PICADITOS

César Acuña sobre Rosio Torres: “La decisión de Alianza para el Progreso es expulsarla”

El presidente del partido Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, dijo que su partido ha tomado la decisión de expulsar a la legisladora Rosio Torres, quien ha sido denunciada de haberle recortado el sueldo a sus trabajadores en el Congreso.

Acuña sostuvo que lo hecho por Torres “es inaceptable”, a la vez que resaltó que no ha fundado un partido “para que personas lo utilicen para servirse”. “Invoco a la Fiscalía a que actúe firmemente en el caso de Rosio Torres. La decisión del partido es expulsarla, pues es inaceptable que un congresista recorte el sueldo de su personal. No he fundado un partido para que personas lo utilicen para servirse”, manifestó el gobernador regional de La Libertad. “Lo hecho por la congresista Rosio Torres es inaceptable. No he formado un partido político para que los congresistas hagan barbaridades”, agregó.

Patricia Chirinos: “Sería necesario la reelección en el Congreso”

La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) cuestionó a los parlamentarios de gestiones anteriores por no “tomar el toro por las astas” en la lucha contra los “caviares”.

“Cuántas veces los congresistas se han estado reeligiendo y reeligiendo y no pudieron tomar el toro por las astas en esta lucha contra los caviares”, dijo durante el programa ‘Beto a Saber’

Chirinos resaltó que es la primera vez que es congresista. “Creo que también debe de haber la posibilidad de a hacer una carrera política y sería necesario la reelección en el Congreso porque uno va adquiriendo más conocimiento”, expresó. En otro momento, la legisladora llenó de elgios a la senadora colombiana María Fernanda Cabal. “Pude compartir todos los días que estuvo en Lima. Hemos estado juntas varios días y he aprendido muchas cosas de ella”, indicó.

Daniel Urresti: Poder Judicial dará lectura de sentencia por caso Bustíos el 12 de abril

El Poder Judicial informó que el próximo miércoles 12 de abril se realizará la lectura de sentencia para el exministro del Interior, Daniel Urresti, en el marco del proceso judicial por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria dispuso que dicha audiencia se realice a las 4:00 de la tarde luego de culminada las audiencias del caso.

El periodista Hugo Bustíos fue asesinado el 24 de noviembre de 1988, presuntamente por miembros de la base militar del Ejército peruano de Castropampa en Huanta (Ayacucho), quienes se encontraban vestidos de civil. Daniel Urresti aseguró en una de las audiencias que no sabía que Hugo Bustíos realizaba una labor periodística.

La Fiscalía señaló en su tesis que Urresti habría conocido la orden que se dio de asesinar al periodista y dispuso el operativo como exjefe de la Sección de Inteligencia y Contrainteligencia (S-2) de la base contrasubversiva de Castropampa (Huanta) al momento de ejecutarse los hechos.

Este es el segundo juicio por el mismo caso para Daniel Urresti. El pasado 5 de octubre del 2018, el Colegiado B de la Sala Penal Nacional lo absolvió al considerar que no había fundamentos para acreditar su responsabilidad por el asesinato de Hugo Bustíos.

Sin embargo, en abril del 2019, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema anuló el fallo que absolvía al exparlamentario y ordenó un nuevo juicio luego de señalar que los magistrados que desestimaron la acusación no valoraron adecuadamente las pruebas testimoniales y documentales.

Daniel Urresti fue candidato a la Municipalidad de Lima el año pasado pese al proceso penal que afrontaba. Sin embargo, no logró ganar en los comicios y fue vencido por Rafael López Aliaga.

Fijan tiempo de debate de interpelación a ministro de Defensa y de moción de vacancia presidencial

La Junta de Portavoces del Congreso fijó los tiempos de debate de la interpelación al ministro de Defensa, Jorge Chávez, y de las mociones de orden del día que proponen la vacancia presidencial y de censura al ministro del Interior, Vicente Romero, temas que serán abordados en la sesión plenaria de este martes 4.

En la sesión, los directivos portavoces acordaron que será de dos horas el tiempo de debate de la interpelación al titular del Mindef, quien acudirá mañana, a las 16:00 horas, a responder tres pliegos interpelatorios que hacen un total de 54 preguntas.

La Junta de Portavoces también acordó que el debate de la Moción de Orden del Día nro. 5829 que propone que el Congreso censure al ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, tendrá una duración de dos horas.

Las dos horas serán distribuidas de forma proporcional entre los grupos parlamentarios y no habrá interrupciones ni tiempo adicional. Los no agrupados tendrán 8 minutos para fijar posiciones sobre las respectivas mociones.

VACANCIA PRESIDENCIAL

Los directivos portavoces aprobaron los tiempos a seguir respecto a la Moción de Orden del Día 5372, que propone que el Congreso de la República declare la incapacidad moral permanente de la presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, y se plantea declarar la vacancia de la Presidencia de la República.

Para sustentar la referida moción se tendrá 10 minutos como máximo; mientras que cada grupo parlamentario tendrá cinco minutos para fijar posición. Los no agrupados dispondrán de dos minutos, y no habrá interrupciones ni tiempo adicional.

Cabe indicar que, según el inciso b) del artículo 89-A del Reglamento del Congreso, “para la admisión del pedido de vacancia se requiere el voto de por lo menos el cuarenta por ciento de congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción”.

Comisi N Investigadora

Por mayoría, la Junta de Portavoces acordó que serán nueve los integrantes de la Comisión investigadora multipartidaria que determine las presuntas responsabilidades penales y políticas de las graves afectaciones a los derechos humanos, tales como la vida y la integridad física, en contra de ciudadanos y agentes del orden, ocurridas desde el 7 de diciembre de 2022 en todo el territorio nacional, a consecuencia de la crisis política, por un plazo de 90 días calendario.

De esta manera, dos integrantes serán de la bancada de Fuerza Popular, y un representante de las bancadas de Perú Libre, de Acción Popular, de Alianza Para el Progreso, de Bloque Magisterial de Concertación Nacional, de Renovación Popular, de Avanza País y de Cambio Democrático-Juntos por el Perú.

Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Martha Huatay

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria dictó nueve meses de prisión preventiva contra Martha Isabel Huatay, investigada por el presunto delito de terrorismo agravado en el caso Tarata.

El requerimiento fue formulado por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo. El juez Jorge Chávez Tamariz adoptó esta medida en atención a los graves y fundados elementos de convicción que se le imputan a Martha Huatay y además por el peligrosismo procesal que, a su juicio, es “fundado y fuerte”.

Por ello, el magistrado dispuso notificar su decisión a la Policía Judicial y ordenó la captura de Martha Huatay tanto a nivel nacional como internacional para que cumpla el mandato de prisión preventiva.

Martha Huatay recuperó su libertad el 16 de octubre del 2017, tras cumplir una condena de 25 años de prisión que se le impuso por el delito de terrorismo al formar parte de “Socorro Popular”, grupo encargado de la defensa legal de los senderistas detenidos y de la organización de protesta y atentados cometidos en nuestro país, entre 1980 y 1990.

El año de su excarcelación, en 2017, la Fiscalía abrió un nuevo proceso contra Huatay por su supuesta participación en el atentado con un coche-bomba en un edificio de la calle Tarata, en Miraflores, que se cobró la vida de 25 personas.

Ruiz indicó que Óscar Alberto Ramírez Durand, alias ‘Feliciano’, ratificó ante la Fiscalía que Martha Huatay debió conocer sobre el atentado en la calle Tarata, por su condición de responsable de ‘Socorro Popular’.

Procuraduría solicita que investigados paguen 1 300 millones de dólares por reparación civil

Ollanta Humala y Nadine Heredia, así como otros 30 investigados en el caso Gadoducto del Sur, deberán pagar en conjunto una reparación civil de 1 300 millones de dólares en caso sean condenados por los presuntos delitos de asociación ilícita, colusión agravada y lavado de activos.

El Poder Judicial declaró fundado el pedido de la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato sobre esta millonaria reparación civil por los daños ocasionados al Estado.

Según la tesis del Ministerio Público, en este caso diversos funcionarios públicos y agentes privados se pusieron al “servicio de un pacto criminal” que estuvo liderado por el entonces presidente Humala y su esposa, con el fin de favorecer los intereses de la empresa Odebrecht, compañía que buscaba ganar la licitación del proyecto junto a su consorciada Enagás.

Nadine Heredia y Ollanta Humala afrontan también el juicio oral del caso que los implica con los presuntos aportes irregulares a la campaña presidencial del Partido Nacionalista en el 2006 y 2011.

El Poder Judicial reprogramó para el 24 hasta el 28 de abril la declaración de ocho testigos brasileños contra la expareja presidencial, la cual se iniciará con el testimonio de Marcelo Odebrecht, expresidente ejecutivo de la constructora brasileña.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, determinó en diciembre pasado que los aportes del gobierno venezolano de Hugo Chávez, y las empresas brasileñas Odebrecht y OAS a las campañas de 2006 y 2011 del expresidente Ollanta Humala sí constituyen el delito de lavado de activos. Por tanto, será en juicio donde se determinará si se ha cometido o no el ilícito.

El juez Manuel Luján Túpez dio lectura a la resolución que responde al recurso de casación interpuesto por Humala Tasso para revocar una decisión de segunda instancia que confirmó el rechazo del recurso presentado sobre la figura de lavado de activos.

Gobierno presentó al Congreso el proyecto de ley para crear la Autoridad Nacional de Infraestructura

El Gobierno de Dina Boluarte presentó el proyecto de ley que establece la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, una entidad que, según ha explicado el premier Alberto Otárola, absorberá a la aún vigente Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). La iniciativa, que ha sido enviada con carácter de urgencia, según establece el artículo 105 de la Constitución, lleva las firmas del primer ministro y de la jefa de Estado.

De acuerdo con las disposiciones generales del proyecto, la Autoridad Nacional de Infraestructura es un organismo público ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para la formulación, ejecución y mantenimiento de proyectos o programas de inversión.

Los proyectos a cargo de la entidad están relacionados a los sectores de Transporte, Salud Educación, Vivienda y Desarrollo Urbano, Saneamiento, Agropecuaria, Orden Público y Seguridad, y Ambiente.