Destituyeron por unanimidad al juez Luis Carzoglio

El jurado de enjuiciamiento de magistrados de la Provincia de Buenos Aires resolvió ayer por unanimidad destituir al juez de Garantías de Avellaneda, Luis Silvio Carzoglio, acusado de mal desempeño en sus funciones por malos tratos a empleados y favorecer a detenidos que pedían morigeración en sus condiciones de arresto.

Carzoglio es el juez que cobró notoriedad cuando en 2018 rechazó un pedido de detención del sindicalista camionero Pablo Moyano y denunció que había sido “apretado” por dos agentes de la AFI que le habían pedido esa medida en nombre del ex presidente Mauricio Macri.

El Jury hizo lugar al pedido de destitución que había planteado el acusador de Carzoglio, el procurador general de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand.

Además de la destitución, el jurado resolvió “decretar su inhabilitación para ocupar en adelante otro cargo judicial” y “cesar los pagos que se efectúan” por su carácter de juez, que ya no detenta.

El jurado estuvo encabezado por la jueza de la Suprema Corte provincial Hilda Kogan e integrado por los legisladores provinciales Ismael Passaglia y Erica Revilla (Juntos por el Cambio);

Débora Galán y Maite Alvado (del Frente de Todos), y Walter Carusso (Espacio Abierto).

Lo completaron los abogados Pablo Esteban Perrino, Graciela Beatriz Amione y Jorge Pablo Martínez, de La Plata; Juan Emilio Spinelli, de Necochea, y Pedro Jorge Arbini Trujillo, de San Isidro.

Carzoglio fue destituido por aplicación de la ley de Maltrato Laboral, por las causales de “maltrato psíquico y social contra el trabajador o la trabajadora” mediante “hostilidad continua y repetida en forma de insulto, hostigamiento psicológico, desprecio o crítica”.

Además, el jurado le aplicó causales de remoción contempladas en la ley provincial de enjuiciamiento de magistrados, entre ellas “incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, comisión de graves irregularidades en los procedimientos a su cargo o en los que hubiere intervenido y la realización de actos de parcialidad manifiesta”.

El abogado de Carzoglio, Diego Raidán, anunció que apelará la decisión del Jurado ante la Suprema Corte bonaerense.#

Através de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), el Gobierno Nacional le autorizó a la Ciudad de Buenos Aires la importación de 60 pistolas Taser.

Así lo dio a conocer en sus redes sociales el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel. “Confirmo que finalmente ANMAC autorizó la importación de pistolas Taser a CABA”, escribió el funcionario porteño en una publicación en su cuenta de Twitter.

El ministro de Seguridad en licencia, Marcelo D´Alessandro, destacó que se trata de “una gran noticia que llega muy tarde” y responsabilizó por la demora al Ejecutivo nacional.

“Peleamos durante años para que el falso progresismo entendiera que hay que equipar a los que nos cuidan con lo mejor”, criticó.

Además, añadió: “Nadie nos va a devolver las vidas que se perdieron. La mezquindad de quienes hicieron política con la seguridad de los vecinos causó muertes”.

A mitad de febrero, tras el asesinato de Maribel Nélida Zalazar, una oficial de la Policía de la Ciudad que fue atacada a tiros por un hombre mientras prestaba servicio en la estación de subte de Retiro, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, había dado a conocer la compra de 100 pistolas Taser para destinarlas a grupos especiales de las fuerzas federales del país.

Por entonces, en paralelo, adelantó que la Ciudad también podrá utilizarlas.

Las disputas entre el oficialismo y la oposición por el uso de las armas de electrochoque por parte de la Policía no son nuevas, pero el debate se reavivó luego del homicidio de la uniformada.

Incluso, una semana antes del hecho, el juez federal en lo contencioso administrativo Walter Correa había intimado al gobierno de Alberto Fernández a resolver en 30 días el pedido de la administración porteña para avanzar con el proceso de importación de las Taser.#