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Principios olvidados

El país observa, con enorme desconcierto, los actuales acontecimientos marcados por acusaciones sobre mal uso de los recursos públicos. Es cierto, no es primera vez que este tipo de cosas ocurre en Chile, siempre causando desorientación e incredulidad en la ciudadanía. Lo que pasa es que, en ocasiones anteriores, se trató de dineros privados que iban a ciertos bolsillos para comprar voluntades en decisiones públicas.

Así fue, por ejemplo, en los casos de las pesqueras y de PENTA. En otras ocasiones fue la existencia de pagos anómalos o ilegales basados en presupuestos inflados artificialmente, y que acudían a funcionarios públicos, como fue el mentado caso MOP-GATE. También está el caso de conflictos de interés que habrían sido diseñados para distraer recursos públicos, como fue el caso CAVAL y el más reciente de Clínica Sierra Bella. Y si uno retrocede más en la historia, se puede llegar a un conteo de estafas y mal uso de recursos públicos que realmente deben avergonzarnos, poniendo de relieve que no somos el país tan probo y transparente que siempre dijimos ser.

Lo nuevo de estas recientes revelaciones asociadas al verdadero desfalco de varios miles de millones de pesos a través de fundaciones privadas, son tres cosas. Lo primero, es que al parecer se diseñó un verdadero mecanismo para poder llevar a cabo la operación de traspaso fraudulento de recursos públicos a entidades privadas. Este mecanismo envolvía la operación de ciertas fundaciones que, bajo el expediente de determinadas tareas, recibían recursos asignados directamente por organismos públicos como el caso de Gobernaciones. Lo segundo, es que esto verdaderamente parece haber cubierto a todo el país, ya que se trata de varias decenas de fundaciones distribuidas en casi todas las regiones y que habrían operado en un similar esquema de traspaso directo de recursos. Tales fundaciones recibían recursos por tareas muchas veces insustanciales, dando lugar a la sospecha de una operación fraudulenta, lo cual fue facilitado por una flexibilización de los controles que operaban tradicionalmente y que obligaban a asignar recursos sobre la base de concursos públicos. Lo tercero que es notorio, es el monto total envuelto en este cúmulo de operaciones, que se dice alcanzaría a más de 19 millones de dólares, y que estaría sacrificando así recursos destinados a lo más carenciados de nuestra población. Es fácil decir cuánto se podría haber hecho en beneficio de la población más pobre con este tipo de recursos.

Todavía no existe una querella sobre estos hechos, de los cuales la ciudadanía se informa por medio de notas periodísticas y trascendidos. Además, la justicia opera lentamente, y producto de ello hay sólo dos personas formalizadas, aunque la magnitud y extensión de esta operación parece envolver a muchas más. Sin embargo, se está investigando y es bueno que se deje operar a las instituciones, puesto que la gravedad del tema así lo amerita. Por una parte, porque se habría extraído recursos dirigidos a los más pobres para beneficiar algunos objetivos políticos o personales. Esto es, como se ha mencionado, un caso de “Hood Robin”: robar a los pobres para beneficiar a los no pobres. En segundo lugar, porque aquí habría operado un diseño instaurado para desfalcar al fisco, envolviendo la creación y operación de estas fundaciones, con asignaciones directas por parte de entidades públicas y bajo la anulación de controles de auditoría que antes prevalecían en materia de asignaciones.

En nuestro país tenemos que hacer un esfuerzo por introducir formación ciudadana en nuestra educación, como asimismo formación en valores en los que hay que incluir la honestidad y la transparencia. ¿Cómo podemos hacer esto bajo un escenario como el actual?; ¿Cómo hacerlo si la misma autoridad no interviene de manera taxativa frente a estos acontecimientos?; ¿Cómo transmitir a las nuevas generaciones una efectiva nueva escala de valores cuando estos acontecimientos ponen de relieve la indignidad? Es hora de que la política se someta a los bordes que deben imponer los principios de transparencia y honestidad en la función pública, sobre los cuales tanta declaración y tan poca acción ha existido recientemente.

Fallo por alza de las primas GES: Comisión de Salud analiza efectos en el sistema privado

¿Será suficiente la ley corta para dar sostenibilidad al sistema de Isapres tras conocerse un nuevo fallo, esta vez por el alza de las primas de las Garantías Explícitas en Salud (GES)? Esa pregunta se hicieron los integrantes de la Comisión de Salud luego de reunirse con varios actores para estudiar los alcances de dicha sentencia.

Los legisladores discutieron con el ministro de Justicia, Luis Cordero; y la ministra de Salud, Ximena Aguilera, la decisión de la Corte Suprema dada a conocer a fines de la semana pasada, en particular su alcan- ce general y el hecho que no implique devoluciones expresas para los afiliados. En paralelo, la Asociación de Isapres expresó su preocupación considerando los efectos inmediatos del fallo, los que implicarían “una caída de ingreso del promedio de las utilidades anuales de un año normal”.

Docentes exigen intervención del Municipio de Linares por denuncia de irregularidades en Liceo Diego Portales

Mediante una carta-denuncia, ingresada en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Linares, los Profesores y dirigentes gremiales

Alejandra Quintero y Alejandro Leiva, exigieron soluciones a irregularidades en el Liceo Diego Portales. En la misiva, explican que “Hace algunos meses vivenciamos la llegada de un nuevo equipo directivo y, aunque ya conocíamos a casi todos los miembros, trajo consigo cambios significativos. Entendemos que un nuevo equipo directivo implica modificaciones, lo que en su momento quisimos entender como situa-

Corte Suprema rechaza reclamo y Consejo Constitucional debatirá enmiendas que crean nuevos capítulos

La Corte Suprema resolvió rechazar el reclamo que presentaron consejeros (as) del bloque Unidad para Chile que buscaba dejar fuera las enmiendas destinadas a sumar tres nuevos capítulos al anteproyecto de la Comisión Experta. Tales indicaciones sobre Seguridad Púbica; Fuerzas Armadas; y Defensoría de las Víctimas fueron incorporadas por las bancadas del Partido Republicano y Chile Vamos.

Por unanimidad, los ministros de la sala especial del máximo tribunal, Andrea Muñoz, Jorge Dahm, Mario Carroza, Arturo Prado y María Cristina Gajardo, a través de un fallo de 12 hojas, se refirieron al fondo del recurso tras declarar de oficio su admisibilidad. La Corte solicitó un informe a la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, y tras ello, escuchó los alegatos de los abogados de am- ciones esperadas y naturales en búsqueda de adaptación en línea con nuevos objetivos. Sin embargo, ya han pasado varios meses en los que vemos que el liceo ha sufrido un deterioro generalizado, en todo orden de cosas desde lo estructural hasta lo laboral, y que no hay cambios de estrategia que permitan la mejora, más bien vemos la reiteración de los mismos errores.”

Agrega el documento que “se observa una evidente falta de mantención del establecimiento tanto a nivel estructural (estados de puertas y ventanas, mantención de pisos, goteras, salas, iluminación, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, tuberías, incluso fugas de gas), y también a nivel de gestión de recursos materiales fungibles (hojas para fotocopias, plumones de pizarra, borradores, entre otros), llegándose a sugerir en alguna reunión que los docentes donaran los insumos…”. Agregando más adelante que “En cuanto a la gestión de recursos humanos se puede describir lo siguiente:número de licencias médicas por salud mental, salida de personal solicitando traslado hacia otros establecimientos acusando malos tratos, menoscabo psicológico y moral hacia el personal, acusaciones infundadas hacia profesores y dirigentes gremiales, hostigamiento selectivo, abandono de la función inherente a la directiva en cuanto a la promoción de una adecuada convivencia, amedrentamiento a docentes, apoderados y estudiantes…” bas partes, y el viernes de la semana pasada la sala se reunió y tomó la decisión de rechazar la reclamación, la que fue informada este lunes. En lo sustantivo, la resolución sostiene: «que lo razonado resulta suficiente para concluir que la decisión adoptada por la recurrida, en tanto declaró admisible ciertas enmiendas, no infringió normas del procedimiento que pudieran haber causado un vicio de carácter esencial, por lo que los recursos intentados no pueden prosperar y deben ser desestimados. Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 152 y 156 de la Constitución Política de la República, se rechazan las reclamaciones deducidas en contra del Consejo Constitucional”.

Las críticas apuntan a Priscila Ibáñez, designada como Directora del Liceo Diego Portales, quien además, es esposa del concejal Christian González.

Senadora Rincón llama al Gobierno a apurar nombramiento de Seremi de Vivienda en el Maule

Un urgente llamado al Gobierno para que defina a la brevedad el nombre de la o el nuevo Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda en el Maule, formuló la Senadora de Demócratas Chile, Ximena Rincón González, quien recalcó que dada la magnitud del problema habitacional en el Maule, resulta prioritario que el Ejecutivo decida quien liderará las po- líticas habitacionales en la zona.

La legisladora dijo que ha transcurrido casi un mes y medio desde que el Gobierno pidió la renuncia al anterior Seremi, tiempo más que suficiente para haber nombrado a su reemplazante.

“Estamos recorriendo el Maule durante esta semana regional y el requerimiento que sale en uno y otro lugar es cuándo se nombra al nuevo o nueva Seremi de Vivienda. Llevamos demasiado tiempo sin la autoridad y hay muchos comités de vivienda, hay muchas familias que necesitan respuestas en este tema que es fundamental. Por eso el llamado es al Ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, para que mire hacia el Maule y nombre a la brevedad a un Seremi que tenga atribuciones y el liderazgo suficiente para resolver los problemas habitacionales que tenemos en nuestra región”, aseguró la legisladora. Agregó que el rol que cumple un Secretario Regional de Vivienda es clave y que la región no puede darse el gusto de seguir esperando un nombramiento de una persona que debe enfrentar la crisis habitacional.

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