Todos, algunos o ninguno

Las Tres Posiciones Frente Al Adelanto De Elecciones

Después de ser legítimamente vacado el profesor Pedro Castillo de la Presidencia de la República por haber perpetrado UN golpe de Estado, aunque nadie le hizo caso, asumió la Presidencia su vicepresidente, Dina Boluarte. Era lo que correspondía en la línea de sucesión presidencial prevista en la Constitución; al igual que lo fue en su momento el reemplazo de Pedro Pablo Kuczynski por Martín Vizcarra.

En cuanto la señora Boluarte juramentó el cargo y nombró a su gabinete ministerial, bastante aceptable por cierto, se levantaron voces exhortando a “que se vayan todos”. Esto es, la presidenta con su gabinete y también los congresistas. Hubo otras voces, menos beligerantes, que propiciaban que solo se vaya Dina Boluarte con su gabinete y se llame a nuevas elecciones solo presidenciales para completar el período quinquenal.

Por último, había una tercera posición: que no se vaya nadie, que se queden todos. Esta alternativa, que era del gusto de la presidenta Boluarte y de los congresistas. Pese a las fintas y escenografía que montaron los congresistas para anticipar las elecciones, en realidad su intención era otra: quedarse hasta

Tribuna Libre

Escribe: LUIS HERNÁNDEZ PATIÑO

No hay golpe de Estado bueno

Nefastos Proyectos Absolutistas Que Nuestra Sociedad No Debe Apoyar

Hace unos días inevitablemente recordábamos lo que sucedió el 5 de abril de 1992. El entonces presidente Fujimori decidió disolver el Congreso de la República mediante un anuncio que, como en el caso del intento de golpe de Pedro Castillo, fue dado mediante un mensaje televisado a la nación. ¡Cuánto tiempo ha pasado desde entonces! ¡Y cuánta agua ha corrido debajo del puente!

Vivos permanecen hasta hoy los recuerdos y los sentimientos, sanos e insanos, producidos por lo que entonces ocurrió. Pero también quedan entre nosotros lecciones que la misma realidad nos da y que no podemos dejar de recoger a modo de experiencia. Una de esas lecciones, que hoy debiéramos aquilatar en toda su magnitud, es que no hay golpe de estado bueno. Por eso, conviene incidir en que los sectores de nuestra sociedad no pueden ni deben ser selectivos y menos condescendientes frente a los aventureros que se meten a la política para su propio provecho o trabajando para nefastos poderes.

En efecto, en 1992 hubo un considerable sector de nuestra sociedad que aplaudió las medidas de Fujimori. Los que aprobaron dicho golpe lo hicieron con la misma fuerza con la que habían criticado el golpe de Estado que Velasco dio en 1968. En el caso de Fujimori, no se preguntaron si su golpe era algo inevitable; es decir,

Tribuna Libre

Escribe: CARLOS HAKANSSON

Golpe a la constitucionalidad

Sobre El Fallido Golpe De Estado De Pedro Castillo

El pasado 7 de abril en el diario Expreso, la columna de Luis García Miró Elguera tuvo la deferencia de citar mi posición respecto al fallido golpe del expresidente Pedro Castillo. Un acto arbitrario que, a pesar de carecer del apoyo de las Fuerzas Armadas y Policiales, produjo un intento de desequilibrar las reglas de juego jurídico-político que se deben acatar por mandato constitucional. Por eso, en esta oportunidad deseo aprovechar el espacio para desarrollar esta idea. Cómo sabemos, el ejercicio de los poderes y demás instituciones públicas debe acatar los principios y reglas constitucionales que en conjunto brindan validez y sustento al resto de fuentes del ordenamiento jurídico.

Si repasamos algunas reglas observaremos que el parlamento legisla, pero siempre bajo un procedimiento reglado y con diversas mayorías para cada tipo de ley, también fiscaliza; pero respetando el principio de debido proceso en la sede congresal, con las debidas garantías de inmunidad e inviolabilidad (artículo 93 CP). Por otra parte, el presidente de la República es jefe de Estado y gobierno, pero sus actos son nulos si carecen de refrendación ministerial (artículo 120 CP); otras funciones del Ejecutivo requieren la aprobación del Congreso, como cuando solicita competencias para legislar vía decretos legislativos (artículo 104 CP), para decretar un si era lo único que quedaba frente a la situación de pobreza y violencia del Perú de entonces. Sencillamente lo vieron como la panacea. estado de sitio o ante la necesidad de salir del país (artículos 137 CP e inciso 4 artículo 113 CP). El Poder Judicial administra la justicia conforme con los principios que inspiran un debido proceso (artículo 139 CP).

Como hemos observado y resumiendo, las posiciones eran tres: que se vayan todos, que se vayan algunos y que ninguno se vaya. Bueno pues, analicemos las opciones. El que se vayan todos –esto es, la presidenta, su gabinete y los congresistas– requiere repetir lo hecho en el año 2000 ante la vacancia de Fujimori y la asunción presidencial de Paniagua. Se tuvo que reformar parcialmente la Constitución incorporando disposiciones transitorias. Esto requiere no menos de 87 votos a favor en el Congreso, en dos legislaturas ordinarias sucesivas. También se podría, en teoría, en una sola legislatura mayoría de votos, más un referéndum confirmatorio.

La votación calificada es imposible de lograr, habida cuenta del gran número de bancadas parlamentarias y posiciones antagónicas. Hacerlo con simple votación mayoritaria más un referéndum implica una campaña electoral y la postergación de urgentes decisiones gubernamentales. Además faltaría tiempo para hacer algunas reformas esenciales, de normativa electoral. Esta alternativa queda descartada.

La segunda –es decir, que se vayan algunos– implica la vacancia de Dina Boluarte o su renuncia. En ambos casos asume la presidencia transitoriamente el presidente del Congreso, que debe llamar de inmediato a elecciones (art. 115), ya que no hay otro vicepresidente.

La variable de que se vayan los congresistas pero quede Dina Boluarte, requiere la previa censura o negación de confianza a dos gabinetes, con la disolución del Congreso, así como convocar de inmediato a elecciones parlamentarias dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución (art. 134). Como vemos, esta opción tampoco es muy aceptable.

La última alternativa es que se queden todos, que parece que es la que toma cuerpo, toda vez que si se anticipa cualquier clase de elecciones no hay tiempo para las reformas electorales indispensables. Tampoco para que los partidos que están en proceso de inscripción oficial logren su cometido y menos para constituir alianzas serias. Esta opción requiere que tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo sean eficientes y exista reconocimiento público, lo que no es fácil.

¿No había acaso una salida institucionalmente prevista en la Constitución? Si lo que se quería era reformar la Constitución de 1979, por las consideraciones que se pudiesen plantear, existían los mecanismos correspondientes para hacerlo. Frente a la obstrucción parlamentaria, el Poder Ejecutivo tenía a su mano diversas herramientas políticas. Entre estas se contemplaba inclusive el cierre de la cámara de diputados, por la vía jurídica, en el caso de provocarse la censura sucesiva de los consejos de ministros.

En lo referente a la actualidad, el Perú tampoco necesita golpe de Estado alguno. En este punto, a modo de precisión, cabe señalar que no hay cuestión de raza, ni de clase, ni movimiento separatista alguno que justifique ni un solo tipo de sedición golpista. No permitamos que algunos se salgan con su gusto de convertir al Perú en un charco, con el fin de satisfacer sus insaciables apetitos políticos y financieros.

A lo largo de la historia quienes han buscado y buscan dar un golpe de Estado han escondido intereses oscuros e inconfesables. Tal es el caso actual de los comunistas (trabajadores intelectuales del imperialismo globalista) que acusan de golpistas a sus enemigos, los demócratas. Los comunistas, putchistas por antonomasia, se curan en salud electorera; pero al mismo tiempo defienden con su narrativa roja lo que, por ejemplo, sucedió con el golpe de Estado que se produjo, felizmente sin éxito, el pasado siete de diciembre.

Los golpes de Estado pueden variar en su forma y estilo, pero siempre son eso: golpes de Estado. Y de acuerdo con la experiencia, por lo que nos ha tocado vivir, debemos tener en claro que no por gusto en la llamada izquierda y en la derecha hay totalitarios que le sonríen al golpismo. ¿Por qué? Porque los golpes de Estado resultan convenientes, pero únicamente para los intereses políticos y financieros de ciertas minorías. Los golpes de Estado jamás han propiciado cambios a favor del pueblo, cuyo nombre los golpistas tanto evocan, hasta que ese pueblo les resulta un estorbo.

En definitiva, no hay golpe de Estado bueno. Los golpistas más radicales se visten de demócratas para llegar al poder; pero una vez que llegan, implementan sus nefastos proyectos absolutistas, que nuestra sociedad no tiene ninguna obligación de apoyar.

Las tres funciones del poder, ejercidas cada una por órganos diferentes, gozan de una legitimidad de origen tras un proceso electoral (Ejecutivo, Legislativo), de selección y designación (jueces, fiscales) o nombramiento (magistrados del Tribunal Constitucional, defensor del pueblo, contralor, directores del Banco Central) de autoridades para ejercer sus competencias bajo los límites constitucionales y legales.

El fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2022 produjo un quiebre a la lealtad, jurada o prometida, para ejercer las competencias en armonía con las disposiciones constitucionales. Se trata de una intención que poco importa si tuvo, o no, respaldo militar y policial. Es un golpe a la constitucionalidad que rige los actos institucionales en un sistema democrático. La decisión arbitraria para disponer el cierre del Congreso, el Tribunal Constitucional y la reorganización del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia, afectando la separación y equilibrio del poder, quiebra la legitimidad de ejercicio de su actor, lo convierte en responsable y usurpador del poder a la vez de autorizar el derecho de insurgencia ciudadana contra aquéllos que alteraron el orden constitucional, asumiendo funciones públicas violando sus principios y reglas (artículo 46 CP).

Que las Fuerzas Armadas y Policiales hayan optado por el lado correcto de la historia en materia de institucionalidad democrática, sin prestarse a intereses distintos a la salud del Estado Constitucional de Derecho no condiciona la consumación de un golpe, pues solo basta la declaración de intención de la autoridad que decide no respetar el régimen constitucional para quedar deslegitimado en el ejercicio del cargo. El real significado y plenitud de una Constitución es cuando se convierte en el punto de referencia para la comunidad política. Son los acuerdos de coincidencia de todas las fuerzas políticas cuando asumen las riendas del poder conforme con sus disposiciones. Por eso, los golpes en democracia siempre son contra la constitucionalidad, y poco favor a su carrera política hacen los defensores del expresidente que soslayan su grave responsabilidad.