OPERACIÓN CALAMAR

cubicaciones falsas, como tiene probado la presente investigación, constituyen una estafa contra el Estado dominicano”, dice Pepca.

Agrega que tienen evidencias de que esas operaciones se realizan en 2019, pero que la mayoría de las documentaciones se fechaban como de 2018, para poder justificar el pago como deuda pública, pues, bajo esa modalidad, no se podía admitir pagos en el mismo año de la deuda.

El Reservas: caja chica Según la Pepca, la estructura de corrupción utilizó al Banco de Reservas como una especie de caja chica, desde donde se sacaba efectivo que luego era entregado a Gonzalo Castillo. Indica que Guerrero y Peralta le solicitaron decenas de millones al contratista del Estado Bolívar Ventura, quien, le habría explicado la imposibilidad de mover esas cantidades en efectivo. Así se dispone contactar con el administrador del Banco de Reservas Simón Lizardo, quien, a su vez, delega la asistencia en el Contralor del Banco de Reservas, Andrés Guerrero. Ese sería el inicio de lo que la Pepca define como “la operación de lavado más grande cometida en el menor tiempo, hasta hoy, en detrimento del patrimonio del Estado Dominicano”.

Sostiene que “la estructura criminal de corrupción utilizaba recurrentemente la sucursal bancaria que obedecía a los intereses particulares de la organización delictiva, siendo el Centro de Acopio del Banco de Reservas, ID 45232, ubicado en la Av. Jiménez Moya, donde... se apersonaba el chofer de Mimilo Jiménez, el señor Juan Alexander Tapia Holguín, para retirar los fondos”.

La solicitud de allanamiento indica que “el acusado Andrés Guerrero pro- cedió a enviar un camión blindado del Banco de Reservas, desde la sucursal bancaria antes indicada hasta el parqueo de la oficina de Mimilo Jiménez, ubicada en la Av. Max Henríquez Ureña, esquina Winston Churchill, torre In Tempo, usualmente, alrededor de la 6:00 P.M., con el dinero disponible a raíz de las transferencias bancarias autorizadas por el Ministerio de Hacienda y, posteriormente, llevadas a la oficina comercial del investigado Gonzalo Castillo, ubicada en el Edificio Gampsa IV, piso 7, en la calle José López, entre las calles Luis Padilla y Amelia Francasci, D.N., Santo Domingo, Distrito Nacional, o en un lugar denominado La Casita, ubicada en la calle Ceiba no. 102, esquina helios, en el sector de Bella Vista...”.

En bolsas y maletas Además de las falsas cubicaciones, la estructura que describe la Pepca también usó deudas administrativas como forma de lucro tanto personal como para financiar campañas, a través de expedientes de expropiación de terrenos.

Se trataba, detalla, de expedientes de expropiaciones en Bienes Nacionales, Consejo Estatal de la Azúcar y el Instituto Agrario Dominicano, los que suma-

Archivo

ban un monto de RD$31,147,053,422.15.

El Ministerio Pública asegura que Gonzalo Castillo recibió 3,957 millones de pesos para financiar su campaña y que, en la mayoría de los casos, los recibió de manera personal, de manos de Jiménez.

“Mimilo Jiménez entregó directamente al imputado Gonzalo Castillo, tres mil novecientos cincuenta y siete millones (DOP$3,957,000,000,00), quien los recibía en efectivo en bolsas y maletas de viajes confirmándose su participación en la estructura de corrupción donde se obtenía fondos públicos de manera fraudulenta para... invertirlos en campañas políticas y en uso personal y con ello incurrir en el lavado de capitales”. Señala que “la indicada partida proveniente de los procesos fraudulentos de expropiaciones destinada al financiamiento ilícito de campañas del investigado Gonzalo Castillo y para operaciones de lavado de activos provenientes de actos de corrupción, a través de la cual se efectuaba el lavado de capitales se le conocía con el codinome ‘’Parte Oficial’’ y representaba el 30% de los ingresos de los procesos de expropiación que se realizaron de manera fraudulenta en el Ministerio de Hacienda”. 