diariodelpaís TRIBUNA LIBRE La economía peruana

Jueves 20, abril del 2023

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Escribe: GIANCARLO PERALTA POR EL QUIEBRE DE LA CONFIANZA DE LOS INVERSIONISTAS

Claro, qué podíamos esperar tras el desastre de gestión y político que representó Pedro Castillo. No solo por los delitos de corrupción que la camarilla izquierda-caviar y filomaoísta perpetró desde Palacio de Gobierno, también porque se dedicó a producir una legislación que alentaba la confrontación entre trabajadores y generadores de empleo, en lugar de promover el incremento de la producción para que el bienestar alcance a todos los niveles socio económicos de la sociedad.

La economía cae por el quiebre de la confianza y se profundiza por los conflictos sociales motivados desde antes de la perpetración del golpe de Estado liderado por Castillo. Un golpe en el que tuvo muchos cómplices, que luego han manifestado que ninguno de ellos estaba enterado, lo cual resulta más que inverosímil.

Que el fenómeno de El Niño y el ciclón Yaku han puesto de su parte, también es cierto, así como la respuesta poco eficaz en el control oportuno de la conflictividad social agitada y alentada por la izquierda. Una izquierda que reclamaba que los muertos habían sido insuficientes para que Dina Boluarte caiga. ¿Verdad, Sigrid? Mientras tú disfrutabas de tu nuevo departamento en una de las zonas más exclusivas y residenciales de Lima.

Igual piensa la madre de Vladimir Cerrón, quien alentaba a los jóvenes a ofrendar sus vidas por la organización criminal que fundó su hijo, al menos por los informes de prensa que señalan el enorme desbalance presupuestal de su familia, además de los balances de su grupo partidario. La vida no se da por delincuentes, la vida es un bien personalísimo, nadie en su sano juicio puede instigar la violencia con riesgo de la pérdida de la vida.

Tribuna Libre

Escribe: CARLOS HAKANSSON

El sentido de la política

EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD HUMANA PARA REALIZAR EL BIEN COMÚN

La agenda de debate nacional se resume en los temas relativos a la politización de la justicia por los casos de corrupción, vandalismo en el sur del país, la amenaza de huelga en el norte –a causa del fracaso en las obras de infraestructura en previsión del fenómeno de El Niño– y la extradición de delincuentes. A todo ello se suman los escándalos o destapes mediáticos hechos por los programas dominicales, ya sea por inconductas o el diario quehacer de los políticos.

Si reparamos en los años de bonanza económica, fruto de la minería, resulta contradictorio que la distribución de la riqueza en grandes obras de infraestructura en todo el territorio fuera deficitaria y contraproducente para los intereses nacionales. El mal ejercicio de la política no ha fiscalizado la inversión del Gobierno para mejorar la calidad de vida ciudadana al interior del país. Las grandes obras que fueron financiadas tienen un sesgo de corrupción e ineficiencia de resultados. Sin temor a equivocarnos, desde el año 2016 no tenemos ninguna gran obra de infraestructura culminada que sea un símbolo de avance y orgullo nacional.

La reflexión inmediata ante este panorama surge de constatar la distorsión que padecemos sobre la razón y finalidad del ejercicio de la política. Cuando hablamos de política nos referimos a la actividad de naturaleza humana para realizar el bien común. Se trata de la noble acción de una persona en representación y beneficio de su comunidad. Los problemas comunes que aquejan a los miembros de la sociedad se discuten a través de sus representantes para tomar decisiones que les brinden solución. El sistema democrático legitima sus decisiones, tomadas en el pleno de una asamblea, con quienes fueron electos para dirigir el gobierno de una comunidad política.

Sin embargo, la izquierda menosprecia la vida, soslaya la creencia popular y convicción de la existencia de un ser superior. Que los rojos sean ateos no significa que los demás deban renunciar a su fe y a su vida. Nos hemos preguntado por qué son los primeros en desaparecer cuando se produce una confrontación entre las fuerzas del Estado y sus huestes a las que consideran desechables. Por eso los lanzan al ejercicio de la violencia, todo esto no es más que una recreación de las acciones subversivas de los años ochenta. Y después se hacen los indignados, gritan a los cuatro vientos que los “terruquean”. Adelanto de elecciones porque quieren una farsa electoral para que triunfe la izquierda más corrupta o el execrable caviar, contando con la garantía de Salas Arenas y Corvetto.

Lamentablemente la dupla Otárola-Boluarte están demostrando impericia en la administración de la crisis que enfrenta el Perú. Por falta de decisión de las autoridades nacionales, que parece que han olvidado que Puno también es el Perú y están permitiendo un hecho aberrante e indigno, como que un grupo de antipatriotas impidan el izamiento del pabellón nacional.

¿Así considera la dupla de gobierno que será posible la extracción del litio? ¿Quién va a confiar y decidir invertir en dicha región capturada por los contrabandistas, los mineros ilegales, el narcotráfico, la delincuencia común y, lo peor, la ausencia del Estado? ¿Quiere el actual Gobierno que cunda el mal ejemplo? Se han olvidado de que un héroe como Alfonso Ugarte prefirió lanzarse al vacío ofrendando su vida antes de que el ejército enemigo le arrebate la Bandera Nacional.

También han olvidado que en 1997 el gobierno de Alberto Fujimori ordenó acabar con la toma de la residencia del embajador de Japón. Y uno de los primeros actos tras la derrota del movimiento terrorista Túpac Amaru (MRTA) fue arrojar el trapo que pendía desde lo alto de ese recinto.

La economía cae porque tenemos un Estado capturado por quienes quieren seguir medrando del poder, aprovechándose de la buena fe de los ciudadanos más humildes a quienes solicitan votar a su favor. Ellos ofrecen algo que saben que no cumplirán y, una vez lograda su permanencia en el poder, adiós promesas, bienvenidos los odios, el hambre y el atraso. Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia son suficientes ejemplos.

¡Comunismo nunca más!

Si la política es el ejercicio de la actividad humana para realizar el bien común en comunidad, los temas permanentes a discutir por la clase política para un país en vías de desarrollo como el Perú son la plena alfabetización de sus ciudadanos; la prestación de los servicios de agua, desagüe, luz, salud integral, educación; la plena conectividad a través de caminos, autopistas e infraestructura para todo el territorio y con alcance para todos.

La reforma tributaria debe ser planteada desde el Ejecutivo, discutida y aprobada por el Congreso. A través de ella se producirá la distribución de la riqueza, mediante concretas políticas públicas que promuevan la inclusión social e igualdad material entre los ciudadanos. El Gobierno, en resumidas cuentas, se debe ocupar de administrar la hacienda brindando buenos y mejores servicios públicos.

A la par de estas discusiones, es prioritaria la consolidación de un Estado de Derecho en el que la administración de justicia aplique la ley para todos y por igual. Una judicatura y un Ministerio Público compuestos por juristas de prestigio. No existe un Estado democrático y de primer mundo que carezca de un sólido Poder Judicial. Los jueces con sus sentencias realizan la igualdad formal sancionando las infracciones al sistema jurídico sin distinción de personas por su condición política, social o económica.

A diferencia de las crisis macroeconómicas, cíclicas por naturaleza –dado que resulta imposible mantener el control de sus variables en el tiempo– la institucionalidad jurídica y política de un país debe ser continua y sin interrupciones. Por eso, la Constitución se convierte en su garantía de conservación permanente. Se trata del conjunto de principios y reglas que reconocen derechos fundamentales, a luz de instituciones que ejercen el poder mediante un buen gobierno civil.

La crisis que atravesamos surgida por la corrupción debe ser atendida por las instituciones competentes (policía, fiscales, jueces) y no puede detener a la clase política (gobierno y parlamento) que debe ocuparse de los temas que importan al bien común de la comunidad. De realizar esa permanente tarea, el principio de representación política recuperará su sentido y estaremos preparados para afrontar cualquier adversidad, como las inclemencias de los fenómenos naturales, y emprender un desarrollo social, cultural y económico sostenido en el tiempo.