DENUNCIANTES: JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA y JULIO CESAR MORENO RIVERA. PROBABLES RESPONSABLES: Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo Social en el Gobierno de la República, C. Sixto Hoyos Zamora, Delegado de la SEDESOL en el Distrito Federal, C. Graciela Martínez Ortega, Presidenta de la “Confederación Nacional de Asociaciones Civiles Graciela Martínez Ortega, A. C.”, así como en contra de César Augusto Reyes Ortega, encargado de las instalaciones de la asociación política “Ala Progresista”, y las personas que resulten responsables de los hechos aquí denunciados.
LIC. JESÚS MURILLO KARAM PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. P R E S E N T E. JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA, en mi carácter de Presidente Nacional del Partido de la Revolución Democrática y JULIO CESAR MORENO RIVERA, en mi calidad de Diputado Federal, con domicilio para oír y recibir notificaciones, ambos, en Benjamín Franklin número 84, colonia Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, México, Distrito Federal, autorizando a los CC. Licenciados en Derecho MIGUEL ANGEL LOZA RODRIGUEZ con cédula profesional número 5044113, ERICKA DEL ROCIO MARTINEZ ROSALES, LUZ MARISOL LUNA SUASTE, ROMELIA EUGENIA VAZQUEZ VAZQUEZ, así como a los pasantes en derecho JORGE EHIBAR PINO JIMENEZ y GRISELL BERMUDEZ, ante usted C. Procurador, con el debido respeto comparecemos para exponer: Que por medio del presente escrito, con fundamento en el artículo 21 Constitucional, venimos a denunciar hechos que pueden ser constitutivos de delitos cometidos en agravio de la sociedad, en contra de: Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo Social; Sixto Hoyos Zamora, Delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, en el Distrito Federal; Graciela Martínez 1
Ortega, quien se ostenta como Presidenta de la “Confederación Nacional de Asociaciones Civiles Graciela Martínez Ortega, A. C.”, los integrantes de la Agrupación Política Nacional
“Ala Progresista”, así como en contra de las
personas que aparecen en los videos, de quienes desconozco sus nombres, sin embargo, a algunos de ellos se les menciona como JORGE HERNANDEZ OROZCO
alias
“EL
CONEJO”,
GRACIELA
JARAMILLO,
GRACIELA
MARTINEZ ORTEGA y en contra de quien o quienes resulten responsables, al tenor de los siguientes:
HECHOS 1. Varios vecinos me han comentado que el pasado 23 de noviembre de 2013, en las Instalaciones de la “Confederación Nacional de Asociaciones Civiles Graciela Martínez Ortega, A. C.”, ubicadas en la calle de Carpintería número 30 en la colonia Morelos, de la Delegación Venustiano Carranza, se realizó un evento de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, encabezado por el Delegado Federal en el Distrito Federal de esa Secretaría el C. Sixto Hoyos Zamora, evento en el que fue recibido por la C. Graciela Martínez Ortega, nombre que tiene la Confederación ya mencionada. En dicho evento, el Delegado de la SEDESOL gestionó y en ese mismo acto otorgó parrillas con su instalación y tanque de gas a un grupo de personas, además de promocionar programas sociales de Adultos Mayores y Jefas de Familia; con ello se desprende claramente, que existe una relación entre la Asociación Civil y la Secretaría de Desarrollo Social, hecho que vínculo con otros en el cuerpo del presente escrito. 2. Tenemos conocimiento que los días 13 (trece) y 14 (catorce) de mayo del 2014 (dos mil catorce) precisamente en la calle de Carpintería número 30 (treinta) colonia Morelos, entre la calle de Mineros y Mecánicos, Delegación Venustiano Carranza, se realizaron tramites de inscripción a los programas sociales por parte de la asociación denominada “Confederación Nacional de 2
Asociaciones Civiles Graciela Martínez Ortega, A. C.”, que por su denominación al ser Asociación Civil es necesaria e invariablemente sin fines de lucro, sin filiación ni coincidencia con alguna corriente o partido político. 3. Sin embargo, y contrariamente a que carece de fines de lucro y filiación partidista, ha estado gestionando ayudas de programas sociales a vecinos de esta demarcación política en Venustiano Carranza así como de otras Delegaciones, incluso del Estado de México, bajo las siguientes conductas: las personas vecinos de dicha Delegación son captados mediante anuncios pegados en las paredes, tiendas, postes, teléfonos, etcétera, manifestando que se otorgarán programas sociales en Venustiano Carranza a través de la “Confederación Nacional de Asociaciones Civiles Graciela Martínez Ortega, A.C.”; también se menciona que dichos programas sociales provienen de la Secretaría de Desarrollo Social; además, por medio del Partido Revolucionario InstitucionaI, les brindan el apoyo con propaganda y logística como carpas, lonas, mesas, sillas, además de la utilización de camionetas rotuladas del PRI, con las cuales transportan los módulos móviles de la Secretaría de Desarrollo Social, y con ello lograr el posicionamiento de ese Partido. 4. Es el caso de que dichos programas sociales, que son gestionados por la “Confederación Nacional de Asociaciones Civiles Graciela Martínez Ortega, A.C.”, tal y como consta en los medios de prueba que en su oportunidad se presentarán ante la mesa de Investigación que se encargue de integrar la averiguación previa que por estos hechos se inicie, se les cobran cantidades que oscilan de entre $35.00 (treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) hasta los $95.00 (noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) aproximadamente, tal y como consta en los videos que habrán de exhibirse, y a quienes se inscriben se les promete que se les otorgaran tinacos, pintura, impermeabilizante y calentador para su unidad o casa. Para poder ser beneficiario de dichos programas sociales, a los interesados se les pide llenar formatos de información socioeconómica y otros de los programas “vivienda digna”, “seguro para jefa de familia” y de “oportunidades” (hoy “prospera”).
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Una vez que llenan dichos formatos son entregados a la “Confederación Nacional de Asociaciones Civiles Graciela Martínez Ortega, A.C.”, junto con una cantidad de dinero ya mencionada, recogiéndoles copia de su credencial de elector, comprobante de domicilio, actas de nacimiento, curp, escrituras de sus inmuebles y demás documentación que supuestamente es necesaria para que la Secretaría de Desarrollo Social otorgue el programa respectivo y se les cita para una fecha posterior, donde ellos firmarán en endoso el cheque que están recibiendo en apoyo del programa social, endoso a favor de la “Confederación Nacional de Asociaciones Civiles Graciela Martínez Ortega, A.C.”. 5. Tengo conocimiento que la conducta desplegada por la “Confederación Nacional de Asociaciones Civiles Graciela Martínez Ortega, A.C.”, se ha seguido realizando hasta la presente fecha, donde a cada beneficiado con los programas sociales se les entrega un cheque nominativo por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), expedido por la Secretaría de Desarrollo Social, mismo que los beneficiarios endosan a otra persona, y se les indica que en un tiempo se les hará entrega de sus materiales, los cuales son botes de pintura y tinacos, que tienen un valor mucho menor al valor del cheque. Para que esa Representación Social tenga la certeza de la ilegalidad de los actos, procedo a enunciar las siguientes conductas delictivas desplegadas por los ahora probables responsables: 1. La “Confederación Nacional de Asociaciones Civiles Graciela Martínez Ortega, A.C.”, dice tener la exclusividad de la promoción, tramitación y gestión ante la ciudadanía de diversas Delegaciones, como Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, entre otras del Distrito Federal y Estado de México, desconociendo el suscrito si esta promoción y gestión de programas federales que otorga la Secretaría de Desarrollo Social sólo se circunscribe a estas Entidades o se realiza también en otros Estados de la República; situación que es claramente contraria a la Ley, ya que la propia Secretaría de Desarrollo Social debe promover la organización y 4
la participación social en las zonas de actuación de los programas sociales del gobierno federal, sin terceros; la Secretaría es quien apoyará la integración y operación de Comités Comunitarios con funciones de planeación, gestión, verificación y seguimiento de las obras y acciones financiadas con recursos de este Programa, conforme se establece
en
los Lineamientos
de
Operación
de
los Comités
Comunitarios publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de julio de 2013 y que se pueden consultar en http://www.dof.gob.mx., por lo que la citada Confederación, no constituye Comité Comunitario, ya que éste estará integrado por los habitantes de las zonas en que se realicen acciones de los programas sociales del gobierno federal, quienes participarán
de
manera
organizada,
independiente,
voluntaria
y
honorífica, situación que en la especie no acontece, ya que la multicitada “Confederación Nacional de Asociaciones Civiles Graciela Martínez Ortega, A.C.” cobra cantidades de dinero variadas por la tramitación de los programas sociales y cuando los ciudadanos reciben su cheque derivado del programa social, lo tienen que endosar a favor de quien les indica dicha “Confederación Nacional de Asociaciones Civiles Graciela Martínez Ortega, A.C.”, por lo que se acredita la ilegalidad del acto, al lucrar con programas federales gratuitos y aprovecharlos con fines partidistas, por lo que es procedente un juicio de reproche. 2. En las instalaciones que ocupan las personas que integran la “Confederación Nacional de Asociaciones Civiles Graciela Martínez Ortega, A. C.”, mismas que se ubican en Carpintería número 30, entre las calles de Mineros y Mecánicos, colonia Morelos, Delegación Venustiano Carranza, México, Distrito Federal, se aprecian mantas con logotipos de la Secretaría de Desarrollo Social y personas con chalecos rosa mexicano que tienen grabado el mismo logotipo; también se aprecia, en los videos que habrán de presentarse ante la mesa de investigación, que camionetas con el logotipo del PRI llevan mesas, sillas, lonas para la instalación de las carpas donde se le cobra a la gente para inscribirse a un programa “oportunidades” (hoy “prospera”) o “seguro para jefas de familia”, con lo cual claramente se acredita que se 5
están desviando varios programas sociales en beneficio de un partido político, violando con ello las reglas de operación de los Programas Sociales que dicen:
”En la operación y ejecución de los recursos federales y proyectos sujetos a las presentes Reglas de Operación, se deberán observar y atender las medidas de carácter permanente, así como aquellas específicas que sean emitidas de forma previa para los procesos electorales federales, estatales y municipales, por la Unidad de la Abogada General y Comisionada para la Transparencia, y que se deriven de las disposiciones en materia de legalidad y transparencia, con el objeto de garantizar su correcta aplicación.” Con lo anterior se demuestra a esa Representación Social que los hoy probables responsables, se encuentran desplegando una conducta típica que se solicita se investigue por los posibles nexos y actuaciones que de igual manera estén desplegando servidores públicos con el objeto de beneficiar a un partido político con el otorgamiento de programas sociales federales. En robustecimiento a lo anterior, es de mencionar que dicha conducta se encuentra plenamente prohibida bajo el programa de Blindaje Electoral: Programa de Blindaje Electoral SEDESOL 2014 El Programa de Blindaje Electoral (PBE) se implementa durante los procesos electorales federales, locales o concurrentes, a través de un conjunto de acciones que deben realizar los servidores públicos involucrados en la operación de los programas sociales a cargo de la Secretaría, conjuntamente con la sociedad civil, las autoridades electorales locales y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). Ello con la finalidad de prevenir y evitar que los recursos públicos federales sean utilizados en favor o en contra de partidos políticos y/o
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candidatos, o bien con fines u objetivos distintos a los establecidos en la norma correspondiente. El próximo 6 de julio de 2014, se llevarán a cabo jornadas comiciales en los estados de Coahuila y Nayarit, así como procesos electorales extraordinarios en los estados de Oaxaca, Veracruz y Puebla, donde se verificarán elecciones por determinados Ayuntamientos, con jornadas comiciales el 4 de mayo, 1o de junio y 6 de julio, respectivamente. Como primera acción, mediante el Oficio Circular 001, suscrito por la Titular de la Unidad de la Abogada General y Comisionada para la Transparencia, se emitieron los lineamientos del Programa de Blindaje Electoral 2014. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, Base III, apartado C, párrafo segundo y 134, párrafos primero, sexto, séptimo, octavo y noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 12 y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; artículos 7 y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; artículos 341, numeral 1, inciso f, 347, numeral 1, incisos b), c), d) y e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; artículos 401, 402, 403 y 407 del Código Penal Federal; artículos 116 y 117 del Código Federal de Procedimientos Penales; artículo 22 de la Ley General de Desarrollo Social; artículos 1, 4, 17, fracciones I, II, III, VIII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social”. Sobre este aspecto, es de señalar que en términos de lo previsto en el artículo 134 constitucional, los servidores públicos de la Federación , los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos . En ese sentido, la actividad realizada por los servidores públicos denunciados va en contra de esa obligación que tienen de aplicar imparcialmente los 7
recursos públicos que están bajo su responsabilidad, haciendo un uso indebido de los mismos con la finalidad de posicionar a un partido político con miras al próximo proceso electoral local y federal a realizarse en esta Entidad Federativa,
mediante
la
supuesta
“gestoría
de
programas
sociales-
gubernamentales” correspondientes a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), involucrando en dicha actividad infractora no sólo a la asociación civil referida, sino también a una agrupación política nacional denominada “ Ala Progresista”. Asimismo, tal agrupación política nacional se encuentra realizando actos que evidentemente no le corresponden y que además infringen lo previsto en el artículo 20 de la Ley General de Partidos Políticos 1, al realizar en conjunto y dentro de las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional, en el domicilio ubicado en la calle Balboas, número 20, colonia Simón Bolívar, en la Delegación Venustiano Carranza, en esta Ciudad, diversos trámites relativos al otorgamiento de programas sociales, que única y exclusivamente le competen a la SEDESOL. Los hechos denunciados desplegados en el domicilio en comento, se evidencian con las pruebas técnicas (fotografías), así como la “fe de hechos” dada por el Notario Público número 39 del Distrito Federal, con las cuales se demostrarán las infracciones cometidas tanto por el instituto político en cuestión, así como por la agrupación política “Ala Progresista”. En efecto, de las fotografías y “fe de hechos”, que se anexarán como pruebas, claramente puede advertirse que al inmueble antes mencionado, acudieron varias personas (aproximadamente treinta y siete ciudadanos), a entregar documentación para ser beneficiados con los programas sociales que lleva a cabo la SEDESOL. 1
“Artículo 20.
1. Las agrupaciones políticas nacionales son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada. 2. Las agrupaciones políticas nacionales no podrán utilizar bajo ninguna circunstancia, las denominaciones de "partido" o "partido político".
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Asimismo, se advierte que el inmueble está rotulado con los colores y emblema alusivos al Partido Revolucionario Institucional y el logotipo de la Asociación denominada “Ala Progresista”, todo ello constatado por el fedatario público en mención. Aunado a lo anterior, es de destacar que según consta en la citada “fe de hechos”, quien se identifica como encargado y/o responsable de las oficinas descritas, es el C. Cesar Augusto Reyes Ortega, quien refirió ser Diputado Suplente, sin especificar si lo era en el ámbito local o federal, persona que al momento de ser interrogado por el verificador correspondiente mediante el siguiente cuestionamiento: “disculpe señor Cesar… este los… bueno… los tipos de trámite que realizan son por parte del partido político del PRI?...” , a lo que el interrogado manifestó lo siguiente: “del… bueno… es del PRI y de la.. esto es la asociación ala progresista y nosotros gestionamos ante cualquier orden de gobierno, inclusive hemos gestionado cosas por parte del gobierno del Distrito Federal, ahí tengo todos los escritos, pero si es una oficina del Partido Revolucionario Institucional …”, a lo que de nueva cuenta el verificador preguntó: “…solamente realiza este trámite, o realiza otros más?...” , a lo que el interrogado contestó lo siguiente: “no… más…”. Finalmente, de la propia “fe de hechos”, se aprecia que la persona con la que se entendió la diligencia, mostró propaganda de uno de los trámites que se realizan en esas oficinas, con logotipo de “Compromiso por Carranza” y “ala progresista”, donde se invita al programa de vivienda digna, el cual lleva la leyenda “el trámite es totalmente gratuito” , y señala diversos requisitos que deben cumplirse. De lo anterior puede advertirse, claramente, que existe una vinculación directa entre el Partido Revolucionario Institucional y la Agrupación Política Nacional “ala progresista”, así como del Diputado Cesar Augusto Reyes Ortega y servidores públicos de la SEDESOL, que de forma directa o indirecta aplican de manera indebida los recursos públicos de los que son responsables, con fines meramente políticos, al prometer o gestionar la entrega de programas 9
sociales a los ciudadanos de Venustiano Carranza, lo cual se encuentra prohibido por las normas constitucionales y legales aplicables. En ese sentido, basta con la simple afirmación del supuesto servidor público de que el inmueble es una oficina del PRI, y que los tramites que ahí se realizan son parte de dicho instituto político, así como que los mismos son sobre los diversos
programas sociales que
normativamente
corresponden
a
la
SEDESOL; y además de que en la gestoría respectiva participa la agrupación política nacional “ala progresista”, todos ellos actuando en beneficio del Partido Revolucionario Institucional. Toda esta actuación es contraria a la norma que establece que los programas públicos no tienen fines partidistas. De tal suerte que nos encontramos ante la presencia de hechos típicos, que solicito sean investigados y sancionados como proceda. Hago de su conocimiento los anteriores hechos, en virtud de que tanto la “Confederación Nacional de Asociaciones Civiles Graciela Martínez Ortega, A.C.”, así como la agrupación política nacional “Ala Progresista”, no se encuentran debidamente facultadas para realizar las actividades que se mencionan, como es la tramitación bajo cobro de programas sociales federales, que supuestamente son gratuitos, ni mucho menos pueden utilizar dichos programas federales en beneficio de un partido político, entre otras más que su conducta pueda tipificar. Para que esta Representación Social, conozca la verdad histórica de los hechos, ofrezco las siguientes: PRUEBAS 1. EL INFORME que se sirva solicitar esa Representación Social al Registro Público de la Propiedad y el Comercio, el cual informe si la “Confederación Nacional de Asociaciones Civiles Graciela Martínez Ortega, A. C.” se encuentra debidamente constituida y registrada ante dicho instituto, su objeto social así como sus socios y apoderados, lo 10
anterior para las responsabilidades que se tengan que imputar a sus representantes. 2. EL INFORME que se sirva solicitar esa Representación Social a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a fin de que se sirva enviar las reglas de operación del programa “Vivienda Digna”, a fin de constatar que dichas reglas permitan que un tercero, en este caso la “Confederación Nacional de Asociaciones Civiles Graciela Martínez Ortega, A. C.”, antes mencionada, tiene facultades para, en primer lugar cobrar por un programa federal, en segundo lugar, recibir los cheques de los beneficiarios del programa ya citado, y en tercer lugar, si esa “confederación” puede hacer entrega de los materiales relacionados con el programa referido. 3. EL INFORME que se sirva solicitar esa Representación Social a la Secretaría de Desarrollo Social a efecto de que informe si la “Confederación Nacional de Asociaciones Civiles Graciela Martínez Ortega, A.C.” es su promotor de programas sociales y si se encuentra debidamente autorizada para tramitar, gestionar y cobrar por los programas sociales y si esta “asociación” se encuentra facultada para recibir los endosos de los cheques que entrega la Secretaría a sus beneficiados. 4. EL INFORME que se sirva solicitar esa Representación Social a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que se verifique si la “Confederación Nacional de Asociaciones Civiles Graciela Martínez Ortega, A.C.” o en su caso, la persona física que la representa, han reportado los ingresos correspondientes a los cheques que les son endosados así como al dinero en efectivo que reciben y, como consecuencia, han hecho el pago de los respectivos impuestos. 5. LOS VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS, donde se aprecia que en el local de la asociación mencionada, así como en la citada oficina del PRI, se recibe dinero para inscribirse en un programa federal o bien se realizan 11
diversos trámites “gratuitos” respecto de programas sociales de la SEDESOL, pidiendo a los posibles beneficiarios diversa documentación personal como lo son: copia de la credencial de elector, actas de nacimiento, curp y comprobantes de domicilio, y el supuesto pago por dicho programa social, así como la entrega a los beneficiarios de botes de pintura y tinacos; también se observa la colaboración de vehículos del Partido Revolucionario Institucional, cuando existe disposición de que a los programas sociales no se les debe dar uso partidista. 6. EL VIDEO en el cual se aprecia al Delegado Federal en el Distrito Federal de la Secretaria de Desarrollo Social, en las afueras del local que ocupa la “Confederación Nacional de Asociaciones Civiles Graciela Martínez Ortega, A.C.”, y en el cual ella le da la bienvenida. Video que se exhibirá ante la Mesa de Investigación que siga conociendo de la presente denuncia. 7. Fe de hechos, suscrita por el Notario Público número 39 del Distrito Federal. 8. El INFORME que se solicite a la Secretaría de Desarrollo Social, sobre los beneficiados de los programas “Vivienda Digna” y ”Oportunidades” (hoy “Prospera”, en la Delegación Venustiano Carranza, donde conste el número de cheque que han recibido y el importe. 9. Una vez que se cuente con los números de cheques, los nombres de los beneficiados y la cantidad que les fue otorgada, solicito se gire oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de que informe a esta autoridad investigadora, quién cobró esos cheques o a qué cuenta fueron depositados. En consecuencia, solicito se inicie la averiguación previa correspondiente en contra la titular de la Secretaria de Desarrollo Social, la Maestra María del Rosario Robles Berlanga, misma que puede ser notificada en Av. Paseo de la Reforma 116, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06600, México, D.F.; así como al Delegado Federal en el Distrito Federal de la propia Secretaria de 12
Desarrollo Social, el C. Sixto Hoyos Zamora, quien puede ser localizado en Calle Lucerna Núm. 24 Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600; de igual forma, en contra de las personas que aparecen en el video, pertenecientes a la asociación
hoy
probable
responsable:
“Confederación
Nacional
de
Asociaciones Civiles Graciela Martínez Ortega, A.C.”, esta asociación puede ser localizada en Carpintería número 30, colonia Morelos, Delegación entre las calles de Mineros y Mecánicos, Delegación Venustiano Carranza, México, Distrito Federal, de quienes desconozco sus nombres, sin embargo a algunos de ellos se les menciona como JORGE HERNANDEZ “ALIAS EL CONEJO”, GRACIELA JARAMILLO, GRACIELA MARTINEZ; en contra de la Asociación Política “Ala Progresista”, que puede ser localizada en la calle de Balboas número 20, colonia Simón Bolívar, Delegación Venustiano Carranza; así como en contra de quien o quienes resulten responsable, y que a través de dichos programas, están obteniendo un lucro y destinándolos a fines partidistas. Por lo expuesto y fundado, A Usted C. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, atentamente pido: ÚNICO. Investigar los hechos denunciados, que posiblemente constituyan un delito y una vez acreditada su comisión y la probable responsabilidad penal de quienes resulten involucrados en estos hechos, solicito se ejercite la acción penal ante la autoridad judicial. México, D. F., a 29 de septiembre del 2014.
___________________________ JULIO CESAR MORENO RIVERA
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