Presidente del Congreso a favor de proyectos de inversión para el crecimiento económico

El presidente del Congreso, José Williams Zapata, consideró de importante invertir en proyectos que impulsen el desarrollo y mejoren la calidad de vida de las personas, siendo fundamental para el crecimiento económico y social para todas las regiones del país.

Así lo manifestó al clausurar la segunda mesa de diálogo “Intercambio de experiencias regionales en el marco de la iniciativa para la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura del Perú”, que organizó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Williams Zapata saludó el esfuerzo de los organizadores para el intercambio de experiencias regionales en el marco de la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura en el Perú, proyecto de ley que consideró como una solución para corregir todo aquello que no estuvo bien anteriormente.

De igual forma, saludó la participación de la congresista Diana Gonzales Delgado (Avanza País), presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado.

“Es importante que la participación de los expertos en los temas propuestos tenga además la presencia de los presidentes de las comisiones ordinarias del Congreso, donde se producen los debates respectivos que son parte del procedimiento parlamentario. Es evidente que nuestro país requiere de soluciones para la viabilidad y la eficacia de los diferentes proyectos de inversión e infraestructura”, expresó.

A su turno, la congresista Gonzales

Delgado informó que desde el grupo de trabajo que preside se ha propuesto que la Autoridad Nacional de la Infraestructura esté adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros con autonomía administrativa, funcional, técnica y económica.

Además, tendrá competencia en materia de infraestructura sobre los proyectos o programas de inversión a nivel nacional de los tres niveles de gobierno que se le sean asignados o delegados.

“Entre sus funciones se encuentra la ejecución de proyectos y programas de inversión a su cargo, formulación cuando sea requerida y su mantenimiento hasta por cuatro años según corresponda”, explicó.

Dijo que, con el propósito de asegurar el carácter técnico de la Autoridad Nacional de Infraestructura, se ha incorporado en la fórmula legal que el jefe de esa entidad debe tener una dedicación exclusiva, remunerada y su designación sea regulada y no contar con un consejo directivo como lo propuso el Poder Ejecutivo.

Asimismo, con el propósito de que esta autoridad se centre en la mega infraestructura que genere impacto para el cierre de brechas, Diana Gonzáles manifestó que la cartera del organismo estará conformada por los proyectos o programas de inversión, es decir, este conjunto de proyectos compatibles que cuenten con montos de inversión igual o mayores a los 200 millones de soles.

Ante el avance de la epidemia del dengue, el titular de la Contraloría General, Nelson Shack Yalta, anunció que el próximo mes de julio se realizará un megaoperativo de control a los establecimientos de salud del primer nivel de atención en la región. El objetivo de esta iniciativa es verificar in situ la capacidad de respuesta de estos centros de salud en cuanto a infraestructura, equipamiento, medicamentos y personal para brindar un servicio óptimo y oportuno a los usuarios.

“El gran problema en el país es de prevención. No tenemos camas disponibles para atender a los pacientes de dengue. Por ello, teníamos programado en agosto hacer un megaoperativo para revisar 2000 establecimientos del primer nivel de atención, pero en el caso de Piura, dada la situación de emergencia, hemos adelantado para julio”, señaló el contralor general durante el despacho contralor en la región.

Reunión con Diresa

Como parte de sus actividades pro- gramadas, Shack Yalta se reunió con funcionarios de la Dirección Regional de Salud de Piura para conocer las acciones de respuesta desplegadas para afrontar la emergencia sanitaria por el aumento de casos de dengue que vienen afectando a los piuranos y que a la fecha ha cobrado la vida de más de 60 personas. En la cita planteó priorizar recursos para prevenir esta enfermedad transmitida por el zancudo Aedes Aegypti y así evitar que el brote produzca nuevas víctimas.

ESCRIBE: ANTERO FLORES-ARAOZ

TRIBUNA LIBRE Pérdida de dominio

AFECTA GRAVEMENTE EL DERECHO A LA PROPIEDAD Como es harto conocido, en las últimas décadas han aumentado los delitos que en buena cuenta son corrupción y en que los corruptos se han beneficiado a costa del Estado. Más aún, con el correr de los años los delincuentes se han ido sofisticando, con el resultado de más pérdidas para el Estado.

En los procesos judiciales en que el Estado es el afectado o agraviado con pérdida patrimonial, en la sentencia se ordena la restitución de aquella, pero en adición la reparación civil, que no es otra cosa que la indemnización por el daño causado.

Durante muchos años se embargaban los bienes de los condenados, para que sean vendidos en subasta pública y con los ingresos de ella se hiciere cobro el Estado de lo que había perdido por los actos de corrupción, así como también de la reparación civil.

Con la mejor intención en el 2007 se dictó el Decreto Legislativo 992, en uso de las facultades legislativas que el Congreso había delegado en el Poder Ejecutivo, a fin de que dictase medidas que ayudasen a combatir muy graves delitos y se creó la figura o institución de la “pérdida de dominio”, por la cual el titular de bienes con los que se había perpetrado delitos los perdían en beneficio del Estado, que disponía de ellos para recuperar lo que le correspondía más la pertinente reparación civil.

El dispositivo aludido, con el correr de los años ha tenido diversas modificaciones, que han ido mejorando la normatividad sobre “pérdida de dominio”, sin embargo todavía existen normas que hay que seguir puliendo pues atentan contra diversos derechos constitucionales. No se trata de hacer realidad el aforismo maquiavélico de que el fin justifica los medios, pues ello no es verdad.

Por ejemplo, en el proceso de “pérdida de dominio” el juez puede dictar medidas cautelares, entre ellas ordenar el allanamiento y registro domiciliario de inmuebles, la asignación o utilización de los mismos, incluso si se encuentran ocupados, así como la inscripción registral de la medida. Cuando los predios no están inscritos pasan de inmediato a la administración del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).

A nuestro parecer, para tener asegurados y resguardados los intereses del Estado bastaría la inscripción registral de la medida cautelar, pero de ningún modo allanar, desocupar el bien o bienes inmuebles por los terceros ocupantes, y la asignación y entrega de aquellos para otras actividades.

Las medidas cautelares aludidas, si bien garantizan los intereses del Estado, atentan contra la presunción de inocencia del imputado, mientras no sea condenado y la condena quede firme (inc. 24 del art. 2 de la Constitución).

Desconocer los derechos de los ocupantes de los inmuebles, provenientes de contratos lícitos, atenta también contra la autonomía de la voluntad y la libre contratación (inc.14 del art. 2 y art.62 de la Constitución)

No es menos grave la afectación del derecho a la propiedad, que es inviolable, y que también está consagrado en nuestra Constitución (inc. 16 del art. 2 y art. 70)

Ojalá algún parlamentario serio asuma el reto.