PISA 2022: no sigamos negando la realidad

Rafaela, Viernes 17 de Febrero de 2023 Con la verdad no ofendo ni temo

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Desde 2016, UNICEFArgentina genera informes que analizan la situación de la pobreza en la niñez en el país -desde sus múltiples dimensiones- y plantean recomendaciones concretas de políticas para su erradicación. Todos estos estudios se basaron en fuentes oficiales, son replicables y están elaborados a partir de un enfoque de derechos; cada uno tiene sus particularidades y reflejan el momento en el que fueron hechos. Sin embargo, hay una conclusión general que los unifica: la pobreza en la niñez persiste en el tiempo, mirada tanto desde la falta de ingresos como desde la privación de derechos.

Al primer semestre de 2022 (último dato disponible), el 51,5% de las niñas y niños residía en hogares cuyos ingresos no cubrían una Canasta Básica de bienes y servicios; y un 13,2% convivía con familias de ingresos inferiores a los necesarios para cubrir una Canasta Básica de alimentos, es decir, personas en riesgo de inseguridad alimentaria. Por otra parte, más del 40% de chicas y chicos sufrían de la vulneración de al menos uno de sus derechos básicos -como la salud, educación y vivienda-, y un 15% experimentaba una privación severa en el ejercicio de esos derechos.

La consideración conjunta y simultánea de la mirada monetaria y de derechos revela, quizás, el dato más preocupante: 3,7 millones de niños -el 28% del total- experimentan privaciones superpuestas. Por otro lado, el 66% (8,8 millones) tiene al menos algún tipo de carencia, ya sea monetaria o en el ejercicio de sus derechos.

La incidencia de las privaciones se agudiza en determinados segmentos de la población: hogares a cargo de mujeres, de personas adultas con inserción precaria al mercado laboral, con menores niveles educativos, y, particularmente, en los barrios populares de los grandes centros urbanos. En suma, la desigualdad es uno de los tantos rostros que presenta la pobreza en la niñez.

Otro de los datos que surgen del estudio es que no todos los empleos les garantizan a las familias salir de la pobreza: en la Argentina, 9 de cada 10 menores en situación de pobreza monetaria viven en hogares en los que al menos un adulto tiene un empleo. El 76% reside en hogares cuyos pa- dres y madres trabajan en empleos informales o tienen relaciones laborales precarias, inestables y con bajo salarios. Esto revela que la generación de empleo con los estándares actuales de calidad del mercado laboral argentino no alcanza para reducir la pobreza infantil. editorial@diariocastellanos.net

Y este es un desafío estructural: para erradicar la pobreza en el año 2030, el país debería crecer a tasas muy elevadas, más altas aún si no se modifican parámetros tales como la estructura de la desigualdad y la inflación. Por eso, es necesario implementar medidas que alienten un crecimiento inclusivo junto a políticas redistributivas que lleven los beneficios de este crecimiento a toda la población y, especialmente, a la niñez.

Esto implica, por un lado, priorizar la inversión pública en educación, salud, vivienda e infraestructura básica, cuidando que estos flujos sean sostenibles en el tiempo en términos reales y con significativos impactos redistributivos. Por otro, la evidencia muestra la potencia de los programas de protección de ingresos para evitar niveles de pobreza que serían, sin ellos, aún más altos.

En este contexto, evitar reducciones en términos reales de los fondos destinados a las infancias y asegurar su intangibilidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley 26.061, es crucial. La asignación inicial para 2023 dispuesta por el Ejecutivo no contempló el incremento de partidas por $ 241.413 millones con impacto sobre la niñez que dispuso el Congreso Nacional en el debate parlamentario. Preocupan especialmente las partidas destinadas a la protección de ingresos de los hogares con niñas, niños y adolescentes. Resulta urgente asegurar recursos financieros suficientes y sostenibles que posibiliten una cobertura adecuada de la Asignación Universal por Hijo, de la política alimentaria y de otras respuestas de protección de ingresos impulsadas por el Gobierno nacional.

El retorno a la democracia cumple 40 años. Desde entonces nunca se pudo perforar el piso del 30% de pobreza infantil. Hacerlo resulta urgente. Es preciso lograr los consensos necesarios para asegurar que sea la principal prioridad de la agenda pública.

Por: Edgardo Zablotsky*.

Desdeelaño2000,cadatresañosla OECD, que agrupa a los países industrializados, lleva a cabo el Programa para la Evaluación InternacionaldeAlumnos(PISA)conelobjetode analizar hasta qué punto los jóvenes de 15 años, cercanos al final de la educación obligatoria, han adquirido los conocimientos y habilidades necesarios para su inserción en la actual sociedaddelsaber.Elmismosedivide en tres áreas: lectura, matemáticas y ciencias, y se caracteriza por no examinar el dominio de planes de estudios específicos, sino la capacidad de los estudiantes para aplicar los conocimientosyhabilidadesadquiridasen la vida cotidiana. Argentina toma parte, al igual que otros países latinoamericanos, en carácter de país asociado.

En septiembre pasado se llevó a cabo una nueva ronda, con la participación de más de 15 mil alumnos de 461 escuelas secundarias de todo el país. La misma debería haberse realizado en 2021, pero se suspendió en todoelmundoenvirtuddelapandemia. Sus resultados serán dados a conocer porlaOECDendiciembredeesteaño.

Es claro que la evaluación contribuirá a conocer el impacto de la pandemia y, de sobremanera, las consecuencias de la estrategia adoptada pornuestroGobiernoparaenfrentarla; pero no debemos evaluar los resultados tan sólo en función de este hecho, como seguramente habrá de suceder, pues este espurio análisis será sencillamente una nueva excusa para negar una realidad mucho más tremenda que la reportada por una interpretación literal de los datos.

Alfinyalcabo,¿quiénpuededudar de lo que habrá de acontecer? Es trivial, es fácil predecirlo, los mismos impactarán, no por lo sorpresivos sino por su contundencia. Pero lo peor del caso es que sobrestimarán significativamente el nivel educativo de nuestros jóvenes, dado que es razonable asumir que los miles de estudiantes que abandonaron su escolaridad secundaria durante la pandemia no formabanpartedelgrupoquehubiese alcanzado los mejores resultados en las evaluaciones, sino todo lo contrario.

Pero aún este hecho es casi otra excusa para distraer nuestra atención de un tema de mucha mayor significancia, el cual es usualmente negadopornuestrasautoridadesedu- cativas. La educación argentina ya se encontraba en una profunda crisis antes de estallar la pandemia; por ende, las políticas llevadas a cabo durante casi dos años para enfrentar la Emergencia Sanitaria han potenciado dicha realidad, no la ha provocado.Nuestrorendimientoenlasdistintas rondas de las evaluaciones internacionales PISA a partir de su inicio en el año 2000 así lo demuestran, por más que sistemáticamente nuestras autoridades han cuestionado la evaluación y sus implicancias.

En diciembre de 2019, al hacerse públicos los resultados de la ronda 2018 de PISA, publiqué en este mismo espacio una nota titulada: "Pruebas PISA: todo es igual, nada es mejor". En la misma reporté las más variadasyabsurdasexplicacionesque escuchamos de nuestros gobernantes en cada nuevo diciembre en el cual los resultados de la evaluación se hacen públicos. Es claro que la creatividad es remarcable y que existe una sola constante: la educación argentina hace ya muchos años se encuentra en una crisis que amenaza con deteriorar el capital humano de la sociedad a niveles inimaginables, en un contexto en el dicho capital cobra cada vez mayor importancia.

Cuando el mundo perdió la razón, cuando se dejaron de evaluar los costos futuros de las políticas adoptadas para enfrentar el Covid-19, nuestro país no fue la excepción, sino tristemente todo lo contrario. En la Argentina, nuestros niños y jóvenes, en particular aquellos pertenecientes a las familias más desfavorecidas económicamente, fueron las víctimas inocentes de las decisiones tomadas por nuestro Gobierno para enfrentar la pandemia.

Pero ello no debe hacernos perder devistaeltemadefondo,másalládel dolor y la vergüenza que nos genera lo acontecido durante los años de pandemia. Es imprescindible acordar que la educación debe ser una políticadeEstado.Delocontrario,los años pasarán y las más absurdas explicaciones continuarán escuchándose al conocerse los resultados de cada nueva ronda de PISA en la cual laArgentinadecidaparticipar.Seguramente, hacia fin de año lo habremos de experimentar nuevamente.

* Rector de la Universidad del CEMA y miembro de la Academia Nacional de Educación.