningún valor agregado.

116 los Concejos Municipales y las Asambleas Departamentales no podrán establecer zonas del territorio que queden permanentemente o transitoriamente excluidas de la minería mediante acuerdos municipales u ordenanzas departamentales respectivamente, por exceder el ámbito de sus competencias (Parágrafo 1, Art. 1, Decreto 934 del 9 de mayo de 2013)

Además de esta valoración de la naturaleza como proveedora de recursos, existe en la política minera en general y en los artículos mencionados en particular, una construcción de territorio como un espacio en el cual hay minerales disponibles, susceptibles de ser explotados, que invisibiliza los significados construidos en su relación con el mismo por sus habitantes a lo largo de los años y en la que se expresa una primacía de la actividad minera sobre la actividad agrícola. De ahí que los municipios no puedan oponerse al desarrollo de la actividad.

Es así como el territorio en la visión estatal se constituye como un espacio con recursos que pueden ser puestos a disposición, principalmente de empresas extranjeras60 para ser explotados. Lo que ha tenido como correlato el aumento en los títulos mineros en el país, de manera que, como se había esbozado en el capítulo anterior, para finales de diciembre de 2012, había 9.400 títulos mineros suscritos que cubrían 5,6 millones de hectáreas (ha); y más de 19.000 solicitudes de zonas con potencial minero por resolver (Negrete, 2013).

Para el caso específico del departamento de Antioquia, la mayoría de los títulos son para oro y, como se evidenció en el capítulo anterior, la mayoría de las empresas presentes en este departamento corresponden a empresas junior o de exploración minera. Esto se refleja también en Caramanta en donde los proyectos que adelantan las empresas, son proyectos de exploración minera. Como se había mencionado antes, los habitantes de Caramanta reconocen claramente la presencia de cuatro empresas de exploración en el territorio: Iamgold Corporation, Solvista Gold Corporation, Corporación Minera de Colombia y Caramanta Conde Mines S.A (sancionada por Corantioquia). Todas estas empresas, comparten con el Estado colombiano la misma valoración de la naturaleza, a saber, la

60

Pues se argumenta que estas son las que cuentan con buenas prácticas ambientales y un profundo sentido de responsabilidad social empresarial.

117

naturaleza como fuente de recursos que pueden ser usufructuados, los cuales son mercantilizados, a los que se les asigna un precio y de los cuales se obtiene una renta.

En este contexto, y en especial para el caso de las empresas de exploración minera, que como se mencionó anteriormente, venden las acciones de sus proyectos en bolsas de capitales de riesgo, juega un papel muy importante el fenómeno de la financiarización.

3.3.1

EXPLORACIÓN

MINERA,

FINANCIARIZACIÓN

Y

MERCANTILIZACIÓN DE LA NATURALEZA

La financiarización hace referencia a la predominancia de la lógica financiera, sobre la lógica productiva. Razón por la cual los comportamientos de las empresas y los inversionistas se dirigen más a la búsqueda de rentas financieras que de ganancias derivadas del proceso productivo (Giraldo, S.f). De ahí que la financiarización pueda ser entendida como “the increasing role of financial motives, financial markets, financial actors and financial institutions in the operation of the domestic and international economies 61.” (Epstein, 2006, pág. 3)

Para el caso específico del sector minero y en particular de la fase de exploración minera, este fenómeno ha posibilitado la promoción y venta de proyectos de exploración por parte de la empresas en bolsas de capitales de riesgo, en las que se busca conseguir inversores para el desarrollo de los mismos.

De esta manera, los minerales que yacen en el subsuelo y en general los territorios se convierten en acciones que son comercializadas (y con los cuales se especula) en bolsas de valores a nivel global. Cuya compra promete a los inversores altas tasas de rentabilidad y ganancia, en caso de encontrarse las concentraciones de mineral esperadas.

61

el creciente rol de las motivaciones financieras, los mercados financieros, los actores y las instituciones financieras en el funcionamiento de las economías nacionales e internacionales

118

En este contexto, los territorios son vistos como espacios aparentemente improductivos en los cuales hay minerales susceptibles de ser explotados, y que prometen altas tasas de ganancias (rentabilidad) para quienes invierten en el proyecto.

Así lo evidencian flyers de empresas de exploración minera (ver Imagen 7) que llegan a hogares de ciudadanos estadounidenses en los cuales, no sólo se promociona al país como una fuente de minerales cuya explotación puede generar alta rentabilidad, sino que se evidencia cómo la política minera colombiana posibilita la exploración y extracción de estos minerales y la obtención de ganancias, en la medida en que, como lo anuncia la imagen “las nuevas leyes sobre minería en Colombia pavimentan la vía hacia las ganancias”

Imagen 7: Flyer de una empresa de exploración minera

FUENTE: Tropenbos Internacional Colombia. (2013). Contribuciones locales a una historia de la minería en la Amazonía colombiana. Tropenbos Internacional Colombia.

De esta manera, la valoración de la naturaleza y la construcción de territorio presente en la política minera, se corresponde con la valoración que construyen las empresas de exploración y explotación minera. Razón por la cual, a partir de la política no sólo se brindan

119

ventajas al capital extranjero para llevar a cabo proyectos de exploración y explotación en los territorios; sino que esta se constituye en una herramienta de legitimación de las acciones de las compañías en los mismos. Lo que muestra la existencia de una correlación entre los cambios jurídico políticos que han tenido lugar en la política minera del país desde el año 2001, con la idea de desarrollo, y con la adopción del modelo neoliberal.

Este modelo a su vez se relaciona con la financiarización de la naturaleza, que está dada por “la mercantilización, privatización y comercialización de nuestros recursos comunes” (Food&water watch, 2012, pág. 1). Lo que explica la promoción de la actividad minera como fuente de ganancias, tanto para los inversionistas como para el país en general, e impone la visión de los territorios como espacios con recursos de los cuales se puede disponer para obtener renta, que choca con la construcción de este como un espacio de vida para las comunidades que lo habitan.

3.3.2

EXPLORACIÓN

MINERA,

OPORTUNIDAD

PARA

UNOS,

AMENAZA PARA OTROS

La promoción de la actividad minera como fuente de ganancias, de desarrollo y de crecimiento económico no sólo se evidencia en la publicidad de las empresas que buscan inversionistas para el desarrollo de sus proyectos. Esta misma promoción se ha dado a nivel nacional al denominar a la minería como “locomotora del desarrollo”, lo que ha despertado expectativas y miedos en los habitantes de los territorios a los cuales han llegado empresas de exploración o explotación minera.

Estas expectativas y estos miedos están presentes en los caramanteños. Allí la presencia de empresas de exploración minera ha generado la división de los habitantes del pueblo en dos posiciones a saber: a favor y en contra del desarrollo de la actividad minera, que tienen como correlato la identificación de las personas como mineros o anti mineros.

120

En este contexto, como se había esbozado anteriormente, el conflicto por el manejo del territorio que ha tenido lugar en Caramanta aproximadamente desde los años noventa, adquiere con mayor fuerza una dimensión socio ambiental. En la medida en que las valoraciones de la naturaleza, especialmente del agua y la tierra, y la relación con el territorio, se constituyen como elementos que inciden directamente en la toma de posición de los actores (organizaciones campesinas, terratenientes, funcionarios de empresas mineras, funcionarios de la alcaldía, gobierno, pequeños mineros y Corporaciones Autónomas Regionales, para este caso, Corantioquia).

En este punto es importante recordar que la llegada de empresas de exploración minera al Municipio se da en un contexto caracterizado por los siguientes elementos: desempleo como fenómeno creciente, alta concentración de la tierra en el municipio, dependencia del monocultivo del café y debilitamiento de la economía cafetera (derivado de las crisis que ha sufrido el sector en los últimos años), abandono del campo e instauración de la idea de que este no es rentable, y fortalecimiento de organizaciones campesinas como ASAP Caramanta, quien adopta y promueve la agroecología como forma de vida en el municipio.

Cada uno de estos procesos ha generado una valoración de la naturaleza y una relación con el territorio que incide directamente en la percepción que se construye en torno a la actividad minera en el municipio, y en la que se expresan divergencias de intereses y antagonismos entre los actores, que se hacen patentes en los argumentos a favor o en contra de la actividad minera.

A continuación se presentan los principales argumentos presentes en los discursos producidos por actores como funcionarios públicos, funcionarios de empresas mineras y organizaciones campesinas, a favor y en contra del desarrollo de la actividad minera en el municipio.

121

3.3.2.1 MINERÍA RESPONSABLE VS MINERÍA ILEGAL

Uno de los principales argumentos a favor del desarrollo de la actividad minera es la alta rentabilidad que puede generar la misma para el Municipio. En este sentido, un actual concejal y ex alcalde a quien llamaré Juan, plantea que la minería es “desafortunadamente (…) la única alternativa y salvación que tiene Caramanta para subsistir” (Juan, 2013), en la medida en que, si bien Caramanta se constituye como un “municipio de cultura cafetera” (Juan, 2013) las crisis del café y los bajos precios del grano en los últimos años han llevado a que el campesino “trabaje a pérdida”. Lo que se agrava según este concejal con la dependencia que tienen los campesinos al café, que imposibilita que desarrollen otro tipo de cultivos. De ahí que, si bien desde administraciones municipales como la de él, se han propuesto otro tipo de proyectos productivos estos no hayan prosperado,

desafortunadamente yo a través de la administración municipal, acá con el doctor Hernando Mario [el Señor], propietario de la empresa62, hemos querido impulsar otros cultivos y ha sido imposible en gran escala porque si cultivas (prolongación al final de la palabra) en pequeña escala pues no tienes, no tienes eh criterios o porcentajes para comercialización, siempre vas a ir con la comercialización por debajo (pausa). (…) Yo en la administración municipal traté de impulsar el cultivo del plátano, fui fundador de la cooperativa San Bartolo aquí en el municipio, pero es un fracaso porque el campesino (pausa) y me perdonan, es de una mentalidad muy cerrada y (prolongación final de la palabra) desafortunadamente no cultiva sino café (pausa) (Juan, 2013)

En este contexto, la minería se percibe como una actividad que puede generar empleo para el municipio y como una posibilidad de desarrollo, dadas las crisis que ha sufrido el sector cafetero en los últimos años. Sin embargo, no es cualquier tipo de minería la que defiende Juan, él se refiere únicamente a aquella minería desarrollada por las empresas transnacionales en el municipio, la cual identifica como minería responsable en la medida en que cumple con todas las normas ambientales. De ahí que exprese que, “hoy tenemos acá en el municipio una

62

Se refiere a la empresa La Tesalia, única empresa agropecuaria del municipio de la que se habló en el primer capítulo.

122

minería a gran escala, una minería responsable, cumpliendo todas las medidas ambientales” (Juan, 2013) Según Juan, en la medida en que esta minería sea controlada por las autoridades ambientales como Corantioquia y por las alcaldías municipales, no tiene por qué generar ningún tipo de problemas al municipio. De ahí que según él no pueda ser comparada con la minería que se lleva a cabo en municipios como Marmato o Amagá en los cuales no hay ningún tipo de control por parte de las autoridades, siendo esta minería la que genera problemas sociales y ambientales. Así lo expresa,

siempre ponemos el ejemplo de los casos de la minería sin control, siempre traen a colación Marmato, siempre traen a colación Zaragoza, Remedios, Amagá, Titiribí, Fredonia, pero no ponen a colación la minería que hoy está viviendo el municipio de Caramanta (…) Toda persona que se vea barequeando inmediatamente hacerle el proceso administrativo y cerrar, retirar el barequeo o cerrar la mina ilegal. Porque si vamos a dejar plagiar esto de minería ilegal, no estoy de acuerdo con el proceso minero en el municipio. (Juan, 2013)

De esta manera, se observa una correlación entre la minería desarrollada por las empresas transnacionales que están actualmente en el municipio, con la minería social y ambientalmente responsable. En contraposición a la minería que se lleva a cabo en municipios como Amagá, Titiribí, Remedios, Fredonia y Marmato, identificada como minería ilegal.

Esta asociación entre gran minería y minería responsable, que se contrapone a la minería ilegal, también está presente en los discursos del Gobierno.

Según la Ley 685 de 2001, la minería ilegal es aquella que se lleva a cabo sin un título minero. Sin embargo, en los últimos años, el Gobierno ha identificado a la minería ilegal como una actividad con la cual se financian grupos al margen de la ley como las FARC, lo que ha generado la estigmatización de pequeños mineros que están en una condición de

123

ilegalidad y que no han podido iniciar o terminar su proceso de formalización63, pero que no colaboran con grupos subversivos.

De ahí que, el problema central para los pequeños mineros sea que el Gobierno, “mete en el mismo saco a todas las personas que trabajan sin título o licencia ambiental -desde barequeros hasta mineros informales- con la minería criminal asociada a las Farc o Los Urabeños.” (Bermúdez, 2013)

Lo que muestra la permeación y adopción del discurso estatal a escala local, y su incidencia en la toma de posición a favor de las labores de exploración minera adelantadas por empresas transnacionales en el municipio.

Esta asociación entre minería responsable y empresas transnacionales mineras es compartida por el actual alcalde de Caramanta, quien expresa:

estoy convencido que nuestra obligación es vigilar porque los recursos naturales de nuestros municipios no se afecten en el grado de que se afectan en el tema minero, que el tema social pues no, no sea un problema porque Caramanta es un municipio muy tranquilo pero obviamente a medida que estamos conversando con las multinacionales, que la Gobernación ha estado acompañándonos y Corantioquia también, pues vamos teniendo un poco de tranquilidad porque sabes que aquí ya no se va a hacer minería ilegal, que son pues los que traen la prostitución la drogadicción, el alcoholismo, o sea el desorden cultural o social, sino que son compañías grandes, que obviamente pues para sacar el oro que hay aquí en Caramanta se necesita bastante capital y esos pequeños mineros no lo tienen. De todas maneras es un tema preocupante pero

63 Según Peace Brigades International, en el 44% de los municipios del país se lleva a cabo pequeña y mediana minería, siendo esta el sustento de cinco millones de personas (indígenas, negras y campesinas). Así mismo señala que muchos mineros nunca se enteraron que desde el año 2002 tenían que contar con un título para seguir llevando a cabo la actividad que llevaban realizando desde años atrás. Mientras que otros no contaban con los recursos económicos necesarios para adelantar los estudios y trámites exigidos, y otros al solicitar su título se encontraron con que el área ya había sido otorgada a una empresa transnacional.

Peace Brigades International también señala que en el año 2011 de las 2.845 solicitudes de legalización de pequeños mineros que llegaron a Ingeominas, sólo 2.310 (el 81,2%) consiguieron legalizarse. (Delgado, 2012) Todo lo cual da cuenta no sólo de las problemáticas que actualmente afrontan los pequeños mineros del país para obtener el título minero, sino de la prioridad dada desde el Gobierno a la inversión extranjera por parte de empresas transnacionales en el sector minero.

124 queremos, con ayuda de la Gobernación pues con nuestro gobernador Fajardo, pretender de que se haga una minería totalmente responsable (Alcalde de Caramanta, 2013)

De esta manera, se observa cómo tanto en el discurso de Juan como en el del alcalde, hay una correlación entre minería responsable, empresas transnacionales mineras, legalidad y fiscalización, en oposición a la minería ilegal que es la que según ambos genera problemas sociales y ambientales. Lo que teniendo en cuenta que los dos son funcionarios públicos, evidencia la adopción del discurso estatal tendiente a la promoción de la inversión extranjera representada en las empresas mineras, como argumento para posicionarse frente al desarrollo de esta actividad. Sin embargo, aunque ambos apelen al argumento de la gran minería como minería responsable, sus intereses son distintos.

En el caso de Juan, el posicionamiento a favor del desarrollo de la actividad minera y en este sentido el discurso de minería responsable, se relaciona con los intereses del Señor, en la medida en que este concejal ha sido uno de los aliados políticos de este terrateniente y es el gerente de la empresa La Tesalia, en cuyos terrenos la empresa Solvista adelanta las labores de exploración, como se había mencionado anteriormente, y con quienes según Juan, trabajan de la mano. En sus palabras,

vamos de la mano, por eso te digo, las tierras que hoy están siendo exploradas son de la empresa La Tesalia y vamos de la mano, trabajando con las, las dos gerencias, mi jefe con el gerente de Solvista Gold que es el que nos corresponde a nosotros, trabajando de la mano (Concejal del Municipio, 2013)

A lo que se suma que según algunos habitantes del pueblo, Juan y otro concejal tienen una concesión minera en un cerro, razón por la cual apoyan el desarrollo de la actividad minera (Notas de Campo, 2013)

En este contexto, la valoración de la naturaleza que se pone en juego es la de la naturaleza como fuente de recursos que están disponibles para ser explotados y de los cuales se puede obtener una renta, que comparten los terratenientes, el gobierno nacional, las empresas transnacionales mineras, y este concejal.

125

Así mismo hay tanto en el discurso del gobierno nacional como en el de los funcionarios públicos antes mencionados un claro apoyo a la gran minería, y un rechazo total a aquella que no es desarrollada por empresas transnacionales, en la medida en que se plantea que es esta la que genera problemas socio ambientales. De ahí que al ser interrogado sobre su opinión acerca del desarrollo de la minería artesanal en el Municipio Juan exprese que, grave, sería un problema bastante complicado para el municipio porque esos son los que generan el problema, esos son los que vienen, los que no tienen una cultura, los que no tienen una gerencia, por ejemplo aquí un trabajador de Solvista, lo ven borracho y lo despiden ¿sí?

En cambio un minero ilegal de una minería tradicional, es aquel que no tiene ninguna cultura, una cultura social, la única cultura que tiene es de explotar la tierra, mal explorada y es la que genera los problemas; caso concreto Marmato, Amagá o la cuenta del Sinifaná, Bajo Cauca, nordeste antioqueño64 y otras más regiones del país que son con los famosos barequeros, son los que para mí, generan el problema de la minería. (Concejal del Municipio, 2013)

Esta opinión es compartida por otro concejal de Caramanta a quien llamaré Leonardo, quien al ser interrogado por su posición personal frente al desarrollo de la actividad minera en el municipio plantea que,

no, yo personalmente, a ver cómo yo hago la comparación por decir algo con otros alcaldes y en otros municipios que le están metiendo a la minería ilegal, se están metiendo muchas personas como en el caso de Buriticá, que hablaba con el Alcalde de Buriticá la semana pasada en una reunión que tuvimos donde dijo que se metieron 500 personas ilegales a

64

Tal como lo manifiesta Juan, en la cuenca del Sinifaná, que comprende los municipios de Amagá, Titiribí y Angelópolis, existen gran cantidad de minas formales e informales que presentan problemas relacionados con seguridad en el proceso de explotación minera, remuneración inadecuada y trabajo infantil (Gobernación de Antioquia, s.f.). En tanto en el municipio de Marmato, la explotación desarrollada desde hace más de 520 años ha ocasionado cambios en el paisaje así como contaminación de fuentes de agua.

En el Bajo Cauca, la mayoría de mineros de la zona son extorsionados por bandas paramilitares y por la guerrilla presente en la zona y, según Corantioquia alrededor de 35.297 ha han sido degradadas por el desarrollo de la actividad minera (Jiménez, 2012).

Sin embargo, la presencia de grupos armados al margen de la ley y la contaminación de fuentes de agua y afectaciones a la tierra y el paisaje no sólo se presenta en territorios en los que están presentes pequeños mineros sino también en zonas donde operan grandes empresas trasnacionales. Esto es evidente en el municipio de Montelíbano, departamento de Córdoba, en donde se encuentra la mina de ferroníquel operada por la multinacional minera Cerro Matoso S.A que ha sido explotada desde hace más de treinta años. Lo que ha generado cambios en el paisaje, la contaminación de la quebradas Aguas Claras y Zaino y el incremento de la presencia de cáncer y enfermedades respiratorias en la población (Escobar P. , 2014)

126 trabajar la minería y que utilizó la fuerza pública, la Gobernación de Antioquia le ayudó, sacaron a esas 500 personas y a los 20 días ya no fueron 500 sino que se metieron 1200 personas, entonces es un problema, es un problema social que pues que para una administración es muy difícil de manejar, entonces digo yo, si de pronto por ley, la misma ley le da poder a las empresas canadienses para que se metan con la minería, entonces yo quisiera, yo pues como que lo veo de que es mejor tener una minería legal como la están haciendo algunas empresas que hacen una minería bien hecha a que se entren los ilegales porque se forma un problema muy difícil donde van a utilizar por decir algo químicos que van en contra de la misma población. (Leonardo, 2013)

Además de la asociación entre minería responsable y minería desarrollada por empresas transnacionales en el territorio, el discurso de Leonardo evidencia las tensiones entre políticas nacionales y toma de decisiones por parte de los municipios. Esta misma tensión se manifiesta en la toma de posición del alcalde frente al desarrollo de la actividad minera, en la medida en que, como se había mencionado antes, la declaración de la actividad minera como de utilidad pública e interés social, impide a los alcaldes establecer zonas del municipio no aptas para el desarrollo de esta actividad y prohibir el desarrollo de la misma. De manera que en el marco de sus competencias los alcaldes lo único que pueden hacer es llevar a cabo labores de fiscalización a las empresas transnacionales que se encuentren realizando labores en el territorio. Lo que muestra una vez más, la prevalencia de la actividad minera, instituida en la política nacional, por encima de los significados culturales y las prácticas productivas desarrolladas históricamente en el territorio.

Además de los elementos antes planteados, en el discurso en torno a la minería responsable se encuentra inmersa una visión eco-eficientista, a partir de la que se plantea que los daños ocasionados por la tecnología se resuelven por medio de la aplicación de mayor tecnología (Svampa M. , 2011). De ahí que la asociación entre minería responsable y empresas transnacionales tenga intrínseca el uso de alta tecnología de la cual disponen estas compañías, como garante de la mitigación de los daños ambientales generados durante el desarrollo de la actividad minera.

Este argumento del uso de tecnología como garante del cumplimiento de las normas ambientales para promocionar el desarrollo de la minería responsable no sólo es empleado

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por el gobierno nacional y por concejales como Juan para apoyar el desarrollo de la actividad minera. También es retomado por uno de los mineros en proceso de legalización en el municipio quien expresa que,

el desarrollo de la actividad minería sería una redención para Caramanta, sería extraordinario siempre y cuando se lleven todos los parámetros medioambientales, de seguridad social y por supuesto la parte técnica, que esté bien encaminada que se cumplan pues todos los pasos que exige el gobierno, no tener niños trabajando, que todo el personal esté capacitado, que tengan su seguridad social, la parte técnica que cubra pues todas las áreas de seguridad, sería extraordinario que llegaran a realizar pues explotaciones como tal aquí en Caramanta. Como le digo siempre y cuando siguiendo los parámetros que el Gobierno pues tiene dispuestos, que son bastante complicados de cumplir y de hecho el Gobierno está tratando de que haya mineros tradicionales que se legalicen como tal y por supuesto que cumplan pues todas las expectativas. [el] Gobierno está dando facilidades para que se legalice, legalicen su actividad minera, que paguen impuestos, que cumplan en sí con todas las exigencias del Gobierno. Eso sería extraordinario para Caramanta que eso sucediera y entonces en ese orden de ideas se está procediendo pues acá, acá en el municipio. (Minero en proceso de legalización, 2013)

De esta manera, se observa cómo en el discurso de este minero en proceso de legalización, quien plantea que lleva desarrollando una explotación de oro en su finca desde hace más de veinte años, hay elementos de convergencia con el discurso del concejal. Como lo es la valoración de la minería como una actividad que podría representar la salvación para el municipio en términos económicos, lo que tiene en sí la valoración del oro como un recurso que puede ofrecer una alta rentabilidad económica. A la vez que manifiesta la dificultad que encarna el proceso de formalización para los pequeños mineros y los mineros artesanales en el país.

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3.3.2.2

MINERÍA

COMO

OPORTUNIDAD

DE

EMPLEO

Y

DESARROLLO PARA CARAMANTA Como se evidenció en el discurso del concejal y del minero en proceso de legalización, para algunos de los actores vinculados al conflicto socio ambiental que actualmente se presenta en Caramanta, la minería se constituye como una oportunidad, en términos económicos, para el municipio.

Esta opinión es compartida por Leonardo, quien manifiesta que la posición de la alcaldía frente al desarrollo de la minería, pasa necesariamente por la percepción de esta como una fuente de empleo en la medida en que en Caramanta no hay suficientes vacantes para incorporar toda la mano de obra disponible. De ahí que al ser interrogado por la posición de la alcaldía frente al desarrollo de la actividad minera plantee que,

hay un concepto como muy claro de que el municipio, la población de Caramanta en la mayoría, no hay trabajo, no hay fuentes de empleo, entonces ven como lo de la minería como una fuente de empleo. No es igual pues que estén como muy de acuerdo porque igual hay que cuidar pues lo verde, hay que cuidar las aguas y Caramanta pues es un municipio muy bueno en aguas, pero prácticamente eso se hace es como por lo que, las fuentes de empleo. (Leonardo, 2013)

Esta falta de empleo en el municipio, como se mencionó anteriormente, obedece a acontecimientos históricos como la crisis del café y la compra de tierras en el municipio, a partir de los cuales empiezan a reducirse las oportunidades laborales. Lo que se relaciona además con la institución de la idea de que el campo no es rentable, que como se esbozó anteriormente incide en las migraciones campo - ciudad y marca un tipo de relación distinta con el territorio y la naturaleza, en la cual la obtención de dinero para aumentar la capacidad adquisitiva, empieza a cobrar mayor relevancia.

La falta de empleo como uno de los principales argumentos a favor del desarrollo de las labores de las empresas en el Municipio, no sólo se encuentra presente en los discursos de los funcionarios públicos. Este es compartido por algunos habitantes del municipio, como lo

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evidencia una persona de Caramanta, quien al ser interrogada por su posición frente al desarrollo de la minería plantea,

En este momento hay mucha gente consiguiendo la comidita, la platica pa’ la comida de la… a mí no, a mí, por mí que aiga trabajo como un verriondo. Que aiga bastante trabajo pa’ todo mundo, eso es lo que necesitamos, que entre plata al pueblo porque es que es la verdad. Y este pueblo está muy pobre entonces sí, necesitamos es que, que aiga trabajo y que se mueva el pueblo (entrevista a habitante de Caramanta en Sanz, 2013)

En este contexto, otro elemento que lleva a las personas a tomar una posición a favor del desarrollo de la actividad minera, son las condiciones laborales en las que trabajan. En la medida en que la única empresa agropecuaria que opera actualmente del municipio es La Tesalia, propiedad del Señor. En la cual, como se había mencionado en el primer capítulo, los trabajadores no reciben su salario a tiempo, en ocasiones se les paga en bonos para redimir en las tiendas del Señor en el pueblo y cuando los despiden o se retiran, “salen con las manos cruzadas” (Comunicación personal, 2013). Lo anterior se refleja en la opinión de la esposa de un trabajador de Solvista, que antes laboraba en La Tesalia, quien expresa que,

era algo, era algo que nunca se había visto acá, una empresa donde llegara, pagara a los empleados bien pagados, que de una llegaran y de una lo mandaban a hacer sus vueltas pa’ pa’ pagarle todas sus prestaciones, eso nunca se va acá (…) hay empleados trabajando en esa empresa donde trabajó el esposo mío que llevan diez hasta quince años y, y sin nada, o sea el día que salgan salen con las manos limpias, entoes eso es algo que también anima mucho a la gente a trabajar ahí [en Solvista] (Comunicación personal, 2013)

De esta manera se evidencia que las condiciones preexistentes a la llegada de las empresas mineras al municipio, la valoración de la naturaleza, la relación con el territorio y las condiciones de vida de las personas, se articulan en torno al desarrollo de la actividad minera, construyendo una percepción frente al desarrollo de la misma; caracterizada, para este caso específico, como una oportunidad para reactivar la economía del municipio en la medida en que puede generar empleo y ganancias para los habitantes del pueblo.

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Esta construcción de la percepción en torno a la actividad minera en su conjunto, pasa necesariamente por la percepción que tienen los actores en torno a la fase de explotación minera y a los referentes de contrataciones que se han adelantado en el municipio en el desarrollo de las labores de exploración que actualmente se adelantan. En este sentido, en la construcción de la valoración de la minería, juegan un papel importante las expectativas que se despiertan en los habitantes del pueblo (en función de los elementos antes mencionados) a raíz de la presencia de estas empresas transnacionales en el municipio, algunas de las cuales son el empleo y las altas ganancias derivadas del desarrollo de esta actividad.

Estas expectativas se constituyen como elementos de vital importancia más si se tiene en cuenta que, como se ha mencionado en repetidas oportunidades, las labores que actualmente adelantan las empresas en Caramanta son labores de exploración minera, con las cuales buscan determinar las cantidades de mineral susceptibles de ser explotadas en el largo plazo.

El desarrollo de las labores de exploración ha dado lugar a la contratación de personas del Municipio. Sin embargo estos trabajos, como lo expresan funcionarios de Solvista, son labores muy puntuales a dos o tres meses. De ahí que cuando Solvista inició sus operaciones en el año 2010 contara con alrededor de 100 personas en promedio y, en el periodo de 2012 a enero de 2013, estuvieran laborando alrededor de 55 personas. Quienes estaban divididos en dos grupos, uno de los cuales estaba encargado de la toma de muestras y el otro de la adecuación de caminos, para llevar a cabo las perforaciones (Notas de Campo, 2013)

En este contexto lo que se evidencia es que en la actual fase de exploración minera no se generan suficientes empleos para incorporar toda la mano de obra disponible en el municipio (el 30% de la población total del municipio, según datos del DANE del año 2005). De manera que este argumento se sustenta en la expectativa de que se dé una eventual explotación minera. La cual, de realizarse a gran escala, de acuerdo a los funcionarios de la empresa Solvista, generaría entre ochocientos y mil empleos, entre contratistas y mano de obra calificada65. Lo que tampoco podría asegurar empleo para todos los habitantes del municipio Según los resultados de la investigación “Medición del impacto económico de la Empresa Mineros S.A en su zona de influencia: Una aproximación desde los flujos monetarios y el empleo regional” realizada por 65

131

en la medida en que, según datos del DANE del año 2005, la mayoría de la población de Caramanta (54,1%) tiene como máximo nivel educativo alcanzado básica primaria. A lo que se suma que la empresa contratista no sería de Caramanta sino de Medellín o de la región de Antioquia en general. De manera que el desarrollo de una eventual explotación minera tampoco garantizaría empleo para toda la población del municipio.

Además del empleo, de acuerdo con los funcionarios de Solvista, el desarrollo de una eventual explotación minera también traería como beneficio la construcción de obras de infraestructura como colegios, carreteras, entre otros, en el área de influencia de la mina (Notas de campo, 2013). Esta inversión por parte de las empresas no sólo se da en la etapa de explotación, también se realiza durante el desarrollo de las labores de exploración.

De ahí que a lo largo de las labores de exploración adelantadas por las empresas en Caramanta, se hayan hecho inversiones para desarrollar proyectos productivos para café en el corregimiento de Barro Blanco, en el que opera la empresa Solvista y se haya colaborado con almuerzos, en el desarrollo de eventos realizados en el municipio (Notas de campo, 2013).

Lo anterior hace parte de la inversión que realiza la empresa en el marco de su práctica de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), la cual es un concepto reciente que busca “combinar la filantropía empresarial con una idea más general acerca de la responsabilidad de las empresas respecto del impacto social y ambiental que generan sus actividades” (Svampa, Bottaro, & Sola, 2009, pág. 47); y se constituye como un dispositivo que apunta a instalar y legitimar la acción de las empresas en el territorio, siendo un elemento primordial en la construcción del discurso de “minería responsable” promovido por el Estado.

Jorge Molina, Camilo Coronado y Gabriel Rivera, en el año 2006 la empresa colombiana Mineros S.A (que lleva a cabo labores de explotación minera en el municipio de El Bagre, Antioquia desde hace más de 41 años), generaba 2.459 empleos distribuidos en 600 empleos de la nómina de la empresa (24,4% empleos directos), 320 de la nómina de los contratistas (13% empleos indirectos) y 1.539 empleos generados en diferentes actividades económicas en la región (62,6% empleos inducidos) (Molina, Coronado, & Rivera, 2007)

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Esta inversión que hace la empresa como parte de su práctica de RSE, es vista por algunos habitantes de Caramanta, como un mecanismo para promover y convencer a las personas del desarrollo de la actividad minera y por los funcionarios de Solvista como un aporte en beneficio de la comunidad, que en ningún momento busca suplir la función del Estado (Notas de Campo, 2013). Sin embargo, con la reducción del papel del Estado a partir de la implementación del modelo neoliberal y de la poca o nula presencia del mismo en muchos de los territorios, las empresas empiezan a ejercer el rol de este, ampliando así su esfera de acción al convertirse “en agentes de socialización, mediante una batería múltiple de acciones sociales educativas y comunitarias” (Svampa, Bottaro, & Sola, 2009, pág. 48). Lo que genera una dependencia cada vez mayor de las comunidades a la actividad minera66 a la par que las compañías adquieren mayor poder y gobernabilidad en los territorios.

3.3.2.3 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA COMO AMENAZAS PARA EL TERRITORIO Y LA VOCACIÓN AGROPECUARIA

A la par que son empleados como argumentos a favor del desarrollo de la actividad minera en el municipio en cualquiera de sus fases, los discursos construidos en torno a la minería responsable y a la minería como fuente de empleo son cuestionados por organizaciones campesinas como ASAP Caramanta.

La Asociación Agropecuaria de Caramanta, ASAP Caramanta, es una organización campesina conformada por 114 familias que desarrollan una propuesta de producción basada en la agroecología y la comercialización de los productos a nivel local, y de producción de leche principalmente67 (SWISSAID, S.f) y que además de ello llevan a cabo:

66

De manera que tanto en el caso de la implementación de la Revolución verde, como en el caso de la promoción de la actividad minera, la adopción de modelos instituidos desde países de centro, principalmente Estados Unidos, en países como Colombia y América Latina en general, se constituye como un elemento que tiende a fortalecer las relaciones de dependencia, reconfigurando las formas de vida de pueblos enteros; en este contexto al hacerlos dependientes de la actividad minera tanto en términos de oportunidades laborales como en términos de construcción de infraestructura y en este sentido, de satisfacción de necesidades.

67 Esta propuesta agroecológica que cuenta con el apoyo de Swissaid, también ha sido adoptada por el Comité Zonal de Alegrías (conformado por habitantes del corregimiento de Alegrías), quien al igual que ASAP, adelanta y apoya procesos de defensa del territorio.

133 Formación ciudadana mediante la participación en la Asamblea Municipal Constituyente y veeduría ciudadana frente a los recursos públicos del municipio.

1.

Formación y participación en los debates de equidad de género

2.

Participación directa en la instancia local de la política pública (Concejo Municipal)

3.

Articulación a redes de organizaciones sociales y de productores (Recab, MAELA, Colectivo

del Valle). (SWISSAID, S.f)

Para los líderes de ASAP, la actividad minera se constituye como una amenaza para el desarrollo de las prácticas productivas agropecuarias realizadas por ellos y sus antepasados en Caramanta desde hace más de sesenta años, en la medida en que no sólo destruye el agua y la tierra sino que los inserta en una lógica de producción ajena a ellos, cambiando su vocación agropecuaria por una vocación minera.

Lo cual guarda relación con el hecho de que “los actores toman decisiones sobre cómo usar un recurso en términos de sus otros recursos, y la forma en que el uso de tal recurso podría afectar a los otros recursos a su disposición” (Bebbington, 2007, pág. 148). Razón por la cual, en el momento en que los asociados de la ASAP perciben que el desarrollo de la actividad minera puede afectar el agua, la afectación a este elemento pone en riesgo la realización de actividades agropecuarias y el agua para su consumo, comprometiendo las posibilidades de permanencia en el territorio y con ello la identidad campesina construida en torno al desarrollo de prácticas productivas como la agricultura.

Esta afectación al agua, además de constituirse en una amenaza para el desarrollo de prácticas como la agricultura en torno a las cuales, como se ha mostrado en este capítulo, se ha construido una identidad campesina, es también una amenaza para uno de los principales motivos de orgullo de los caramanteños (la riqueza hídrica68 del municipio) (Notas de campo, De esta manera, la adopción de la agroecología en el municipio ha logrado convocar a 475 personas (que hacen parte de ASAP y del Comité Zonal de Alegrías), de las cuales, el 24,8% son jóvenes y niños y niñas menores.

68

En la parte alta del municipio, que comprende las veredas de Conde, Barro Blanco y Olivales (en las que, como se mencionó anteriormente, el Señor compró grandes cantidades de tierras y en las que actualmente la empresa Solvista adelanta labores de exploración) se encuentra ubicada la principal olla hidrográfica de Caramanta, que según un funcionario de la secretaría de ambiente del municipio, surte cinco municipios y dos departamentos,

134

2013). Lo que evidencia que la oposición al desarrollo de la minería incorpora lazos subjetivos construidos por los actores en relación con su entorno, que hacen que el agua, por ejemplo, no sólo sea valorada como un recurso necesario para el desarrollo de la actividad agrícola, sino que se constituya como uno de los motivos de orgullo, identificación y pertenencia al territorio.

Además de ello, en este contexto se plantea que el desarrollo de una explotación minera en el municipio implicaría la llegada de nuevas personas y trabajadores al pueblo, que traerían consigo otras costumbres; generando cambios culturales en los habitantes de Caramanta directamente ligados al fortalecimiento de “las “zonas rosa” de los municipios, el aumento del consumo de licor, el consumo de servicios sexuales y el consecuente incremento de la prostitución” (Cardona, 2013, pág. 133). De ahí que, mientras en el discurso de Juan (el concejal) estas son consecuencias que pueden ser evitadas por medio de controles por parte de las autoridades municipales y derivadas principalmente del desarrollo de explotaciones mineras ilegales, para los integrantes de la Asociación, son un elemento intrínseco del desarrollo de la actividad minera tanto legal como ilegal.

En este contexto, la promoción de la actividad minera y la presencia de empresas transnacionales en el Municipio, son vistas por los y las integrantes de la ASAP como formas de coacción por parte de las empresas y el gobierno nacional para obligarlos a modificar su vocación agropecuaria y con ello su identidad campesina. Lo que se evidencia en cuestionamientos como,

“¿Por qué nos quieren cambiar esa vocación a nosotros si la vocación de nosotros es una vocación agropecuaria? ¿Por qué nos quieren cambiar esa vocación a una vocación minera? a nosotros no nos interesa la minería” (Comunicación personal, 2013)

Este cambio de vocación y con ello de los conocimientos asociados a estas prácticas productivas, implicaría la pérdida de la autonomía y soberanía alimentaria y de una vida

allá nacen fuentes que abastecen Marmato, alguna zona de Marmato y alguna zona de Supía. Para esta zona de Antioquia, una zona de Valparaíso y otra zona de Támesis y lógicamente Caramanta, cinco municipios y dos departamentos, que está Antioquia y Caldas (Comunicación personal, 2013)

135

digna en el territorio, en la medida en que obligaría a los campesinos a depender directamente del salario recibido por su trabajo en la empresa. Lo anterior se evidencia en algunos de los artículos publicados por la Asociación en su boletín “Eco Alternativo”, financiado por Swissaid, en uno de los cuales se plantea que,

No podemos ser ajenos a la amenaza de los megaproyectos minero-energéticos que supuestamente traerán desarrollo para todos y serán la disculpa justificada para posibilitar más el desplazamiento de los habitantes de los campos, haciéndonos más dependientes de empleos poco dignos y sometiéndonos a hacer las largas y permanentes filas de empleados temerosos por no perderlos o peor, los desempleados que por recuperarlos van más allá de la dignidad y los principios como sucede con la gran mayoría de los jóvenes que emigran a las ciudades en busca de un mejor futuro, terminando, muchos de ellos, frustrados por la falta de garantías (Patiño, 2011).

Es así como la dependencia a un salario que traería consigo trabajar con una empresa minera choca directamente con elementos como el rescate de los conocimientos tradicionales en el desarrollo de las prácticas productivas, el cambio en la lógica de producción en donde se privilegia la producción para la auto subsistencia antes que para el mercado, y la soberanía y autonomía alimentaria, promovidas por ASAP Caramanta por medio de la adopción del modelo agroecológico. En la medida en que el cambio de vocación que se espera se instituya a raíz del desarrollo de una eventual explotación minera, implicaría a su vez un cambio en las prácticas productivas agrícolas y los conocimientos a ellas asociados; y lógica de producción para satisfacer la demanda del mercado, entre otros elementos que se cuestionan desde la agroecología.

Por otro lado la explotación de elementos como el oro presentes en el territorio, relacionada con una valoración de la naturaleza en la cual estos son entendidos como recursos de los cuales se puede obtener renta, se opone radicalmente a la valoración que construyen los asociados de ASAP, en torno al agua y la tierra, en la medida en que para ellos a elementos como la tierra no les pueden ser asignados precios de mercado por considerarse vitales. Así lo expresa una de las asociadas de la ASAP quien manifiesta que,

136 la tierra para mí, de ahí es donde podemos subsistir o sea que de la tierra sacamos nuestro propio alimento ¿sí? Entonces la tierra, la gente dice: “la finca vale tanto”, la tierra no tiene precio porque si uno, si uno se pone a comparar, o sea de la tierra es donde sacamos nuestro propio alimento, de la tierra es de onde surge el agua, de la tierra es donde los mismos animales subsisten y esos animales sirven también a la alimentación de nosotros los humanos, entonces la tierra, la tierra no tiene precio (Asociada de ASAP Caramanta, 2013)

Esta valoración de la naturaleza en general y del agua y la tierra en particular, como elementos vitales a los cuales no se les puede asignar precios de mercado, es compartida por la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres de Caramanta69 (AMUCAR), quien plantea que la verdadera riqueza del municipio no está en el oro sino en el agua y la tierra que les ha permitido subsistir a los habitantes de Caramanta a lo largo de los años. Por lo que expresa,

uno ve una extensión de tierra que no pues y que estamos en un paraíso, con agua con buenas tierras mal que bien, ¿no hemos vivido toda la vida? Y lo hemos vivido bien, pues no tenemos plata pero es que a mí no me hace falta plata pues a montones para vivir, mientras que yo pueda salir a una huerta y coger lo que necesito pa’ un almuerzo y sacar mi agua fresca, pues es que es una vida muy buena y es lo que uno necesita entonces pa’ que pues como, yo sentada en barras de oro pero con hambre. (Comunicación personal, 2013)

Esta percepción de la minería, al igual que en el caso de aquellos habitantes que esperan tener oportunidades de trabajo con la presencia de empresas transnacionales en el territorio, se construye en gran parte a partir de la percepción que se tiene de la fase de explotación minera.

69 Esta Asociación se constituyó en el año 1998 por medio del acta número uno de la Asamblea General del 11 de Julio de 1998. Tiene como principales objetivos contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus mujeres, sus familias y comunidad, por medio de la concreción de alternativas económicas, del estímulo de la producción agropecuaria para el autoconsumo, la comercialización y el montaje de proyectos productivos.

Así mismo busca propiciar la integración de las socias del área rural y el área urbana para el desarrollo de actividades y proyectos conjuntos como mujeres campesinas. (caramanta.12.galeon, S.f)

137

La percepción que se construye en torno a la fase de exploración minera está permeada por referentes de explotación minera en otras zonas del país como lo son Cerrejón, Cerromatoso y el páramo del Almorzadero. Con los cuales los integrantes de estas asociaciones han tenido contacto en encuentros organizados por ONG’s como Censat Agua Viva. Así mismo, en la construcción de la percepción frente al desarrollo de la actividad minera tiene un rol importante la explotación minera de oro que se lleva a cabo en el municipio vecino de Marmato, desde hace más de 100 años por parte de pequeños mineros.

Cuyas afectaciones ambientales y cambios en el paisaje, derivados del desarrollo de esta explotación, se constituyen para los líderes y lideresas de estas asociaciones en un precedente de lo que podría suceder en caso de que se lleve a cabo una explotación minera a gran escala.

En la medida en que se plantea que si los pequeños mineros de Marmato han generado esos daños ambientales a lo largo de más de cien años, cuál será la magnitud del daño que se puede ocasionar a partir de la operación de una mina que desarrolle una explotación minera a cielo abierto70 en un lapso de veinte años (Notas de campo, 2013).

Esta afectación al ambiente y al paisaje, y en este sentido la oposición al desarrollo de la actividad minera tiene intrínseca la preocupación por otro de los elementos de orgullo para los habitantes de Caramanta, el paisaje tanto del municipio, como de los municipios aledaños, que es posible observar desde Caramanta (Notas de campo, 2013). De ahí que una vez más, se vean incorporados sentimientos y lazos de afecto hacia el territorio en la oposición frente al desarrollo de la actividad minera.

70 Se plantea que de llevarse a cabo una explotación minera, el tipo de explotación minera que se llevaría a cabo sería una explotación minera a cielo abierto en la medida en que el oro está diseminado en la montaña, siendo este el único método viable para poder extraer las concentraciones. Así lo esboza un ingeniero agrónomo asociado a ASAP Caramanta, quien expresa,

el oro que sacan en estos territorios, en estas montañas, está diseminado, no está por veta. Eso quiere decir que hay que levantar el suelo para poder sacar todo ese oro que hay en el tipo de minería a cielo abierto, eso sería la minería (se interrumpe) aquí no se ha querido decir eso, pero… pues no lo han querido decir oficialmente las empresas mineras pero nos hemos dado cuenta que aquí no hay veta. Aquí hay es oro diseminado y la forma de extraerlo es mediante minería a cielo abierto. Entonces eso, habría que acabar con toda la capa fértil de la tierra ¿cierto? Habría que acabar con todos los árboles nativos que están también asociados con insectos, con aves migratorias ¿cierto? con todo tipo de fauna, que esa flora pues están en constante interacción y que tienen mucho que ver pues como con las fuentes hídricas, entonces todo el régimen hidroclimático de hecho también se afectaría.

(Entrevista a José Sánchez, Ingeniero Agrónomo perteneciente a la ASAP en Támesis Teve, 2013)

138

Es así como, aunque para los funcionarios del gobierno, es imposible comparar la pequeña minería (que se asocia con minería ilegal) con la minería llevada a cabo por las empresas trasnacionales, que se connota como minería responsable; Marmato se constituye en uno de los principales referentes en la construcción de la percepción en torno a la explotación minera. Al que se suman las experiencias de habitantes de territorios en los que se ha llevado a cabo minería a gran escala como el Cerrejón en el Cesar. A partir de los cuales se cuestiona el discurso de minería responsable instituido desde el gobierno nacional.

Sin embargo, si bien la valoración de la actividad minera se construye en gran parte a partir de la percepción que se tiene frente a la fase de explotación minera, esto no quiere decir que no haya una percepción en torno a las labores de exploración que se adelantan actualmente en el municipio. Para los asociados de ASAP, el desarrollo de la exploración es una actividad incluso más relevante y peligrosa que la fase de explotación. Así lo expresa uno de sus líderes quien manifiesta que,

Por ejemplo en esta etapa de la exploración minera, es la etapa más dañina de la minería y ellos la hacen ver como que es la que menos daño hace. ¿Por qué es la más dañina, pienso yo? Porque es la etapa donde están, donde están haciendo todo el trabajo. El trabajo de sensibilizar, de concientizar a la gente de que es muy bueno sabiendo que no. El trabajo de conseguir las licencias que posiblemente sean permanentes para los que vengan después. El trabajo de dejar marcados los territorios, el sitio exato donde está el oro y en qué cantidad está el oro y a nosotros nos dicen que no encontraron nada, que es una lotería, que tal cosa. Bueno hay una cantidad de cosas que estas empresas exploradoras están haciendo, pero como no están tirando, no están dinamitando, no están tirando cianuro dicen que no, que son los mejores del mundo.

Pero el trabajo grande realmente lo hicieron. O sea cuando lleguen las empresas explotadoras ya van a llegar más tranquilos, van a llegar ya con el camino hecho, con comunidades concientizadas, comunidades desplazadas” (Entrevista a presidente de ASAP en Sanz, 2013)

En este sentido es posible plantear que las afectaciones generadas a las comunidades en la etapa de exploración minera no pasan necesariamente por daños ambientales. Lo que no implica la inexistencia de las mismas en la medida en que, como se evidencia en el discurso de este líder de ASAP y en el municipio de Caramanta en general, el desarrollo de las

139

actividades de exploración (legitimadas con el argumento de que la minería es un eje de desarrollo de los municipios, incluso en territorios en los cuales la vocación económica de sus habitantes no ha estado relacionada con el desarrollo de la actividad minera) genera división al interior de las comunidades, al despertar en los habitantes expectativas y miedos, relacionadas con su percepción frente a una eventual explotación minera.

A raíz de lo cual, como se ha mostrado a lo largo del capítulo, se generan tensiones entre la imposición de la actividad minera como locomotora de desarrollo y los significados culturales construidos por los habitantes de los territorios a lo largo de su vida71. De ahí que no sea necesaria la afectación directa al medio ambiente para que se produzca un conflicto socio ambiental en el que se confrontan valoraciones construidas históricamente en torno a la naturaleza y distintas formas de relacionamiento con el territorio.

Lo que cuestiona la visión estatal de la exploración minera, en la cual se reduce la complejidad de los conflictos a raíz de la presencia de empresas transnacionales a una afectación directa al medio ambiente. Que de acuerdo con el discurso del Gobierno no ocurre durante el desarrollo de la exploración minera, puesto que esta fase se caracteriza por aplicar técnicas geológicas, geofísicas y geoquímicas a un nivel de detalle, que no representan impactos sustanciales dada su temporalidad, por lo que no se requiere la elaboración de estudios de impacto ambiental72 (Ministerio de Minas y Energía-Ministerio de Medio Ambiente, 2002).

71

Esta visión de la actividad minera como locomotora del desarrollo y los significados culturales construidos por los habitantes a lo largo de los años, se relacionan directamente con distintas valoraciones de la naturaleza que se ponen en juego y que son inconmensurables, en la medida en que en la valoración del estado predomina una visión de obtención de renta de los recursos, en tanto para las organizaciones campesinas, la naturaleza es parte de una construcción territorial en la cual este es entendido como espacio vital.

72

Sin embargo, en Caramanta durante el desarrollo de las labores de exploración por parte de empresas como Caramanta Conde Mine (empresa minera colombiana), se han presentado afectaciones al medio ambiente.

Siendo esta la razón por la cual Corantioquia, sancionó a esta empresa con una multa de 745 millones de pesos, por la tala de sarros para la construcción de puentes y por una remoción de masa forestal en un área de 100 metros con el fin de construir helipuertos; luego de que la alcaldía de Caramanta y la comunidad del municipio (en cabeza de ASAP) presentaran una denuncia porque la empresa estaba utilizando sin permiso los recursos naturales renovables en la zona declarada como Distrito de Manejo Integrado Cuchilla Jardín Támesis (elcolombiano.com, 2014). Lo que ha incidido también en la asunción de la postura en contra del desarrollo de la actividad minera.

140

Además de todos los aspectos antes mencionados, la temporalidad se constituye como un elemento transversal en la construcción de las valoraciones de la naturaleza y en este sentido en la percepción que se tiene frente al desarrollo de la actividad minera. Es así como, mientras en la construcción de los campesinos asociados a ASAP, el desarrollo de la producción agrícola implica una visión del crecimiento del cultivo y de la producción en general, a largo plazo en la que se plantea que los alimentos producidos “son como los hijos de uno” (Notas de campo, 2013). Dados los cuidados y la estrecha relación que establecen con los mismos a lo largo del proceso de producción y comercialización que tiene en sí conocimientos adquiridos a lo largo de su vida en relación con el territorio. La minería se relaciona con una concepción de inmediatez en la obtención en la ganancia, en la medida en que en la construcción que hace de la naturaleza, el principal objetivo es la extracción de minerales para la obtención de renta en territorios en los cuales no se habita y de los que no se depende para sobrevivir. Lo que se ejemplifica claramente durante el desarrollo de las labores de exploración y explotación minera, puesto que, una vez concluidas sus operaciones, las empresas se van de los territorios.

En este punto es importante aclarar que los miedos generados en torno a la afectación de elementos como el agua a partir del eventual desarrollo de la actividad minera en el municipio no sólo están presentes en los actores directamente relacionados con el desarrollo de actividades agropecuarias en el municipio, sino también en los habitantes de la vereda Yarumalito (en la que como se ha mencionado antes se han desarrollado explotaciones mineras desde hace más de veinte años) quienes, a partir de la información difundida por organizaciones ambientalistas como Censat y de la socialización que ha llevado a cabo ASAP Caramanta referente a las consecuencias que podría traer el desarrollo de la minería a cielo abierto, han empezado a expresar su preocupación por la afectación a las fuentes de agua, no sólo en función de la contaminación de las mismas sino de su disponibilidad para los acueductos (Notas de campo, 2013).

Lo que evidencia que la información otorgada juega un papel relevante en la construcción de los miedos y las expectativas en torno al desarrollo de la actividad minera, que al confluir con los intereses y valoraciones de la naturaleza construidas históricamente por los actores,

141

permiten la consolidación de una posición en torno al desarrollo de la actividad minera, y la articulación con otras organizaciones a nivel municipal, regional, nacional e internacional.

3.4

LA

DEFENSA

DEL

TERRITORIO.

EL

PAPEL

DE

LA

INFORMACIÓN EN LA MOVILIZACIÓN SOCIAL EN CONTRA DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MINERA

Al igual que ocurre con temas como el empleo y en general la pertinencia del desarrollo de la minería en los territorios; en lo referente a la información otorgada por las empresas a las comunidades sobre los proyectos que desarrollan, las percepciones de los actores son distintas.

Mientras que para concejales como Juan, empresas mineras como Solvista han otorgado información responsable y oportuna y clara a la comunidad sobre los proyectos que desarrollan, siendo los ambientalistas (identificados con las organizaciones campesinas) los que distorsionan la información (Notas de campo, 2013); integrantes de asociaciones como AMUCAR y ASAP Caramanta plantean que no han recibido ningún tipo de información por parte de las empresas que operan en el territorio, pese a que la han solicitado. Lo que es constatado por funcionarios de la empresa Solvista, quienes manifiestan que han evitado ir a los concejos municipales, por experiencias que han tenido en otros municipios en los cuales, según ellos, han tenido que salir escoltados por la policía (Notas de campo, 2013).

Sin embargo, argumentan que han estado presentes en las mesas ambientales. Las cuales son un espacio promovido por Corantioquia con el fin de establecer un vínculo entre la Corporación y las comunidades, cuyo principal objetivo es generar un diálogo con el fin de reflexionar sobre temas o propuestas ambientales. En el caso específico de Caramanta, según Daniel Hernández, funcionario de la secretaría de ambiente y coordinador del espacio en el Municipio, la mesa cuenta con la presencia de actores como

presidentes de juntas, hay asociaciones agropecuarias, representante de la policía, de los bomberos, de la administración municipal, el inspector, el personero, el de sanidad, el hospital,

142 la sociedad de mejoras públicas, la empresa de servicios públicos, aquellos actores, instituciones descentralizadas, que tienen que ver con la dinámica del territorio pero más desde el componente ambiental (Comunicación personal, 2013)

Así mismo, y en concordancia con lo manifestado por los funcionarios de Solvista, la mesa ha contado con la presencia de funcionarios de esta empresa minera siendo la mesa, según Daniel, el único espacio en el cual se ha entablado un diálogo entre la comunidad y la empresa puesto que “ellos nunca han venido al concejo, ellos nunca le han mostrado a la comunidad qué hacen, cómo lo están haciendo, desde cuándo, a dónde pues nada de esas cosas” (Comunicación personal, 2013).

En este contexto, son distintas las percepciones que se han generado en torno al desarrollo de la mesa. Mientras para quienes la promueven, la mesa se constituye como un espacio de debate a partir del cual pueden surgir propuestas conjuntas y acuerdos; para algunos integrantes de asociaciones campesinas, la mesa es un escenario que Corantioquia pone al servicio de las empresas para convencer a las personas (Notas de campo, 2013). Lo que evidencia la pérdida de legitimidad73 de las acciones de Corporaciones como Corantioquia frente a actores pertenecientes a las organizaciones campesinas, en la que se percibe que estas están al servicio de intereses particulares, en este caso representados en las empresas transnacionales.

Esta pérdida de legitimidad no sólo ocurre con entidades como Corantioquia sino con el Gobierno en general, dado que se considera que este no representa los intereses de quienes lo eligieron y toma decisiones que van en contra del bienestar de las comunidades e incluso de los mismos discursos que promueven en lo referente a la conservación del ambiente. Así lo expresa una de las integrantes de una organización campesina quien manifiesta que,

en cuanto al Gobierno, es una porquería (risas) sí es una porquería porque usted sabe que el Estado, ellos dicen que el subsuelo es del Estado pero si el Estado somos nosotros, que nosotros 73 Se toma el concepto de legitimidad propuesto por Urkidi (2008), en el cual esta es entendida como “el reconocimiento (por ley o costumbres locales), por parte de otros actores, de los derechos y responsabilidades de un determinado actor al igual que su acierto ejerciéndolos.” (pág. 67)

143 somos los que los subimos allá entonces, por qué dicen que no, que el subsuelo es del Gobierno, y que es del Estado, si el Estado somos nosotros. Si nosotros somos los que lo subimos allá, entonces por qué ellos mismos y ellos hablan muchos o sea en propagandas, eso es lo que uno ve por televisión que ellos dicen, que cuidemos el agua, cuidemos los bosques, pero si ellos están antes haciendo lo contrario, o sea lo que hacen con la mano lo borran con el codo, ¿sí? no puede entender el Gobierno qué es, pues qué es lo que él hace que él es que está dando las autorizaciones para poder de que las multinacionales entren a volver a Colombia una porquería.

(Comunicación personal, 2013)

La falta de información por parte de las empresas transnacionales sobre las acciones que llevan a cabo en el territorio, así como la pérdida de legitimidad de las instituciones estatales y en este sentido de los discursos que instituyen, ha posibilitado la conformación de redes de organizaciones y personas que comparten intereses como lo son la defensa y permanencia en el territorio, desde las cuales se cuestiona la idea de desarrollo como crecimiento económico y la institución de la actividad minera como eje de crecimiento del país. A la par que se defienden los significados culturales construidos por sus miembros en su relación con el territorio a lo largo de los años.

De esta manera la minería y la presencia de las empresas en los territorios se constituye en un eje articulador de procesos de defensa del territorio, adelantados por distintas organizaciones no sólo en Caramanta sino en el Suroeste y en el país en general, que posibilita la construcción de redes entre estos actores. Como lo evidencia la conformación del Cinturón Occidental Ambiental (COA).

3.4.1 CINTURON OCCIDENTAL AMBIENTAL. UN ESPACIO DE ARTICULACIÓN PARA LA DEFENSA DEL TERRITORIO

La constatación de la presencia de empresas transnacionales mineras en el suroeste antioqueño y con ello, la imposición y promoción desde el Estado de la minería como locomotora del desarrollo y del territorio como un espacio con recursos susceptibles de ser

144

explotados; choca con los modos de vida construidos históricamente en relación con el territorio y las prácticas productivas en esta subregión, amenazando “la preservación de los recursos básicos para la vida” (Svampa M. , 2011, pág. 201). Lo que lleva, como se había esbozado anteriormente, a la pérdida de legitimidad y al cuestionamiento por parte de algunas organizaciones y habitantes del Suroeste antioqueño de la visión de desarrollo instituida por el Estado. Quienes evidencian las consecuencias que puede generar la explotación minera en términos de devastación socio-ambiental (Svampa M. , 2011). Por estas razones, el 24 de Julio del año 2011 organizaciones y habitantes de la subregión del Suroeste antioqueño, conforman el Cinturón Occidental Ambiental (COA).

El COA surge como respuesta alterna al Cinturón de Oro de Colombia, que establece que los municipios de Caramanta, Valparaíso, La Pintada, Támesis, Jericó, Tarso, Pueblorrico, Hispania, Andes y Jardín, se constituyen como una zona “geológicamente homogénea con altas similitudes para la explotación minera” (Periódico La Calle 30, 2013). Lo que evidencia que su conformación, tiene intrínseca la tensión entre dos visiones de territorio, el territorio como espacio económico y el territorio como espacio vital (Walter, 2008).

En este contexto el COA es entendido como [un] espacio de articulación y coordinación de organizaciones, entidades, personas y procesos que buscan defender y proteger el territorio como un espacio de construcción colectiva, sagrado para la vida, en el cual se tejen relaciones sociales, culturales, políticas, económicas y ambientales, dando origen a identidades compartidas, constituyendo nuestro patrimonio ambiental, social y cultural en el suroeste antioqueño mediante estrategias de acción regional (Cinturon Occidental Ambiental COA, s.f.)

De ahí que desde él se cuestione la promoción e institución de la minería en el país como eje de desarrollo. Partiendo de la conciencia de que todos estos municipios que conforman el COA hacen parte de la misma montaña, comparten una historia común y por ello, se verían afectados de igual forma por el desarrollo de la actividad minera. Es por ello que uno de sus integrantes expresa que,

145 Nosotros en estos municipios hacemos parte del Cinturón de Oro de Colombia que es la misma montaña. Estamos unidos en la misma montaña, entonces decidimos unirnos porque es que lo que pase a Caramanta le pasa a Támesis o le pasa a Jardín o le pasa a Jericó. O sea, estamos en la misma montaña, entonces por eso nos unimos (Sanz, 2013).

Es así como la defensa del territorio (concebido como hábitat y comunidad de vida que comparten todos estos municipios), se constituye como el eje central de los reclamos producidos desde este espacio, del cual hacen parte ASAP Caramanta, JODETE, la Asamblea Municipal Constituyente de Caramanta, el Comité por la Defensa Ambiental del Territorio (Codeate)74, la Agrupación de Caminantes de Támesis (Acata), el Comité por la Defensa Ambiental de Palermo, la Asociación Biabuma75, la veeduría Ciudadana y Comité Futuro76 por Jericó, los resguardos emberas, Resguardo Indígena Marcelino Tascón (Valparaíso), Karmatarrua (Jardín), Bernandino Panchí (Pueblorrico),

Miguel Cértiga (Támesis) y

Hermenegildo Chakiama (Ciudad Bolívar), el Periódico La Calle 30 y Asociación Campesina Campesinos en Acción (Pueblorrico) (Sánchez F. , s.f.), y personas naturales de Jericó, Jardín y Pueblorrico. Quienes comparten una preocupación por los efectos que puede generar el desarrollo de la actividad minera y en este sentido por sus posibilidades de existencia y permanencia en el Suroeste Antioqueño.

Es así como el COA emerge como una respuesta a la necesidad de establecer estrategias en defensa del territorio, “frente a la explotación minera por parte de transnacionales que producen deterioro ambiental, económico y cambios de uso [del suelo] por la irrupción del

74

Surgida en el año 2011, Codeate es un grupo social integrado por ciudadanos del municipio de Támesis, preocupados por los daños económicos, sociales, y ambientales que podría generarse como consecuencia de la actividad minero-extractiva (Codeate, S.f).

75 Asociación Agropecuaria de Familias Campesinas para el Desarrollo Sostenible (BIABUMA). Lidera la campaña en defensa del agua en Támesis, y busca mejorar el nivel de vida de las familias campesinas del municipio por medio de una organización amplia y participativa que fomente la agroecología desde un enfoque de desarrollo; priorizando la capacidad de autogestión, el bienestar socioeconómico y el manejo adecuado y sostenible de los recursos naturales entre sus asociados (Idárraga, Muñoz, & Vélez, 2010) 76 Nace el 9 de noviembre del año 2012 como respuesta a la presencia de empresas transnacionales en el municipio y al eventual desarrollo de la actividad minera en Jericó, que se consideran como una amenaza para la vocación agrícola del municipio y para la tranquilidad de sus habitantes. (Despierta Jericó, 2013)

146

plan minero en una población desprevenida, no advertida ni consultada77 por el ente gubernamental” (Asamblea Municipal Constituyente de Caramanta, 2011, pág. 2)

La falta de información en las comunidades en lo referente al desarrollo de las actividades que realizan las empresas transnacionales mineras, y lo que algunas organizaciones integrantes del COA, denominan “verdades a medias”78, ha llevado a sus integrantes a iniciar procesos de socialización sobre los impactos sociales y ambientales que puede generar una eventual explotación minera.

Para lo cual, además de participar y organizar foros, han llevado a cabo caminatas de reconocimiento por el territorio, como lo fue el evento “La voz del suroeste. Un abrazo a la montaña” (ver Foto 8), con el fin de generar una apropiación hacia el mismo, fortaleciendo así el proceso de defensa del territorio. Puesto que como lo plantea uno de los integrantes del COA, “uno no defiende lo que no conoce, en la medida en que nosotros podamos como reconocer físicamente ese territorio, tenemos más posibilidad de defenderlo” (Cardenas, 2013). De ahí que en este contexto el conocimiento que se adquiere en la interacción con el territorio se constituye en un mecanismo para generar pertenencia e identificación con el mismo.

77

La no consulta de los proyectos mineros con comunidades campesinas se relaciona directamente con el hecho de que, desde el punto de vista jurídico, el derecho de consulta previa se reserva sólo a las comunidades étnicas (pueblos indígenas, comunidades negras, raizales, palenqueras y pueblos Rom (gitanos), en desarrollo del convenio 169 de la OIT ratificado por Colombia por medio de la Ley 21 de 1991, en el cual se declara que “los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho de definir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, -en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual- y tienen derecho a controlar su propio desarrollo económico, social y cultural en la medida de lo posible.” (Negrete, 2012) 78 Las “verdades a medias” se refieren a la información parcial que otorgan las empresas o el estado para legitimar, impulsar y ganar aceptación de los proyectos en los territorios, como es el caso de argumentos a favor del desarrollo de la actividad minera como el empleo o las ganancias derivadas de la explotación de los recursos.

147 Foto 5: Un abrazo a la montaña. Caminata por los municipios que hacen parte del COA como ejercicio de reconocimiento del territorio

FUENTE: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=360552487374801&set=a.360551870708196.84607.312868258809891

&type=3&theater. Consultado (10/03/14)

Estas iniciativas y en general el proceso adelantado por el COA, han contado con el apoyo de organizaciones como Censat Agua Viva, RECLAME79, Conciudadanía, Organización

79

RECLAME es la Red Colombiana frente a la gran minería, que congrega movimientos ambientalistas, cívicos y comunitarios, sindicatos de trabajadores, pequeños y medianos mineros nacionales, estudiantes, académicos artistas y demás colombianos, cuyo propósito es articular tareas para detener los proyectos de minería a cielo abierto (RECLAME, S.f). Lo cual evidencia un elemento de confluencia de perspectivas e intereses en torno al desarrollo de la actividad minera entre esta Red y las organizaciones que hacen parte del COA, en la medida en que ambas tienen como uno de sus ejes centrales el cuestionamiento y la oposición radical frente al desarrollo de proyectos adelantados por empresas transnacionales mineras, que como se planteó anteriormente, para el caso del suroeste antioqueño, implicarían una explotación minera a cielo abierto.

148

Indígena de Antioquia (OIA), Manada Libre80, Grupo Semillas81, Fundación Confiar82 y OCMAL83. Lo que muestra que la lucha por la defensa del territorio abarca diferentes escalas y multiplicidad de actores. Que si bien no comparten exactamente las mismas visiones, sí tienen un nivel de traslape importante entre las mismas (en este caso específico relacionadas con el desarrollo de la minería, la valoración de la naturaleza y la relación con el territorio), que sostiene y da coherencia al proceso de acción colectiva que adelantan (Bebbington, 2007), permitiendo el intercambio de opiniones, la asociación de cada uno de ellos, y en este sentido la construcción de una identidad colectiva84.

80

Es una organización que promueve el uso de software libre, el conservacionismo y el consumo moderado y busca alternativas de comunicación libres y gratuitas que permitan el libre acceso a la información y al conocimiento (Manada Libre, s.f.). Así mismo, comercializa los productos agroecológicos de BIABUMA y ASAP Caramanta, con lo cual apoya los procesos de defensa del territorio, basándose en la economía solidaria y con ello en principios de comercio justo, consumo responsable, control del proceso productivo por parte de los productores y proyectos asociativos (Notas de Campo). Lo cual se traslapa con los intereses de las organizaciones que conforman el COA en la medida en que al igual que estas promueve formas de relacionamiento alternativas y democráticas en el acceso al conocimiento y el intercambio de información.

Elemento que también se encuentra presente en las iniciativas agroecológicas de organizaciones como ASAP y BIABUMA. 81 Fundada en 1994, el Grupo Semillas es una fundación no gubernamental que apoya a las organizaciones indígenas, afros y campesinas, en acciones tendientes a la protección y control local de los territorios, los recursos naturales, la biodiversidad, los sistemas productivos sostenibles, la soberanía y autonomía alimentaria de las poblaciones rurales (Grupo Semillas, s.f.). Lo que evidencia que los intereses de este grupo son compartidos y se relacionan con la defensa del territorio que llevan a cabo las organizaciones que hacen parte del COA, para quienes la protección de este y sus recursos se constituyen como elementos vitales. Y es uno de los ejes que fundamenta la oposición al desarrollo de la actividad minera a gran escala.

82 Es una entidad privada sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es contribuir a la consolidación y expansión del proyecto Asociativo – Empresarial de CONFIAR, de la Cultura de Economía Solidaria y Ciudadana y al desarrollo de las comunidades y los territorios donde hace presencia (Fundación Confiar, s.f.).

En este contexto existe un elemento de convergencia con el proceso adelantado por el COA y el principio de economía solidaria promovido por organizaciones como ASAP y también por proyectos adelantados por organizaciones aliadas como Manada Libre.

83 Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, fundado en el año 2007, tiene como principal objetivo defender a las comunidades y poblaciones que en el desarrollo de sus prácticas productivas agrícolas, ganaderas, pesqueras, turísticas o culturales sean afectadas por los impactos de la minería en la región (OCMAL, s.f.). Lo que permite a las organizaciones del COA y al COA en sí mismo, visibilizar los impactos generados por la minería en sus territorios y así mismo conocer experiencias de otras comunidades a nivel latinoamericano en cuyos territorios se desarrolla la minería. Lo que incide directamente en su percepción en torno al desarrollo de la actividad minera en la medida en que las experiencias de otras comunidades se constituyen como referentes primordiales a la hora de construir dicha percepción.

84 Entendida desde Melucci (1995) como una definición compartida y producida por varios grupos y que se refiere a las orientaciones de la acción y el campo de oportunidades en el que tiene lugar la acción (Melucci, 1995 en Chinu & López, 2007). Para este caso específico, la acción se orienta a la defensa del territorio y de los significados e identidad campesina, construida históricamente en la subregión del Suroeste antioqueño.

Razón por la cual, la movilización social del COA, incorpora un conjunto de creencias, símbolos, valores y significados relacionados con el sentimiento de pertenencia al Suroeste y a prácticas productivas agropecuarias instituidas allí históricamente.

149

En este contexto, el intercambio de información entre las distintas organizaciones que hacen parte del COA se constituye como un elemento que posibilita la generación de estrategias en defensa del territorio y en este sentido la visibilización de estos procesos a nivel nacional e internacional85.

Es así como la falta o nula claridad en la información otorgada por las empresas en lo referente a las labores que adelantan en los territorios, se constituye como un elemento motivador para la búsqueda de otras fuentes de información, a partir de las cuales se establecen alianzas con actores (individuales o colectivos) con los cuales se comparten intereses, valoraciones de la naturaleza y formas de apropiación del territorio, como es el caso de las organizaciones que conforman el COA.

De esta manera, tanto la información obtenida por medio de la asistencia a foros y eventos en los cuales se socializan las experiencias de las comunidades y su percepción en torno al desarrollo de la actividad minera; como la desinformación frente a las labores adelantadas por las empresas en los territorios, se constituyen en dos elementos dialécticos que coexisten en los territorios, generando distintas posturas frente al desarrollo de la actividad minera, y en el caso del COA, procesos de construcción de redes sociales que expanden y visibilizan los procesos de defensa del territorio.

85

Lo que es muy relevante más si se tiene en cuenta que, pese a que actualmente son muchos los municipios que en los cuales se están presentando conflictos a raíz de la presencia de empresas transnacionales, en los medios de comunicación sólo se ha prestado atención a casos paradigmáticos como Santurbán o La Colosa, que si bien son muy importantes, invisibilizan los procesos que tienen lugar en otros territorios y que también dan cuenta de las afectaciones generadas por el desarrollo de la actividad minera.

150

4. REFLEXIÓN FINAL A MANERA DE CONCLUSIÓN

A partir del desarrollo de la investigación, cuyo principal propósito era responder a la pregunta ¿Cómo surgen y se desarrollan conflictos alrededor del uso de los recursos (especialmente de la tierra y el agua) y apropiación del territorio, a raíz de la solicitud, titulación y exploración de zonas con potencial minero por parte de empresas transnacionales, en el municipio de Caramanta, desde el año 2000 hasta el año 2013? Es posible concluir que los conflictos en torno al uso de los recursos y manejo del territorio en Caramanta no surgen a partir de la solicitud, titulación y exploración de zonas con potencial minero.

Los conflictos por el uso de los recursos y la apropiación del territorio en Caramanta, como se mostró a lo largo del documento, obedecen a procesos históricos directamente relacionados con dinámicas como la implementación del monocultivo del café, la presencia de actores armados y la concentración de tierras en el municipio. Sin embargo, con la llegada de empresas mineras, estos conflictos adquieren con mayor fuerza una dimensión socio ambiental al poner de manifiesto la confrontación de dos construcciones de territorio, el territorio como espacio económico, en el cual hay recursos susceptibles de ser explotados y el agua, la tierra y el oro son considerados como mercancías; y el territorio como espacio de vida en el cual elementos como el agua y la tierra son considerados como vitales, razón por la cual no les pueden ser asignados precios de mercado. Estos elementos se relacionan a su vez con la configuración histórica subregional del Suroeste antioqueño y Caramanta, zonas en las cuales, como se mostró en el documento, la minería se constituye como una actividad marginal.

En este contexto, la exploración minera se constituye como un elemento que evidencia los conflictos preexistentes que habían permanecido en un estado de latencia en los territorios, poniendo de manifiesto, las distintas y antagónicas formas de apropiación del territorio y valoración de la naturaleza, construidas a lo largo de su vida por quienes habitan en Caramanta, e incidiendo directamente en la toma de posición frente al desarrollo de la actividad minera y con ello en el conflicto socio ambiental.

151

En este punto es importante aclarar que aunque quienes se oponen al desarrollo de la actividad minera en el Municipio son minoría han logrado, gracias a las redes que han establecido con otras organizaciones, consolidarse como uno de los principales referentes de la defensa del territorio, tanto en Caramanta como en el Suroeste antioqueño. De manera que, la organización y movilización social se constituyen como elementos de vital importancia para la defensa del territorio y en este sentido, para el entendimiento de los conflictos por el uso y apropiación del mismo. Por lo que si bien, fueron explicados de manera deficiente en este documento, porque no fueron considerados inicialmente en el planteamiento del problema y por fallas en la recolección de información, que llevaron a que esta fuera insuficiente para dar cuenta de dichos fenómenos en el suroeste antioqueño; se hace necesario ahondar en ellos, siendo este un tema de investigación para futuras indagaciones.

Por otro lado, a partir del desarrollo del trabajo se investigación se evidencia que el conflicto socio ambiental que se presenta actualmente en Caramanta cuestiona la visión estatal en la cual la exploración minera no se constituye como un elemento conflictivo al interior de las comunidades puesto que no genera afectaciones ambientales. A la par que pone de manifiesto la visión simplista de los territorios a los que apela la política minera, en la cual estos son vistos simplemente como espacios con recursos susceptibles de ser explotados, lo que invisibiliza los significados culturales construidos por quienes los habitan a lo largo de su vida.

El conflicto socio ambiental que se presenta en Caramanta tiene intrínseca una dimensión histórica que configura formas de relacionamiento con el territorio y valoraciones de la naturaleza, que son las que actualmente hacen posible que haya mano de obra disponible para incorporarse a las labores de exploración adelantadas por las empresas, e interesada en el desarrollo de la actividad minera, por un lado; y por otro, organizaciones en defensa del territorio, que se han articulado en redes a nivel subregional como lo es el COA, para reafirmar y defender su derecho de permanecer y vivir en el territorio en el que han crecido.

Los problemas relacionados con el desarrollo de la actividad minera han sido reducidos tanto por el gobierno como por algunos académicos a los impactos generados en la fase de

152

explotación minera. Lo que si bien es relevante para entender lo que sucede en el país y más en un contexto en el que el desarrollo de la actividad minera se erige como la directriz a seguir para alcanzar el desarrollo; deja de lado las problemáticas de comunidades en las cuales, si bien aún no se ha llevado a cabo la explotación minera, ya están presentando conflictos asociados a la presencia de empresas transnacionales en sus territorios y las expectativas y miedos que se despiertan en las comunidades en función de su percepción frente al desarrollo de la explotación minera.

De esta manera, este trabajo de investigación muestra la necesidad de descentrar el debate en torno a la actividad minera. A la par que abre nuevas perspectivas de análisis como son, el papel de la financiarización en la compra y venta de títulos mineros que tiene lugar en el país, el papel de la educación en la aceptación de la actividad minera en los territorios y en el fenómeno de migración campo-ciudad, el establecimiento de redes de organizaciones sociales en torno a la defensa del territorio en el suroeste antioqueño y el papel de la agroecología en la defensa de los territorios y como elemento articulador de procesos sociales.

Finalmente, el desarrollo de este trabajo de investigación muestra la necesidad de ahondar en la acción e incidencia de actores armados como las AUC en Caramanta, en la medida en que es un fenómeno que ha marcado la vida de quienes actualmente habitan este municipio y sobre el que no existen datos oficiales que den cuenta de las masacres allí cometidas.

Masacres que se encuentran registradas en la memoria de los campesinos, cuyo silencio frente al tema es la muestra más diciente de la huella del conflicto armado en su memoria y en sus corazones.

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ANEXO 2. TÍTULOS Y SOLICITUDES VIGENTES EN CARAMANTA A 18 DE OCTUBRE DE 2013

ANEXO 3. MAPA DE USO DEL SUELO DE CARAMANTA Aﾃ前 2000