De las cenizas al desarrollismo by Diputación Provincial de Huesca

De las cenizas al desarrollismo La ciudad de Huesca, el Ayuntamiento y sus élites entre 1938 y 1975

Carlos Domper Lasús

I NV ES T I GAC I ÓN Y T ER R I TOR I O

De las cenizas al desarrollismo La ciudad de Huesca, el Ayuntamiento y sus élites entre 1938 y 1975 Carlos Domper Lasús

Domper Lasús, Carlos De las cenizas al desarrollismo: la ciudad de Huesca, el Ayuntamiento y sus élites entre 1938 y 1975 / Carlos Domper Lasús Huesca : Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2016 321 p. : il.; 20 cm (Iter: investigación y territorio ; 2) Bibliografía: pp. 310-321 ISBN 978-84-8127-278-9 Huesca – Política y gobierno – 1938-1975 32(460.222)”1938/75”

I N V ESTIG AC IÓ N Y T ERRITORIO

Colección que trata de cubrir las diferentes visiones locales que transitan entre lo académico y lo divulgativo, prestando especial atención a los análisis históricos, pero sin olvidar otras disciplinas.

© Carlos Domper Lasús © De la presente edición, Instituto de Estudios Altoaragoneses 1.ª edición, 2016 Iter: investigación y territorio, 2 Directora de la colección: Irene Abad Buil Comité editorial: Antonio Alagón Castán, Ramón Lasaosa Susín, Sescún Marías Cadenas y Enrique Sarasa Bara Coordinación editorial: Teresa Sas Bernad Corrección: Ana Bescós García Diseño editorial: David Adiego Sánchez Fotografía de cubierta: Víctor Ibáñez Puerta, 1981 Fotografías de portadillas: Miguel Ortega Martínez

Instituto de Estudios Altoaragoneses (Diputación de Huesca) Parque, 10. E-22002 Huesca Tel.: 974 294 120 www.iea.es / publicaciones@iea.es Imprime: Gráficas Alós. Huesca ISBN 978-84-8127-278-9 DL HU-245/2016 IBIC IBIC JP, HBLW, HBJD

Para Ana, por los ánimos sin empujones, por los abrazos sin exigencias, por elegir quedarte cada día.

Foto: Víctor Ibáñez, 1981

Índice

8 16 21 65 107

118 124 140 159 180

198 202 217 236 258

Introducción

La construcción institucional de un ayuntamiento franquista (1938-1948) Tiempos de guerra (1938-1945) La lucha por la supervivencia (1946-1948) Apéndices

El fin de la provisionalidad (1949-1959) La rehabilitación internacional del franquismo y el giro hacia la tecnocracia Las elecciones municipales y el fin de las gestoras provisionales Entre el equilibrio presupuestario y la necesidad de nuevas infraestructuras Apéndices

Las contradicciones internas y la modernización de la ciudad (1960-1975) El desarrollismo y los límites del aperturismo franquista La Corporación municipal y el ejercicio de la autonomía La finalización de los grandes proyectos Apéndices

274

Conclusiones

280

Notas

310

Fuentes documentales y bibliográficas

311 312 312

Archivos consultados Entrevistas Bibliografía

Introducción

Al igual que los seres humanos, los libros también tienen historia. La del que usted tiene en la mano en este momento comenzó en noviembre de 2009. Por aquel entonces yo acababa de obtener mi diploma de estudios avanzados en Historia Contemporánea y me hallaba buscando una beca que me permitiera realizar con garantías el doctorado. El Instituto de Estudios Altoaragoneses fue la primera institución que decidió confiar en mí, y lo hizo asignándome una de sus Ayudas de Investigación para que realizase un estudio sobre el Ayuntamiento de Huesca durante el periodo franquista. De este modo, entre noviembre de 2009 y septiembre de 2010 pasé la mayor parte de mi tiempo estudiando en diferentes archivos locales y nacionales —como el Archivo General de la Administración, el Archivo Histórico Provincial de Huesca, el Archivo de la Diputación Provincial de Huesca o el Archivo Municipal de Huesca— toda la documentación sobre el asunto que fui capaz de encontrar.

Este libro es básicamente el producto acabado de aquel trabajo, y por lo tanto está impregnado de la ilusión del joven que se sumergía por primera vez en la dura tarea del historiador, pero también de las carencias propias de su falta de experiencia y conocimientos. Por otra parte, vista con la perspectiva del tiempo, la realización de esta investigación ha sido fundamental en mi trayectoria intelectual posterior, puesto que fue durante su elaboración cuando descubrí el que se convirtió en el tema de la tesis que estoy a punto de terminar: las elecciones franquistas. El balance es, pues, claramente positivo, y por eso me resulta tan ilusionante ver por fin publicada esta obra. En otro orden de cosas, me gustaría señalar que, pese al tiempo transcurrido, el contexto intelectual en el que tuvo su origen esta investigación sigue teniendo plena vigencia a día de hoy. En primer lugar, Huesca era hasta ahora la única de las tres capitales aragonesas que no contaba con una monografía sobre su Ayuntamiento durante el periodo franquista. El Consistorio zaragozano había sido ya analizado en sendas tesinas de licenciatura por José Manuel Alonso Plaza2 y Julia Cifuentes Chueca,3 mientras que Gaudioso Sánchez Brun4 se había ocupado, algunos años después, del de Teruel. Existía, por lo tanto, un vacío historiográfico real que los pequeños trabajos realizados por Alberto Sabio5 y Pilar Salomón6 y las referencias de Ángela Cenarro7 en su afamado libro sobre los orígenes del franquismo en Aragón no permitían cubrir en la medida necesaria. En segundo lugar, la historiografía de ese periodo presentaba a nivel nacional algunas carencias significativas. Así, aun cuando el crecimiento exponencial que estos estudios habían experimentado desde los años noventa, gracias a la aplicación de nuevos planteamientos e instrumentos analíticos, trajo consigo una profunda renovación de la disciplina que permitió a los historiadores construir una visión del franquismo menos centrada en debates de tipo político, lo cierto es que existen todavía dos importantes problemas: por un lado, la concentración de la mayoría de las investigaciones en torno al primer franquismo, y especialmente a la década de los cuarenta; por otro, su dispersión en torno a calibres metodológicos e interpretativos muy diversos, con escasa atención a los debates en curso en no pocos casos.8 Las siguientes páginas pretenden contribuir modestamente a mejorar la situación descrita utilizando una de las disciplinas que más fértiles se han mostrado a la hora de asimilar las innovaciones metodológicas y conceptuales citadas, la historia local,

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pero una historia bien entendida que permita evaluar la vida política en niveles locales sin desgajarla de los contextos más amplios en los que se inserta. Es decir, en este libro no se analiza el franquismo oscense como un compartimento estanco separado del resto del país ni se fía todo el relato a la simple descripción anodina e insustancial de los acontecimientos. La idea es utilizar lo local como un espacio más manejable para analizar problemas de carácter global, en nuestro caso las relaciones entre la dictadura franquista y la sociedad española. De este modo, el libro se articula alrededor de algunos de los principales debates que se vienen desarrollando en la historiografía sobre el franquismo que ha tratado de profundizar en esa relación entre el Estado y la sociedad. ¿Supuso el franquismo una simple restauración de las élites políticas españolas que habían perdido el poder con la instauración de la II República? ¿Se produjo la llegada de nuevos grupos sociales a las instituciones franquistas? ¿Cuáles fueron los requisitos para acceder al poder local en la España de Franco? ¿Qué tipo de relación se estableció entre los poderes locales y sus élites y el Gobierno central? Estas y otras son las preguntas que se intenta resolver, además de describir los principales problemas a los que el Ayuntamiento de la ciudad tuvo que hacer frente durante los casi cuarenta años que el general Franco gobernó España. De hecho, a diferencia de los trabajos sobre los ayuntamientos de las otras dos capitales aragonesas a los que me he referido anteriormente, el que usted está leyendo ahora mismo aborda el periodo completo de la dictadura. Obviamente, tal amplitud cronológica va en detrimento de una mayor precisión descriptiva, pero a cambio arroja luz sobre el modo en el que las instituciones periféricas del Estado trataron de solucionar los problemas que se derivaron de la larga duración del régimen, que fue, conviene no olvidarlo, una de sus principales peculiaridades con respecto a la historia de Europa. Así pues, el texto arranca en 1938, cuando tras la batalla del Ebro los rebeldes lograron romper el asedio al que el Ejército republicano había sometido a la ciudad de Huesca desde los primeros días de la guerra, y finaliza en noviembre de 1975, con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la nueva Ley de Bases del Estatuto de Régimen Local el día siguiente a la muerte de Francisco Franco. No obstante, el lector descubrirá de inmediato que la cronología interna de la obra trata de armonizar la seguida por la política nacional con la propia evolución del

Ayuntamiento y la sociedad de la capital del Alto Aragón. Por ello, el libro está divido en tres partes: la primera aborda la vida de las gestoras municipales provisionales, que se extendió desde marzo de 1938 hasta febrero de 1949, cuando tomaron posesión de sus cargos los primeros concejales elegidos a través de las elecciones corporativas; la segunda arranca en ese preciso momento y llega hasta la puesta en marcha del Plan de Estabilización, que tantos cambios traería consigo para la sociedad española; la tercera y última cubre el periodo en el que esos cambios económicos, sociales y culturales acabaron provocando grandes contradicciones internas en el seno de la dictadura como consecuencia de la negativa de esta a llevar a cabo reformas políticas que le permitiesen adaptarse a las nuevas circunstancias. Me parece un gran acierto la publicación de esta obra dentro de la colección Iter, puesto que en las siguientes páginas usted encontrará un intento de analizar una institución local como el Ayuntamiento de Huesca poniéndola en relación tanto con la sociedad donde tuvo que desarrollarse como con el Estado con el que tuvo que convivir. Es decir, partiendo de un objeto concreto, se pretende estudiar y dar cuenta de la evolución de su entorno. No obstante, las principales conclusiones que se desprenden de esta investigación no pretenden ser más que un primer paso en el largo camino hacia la correcta comprensión del régimen de Franco en el Alto Aragón. Por lo tanto, su validez queda sujeta a que nuevas investigaciones las corroboren, maticen o incluso descarten. Aunque es obvio que cualquier fallo que este libro pueda contener es únicamente atribuible a mi persona, son muchos los que han contribuido de manera desinteresada a que la obra sea mejor de lo que habría sido sin su ayuda. En primer lugar, me gustaría agradecer al Instituto de Estudios Altoaragoneses y a todos sus miembros, sin excepción, la confianza que han vuelto a depositar en mí y en mi trabajo, como vienen haciendo desde que comencé en el mundo de la investigación. En este sentido, quiero dar especialmente las gracias al comité editorial de la colección Iter por sus recomendaciones y sus enriquecedores informes, así como a Ana Bescós y a Teresa Sas, que siempre logran mejorar de manera increíble los textos que pasan por sus manos. Asimismo debo mencionar aquí a las responsables de la biblioteca, mi segunda casa en Huesca, Ana Oliva, Ester Puyol y Susana Navarro, pues gracias a su profesionalidad y a su forma de ser mi trabajo no solo es siempre mucho más fácil, sino también más divertido.

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Por otro lado, ni este libro ni mi carrera investigadora en general existirían sin el apoyo constante, y desde el primer minuto, de tres personas fundamentales. Mi madre, Josefina Lasús, no solo me aguanta cuando las prisas me vuelven insoportable, sino que, sobre todo, creyó en mí desde antes de que yo mismo lo hiciese, y eso es algo que jamás podré agradecerle lo suficiente. Mi pareja, Ana Rodríguez, además de soportarme y apoyarme en los momentos difíciles, concediéndome todo el espacio que necesito y aportándome la serenidad y la paz necesarias para poder mirar las cosas con la perspectiva adecuada, ha contribuido directamente en la elaboración de este libro invirtiendo parte de sus vacaciones en ayudarme durante las largas mañanas que pasé en el Archivo General de la Administración, leyendo pacientemente los borradores y realizando las gráficas y las tablas que aparecen en él. Mi deuda intelectual y personal con mi director de tesis, Miguel Ángel Ruiz Carnicer, es cada día mayor. Siempre ha estado ahí, incluso en los malos momentos, revisando todos los borradores que le mando, regalándome magníficas ideas y sugerencias, dándome ánimos en los tiempos difíciles, aconsejándome en un camino plagado de dificultades y disfrutando de mis triunfos como si fueran suyos. Pasar un año metido en archivos históricos durante más de ocho horas diarias permite no solo establecer vínculos inolvidables con quienes trabajan en ellos, sino darse cuenta de la valiosa labor que realizan y el poco reconocimiento que esta tiene. Por eso no puedo sino agradecer al personal del Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares —y especialmente a su jefe de sala, Daniel Gozalbo—, el Archivo Histórico Provincial de Huesca y el Archivo de la Diputación Provincial de Huesca la amabilidad con la que atendieron todas mis peticiones. No obstante, mención individual merecen María Jesús Torreblanca y Pilar Vaquero, del Archivo Municipal de Huesca, pues sin sus conocimientos sobre la documentación custodiada en ese archivo, sin su esfuerzo desinteresado y sin la profesionalidad con la que suplen la falta de medios nunca podría haber realizado esta investigación. Igualmente me siento agradecido a Antonio Lacleta, Julio Sopena y José María Gella, todos ellos miembros de la Corporación municipal durante el último periodo que analiza este libro, por haberme permitido entrevistarlos. Los recuerdos de sus vivencias y la información extra, no presente en los documentos oficiales, que me

proporcionaron, especialmente el último de ellos, fueron de un valor incalculable para poder comprender en su justa medida el funcionamiento de esa institución y el quién era quién dentro de ella. Gracias también a Arturo Lacasa, que no solo accedió a que lo entrevistara varias veces, sino que me facilitó todos los datos de los que disponía, incluidos dos trabajos escritos por él mismo sobre su padre, José María Lacasa Escartín. Debo mencionar asimismo a Juan Antonio Foncillas, Ricardo Oliván y Carlos Garcés por su colaboración a la hora de identificar a las personas y los actos que aparecen en la mayor parte de las fotografías. Por último, no puedo olvidarme de Nicolás Sesma, por sus consejos, por su ayuda desinteresada y, sobre todo, por su amistad. •

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La construcción institucional de un ayuntamiento franquista (1938-1948)

Como el buen capitán, hemos de mantener firme la ruta de la nave ajustando la maniobra a los temporales que puedan azotarla.9

El 18 de julio de 1945 se conmemoró en Huesca el noveno aniversario del inicio de lo que las autoridades franquistas gustaban de llamar Glorioso Movimiento Nacional. El principal acto de esa conmemoración fue la celebración de una recepción en el Gobierno Militar a la que asistieron representantes de los tres pilares sobre los que se apoyaba aquel Estado: el Ejército, la Falange y la Iglesia. Amenizado por una compañía con bandera y banda de trompetas y tambores, el acto fue presidido por el gobernador militar de la plaza, Alfredo Erquicia Aranda; el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, Manuel Pamplona Blasco, y el representante del obispo de la diócesis, Ramón Abizanda Puértolas. Tras izarse la

bandera española al compás del himno nacional, que todos escucharon con el brazo en alto, la ceremonia tocó a su fin y los presentes desfilaron por las calles de una ciudad «completamente engalanada para la ocasión» rodeados de un ambiente de fiesta al que sin duda contribuyó la gran animación existente aquel día en los cines y los bailes públicos.10 Aprovechando este contexto festivo, el propietario del bar Oscense sorprendió a los clientes habituales poniendo a su disposición algo que no se vendía hacía tiempo en la ciudad: cerveza de barril. Cansados ya de los manidos y caros mantecados, las naranjadas o los vermús, quienes se acercaron ese día al establecimiento agotaron rapidísimamente las existencias de aquel producto que el diario Nueva España calificó al día siguiente como «la bebida preferida por el público de barra».11 No obstante, la fascinación que la venta de cerveza provocó entre los consumidores se transformó en entusiasmo, o en abatimiento, en el caso de aquellos que decidieron leer las páginas del periódico local mientras disfrutaban de su refrescante bebida, cuando descubrieron las palabras que Franco había pronunciado el día anterior en su discurso anual ante el Consejo Nacional de FET y de las JONS. Cinco meses antes, y a 2900 kilómetros de la pequeña capital altoaragonesa, los tres grandes líderes de los Aliados, Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill y Iósif Stalin, se habían reunido en Yalta, en el antiguo palacio de Livadia, un balneario de la costa de Crimea, con el objetivo de ir perfilando la reconstrucción de Europa una vez que se produjera la que entendían como cercana derrota militar de Alemania. Entre los principales acuerdos que allí se tomaron hubo uno que despertó gran preocupación en Francisco Franco y otro que, meses después, no haría sino aumentarla: el primero fue la promesa aliada de garantizar elecciones libres en todos los países liberados; el segundo estableció la celebración de una reunión en la que se crearía una nueva organización internacional que reemplazara a la antigua Sociedad de las Naciones. La conferencia para redactar la Carta de las Naciones Unidas se llevó a cabo en San Francisco entre el 25 de abril y el 26 de junio de 1945. Fueron muchas las reuniones que se mantuvieron a lo largo de esos tres meses, pero una de ellas, la del 19 de junio, afectó directamente al régimen franquista. En aquella fecha la delegación mexicana propuso la exclusión de la nueva organización de cualquier país cuyo régimen se hubiera formado con ayuda de los ejércitos de los Estados que

La construcción institucional de un ayuntamiento franquista (1938-1948)

habían luchado contra los países aliados. La resolución, que fue redactada con la colaboración de republicanos españoles exiliados y solo podía aplicarse a España, fue aprobada por aclamación. Cuando el mariscal alemán Wilhelm Keitel firmó la rendición oficial de la Alemania nazi, el 9 de mayo de 1945, Franco fue consciente de que se avecinaban tiempos duros y de que las amarras fascistas no le iban a servir ya de nada para permanecer aferrado al poder, sino más bien todo lo contrario. En ese contexto el Caudillo, sin mirar atrás ni una sola vez, fue capaz de crearse una nueva meta, la de su supervivencia política. La estrategia a seguir, en cuya confección fue clave un cada vez más influyente Carrero Blanco, era simple en la teoría pero muy compleja en la práctica. Se trataba de fortalecer de puertas para dentro los tres pilares del régimen —el Ejército, la Falange y la Iglesia— y de realzar los elementos monárquicos y católicos minimizando los fascistas y presentando de cara al exterior su dictadura como exclusivamente española. El 17 de julio de 1945, mientras Harry S. Truman, Iósif Stalin y Winston Churchill se reunían en Potsdam, una pequeña ciudad cercana a Berlín, para acordar cómo administrarían Alemania tras su rendición incondicional y cómo se llevaría a cabo la desnazificación, Franco dio su discurso anual ante el Consejo Nacional de FET y de las JONS. Ese acto fue el elegido por el Generalísimo para iniciar de manera pública el proceso a través del cual se levantaría una fachada nueva e internacionalmente aceptable para el régimen. Se trataba, en definitiva, de adoptar una serie de medidas, meramente cosméticas, cuyo fin último era alejar, cuanto más mejor, la imagen del Estado franquista de la del Eje, sin que ello significara que Franco pretendiera ceder un ápice de su poder o modificar lo más mínimo la naturaleza de su dictadura. A lo largo de su arenga, que todos los oscenses pudieron leer en el diario Nueva España del 18 de julio de 1945, el dictador habló muy claro tanto a los españoles como al resto del mundo: «yerran los que creen que España necesita importar nada del extranjero». El mensaje fue contundente: ni él pensaba irse ni el Nuevo Estado iba a sufrir cambios sustanciales. Franco había vencido la guerra y ahora estaba dispuesto a luchar, con uñas y dientes, para ganar también su paz. No obstante, al margen de los avisos a navegantes y de sus reiteradas advertencias sobre las funestas consecuencias que tendría para el país el derrocamiento o la simple modificación del régimen del 18 de julio, el jefe del Estado aprovechó la ocasión para anunciar

su primer guiño a las potencias occidentales. Se trataba del Fuero de los Españoles,12 una «seudoconstitución»13 que fue aprobada ese mismo día y que, pese a garantizar en apariencia un importante conjunto de libertades civiles, no hacía sino enumerar unos derechos de aplicación muy limitada, ya que todos ellos eran incompatibles con cualquier ataque a «la unidad espiritual, nacional y social de España».14 Aquel fue el primero de una serie de gestos con los que la dictadura trató de expiar el pecado original de su apoyo a las potencias fascistas. De hecho, al día siguiente de su encuentro con los consejeros nacionales del Movimiento, el Caudillo remodeló su Gobierno eliminando a los ministros falangistas que más se habían destacado por su apoyo al Eje, así como el por aquel entonces ya mal sonante Ministerio de la Secretaría General del Movimiento, lo cual provocó, de rebote, que la influyente Vicesecretaría de Educación Popular —que controlaba la prensa, la censura y la propaganda— se integrara en el Ministerio de Educación, todavía en manos de José Ibáñez Martín, un fervoroso católico fiel al ideario del Movimiento. Más tarde, en septiembre, se derogaron los decretos que desde 1937 regulaban el saludo nacional brazo en alto.15 Finalmente, un mes después sería aprobada la Ley del Referéndum Nacional,16 que en su artículo primero otorgaba al jefe del Estado la posibilidad de someter a la votación de los españoles, hombres y mujeres mayores de veintiún años, los proyectos de ley elaborados por las Cortes cuando su trascendencia o el interés público así lo requiriesen y que fue aplicada dos veces en treinta años, prueba de la importancia que el régimen dio siempre a la participación ciudadana en la vida política. Estas medidas fueron anunciadas a bombo y platillo en los medios nacionales con el claro objetivo de fomentar la pasividad respecto al régimen español entre las potencias ganadoras de la II Guerra Mundial. No obstante, entre todos aquellos gestos hubo uno al que no se le dedicó especial atención a pesar de que sus efectos prácticos en la población fueron bastante más palpables que los del resto. Aunque había sido aprobada el mismo día que el Fuero de los Españoles, Franco no hizo ninguna mención explícita a la Ley de Bases de Régimen Local en su alocución ante el Consejo Nacional de Falange. Sin embargo, aquella ley, que según Blas Pérez González, por aquel entonces ministro de Gobernación, tenía el objetivo de «incorporar al español al Estado y crear unas condiciones de vida que logren que los pueblos españoles eleven su cultura y bienestar material»,17 estableció la

La construcción institucional de un ayuntamiento franquista (1938-1948)

elección por tercios de los concejales municipales, confirmó el férreo control del Estado sobre los poderes locales y puso fin a la situación de provisionalidad en la que estos se encontraban desde el fin de la guerra o —como en el caso oscense, al que dedicaré las siguientes páginas— desde enero de 1938.

Tiempos de guerra (1938-1945) La articulación del Nuevo Estado El 20 de enero de 1937 comenzó para Ramón Serrano Suñer un viaje que cambiaría su vida. Licenciado en Derecho por la Universidad Central de Madrid, donde trabó una fuerte amistad con José Antonio Primo de Rivera, y casado con Ramona Polo, hermana de la mujer de Francisco Franco, Carmen Polo, el joven abogado del Estado era además diputado por la CEDA y había participado en la conspiración para derribar al Frente Popular organizando, en marzo de 1936, una reunión clandestina entre Franco y José Antonio. La sublevación militar le sorprendió en Madrid, donde inmediatamente fue recluido por las autoridades republicanas en la cárcel Modelo. Tras varios meses detenido, logró escapar gracias a la ayuda de unos amigos y, vestido de mujer, llegó a la embajada holandesa, desde donde con un falso salvoconducto de militar republicano siguió hasta Alicante para reunirse con su mujer y sus hijos y embarcar en un buque de guerra argentino que le llevaría a Marsella. Una vez en Francia, tan pronto como pudo se desplazó hasta la frontera de Hendaya y cruzó a la zona bajo control franquista para alcanzar Salamanca, por aquel entonces capital provisional de los sublevados, el 20 de febrero. En la ciudad castellana fue acogido por su cuñado, recientemente nombrado jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos, y se convirtió de inmediato, con la ayuda de Carmen Polo, en su mano derecha. Serrano Suñer era experto en derecho administrativo y pronto se dio cuenta de que lo que Franco dirigía era un Estado campamental, poco eficaz y de mentalidad cuartelera. Por ello, trató de explicarle al Caudillo de España que era necesario sustituirlo por una maquinaria políticamente permanente, un Nuevo Estado

similar al de los fascismos que tanta fuerza tenían ya en Europa. Su plan consistía en crear un movimiento político de masas, lo cual encajaba muy bien con la idea que Franco tenía de conformar un régimen de partido único que le permitiera supeditar al Estado «la acción individual y colectiva de todos los españoles» con el fin de atajar las luchas de tipo «personalista que dan lugar a discordias pequeñas dentro de las organizaciones, resucitando la vieja intriga política y poniendo en trance de descomposición organizaciones y fuerzas cuyas masas se mueven a impulsos de los más puros ideales». Se trataba, en definitiva, de aumentar la rentabilidad del esfuerzo bélico, y para ello era necesario concentrar todas las fuerzas que apoyaban a los sublevados.18 Así las cosas, el 19 de abril de 1937 la Junta Técnica del Estado aprobó la unificación de la Falange Española y la Comunión Tradicionalista bajo el paraguas del único partido que sería permitido desde entonces en España: la Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Sin embargo, como explicó Glicerio Sánchez Recio, este proceso tuvo importantes consecuencias para la trayectoria vital de la nueva organización. Por un lado, el hecho de que el Partido fuera creado a iniciativa de Franco lo convirtió en un instrumento al servicio del jefe del Estado, o, dicho de otro modo, fue el Estado el que patrimonializó el Partido, y no al revés, como había sucedido en Italia y en Alemania. Por otro, la fundación del nuevo partido no provocó la disolución de las organizaciones preexistentes, sino que cada una de ellas mantuvo sus principios y sus creencias políticas, lo cual introdujo elementos de divergencia en la organización y la interpretación del ideario falangista.19 El siguiente paso del joven abogado cartagenero fue convencer a Franco de la necesidad de sustituir la Junta Técnica del Estado por un verdadero Gobierno organizado en ministerios. De este modo, el 30 de enero de 1938, en pleno fragor de la batalla de Teruel, Franco nombró su primer Gobierno. Como ocurriría siempre desde aquel momento, los diferentes Gabinetes fueron cuidadosamente repartidos entre los integrantes de la coalición reaccionaria20 que se había levantado en armas contra la República en julio de 1936. Serrano Suñer, que ya presidía la Junta Política de la Falange, fue nombrado ministro de la Gobernación, convirtiéndose en la primera figura de aquel Gobierno de tono cauteloso, conservador y sobre todo militar cuya dirección interior tenía ahora a su cargo, solo por debajo del Caudillo. Fue sin duda el rostro más relevante de la política de la dictadura, hasta

La construcción institucional de un ayuntamiento franquista (1938-1948)

Vista de los Porches de Galicia hacia 1940. (Foto: Arribas. Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca)

que en agosto de 1942 el rumbo de la historia y sus ambiciones personales lo alejaron para siempre del poder. Casi un mes después de la constitución de este primer Gobierno, el 22 de febrero de 1938, el ejército rebelde recuperó Teruel. En aquel momento, y a falta de la definitiva batalla del Ebro, que también ganarían los sublevados, la única posibilidad de sobrevivir que tenía la República era el inicio de una guerra europea sobre cuyo cercano estallido casi nadie tenía ya dudas. Sin embargo, por dos veces durante aquel año de 193821 la política de apaciguamiento practicada por Francia e Inglaterra, atemorizadas por las terroríficas imágenes de la Gran Guerra que todavía conservaban en sus retinas todos sus ciudadanos, acabó sentenciando a muerte al régimen constitucional español. Finalmente, tras ser ocupada Barcelona el 26 de enero de 1939 y Madrid un mes después, el Generalísimo publicó el 1 de abril el último parte de guerra, escrito de su puño y letra, en el que daba por concluida la contienda. Arrastrado por los vientos dominantes de la política mundial y por la victoria incondicional que acababa de lograr, Franco prosiguió la institucionalización22 de su régimen por la senda de la fascistización progresiva emprendida con anterioridad.

Prueba de ello fueron tanto la aprobación del decreto del 31 de julio de 1939 como la remodelación de su Gobierno, a propuesta de Serrano Suñer, el 9 de agosto del mismo año. Gracias al primero todos los integrantes de las fuerzas armadas se convirtieron automáticamente en miembros del Partido Único, siendo además obligados a utilizar el saludo fascista en las celebraciones políticas. Como consecuencia del cambio gubernamental, los militares y los falangistas obtuvieron más poder en un contexto en el que el comienzo de la guerra europea era inminente y la identificación de España con los aparentemente invencibles dictadores fascistas resultaba evidente. Ambas medidas se ajustaban a la perfección al proyecto del que ya empezaba a ser conocido como el cuñadísimo, basado esencialmente en fortalecer la jefatura de Franco, contar con el poder adquirido por los militares y potenciar la influencia del grupo falangista estrechando las relaciones con el Ejército e introduciendo en el Consejo de Ministros a los altos cargos del Partido. Todo ello supuso la marginación de los tradicionalistas y la desaparición de los monárquicos, cuya representación entre los militares de alta graduación no era ni mucho menos despreciable. Posiblemente el representante más significativo de los monárquicos entre los generales del Ejército fuera por aquellas fechas Alfredo Kindelán Duany, jefe de los servicios del aire del bando rebelde durante la Guerra Civil y uno de los grandes favoritos para ocupar el Ministerio del Aire una vez terminada esta. Sin embargo, era también uno de aquellos oficiales que creían que su antigüedad les daba perfecto derecho a tratar a Franco simplemente como su jefe electo. Por ello, al poco de acabar la contienda no dudó en recriminarle su permanencia ilimitada en la jefatura del Estado, concentrando todos los poderes, una vez que las circunstancias excepcionales en las que se le habían concedido ya se habían superado, y lo exhortó a retirarse para dar paso a un régimen constituyente que alcanzara la reconciliación de los dos bandos enfrentados. Ante esta situación, y aprovechando el cambio de Gobierno, Franco castigó al militar de origen cubano enviándolo como comandante militar a Baleares, mostrando así otra de las cualidades que caracterizarían su gestión hasta los últimos años de su vida: la astucia para consolidar su poder fueran cuales fueran las circunstancias. Ramón Serrano Suñer fue de nuevo el hombre con mayor influencia y libertad de acción de este segundo Gobierno de la dictadura, continuando al frente del Ministerio de la Gobernación. Así las cosas, el programa de conversión totalitaria del

La construcción institucional de un ayuntamiento franquista (1938-1948)

régimen franquista experimentó decididos avances al compás de los éxitos militares de las potencias del Eje durante los tres primeros años de la guerra mundial. En este sentido, la deriva fascistizante del franquismo se hizo especialmente patente en la ampliación del campo de influencia falangista hacia esferas de actividad hasta entonces en manos de otras fuerzas políticas o sociales. De esta manera, FET y de las JONS acaparó tanto una gran parte de las labores de adoctrinamiento, propaganda estatal, encuadramiento y movilización como muchos de los puestos políticos y administrativos de carácter estatal, provincial y municipal por los que los diferentes grupos de la coalición reaccionaria pelearon. No obstante, donde mayor éxito logró el programa de fascistización del régimen fue en el campo sindical y de las relaciones laborales, puesto que la burocracia falangista dominó por completo la nueva Organización Sindical Española. La expansión de la influencia falangista dentro del Estado provocó serios temores en la jerarquía episcopal y en un amplio grupo de militares. Los primeros, ante el riesgo patente de perder ámbitos de poder, decidieron competir con la Falange, sobre la base del nacionalcatolicismo, en las tareas de legitimación ideológica del régimen y de movilización de un apoyo popular de masas. La obtención de triunfos indudables en estas esferas dificultó el proceso de conversión totalitaria del franquismo. Los segundos, entre los que todavía muchos consideraban a Franco un primus inter pares elegido por ellos y responsable ante la institución a pesar de lo sucedido con Kindelán, resistieron tenazmente la pretensión falangista de dominar la burocracia estatal y poner bajo su custodia dos áreas que el alto mando consideraba propias y reservadas: la gobernación interior —orden público y política económica incluidas— y la política exterior. El consecuente antiserranismo militar, sumado al eclesiástico, fue entrelazándose además con un nuevo foco de tensión política en el interior de la coalición franquista: la posibilidad de proceder o no a la restauración monárquica en la persona de don Juan de Borbón. En general, el alto mando militar, al igual que la jerarquía eclesiástica y la aristocracia, favorecían la opción de una monarquía católica y conservadora como forma definitiva de Estado y auspiciaban una política exterior más neutralista y menos próxima al Eje para evitar los peligros de sumarse a la guerra mundial. Por el contrario, el sector falangista rechazaba una restauración que hipotecara las posibilidades de llevar a cabo la revolución nacionalsindicalista y, en su

fervor hacia el Eje, estaba dispuesto a un enfrentamiento con las potencias aliadas. La creciente tensión entre monárquicos y falangistas en temas de política interior y exterior, siempre bajo la mirada vigilante y arbitral de Franco, fue agudizándose a lo largo de 1940 y 1941, al mismo tiempo que la guerra europea se desplazaba hacia el Mediterráneo y a la par que se deterioraba la situación económica y administrativa del país como consecuencia del contexto bélico y de los cortes de suministro de alimentos y energía con los que las potencias aliadas castigaban al régimen de Franco por su apoyo al Eje, así como por efecto de la desastrosa política autárquica seguida para la reconstrucción del país tras la Guerra Civil. En este ambiente, el 16 de octubre de 1940 el Caudillo decidió cesar a los dos ministros de su Gobierno más próximos a los Aliados: el general Luis Alarcón de Lastra, hasta entonces ministro de Industria y Comercio, y el africanista Juan Luis Beigbeder Atienza, en aquel momento ministro de Asuntos Exteriores. Este cambio favoreció de rebote a Serrano Suñer, que pasó a ocupar el puesto de Beigbeder y mantuvo el control del Ministerio de la Gobernación, el cual, por quedar en manos de Franco, acabó siendo dirigido por el subsecretario del mismo José Lorente Sanz, uno de sus hombres de confianza. Sin embargo, pese a lo que pueda parecer, aquí comenzó el principio del fin de la carrera política del joven abogado. A estas alturas Serrano Suñer había alcanzado el cenit de su dominio en el régimen acaparando unas atribuciones superlativas que trataba de fortalecer convirtiendo la Falange en un partido plenamente nazi alrededor del cual establecer las bases de su autoridad. Ante estas circunstancias, Franco comenzó a sospechar a principios de 1941 que su ministro de Asuntos Exteriores no estaba a su servicio desinteresadamente y fue dando cada vez más valor a las insinuaciones que hacía tiempo recibía de los militares en esa dirección. De este modo, tras nombrar ministro de Trabajo al falangista radical Girón de Velasco, a propuesta del que hasta ese momento era su mano derecha, el dictador decidió recortar drásticamente el poder que Serrano acumulaba. Así las cosas, el 5 de mayo de 1941 el Generalísimo afrontó un importante cambió de Gobierno cuyo fin último era cercenar tajantemente el poder de la Falange, y por tanto de Serrano Suñer, aumentando el de los monárquicos. De esta manera, nombró ministro de la Gobernación al Coronel Galarza, destituyendo además al que hasta ese momento era el hombre fuerte de Serrano en el

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Ministerio, José Lorente Sanz, que fue sustituido por el tradicionalista Antonio Iturmendi Bañales. Al mismo tiempo, Carrero Blanco fue elegido para ocupar la Subsecretaría de la Presidencia, Kindelán designado capitán general de Cataluña y Gerardo Caballero Olabézar requerido para hacerse cargo de la Dirección General de Seguridad reemplazando a otro hombre de Serrano, José Finat. De igual modo fueron cesados varios gobernadores civiles falangistas, entre los que destaca especialmente el de Madrid, Miguel Primo de Rivera, y se revocó el decreto que eximía a la prensa de FET de pasar la censura. Ante semejante ataque a las bases de su poder, Serrano Suñer y otros falangistas trataron de ofrecer la mayor resistencia posible, aumentando así la mohína de sus oponentes. A pesar de ello, Franco se resistía a cesar a su ministro de Asuntos Exteriores por miedo a que, con esa operación, fueran los militares monárquicos los que se hicieran con un peso político mayor del imprescindible. Así y todo, el 19 de mayo de 1941 el Caudillo decidió limitar todavía más el poder de Serrano iniciando el proceso de sometimiento de FET y de las JONS al Estado, para lo cual colocó a José Luis Arrese, un falangista de primera hora de cuya fidelidad no tenía ninguna duda, al frente del Ministerio de la Secretaría General del Movimiento. Seis meses después de su nombramiento el bilbaíno puso en marcha un proceso de depuración interna que finalizó con muchos camisas viejas,23 molestos para el régimen, fuera de una organización cada vez más constreñida por el jefe del Estado. Estos fuertes golpes al poder de la Falange pretendían equilibrar el juego de fuerzas existentes en el seno de los vencedores de manera que ninguno de sus integrantes pudiera elevarse por encima del dictador o ponerse a su altura, pero en ningún momento supusieron el más leve cambio en la posición internacional de España a favor de las potencias del Eje. De hecho, el fervor de Franco y el sector más fascista de su dictadura por la causa nazi y contra el comunismo se manifestó, pese a la no beligerancia oficial española, en la creación de una unidad de voluntarios españoles que sirvió en la Wehrmacht entre 1941 y 1943 y fue conocida como División Azul. De este modo, cuando en junio de 1941 comenzó la Operación Barbaroja y las tropas alemanas invadieron la Unión Soviética, miles de falangistas, militares y excombatientes de la guerra civil española pudieron continuar en territorio ruso la cruzada antibolchevique que habían emprendido cinco años antes.

Todas estas maniobras no consiguieron aplacar los enfrentamientos existentes en el interior de la coalición reaccionaria, de manera que el 17 de julio de 1942, en el discurso ante el Consejo Nacional de Falange, Franco, preocupado como estaba por la pugna cada vez más intensa entre la Falange y el Ejército, insistió en la necesidad de mantener la unidad. Asimismo aprovechó el acto para anunciar la creación de una nueva institución al servicio del régimen, las Cortes del Reino, es decir, un parlamento de personas nombradas, en su gran mayoría, a dedo por él mismo en el que vio un posible instrumento para «mermar la hegemonía formal de FET y de las JONS como único canal de presencia política en beneficio de instituciones basadas en la representación orgánica».24 A pesar de todos los esfuerzos del jefe del Estado por mantener la unidad, la tensión política interior alcanzó extremos críticos el 16 de agosto de 1942. Aquel día, un pequeño grupo de falangistas radicales lanzaron dos granadas contra la multitud que, encabezada por el militar José Enrique Varela Iglesias, salía de la basílica de la Virgen de Begoña de Bilbao tras celebrar una misa en honor a los combatientes carlistas caídos durante la Guerra Civil. Tanto Varela como el coronel Galarza, por aquel entonces ministro del Interior, y otros mandos militares presentaron el acto como un ataque al Ejército y consiguieron que, tras un consejo de guerra inmediato, Franco aceptara la ejecución de Juan Domínguez, uno de los falangistas responsables. En lo que sucedió después intervino de forma muy clara Luis Carrero Blanco, el capitán de fragata nombrado el año anterior subsecretario de la Presidencia del Gobierno, que a partir de esta crisis se convirtió en el más influyente consejero de Franco. El 3 de septiembre, en una operación de equilibrio excelentemente calculada por Carrero, Franco satisfizo las exigencias militares y comunicó al que había sido su mano derecha y hombre de confianza desde 1938 su cese como ministro de Asuntos Exteriores, y para sustituirlo nombró de nuevo al veterano general GómezJordana. Sin embargo, para sorpresa de los monárquicos, al mismo tiempo relevó también a Galarza en sus funciones al frente del Ministerio del Interior y lo reemplazó por un hombre absolutamente fiel, el jurista Blas Pérez González. El Generalísimo empezaba así a poner en marcha su peculiar juego político para permanecer indefinidamente en la jefatura del Estado, consistente en apoyarse en los sectores más dóciles y antimonárquicos de la Falange como contrapeso a las demandas militares a favor del traspaso de poderes al pretendiente, don Juan de Borbón.

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La creciente tensión existente en el interior del régimen se vio sin duda condicionada por el cambio de tendencia que desde noviembre de 1941 se produjo en la guerra mundial. En ese momento Estados Unidos pasó a formar parte activa del bando aliado, como consecuencia del ataque japonés a su base naval de Pearl Harbour, y desde entonces las malas noticias no dejaron de multiplicarse para las potencias fascistas. En este sentido, la llegada del invierno al frente oriental acabó con los planes alemanes de terminar la invasión de la Unión Soviética en 1941. La Operación Torch, en noviembre de 1942, permitió el desembarco aliado en el norte de África, gracias al cual las tropas angloamericanas pudieron alcanzar Sicilia en menos de un año, el 9 de julio de 1943. Aquel día la suerte de Italia quedó echada. Mussolini fue destituido por el rey Víctor Manuel III el 25 del mismo mes y el 3 de septiembre Pietro Badoglio, jefe del Gobierno, firmó la rendición del país. El cambio definitivo de la contienda en perjuicio del Eje tuvo importantes repercusiones en España. Frustrado el proyecto totalitario, la mera supervivencia de la Falange y sus posiciones de poder en el Estado quedaron ligadas inexorablemente al futuro del Caudillo y de su régimen. Esa ligazón recíproca se hizo más evidente a medida que Franco tuvo que hacer frente a un peligro cuya amenazante virtualidad aumentó con el nuevo contexto bélico internacional: la restauración monárquica por iniciativa del alto mando militar. Esta opción siempre estuvo latente en el seno del régimen, pero la buena marcha de los Aliados en la guerra había envalentonado a los militares monárquicos, que urgían ahora un tránsito pacífico hacia la monarquía como régimen más aceptable para los futuros vencedores. Franco resistió esas presiones y otras posteriores con una mezcla de concesiones formales, llamadas a la unidad disciplinada, recordatorios de los riesgos de un Gobierno débil y cambios en el alto mando que reemplazaban a los monárquicos decididos por leales franquistas. En esta dirección han de ser interpretados la rehabilitación del general Juan Yagüe, nombrado comandante de las fuerzas españolas en Melilla el 12 de noviembre de 1942, y el cese como capitán general de Cataluña, en enero de 1943, de Alfredo Kindelán, que fue sustituido por José Moscardó. Ante la más que probable derrota de Alemania, el 1 de octubre de 1943 España volvió de nuevo a la estricta neutralidad en la guerra y anunció la retirada de la División Azul de la Unión Soviética. Franco había decidido sobrevivir al fascismo en Europa y la propaganda del régimen comenzó una ardua tarea encaminada

Salida de la procesión desde la catedral durante las fiestas de San Lorenzo. El segundo por la izquierda (con un sombrero en la mano) es Francisco Francoy. Detrás está Francisco Oliván. El quinto (con traje claro) es José María Lacasa. (Foto: Ildefonso San Agustín. Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca)

desde entonces a presentarlo como un estadista neutral e imparcial que había sabido librar a España del desastre de la II Guerra Mundial. Tocaba desprenderse de las apariencias fascistas y los sueños imperiales para hacer hincapié en la base católica y anticomunista de su dictadura, volver a la identificación esencial entre catolicismo y tradición española.25 Como ha quedado demostrado, desde que la Junta Técnica del Estado mandada por Franco aprobara el 19 de abril de 1937 el Decreto de Unificación, y especialmente una vez que los rebeldes obtuvieron la victoria total en la Guerra Civil en abril de 1939, no dejaron de producirse fricciones y enfrentamientos entre los diferentes integrantes de la coalición reaccionaria, que en julio de 1936 se rebeló contra el orden constitucional republicano. Como explicó el profesor Canales Serrano hace ya algunos años,26 la presencia de diferentes proyectos políticos en el seno

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de aquella coalición se justifica por el modo en el que fue derribada la II República. A diferencia de lo ocurrido en Italia o en Alemania, donde los regímenes parlamentarios fueron destruidos gracias a la movilización política provocada por unos partidos fascistas fuertes en torno a los cuales se había producido la convergencia de grupos tradicionalmente antiliberales y nuevos sectores radicalizados, el liberalismo español fue arrasado a través de una guerra civil que originaron y ganaron los militares. Como ninguno de los integrantes del bando nacional necesitó abandonar sus tradiciones ideológicas ni subordinarse al partido fascista para figurar entre los vencedores, cuando acabó la guerra y estos se dispusieron a organizar la victoria todos estaban de acuerdo en la necesidad de imponer un control del Estado sobre la sociedad y los ciudadanos sin precedentes, pero diferían tanto en el modo de hacerlo como en el lugar que cada uno de ellos debía ocupar. No obstante, la posibilidad de que hubiera una conspiración sería para retirar a Franco del poder era impensable, puesto que estas dinámicas competitivas se produjeron siempre dentro de un marco de acuerdo común en torno a los rasgos básicos del proyecto de radical reestructuración de la sociedad española que había salido victorioso de la Guerra Civil. La imagen de unidad respecto a este programa y la fidelidad inquebrantable al que todos aceptaban como su líder jamás se vieron afectadas por unos conflictos internos que nunca pusieron en cuestión, salvo en algunos casos excepcionales, la legitimidad del pacto de sangre que les había alzado al poder y había colocado a su Caudillo al frente del Estado. Dentro de ese proyecto en torno al cual todos estaban de acuerdo, y que como hemos visto fue impulsado hasta prácticamente 1945 por los fuertes vientos fascistas que soplaron en Europa desde los años treinta, se incluía, como es obvio, una refundación de la Administración pública española.27 La burocracia del Estado quedaría de ese modo bajo el control absoluto del Caudillo a través de diferentes mecanismos cuyo fin último fue en todos los casos la consolidación de sus bases de poder y, por tanto, de su dictadura. Esa transformación afectó igualmente a los esquemas de gobierno territorial y municipal, en los que acabaron reproduciéndose las mismas fricciones que surgieron en los altos escalafones del Estado entre los integrantes del bloque de poder,28 en este caso con diversos acentos en función de las características socioeconómicas y políticas de cada zona. Como podrá comprobarse, la ciudad de Huesca no fue una excepción.

Las primeras gestoras provisionales A las diez de la mañana del viernes 7 de enero de 1938, mientras el ejército rebelde avanzaba sin pausa hacia Teruel «destrozando la resistencia enemiga» y con el claro objetivo de recuperar la ciudad, se constituyó oficialmente la gestora provisional que, con algunos cambios, estuvo al frente de la gestión municipal oscense hasta febrero de 1949. El titular de la noticia publicada al día siguiente en el periódico local mostraba bien a las claras el carácter meramente administrativo de aquel acto: «Se dio lectura a una comunicación de nombramiento de Alcalde del Ayuntamiento de Huesca y de concejales gestores».29 Sin embargo, lo único que tuvo de burocrático aquel evento fue la fachada, puesto que detrás de él se escondía un agrio enfrentamiento político de casi un mes entre Pedro Morales Pleguezuelo, gobernador civil de Huesca, y José Antonio Martínez Barrado, jefe provincial del Movimiento, en torno a la elección del elenco de nombres en los que recaería la tarea de dirigir los destinos de la casa consistorial oscense. A decir verdad, pese a los continuos esfuerzos del régimen por transmitir una imagen de la Administración pública aséptica y alejada de cualquier tipo de disputa, las escaramuzas entre las dos máximas autoridades provinciales fueron habituales en casi todo el territorio nacional durante los primeros años cuarenta y constituyeron uno de los graves problemas provocados por la institucionalización de la dictadura en el espacio local. En su intento de desarrollar un modelo administrativo fuertemente centralista que pudiera perpetuarse en el tiempo una vez acabada la contienda, Serrano Suñer trató de extender el proceso de fascistización del Estado a los gobiernos provinciales y municipales. Con esta medida el joven ministro de la Gobernación pretendía convertir a los pequeños dirigentes locales, una de las partes menos visibles de la dictadura debido a su alejamiento de los ministerios y otras alturas del Estado, en los cimientos en torno a los cuales tanto el régimen como él mismo pudieran «consolidarse, articular sus huestes de partidarios y controlar y castigar a sus adversarios». De este modo, una vez acabada la Guerra Civil, los poderes locales representaron un importante papel en la reconstrucción de una sociedad fracturada por la victoria.30 Asimismo, Serrano Suñer deseaba sepultar la capacidad de interposición de la que habían disfrutado los poderes intermedios en los sistemas liberales. Por eso, con el

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fin de configurar una periferia político-administrativa completamente leal y subordinada al nuevo régimen, los rebeldes implantaron en todo el territorio español un nuevo esquema de gobierno territorial que, adaptándose a las instituciones y los cargos heredados del sistema liberal y conservando tanto sus nombres como su estructura formal, arrasó cualquier vestigio democrático y representativo que pudieran albergar. A partir de entonces, hasta febrero de 1949 todos los cargos serían ocupados por designación superior y se establecería una relación de confianza/ dependencia de arriba abajo que solo podía ser revocada en la misma dirección.31 En ese contexto hay que situar la entrada del Partido Único en la intendencia provincial y municipal con el fin de llevar a cabo la renovación de la clase política local. No obstante, a pesar de que tanto en el Decreto de Unificación32 como en los propios estatutos de la organización33 se hacían menciones —vagas, eso sí— de las funciones que la Falange y los falangistas debían ejercer en el ámbito regional, es necesario rescatar la orden dada por el gobernador general de las provincias ocupadas el 30 de octubre de 1937 para fechar la concesión a FET y de las JONS de un espacio de protagonismo en la construcción de los poderes periféricos.34 Ahora bien, el interés de los falangistas por hacerse con el control de las instituciones locales chocó en muchas zonas de España, entre ellas Huesca, con dos importantes problemas: la resistencia que presentaron los gobernadores civiles para mantener su autoridad por encima del Partido y la debilidad interna de este, que lastró sus posibilidades de afrontar una situación tan compleja con éxito. Desde sus orígenes en el siglo xix, los gobiernos civiles habían respondido a una clara función de centralización y de representación de la Administración estatal en las provincias. Ahora bien, tras la rebelión militar de julio de 1936, a pesar de la continuidad de muchas leyes y reglamentos del sistema liberal, esta institución periférica perdió su carácter de intermediaria entre las fuerzas políticas locales y el Gobierno nacional y vio como su cometido en cuanto delegada del poder central se reforzó notablemente en un sentido mucho más autoritario. Esos cambios en las competencias y el grado de poder alcanzados por dichos organismos provinciales han permitido a algunos autores35 hablar de una ruptura con respecto a la tradición conservadora y el sistema liberal-restauracionista, conectándolos tanto con el proceso de centralización autoritaria que estaba en la base de la

construcción de la dictadura como con los modelos totalitarios, tan en boga por aquel entonces, que recurrieron a ellos como instrumentos para la sumisión de todos los intereses al Estado. Hasta la llegada de Blas Pérez al Ministerio de la Gobernación, en septiembre de 1942, los gobiernos civiles y las jefaturas provinciales del Movimiento fueron normalmente presididos por personas con un pasado y unas perspectivas políticas muy diferentes. A grandes rasgos, los primeros solían estar copados por militares de carrera, civiles de extracción muy conservadora o viejos políticos derechistas, muchas veces con brillantes historiales, que apoyaron la sublevación en defensa de los valores tradicionales, el orden, la religión y la propiedad, amenazados por la política reformista de la II República.36 Por el contrario, al frente de las jefaturas provinciales del Movimiento se alzaron por lo general individuos relativamente jóvenes y sin pasado político que, tras haber demostrado su compromiso con el Partido y la causa rebelde en los campos de batalla, llegaron a las instituciones con un discurso revolucionario, pretendidamente juvenil, muy crítico con la clase dirigente tradicional y abiertamente proclive a la puesta en marcha de una revolución nacionalsindicalista dispuesta a llevarse por delante cualquier vestigio de lo que ellos llamaban la vieja política.37 Así las cosas, aunque la estructura de la Administración provincial quedó intacta tras la guerra, la precipitada organización de FET dio lugar a una burocracia paralela y, por consiguiente, a una dualidad de poderes definida por la presencia de dos máximas autoridades al frente de cada provincia, la gubernativa —encarnada en el gobernador civil— y la política —representada por el jefe provincial del Partido—, ocupadas, al menos hasta 1942, por personas que, con ideologías y objetivos diferentes, compitieron por hacerse con el control político de dichos espacios y entre las que, como es lógico, se suscitaron más enfrentamientos que afinidades. Esta situación no difería en exceso de la existente en la Italia de Mussolini, donde el federale (el secretario provincial del Partido Nacional Fascista) y el prefetto (el delegado del Gobierno) también estuvieron separados. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en el caso fascista, en España los representantes del Partido se sintieron desplazados por unos gobernadores civiles convertidos en auténtico centro de la vida política de las provincias.38 Bajo su potestad estaba determinar la composición de las gestoras municipales y provinciales, controlar los abastecimientos, gestionar

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el orden público, dirigir la beneficencia e incluso impulsar la construcción de viviendas. Frente a esta superioridad, y teniendo en cuenta que muchos de esos ámbitos eran decisivos para el poder local por estar directamente relacionados con las masas,39 la Falange no estuvo dispuesta a renunciar ni al repentino protagonismo que le habían conferido tanto la guerra como el cuerpo legislativo antes comentado ni a su voluntad de adquirir mayores cotas de poder. La causa más recurrente de los roces entre ambas autoridades fue la relativa a los nombramientos de las gestoras municipales y provinciales, que con frecuencia los gobernadores llevaban a cabo sin atender las propuestas de FET-JONS. Ante semejante situación, los jefes provinciales no dudaron en protestar por el incumplimiento de la norma que exigía tener en cuenta sus informes y, sobre todo, porque las designaciones recayesen en elementos poco afectos al falangismo, en muchos casos tachados de caciques o de exponentes de la vieja política.40 Esta y no otra fue la causa en torno a la cual se articuló el enfrentamiento antes mencionado entre el gobernador civil Pedro Morales Pleguezuelo y el jefe provincial del Movimento José Antonio Martínez Barrado en la capital del Alto Aragón. Todo comenzó poco más de un mes después de la publicación de la orden del 30 de octubre de 1937, cuando ambos presentaron al Ministerio de la Gobernación sus propuestas para la formación del nuevo Pleno Municipal oscense. Como muy bien describió Ángela Cenarro hace algunos años en su magnífico libro sobre los orígenes del franquismo en Aragón, una vez que el gobernador general de las provincias ocupadas aprobó la lista del gobernador civil,41 en la que tan solo figuraban dos personas de la relación propuesta por el jefe provincial del Movimiento42 (José Gil Cávez y Felipe Solanes) y de la que había sido excluido Antonio Vallés Otín, la máxima autoridad del Partido en la provincia, Martínez Barrado no dudó en mostrar su disconformidad por entender que, siendo todas las personas presentes en ambas nóminas honorables y dignas, cuando esas mismas condiciones las reunían hombres que además eran militantes de FET-JONS debían ser estos los llamados a desempeñar tales cargos. No obstante, aun cuando la nueva gestora echó a andar sin mayores problemas el 7 de enero de 1938, los sucesos que acabo de relatar hicieron que la institución altoaragonesa fuera seguida de cerca por instancias superiores. De hecho, el 25 de febrero el subsecretario del Interior, Juan José Lorente Sanz, pidió a Pedro Morales

Pleguezuelo una copia del asesoramiento de FET-JONS que garantizase el cumplimiento de lo establecido en las disposiciones legales antes citadas, así como que le comunicase los antecedentes y la filiación política que tenían en ese momento los nuevos gestores. En respuesta a este requerimiento, el gobernador civil alegó que, de los seis nuevos integrantes, cuatro pertenecían a FET-JONS, y que además tanto el alcalde como otros tres habían pertenecido a la Falange con anterioridad a la guerra, cosa completamente falsa en lo que respecta a José María Lacasa.43 Igualmente frecuentes fueron las quejas de las primeras autoridades provinciales del Partido por la falta de apoyo de los gobernadores en diferentes cuestiones relacionadas con la fortaleza, el prestigio y el apoyo social de la Falange. En este sentido, los primeros entendían que las prácticas políticas de muchos gobernadores civiles no solo eran contrarias a los postulados nacionalsindicalistas de la Falange, sino que los obstruían abiertamente. Este es el marco en el que cobra todo su significado la pugna que mantuvieron en octubre de 1939 Antonio Mola Fuertes, gobernador civil de Huesca, y el delegado provincial del Auxilio Social con motivo de la adquisición de 10 000 litros de aceite por parte de la entidad falangista. El conflicto se gestó a finales de septiembre, cuando llegó a la capital oscense una importante partida de aceite que, dada la escasez de este producto, generó una gran demanda entre los diferentes organismos rectores de la provincia. Entre ellos se encontraba la Delegación Provincial de Auxilio Social, que ya durante aquel mes no había podido distribuir el preciado líquido al entregar sus auxilios. Haciéndose cargo de esta situación, y previendo las dificultades para repetir este suministro hasta diciembre, la Delegación de Abastecimientos entregó a aquella una autorización para que Lorenzo Avellanas, almacenista de la capital, le vendiera 10 000 litros de aceite al precio de 30 200 pesetas. Una vez efectuado el pago de esta cantidad mediante talón bancario contra el Banco Hispano Americano, ante la necesidad de devolver los envases rápidamente y la falta de un depósito de suficiente capacidad, Avellanas ofreció a los empleados de la Delegación de Auxilio Social uno de los de su almacén para que dispusieran de él libremente. De este modo, cuando el 5 de octubre se dispusieron a retirar 600 litros de aceite para el abastecimiento de sus centros de Ayerbe, Jaca y Sabiñánigo, el responsable del almacén les comunicó que, por orden de Antonio Mola, debían pedir autorización al Gobierno Civil para retirar la mercancía de su depósito. Sorprendido por

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la medida, el jefe provincial del servicio se dirigió a la sede de esa institución para solicitar al encargado de los abastecimientos, Martín Matallana, el mencionado permiso. Su asombro no hizo sino crecer cuando este le comunicó que esa licencia tenía que dársela el propio gobernador. Tras un rato de espera, Antonio Mola apareció ante el boquiabierto delegado exclamando de forma vehemente: «Lo que ustedes han hecho con el aceite es una cosa intolerable. ¿Creen ustedes que yo puedo consentir que mientras los pueblos carecen de aceite tengan ustedes un vagón?».44 Estupefacto, el falangista trató de explicarle que, dadas las importantes carencias asistenciales que tenía su delegación, esa cantidad apenas cubría la necesidad de dos meses, y le advirtió además que se trataba de una operación comercial que tenía su origen en una orden libremente expedida por la Delegación Provincial de Abastecimientos. Estas alegaciones no parecieron causar el más mínimo interés en el gobernador, que inmediatamente volvió a arremeter contra su interlocutor espetándole: «Tanto impudor han demostrado ustedes recibiendo el aceite como quien se les [sic] ha cedido. ¿Así quieren ustedes hacer una España grande? ¿Para eso llevan ustedes la camisa azul?». Finalmente, cuando el administrador provincial insistió en su derecho a disponer de un producto que ya habían pagado, el político zaragozano le dijo en tono amenazador: «Si lo han pagado, aún es mayor la inmoralidad. Que les devuelvan el dinero. Y no me haga usted hablar más porque iríamos muy lejos». A continuación se retiró a su despacho, después de autorizar la salida de 600 litros de aceite del almacén. El asunto, sin embargo, no acabó allí, puesto que esa misma tarde, al enterarse de que el delegado provincial de Auxilio Social había dado parte de lo ocurrido a Pedro Ruiz de Alda, jefe provincial del Partido, el representante del Estado en la provincia altoaragonesa acudió al lugar de trabajo del funcionario, que en ese momento se encontraba punteando datos de las delegaciones locales con el secretario de la Junta Provincial de Beneficencia, y encarándose nuevamente con él vociferó: «Lo que le he dicho a usted esta mañana lo sostengo aquí, en la calle y donde sea preciso. Yo, que no claudiqué, hoy hace años, ante quinientos hombres armados, ¿voy a claudicar por un “chiflete”? Puede atacarme como quiera, por la cara o por la espalda, pero váyase usted con cuidado porque yo como Antonio Mola soy muy hombre, y como gobernador civil… No dé usted lugar a que me revuelva como gobernador porque entonces sabrá usted bien quién soy yo».

De inmediato el administrador volvió a dar parte al jefe provincial del Partido, que, ante una actitud que no podía comprender «bajo ningún concepto», puso el asunto en conocimiento del secretario general del Movimiento con el objetivo de que este exigiera «responsabilidades donde las hubiere». Estos desacuerdos y rivalidades, que dieron bastantes quebraderos de cabeza a las autoridades de Madrid, fueron aprovechados por FET-JONS para ejercer una fuerte presión para lograr la unificación de los cargos de gobernador y jefe provincial a favor de los falangistas, cuyo objetivo último era desplazar a los gobernadores poco afectos y acceder al control de los gobiernos civiles. Con el fin de solucionar este tipo de situaciones, desde un momento muy temprano se recurrió en algunas provincias a tal coincidencia de cargos por estimarse que, al actuar como jefe provincial del Movimiento, el gobernador estaría en contacto directo con los problemas y las aspiraciones de la provincia, lo cual complementaría y perfeccionaría el carácter y las atribuciones de su cargo como representante del Estado en ella. La primera de estas agrupaciones se dio en Sevilla en 1938 y, aunque durante el resto de la guerra apenas se repitió esta fórmula, a lo largo de los años siguientes se fue extendiendo a otras provincias, hasta alcanzar todo el país en 1945. De este modo, a pesar de que nunca existió refrendo legal para tal uso, en la práctica quedaron unidos, de forma inalterada hasta el final de la dictadura, los puestos de gobernador civil y jefe provincial del Movimiento. Habitualmente se ha venido considerando esta unión personal como una muestra decisiva de la subordinación o la absorción del Partido por el Estado, una de las derrotas del falangismo en su intento de hacerse con la mayor cuota de poder, que significó colocar a FET-JONS bajo el control del Ministerio de la Gobernación.45 Sin embargo, Julián Sanz Hoya ha planteado en un magnífico artículo que la cuestión debe ser revisada atendiendo no tanto al aspecto formal de supeditación del Partido como, sobre todo, a los resultados prácticos de tal medida, valorando la significación real de la unión de cargos a la luz de los nombramientos efectuados y de las políticas concretas desarrolladas por los gobernadores civiles / jefes provinciales. En este sentido, frente a los planteamientos tradicionales comúnmente aceptados hasta ahora, parece evidente que los falangistas tuvieron un peso importante no solo en el organigrama del Ministerio de la Gobernación, especialmente a partir de la llegada a él de Blas Pérez en septiembre de 1942, sino también en la elección

La construcción institucional de un ayuntamiento franquista (1938-1948)

El patio y la escalera del Ayuntamiento tal como quedaron en 1945. (Foto: Fernando Alvira Lizano)

de los diferentes gobernadores civiles, donde la influencia de la Secretaría General del Movimiento fue mucho mayor que la del propio Ministerio de la Gobernación.46 La unificación de los cargos bajo la autoridad de una misma persona suscitó, lógicamente, la desaparición de los enfrentamientos a los que me acabo de referir. Sin embargo, las diferentes tendencias ideológicas presentes en el interior de la coalición reaccionaria no se disolvieron. De este modo, las disputas entre sus representantes por imponer sus postulados en el proceso de institucionalización de la dictadura continuaron, aunque soterradas bajo el falso manto de unidad que había traído consigo la anexión de ambas responsabilidades en un mismo delegado gubernativo. En este sentido, y por lo que aquí interesa, la lucha por la hegemonía política dentro de la coalición vencedora se articuló en la ciudad de Huesca alrededor de dos élites con orígenes bien distintos.47 La más antigua se había forjado extramuros del poder durante los últimos años de la Restauración. Compuesta fundamentalmente por grandes y medianos propietarios de carácter conservador y tradicional, logró aglutinarse en torno a la Asociación de Labradores y Ganaderos del Alto Aragón (ALGAA) y el periódico La Tierra. Pese a ser derrotada en las elecciones de 1923, alcanzó el poder con la llegada de la dictadura de Primo de Rivera. Una vez conseguido su objetivo, la ALGAA se disolvió y la mayoría de sus integrantes se incorporaron a la Unión Patriótica, donde permanecieron hasta que la proclamación de la II República los alejó de los principales puestos de gobierno local y provincial. Tras dos años en la oposición, y faltos de rumbo político, decidieron unirse de nuevo bajo el paraguas de Acción Agraria Altoaragonesa, partido con el que, después de una intensa campaña en la que supieron capitalizar el descontento generado por la política republicana en muchos sectores sociales, lograron el triunfo en las elecciones celebradas en noviembre de 1933. El éxito del Frente Popular en los comicios de febrero de 1936 los envió de nuevo a la oposición, aunque en esta ocasión solo estuvieron en ella durante cinco meses, puesto que el inicio de la Guerra Civil el 18 de julio y el inmediato triunfo, al día siguiente, de los rebeldes en la capital los devolvieron al lugar que hacía ya tiempo consideraban como suyo.48 La segunda de esas élites tenía raíces menos profundas. Comenzó a fraguarse bajo el fuego cruzado de los campos de batalla y en las cárceles republicanas y se consolidó tras la guerra, cuando FET y de las JONS se convirtió en el armazón

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burocrárico del Nuevo Estado. En su seno se reunieron individuos en su mayoría jóvenes, no necesariamente oscenses o altoaragoneses, pertenencientes a un heterodoxo grupo de clases sociales que se habían politizado al calor de las fuertes tensiones que provocaron las reformas republicanas de los años treinta49 y a través de su participación en el frente con grupos como los Voluntarios de Santiago, el Tercio de Requetés de Doña María de Molina y Marco de Bello o la XIII Bandera de Falange. Impulsados tanto por su militancia en alguna de las tradiciones políticas que el régimen consideraba como suyas, «juntas pero no revueltas»50 desde la aprobación del Decreto de Unificación de 19 de abril de 1937, como por los méritos contraídos a lo largo de la contienda, los miembros de esta élite alcanzaron puestos de cierta relevancia local o provincial en el Partido o en otras esferas de la Administración. Sin embargo, la fuerza con la que la «lógica de la victoria política»51 promocionó a este grupo hacia el poder, sobre todo durante los primeros años de la posguerra, no fue suficiente para que pudiese salvar ni su escasa inserción en el tejido socioeconómico de la ciudad y la provincia ni el dominio que en dichos ámbitos ejercieron los que social y económicamente mandaban.52 En FET-JONS fueron muy pronto conscientes de esta situación y ya en abril de 1941 Manuel Pamplona Blasco, su jefe provincial en Huesca, advirtió al delegado nacional de Provincias que había, «para cuando quiera suscitarse, una batalla que reñir entre dos tendencias o dos morales: una la nuestra y la otra la que entiende de una manera tan mezquina y arcaica este momento».53 Como puede comprobarse, al margen de la valoración personal sobre el carácter de sus enemigos, el análisis no podía ser más certero. Sin embargo, a la hora de competir con los poderosos y arraigados intereses católico-agrarios de la ciudad por el control del Ayuntamiento, de poco le sirvió eso a una organización local «en franca decadencia y descuido» en la que reinaba «una carencia absoluta de espíritu» y respecto a la cual existía «una frialdad absoluta».54 La fragilidad interna del Partido Único, tanto en la capital como en todo el ámbito provincial, ya había sido claramente detectada por el miembro de la Junta Política de Falange José Luna Meléndez, quien, tras realizar una inspección rápida a la organización oscense en septiembre de 1940, destacó en su informe esa fragilidad y la atribuyó «a su debilidad de nacimiento y a la defectuosa crianza que ha traído entre

otras cosas el continuo cambio de jefes, con todos sus inconvenientes», asegurando además, de forma absolutamente premonitoria, que, aun cuando el Partido alcanzara en la capital y en la provincia su máximo esplendor, se notaría «un mejoramiento, pero en realidad ficticio, por no haber un núcleo fuerte de falangistas serios que en todo momento resistan los embates de los tiempos que corren».55 En estas condiciones, el Partido Único fue presa fácil para los guardianes del orden, la tradición y los intereses agrarios oscenses, que lograron imponerse con facilidad en la lucha por alcanzar el control del Consistorio oscense al menos hasta mediados de los años cuarenta. Evidentemente, esta institución tenía ahora unas funciones más recortadas y un nivel de autonomía mucho menor que antes de la guerra, pero, a pesar de todo, seguía siendo la corporación más próxima a los ciudadanos y un instrumento útil para aumentar el apoyo social tanto entre la población como entre unas élites que vieron en los cargos de gestores municipales, no remunerados por cierto, un interesante marco donde consolidar, o sumarse, a esa red de intereses a la que tanta importancia ha otorgado Glicerio Sánchez Recio.56 Prueba de todo ello es que, cuando el 7 de enero de 1938 fue oficialmente nombrada la nueva comisión gestora que se hizo cargo del Ayuntamiento hasta febrero de 1949, la persona designada para encabezarla fue José María Lacasa Coarasa, uno de los integrantes más relevantes de esa élite católico-agraria. Abogado de profesión, comenzó su carrera política con veintitrés años, cuando durante la dictadura de Primo de Rivera se hizo cargo de la Secretaría Provincial de la Unión Patriótica, presidida en aquel entonces por el famoso político conservador Manuel Banzo Echenique. Posteriormente, en las elecciones del 14 de abril de 1931, que dieron paso al advenimiento de la II República, resultó elegido concejal junto a Francisco Francoy Palacín por una candidatura administrativa que reunió a un abigarrado grupo de antiguos upetistas y tradicionalistas. En el verano de 1933, cuando la derecha autoritaria oscense trató de agruparse bajo las siglas de Acción Agraria Altoaragonesa con el objetivo de recuperar el poder en las elecciones de noviembre, no dudó en unirse al proyecto encabezado por Pedro Sopena Claver y fue nombrado vicepresidente del partido. Su inquebrantable fe en los valores del orden, la religión57 y la propiedad lo llevaron a apoyar la sublevación militar de julio de 1936, afiliarse a la Falange Española el 25 de

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septiembre y formar parte de las dos gestoras provisionales que se hicieron cargo del Consistorio oscense entre el 28 de julio de 1936 y el 7 de enero de 1938. En la primera fue tan solo concejal; en la que tomó las riendas de la ciudad el 19 de diciembre de 1936, ocupó la primera tenencia de alcaldía y acabó actuando como alcalde ejerciente tras la marcha de Mateo Estaún Llanas.58 La nueva comisión, presidida por el joven político oscense, estuvo integrada por los trece miembros que le asignó la orden del 30 de octubre de 193759 y, salvo tres excepciones, todos permanecían en ella a la altura de julio de 1945. Felipe Solanes López era funcionario de Hacienda y su traslado a la Delegación Provincial de Vizcaya lo obligó a abandonar la gestora tan solo cuatro meses después de haber tomado posesión de su cargo.60 Por su parte, el harinero y viejo monárquico Adolfo Maza Ubieto tuvo que dejar su cargo municipal en septiembre de 1939, cuando su delicada salud le impidió continuar en él.61 En noviembre de 1939 fueron sustituidos por José Cardús Llanas y José Atarés Ara.62 El primero era ginecólogo y residía en Alemania. Derechista y simpatizante de Falange Española, cuando estalló la Guerra Civil regresó a España para incorporarse al bando rebelde como fusilero hasta que fue movilizado y asimilado a teniente de Sanidad Militar. Desde ese momento sirvió a la causa trabajando en un equipo quirúrgico hasta su licenciamiento. Posteriormente actuó como delegado del Servicio Exterior hasta la supresión de este en las provincias. El segundo era secretario del Banco de España en Huesca. Hombre de derechas, se adhirió inmediatamente a los sublevados y prestó servicios como fusilero. Más tarde formó parte de los Voluntarios de Santiago mientras duró el asedio de la capital, sin dejar por ello de ejercer su labor en la entidad bancaria.63 Finalmente, en junio de 1943, con la vista puesta en su futuro nombramiento como presidente de la Diputación Provincial de Huesca —para el que el gobernador civil ya había pedido informes a la Falange en abril—, fue José Gil Cávez quien dejó la Corporación alegando que sus quehaceres al frente de la Secretaría Provincial del Movimiento ocupaban todo su tiempo.64 El comerciante oscense era uno de los pesos pesados del falangismo local y provincial, además de un claro ejemplo de cómo el pasado político y los méritos de guerra fueron un importante aval para comenzar una carrera política dentro del régimen de Franco, algo impensable para un hombre de su condición en otras circunstancias.

Falangista de primera hora y de situación económica modesta, comenzó su militancia en las JONS de Onésimo Redondo. Cuando en 1934 Falange Española y las JONS se unieron en un solo partido, formó parte, junto al abogado Daniel Francoy y al empleado zaragozano José María de Navascués, del triunvirato encargado de dirigir la nueva organización en la provincia de Huesca. Durante esos años se caracterizó por su capacidad dialéctica para realizar proselitismo a favor de la Falange, y cuando los militares se sublevaron contra el orden constitucional en Huesca, el 19 de julio de 1936, no dudó en alistarse en los Voluntarios de Santiago para posteriormente incorporarse a la IV Bandera de Falange de Aragón. Hasta el 12 de abril de 1938, fecha en la que fue licenciado por haber sido reclamado por la superioridad para integrarse en la vida política de la ciudad, había alcanzado gracias a los méritos de guerra el grado de sargento.65 La nueva Corporación, que comenzó su andadura pocas semanas antes de que el 25 de marzo de 1938 los rebeldes rompieran el asedio republicano y la ciudad de Huesca quedara definitivamente alejada de los bombardeos y el humo, se caracterizó por un notable equilibrio entre el protagonismo de aquellos que de una u otra forma habían participado en la vida política con anterioridad a la sublevación militar66 y la ascensión de un personal político nuevo.67 Sin embargo, la presencia de los primeros no puede ocultar que el poder municipal oscense sufrió una fuerte renovación que no hizo sino confirmarse una vez acabada la guerra, cuando en noviembre de 1939 las bajas de Adolfo Maza y Felipe Solanes fueron cubiertas con la entrada de dos excombatientes sin pasado político como José Cardús y José Atarés. En este sentido, el Gobierno Civil de Huesca no fue diferente a los del resto de España y trató de huir en la medida de lo posible de una excesiva dependencia de las élites locales tradicionales.68 No obstante, que los representantes de la derecha tradicional se encontraran ahora disueltos, casi confinados, en un denso magma de individuos que no tenían ningún currículo político,69 pero que de alguna manera se sentían comprometidos con el proyecto contrarrevolucionario forjado por el conservadurismo fascistizado de preguerra, no significa en absoluto que hubieran perdido el control de la Corporación. De hecho, prácticamente la totalidad de los cargos de la Comisión Permanente, empezando por la alcaldía, estuvieron copados por antiguos miembros de la vieja militancia conservadora.70

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Compuesto por el presidente de la gestora y los cuatro tenientes de alcalde,71 dicho órgano era el ente con mayor poder y capacidad ejecutiva de los ayuntamientos de las localidades de más de veinte mil habitantes, por estar encargado de representar al Pleno en los intervalos de sus sesiones, ejecutar sus acuerdos, preparar los expedientes que hubieran de tratarse, realizar todas aquellas funciones que no admitieran intermitencia y resolver los casos urgentes. Además, los acuerdos tomados por él en las materias de su competencia tenían la misma validez que los adoptados en el Pleno.72 Con el control de este importante instrumento bajo el brazo, y dado que, al contrario de lo ocurrido en el Pleno, la remodelación de noviembre de 1939 no mermó la presencia de la oligarquía católico-agraria en él,73 la representación de los caudales y los acervos de los que social y económicamente mandaban estuvo perfectamente salvaguardada en una institución municipal donde, por otro lado, ningún camisa vieja alcanzó puestos de responsabilidad y tan solo un hombre próximo a su entorno, Juan Tormo Cervino —segundo teniente de alcalde—, pudo entrar en la Comisión Permanente. Al margen del pasado político de sus gestores, y a pesar de los continuos esfuerzos del régimen por descontextualizar el proceso de cooptación de la estructura económica, social e ideológica recalcando la supuesta y especial capacitación de los nombrados para garantizar el buen funcionamiento de la institución y el progreso social, el Ayuntamiento oscense, como la mayoría de los existentes en el ámbito urbano, fue copado desde el comienzo de la sublevación militar, y de forma creciente desde enero de 1938, por profesionales liberales de prestigio, cuya presencia fue todavía mayor en la Comisión Permanente, donde estuvo salpicada por individuos con intereses sobresalientes en la industria, el comercio o la propiedad agraria. Todos ellos constituían, en cierta manera, el recambio natural del conservadurismo liberal en el tránsito hacia una sociedad movilizada en medio de una profunda reelaboración de su ideología, necesaria para hacer frente a los desafíos de la modernidad.74 No obstante, debe quedar claro que el régimen franquista no solo concitó la adhesión entusiasta de las tradicionales oligarquías dominantes y los grupos sociales económicamente privilegiados, sino que se instaló en un magma social multicolor que incluía extensos segmentos de las clases medias e incluso determinados componentes, sin duda minoritarios, de los sectores populares. Que representantes

de estos sectores no aparezcan en las comisiones gestoras de la gran mayoría de los ayuntamientos, el de Huesca incluido, es consecuencia de la negativa de la dictadura a incorporar a su tejido político-institucional a sus leales de extracción humilde. En este sentido, la gratuidad de los cargos actuó como una eficaz barrera, si bien no siempre infranqueable, sí lo suficientemente importante como para llevar al designado sin posibles a una pronta deserción.75 La mayoría de estos gestores tenían en enero de 1938 entre veintiocho y treinta y siete años. Se trataba, como ocurrió en el resto del Estado durante toda la década de los cuarenta, de un personal joven cuya socialización política tuvo lugar coincidiendo con la creciente movilización y la transformación de los repertorios de la acción colectiva en España desde 1917. A partir de entonces la huelga se convirtió en el mecanismo de movilización más utilizado en medio de la polémica entre reforma y revolución, mientras que el lento y progresivo desmoronamiento del sistema de control social de la Restauración produjo movimientos autónomos de defensa de los sectores conservadores y su apoyo a una solución autoritaria a la crisis del Estado liberal como fue la dictadura de Primo de Rivera. Estas corrientes ideológicas entroncaban directamente con la subversión de carácter autoritario y corporativista que experimentó el conservadurismo europeo, antes de que el fascismo iniciara su andadura política en 1918, como consecuencia de su resistencia al nuevo avance de la modernización desde finales del siglo xix.76 El avance de la izquierda con sus programas revolucionarios y la propia Guerra Civil provocaron una redefinición extremadamente fascistizada de los valores y los significados culturales de naturaleza tradicionalista, ultracatólica y reaccionaria de aquellos sectores conservadores. De este modo, los discursos radicalizados de una izquierda cada vez más poderosa provocaron que un gran número de labradores con pequeñas explotaciones familiares y propietarios de pequeños negocios comerciales o industriales, a quienes muchas veces sus actividades no les permitían superar la mera subsistencia, pero cuya problemática no coincidía exactamente con la del proletariado asalariado y desposeído, acabasen vinculando la supervivencia de su situación económica, social y cultural no solo a una victoria electoral, sino a la sustitución del sistema democrático.77 Por otro lado, la intensa violencia desatada durante el transcurso del conflicto bélico hizo que importantes sectores sociales intermedios y populares se vieran cada vez más cohesionados en torno

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a la defensa de unos ideales de regeneración patriótica que, aupados sobre la exaltación de los valores más acendrados del tradicionalismo católico, perseguían asimismo una completa reconstrucción de la unidad nacional mediante el brutal exterminio de las organizaciones políticas y sindicales de la izquierda y la total aniquilación del sistema democrático parlamentario.78 La labor que estos hombres realizaron al frente de la Corporación municipal se encontró totalmente mediatizada por su incapacidad para interferir horizontalmente en la vertical de la cadena de mando impuesta por la Administración central, desde donde no se esperaba de ellos otra cosa que el cumplimiento disciplinado de los asuntos que se les encomendaban. En este sentido, la profunda crisis económica en que la política autárquica sumió al país durante los años cuarenta no hizo sino mermar todavía más la escasa capacidad ejecutiva de una institución donde los principales actores habían sido designados de manera discrecional por el Ministerio de la Gobernación —y podían ser cesados de la misma manera de forma inmediata—, los acuerdos estaban completamente fiscalizados por el gobernador civil y el citado ministerio, y la capacidad de su hacienda, ya de por sí mediocre en épocas anteriores, había sido duramente cercenada.79

La reconstrucción de la ciudad y la depuración del Ayuntamiento El 24 de marzo de 1938, tras oír por última vez como los aviones republicanos sobrevolaban su ciudad dejando caer varias bombas,80 muchos oscenses se encaramaron a las terrazas y los tejados de la capital, prismáticos en mano en algunos casos, para contemplar los combates que republicanos y rebeldes libraban en las afueras. Mientras tanto, en las Cuatro Esquinas los camiones de la Compañía de Altavoces de primera línea no dejaban de pregonar la victoria del ejército sublevado y la inminente «liberación» de la ciudad, que finalmente se produjo al día siguiente.81 De este modo, el sábado 26 de marzo el alcalde José María Lacasa anunció a todos los oscenses a través del diario local que Huesca estaba «libre», reconoció en aquellos que habían hecho posible tal gesta el renacimiento «de las viejas virtudes de una Raza inmortal» y animó a todos sus conciudadanos a festejar tan «feliz suceso […] engalanando los balcones y ventanas de nuestras casas,

como lo hicimos, con emoción patriótica fraternal, en todos los instantes triunfales de este Glorioso Movimiento».82 No obstante, tras el júbilo del alcalde se escondía la triste realidad de una ciudad maltrecha tras casi veinte meses de continuos bombardeos83 y un Ayuntamiento económicamente colapsado, totalmente dependiente del poder central y con dos importantes retos por delante: la reconstrucción de la localidad y la depuración de sus funcionarios. El primero le venía totalmente grande y, como veremos, jamás se habría podido afrontar sin la intervención de Regiones Devastadas; el segundo llevó por primera vez a la documentación oficial de la Corporación las diferencias existentes entre las dos élites políticas que integraron la coalición reaccionaria en Huesca y permitió al nuevo régimen dejar claro a la oligarquía católico-tradicional de la capital oscense dónde residía ahora el poder. La huella que la Guerra Civil dejó en el Ayuntamiento de Huesca no se limitó a la destrucción del edificio donde se ubicaba, al fin y al cabo fácilmente sustituible, sino que alcanzó a la parte más importante de su estructura de funcionamiento: la hacienda. Por diversos motivos, entre los que no ocupan un lugar menor el fuerte descenso de la población, la imposibilidad de utilizar el cementerio municipal o el difícil acceso al agua potable como consecuencia de los continuos cortes de los que era objeto, la recaudación municipal se redujo drásticamente ya en el verano de 1936, lo que provocó un colapso económico que, como explicaba José María Lacasa en 1952, «solo conocemos exactamente quienes para nuestro honor intervinimos en la administración municipal de aquella época». Cuando las bombas y el fuego de los morteros dejaron de caer sobre la ciudad la situación del Ayuntamiento era francamente precaria, y si logró mantenerse a flote fue sin duda a costa de evitar «a todo trance» gastos que no fueran imprescindibles y gracias a los esfuerzos realizados por sus gestores y sus empleados para cobrar, poco a poco pero de forma constante, diversas cantidades adeudadas a la institución desde antiguo.84 En este complicado escenario, la Corporación municipal intentó siempre estar al día tanto en sus pagos corrientes como en sus adeudos, especialmente importantes con la Diputación Provincial y con la hidroeléctrica de la ciudad. Así, el firme deseo de la entidad de saldar sus deudas hizo que, tras formular la correspondiente liquidación, tratara de establecer fórmulas de pago escalonadas que le permitieran hacerlo debidamente.85

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Por si el férreo control al que fue sometido desde la Administración central y su casi total carencia de ingresos no fueran suficientes, la Corporación altoaragonesa todavía tuvo que lidiar con otro feroz enemigo para poder salir adelante: la inflación. Este fue el fenómeno más característico de la vida económica española durante los primeros veinte años de la dictadura, y sus causas hay que buscarlas especialmente en la permisividad monetaria de la desastrosa política autárquica. Entre 1940 y 1958 el gasto del Estado estuvo siempre muy por encima de los ingresos que le proporcionó su anticuado y poco flexible sistema fiscal. Dado que los dirigentes del régimen no se plantearon en ningún momento un aumento impositivo, tuvieron que recurrir a la deuda pública pignorable para aumentar los recursos del Estado de modo que este pudiera financiar sus inversiones. Sin embargo, lo que para ellos era una solución acabó convirtiéndose en el origen de un grave problema, puesto que, en un contexto de muy baja renta per cápita nacional, el descontrolado aumento de la oferta monetaria derivó inmediatamente en una inflación sin precedentes que se convirtió en el principal enemigo de las haciendas locales.86 Las continuas y bruscas caídas que sufrió el valor del dinero, especialmente en la primera década del franquismo, golpearon duramente a unas ya de por sí mermadas haciendas locales, caracterizadas por una rígida estructura de ingresos, que no se soportaba sobre el sistema tributario fiscal, y con figuras impositivas de poder recaudatorio relativo.87 La hacienda oscense no escapó a esta situación. Así, pese a que su presupuesto ordinario no dejó de crecer en pesetas corrientes desde 1940, cuando se equiparan todas las cantidades a un valor constante (aquí se ha hecho con pesetas de 1974) se puede observar que hasta 1943 los presupuestos no hicieron sino descender, y, aunque crecieron a partir de esa fecha, en 1945 todavía no habían alcanzado las cifras de 1940. A pesar de todo, la fuerte inflación de los años cuarenta permitió a la Corporación municipal acabar con una de las cargas que más habían lastrado su hacienda desde 1928. En aquel año el Ayuntamiento oscense concertó un empréstito de 2 425 000 pesetas con el Banco de Crédito Local de España para poder afrontar los gastos de las diversas obras públicas emprendidas por la Corporación durante la dictadura de Primo de Rivera.88 En 1941 el bajo precio del dinero proporcionó al Cabildo la posibilidad de realizar una emisión de deuda municipal por valor de

3 millones de pesetas, gracias a la cual pudo cancelar el anterior crédito y disponer de un remanente de 575 000 pesetas con el que pagar los gastos de la operación, hacer frente a diferentes obras municipales de carácter urgente, adquirir el manantial de Las Paulesas y comprar 136 000 metros cuadrados de terreno en la carretera de Barbastro con el fin de cederlos para la construcción de cuarteles, casas, etcétera.89 En esta situación de precariedad hacendística, que no comenzó a mejorar hasta 1944 con la normalización del cobro de arbitrios y la creación de uno nuevo sobre inspección sanitaria de mantenimientos, afrontó el Ayuntamiento de Huesca la reconstrucción material de una ciudad castigada por los «efectos de la destrucción, especialmente en lo que a edificios y servicios municipales se refiere».90 Con tal propósito, nada más ser «liberada» la localidad, el Concejo acometió de inmediato algunas tareas, como la limpieza del cementerio, el arreglo del paseo de la Estación, la reparación del escaso alumbrado eléctrico o la instalación de este en el parque municipal. Asimismo, en 1939 se adquirieron 65 245 metros cuadrados de terreno en los que posteriormente se ubicaría el ensanche. Esta operación fue un buen ejemplo de la penuria económica del Ayuntamiento, cuyos gestores tuvieron que avalar personalmente el préstamo necesario para sufragar la compra.91 Con todo, el estado de las arcas municipales obligó a la Corporación a llevar, como no podía ser de otro modo en aquella coyuntura, una administración muy cuidada, constriñendo los gastos todo lo posible. En esas condiciones, la idea de que el Ayuntamiento pudiera encabezar la reconstrucción material de la capital no pasaba de ser una ilusa utopía. Dentro de esta problemática, la adopción por el jefe del Estado de las obras y los servicios municipales, con la consiguiente intervención de la Dirección General de Regiones Devastadas, constituyó un factor decisivo para el futuro de la ciudad. Tomando como modelo los organismos creados para la reconstrucción europea tras la I Guerra Mundial, la Ley Orgánica de la Administración del Estado de 30 de enero de 193892 creó lo que entonces se denominó Servicio de Regiones Devastadas y Reparaciones. Adscrito al Ministerio del Interior, este nuevo organismo pretendía aunar y controlar las distintas actuaciones inconexas que estaban desarrollando tanto los municipios, que intentaban con escasos recursos reparar su maltrecho patrimonio, como por el propio Estado, que comenzaba a constituir

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órganos de valoración de daños en varias ciudades. El campo de actuación del nuevo servicio, elevado a dirección general en agosto de 1939, fue definido por un decreto del Ministerio de la Gobernación del 23 de septiembre de 1939 sobre la adopción por parte del jefe del Estado de las localidades dañadas por la guerra.93 Parece ser que no existió un baremo o unos requisitos concretos para que una localidad pudiera acogerse a los beneficios de la adopción, de manera que en un primer momento se acudió a los casos más urgentes y con el tiempo se amplió el abanico de acción a otras localidades menos dañadas. De este modo, fue la geografía bélica la que definió el campo de actuación de Regiones Devastadas, por lo que, dado el importante grado de destrucción sufrido en Aragón, no sorprende que una quinta parte del total de las localidades adoptadas en toda España estuvieran en esta región.94 La adopción de una localidad suponía que era el Estado, a través de la Dirección General de Regiones Devastadas, el que elaboraba un plan de reconstrucción general, haciendo especial hincapié en todo lo referente al saneamiento, la mejora de la red viaria interior y los futuros ensanches de expansión. Sin embargo, la difícil realidad económica de la España de posguerra obstaculizó extraordinariamente la ejecución de las obras. De hecho, un alto porcentaje de proyectos, principalmente urbanísticos, nunca se ejecutaron, mientras que otros se dilataron en el tiempo debido tanto a la frecuente reactualización de sus presupuestos a causa de la elevada inflación como a la escasez de materiales constructivos de origen industrial, sobre los que existían cupos de suministro que había que solicitar con años de antelación. La Dirección General de Regiones Devastadas tenía una estructura organizativa jerarquizada y centralizada, puesto que todos los proyectos debían remitirse a Madrid para su aprobación. No obstante, junto a esta estructura convivía otra territorial organizada en torno a las denominadas oficinas comarcales. Estas delegaciones se ubicaban en las localidades adoptadas en las que había un gran volumen de obra que ejecutar y en aquellas de cierta importancia, adoptadas o no, desde las que se controlaba un área geográfica donde había varios pueblos adoptados. Desde ellas se gestionaba toda la actividad constructora, pues contaban con un equipo administrativo, una oficina de proyectos —donde trabajaban arquitectos, aparejadores e ingenieros— y cuadrillas de obreros para realizar las obras.

La dispersión y la abundancia de las localidades adoptadas en Aragón provocaron que en esta región se construyeran tres oficinas comarcales, las de Huesca, Belchite y Teruel, y una única oficina general de proyectos, la de Zaragoza. La comarcal de Huesca se subdividía a su vez, por razones de distancia y dificultad de comunicación con la zona pirenaica, en tres oficinas locales: la de Huesca, cuya actividad se centraba en la capital y las localidades de su entorno, más Sariñena y Tardienta; la de Boltaña, que controlaba las obras efectuadas en Broto, Torla, Salinas y Bielsa; y la de Biescas, desde donde se gestionaban los trabajos de Gavín, Oliván y la propia Biescas. Finalmente, dado el volumen de obra que se estaba realizando al norte de la provincia oscense, se determinó que las locales se fusionaran en una nueva oficina comarcal denominada del Pirineo. Por último, Fraga dependía de la oficina de Lérida por razones de proximidad. No obstante, al margen de sus funciones meramente constructivas, la Dirección General de Regiones Devastadas fue ampliamente utilizada por el régimen como instrumento de propaganda de los valores de la nueva España surgida del Alzamiento Nacional y para exaltar la figura del dictador. A decir verdad, en todos los actos y los artículos en los que se abordó la labor de este organismo hubo constantes referencias al Caudillo que le atribuían todas las acciones encaminadas a la reconstrucción material y moral de España y lo presentaban como la antítesis de los destrozos ocasionados en el patrimonio arquitectónico por lo que con tanta insistencia se dio en llamar destructora horda marxista. Lo cierto es que tanto las destrucciones materiales de los rojos como la labor restauradora posterior fueron exageradas para justificar y dar más lustre a la ardua tarea de la reconstrucción nacional. En este sentido, si bien es cierto que los efectos de la Guerra Civil sobre el territorio aragonés fueron especialmente devastadores,95 no lo es menos que a nivel nacional las destrucciones causadas por la contienda en España fueron mucho menores que las ocasionadas en otros países europeos por la II Guerra Mundial. Así, mientras que en España fueron destruidas el 0,5 % de las viviendas, el porcentaje alcanzó en Alemania el 24 %, en Italia el 3 % y en Bélgica y Gran Bretaña el 2 %.96 Entre los cuarenta y un municipios adoptados por el Caudillo en Aragón destacaban, además de Belchite por su valor simbólico,97 Huesca y Teruel. A diferencia de Zaragoza, que no solo no sufrió grandes destrucciones durante la guerra, sino

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que experimentó un crecimiento de su producción industrial,98 las otras dos capitales de la región tuvieron que colocarse al amparo del Estado para poder sacar adelante su propia reconstrucción. Teruel fue adoptada por el dictador el 7 de octubre de 1939,99 mientras que el Ayuntamiento de Huesca lo fue posteriormente, el 21 de junio de 1940.100 Los primeros trabajos de Regiones Devastadas en la capital del Alto Aragón comenzaron en 1941 con el desescombro de los barrios de Santo Domingo y la Catedral. Estas tareas se prolongaron hasta 1942 y fueron paralelas a la reurbanización del segundo de ellos, realizada por aquella dirección general con el objetivo de favorecer la circulación rodada mejorando la red viaria mediante el ensanchamiento de algunas calles y crear en ella un sistema de saneamiento e higienización eficiente dotándola de sistemas de alcantarillado y plazas interiores que favorecieran la ventilación de las calles. En el marco de esta reforma interior se inició en julio de 1941 la reconstrucción del palacio municipal. Las obras terminaron en 1944 y el resultado fue una clara muestra del modelo regionalista al que siempre recurrieron en Aragón los arquitectos de Regiones Devastadas para la reparación de edificaciones relevantes por su funcionalidad y su representatividad. La finalidad de este paradigma constructivo, claramente influido por los nuevos condicionantes político-culturales del régimen, no era otra que vincular la dictadura con el pasado imperial español mediante la reproducción de la arquitectura palacial y nobiliaria aragonesa de los siglos xvi y xvii, caracterizada formalmente por su tendencia a la horizontalidad, la existencia de un muro con zócalo pétreo hasta el primer piso y ladrillo caravista en el resto, portada labrada en piedra o pórtico con arcos de medio punto o adintelado, galería de arquillos en el último piso, alero saliente de madera o de ladrillo aplantillado y cubierta poco pendiente de teja árabe. No obstante, pese a que el Nuevo Estado le otorgó una función claramente política, aquel estilo tenía poco de novedoso, ya que, en opinión de José Manuel López Gómez, no hizo sino continuar con una corriente de recuperación historicista de la arquitectura del Renacimiento aragonés iniciada a finales del siglo xix en la ciudad de Zaragoza por Ricardo Magdalena, con la construcción de la Facultad de Medicina y Ciencias en 1892 y que fuera de la capital aragonesa tiene importantes ejemplos en el edificio de Correos y Telégrafos de Huesca, proyectado por los

arquitectos Eladio Laredo y Carranza y Eladio Laredo de la Cortina en 1927, o en el Banco de España de Teruel, obra de Juan de Zavala. Urbanísticamente hablando no puede afirmarse que la institución estatal encargada de la reconstrucción material de la España de Franco elaborara una teoría propia. A pesar de ello, en la práctica es posible encontrar una serie de elementos comunes a todas sus realidades, consecuencia de unir las experiencias funcionalistas —que pretendían una ciudad saludable, adaptada al sistema productivo local y dotada de servicios que mejorasen la calidad de vida de sus pobladores— con unas ínfulas redentoristas encaminadas a la consecución de un hombre y un orden nuevos, o recuperados, asentados en los valores tradicionales de las sociedades campesinas españolas. La reparación de la estación depuradora de aguas (19421945), la canalización hasta el centro urbano del caudal del manantial de Las Paulesas (1944-1947) y la reconstrucción y ampliación del cementerio municipal (1941-1945) —con la edificación de setecientos cuarenta y seis nichos, una capilla, un osario, un depósito de cadáveres, una sala de autopsias y una vivienda para el conserje— constituyen claros ejemplos de esas tentativas funcionalistas y esas ambiciones redentoristas con las que la dictadura trató de envolver los escombros y la miseria que la guerra dejó tras de sí para todos los españoles. Finalmente, con el arranque en 1942 de las obras que cinco años después dieron como resultado un bloque de sesenta y cuatro viviendas y seis bajos para tiendas, Regiones Devastadas comenzó la construcción de uno de los dos espacios alrededor de los cuales crecería la ciudad durante las tres décadas posteriores. Situada en los terrenos adquiridos en 1939 por el Ayuntamiento de la capital en las inmediaciones de la carretera de Zaragoza, esta zona no tardaría en adquirir las características propias de los ensanches construidos durante la dictadura. Así, como si de una pequeña ciudad de nueva planta se tratara, en su interior pronto aparecieron ejes de ordenación principales y secundarios articulados en torno a una plaza —la de Cervantes— en la cual solían ubicarse los edificios rectores de la vida local —el Gobierno Civil, en este caso—. Insertas en un plano de trazado reticular, las calles se entrecruzaban en ángulo recto definiendo manzanas rectangulares, aunque en Huesca —y también en localidades más pequeñas, como Quinto de Ebro o Codo— se incluyeron calles curvas para romper la monotonía visual.101

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Sin duda, la material fue la más amable de todas las caras que tuvo la reconstrucción nacional iniciada en España tras la guerra. No obstante, aquel proceso no tenía como principal objetivo la reparación de los destrozos producidos por las acciones bélicas, sino la implantación de un nuevo orden político, jurídico y social sobre los escombros del anterior. De esta forma, mientras reparaban edificios y ensanchaban calles, las nuevas autoridades desmantelaron y eliminaron cualquier vestigio político y administrativo del régimen republicano. Así, tras la remodelación absoluta de todos los aparatos del poder político y del personal que habría de situarse al frente de ellos, se inició la depuración exhaustiva de la Administración pública con el fin de expulsar a los desafectos y sustituirlos por empleados leales a los Principios del Movimiento. El proceso administrativo por el cual fueron depurados todos aquellos funcionarios municipales que «incumpliendo sus deberes contribuyeron a la subversión y prestaron asistencia no excusable a quienes por la violencia se apoderaron, fuera de toda norma legal, de los puestos de mando de la Administración»102 se prolongó en la ciudad durante casi tres años.103 No obstante, a diferencia de lo ocurrido en la capital aragonesa, donde el grueso de las depuraciones se realizaron durante la segunda mitad de 1936,104 en Huesca la imposición de las sanciones no se inició hasta que hubo acabado la guerra, concretamente hasta la sesión extraordinaria del 12 de junio de 1939. La Corporación tardó poco más de cuatro meses en resolver todos los expedientes incoados por el antiguo presidente altoaragonés de las Juventudes de Acción Popular Juan Tormo Cervino, un hombre gris e infatuado convencido de la necesidad de extirpar de la sociedad española hasta el último resto de lo que algunos llamaban en aquellos años canalla roja. A lo largo de este periodo, la dinámica cotidiana de unanimidades que había presidido los plenos municipales desde la toma de posesión de la primera gestora provisional continuó siendo la tónica general a la hora de apoyar las sanciones propuestas por el concejal instructor para los encartados. Todo cambió cuando el Ayuntamiento se enfrentó a los expedientes de las cuatro personas para las que Tormo Cervino proponía la expulsión definitiva de la institución. En ese momento los gestores municipales quedaron divididos entre aquellos que, siguiendo a Gil Cávez, defendían la administración de «justicia con benevolencia» y los que, encabezados por Juan Tormo, aseveraban sin titubear que era

Vista aérea del ensanche oeste de Huesca. (Foto: Víctor Ibáñez, 1981)

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imprescindible aplicar «la justicia a rajatabla, separando de los servicios públicos al personal que así lo merece».105 Los primeros consiguieron frenar, sin una excesiva oposición de los segundos, la expulsión permanente del obrero de brigada de obras Félix Satué Antoni y las de los vigilantes del rondín de arbitrios Francisco Ruiz Alcocer y Jesús Allué Azón.106 Sin embargo, no sucedió lo mismo en el caso del oficial primero de administración José María Lacasa Escartín, con quien el concejal instructor se mostró siempre inflexible. José María Lacasa Escartín, primo hermano del alcalde José María Lacasa Coarasa, con quien eran «uña y carne»,107 nació en Huesca el 5 de febrero de 1896 en el seno de una familia muy vinculada a la oligarquía tradicional oscense, lo cual no evitó que tuviera que pluriemplearse para poder sacar adelante una casa en la que convivió con su madre y su hermana primero, y con estas, su mujer y sus hijos después.108 En 1912, tras prestar el servicio militar en Melilla, comenzó a trabajar en el periódico El Porvenir, iniciando así una carrera periodística que lo llevaría por todos los rotativos de derechas de la ciudad.109 Sin embargo, el cierre de El Radical en 1932 y la desestimación de su petición para integrarse de nuevo al equipo del diario La Tierra110 lo obligaron a incorporarse en 1933 a la redacción de la publicación de izquierdas El Pueblo. Paralelamente a su actividad periodística, trabajó como funcionario municipal desde 1923 y alcanzó el cargo de oficial primero de administración en 1933.111 Unos días antes del golpe de Estado, Juan Arenas, amigo suyo y médico de su hija, le había recomendado que lo mejor para tratar la enfermedad de esta era que respirase aire puro. El periodista se puso inmediatamente en contacto con un tío cura que tenía en Broto y, como este se mostró de acuerdo con la idea de que la niña pasara allí una temporada, no lo dudó ni por un momento: su hija iría a Broto. El sábado 18 de julio, horas antes de que las primeras noticias sobre el golpe de Estado llegaran a la capital oscense, él, su mujer, que estaba embarazada, y su hija emprendieron viaje hacia la localidad pirenaica en el coche de Miguel Martínez, propietario de El Diario de Huesca y buen amigo de Lacasa, que por aquel entonces tenía a su familia veraneando en Broto, con la idea de dejar allí a la niña y regresar el lunes a Huesca. El estallido de la sublevación militar en la provincia altoaragonesa y su división en dos zonas, la controlada por el Gobierno de la República y la dominada por

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los rebeldes, truncó por completo sus planes. Atrapado en Broto, y viendo que la situación iba para largo, se desplazó a Barbastro, donde logró trabajo en el Ayuntamiento como oficial de secretaría.112 Durante casi dos años él y su familia, que se había quedado en Broto, permanecieron en la zona republicana, hasta que a finales de marzo de 1938 el ejército de Franco acabó con el asedio republicano de la capital e inició su avance hacia el este. Por aquel entonces, la madre, que ya había dado a luz, y los dos hermanos fueron obligados a abandonar Broto guiados por los milicianos. El intento de José María Lacasa de alcanzar el pueblo sobrarbense desde Barbastro se vio frustrado cuando en Graus se le impidió continuar y tuvo que cruzar a Francia por Benasque y no por Bielsa como hizo su familia. Finalmente pudo reencontrarse con ella a su regreso a Huesca, el 10 de junio de 1938, dos meses después de que llegaran su mujer y sus hijos.113 A diferencia de lo ocurrido con el resto de los encartados, la resolución de su causa se vio totalmente mediatizada por factores como su procedencia social, el puesto de responsabilidad que ocupaba en el Ayuntamiento, su participación en el periódico de izquierdas El Pueblo o los dos años que pasó en zona republicana, que convirtieron su expediente de depuración en el foco alrededor del cual se dirimió una importante batalla entre dos formas distintas de entender la victoria y sus consecuencias. El Pleno Municipal se dividió de este modo no ya entre los partidarios de la benevolencia y los que predicaban una «justicia a rajatabla», sino entre quienes veían en la procedencia social un aspecto importante a la hora de determinar la adhesión a la nueva España, y creían además en el poder de las élites locales para resolver los problemas domésticos, y aquellos que entendían que la actuación y los méritos contraídos durante la guerra eran sin duda los mejores elementos para juzgar la fidelidad de los encausados a esa nueva España, donde las decisiones de cualquier institución estaban siempre supeditadas, en última instancia, a su aprobación por el órgano competente del Gobierno central. Para tratar de evitar la expulsión de Lacasa Escartín los gestores partidarios de su defensa recurrieron a una gran variedad de argumentos que pueden resumirse en los siguientes: la necesidad de obtener ingresos suplementarios por parte del encartado para poder mantener a su familia; su imposibilidad para ganarse la vida de otra manera; el apoyo que siempre había prestado a las derechas; la negativa que

recibió del diario de derechas La Tierra cuando, tras cerrar El Radical, intentó incorporarse de nuevo a su redacción; su participación en el diario El Pueblo como mero receptor de noticias a través del teléfono y no como redactor; y, finalmente, la ayuda que prestó a muchos derechistas durante su estancia en la zona republicana.114 Paralelamente, aquellos que defendieron sin fisuras su expulsión trataron de imponerle una sanción que, dado el alto cargo que ocupaba en la institución, pudiera ser empleada como castigo ejemplarizante. Para ello lo acusaron de ser, como instigador intelectual, uno de los «mayores causantes del furor y odio revolucionario que sumergió a casi toda la provincia de Huesca en una sistemática criminalidad y destrucción», así como de ser «un mal funcionario, permanentemente ausente de sus deberes municipales», y aseguraron que su readmisión representaría «un escarnio para tantos hogares enlutados».115 Finalmente, la propuesta de expulsión definitiva realizada por el concejal instructor fue rechazada tras votar en su contra seis de los once concejales presentes en el Pleno.116 No obstante, si el acuerdo entre los seis gestores fue total en lo que hacía referencia a la continuidad del encartado en su puesto de trabajo, no ocurrió lo mismo a la hora de decidir la pena alternativa que debía serle impuesta. José Gil Cávez era partidario de sancionar al oficial primero de administración con tres meses de suspensión de empleo y sueldo, pero ningún otro miembro del Pleno apoyó su moción por considerarla excesivamente benigna.117 Algo mayor fue la sanción que propusieron Adolfo Maza Ubieto y Justo Pérez Arnal, para quienes el encausado debía ser suspendido de empleo y sueldo durante un año. El voto en contra de Agustín Soler Chías impidió que la moción fuese aprobada.118 Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo satisfactorio, fue el mismo Agustín Soler Chías quien planteó a los miembros de la Corporación que se castigara al expedientado con dos años de suspensión de empleo y sueldo, iniciativa que en última instancia fue aprobada por el voto a favor de seis de los allí presentes.119 El rechazo de su propuesta, tras el cual abandonó el salón de plenos en un intento de presionar a la Corporación para que rectificara la decisión tomada,120 junto con la aprobación de una pena que él consideraba irrisoria, hizo que Tormo Cervino tratara de aprovechar tanto «la complejidad de normas legales en la tramitación de expedientes de depuración de personal» como la «diversidad de

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opiniones expresadas por los señores gestores municipales para el acuerdo de sanción respecto al funcionario Lacasa Escartín» con el objetivo de plantear «que el expediente de depuración de Lacasa Escartín sea trasladado al Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia para que previo su informe y dictamen se eleve al Ministerio de la Gobernación para la definitiva solución por este organismo del expediente objeto de esta propuesta».121 Pese a entender que la Corporación había «procedido en justicia», el Pleno acordó por unanimidad la propuesta del concejal instructor dejando claro la presidencia que ello se hacía «para tranquilidad de todos».122 Tres meses después de alcanzar este acuerdo, el 18 de octubre de 1939,123 el Ayuntamiento de Huesca recibió la comunicación por la que el gobernador civil de la provincia daba traslado a la decisión que había tomado el Ministerio de la Gobernación en relación con el expediente de depuración de José María Lacasa Escartín. La carta estaba firmada por el subsecretario de la Gobernación y, tras una amplia exposición de motivos, concluía diciendo que «en el caso de que se trata es indudable la injusticia notoria entre la sanción impuesta por el acuerdo municipal y la que los hechos expuestos merecen, no solo por la gravedad contenida en ellos sino por las circunstancias personales que concurren en el encartado», de tal manera que consideraba oportuno imponer a dicho funcionario la pena más grave, es decir, «la propuesta por el juez instructor».124 El oficial primero de administración del Ayuntamiento oscense fue inmediatamente destituido. La resolución definitiva del expediente permitió dejar atrás la división del Pleno Municipal, pero no logró subsanar el enfrentamiento personal que a su abrigo surgió entre el presidente de la Corporación, José María Lacasa Coarasa, y Juan Tormo Cervino, una pugna motivada fundamentalmente por la ausencia del primero —que alegaba que no quería que su parentesco familiar con uno de los encartados «pudiera pesar o influir en la resolución de aquel caso»— de todas las sesiones que el Pleno dedicó a tratar el tema de las depuraciones.125 Ante esta situación, y a pesar de la «absoluta adhesión a los acuerdos recaídos sobre sanciones al personal expedientado»126 mostrada por el alcalde, Juan Tormo Cervino se manifestó contrariado desde un principio por entender que de ese modo el primer edil privó a la Corporación de «su asistencia en esta hora amarga de la depuración en la que […] hubiera puesto a contribución sus dotes de letrado».127

La tensión entre ambos aumentó cuando, a raíz de ser rechazada por el Pleno su propuesta de expulsión, el concejal instructor puso su cargo a disposición del gobernador civil128 y propuso al Concejo que el expediente fuese finalmente resuelto por el Ministerio de la Gobernación y no por el Ayuntamiento oscense. Ello provocó que, en la sesión mantenida por el Pleno el 19 de julio de 1939, José María Lacasa Coarasa abroncara a Tormo Cervino ante el resto de los gestores por entender que con su actitud no había logrado sino complicar un asunto que «debió resolverse cordialmente, sin tensión de ninguna clase, en el seno de la Corporación». Ante estas acusaciones, Tormo Cervino no solo no guardó silencio, sino que respondió de forma contundente afirmando que ya habían pasado los tiempos de «mayorías y minorías debiendo ser las corporaciones un todo armónico respondiendo a la unidad del Estado rector».129 Ese Nuevo Estado convirtió a los representantes de los poderes locales en simples administradores periféricos, de tal manera que, aunque restauró la defensa de sus intereses e incluso recuperó a algunos de sus más genuinos representantes en el seno de la Corporación municipal oscense, les arrebató el poder que habían ostentado en épocas anteriores, cuando ejercieron como mediadores entre el poder central y los municipios que dirigían. Todos aceptaron esta situación, unos porque creían en ese nuevo modelo, otros porque antepusieron la defensa de sus intereses y sus valores que les garantizaba la dictadura a sus ambiciones políticas; sin embargo, para algunos de ellos esta fue sin duda una amarga lección. Entre todos estos gestores hubo quienes, sin ocupar puestos importantes en la Corporación y con unos ideales realmente falangistas, trataron de impulsar algunas medidas concretas dirigidas a cubrir con una pátina nacionalsindicalista la fachada de lo que por aquel entonces seguía siendo el centro de representación de los intereses agrarios de la capital altoaragonesa.130 A esta operación de maquillaje simbólico habría que atribuir la propuesta de los concejales José Gil Cávez y José Atarés Ara de homenajear a los participantes oscenses en la División Azul,131 la iniciativa de la presidencia —aceptada por el Pleno— de hacer constar en todos los documentos municipales de carácter oficial el membrete «Ayuntamiento Nacional-Sindicalista de Huesca»132 y el acuerdo municipal de que «las banderas del Movimiento figuren unidas a la nacional, cuando haya de fijarse esta en la casa consistorial».133

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Sin embargo, pese a que este tipo de medidas siempre recibieron el apoyo unánime de todos los gestores, cuando tuvieron que ser ellos mismos, a título personal, quienes las adoptasen se hizo evidente la poca raigambre del nacionalsindicalismo entre la mayoría de los miembros de aquella Corporación. En este sentido, no pudieron ser más certeras las palabras de Blas del Cerro, quien en febrero de 1941, hablando con el delegado nacional de Provincias sobre la actitud de muchos de los nuevos falangistas que habían llegado al Partido tras el inicio de la guerra, comentó: «aunque han aceptado nuestros signos externos, nuestros gritos, nuestro uniforme y nuestro saludo y hasta se les oye sentar afirmaciones inspiradas en un falangismo muy a su modo, tienen una visión deformada del Movimiento, cuyo profundo sentido, su auténtica razón, su dogma y su propósito no comparten en el momento en que, en el plazo de las relaciones prácticas, deben tomar decisiones. La concepción que tienen de los problemas más palpitantes es la que se acomodaba perfectamente a otras épocas fracasadas y fatigadas que dieron lugar a que la Falange irrumpiera en la vida pública española».134 Uno de los casos más representativos de la frialdad con la que muchos de los gestores de la Corporación oscense vivieron los ideales nacionalsindicalistas fue el de Pedro Mallada Gosá. Este propietario oscense, «dueño de varias fincas de no poco valor», llegó a la institución municipal con sesenta y siete años en diciembre de 1936, cuando Mateo Estaún Llanas se hizo cargo de la alcaldía. Hombre de profundas convicciones derechistas y defensor de los intereses agrarios de la provincia, su afiliación a la Falange ha de interpretarse al calor de las supuestas prebendas que los miembros de dicha organización recibirían en la España de la cruzada primero y de Franco después, aunque huelga decir que su compromiso con la causa no fue nunca más allá del mero pago mensual de la cuota. Con el paso de los años comprobó que el poder efectivo radicaba en el gobernador y que era posible disfrutar de la victoria cultivando las relaciones personales con él, así que decidió darse de baja del Partido alegando que no podía pagar la cuota mensual de una peseta, al igual que lo hicieron setenta y ocho altoaragoneses más.135 Cuando Blas del Cerro, jefe provincial del Movimiento, se enteró de la maniobra del gestor montó en cólera y exigió al gobernador civil Antonio Mola su destitución inmediata calificándolo de «íntimamente ligado con los antiguos dirigentes

de la provincia de la política de derechas y por lo tanto enemigos de nuestra Falange» y afirmando que «no es por su situación económica por lo que se da de baja sino por la enemistad de toda esta gente hacia nuestra Organización».136 Espoleado por Blas del Cerro, el gobernador civil envió un oficio al Ayuntamiento el 17 de abril de 1940 para pedir explicaciones sobre el asunto al inculpado. Ante el requerimiento del alcalde, Pedro Mallada declaró que su baja de FET-JONS estaba motivada «por el sacrificio que le suponía el cotizar», pero que nada tenía que ver con una «falta de adhesión ni compenetración absoluta con el Glorioso Movimiento Nacional», al que había prestado «desde su iniciación la más entusiasta colaboración». No obstante, vista la reacción que su decisión provocó en el jefe provincial de la Falange, el propietario oscense volvió a darse de alta en el Partido el 18 de abril de 1940.137 Con todo, este no fue el único ejemplo del poco interés que la gran mayoría de los miembros del Pleno, hombres interesados en la defensa de los valores tradicionales del orden, la religión, la propiedad y la jerarquía, y por tanto contrarios a los postulados de la Falange, tuvieron en apoyar con su ejemplo la causa nacionalsindicalista. En abril de 1945 el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento Manuel Pamplona Blasco se vio obligado a remitir al Ayuntamiento una carta en la que recordada a todos los gestores su obligación de «usar el uniforme del Movimiento en todos los actos oficiales públicos salvo aquellos casos en que se haya convenido de antemano no hacerlo, por acuerdo de otras autoridades superiores».138 A decir verdad, en aquella fecha ya habían comenzado los tiempos difíciles para FET-JONS. Con la eliminación de los fascismos de la faz de la tierra solo pendiente de la firma, y con Franco dispuesto a perpetuar su poder omnímodo a cualquier precio, la Falange comenzó a pensar en sobrevivir y mantener las prebendas conseguidas al calor de la Guerra Civil y los vientos fascistas que soplaron en Europa hasta entonces, más allá de las bravuconas y hueras cantinelas continuamente reiteradas sobre la revolución pendiente, la cruzada, la sangre de los muertos o el providencialismo encarnado en el Caudillo. Por su parte, el Ayuntamiento, con la Ley de Bases de Régimen Local casi a punto de ser aprobada, se preparaba para iniciar, junto al resto de las Administraciones públicas, el camino hacia la institucionalización del Estado, aunque para ello todavía tendrían que pasar algunos años de incertidumbre, hambre y miedo.

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La lucha por la supervivencia (1945-1949) El ostracismo internacional La victoria de las democracias y la Unión Soviética sobre las potencias del Eje redujo a cenizas el orden político surgido en el Viejo Continente bajo la tutela de la Alemania nazi y la Italia fascista, que se había basado tanto en el rechazo de las primeras como en el combate radical contra la segunda. En aquella nueva Europa posterior a mayo de 1945, donde la lucha contra el fascismo se convirtió en el principal leitmotiv del esfuerzo de la guerra y la victoria sobre él en un motivo de orgullo colectivo, el régimen del general Franco, cuyo origen estaba inextricablemente ligado a las potencias que acababan de ser derrotadas, se convirtió en una antigualla situada en un entorno hostil. Para entonces, en todo el mundo occidental, especialmente en Francia y Gran Bretaña, la prensa y la opinión pública democrática comenzaban a expresar con dureza su repudio del franquismo y su deseo de acabar con él adoptando medidas efectivas. Las malas noticias para el Caudillo no tardaron en llegar y se fueron sucediendo en un lento goteo mensual que hizo titubear a muchos de sus partidarios, especialmente a los falangistas, que, viendo que su mundo se venía abajo, temían que Franco les abandonara a su suerte. El 19 de junio de 1945 la Conferencia de San Francisco aprobó sin oposición una propuesta mexicana que vetaba expresamente el ingreso de la España franquista en la ONU. Al mes siguiente los laboristas obtuvieron una victoria abrumadora en las elecciones generales británicas, lo cual aumentó las expectativas de que el régimen español fuera castigado con sanciones económicas y diplomáticas para forzar su caída. Finalmente, el 2 de agosto de 1945, al término de la Conferencia de Potsdam, Stalin, el nuevo presidente norteamericano, Truman, y el primer ministro británico Attlee emitieron una declaración conjunta sobre la «cuestión española» en la que, aludiendo a la vinculación del régimen español con las potencias del Eje, lo condenaban al ostracismo internacional. Dejando a un lado la hostilidad de los vencedores de la II Guerra Mundial, a finales de 1945 Franco también se vio amenazado en el interior del país. Por

un lado, desde que don Juan de Borbón hizo público el Manifiesto de Lausana, el 19 de marzo de 1945, sus partidarios habían comenzado a abrigar seriamente la posibilidad de una restauración de la monarquía borbónica. El hijo de Alfonso XIII, confiando en el apoyo de las potencias occidentales a sus pretensiones, había optado por romper formalmente con el franquismo mediante la publicación de la citada proclamación. En ella vinculó el régimen existente en España con las formas de gobierno y las ideas defendidas tiempo atrás por los países del Eje, afirmando que tal cosa era incompatible con los principios de los vencedores y comprometía el futuro del país, por lo cual, «sin levantar la bandera de la rebeldía», solicitaba a Franco su retirada voluntaria en beneficio de la vuelta de la monarquía.139 Por otro lado, la derrota del Eje permitió regresar a España a muchos maquisards españoles que habían tenido un papel clave en la resistencia francesa. Esto reactivó en cierta medida la oposición de los republicanos derrotados, quienes, pese a tener una capacidad combativa muy mermada como consecuencia del hambre y las dificultades para conseguir tanto trabajo como salvoconductos que les permitiesen viajar o certificados de lealtad política, consiguieron comenzar a organizar a finales de 1945 una guerra de guerrillas a gran escala contra el régimen en el norte y en el este. Dominado por los comunistas, pero contando también con socialistas y anarquistas, el llamado maquis español amenazó al régimen hasta 1947 y no fue enteramente erradicado hasta 1951. Ante esta difícil situación, que interpretó como un asedio, Franco se dispuso a resistir de forma numantina, presto como estaba a no abandonar el poder que la victoria en la Guerra Civil le había proporcionado. Para ello no dudó en acceder tanto a realizar algunos cambios que le permitieran neutralizar a la oposición monárquica y ganar tiempo ante sus enemigos exteriores como a reprimir brutalmente a la oposición de izquierdas. Sus expectativas de supervivencia al frente del Estado surgían de su convicción de que una alianza entre las democracias y la Unión Soviética era una monstruosa aberración. La única táctica posible para él era la de aguantar el ostracismo internacional hasta que cristalizara el antagonismo natural entre los bloques comunista y capitalista. Entonces las ventajas geopolíticas de España y su firmeza anticomunista comprarían el perdón de su pecado original y permitirían su entrada en el bloque occidental.

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Frente al maquis el Caudillo reaccionó manteniendo al régimen en pie de guerra, reavivando entre sus partidarios la memoria y los odios de la Guerra Civil y sin titubear ni un ápice a la hora de evacuar áreas enteras para llevar a cabo tácticas de tierra quemada. El encarcelamiento, la tortura y el exilio se cobraron un monstruoso número de víctimas e hicieron del miedo la forma de vida de los que se oponían al dictador. En este sentido, a nadie puede sorprender el hecho de que el 45 % del presupuesto del Estado para 1946 estuviera dedicado al aparato de represión: Policía, Guardia Civil y Ejército.140 La respuesta del Generalísimo a la oposición monárquica tuvo que ser necesariamente más refinada y prudente, habida cuenta de su implantación entre el generalato, la aristocracia y los altos sectores de la élite política, económica, social y cultural del país y del propio régimen. En un claro gesto dirigido a ganar su lealtad, el 17 de junio de 1945, en un discurso ante el Consejo Nacional del Movimiento al que ya me he referido anteriormente, Franco anunció que España se constituiría en reino tras un periodo de adaptación. Ante aquellas palabras los miembros del órgano de representación del Partido Único allí presentes quedaron estupefactos, aunque pronto sonrieron, aliviados y satisfechos, al escuchar a su líder decir que aquello se haría sin renunciar al legado de la victoria en la Guerra Civil. Es decir, el Generalísimo pensaba cambiar el nombre de su régimen por el de reino, pero sin alterar su sustancia y autoproclamándose regente vitalicio. Por otro lado, el dictador explotó muy hábilmente la conocida división monárquica entre juanistas y colaboracionistas con reiteradas advertencias sobre el peligro del regreso vengativo de los republicanos y mediante una sagaz y bien medida política de concesiones aparentes tras las cuales no había otro objetivo que su clara su voluntad de permanecer en el poder a toda costa. Con el fin de mejorar la imagen del régimen y satisfacer, aunque fuera mínimamente, la sensibilidad democrática de los Aliados, Franco se dispuso a iniciar una desfascistización que, sin reducir un ápice su poder, le permitiera cambiar, al menos de forma aparente, la fachada de su dictadura. De este modo, el 17 de julio de 1945 se aprobaron tanto el Fuero de los Españoles como la Ley de Bases de Régimen Local, y al día siguiente se remodeló el Gobierno con las principales novedades del nombramiento de Alberto Martín Artajo, hasta aquel momento presidente de la Acción Católica Española, como ministro de Asuntos Exteriores y la visible

pérdida de peso político de FET-JONS. Posteriormente este proceso fue completándose con un rosario de medidas como la abolición del saludo fascista el 11 de septiembre, la retirada de las tropas españolas de Tánger —la única conquista territorial española durante la II Guerra Mundial— siete días después y, finalmente, la aprobación de la Ley del Referéndum el día 22 del mes siguiente. La docilidad de la Falange ante el claro abandono para siempre de su querida revolución revela el temor que atenazaba a los partidarios más cercanos a Franco. Las tendencias fascistas demostradas entre 1936 y 1945 fueron sencillamente sustituidas por una fachada monárquica, un engaño que en cualquier otro contexto que no fuera el de la Guerra Fría habría resultado risible. Sin embargo, el hecho de que dejara de estar en el primer plano no quiere decir que la Falange desapareciese o que Franco hubiera siquiera pensado en ello. A decir verdad, pese a que católicos como Martín Artajo e incluso falangistas como Serrano Suñer pidieron el licenciamiento de la Falange, este jamás se produjo. Franco comprendió muy pronto que desmantelar el Partido Único le habría creado dos importantes problemas: por un lado, habría necesitado pensar qué hacer con los cientos de miles de parásitos que vivían del Movimiento y su extensa burocracia, que no estaban dispuestos a perder la victoria, es decir, sus puestos de funcionarios o instructores, o bien las ventajas que su militancia falangista les proporcionaba; por otro, era plenamente consciente de que la disolución de la Falange daría paso a una amplia gama de grupos de oposición. Al contrario, conservar el Movimiento significaba retener un gigantesco aparato de personas que sabían que su existencia estaba amenazada, que no tenían otro sitio al que ir y que, por lo tanto, prestaban una lealtad incondicional al Caudillo. Al no hacer nada, este consolidó el ferviente apoyo de cientos de miles de falangistas. De este modo, la continuidad del aparato burocrático e institucional de la Secretaría General del Movimiento, con toda su cohorte de sueldos, privilegios y situaciones excepcionales, aunque sus actividades y su capacidad económica se redujeran, constituyó, junto con la sumisión de sus miembros y su disposición a defender causas en las que no creían, un elemento fundamental para la estabilidad del sistema durante estos años. Solo así fue posible contar con el personal necesario tanto para mantener la Administración periférica y el aparato de encuadramiento como para hacer frente a una serie de retos políticos del régimen

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en los que FET-JONS tuvo un papel relevante —la organización de las elecciones municipales, la movilización pública ante el aislamiento internacional, la preparación del referéndum sobre la ley de sucesión en 1947, la colaboración en la lucha contra la guerrilla, etcétera—, además de servir de pararrayos ante la creciente hostilidad de una población sumida en la miseria que veía cotidianamente como los beneficios de estraperlistas y especuladores no dejaban de crecer.141 Soltar amarras fascistas e izar las velas del catolicismo y el anticomunismo sobre los mástiles del Estado sin que los vientos de la Guerra Fría soplaran todavía con fuerza no reportó grandes beneficios a la dictadura en el contexto internacional. En realidad, a lo largo de 1946 el rechazo hacia el régimen no hizo sino aumentar en la mayoría de los países occidentales. En este sentido, el ostracismo propiamente dicho se inició el 28 de febrero, cuando el Gobierno francés decidió cerrar su frontera con España como medida de protesta por las ejecuciones de varios guerrilleros que habían combatido por la liberación del país galo durante la II Guerra Mundial. Seis días después, a raíz de estos hechos, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, con la Unión Soviética ya al margen, realizaron una declaración conjunta en la que expresaron su más absoluto repudio del franquismo. Sin embargo, en aquel comunicado las tres grandes potencias de Occidente ya dejaron entrever los límites de su beligerancia contra la dictadura de Franco al hacer patente su voluntad de no intervenir en los asuntos de España y animar a los propios españoles a que fueran ellos quienes encontraran el modo de hacer que el Caudillo abandonase el poder. Finalmente, como colofón a meses de intensas negociaciones, el 12 de diciembre de 1946 la Asamblea General de la ONU decidió por mayoría absoluta excluir a España de todos sus organismos técnicos y recomendar a sus miembros la inmediata retirada de todos los embajadores acreditados en Madrid. Esta medida, que nunca aplicaron el Vaticano, Portugal, Irlanda, Suiza y Argentina, fue la sanción más extrema que estuvieron dispuestos a aceptar los Gobiernos estadounidense y británico, e incluso el francés, los cuales, a diferencia del de la Unión Soviética, ante la alternativa de soportar a un Franco inofensivo o provocar en España una desestabilización política de incierto desenlace (guerra civil, expansión del comunismo…), resolvieron aguantar su presencia como un mal menor e inevitable. Ante la imposibilidad de aplacar las críticas internacionales contra su régimen, Franco decidió utilizarlas en su favor. Consciente como era de la larga tradición

española de recuperación de la unidad nacional en situaciones de intervención extranjera sobre el suelo patrio, el Caudillo trató de presentar las citadas reprobaciones como obra de una conspiración masónico-comunista empeñada en destruir España. En este sentido, la maquinaria propagandística del Estado trabajó frenéticamente para convencer a los españoles, mediante una serie de esperpénticos argumentos que no obstante resultaron eficaces, de que eran víctimas de un «bloqueo internacional» al cual se achacaron las desastrosas consecuencias de la autarquía y, en general, la casi totalidad de los fallos de la dictadura. La Falange y sus secciones jugaron un papel muy importante en la campaña propagandística que presentó al Generalísimo como el gran líder de una España sitiada. Por un lado, las críticas internacionales dirigidas contra ella permitieron a la dictadura capitalizar el sentimiento de ofensa y el resentimiento de la ciudadanía por la «injerencia extranjera». Por otro, fueron las secciones más combativas del aparato falangista, especialmente el Frente de Juventudes y el Sindicato Español Universitario, los principales promotores de las movilizaciones de apoyo al jefe del Estado que ya desde inicios de 1946 se dieron por toda España. Las ceremonias se concibieron como una desafiante demostración ante el mundo de la fuerza del apoyo popular e institucional con que contaba Franco y tuvieron uno de sus puntos álgidos el 1 de abril de 1946, en el desfile anual organizado por el Movimiento en la plaza de Oriente para conmemorar la victoria de los rebeldes en la Guerra Civil. Aquel acto, al igual que el organizado el 1 de octubre del año anterior con motivo del noveno aniversario del ascenso del militar gallego al poder, fue multitudinario y concluyó con la aparición del Caudillo en los balcones del Palacio Real para recibir los vítores de los allí presentes. Al margen de los actos de protesta y los diversos intentos de maquillar la verdadera cara del régimen, la diplomacia franquista trató de paliar en lo posible el ostracismo al que estaba siendo sometido el país mediante la puesta en marcha de unas «políticas de sustitución» dirigidas a recabar y obtener el apoyo de los círculos católicos y anticomunistas en todo el mundo. El éxito más importante cosechado por esta estrategia fueron sin duda los acuerdos firmados con la Argentina del general Perón, que proporcionaron al Estado español lo que Alberto Martín Artajo definió muy gráficamente como un importante «espacio para respirar».142 En puridad, la ayuda del dictador populista argentino fue decisiva para

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Franco, puesto que le permitió superar este periodo, especialmente entre julio de 1947, cuando España fue excluida del Plan Marshall, y el cambio de actitud de los Estados Unidos hacia el régimen del 18 de julio. El pacto entre ambos Estados se alcanzó el 30 de octubre de 1946, y gracias a él España se aseguró la venta a crédito de trigo hasta 1951. Con todo, la ayuda argentina a la dictadura española no se quedó en la simple venta de cereales. En realidad el país latinoamericano proporcionó a Franco una importante colaboración política y diplomática, puesto que no solo defendió la posición de España ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, sino que, desoyendo sus recomendaciones, envió un nuevo embajador a Madrid, Pedro Radío, que fue recibido con manifestaciones organizadas y una eufórica cobertura de prensa. De cualquier modo, una propaganda aún más espectacular se obtuvo de la visita a España de la fascinante María Eva Duarte de Perón, Evita, en el verano de 1947. Sin duda el jefe del Estado español habría preferido recibir al propio Perón, pero este, como indicó en su momento Paul Preston, o bien «era demasiado astuto para asociar más su persona a la de Franco, que era odiado en gran parte de América Latina, o bien demasiado cauteloso para arriesgarse a una ausencia prolongada de Buenos Aires». De todos modos, el Caudillo «deseaba lo bastante la visita y la publicidad subsiguiente para acceder a aquella pantomima».143 Aunque el conjunto de medidas tomadas por Franco a lo largo de 1945 y con posterioridad fue desactivando gradualmente la presión monárquica y militar a favor de don Juan, el traslado de este desde Suiza a Estoril en febrero de 1946 reavivó la actividad del monarquismo en España. De hecho, la llegada del pretendiente a Portugal fue recibida por los juanistas con una carta de bienvenida firmada por no menos de cuatrocientos cincuenta y ocho miembros de la élite política, incluidos dos exministros. Este suceso causó honda preocupación en Franco, cuya primera intención fue aplastar a los signatarios con mano dura. Por suerte para él, Carrero Blanco lo convenció de que una acción de esas características solo empeoraría las cosas de cara a la comunidad internacional y lo instó a sacar provecho del apoyo popular obtenido en las diversas manifestaciones realizadas durante ese año por toda España institucionalizando su régimen en una monarquía sin rey pero con regente vitalicio y «aplicándole después un barniz de legitimidad “democrática” con la celebración de un referéndum».144

La redacción de la crucial Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado fue completada por Carrero en mayo de 1947, y en ella se establecía que fuese Franco quien nombrase a su propio sucesor regio. «La idea central era que las “insuficiencias biológicas” de cualquier monarca hereditario podrían ser neutralizadas si Franco permanecía como jefe del Estado y el rey quedaba sujeto al asesoramiento de un Consejo del Reino compuesto por figuras leales del Movimiento y controlado por Franco. El Caudillo sabía que era incluso más sencillo no restaurar la monarquía mientras él viviera».145 Franco sometió a referéndum la Ley de Sucesión el 6 de julio de 1947, justo cuando el horizonte internacional comenzaba a despejarse claramente a su favor y mayor eco podía tener el constitucionalismo cosmético en curso. No obstante, antes de la celebración de la votación, en un claro acto de lealtad a su jefe político, el Partido Único se encargó de dejar convenientemente preparado el censo de votantes. Para ello, siguiendo las instrucciones que recibió a tal efecto, eliminó de las listas, quitándoles con ello el derecho al voto, a todos los que estuvieran cumpliendo condenas o fueran considerados desafectos e hizo las gestiones necesarias para que aparecieran en ellas la mayor cantidad posible de militantes y simpatizantes de FET, los cuales, evidentemente, votarían de forma afirmativa. Como resultado de estas medidas y de la fuerte propaganda oficial, la ley fue aprobada por una mayoría tan aplastante como dudosa, puesto que votaron a favor el 93 % de los votantes y el 82 % del censo electoral. La victoria de Franco arrebató la iniciativa a don Juan, redujo sustancialmente su margen de maniobra y acentuó la división entre la mayoría colaboracionista, con el conde de Ruiseñada al frente, y la minoría juanista, representada por Gil Robles y Sainz Rodríguez. A partir de aquel momento el pretendiente fue convenciéndose del fracaso de su política de presión sobre el Generalísimo para forzar la restauración. El clima internacional de la Guerra Fría, junto con la parálisis en octubre de 1947 de las negociaciones entre socialistas (Prieto) y monárquicos (Gil Robles) para formar un frente unido opositor, decidieron al hijo de Alfonso XIII a cambiar de estrategia. Apreciando la debilidad de su posición, este accedió a la petición del jefe del Estado de entrevistarse con él en su yate Azor el 25 de agosto de 1948. El único resultado concreto de aquella entrevista fue una nueva muestra de la frágil situación de Juan de Borbón, quien acabó aceptando la demanda de Franco para

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que su hijo y heredero dinástico, el príncipe Juan Carlos, fuese educado en España bajo su supervisión y su tutela directa. Con la oposición monárquica controlada y el maquis prácticamente reducido a cenizas, Franco esperó pacientemente que la intensificación del conflicto latente entre la Unión Soviética y sus antiguos aliados occidentales le sirviese en bandeja de plata la oportunidad de salir del incómodo, pero no mortal, ostracismo —que jamás fue un bloqueo en sentido estricto—. En este sentido, tras las tensiones que durante 1946 surgieron entre la Unión Soviética y Estados Unidos en torno a la espinosa cuestión de la fijación de las nuevas fronteras y la determinación del régimen político que habría de implantarse tanto en Alemania como en Polonia, el horizonte comenzó a abrirse para el franquismo a lo largo de 1947. El 12 de marzo de aquel año Truman anunció públicamente ante el Congreso de Estados Unidos el propósito estadounidense de ayudar a Grecia y Turquía en su lucha contra la guerrilla comunista y la presión soviética, formulando la llamada doctrina Truman de contención de la expansión del comunismo en todo el mundo. Dos meses después, en mayo, los estrategas militares del Pentágono comenzaron a presionar a su Gobierno para que normalizara las relaciones con España a fin de poder integrar la península ibérica en los planes de defensa de Europa Occidental ante un hipotético ataque soviético desde Alemania. Al mes siguiente el secretario de Estado estadounidense George Marshall anunció en un discurso pronunciado en Harvard la puesta en marcha de un plan para la reconstrucción económica de Europa. El Plan Marshall favoreció la supervivencia del régimen franquista, pese a que fue excluido de él, ya que la negativa de Moscú a permitir que las naciones de Europa Oriental dependientes de la Unión Soviética aceptaran esa ayuda fue un paso decisivo hacia la división de Europa en dos bloques, partición que implícitamente aumentaba el valor estratégico de España para Occidente. A mediados de julio de 1947, a pesar de su total escepticismo respecto a la validez democrática del referéndum recientemente celebrado en España, las políticas oficiales de Gran Bretaña y Estados Unidos comenzaron a reflejar una creciente aceptación por parte de dichos Estados de que Franco continuaría en el poder. En octubre el Departamento de Estado de Estados Unidos también asumió la necesidad de modificar su política de aislamiento frente a España, tanto por cuestiones estratégicas como por el fracaso de las presiones realizadas para derribar pacíficamente a Franco.

En consecuencia, el representante de ese país en la Asamblea General de la ONU celebrada en noviembre de 1947 se opuso con éxito a la reafirmación de la condena del año anterior y al aumento de las sanciones a la dictadura española. Con el contexto favorable originado por la Guerra Fría comenzó la progresiva rehabilitación occidental de la dictadura de Franco. Uno de los principales síntomas fue la decisión del Gobierno francés de proceder a la reapertura de su frontera con España, que tuvo lugar el 10 de febrero de 1948, y a la firma, tan solo tres meses más tarde, de un acuerdo comercial y financiero hispano-francés. Posteriormente, tanto Gran Bretaña como Estados Unidos secundaron esta política de establecimiento de relaciones bilaterales con el Caudillo, cuya percepción de que las potencias occidentales ya no estaban tan seriamente interesadas en desplazarlo se vio intensificada cuando el 24 de junio de 1948 Stalin ordenó a sus tropas que bloquearan todos los accesos a Berlín Occidental. Esta fuerte crisis entre la Unión Soviética y los países democráticos provocó además la consolidación del apoyo al Generalísimo entre los españoles moderados que, sin sentir afecto alguno por él, creían que no era el momento de iniciar un cambio de régimen y desestabilizar a España. A lo largo de estos tres años de incertidumbre y miedo para muchos y esperanza para otros, Franco trató de sobrevivir en un mundo que le era hostil convencido de que, si lograba aguantar hasta el estallido del conflicto —que él consideraba inevitable— entre la Unión Soviética y las potencias democráticas, la posición geoestratégica de España, su acendrado catolicismo y su demostrado anticomunismo permitirían su reingreso en la comunidad internacional. Durante aquellos años, a pesar de las diferentes medidas que tomó para tratar de lavarle la cara a su dictadura, no escatimó esfuerzos por mantener su orden y la unidad en torno a su persona en el interior del país, para lo cual aplastó sin compasión a la oposición de izquierdas organizada alrededor del maquis y desarticuló hábilmente la alternativa que representaba don Juan. Esta política de consolidación del poder no se limitó exclusivamente a las altas esferas del Estado, sino que llegó a las provincias muy pronto a través de la Ley de Bases de Régimen Local aprobada en julio de 1945. Este texto legal no hizo sino consolidar la dependencia de las Administraciones locales y provinciales respecto al Estado central, a la vez que estableció un nuevo sistema de renovación de

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concejales a través de elecciones corporativas que, sin embargo, no se celebraron hasta finales de 1948, cuando, con el príncipe Juan Carlos en España y el apogeo de la Guerra Fría en el exterior, Franco supo que su permanencia en El Pardo era ya mucho más segura.

El Pleno Municipal en tiempos difíciles El martes 10 de diciembre de 1946 amaneció frío y ventoso en Huesca. A pesar de ello, desde primeras horas de la mañana varios grupos de militantes falangistas fueron congregándose en el centro de la capital altoaragonesa entonando cánticos e himnos patrióticos al compás de los acordes que sonaban con fuerza a través de los diferentes altavoces convenientemente instalados en varios puntos del Coso. Al igual que otros oscenses que se unirían a ellos por la tarde, estaban allí para mostrar su apoyo y su lealtad a Franco protestando contra las diversas medidas tomadas por la ONU para llevar a España a un obligado ostracismo internacional, que entendían como una intolerable injerencia de las Naciones Unidas en los asuntos de su país. Muchos de aquellos falangistas habían sentido miedo cuando, hacía algo más de un año, los ejércitos del Eje fueron derrotados por los Aliados. Desde entonces su descontento y su preocupación no habían hecho sino crecer, tanto por la escasa información que recibían de la Secretaría General con respecto a la situación en la que se encontraba el Partido como por los decretos que durante los últimos meses parecían presagiar «la disolución total de la Falange». Pese a todo, confiaban ciegamente en Franco, al que consideraban el «último bastión contra el terrible peligro que la amenaza comunista» suponía «para la humanidad entera». Por eso, y porque la gran mayoría de ellos no tenían donde ir si la Falange desaparecía, estaban en el centro de la ciudad antes que nadie, «para no dejar que nuestra patria caiga en poder de quienes únicamente podrían acarrear su ruina y sepultarla en el mismo caos en el que yacen no pocas naciones europeas».146 Algunas horas después, en torno a las cinco y cuarto de la tarde, los Porches de Galicia y sus alrededores estaban abarrotados por el enorme gentío allí congregado, por encima del cual podían leerse ya decenas de pancartas con lemas como «En mi casa mando yo», «Si no fuera por la URSS, que a todos da tanta guerra, solucionaría

la ONU más que la vaca lechera» o «La Organización Sindical está contigo, Franco, contra la ONU y contra quien sea». Entre la multitud se mezclaban «gentes de todas las clases sociales, ancianos y niños, sacerdotes, seminaristas y obreros, militantes, señoritas, colegios enteros, empleados de fábricas, oficinas, bancos, centros oficiales y particulares». No pocos de ellos eran monárquicos convencidos de que Franco había logrado estabilizar la situación del país y temerosos de que un posible regreso de los Borbones terminara conduciendo a corto plazo a una nueva república del Frente Popular. Otros, muy pocos en la ciudad y en la provincia, pensaban que lo mejor para que España fuese aceptada por los vencedores de la II Guerra Mundial era que Franco cediese su lugar a don Juan de Borbón. Estos últimos expresaban sus opiniones y sus deseos en tertulias privadas alrededor de una taza de café esperando, en palabras de Manuel Pamplona Blasco, que les fuera «servida con el mínimo esfuerzo la restauración de quien piensan ha de hacer la felicidad de ellos».147 Todos los allí reunidos para manifestarse eran, en opinión del periódico local, «gente honda, gente de buena fe, verdaderos hermanos, padres, hijos, verdaderos amantes de la paz sobre la tierra, del orden, del progreso, de la civilizción cristiana y católica en suma».148 Sin embargo, es seguro que formando parte de la muchedumbre habría algunos, bastantes, republicanos oscenses que habían vivido con esperanza los meses posteriores a la derrota del Eje y esperaban con ansia el final de la pesadilla que comenzó para ellos hacía ya más de una década. El paso del tiempo y la ausencia de señales aliadas de su interés por restaurar en España la legalidad conculcada el 18 de julio de 1936, más allá de un ostracismo internacional como mucho molesto, habían convertido su ilusión en pesimismo y ahora debían tragarse su identidad y, con la cabeza baja y la mirada perdida, fingir su integración en una sociedad y una cotidianeidad que intuían que sería duradera. Como mucho tenían que conformarse escuchando en sus casas emisoras de radio extranjeras, ávidos de noticias no filtradas por la censura franquista que luego comentaban a escondidas en la intimidad del domicilio de alguno de ellos.149 A las cinco y media en punto, y en dirección al Coso Alto, inició la marcha un profuso grupo de alumnos de la Escuela de Vuelo sin Motor que, cogidos del brazo de sus profesores, comenzaron a gritar «Franco, sí; comunismo, no», a lo que se unieron inmediatamente todos los manifestantes. Al llegar al edificio de Correos y Telégrafos, la turba se detuvo durante unos minutos al tiempo que arreciaban los

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vivas a España y al Caudillo y los mueras a los traidores. Una vez frente al edificio del Gobierno Civil, el grupo principal tuvo que esperar un tiempo hasta que la gran cantidad de personas que se desplazaban por la avenida del Generalísimo, hoy calle del Parque, alcanzaron el lugar donde culminaría la protesta. Sobre las seis menos cuarto el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento Manuel Pamplona Blasco, acompañado en el balcón principal del edificio por todas las autoridades de la ciudad y la provincia, se dirigió a los allí presentes. En su discurso, cargado de la retórica huera que durante aquellos años caracterizó todas las intervenciones de las jerarquías, la primera autoridad provincial arremetió duramente contra la «disparatada injerencia en los asuntos de España» de las potencias extranjeras, afirmando sin cortapisas que el régimen del Generalísimo era portador «de las únicas esencias que pueden remediar la desolación de la tierra». Interrumpido por los constantes vítores y aplausos, el turolense declaró que Franco, reflejo del alma patria, y los españoles formaban una unidad que la lealtad de estos hacia su líder convertía en indestructible. Aprovechando aquel ambiente de nacionalismo exacerbado, Manuel Pamplona no dejó pasar la ocasión de recordar a los asistentes, por si alguno lo había olvidado, que la legitimidad del régimen cuya independencia estaban defendiendo «no salió de unas elecciones amañadas, sino del plebiscito de un millón de muertos que quedaron tendidos en la tierra con los ojos abiertos». En su arenga el máximo representante provincial del Estado lanzó un duro aviso a navegantes en relación con uno de los asuntos que más les habían preocupado tanto a él como a las máximas autoridades de la dictadura desde 1944: la actividad, especialmente en los Pirineos, de aquellos a quienes ya todo el mundo conocía como maquis. Sin ningún tipo de duda, la zona fronteriza entre España y Francia constituyó durante todos los años cuarenta un auténtico quebradero de cabeza para los dirigentes franquistas, primero por el miedo a una posible invasión alemana o aliada durante la II Guerra Mundial y, una vez que las potencias aliadas obtuvieron la victoria, por la llegada de guerrilleros españoles que habían luchado junto a los vencedores y que ahora querían derribar a Franco al igual que lo habían hecho con Hitler. Tras fracasar en su intento de invadir el valle de Arán y establecer la capital de la República en Viella con el fin de forzar a los Aliados a intervenir en España a favor

de la democracia, los guerrilleros de la Unión Nacional Española decidieron adoptar la táctica de la infiltración con el objetivo introducir diferentes partidas de guerrilleros por todo el territorio nacional y reorganizar partidos y sindicatos de izquierdas en la clandestinidad. Para evitarlo y aplastar de forma contundente y ejemplar a los guerrilleros, Franco militarizó toda la zona fronteriza entre Francia y España, de manera que en la parte oscense hubo desde 1944 hasta el final de la década entre cien mil y ciento treinta mil hombres (militares, guardias civiles, brigada político-social y somatén) cuya única función era aniquilar la guerrilla y garantizar que la paz de Franco no fuera alterada. La fuerte presencia militar, junto con el cansancio y el miedo de una población sometida a una durísima posguerra, dificultó mucho los objetivos de la guerrilla, que acabó optando por tratar de destruir las bases económicas y sociales de la dictadura. A pesar de todo, durante la segunda mitad de 1946, coincidiendo con la creación de la Agrupación Guerrillera del Alto Aragón, el maquis cometió una gran cantidad de actos violentos, entre los que, además de los atracos a recaudadores estatales, la distribución de octavillas con propaganda o la realización de pintadas amenazantes en diferentes lugares, se incluyó el asesinato del alcalde de Salinas de Hoz y del teniente de alcalde de Arcusa. En ese contexto, el mensaje que Manuel Pamplona lanzó a los opositores ocultos en el monte fue de una claridad meridiana: «Ya sabrán los malhechores que acampan en el extranjero que son disparatadas y utópicas las aventuras pirenaicas, en cuyas escaramuzas mueren esos desventurados sin esperanza ni sentido: pero lo que nos interesa de verdad decirles, con una concreción escueta y rotunda, es que haría falta pisar por encima de veintisiete millones de cuerpos para poder pisar sobre veintisiete millones de almas».150 Finalmente, antes de que los excombatientes, los excautivos, los organizadores sindicales y el público en general se dispersaran tras haber mostrado su adhesión al Caudillo, tomó la palabra José María Lacasa Coarasa, alcalde de la ciudad. Con las banderas nacional y del Movimiento hondeando a su lado, el político oscense, que junto a la Corporación que presidía ya había mostrado su fidelidad al jefe del Estado en aquel asunto hacía tiempo,151 dedicó hondas palabras a la providencialidad del Caudillo, «que en momentos críticos de nuestra Patria, al conjuro de su llamada de trompeta, como la trompeta del Salmo, hizo levantar a los muertos, casi muertos de España, en la que se quería arrebatar nuestra civilización cristiana

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y occidental para suplantarla por otra asiática incompatible con nuestras tradiciones y manera de ser».152 Al margen de estos actos de masas y reafirmación patriótica a los que muchos acudían con el fin de mostrar su compromiso con la causa y otros, no pocos, intentando camuflar lo mejor posible un pasado que había que ocultar para seguir hacia adelante en aquella «paz incivil»,153 los oscenses no se prodigaron durante esos años en actos políticos que el propio régimen, menos cuando le interesaba, repudiaba y condenaba. Sin embargo, desde noviembre de 1945 existía entre los habitantes de la capital altoaragonesa una gran expectación con respecto a los procesos electorales por tercios de representación que la recientemente aprobada Ley de Bases de Régimen Local había fijado como sistema para elegir a los concejales de los Ayuntamientos.154 Esta nominación se realizaría por elección de los vecinos cabezas de familia, por votación de los organismos sindicales y por la elección que harían los concejales representantes de los dos grupos anteriores entre los miembros más relevantes de las entidades económicas, culturales y profesionales de la ciudad o, si no existiesen, entre vecinos de reconocido prestigio. Para la designación de este tercer grupo el gobernador civil propondría una lista de candidatos, al menos en número triple del de concejales que habrían de ser elegidos. Podían ser concejales los vecinos mayores de veintitrés años que supiesen leer y escribir, además de tener la condición de cabeza de familia para poder representar a los grupos familiares.155 No obstante, pese a lo que pueda parecer, aquella ley no hizo sino confirmar el control al que los entes municipales fueron sometidos desde el principio por la Administración central franquista a través del Ministerio de la Gobernación, puesto que, pese a establecer un sistema de elección de concejales —controlado siempre por el Estado, como trataré de mostrar más adelante—, la Ley de Bases de Régimen Local mantuvo la designación gubernativa de los alcaldes por parte del ministro de la Gobernación en ciudades de más de diez mil habitantes o capitales de provincia y por el gobernador civil para el resto de municipios. Además, su destitución, así como la de los presidentes de las diputaciones, quedó igualmente asignada al citado ministerio cuando se estimara conveniente por razones de interés público. Finalmente, para ser alcalde se requería ser mayor de veinticinco años y reunir «las debidas condiciones de idoneidad, competencia y arraigo en la localidad».156

Inicialmente la dictadura quiso que las primeras elecciones de carácter orgánico se llevaran a cabo en 1946157 y, con ese objetivo, en septiembre del año anterior ordenó a la Dirección General de Estadística, bajo la inspección de la Junta Central del Censo, y en relación con las juntas provinciales y municipales, «la formación y custodia del Censo electoral correspondiente a los vecinos cabezas de familia que ha de servir para la elección de una tercera parte de los concejales».158 Estos trabajos se realizaron con rapidez y a mediados de octubre el Pleno Municipal oscense conoció la noticia de que ya estaban finalizados,159 de modo que la Secretaría Local del Movimiento, junto con otras delegaciones, como las de Sindicatos o Información, pudo ponerse manos a la obra para «averiguar el nombre de los vecinos de la capital que por su situación interesaba fuesen incluidos o excluidos de las listas».160 Con todo, pese a las medidas adoptadas por las autoridades para garantizarse el control total del proceso, la complicada coyuntura política y económica, junto con el riesgo de que pudiera haber algún tipo de contestación, hizo que finalmente se decidiera posponer la llamada a las urnas para más adelante, cuando la situación y el propio régimen se hallaran completamente estabilizados.161 Ahora bien, aun cuando no se celebraron comicios municipales, el 4 de abril de 1946 fueron nombrados por el gobernador civil, tras ser aprobadas sus propuestas por el Ministerio del Interior el 29 de marzo, tres nuevos concejales que venían a cubrir los huecos dejados por la marcha de José Gil Cávez, que había dimitido en junio de 1943 para hacerse cargo de la presidencia de la Diputación Provincial de Huesca, y por la futura ausencia, a partir de agosto, de Juan Tormo Cervino, que recibió a finales de marzo la comunicación de su traslado al instituto de enseñanza media San Vicente Ferrer de Valencia.162 Los tres nuevos miembros del Pleno Municipal eran Daniel Ferrando Gosá, Jesús Sauras Barlés y Antonio Alamañac Fatás.163 A sus cuarenta y siete años Daniel Ferrando era un viejo conocido en el Ayuntamiento de la ciudad, ya que fue elegido concejal en la primera Corporación que hubo inmediatamente después del golpe de Estado y permaneció en ella hasta la reforma del Pleno de la que arranca este estudio.164 Aunque no ocupó ningún tipo de cargo político antes de la guerra, su proximidad a Acción Agraria Altoaragonesa era conocida por todos. Propietario de varias huertas importantes, en su casa se celebraron muchas de las juntas de la Comisión de Riegos del Sindicato del Pantano de Arguis, de la cual fue síndico entre su constitución, en abril de 1933,

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Autoridades en la procesión de San Lorenzo, posiblemente la de 1946. De izquierda a derecha, los tres primeros son Juan Tormo Cervino, el alcalde José María Lacasa y el gobernador civil Manuel Pamplona. (Foto: Vicente Plana)

y el estallido de la Guerra Civil, para posteriormente, desde el 8 de junio de 1937, ocupar su presidencia. Durante la guerra prestó servicios en las milicias de Acción Ciudadana como socio protector y, aunque no estaba afiliado al Partido, la Falange lo consideraba como una persona «de buena conducta moral, pública y antecedentes» además de «adicto al Glorioso Movimiento Nacional».165 Por su parte, el reputado procurador Jesús Sauras Barlés llegó al Consistorio municipal para ocupar por vez primera en sus cuarenta y tres años de vida un cargo de representación estatal. Carente de significación política alguna, cuando se produjo el golpe de Estado se alistó voluntariamente en las milicias locales, donde permaneció, cumpliendo con todas las tareas que se le asignaron, hasta que se incorporó al Ejército como brigada de caballería. Era, a todos los efectos, un español «de buena conducta».

Autoridades por el Coso Alto en la procesión de San Lorenzo de 1947. De izquierda a derecha, empezando por el segundo, Miguel Sancho Izquierdo, rector de la Universidad de Zaragoza; Manuel Tuero, gobernador militar; Manuel Pamplona, gobernador civil; Vicente Campo, alcalde, y José Gil Cávez, presidente de la Diputación Provincial. (Foto: Huesca Gráfica. Colección Vicente Campo Palacio. Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca)

Antonio Alamañac regentaba un conocido comercio de Huesca situado en la esquina de la calle Padre Huesca con el Coso Bajo y, pese a ser soltero, se le consideraba una persona de «moralidad intachable». Aunque no tenía antecedentes políticos anteriores al inicio de la guerra, todos veían en él un hombre de orden y de derechas. Por ello el 20 de julio de 1936 no dudó en alistarse de forma voluntaria en la milicia de Acción Ciudadana, donde, incluso cuando fue relegado a la segunda línea tras la unificación de las milicias, prestó todos los servicios que le fueron encomendados. A los cuarenta años era militante de FET y cumplía todos los requisitos necesarios para ocupar un lugar en la España de Franco.166 Para sorpresa de todos, Alamañac no asistió junto a sus dos nuevos compañeros a la sesión celebrada por el Pleno el 16 de abril de 1946,167 en la que debía tomar posesión de su cargo, ni tampoco a ninguna de las siguientes. Pese a la gravedad de lo sucedido, y por motivos que me ha sido imposible averiguar, el gobernador civil no tomó cartas en el asunto hasta casi un año más tarde, casualmente pocas

La construcción institucional de un ayuntamiento franquista (1938-1948)

Autoridades cofrades en la procesión de Semana Santa de 1947. En el centro, con el estandarte de la Archicofradía de la Vera Cruz, el alcalde Vicente Campo. El siguiente por la derecha (con hábito) es Ricardo del Arco. (Colección Vicente Campo Palacio. Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca)

semanas después de que José María Lacasa, que, como veremos, estaba implicado en lo ocurrido, presentara su dimisión.168 El abogado oscense fue sustituido provisionalmente por su amigo el primer teniente de alcalde Agustín Soler Chías, que se mantuvo al frente de la gestora durante algo más de un mes.169 El 20 de marzo de 1947 el director general de la Administración local propuso al ministro de la Gobernación tres candidatos para sustituir a Lacasa Coarasa al frente del Ayuntamiento altoaragonés, Vicente Campo Palacio, Fidel Lapetra Iruretagoyena y Mateo Estaún Llanas, y le recomendó la elección del primero de ellos. Al día siguiente Blas Pérez designó alcalde de Huesca a Vicente Campo, quien tomó posesión de su cargo el 28 de marzo en una sesión extraordinaria del Pleno Municipal en la que afirmó que no era momento «de adelantar programas», sino de trabajar para el engrandecimiento de «la España una, grande y libre que soñara José Antonio y que hoy siente con sentido heroico nuestro gran Caudillo».170

Vicente Campo firmando la escritura de cesión de terrenos del Ayuntamiento a la Obra Sindical del Hogar para la construcción de ciento cincuenta viviendas protegidas el 10 de mayo de 1947. A su derecha, con una pipa en la mano, Cirilo Martín Retortillo. El primero por la derecha es Carlos Ara, funcionario del Ayuntamiento. (Colección Vicente Campo Palacio. Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca)

A sus cincuenta y tres años, el director de la escuela normal de Magisterio volvía al cargo que ya había ocupado durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera entre 1927 y 1931. Por aquel entonces militaba en la Unión Patriótica junto a conocidos monárquicos como Manuel Banzo Echenique o el alcalde saliente, José María Lacasa, y su gran labor no solo al frente de la casa consistorial, sino como representante de los ayuntamientos en la Asamblea Nacional y también en la dirección de la Delegación de Fomento, le granjeó «un bien ganado prestigio político» que sus artículos en el periódico La Tierra Aragonesa le ayudaron sin duda a consolidar.171 Durante el periodo republicano no dudó en apoyar a todos aquellos que se mostraron contrarios a la Constitución de 1931, lo que, unido a su autoritaria visión de la monarquía, le llevó a adherirse, junto a un nutrido grupo de aristócratas y a

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algunos intelectuales como el premio Nobel Jacinto Benavente, Ramiro de Maeztu, José María Pemán o Julio Palacios, al Bloque Nacional propuesto por José Calvo Sotelo tras la Revolución de Asturias en octubre de 1934, coalición a la que representó en todas las actividades políticas que llevó a cabo en la provincia de Huesca. Inmediatamente después de que parte del Ejército se rebelara contra la legalidad, se alistó voluntariamente en la milicia de Acción Ciudadana, aunque poco tiempo después fue requerido para tareas institucionales. De este modo, formó parte de la gestora que se hizo cargo del Consistorio municipal entre el 28 de julio y el 19 de diciembre de 1936 y dirigió la Cámara de Comercio e Industria, de la que ya había sido vocal a lo largo de toda la década de los años veinte, desde agosto de 1936 hasta junio de 1945. En 1937 retomó, de forma paralela al ejercicio de sus tareas políticas, su actividad periodística al ocupar la dirección del diario Patria, en el que también escribió. Cuando fue nombrado nuevamente alcalde, en 1947, contaba igualmente en el haber de su currículo gubernamental con la presidencia de la Delegación Provincial de Prensa y Propaganda del Movimiento y de la Mutualidad Provincial de Primera Enseñanza. Por otro lado, su inclinación hacia los problemas sociales hizo que fuera un hombre apreciado tanto en los sectores pudientes como entre la clase trabajadora, lo que, junto a su formación académica (había sido pensionado durante los años diez por el Ministerio de Instrucción Pública para estudiar en Francia y Bélgica) y su gran oratoria, lo convertía en el sustituto ideal de José María Lacasa.172 Al día siguiente de tomar posesión del cargo, el nuevo alcalde recibió un oficio del gobernador civil mediante el cual este ponía en su conocimiento, para que se lo transmitiera al interesado, que había decidido sancionar a Antonio Alamañac con una multa de 1000 pesetas por no haber tomado posesión de su cargo sin estar incluido en ninguno de los supuestos que la ley contemplaba para ello y sin haber siquiera formulado ningún tipo de petición de excusa. Unos días después —imagino que una vez recurrida la sanción por el encartado—, el delegado gubernativo pidió al Ayuntamiento que le notificase si el comercial oscense había recibido o no la comunicación de su nombramiento como concejal. El lunes 15 de abril el gobernador recibió la respuesta del primer edil de la ciudad, que le informaba de que esa comunicación no había sido enviada por orden de José María Lacasa, entonces alcalde.

Al ver que la situación cada vez se complicaba más, Manuel Pamplona decidió citar al propio encausado para que declarara ante el presidente del Consistorio. La comparecencia se produjo el día 29, y en ella Antonio Alamañac afirmó que, tras recibir diversas citaciones para acudir a sesiones y actos de la Corporación municipal sin que le hubiera sido enviado previamente su nombramiento como gestor, decidió poner la cuestión en conocimiento de José María Lacasa, quien le dijo que «dejara el asunto en sus manos, que él se encargaría de arreglarlo», y, cuando algunos días después insistió sobre el tema, añadió que no se preocupara «por estar el asunto hace tiempo solucionado». Tres días después de esta declaración, el 1 de mayo, la máxima autoridad provincial no solo dejó sin efecto el nombramiento del acusado como gestor, sino que accedió a su petición de que le fuese retirada la sanción que le había sido impuesta.173 Con la designación de Vicente Campo, y una vez revocado el nombramiento de Antonio Alamañac, la Corporación municipal174 quedó definitivamente pergeñada hasta que la puesta en marcha de la democracia orgánica, en noviembre de 1948, la transformó de forma inevitable. La dictadura se estaba consolidando, y prueba de ello fue que la participación en los sistemas políticos anteriores para defender opciones de derechas cada vez tenía menos trascendencia para las autoridades a la hora de decidir quién ocupaba el poder en la victoriosa España de Franco.175 Entonces lo importante era haber estado completamente al margen de la práctica política con anterioridad a la guerra,176 tener el carné de FET177 y poder acreditar el apoyo a los rebeldes —empuñando las armas o colaborando con las milicias de Acción Ciudadana— en la conflagración que siguió al golpe de Estado.178 No obstante, a pesar de todo ello, la fuerza de los intereses agrarios todavía estaba muy presente,179 aunque en descenso ya imparable, en el Ayuntamiento oscense, especialmente en la Comisión Permanente.180 Allí, aun cuando el peso de los excombatientes era creciente y la militancia en FET abrumadora, los viejos políticos todavía superaban en número a los nuevos,181 y dos de ellos habían participado directamente en el proyecto de Acción Agraria Altoaragonesa.182 Tanto el Pleno como la Comisión Permanente continuaron copados por una clase media —mayoritariamente compuesta por un conjunto de prestigiosos profesionales liberales acompañados de un número menor de comerciantes, industriales y funcionarios— que estaba consolidándose poco a poco en las altas esferas del

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poder local en detrimento de la burguesía agraria e industrial. Esto no hace sino ratificar lo expuesto recientemente por Julián Sanz, para quien durante los años cuarenta se produjo una tendencia al reforzamiento del carácter mesocrático de los cuadros intermedios.183 De igual modo, puede decirse que desde la perspectiva de la edad no hubo ningún cambio con respecto a la situación existente nueve años antes, ya que, junto a algunas personas más longevas, siguieron siendo predominantes los gestores nacidos entre 1901 y 1910. Así las cosas, parece lógico pensar que la dictadura apostó en 1938 por una joven generación de gestores a los que confió la consolidación del régimen en el poder municipal y la mantuvo en él al menos hasta febrero de 1949, lo cual no parece diferir mucho de lo planteado por Miguel Ángel del Arco para el caso del sureste rural español.184 De todos modos, si hay un dato que debe ser destacado por encima del resto es sin lugar a dudas la militancia en FET-JONS del 77 % de los miembros que constituían aquella gestora. Esta circunstancia viene a corroborar en el ámbito municipal oscense que, frente al proceso de desfascistización del régimen iniciado por el Caudillo durante la segunda mitad de 1945, no solo en las más altas esferas del Estado, sino en el complejo institucional de la Administración local, el Movimiento se convirtió en el instrumento por antonomasia para la articulación y el reforzamiento de la dictadura en las provincias mediante el control y la gestión de las Administraciones periféricas, en particular gobiernos civiles, diputaciones y, por lo que aquí interesa, ayuntamientos.185 En este sentido, aunque la Ley de Bases de Régimen Local aprobada en julio de 1945 privó al Partido de la posibilidad de intervenir directamente en el nombramiento de concejales o alcaldes, lo cierto es que conforme avanzó la década de los cuarenta las corporaciones municipales se convirtieron en un terreno propicio para la permanencia de aquellos sectores de la Falange que habían aceptado someterse a los postulados de la dictadura.186 La explicación a esta paradójica situación hay que buscarla en los gobiernos civiles, puesto que a medida que se fueron concretando las uniones entre estos y las jefaturas provinciales del Movimiento, sobre todo desde la llegada al Ministerio de la Gobernación de Blas Pérez en 1942, casi todos ellos recayeron en notorios falangistas, fundamentalmente pertenecientes a la vieja guardia. Este proceso permitió que el número de gobernadores comprometidos con el ideario nacionalsindicalista y la posición del Partido fuese creciendo

hasta convertirse en netamente hegemónico, desplazando casi por completo a los representantes de otras sensibilidades o de orígenes políticos distintos. Como el Gobierno Civil era una institución clave para controlar la selección del personal político en las provincias, los nuevos dirigentes aprovecharon esa posición para impulsar el asalto falangista a los ayuntamientos y las diputaciones, asegurando así el dominio político de su provincia por parte de FET-JONS. De ese modo, la llegada de aquellos gobernadores orgullosos de vestir la camisa azul supuso un fuerte avance de la cuota de poder de la Falange en la periferia, al fomentar los procesos de renovación de los cuadros intermedios e inferiores a través de la promoción de excombatientes, excautivos o camisas viejas allí donde era posible y, en general, de hombres identificados con FET-JONS o que gozaban de su confianza.187 El Partido Único se convirtió así en el principal canal de reclutamiento y control de los cuadros políticos locales y provinciales.188 Hasta que en febrero de 1949 ocuparon sus puestos los concejales elegidos en noviembre del año anterior, los hombres a los que me acabo de referir tuvieron que hacer frente a problemas de gran complejidad, como la falta de vivienda, el deficitario sistema de abastecimiento de agua o los altos precios de todo lo imprescindible, apoyándose en una débil hacienda municipal que pretendía convertir los ayuntamientos en meros actores administrativos, poco molestos para la Administración central. La tarea, como intentaré mostrar a continuación, no fue en absoluto fácil.

La gestión de la miseria A las cinco y media de la tarde del viernes 28 de marzo de 1947 comenzó la concurrida sesión extraordinaria del Pleno Municipal en la que Vicente Campo tomó posesión de su nuevo cargo de alcalde. El acto, que se prolongó por espacio de media hora, tuvo lugar en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Huesca y contó con la presencia de todos los miembros de la Corporación. En él no solo intervino el designado por Blas Pérez, ministro de la Gobernación, para liderar la gestora, sino que también lo hicieron un emocionado Agustín Soler, que desde la dimisión del anterior ocupante de la alcaldía había ejercido provisionalmente como primer edil, y Vicente Ferrer Olivera, quien, como presidente de la Comisión de Hacienda,

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quiso hacer balance de la situación económica en la que se encontraba la institución en el momento de salir de ella su «querido amigo» José María Lacasa.189 Tras repasar brevemente los principales problemas económicos a los que había tenido que hacer frente el Ayuntamiento desde su llegada, en diciembre de 1936, el director en Huesca del Banco Aragonés de Crédito afirmó con satisfacción ante los presentes que, gracias al incremento de las recaudaciones logrado mediante la regularización del cobro de arbitrios e impuestos —tanto corrientes como atrasados—, el erario municipal se encontraba en aquella fecha, y «gracias a Dios», completamente «saneado y en marcha», tal y como mostraban los superávits «totalmente reales y efectivos» arrojados por las liquidaciones presupuestarias de los tres últimos años.190 En puridad, el máximo responsable de la Comisión de Hacienda estaba en lo cierto, como reconocería algunos años más tarde José María Lacasa;191 sin embargo, ese saneamiento financiero no solo no se tradujo en un importante aumento de la actividad consistorial en la vida municipal, sino que algunos años después, a principios de los cincuenta, se aparecía ante los ojos de los entonces gestores como un mero y cruel espejismo. Por supuesto, aquello no fue obra del azar, y hay causas concretas que permiten explicarlo. La dictadura de Franco nunca vio con buenos ojos la existencia de unos concejos activos y dinamizadores de la vida local, puesto que consideraba que la capacidad de tomar decisiones autónomas por parte de los poderes locales fue uno de los elementos desintegradores más peligrosos de los sistemas liberales. Lo esencial, en este sentido, era crear instituciones municipales con escasa actividad, de manera que quedaran políticamente neutralizadas como base de operaciones desde la que pudiera surgir una eventual alternativa al régimen. Para lograrlo, al margen del control político y administrativo al que fueron sometidas, se intentó estrangular sus haciendas.192 Este fue sin duda uno de los principales objetivos latentes en las entrañas de dos textos legales de capital importancia: la Ley de Bases de Régimen Local de 17 de julio de 1945 y el Decreto de Ordenación Provisional de las Haciendas Locales de 25 de enero de 1946.193 La aprobación de estos dos códigos jurídicos supuso la primera reforma de las haciendas municipales puesta en marcha por el franquismo, aunque en realidad poco nuevo aportó al modelo de Flores de Lemus consagrado en el Estatuto Local de 1924,194 que, con más o menos cambios, había estado vigente hasta entonces.

A decir verdad, escasas transformaciones podía traer consigo una reforma cuyo objetivo no era modernizar y planificar el futuro de los erarios locales, sino consolidar un sistema que, aunque se sabía defectuoso, bloqueaba el tránsito hacia otro más elástico y, por tanto, capaz de dotar de una autonomía relativa a las entidades locales. Se trataba de minimizar la fuerza de los consistorios dotándolos de escasos recursos tributarios y manteniéndolos bajo la tutela estatal. Ambos textos definieron un sistema fiscal apoyado principalmente en los recursos no tributarios, como correspondía a un régimen que nunca estuvo dispuesto a poner en marcha iniciativas dirigidas a situar en primer lugar la fiscalidad directa, lo que ya comenzaba a hacerse en Europa Occidental.195 De este modo, antes de recurrir a las exacciones municipales, los ayuntamientos debían obtener todos los recursos posibles de los productos de su patrimonio, de los rendimientos de sus servicios y explotaciones y de las subvenciones, los auxilios y los donativos recibidos con destino a obras o servicios municipales.196 No obstante, como estos tres recursos resultaron en la mayoría de los casos insuficientes, el sistema acabó siempre buscando refugio en los citados impuestos. Esta denominación englobaba cuatro figuras impositivas —los derechos y las tasas por aprovechamientos especiales y prestación de servicios, las contribuciones especiales, los arbitrios no fiscales y las exacciones municipales— que debían ser explotadas en orden prelatorio, de manera que no era posible acudir a los impuestos sin haber exprimido primero los tres anteriores.197 Con todo, tan solo el primero y el último gozaron de importancia, así que el ingreso municipal continuó dominado por los mismos capítulos que en el periodo anterior: derechos y tasas; cuotas, recargos y participaciones en impuestos estatales; y arbitrios municipales. Entre los tres se acercaban al 80 % de toda la recaudación municipal española, y en Huesca, como puede apreciarse en los gráficos de los apéndices, no sucedió algo distinto. Las tasas198 eran el tributo que se imponía al disfrute de ciertos servicios que el Ayuntamiento ofrecía al ciudadano. Hasta la reforma de 1945-1946 no podían sobrepasar el coste del servicio que gravaban, pero a partir de entonces esa limitación desapareció y los concejos comenzaron a utilizarlas como una forma solapada de imposición. De este modo, si ya antes de 1946 se habían convertido en la principal vía de financiación de aquellos municipios que no dependían del repartimiento, después de esa fecha su elasticidad les permitió crecer a un ritmo

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muy superior al del ingreso total y consolidarse en muchas localidades —no así en Huesca—199 como su primera fuente de financiación. Sin embargo, al elevar las tarifas muy por encima del coste que originaba el servicio y convertirlas en un ingreso que por su abundancia podía destinarse a atender otras actividades, los consistorios las transformaron en una figura tremendamente regresiva, por cuanto todos los solicitantes de las prestaciones pagaban lo mismo por ellas, con independencia de su situación económica, de modo que acabaron dirigiéndose hacia quienes podían pagarlas y no hacia quienes las necesitaban. A pesar de todo, los ciudadanos no desarrollaron una actitud de rechazo contra esta figura tributaria en relación con los impuestos porque, en última instancia, se trataba de pagar por un servicio solicitado por ellos. Las exacciones municipales200 quedaron integradas por varias figuras tributarias, entre las cuales cabe destacar por su importancia las contribuciones, los impuestos y los recargos cedidos por el Estado a los municipios y la imposición autónoma fijada por cada localidad. Las asignaciones cedidas por la Administración central constituyeron sin ninguna duda la primera fuente del ingreso municipal oscense, y la segunda de la gran mayoría de las localidades españolas mayores de veinte mil habitantes, desde 1946. Esto era un claro síntoma de que la reforma no había servido para avanzar en la separación de la hacienda estatal y la municipal, sino que, muy al contrario, se proponía redundar en su relación de dependencia. Por su parte, los impuestos propios de cada población se comportaron, al igual que las tasas, como un venero de rentas relativamente autónomo. No obstante, al ser la última opción exigible como consecuencia del principio de tributación jerarquizada recogido en la nueva legalidad franquista, su peso en la estructura general del ingreso municipal no hizo sino decrecer conforme pasaron los años. Con el fin de limitar todavía más el estrecho margen del que disponían los ayuntamientos en la captación autónoma de ingresos, el régimen derogó diversos arbitrios municipales entre los que destacaba sobremanera el repartimiento general de utilidades.201 Las imposiciones suprimidas fueron sustituidas por una participación fija en los rendimientos de la hacienda central que se distribuyó a través del Fondo de Corporaciones Locales, un organismo especialmente creado para esta función y nutrido con el producto de los recargos sobre las contribuciones rústica y urbana.202 Esta solución tan solo resultó operativa en 1946, puesto que, al ser fijas, las

cantidades otorgadas no tuvieron elasticidad ninguna para poder adaptarse a la feroz inflación del periodo. La reforma de las haciendas locales planteada por la dictadura a partir de 1945 se enfrentó en la capital del Alto Aragón con dos problemas fundamentales: por un lado, la resistencia de algunos empresarios a pagar determinados arbitrios que la nueva legislación concedió al Concejo —tratando de evitar su aprobación primero e intentando defraudar al fisco municipal una vez conseguida esta—; por otro, la fuerte inflación que continuó azotando a España durante la segunda mitad de la década de los cuarenta. En relación con el primero quiero referirme a las dificultades que encontró el Ayuntamiento para cobrar el arbitrio con fin no fiscal de Usos y Consumos. La consecuencia directa del segundo fue la continua pérdida del valor constante de los ingresos municipales. El 29 de diciembre de 1945 el Pleno Municipal del Ayuntamiento oscense se reunió en sesión extraordinaria con dos objetivos primordiales: aprobar el presupuesto ordinario que debía regir los designios económicos de la institución durante el año entrante y dar el visto bueno a la aplicación de una serie de nuevos arbitrios y recargos que la Ley de Bases de Régimen Local puesta en marcha hacía unos meses había concedido a los consistorios. El presidente de la gestora señaló que entre las tarifas sancionadas había una cuyo cobro por parte del Concejo se «complicaría extraordinariamente», puesto que después de varias reuniones con los industriales del gremio afectado no se había conseguido el concierto para su pago.203 Se trataba del conocido como impuesto de Usos y Consumos, un arbitrio con fin no fiscal autorizado por la citada ley en su base número 25 que permitía a las corporaciones municipales cobrar un recargo máximo del 10 % «sobre el precio de las consumiciones de todas clases que se sirvan al público en cafés, bares, tabernas, restaurantes, hoteles y otros establecimientos similares, sin otra excepción que las comidas». Un par de semanas después de aquella reunión del Pleno el alcalde recibió dos cartas relacionadas con el asunto. La primera estaba fechada el 14 de enero y la firmaba Rufino García Carcavilla, jefe provincial del Sindicato de Hostelería y Similares. En ella el empresario oscense calificaba de «excesiva» la cuantía que el Ayuntamiento pretendía cobrar a los industriales del gremio indicado para concertar el pago del impuesto de Usos y Consumos. Además hacía referencia a la actuación de otros consistorios españoles en relación con ese tema, en la que, según su opinión, había

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primado por encima de cualquier otra cosa la voluntad de «no agravar más la crisis comercial que sobre este Gremio pesa desde hace tiempo», una crisis entre cuyos motivos, «sobradamente conocidos» por todos, destacaban las malas cosechas del año anterior, que habían reducido notablemente el consumo; las dificultades impuestas por el racionamiento para conseguir productos como el café o el azúcar, que obligaban a los empresarios a buscar géneros sustitutivos, más caros y que «el público acepta con desagrado»; y, finalmente, el considerable aumento de los gastos generales de ese tipo de negocios. Por último, antes de exponer al presidente de la Corporación municipal varias formas de concertar el pago del susodicho arbitrio que serían beneficiosas para ambas partes, el firmante le advertía que «una elevación de precios en las consumiciones» no solo perjudicaría los intereses de sus representados, sino los del «público en general, que se retraería en sus compras, y produciría como consecuencia normal el cierre de los establecimientos menos fuertes económicamente», lo cual provocaría, de manera irremediable, «paro obrero en proporciones estimables».204 La segunda había sido escrita un día más tarde por el presidente de la Cámara de Comercio, Mateo Estaún Llanas. A través de ella, quien fuera alcalde de la ciudad entre diciembre de 1936 y finales de 1937 comunicaba a José María Lacasa que algunos industriales del Gremio de Cafés y Bares habían solicitado al organismo que presidía la defensa de sus intereses en la negociación que estaban llevando a cabo con el Concejo para el concierto del arbitrio de Usos y Consumos, por entender que la postura de este era excesivamente rigurosa «e incompatible con el actual estado de prosperidad de su actividad». Al igual que el jefe provincial del Sindicato de Hostelería y Similares, el presidente de la Cámara de Comercio advertía al primer edil oscense del malestar social, «siempre funesto», que podría ocasionar la elevación del coste de la vida que traería consigo el alza de los precios de una actividad que, si bien podía calificarse como superflua, muchos consideran indispensable «para un corriente bienestar». Asimismo, tras enumerar las ventajas que tenía para el Concejo el cobro por concierto, entre las que destacaba la inexistencia de partidas fallidas, la recaudación periódica y regular durante los primeros días de cada mes o trimestre y el ahorro en el personal preciso para la recaudación, Estaún acababa aludiendo a la flexibilidad205 que otros ayuntamientos de España habían mostrado a la hora de ejercer su derecho a la percepción de esta tarifa.206

El 17 de enero el alcalde puso en conocimiento del resto de los gestores el contenido de las cartas a las que me acabo de referir. A decir verdad, a la enviada por Rufino Carcavilla apenas le dedicó tiempo, pues se centró especialmente en el texto de la remitida por Mateo Estaún, de quien dijo estar convencido de que pensaría como él si ocupase la alcaldía de la ciudad en ese momento. Después informó a los presentes de que tras charlar telefónicamente con sus homólogos en Madrid, Gerona, Logroño, Segovia y Tarragona había podido comprobar que, a diferencia de lo argumentado en los escritos recibidos, en todas esas ciudades se había recaudado el arbitrio citado por el mismo sistema que pretendía poner en práctica la institución por él dirigida. Por otro lado, el primer edil anunció su intención de publicar una nota en la prensa para que todos los ciudadanos estuvieran informados sobre el asunto, puesto que se habían detectado ya varios casos de propietarios de cafés y bares que, aprovechando la coyuntura, habían aumentado los precios de las consumiciones en proporción muy superior a la que realmente correspondía.207 Partiendo de la convicción de que el Ayuntamiento debía defender sus intereses, José María Lacasa contestó a Mateo Estaún Llanas en una extensa carta escrita en un tono cordialmente adversativo.208 El pliego trataba de dar respuesta a todas las cuestiones planteadas por el presidente de la Cámara de Comercio dejándole claro de antemano dos cosas: en primer lugar, que el Cabildo no concedería la condición de solicitud gremial a las peticiones de los industriales a los que representaba, sino que las consideraría como «aspiraciones privadas y casuísticas de un grupo más o menos numeroso», y ello porque hasta el momento de enviar la carta se habían recibido en el Ayuntamiento «veintinueve solicitudes, de otros tantos propietarios de establecimientos, del referido gremio, en las que los interesados desean concierto para el cobro de los impuestos de Lujo y del 10 por 100 no fiscal». En segundo lugar, el presidente de la comisión gestora recordaba agriamente al comerciante oscense que, si el arbitrio objeto de disputa era gravoso para algún colectivo, este no era el de los industriales del gremio, que en última instancia no hacían más que repercutir el importe del recargo en el precio de sus productos, sino el de los consumidores. Por otro lado, al referirse al modo de recaudar el recargo, el exsecretario de la Unión Patriótica hacía hincapié en que el establecimiento de un concierto no era en absoluto obligatorio y en que, de no existir acuerdo para él, cada industrial

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debería de pagar con arreglo a las ganancias que realmente hubiera obtenido. Evidentemente, como ya reflejaba Mateo Estaún en su misiva, las ventajas del cobro por concierto eran a todas luces manifiestas para la institución municipal, aunque desde la alcaldía se añadía ahora que ese interés era recíproco, puesto que los industriales se evitaban así «lo desagradable, o por lo menos molesto, de las inspecciones, fiscalización en su contabilidad, almacenes, etc., que indefectiblemente, si el Ayuntamiento es celoso, como debe, en su gestión, habrían de sucederse». La flexibilidad con la que los industriales representados por la Cámara de Comercio de Huesca pedían que fuera aplicada la tarifa también fue abordada por el alcalde en su escrito. El tema incidía de lleno en una de las principales características de las erarios municipales franquistas: la subsidiariedad de los recursos tributarios con respecto a los patrimoniales. Lacasa lo explicitaba perfectamente del siguiente modo «he de significarle [a Mateo Estaún] que, si bien la Base 25 de la Ley señala un margen de elasticidad, la Base 32 establece que los Ayuntamientos no deberán utilizar los ingresos procedentes de la imposición municipal sin agotar antes los de la gestión económica de los bienes patrimoniales, los de derechos y tasas y los arbitrios con fines no fiscales», y, como reconocía el primer edil, los tributos municipales eran sin duda «los fundamentales en las Haciendas locales». Finalmente, ante la advertencia sobre la posibilidad de que muchas personas que consideraban lo superfluo como algo necesario para su bienestar pudieran molestarse si aumentaban los precios de ese tipo de productos, el alcalde fue tajante en su respuesta al que actuaba como representante de los industriales del gremio: «convendrá conmigo en que siempre es más justo y equitativo gravar lo superfluo que lo necesario. Y que la Ley, precisamente, al poner este arbitrio del 10 por 100 bajo la rúbrica de arbitrios con fines no fiscales, denota la intención clara del legislador de que lo que fundamentalmente se persigue es gravar el vicio, para procurar, indirectamente, aminorarlo y con ello lograr un mejoramiento y morigeración en las costumbres, en consonancia con la moral cristiana, tan justamente opuesta a la ostentación y al lujo».209 José María Lacasa zanjó así el intento de varios empresarios de frenar, o al menos atenuar, la aplicación del arbitrio con fin no fiscal otorgado a los ayuntamientos por la base 25 de la Ley de Régimen Local aprobada en 1945. No obstante, parece

ser que, una vez agotados los conductos legales, algunos de los industriales afectados decidieron continuar con su oposición al pago de este gravamen por la vía del fraude. Así lo confirmaría, de ser cierta, la denuncia anónima que un grupo de jóvenes enviaron al alcalde en 1947 para explicarle con todo lujo de detalles las artimañas con las que un empresario local trataba cotidianamente de burlar el pago del «llamado impuesto de usos y consumos».210 Dejando de lado la dificultad que entrañaba el cobro algunos arbitrios y la escasa capacidad tributaria de la que adolecían muchos de ellos, el principal obstáculo al que hubo de enfrentarse la estructura de ingresos municipal durante estos años siguió siendo la inflación. La gran mayoría de las fuentes de recaudación eran excesivamente rígidas, es decir, no podían modificarse con facilidad, lo cual les impidió adaptarse a las continuas disminuciones del valor del dinero. Por ello, aun cuando los ingresos del Consistorio no dejaron de crecer anualmente en pesetas corrientes, la realidad es que nunca lo hicieron en la medida suficiente para superar la devaluación de la moneda, a pesar de que entre 1945 y 1949 el Ayuntamiento obtuvo todos los años ganancias no presupuestadas procedentes de la venta de solares en el ensanche de la carretera de Zaragoza. En estas circunstancias, y dado que el endeudamiento estaba muy limitado y el déficit prohibido,211 el Concejo oscense tuvo que trabajar con unos presupuestos de subsistencia que le impidieron realizar inversiones de relieve.212 No obstante, los síntomas de recuperación del erario local que se produjeron durante 1945 y el importante incremento de los ingresos logrado en 1946, gracias a la puesta en marcha de la Ley de Bases de Régimen Local y el Decreto de Ordenación Provisional de las Haciendas Locales, hicieron pensar a los miembros de la Corporación que el Ayuntamiento ya estaba preparado para implicarse de forma mucho más notable en la reconstrucción y mejora de la ciudad.213 En consecuencia, el 15 de mayo de 1945 el Pleno Municipal aprobó un presupuesto extraordinario de 3 160 367,46 pesetas, de las cuales 2 153 000 saldrían de un crédito contratado con el Banco de Crédito Local de España que contemplaba tanto la ejecución de diversas obras de primer establecimiento —construcción del nuevo mercado municipal y urbanización de sus alrededores, edificación de un muro de defensa en el río Isuela, reforma de la plaza de Luis López Allué, pavimentación de calles— como la adquisición de nuevo material de incendios, la renovación del

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alumbrado eléctrico o la compra de los terrenos necesarios para el correcto desarrollo del Plan de Adopción.214 Todos estos proyectos se fueron iniciando paulatinamente desde finales de 1946. Sin embargo, a mediados de 1947 las dudas sobre la supuesta potencialidad que se había atribuido al erario municipal en los dos años anteriores y la dificultad para adquirir los terrenos en los que habría de edificarse el nuevo mercado hicieron que las obras de este presupuesto extraordinario fueran suspendidas. Cuando esto sucedió la construcción del muro de contención del río ya se había finalizado y el material de incendios estaba en su mayoría comprado, parte del alumbrado eléctrico repuesto y varias calles pavimentadas. Por el contrario, los proyectos de más envergadura, es decir, la construcción del mercado, la urbanización de su entorno y la reforma de la plaza de Luis López Allué, quedaron a medias. La paralización de las obras en aquel contexto de elevada inflación hizo que el volumen de ellas que era posible acometer con las cantidades asignadas a cada una en el presupuesto extraordinario de 1945 fuera reduciéndose a un ritmo vertiginoso. Como presidente de la Comisión de Hacienda, Vicente Ferrer era plenamente consciente de esta situación, y por ello en septiembre de 1948, próxima ya la fecha en la que el Consistorio debía decidir si consolidaba el empréstito contratado con el Banco de Crédito Local, advirtió al Pleno sobre la necesidad de invertir de forma inmediata el remanente del citado presupuesto.215 La gestora del Concejo oscense aprobó la reactivación de las obras pendientes, aunque para ello fue necesario replantear los presupuestos de todas ellas, puesto que lo programado en un principio ya no era posible entonces con los fondos inicialmente fijados. El proyecto del nuevo mercado municipal fue el caso más paradigmático, ya que, al ser modificado, el nuevo edificio resultó mucho más pequeño que el proyectado en un primer momento. Al margen de las obras vinculadas al presupuesto extraordinario de 1945, el Ayuntamiento oscense dirigió sus esfuerzos a tratar de paliar dos importantes carencias de la ciudad: la falta de vivienda y el deficitario sistema de abastecimiento de agua. La proliferación de alquileres y realquilados que se produjo en Huesca durante las dos décadas posteriores a la guerra habla con claridad del fuerte déficit de las demandadas viviendas de tipo social que existió en la ciudad durante aquellos años.216 En su intento de atenuar el problema en la medida de sus posibilidades, la gestora municipal recurrió a dos tipos de medidas.

Por un lado, se proyectaron y construyeron con cargo al erario local varios bloques de casas destinadas a ser ocupadas por gente de pocos recursos económicos. Esta era sin duda la razón de ser de las veinte viviendas que comenzaron a construirse en 1946 en el ensanche de la carretera de Barbastro.217 Ocho de ellas fueron acabadas a principios de 1948, y el Ayuntamiento pensó en alojar allí, cobrando un alquiler de 50 pesetas al mes, a seis familias que vivían en condiciones lamentables. Dos residían en el refugio de pobres transeúntes, de modo que impedían su uso para tal fin, y el resto se albergaban en el edificio de San Bernardo, un inmueble ruinoso en el que se hacinaban gran cantidad de familias menesterosas.218 El mismo propósito se escondía tras la aprobación, en febrero de 1948, del proyecto de construcción de dieciséis viviendas en los terrenos que el Ayuntamiento poseía en la calle Costa.219 Por otro lado, se cedieron gratuitamente terrenos de propiedad municipal para la construcción de hogares de este tipo. Tanto el Gobierno Civil como la Delegación Provincial de Sindicatos recurrieron a esos solares para la edificación de casas a las que pudiese acceder la gente humilde. En 1945 Manuel Pamplona, como parte de un intento de la Falange de mostrar su «voluntad social» y contrarrestar la mala imagen que tenía ante la población como consecuencia del trabajo sucio que hacía,220 donó al Ayuntamiento 240 000 pesetas para que construyera al menos veinte viviendas de tipo social con la condición de que fuese él el que proporcionase los terrenos necesarios.221 Dos años después, en 1947, la Obra Sindical del Hogar pidió a la Corporación altoaragonesa que le fuese entregado suelo a coste cero para construir ciento cincuenta viviendas, en este caso destinadas a su ocupación por excautivos —del bando rebelde, evidentemente—.222 Los constantes cortes de agua y la escasa presión con la que esta llegaba a los hogares formaron parte de la cotidianeidad de los oscenses durante toda la posguerra. En el Consistorio eran conscientes de que ambos problemas tenían su origen en la parvedad del caudal proporcionado por el manantial de Fuenmayor, situado en San Julián de Banzo, y en el mal estado de su red de almacenamiento y distribución. Con el propósito de solucionarlos, o al menos aminorarlos en lo posible, la Corporación decidió actuar en dos ámbitos distintos. En primer lugar, trató de aumentar la cantidad de agua de la que podía disponer la ciudad. Para ello negoció con sus propietarios la cesión del cercano venero de Las Paulesas y

La construcción institucional de un ayuntamiento franquista (1938-1948)

consiguió que Regiones Devastadas construyera la infraestructura que condujera el caudal necesario a la capital. Las obras terminaron a finales de 1946, pero no fue hasta mayo del año siguiente cuando se acordó su puesta en servicio.223 Pocos meses después, a finales de 1947, el Pleno dio luz verde a los trabajos que permitieron reparar las llaves de paso y las conducciones rodadas de los depósitos ubicados en San Julián de Banzo.224 Estas intervenciones permitieron que en agosto de 1948 Vicente Campo pudiera afirmar con satisfacción que, «a pesar de la pertinaz sequía», la ciudad había logrado alcanzar presiones de agua que oscilaban entre las cuatro y las cinco atmósferas, lo cual, frente a las dos del año anterior, suponía una importante mejora.225 Como venía ocurriendo desde que los edificios y los servicios municipales fueron parcialmente adoptados por Franco en 1940, el Ayuntamiento de Huesca contó con la inestimable colaboración de la Dirección General de Regiones Devastadas en la tarea de dotar a la ciudad de las infraestructuras municipales más indispensables. De este modo, entre 1945 y principios de 1949 el organismo presidido por José Moreno Torres construyó la conducción de aguas a la que me acabo de referir y un bloque de sesenta y cuatro casas y seis locales comerciales que en septiembre de 1947 cedió al Ayuntamiento para que pudiese alquilar las viviendas. Además, en 1948 inició la edificación de un grupo escolar dotado de casas para maestros en la calle Sancho Ramírez.226 No obstante, a mi entender, la labor más relevante que Regiones Devastadas realizó para el Ayuntamiento oscense fue la puesta en marcha de un plan de urbanización y una red de distribución de agua y alcantarillado en la zona del ensanche de la carretera de Zaragoza, que supuso, en palabras un tanto aventuradas de José María Lacasa, «la apertura de un amplísimo porvenir de engrandecimiento de la ciudad de Huesca, capaz por sí solo de atender a un crecimiento de la población normal en casi un siglo».227 Sin duda, el cariño que José Moreno sentía por Huesca, en cuya «defensa» participó durante la Guerra Civil, tuvo mucho que ver con la gran cantidad de recursos que Regiones Devastadas destinó a la ciudad. Por ello, a propuesta del recientemente dimitido José María Lacasa, el Pleno Municipal acordó en febrero de 1947 dedicarle la plaza donde se ubicaría el futuro Gobierno Civil e invitarle a la inauguración de la traída de aguas del manantial de Las Paulesas para hacerle entrega del escudo de la ciudad que le había sido concedido por el Concejo en

febrero de 1944.228 A los pocos días de tomarse esta decisión, el alcalde recibió una carta del interesado en la que le rogaba que dejara sin efecto el acuerdo por el que se otorgaba su nombre a una plaza de la localidad, ya que entendía que, a la hora de recibir homenajes, antes que los que, como él, estaban «cumpliendo con su deber en la paz» se encontraban «aquellos que lo cumplieron ofreciendo su vida por Dios y por España en los campos de batalla».229 No obstante, aceptó encantado la invitación para acudir a la ciudad y, aunque hubo de posponer varias veces su visita, finalmente llegó a Huesca el 25 de julio de 1947. Su presencia fue aprovechada por Vicente Campo para afirmar ante una gran cantidad de oscenses que gracias al trabajo de la dirección general dirigida por José Moreno Huesca comenzaba a recoger «el primer fruto de aquella siembra heroica de dolores, sacrificios y renunciamientos que fueron sucediéndose cotidianamente en los diecinueve meses que duró el asedio de la ciudad y que los oscenses soportaron con el pensamiento puesto en Dios y la esperanza firmemente mantenida de una patria salvada y redimida».230 Al mismo tiempo que se esforzaba por desarrollar y modernizar el urbanismo y las infraestructuras locales, la Corporación municipal intervino activamente y con resultados desiguales en otros ámbitos también relevantes para el presente y el futuro de la ciudad. Por un lado, tuvo que hacerse cargo temporalmente de la por entonces difícil tarea garantizar a los oscenses el suministro a precios asequibles de los productos más indispensables para su subsistencia. Por otro, empezó a pergeñar las bases de la actividad económica que, con el tiempo, acabaría sustituyendo a la agricultura como motor de desarrollo de la ciudad y la provincia. Desde luego, el contexto no contribuyó en lo más mínimo al éxito de ninguna de las dos, pero resultaría muy atrevido afirmar que los esfuerzos realizados en ambas direcciones fueron completamente en vano. Entre septiembre de 1946231 y abril de 1948232 los ayuntamientos españoles tuvieron que hacerse cargo, sin recibir ningún tipo de dotación económica complementaria, de la ardua labor de regular en sus municipios el suministro de los productos que a tal efecto determinaría la Comisaria General de Abastecimientos y Transportes. De esta forma, a los pocos días de publicarse en el Boletín Oficial del Estado el decreto por el que se ordenaba a los cabildos asumir esta función, el oscense dio cumplimiento a su artículo séptimo y aprobó la creación de la Comisión

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de Abastos, que, presidida por el alcalde José María Lacasa, estaría compuesta por Vicente Ferrer Olivera, Emilio Miravé Acebillo, Jesús Sauras Barlés y Justo Pérez Arnal.233 A decir verdad, aquel no era ni mucho menos el mejor momento para hacerse cargo de semejante cometido. La ineficacia del racionamiento y el alza imparable de los precios estaban haciendo que toda España atravesase una coyuntura particularmente dura en todo lo relacionado con los abastos. En el Alto Aragón, la recurrente práctica del estraperlo, la presencia de unos ochenta mil soldados enviados por el Estado para aplastar a unos cientos de guerrilleros que trataban de derribar el régimen escondidos en las montañas, los elevados precios que se pagaban en el mercado negro catalán por los productos altoaragoneses y la declaración de la provincia como autoabastecida de carne en un año de gran mortalidad de ganado complicaron todavía más la situación.234 El problema era tan grave que, en palabras de Manuel Pamplona Blasco al delegado nacional de Provincias, estaba «destrozando por completo el ambiente favorable que el Régimen pudiera tener», haciendo que incluso «los más sensatos» comenzaran a «desanimarse y hostilizar si no al Régimen a personas que creen situadas en organismos o en sitios predominantes y que parece que no tienen otro fin que el desarticular la máquina que haga funcionar normal y honradamente nuestra Economía nacional». De hecho, continuaba el gobernador civil, muchos empezaban a «hablar mal de nuestras instituciones, y de los organismos rectores, como Ministerios, Comisaría de Abastecimientos, etc., desde donde creen que se obstaculiza la buena voluntad de los que de buena fe laboran por la grandeza de España, como nuestro Caudillo, a quien ya empiezan a poner en duda y en tela de juicio porque dicen, no ve, o no quiere ver la labor solapada que están haciendo contra el Régimen los que más obligación tienen de velar por él».235 En este contexto, la principal preocupación del Ayuntamiento fue garantizar el abastecimiento de carne de la capital. Pocos días después de aprobarse el decreto de 30 de agosto, pero antes de su publicación en el Boletín Oficial, José María Lacasa se reunió con el gobernador civil y el delegado provincial de Sindicatos para hablar sobre las posibles medidas a tomar con el fin de abaratar los artículos de primera necesidad. Tras aquel encuentro, el alcalde se puso en contacto con el gremio de carniceros de la ciudad al objeto de reunirse con ellos

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para «orientar el abastecimiento de carne de la capital», que él entendía como «un servicio personal en bien de la ciudad y de España».236 La entrevista permitió a los miembros de la Comisión Municipal de Abastos conocer de primera mano el complicado escenario al que se enfrentaban. Los carniceros les comunicaron que no podían vender la carne al precio fijado por la Comisaría General de Abastos y Transportes en su circular 594, ya que la cantidad que ellos tenían que pagar a los ganaderos para comprar las reses vivas era mucho mayor. Asimismo, informaron a los gestores de que, si se les imponían esos precios de venta al público, optarían por no llevar animales al matadero, lo cual garantizaba el completo desabastecimiento de la capital. Para hacer frente a esta complicada coyuntura, los ediles propusieron al gobernador civil que, de acuerdo con lo estipulado en la circular 574 de la Comisaría General de Abastos y Transportes, declarara intervenida la circulación y contratación del ganado de abasto y vida vacuno, lanar y cabrío e impusiera a continuación a los municipios de la provincia la entrega de cupos forzosos, y que, en caso de que no existir ganado suficiente en la provincia, solicitase a dicha comisaría la asignación de cuotas de otras provincias. Finalmente, la Comisión Municipal de Abastos sugería que, hasta que se tomase una decisión al respecto, se mantuvieran los precios de venta al público vigentes en aquel momento para no provocar una situación de carestía.237 En su intento de contribuir a solventar el problema, Manuel Pamplona autorizó la derrama solicitada por la Corporación municipal, aunque para ello tuvo que pedir permiso previamente al Ministerio de Agricultura, puesto que esa práctica solo estaba pensada para los cupos interprovinciales. Paralelamente, el 9 de noviembre de 1946, el gremio de carniceros de la ciudad suscribió un acuerdo con el Concejo por el cual, siempre que la derrama y el porcentaje de exportación que se dispusieran para la localidad les permitieran obtener unos beneficios aceptables, se comprometían, hasta el 31 de enero siguiente, a tener en su poder existencias de ganado para un periodo de quince días y a que al menos un 30 % de lo que sacrificaran fuese ganado vacuno. Un día antes de que el acuerdo con los carniceros finalizase, José María Lacasa hizo llegar al gobernador civil una lista de todos los pueblos a los que solicitaba que se les notificase la derrama para el abastecimiento de la capital, pero ninguna localidad fue avisada y el ganado no pudo ser recogido. Los primeros síntomas de carestía no tardaron en aparecer y, en vista de la situación,

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La construcción institucional de un ayuntamiento franquista (1938-1948)

la máxima autoridad provincial delegó en el alcalde de la capital las facultades para imponer derramas que hasta el momento venía ejerciendo. Inmediatamente el primer edil envió un aviso a doscientos pueblos del Alto Aragón para señalarles la cuantía de la derrama de ganado lanar que debía aportar cada uno en relación con el censo ganadero que le fue proporcionado al Ayuntamiento por el Gobierno Civil. Los respectivos alcaldes no tardaron en contestar que les resultaba imposible hacer frente a tales peticiones, dado que no disponían de suficientes animales para ello. Mientras tanto, los indicios de desabastecimiento cada vez eran mayores en Huesca y Manuel Pamplona comenzaba a mirar con recelo la gestión realizada por la Comisión Municipal de Abastos.238 El 7 de febrero de 1947 el principal representante del Estado en la provincia envió al presidente de la Corporación municipal una carta en la que le pedía explicaciones acerca de la escasez de carne que en los últimos días venía sufriendo la capital. Lacasa le contestó de forma inmediata, al día siguiente, para explicarle que había resultado imposible recoger los cupos necesarios de ganado lanar por no haber suficientes reses para ello en todo el Alto Aragón e informarle sobre la posibilidad de proceder a una derrama de ganado vacuno, que se encontraba inmovilizado por orden del Gobierno Civil desde octubre del año anterior.239 El 12 de febrero Manuel Pamplona respondió a José María Lacasa en una breve carta en la que acusaba al gremio de carniceros de lo sucedido y le comunicaba que no era posible realizar la derrama de vacuno en la que estaba pensando por dos motivos: en primer lugar, porque el inmovilizado al que se refería ya se había agotado al haber ido disponiendo de él otras alcaldías y el propio Gobierno Civil para sus propias necesidades; en segundo lugar, porque ni consideraba conveniente realizar traslados forzosos de ganado en proporciones superiores a las que eran objeto del comercio normal ni pensaba que debiera otorgarse carácter de exclusividad al suministro de una localidad determinada. Además, le exhortaba a buscar soluciones que permitieran abastecer la ciudad sin acudir a medidas de excepción y garantizando, dentro de la libertad de comercio, el suministro tanto de la capital como de la provincia.240 El alcalde oscense replicó rápidamente al Gobernador Civil. En un tono respetuosamente crítico, el presidente de la Comisión Municipal de Abastos defendió a los industriales cárnicos de la localidad afirmando que su compromiso con la alcaldía,

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que habían «cumplido con creces», concluyó el 31 de enero, y que si seguían «actuando en el abastecimiento» era «por colaboración con la Autoridad, no porque se hallen obligados por contrato alguno». Por otro lado, en una clara demostración de sus vastos conocimientos jurídicos y económicos, sostenía que no veía «procedimiento hábil para que, dentro de la legalidad vigente, se pueda abastecer si no es por medido de derrama», puesto que el precio del ganado «en libertad de contratación» era mucho más alto que aquel que el Ministerio de Agricultura había fijado como de venta al público, y el único modo de solventar ese escollo era subir este último, lo cual, además de no ser posible legalmente, no daría ningún resultado en la política de abaratamiento, «ya que si la carne se elevara de precio dejaría de ser un mantenimiento asequible a las clases modestas», y entonces su abastecimiento perdería su interés social.241 El martes 18 Manuel Pamplona decidió zanjar la discusión epistolar que mantenía con el alcalde de Huesca a través de un oficio, acentuadamente imperativo, en el que le trasladaba su decisión de llevar a cabo «un examen y reforma del sistema de abastecimientos» aplicado hasta entonces por esa alcaldía y reiteraba sus críticas tanto a los carniceros de la ciudad como al sistema de derramas por el que abogaba Lacasa. Así las cosas, tras mostrar su sorpresa por que no se hubiera prorrogado el acuerdo con el gremio de tablajeros, en un momento en el que «el desgaste natural del medio coercitivo de la derrama había fatalmente de producirse por el prolongado plazo de su uso», arremetía de nuevo contra ellos por entender que, cobijados plácidamente bajo el sistema de los cupos, habían adoptado una insostenible actitud de «brazos caídos». Por eso, apoyándose en sus «facultades de gestión y tutela» había decidido fijar una cantidad teórica de consumo de carne para la ciudad y denunciar los incumplimientos ante la Fiscalía de Tasas, así como investigar, «en todos sus aspectos, la conducta de los industriales en la ejecución de todas las operaciones de derrama». La posición del gobernador civil en relación con ese tipo de procedimiento extraordinario de suministro seguía siendo muy clara. No debía recurrirse a él de forma habitual porque, como medida excepcional que era, perdía eficacia con el uso, ya que «se agota su materia» y «las resistencias que encuentra son cada vez mayores». De este modo, después de acusar a Lacasa de intentar extralimitarse en sus funciones al tratar de poner en marcha una derrama de ganado vacuno,242 le

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La construcción institucional de un ayuntamiento franquista (1938-1948)

advertía que esa operación no podía ser otra cosa que «una solución pasajera que llene el vacío de un espacio de tiempo mientras se estudian, ensayan o plantean otras iniciativas o soluciones».243 La tensión entre los dos dirigentes era evidente, y además este asunto de los abastos no era el único frente abierto entre ambos, puesto que no debe perderse de vista que en esas mismas fechas el gobernador civil estaba instruyendo el caso del fallido nombramiento como gestor de Antonio Alamañac, en el cual también se hallaba implicado el abogado oscense. En este contexto, no resulta sorprendente que el 20 de febrero Agustín Soler comunicara al Pleno Municipal la dimisión de José María Lacasa Coarasa.244 Una de las primeras cosas que hizo Vicente Campo tras tomar posesión de la alcaldía, a finales de marzo, fue viajar a Madrid para negociar la concesión a la capital altoaragonesa de un cupo de ganado que garantizase su abastecimiento, lo cual finalmente logró «gracias al apoyo decidido del gobernador».245 Desde entonces, según se desprende de las palabras del alcalde en mayo de 1948, al menos hasta que las funciones en materia de abastos fueron encomendadas al Servicio de Cueros, Carnes y Derivados —a finales de abril de 1948—, la carne no faltó en la ciudad.246 Un año antes, en mayo de 1947, Jesús Sauras había informado a sus compañeros de la Corporación sobre una importante noticia relacionada con el último de los ámbitos de actuación municipal a los que me quiero referir aquí: el turismo como fuente de recursos. En la sesión ordinaria del 6 de mayo el procurador oscense notificó al resto de los gestores la posibilidad de que «agencias de solvencia» organizaran viajes a la provincia de Huesca y manifestó que, en su opinión, resultaría de gran utilidad en este sentido la edición de un folleto turístico en el que figuraran los principales monumentos históricos, los parques nacionales, etcétera, del Alto Aragón.247 La noticia no pilló por sorpresa a ninguno de los que allí estaban, puesto que el Ayuntamiento llevaba ya más de un año trabajando en iniciativas que permitieran dotar a Huesca de sus primeras infraestructuras turísticas, si bien es cierto que ninguna de ellas se había transformado en un proyecto definitivamente aprobado y dotado de financiación. En puridad, desde enero de 1946 el Consistorio se estaba informando sobre las posibilidades y el procedimiento para construir tanto una

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estación de autobuses como un hotel. Por lo que respecta la primera, ya se había puesto en contacto con los alcaldes de varias ciudades que habían edificado las suyas recientemente248 y con alguna empresa dedicada a la gestión de este tipo de instalaciones, como era el caso de la madrileña Auto-Estaciones, e incluso se había elegido su emplazamiento en la ciudad.249 En relación con el segundo, el Concejo había solicitado a la Dirección General de Turismo la declaración de utilidad pública e interés nacional de la construcción de un hotel en la localidad, que le fue concedida de inmediato.250 Por otro lado, aunque todavía no se tenía muy claro dónde ubicarlo, eran muchos los gestores que se habían decantado por el edificio del Casino, dado que el Ayuntamiento se encontraba en esos momentos negociando la adquisición del inmueble con la junta directiva propietaria.251 No obstante, desde finales de 1947 el Consistorio oscense comenzó a moverse en un nuevo ámbito relacionado con el turismo, los foros en los que se pretendía fomentarlo como fuente de riqueza. De este modo, en noviembre del mismo año contribuyó con 2000 pesetas al desarrollo y al correcto funcionamiento de la Junta Provincial de Turismo y le rogó al gobernador civil que le permitiera llevar a dicho organismo sus propuestas autorizando la presencia en él de un representante municipal.252 A partir de 1948, con la apertura de la frontera francesa, el interés por el turismo creció todavía más, y prueba de ello es sin duda la reunión que se celebró en Canfranc el domingo 8 de agosto entre destacadas personalidades francesas y españolas interesadas en el desarrollo económico del eje fronterizo Aragón – Francia, a la cual fue invitado el Ayuntamiento de Huesca.253 •

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La construcción institucional de un ayuntamiento franquista (1938-1948)

Apéndices

Gestores con cargos políticos antes de la Guerra Civil

Gestora de 7 de enero de 1938

Gestora de 8 de noviembre de 1939

Pleno Municipal

Número de miembros con cargos políticos antes de la Guerra Civil

Número de miembros sin cargos políticos antes de la Guerra Civil

54 %

46 %

62 %

Gestora de 28 de marzo de 1947

Gestora de 7 de enero de 1938

Pleno Municipal

Comisión Permanente

Número de miembros con cargos políticos antes de la Guerra Civil

Número de miembros sin cargos políticos antes de la Guerra Civil

69 %

31 %

40 %

Gestora de 8 de noviembre de 1939 Comisión Permanente

108

Comisión Permanente

Número de miembros con cargos políticos antes de la Guerra Civil

Número de miembros sin cargos políticos antes de la Guerra Civil

60 %

Gestora de 28 de marzo de 1947

Número de miembros con cargos políticos antes de la Guerra Civil

40 %

38 %

25 %

75 %

La construcción institucional de un ayuntamiento franquista (1938-1948)

Excombatientes

Gestora de 7 de enero de 1938 Pleno Municipal

Gestora de 8 de noviembre de 1939 Pleno Municipal

Excombatientes

Resto

62 %

38 %

Gestora de 28 de marzo de 1947 Pleno Municipal

46 %

Gestora de 7 de enero de 1938 Comisión Permanente

Excombatientes

Resto

39 %

61 %

Gestora de 8 de noviembre de 1939 Comisión Permanente

60 %

Comisión Permanente

Excombatientes

Resto

40 %

Gestora de 28 de marzo de 1947

Excombatientes

60 %

54 %

50 %

109

Miembros de Acción Agraria Altoaragonesa

Gestora de 7 de enero de 1938

Gestora de 8 de noviembre de 1939

Pleno Municipal

Miembros de AAA

Resto

69 %

31 %

69 %

Gestora de 28 de marzo de 1947

Gestora de 7 de enero de 1938

Pleno Municipal

Comisión Permanente

Miembros de AAA

Resto

77 %

23 %

60 %

Gestora de 8 de noviembre de 1939 Comisión Permanente

110

Comisión Permanente

Miembros de AAA

Resto

60 %

40 %

Gestora de 28 de marzo de 1947

Miembros de AAA

40 %

31 %

50 %

La construcción institucional de un ayuntamiento franquista (1938-1948)

Miembros de la vieja guardia

Gestora de 7 de enero de 1938 Pleno Municipal

Vieja guardia Resto

23 %

77 %

Gestora de 8 de noviembre de 1939 Pleno Municipal

Vieja guardia Resto

23 %

77 %

Gestora de 28 de marzo de 1947 Pleno Municipal

Vieja guardia Resto

15 %

85 %

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Pertenecientes a la Falange

Gestora de 28 de marzo de 1947 Pleno Municipal

Pertenecen a FET Resto

23 % 77 %

Gestora de 28 de marzo de 1947 Comisión Permanente

Pertenecen a FET Resto

25 % 75 %

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La construcción institucional de un ayuntamiento franquista (1938-1948)

Sectores sociales representados

Gestora de 7 de enero de 1938 Pleno Municipal

Profesionales liberales Funcionarios Comerciantes Industriales Propietarios

Gestora de 8 de noviembre de 1939 Pleno Municipal

Profesionales liberales Funcionarios Comerciantes Industriales Propietarios

15 %

31 % 8% 46 %

15 %

16 %

23 %

23 % 8%

Gestora de 28 de marzo de 1947 Pleno Municipal

Profesionales liberales Funcionarios Comerciantes Industriales Propietarios

Comisión Permanente

Profesionales liberales Funcionarios Industriales

20 %

15 %

Gestora de 7 de enero de 1938

46 %

60 % 20 %

23 %

Gestora de 8 de noviembre de 1939 Comisión Permanente

Profesionales liberales Funcionarios Comerciantes

Gestora de 28 de marzo de 1947 Comisión Permanente

Profesionales liberales Comerciantes Otros

20 %

25 %

60 %

50 %

20 % 25 %

113

Sectores de edad

Gestora de 7 de enero de 1938

Gestora de 8 de noviembre de 1939

Pleno Municipal

1860-1870 (78-68) 1871-1880 (67-58) 1881-1890 (57-48) 1891-1900 (47-38) 1901-1910 (37-28) 1911-1920 (27-18)

Pleno Municipal

1860-1870 (79-69) 1881-1890 (58-49) 1891-1900 (48-39) 1901-1910 (38-29)

8% 7%

23 % 23 % 54 % 46 %

15 %

Gestora de 28 de marzo de 1947

Gestora de 7 de enero de 1938

Pleno Municipal

Comisión Permanente

1860-1870 (77-87) 1881-1890 (57-66) 1891-1900 (47-56) 1901-1910 (37-46)

1871-1880 (67-58) 1881-1890 (57-48) 1901-1910 (37-28)

20 %

38 % 31 %

60 % 20 %

23 %

Gestora de 8 de noviembre de 1939 Comisión Permanente

1881-1890 (58-49) 1901-1910 (38-29)

Gestora de 28 de marzo de 1947 Comisión Permanente

1881-1890 (57-66) 1901-1910 (37-46)

40 %

25 %

60 % 75 %

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La construcción institucional de un ayuntamiento franquista (1938-1948)

Hacienda municipal Para calcular las cifras en pesetas constantes de 1974 he utilizado el índice del coste de la vida elaborado por el Instituto Nacional de Estadística para el periodo comprendido entre 1936 y 1997.

Ingresos más importantes en pesetas corrientes. 1938-1948

2 000 000,00

Derechos y tasas Cuotas, recargos y participaciones en tributos nacionales

1 500 000,00

Imposición municipal 1 000 000,00

500 000,00

1948

1947

1946

1945

1944

1943

1942

1941

1939

1938

0,00

Ingresos más importantes en pesetas constantes de 1974. 1938-1948

10 000 000,00

Derechos y tasas

8 000 000,00

Cuotas, recargos y participaciones en tributos nacionales

6 000 000,00

Imposición municipal

4 000 000,00 2 000 000,00

1948

1947

1946

1945

1944

1943

1942

1941

1939

0,00

115

Hacienda municipal

Evolución de los tres ingresos. 1938-1948

20 000 000,00

En pesetas corrientes En pesetas constantes de 1974

15 000 000,00

10 000 000,00

5 000 000,00

1948

1947

1946

1945

1944

1943

1942

1941

1939

1938

0,00

Evolución del ingreso municipal. 1939-1948

30 000 000,00

Pesetas constantes de 1974

25 000 000,00

Pesetas corrientes

20 000 000,00 15 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00

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La construcción institucional de un ayuntamiento franquista (1938-1948)

El fin de la provisionalidad (1949-1959)

Y si tanto sacrificados [sic] al Movimiento Nacional, no podría quedar este sin contenido, tenía que entrañar una revolución en nosotros mismos, en nuestras costumbres, en nuestra manera de obrar, porque si no fuésemos a ella fieles, volveríamos a la situación anterior y tendríamos de nuevo nuestras fronteras abiertas a la invasión roja; y nuestros jóvenes, nuestras mujeres y nuestros hijos, padecerían como padecieron en la Guerra de Liberación y, lo que es peor, lo que padecen hoy muchos pueblos de Europa.254

El lunes 22 de junio de 1953 Francisco Franco Bahamonde visitó Huesca por primera vez. Desde las seis de la mañana todas las carreteras y los caminos que llevaban a la capital se encontraban abarrotados por los «millares de personas» que, entonando himnos patrióticos y desde todos los puntos de la provincia, se desplazaban a la capital encabezados por sus máximas autoridades. A esas horas,

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cuando los primeros destellos del alba comenzaban a iluminar la ciudad, muchos oscenses empezaban a despertarse dispuestos también a lanzarse a la calle para sumarse «con todo entusiasmo» al recibimiento que se iba a dispensar al jefe del Estado. Realmente la capital altoaragonesa ofrecía ya en esos momentos «un aspecto fantástico. Todos los balcones y ventanas de sus casas aparecían con tapices y colgaduras; sus principales calles: los Cosos, Porches de Galicia, plaza de Navarra, avenida del Generalísimo, plaza de Cervantes y plaza de la Catedral, se encontraban profusamente adornadas con banderas de los colores nacionales y del Movimiento, que pendían de un lado a otro». En la plaza de Navarra, frente al Aero Club y a la Delegación de Hacienda, se habían colocado mástiles con banderas y gallardetes rojigualdos, así como, «en el primero de dichos puntos, grandes reposteros». Dentro de la misma plaza, pero en la carretera de Zaragoza a Francia, se levantaba un gran arco de triunfo con el escudo nacional y el de Huesca en la parte superior y un enunciado en el que podía leerse: «Franco, Franco, Franco». A pocos metros de allí, el palacio de la Diputación Provincial, donde las autoridades provinciales y locales habían de recibir al jefe del Estado, también exhibía una apariencia espléndida. La Guardia del Caudillo, «en traje de Gran Gala», formaba desde muy temprano en la escalera principal del edificio, engalanada para la ocasión con alfombras y una gran cantidad de plantas y flores naturales. No obstante, Franco no solo iba a visitar el centro de la ciudad, sino que se desplazaría por varios puntos de ella, como el sanatorio de Montearagón, el nuevo Gobierno Civil, el nuevo Palacio de Justicia, el seminario, el edificio del Ayuntamiento o la catedral, por lo que no solo el centro fue decorado para la ocasión. Así, en el inicio del Coso Bajo, frente a la plaza de Santo Domingo, se alzaba otro arco de triunfo —este con la leyenda «Huesca por Franco»— diversos puntos de la localidad albergaban grandes letreros con textos alusivos a la jornada patriótica que se iba a celebrar y en las inmediaciones del cerro de San Jorge se hallaba dispuesta una imponente batería de artillería que se encargaría de disparar las salvas de ordenanza para anunciar la llegada del Generalísimo. Horas antes de que esta tuviera lugar, un gentío inmenso llenaba las aceras y las calzadas de los Porches de Galicia, la plaza de Navarra, la calle Martínez de Velasco, la calle Zaragoza y otras adyacentes, haciendo prácticamente imposible abrirse

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El fin de la provisionalidad (1949-1959)

Autoridades por la calle Goya en la procesión de San Lorenzo (1949-1950). De izquierda a derecha, Fernando Lázaro Carreter; Miguel Sancho Izquierdo, rector de la Universidad de Zaragoza; Manuel Tuero, gobernador militar; Manuel Ruiz de la Serna, gobernador civil; Vicente Campo, alcalde; José Gil Cávez, presidente de la Diputación Provincial, y José María Palacín, médico y concejal. Detrás del gobernador y el alcalde, de blanco, Sauras, jefe de los guardias municipales. (Foto: Uri. Colección Vicente Campo Palacio. Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca)

camino por ellas. Tanto a pie de calle como en balcones y ventanas, igualmente abarrotados, podían observarse numerosas pancartas con mensajes del tipo «Canales y pantanos han de ser los senderos de la región altoaragonesa» o «Caudillo de España: No te servimos por deber; te obedecemos por amor». En la plaza de Navarra y los Porches de Galicia, preparados para rendir honores a su caudillo, se hallaban concentradas las diversas secciones de la Organización Sindical, los camaradas de la vieja guardia, la Guardia de Franco, la centuria La Campana del Frente de Juventudes de Huesca y otra de Barbastro perfectamente uniformadas, la banda de música provincial y tropas del Ejército. Frente al palacio de la Diputación, además de varias camaradas de la Sección Femenina ataviadas con trajes típicos de las distintas comarcas de la provincia, formaba una

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Francisco Franco conversando con el obispo Lino Rodrigo ante la catedral de Huesca el 22 de junio de 1953 en presencia del gobernador civil Ernesto Gil Sastre y los canónigos Ramón Abizanda y Marino Sanjuán. A la izquierda, con traje oscuro, Eusebio Tierz, del Orfeón Oscense. (Foto: Vicente Plana)

compañía del Regimiento de Cazadores de Montaña número 3, con escuadra de gastadores y banda de música, al mando del capitán Amorebieta y con el teniente Alegre como abanderado. Finalmente, fuerzas de este mismo regimiento, junto a una batería de artillería del número 29, cubrían el trayecto entre la plaza de Navarra y el paso a nivel de la carretera de Zaragoza. Autoridades, jerarquías, representaciones e invitados comenzaron a llegar a la Diputación sobre las once de la mañana. De la larga lista de asistentes del que posiblemente era el acto político más importante celebrado en la ciudad desde que las armas impusieron el nuevo régimen cabe destacar al ministro de Justicia, Antonio Iturmendi; el director general de Regiones Devastadas, José María Marcián Pérez; los obispos de las diócesis de Huesca, Jaca y Barbastro —Lino Rodrigo, Ángel Hidalgo y Pedro Cantero, respectivamente—; el general jefe del Estado Mayor de la V Región Militar, Luis Serrano; el comandante militar de la plaza de Barbastro, Ángel Sanz Vinajeras, y las corporaciones local y provincial al completo, con José Gil Cávez

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al frente de la primera y Fidel Lapetra Iruretagoyena a la cabeza de la segunda. A la una menos diez de la tarde toda la ciudad pudo escuchar con claridad las salvas de ordenanza que anunciaban la entrada de Francisco Franco en Huesca. Al momento el centenar de campanas de iglesias y conventos de la ciudad comenzaron a tañer con estruendo. Pocos minutos después, a la altura del comienzo de la plaza de Navarra, el coche del Caudillo, en el que viajaba también el ministro de Agricultura, Rafael Cavestany, aflojó la marcha para detenerse en la confluencia de las calles Zaragoza y Martínez de Velasco, junto a los reposteros instalados en la fachada norte del Aero Club. Al descender del coche el jefe del Estado, la multitud que allí se agolpaba prorrumpió en vítores y gritos de «Franco, Franco, Franco», a los que este correspondió «saludando al público y sonriendo a las gentes». Inmediatamente llegaron al lugar los coches del ministro de Obras Públicas, el conde de Vallellano, y el secretario general del Movimiento, Raimundo Fernández Cuesta, que se unieron así al Caudillo una vez que este fue saludado por el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, Ernesto Gil Sastre. Con los acordes del himno nacional como telón de fondo, y una vez hubo revistado a las fuerzas que le rendían honores, el jefe del Estado fue presentado por la máxima autoridad provincial a las autoridades y jerarquías allí presentes. Tras los actos protocolarios, y antes de que el Generalísimo se dirigiera a los oscenses desde el balcón del palacio de la Diputación, adornado para la ocasión con grandes reposteros, el alcalde de la capital, José Gil Cávez, y el presidente de la Corporación provincial, Fidel Lapetra Iruretagoyena, pronunciaron sendos discursos en el Salón del Trono del edificio. Ambos dirigentes centraron sus complacientes peroratas en recordar los «gloriosos tiempos de la Cruzada de Liberación» que «salvó a nuestra perdida España» de la destrucción del más preciado de sus tesoros: «sus valores espirituales». De igual modo, los dos ofrecieron a Franco las condecoraciones que sus respectivas gestoras habían acordado concederle. Así, el primero le hizo entrega del Escudo de Oro de la Ciudad y el segundo le brindó una «Medalla de Oro, Especial y Única de la Provincia», testimonio de la «adhesión firme y perdurable» de esta. Terminados estos actos, el Caudillo, reclamado por la muchedumbre, se encaminó a la galería del palacio de la Diputación y, desde el balcón central, se dispuso a pronunciar un discurso. Sin embargo, durante varios minutos no pudo dirigir la palabra «a una multitud enfervorizada que no cesaba de aclamarle», lo que le llevó a levantar

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repetidas veces la mano en señal de saludo, «recomendando a la vez el silencio, que al fin se logró y fue absoluto». Su arenga fue breve y, como la mayoría de las que daba siempre, giró en torno a la defensa a ultranza tanto de la Guerra Civil como del régimen político surgido de ella y que él encabezaba. Solo al final Franco habló a los altoaragoneses de uno de sus muchos problemas reales: el de los riegos. Entonces, con la anodina vaguedad que le caracterizaba a la hora de hacer promesas de futuro, el Generalísimo prometió a los presentes que «en plazo breve» sus tierras, «ayer campos de cardos» y «hoy sonrientes al pasar el agua, todavía por desgracia, escasa», verían como se daban «un abrazo el Cinca, por un lado, y el Aragón, por otro».255 Franco permaneció en la capital altoaragonesa hasta las seis de la tarde, cuando partió hacia Zaragoza para presidir el banquete que la Diputación de esa provincia había organizado en su honor. Su estancia en Huesca, durante la cual inauguró diversos edificios cuya construcción había sufragado el Estado, tuvo un carácter indiscutiblemente propagandístico y coincidió en el tiempo con lo que Paul Preston ha denominado en otro lugar «la cima de la carrera política de Franco».256 No obstante, aun cuando todas las fuerzas de la coalición reaccionaria permanecían unidas a su alrededor, y a pesar de que se había superado con éxito el periodo de ostracismo internacional, estaban a punto de firmarse los pactos bilaterales con Estados Unidos y el Vaticano y se había aplastado con éxito al maquis, las contradicciones internas de su régimen no habían desaparecido, como se pudo comprobar en febrero de 1956. A finales de la década la continuidad del Caudillo no estaba amenazada; sin embargo, Franco había perdido el control total, tuvo que abandonar a la Falange y se vio obligado a dejar la gestión económica y política del Estado en manos de técnicos.257 Trataré de dar cuenta de todo ello a continuación.

La rehabilitación internacional del franquismo y el giro hacia la tecnocracia El 24 de septiembre de 1949 el periódico Nueva España salió a la calle con tan solo dos páginas como consecuencia del apagón sufrido en la ciudad durante gran parte de la noche, en algunos casos la noche entera, a raíz de las fuertes lluvias caídas

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en la ribera del río Gállego y los daños que estas ocasionaron en la central eléctrica de Anzánigo. La pequeña nota en la que la dirección del diario pedía perdón a sus lectores por la brevedad del número y les explicaba las causas que la motivaban estaba situada en el centro de la portada, la mayor parte de la cual recogía aquel día un cúmulo de noticias de la agencia EFE relativas a un hecho sucedido el día anterior que había perturbado la vida política de las potencias occidentales. El 23 de septiembre el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, y su secretario de Defensa, Louis Johnson, hicieron público un informe especial en el que advertían a los norteamericanos de que una bomba atómica soviética había sido detonada con éxito el mes de agosto anterior, referencia que posteriormente corroboraron el MI5 y los ingenieros militares franceses. Esta noticia, que no por impactante era menos esperada, inició una sucesión de acontecimientos políticos mundiales que hicieron descender varios grados la temperatura de la Guerra Fría en beneficio de Franco.258 Pocos días después, la guerra civil que se había desatado en China entre el Gobierno del Kuomintang y el Partido Comunista tras la derrota japonesa en la II Guerra Mundial llegó a su fin con un resultado alarmante para el bloque capitalista. El 1 de octubre de 1949, una vez que el Gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek huyó a Taiwán en busca de refugio, el líder comunista Mao Zedong proclamó la República Popular en China. A decir verdad, Mao nunca fue un hombre de paja de Moscú, pero desde Occidente su llegada al poder se interpretó como la caída de otra gran área del mundo en la órbita de la Unión Soviética. Una paranoica convicción de amenaza se adueñó de muchos norteamericanos, cuya impresión de que los comunistas eran la causa de todos los problemas del país aumentó exponencialmente cuando, a partir de febrero de 1950, el senador Joseph McCarthy inició su particular caza de brujas contra todos aquellos que consideraba sospechosos de ser agentes soviéticos o simples simpatizantes del comunismo infiltrados en la Administración pública o en el Ejército. Sin embargo, las especulaciones de todo tipo sobre las intenciones imperialistas soviéticas se desataron cuando, el 24 de junio, Corea del Sur, bajo control estadounidense desde el final de la II Guerra Mundial, fue invadida por Corea del Norte. La Administración Truman pasó entonces de la estrategia de contención a una respuesta más agresiva ante el expansionismo soviético. En ese contexto, tanto

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las crecientes dudas de la Junta de Jefes de Estado Mayor acerca de la capacidad defensiva de Occidente como su tenaz convencimiento del valor estratégico de la península ibérica como punto de apoyo clave en el caso de una hipotética intervención norteamericana en Europa llevaron a dicho organismo a presionar al Departamento de Estado para que iniciara los trámites oportunos a fin de lograr una alianza con España que permitiese la instalación en ella de bases aéreas y navales. A partir de ese momento los acontecimientos se sucedieron de forma vertiginosa. El 26 de septiembre, con tropas estadounidenses actuando ya en Corea, la Comisión de Iniciativas de las Naciones Unidas votó a favor de reconsiderar las relaciones diplomáticas con España. Un mes más tarde, el 31 de octubre, el Comité Político Especial de la ONU que se reunió en Lake Success, una pequeña localidad del estado de Nueva York, derogó la resolución de diciembre de 1946 sobre la retirada de embajadores de España. Finalmente, el 4 de noviembre la Asamblea General de la ONU autorizó, tras la correspondiente votación, el regreso de los representantes diplomáticos a Madrid, así como la admisión de España en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El 27 de agosto de 1953, algunos meses después de la admisión de España en la Unesco, que tuvo lugar el 17 de noviembre de 1952, la prolongada negociación del Concordato con el Vaticano concluyó con éxito. La demora dejaba entrever las dudas de este respecto a la estabilidad y la respetabilidad internacional de la dictadura franquista. En puridad, aunque con una importancia significativamente menor que la que el régimen le otorgó, la firma del Concordato constituyó un paso trascendental hacia su reconocimiento internacional. A cambio, la Iglesia obtuvo un puesto preeminente en la enseñanza y en la moral social, así como el derecho exclusivo de hacer proselitismo como religión oficial del Estado. Evidentemente, el Concordato nunca tuvo la relevancia política y práctica de los acuerdos firmados con Estados Unidos el 26 de septiembre de 1953. Sin embargo, a pesar de que Franco aseveró siempre que no había cedido ni un ápice de soberanía nacional con la firma de dichos pactos, la realidad reflejaba una escasa reciprocidad. Así, mientras por un lado cualquier compromiso adquirido por Estados Unidos quedó subordinado a sus previos convenios con la OTAN, de la que España continuó excluida, por otro, en caso de que esta fuera atacada por un agresor no comunista, los norteamericanos no tenían ninguna obligación de socorrerla.

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Plano del proyecto para la fachada de la Jefatura de Obras Públicas, de 1952. (Archivo Municipal de Huesca)

Los pactos de Madrid trajeron consigo 226 millones de dólares en ayuda militar y tecnológica, una asistencia que en realidad se limitó a proyectos de tipo infraestructural con finalidades militares —la construcción de carreteras, puertos e industrias defensivas— y a la aportación de material procedente tanto de los equipos excedentes del rearme general de la OTAN como de armas, aviones y otros vehículos ya utilizados en la II Guerra Mundial y en la guerra de Corea. Por su parte, Franco autorizó el establecimiento de bases aéreas en Torrejón de Ardoz, Sevilla, Zaragoza y Morón de la Frontera y la creación de una base naval en Rota, así como la puesta en marcha de una enorme cantidad de pequeñas instalaciones

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La plaza de Cervantes, donde se encontraba el Gobierno Civil, en 1953. (Foto: J. M. París. Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca)

aéreas y de reabastecimiento de combustible naval en puertos españoles. Además, el personal militar norteamericano destinado en España quedó exento de las leyes y del sistema tributario español. En esa fecha la rehabilitación internacional de la España franquista era ya un hecho, aunque todavía estaban por llegar los acontecimientos con mayor carga simbólica. El primero de ellos se produjo el 14 de diciembre de 1955, cuando, junto a otros quince países —entre ellos Portugal, Laos, Libia e Italia—, España ingresó oficialmente en la Organización de las Naciones Unidas. No obstante, la culminación de la carrera internacional de Franco se produjo cuatro años después, con la llegada a España en visita oficial del presidente de los Estados Unidos de América, el general Dwight David Eisenhower. El otrora comandante supremo de las tropas de los Aliados en el frente occidental del teatro europeo de operaciones en la II Guerra Mundial aterrizó en Torrejón de Ardoz el 21 de diciembre de 1959, en el marco de un viaje por varios países que venía realizando desde noviembre, con el fin de

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mantener una breve conversación sobre cooperación en la gestión de las bases. Los éxitos diplomáticos del régimen desactivaron la presión exterior sobre él y permitieron su aceptación en el ámbito occidental, si bien con un estatuto especial de socio menor y despreciado por su estructura política y su pasado reciente. A nivel interior, Franco superó los años de ostracismo internacional con sus poderes indisputados. Gracias a su hábil explotación de la condena extranjera y a la gran inversión realizada en terrorismo de Estado, a la altura de 1953 el Caudillo no solo había logrado incrementar el apoyo popular sobre su persona, sino que había domado a la oposición monárquica, aplastado la resistencia de las guerrillas y conseguido que la Iglesia y el Ejército se volvieran más franquistas en sus lealtades. Sin embargo, lo que no logró suprimir, por más que pasasen frecuentemente desapercibidas, fueron las continuas escaramuzas surgidas en el marco de la competencia por el poder entre los diferentes proyectos existentes en el seno de la dictadura desde sus orígenes. La necesidad de adaptación al nuevo escenario internacional comportó que desde 1945 el Caudillo cediese importantes espacios de presencia pública a los representantes del catolicismo político capitaneado por Alberto Martín Artajo. Inicialmente la incertidumbre detuvo los enfrentamientos entre los distintos proyectos políticos que convivían en la coalición reaccionaria, pero a la altura de 1948, cuando todas las tormentas que amenazaban al régimen parecían haber pasado, las pugnas volvieron a hacerse patentes. La dictadura apareció entonces lo suficientemente consolidada como para que aquellos que, constituyendo los principales referentes ideológicos, habían pagado un mayor peaje en los años precedentes, los falangistas y los nacionalistas reaccionarios —los monárquicos de Acción Española y su entorno—, volvieran a pugnar por sus propias alternativas. Conforme el peligro se fue alejando, un creciente malestar afloró en las filas azules, particularmente entre los sectores englobados bajo el paraguas de la revolución pendiente, en los que estaba muy extendida la idea de que, si bien formalmente el régimen se asentaba en el programa falangista, su práctica política estaba muy alejada de él. De hecho, si se exceptúan los beneficios anejos al disfrute del aparato del Estado, todo eran inconvenientes para una organización crecientemente impopular entre amplios sectores de la sociedad española. En este contexto, la vuelta de Raimundo Fernández Cuesta a la Secretaría General del Movimiento fue entendida por muchos de ellos como la señal de una especie de resurgimiento falangista.

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A pesar de todo, tal y como percibía la mayoría de la población, la Falange seguía teniendo el monopolio de la vida política y social, en la medida en que sus organismos de encuadramiento siguieron funcionando en los años duros. Así, la Sección Femenina, el Frente de Juventudes, la Organización Sindical, la Prensa del Movimiento y la Administración periférica —gobiernos civiles, diputaciones provinciales y ayuntamientos— continuaban trufados de falangistas que, pese a la pérdida de protagonismo, no dejaron de hacer su trabajo durante los años de «travesía del desierto».259 Con el renovado apoyo de Franco y en un régimen que parecía por fin consolidado, la Falange jugó con fuerza en el terreno intelectual y político con el fin de aumentar el peso de su maquinaria en todos los ámbitos de la dictadura, singularmente en todo lo referido al diseño del futuro del Estado. Se trataba de ir rehaciendo el Partido, reclamar unidad en las filas, evitar las tensiones y las rebeldías de años anteriores y ganar visibilidad en las altas esferas de Gobierno. Una vez superadas la guerra y la posguerra mundiales, en el Partido pensaban que había llegado su momento, que ahora las cosas serían diferentes.260 Al margen de los debates políticos e intelectuales, y en contraste con las satisfechas declaraciones de Franco acerca de sus logros exteriores y nacionales, a finales de los años cuarenta la incapacidad de la dictadura para elevar el nivel de vida de la mayoría de los españoles era patente. De hecho, en las grandes ciudades comenzaban a aparecer inquietantes signos de un renacer del activismo obrero. A decir verdad, frente a la imagen pergeñada desde la altas esferas del Estado de una España triunfante que estaba cumpliendo su destino en lo universal, se imponía la realidad de unas clases trabajadoras que sobrevivían en unas condiciones cada vez más lamentables. Así, mientras la constante escasez de materias primas y energía mermó de modo significativo la actividad industrial y obligó a reducir drásticamente los sueldos de los obreros, la ineficacia de las políticas agrícolas del régimen llevó a las familias trabajadoras a recurrir al mercado negro de alimentos, donde los precios multiplicaban por dos la tasa oficial, de modo que estos se elevaban muy por encima de lo que lo hacían los salarios. A lo largo del primer cuarto de 1951 el deterioro del nivel de vida de los trabajadores planteó un grave reto para el régimen en las dos zonas industriales más importantes del Estado: Cataluña y el País Vasco. En Barcelona, la inconsciente

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decisión del gobernador civil de aumentar las tarifas de los tranvías sin tener en cuenta sus repercusiones en el coste de la vida provocó importantes desórdenes que el 12 de marzo desembocaron en una huelga general secundada por unos trescientos mil trabajadores. Posteriormente, cinco días después de la firma del Tratado de París,261 doscientos cincuenta mil trabajadores de los astilleros, las fábricas de acero y las minas del País Vasco comenzaron una huelga de cuarenta y ocho horas que, en forma de conatos esporádicos, acabó extendiéndose hasta el mes de mayo. Las protestas, secundadas en ambos casos por falangistas, activistas de la Hermandad Obrera de Acción Católica, representantes de los movimientos de la izquierda ilegalizada y miembros de la clase media, fueron duramente reprimidas mediante apaleamientos brutales y detenciones masivas que, en el tenso contexto internacional de la Guerra Fría, se interpretaron como una prueba más del enérgico anticomunismo del Caudillo. En estas circunstancias, Franco decidió remodelar su Gabinete el 18 de julio de 1951. Con la guerra de Corea como trasfondo y los rumores sobre la cercana entrega del poder a don Juan flotando en el ambiente, el Generalísimo aprovechó la ocasión para reafirmar el tono falangista de su régimen. Con esta decisión puso fin a los rumores monárquicos y, además, se rodeó de una gran cantidad de ministros en los que confiaba plenamente —dado que el cada vez mayor anacronismo de la Falange hacía que no tuvieran otro sitio a donde ir— para que le ayudaran a disminuir cualquier reacción nacionalista violenta que pudiera provocar en el Partido la cesión parcial de soberanía a Estados Unidos que iba a suponer la firma del citado tratado. Carrero Blanco se convirtió sin duda en la figura con mayor peso político del Gobierno que debía dar los primeros pasos hacia la apertura del sistema económico español. Ese fue el precio que tuvo que pagar Franco por recibir el apoyo estadounidense y lograr la integración en las Naciones Unidas sin desmantelar su dictadura. Sin embargo, el Caudillo se aferró a la autarquía hasta que el estrepitoso fracaso de esa política, cuya rigidez estructural contribuyó a mostrar el estímulo proporcionado a la economía española por los acuerdos firmados con Estados Unidos en 1953, lo abocó irremediablemente al cambio. Los Pactos de Madrid constituyeron, por tanto, un importante paso en el proceso de desarrollo económico y social que terminó obligando al jefe del Estado a colocar al frente de la economía española a tecnócratas altamente cualificados y no a sus viejos colegas militares.

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Aunque aparentemente la remodelación ministerial de 1951 no introdujo grandes cambios, más allá de la constatación del renovado apoyo de Franco al falangismo —recuperación del rango ministerial de la Secretaría General del Movimiento incluida—, lo cierto es que el nombramiento de Joaquín Ruiz-Giménez Cortés como ministro de Educación y la llegada de Florentino Pérez Embid a la Dirección General de Propaganda tuvieron una indiscutible trascendencia en el inmediato futuro político del país. A pesar de ser un representante del catolicismo oficial, Ruiz-Giménez defendía que la legitimidad de la victoria debía ir acompañada de una política más integradora que permitiera al régimen impulsar un proceso de renovación de cara a su desarrollo y su adaptación al mundo que se había conformado después de la II Guerra Mundial.262 Para lograr su propósito, el nuevo ministro de Educación se rodeó de un equipo en el que tenían una presencia notable viejos intelectuales falangistas como Pedro Laín o Antonio Tovar. Esta fue sin duda una decisión de gran relevancia por dos motivos: en primer lugar, abrió el Ministerio de Educación a un sector del falangismo radical, lo que rompía con lo que hasta aquel momento había sido un elemento esencial de los equilibrios de la dictadura; como consecuencia de ello, y en segundo lugar, el área de la educación se incorporó a la dinámica de apertura – integración cultural propuesta por los falangistas. El proyecto de Ruiz-Giménez chocó frontalmente con las posiciones de los sectores integristas articulados en torno a lo que Rafael Calvo Serer había denominado tercera fuerza, ahora fortalecida con la entrada de Florentino Pérez Embid en la Dirección General de Propaganda. De hecho, en el fondo del debate y las tensiones político-intelectuales que se desarrollaron entre falangistas e integristas católicos, particularmente en la primera mitad de los años cincuenta, latía con fuerza uno de los principales problemas que tendría el régimen a largo plazo: la incapacidad para ampliar sus márgenes de flexibilidad como consecuencia de su irrefrenable miedo a perder el control de la situación si daba pábulo a políticas «aperturistas».263 La Falange era consciente de su débil posición ante una población que la culpaba mayoritariamente tanto de la corrupción existente en la Administración pública como de los bajos sueldos y el alto coste de la vida. Por ello, ante la posibilidad de convertirse en el blanco de los sectores populares que la culpaban de todos los males del régimen, y temiendo que tras el fin del aislamiento aumentara la influencia

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en el Estado de aquellas potencias occidentales que, como Gran Bretaña, apoyaban sin tapujos una salida monárquica a la cuestión española, su objetivo no fue simplemente buscar la reafirmación de un poder que ya tenía, sino evitar a toda costa que su presencia en amplios sectores de la Administración pudiera verse mermada. En estas circunstancias, las altas jerarquías del Movimiento —denominación que se empleaba cada vez con más frecuencia— eran conscientes de su dependencia del favor de Franco. Por eso no debe extrañar que todos los ocupantes de la Secretaría General durante la década de los cincuenta —Fernández Cuesta, Arrese y Solís— intentaran poner en marcha otros tantos proyectos con el fin de institucionalizar el papel de FET en el sistema, es decir, para asegurar la función que había de realizar Falange en el Estado español por encima de las coyunturas de cambio de régimen (de caudillaje a monarquía) y de personas (posible fallecimiento o incapacidad del Caudillo). La institucionalización era además la única solución para no perder del todo a unas bases que reclamaban la puesta en marcha de los proyectos revolucionarios falangistas y, sobre todo, pedían que se garantizase su presencia en los diferentes niveles del Estado. Este fue el marco en el que, en febrero de 1956, estallaron las tensiones universitarias que habían surgido en enero de 1954. Franco malinterpretó gravemente los síntomas de inquietud estudiantil, verdadero aviso de que la sociedad española empezaba a avanzar en una dirección diferente de la del régimen. El Caudillo todavía podía llevar los asuntos de rutina, manipular a sus subordinados y utilizarlos unos contra otros, pero no tenía contacto con la realidad general de cambio social y las aspiraciones de sustanciales sectores de la población española. Por eso este tipo de agitaciones le resultaron del todo incomprensibles. Los estudiantes españoles de aquella época, ya fueran de izquierdas, liberales o falangistas que expresaban un tipo diferente de insatisfacción respecto a la dictadura, pertenecían casi exclusivamente a familias acomodadas de clase media, por lo que no podía aplicárseles el mismo tipo de brutal represión que se utilizaba sin reservas contra las huelgas de la clase obrera. La visión de los buenos y los malos españoles, los vencedores y los vencidos, los franquistas y los antifranquistas, que le había rendido tantos beneficios desde 1939, empezaba a ser irrelevante a causa del cambio generacional. Más que nunca, la reconfortante convicción de que cualquier oposición era de inspiración comunista o masónica resultó inadecuada.

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En el Consejo de Ministros celebrado el 9 de febrero de 1956 fueron suspendidos por primera vez los derechos establecidos por el Fuero de los Españoles de 1945. Sin embargo, aquella crisis no se saldó únicamente con la adopción de medidas represivas. Pocos días después, el 16 de febrero, tanto Fernández Cuesta como RuizGiménez fueron sustituidos oficialmente. Franco culpaba al primero de no haber sabido contener la aparición de tendencias antifranquistas dentro del Movimiento y acusaba al ministro de Educación de permitir que afloraran los elementos de la izquierda de las universidades. Inmediatamente, el Caudillo nombró de nuevo a José Luis Arrese secretario general del Movimiento con dos claros objetivos: por un lado, pretendía dar a la Falange cierto barniz de aquiescencia; por otro, trataba de evitar que su suerte quedara en manos de unos altos oficiales del Ejército que aspiraban a una pronta restauración de la monarquía. Arrese llegó a una organización precaria, falta de proyecto político y con una frágil unidad interna, solo mantenida por la oposición de sus miembros tanto al establecimiento de una monarquía que pudiera desplazarlos del poder como a la pérdida de los puestos políticos y administrativos que habían conseguido como botín de guerra y a los que no estaban dispuestos a renunciar bajo ningún concepto. En esas circunstancias, el plan del nuevo secretario general del Movimiento era «evitar la desbandada» y proporcionar un proyecto de continuidad a un régimen surgido de una guerra civil y que no estaba garantizado por el sistema, sino por la vida de un hombre que con su sola presencia había hecho innecesaria su institucionalización. El objetivo era establecer un ordenamiento jurídico que, una vez muerto el Caudillo, permitiera desconcentrar todo el poder que este acumuló desde octubre de 1936 y evitar así que su sucesor pudiera desviarse de los principios que inspiraron el «Alzamiento del 18 de julio».264 Dando por hecho que la cristalización de tendencias era ya irreparable, Arrese pretendía convertir el Movimiento en el marco del debate político entre los distintos grupos que apoyaban al régimen, pero exigiendo que aquel fuese el centro decisivo del que surgieran las directrices políticas de la gestión gubernamental. Para impulsar su proyecto institucionalizador, el arquitecto vizcaíno propugnaba la aprobación de tres nuevas leyes fundamentales: una Ley de Principios Fundamentales del Movimiento donde se definiera la doctrina del Estado español, una Ley Orgánica del Movimiento que fijara los poderes del Movimiento Nacional dentro

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del Estado y, finalmente, una Ley de Ordenación de la Jefatura del Estado que señalara las funciones distintivas del jefe del Estado y las del jefe del Gobierno.265 De este modo, dado que había llegado el tiempo en el que el poder arbitrario, inestable e individualizado de Franco daría paso a un marco jurídico institucionalizado capaz de organizar la sociedad, Arrese trató de aprovechar la ocasión para dotar al Movimiento de una mayor autonomía y convertirlo en una pieza clave del poder político.266 Aunque sus ideas implicaban un enorme aumento de poder para el Partido Único, tras los sucesos universitarios de febrero y la pérdida de Marruecos en abril Franco se aferró a ellas en un intento de revitalizar su mando. Sin embargo, en lugar de calmar los ánimos, los planes de Arrese provocaron una intensa polarización. Los juanistas, los tradicionalistas, los católicos y el Ejército criticaron duramente lo que entendían como un proyecto encaminado a perpetuar la hegemonía falangista y bloquear cualquier futura restauración de la monarquía, aunque la oposición que verdaderamente lo condenó al fracaso fue la de la jerarquía eclesiástica, a la que Franco no quería enfrentarse. Por ello, y porque nunca había conferido a la Falange un papel que no fuera instrumental, el Caudillo decidió finalmente paralizar los propósitos de Arrese, una decisión que, además de constatar el fracaso de aquellos que habían pretendido institucionalizar el régimen en un sentido político que no era el mayoritario, puso de manifiesto la falta de anclajes en el futuro de la Falange más allá de la voluntad del Caudillo. A decir verdad, las cosas llegaron a un punto crítico a mediados de enero de 1957, cuando estalló en Barcelona otra huelga de usuarios de los transportes públicos relacionada con las manifestaciones universitarias contra el régimen organizadas so pretexto de solidaridad con el alzamiento de Hungría. A pesar de que no fue tan tensa ni tan violenta como la de 1951, el hecho de que coincidiera en el tiempo con la tensión acumulada en el seno de la dictadura a causa del proyecto de Arrese y con los graves problemas económicos que afectaban al régimen —la astronómica inflación y el desastroso estado de la balanza de pagos— llevó a Franco a concluir que era inevitable una remodelación general del Gobierno. El Gobierno constituido el 25 de febrero de 1957 supuso una renovación de gran magnitud. Arrese fue cesado como ministro de la Secretaría General del Movimiento y puesto al frente del nuevo Ministerio de la Vivienda, creado

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para hacer frente a las necesidades que los movimientos migratorios estaban provocando en las grandes ciudades, aunque descaradamente infradotado de presupuesto. La Secretaría General del Movimiento fue ocupada por un falangista todavía más colaboracionista: el jefe de la Organización Sindical José Solís Ruiz. Al mismo tiempo, para garantizar el orden público tras los disturbios estudiantiles, la indisciplina falangista y la inquietud obrera que se produjo el año anterior, el Caudillo colocó a Camilo Alonso Vega al frente de la cartera de la Gobernación. Por último, los opusdeístas Alberto Ullastres y Mariano Navarro fueron nombrados ministro de Comercio y de Hacienda respectivamente y Carrero Blanco continuó al frente del Ministerio de la Presidencia del Gobierno, cuyas competencias fueron ampliadas. Franco utilizó los cambios de Gabinete de 1957 para comenzar un largo proceso destinado a anular completamente a la Falange. Siempre la conservaría como instrumento útil para sus propios intereses, pero estaba decidido a que nunca volviera a desmandarse como lo había hecho durante 1956. Por el contrario, el proyecto procedente de la cultura política de Acción Española, que reformuló programáticamente Calvo Serer en 1953, encontró en los nuevos ministros tecnócratas un modo menos frontal, más sutil y, por tanto, mucho más efectivo de ser llevado a la práctica.267 Los tecnócratas pasaron a ocupar los ministerios económicos, aunque paulatinamente fueron invadiendo otras áreas del Gobierno, antes bajo control falangista o católico, lo que rompió el equilibrio interno de la coalición franquista y terminó propiciando la aparición de tensiones entre las diferentes tendencias presentes en el interior de la dictadura.268 Los tecnócratas reunían unas características comunes que se adaptaban perfectamente las necesidades del régimen en aquel momento. Todos aspiraban a modernizar el capitalismo español y a superar un sistema autárquico que consideraban periclitado; mantenían una concepción radicalmente autoritaria del poder que se explica por la pertenencia de muchos de ellos al Opus Dei; procedían en su mayoría del Movimiento y habían ejercido distintas responsabilidades en las instituciones estatales, pero no estaban vinculados a los grupos ideológicos y políticos originarios a los que se pretendía restar protagonismo; y, por último, se mostraban favorables a la instauración de la monarquía en los términos previstos en la Ley de Sucesión, que no eran los de la restauración que perseguían algunos monárquicos.

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La llegada de estos técnicos al Consejo de Ministros fue una respuesta pragmática y parcial a un conjunto de problemas específicos, relacionados con la redefinición de las estructuras políticas y administrativas del régimen y la superación del colapso económico, a los que el franquismo tenía que dar una solución eficiente si quería sobrevivir. La reforma político-administrativa echó a andar a la vez que el nuevo Gobierno. Así, el 25 de febrero de 1957 fue aprobado el Decreto-Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado269 que sentó las bases de una reorganización del Ejecutivo creando el Ministerio de la Presidencia del Gobierno, un auténtico negociado de jefatura del Gobierno que iniciaría, redactaría y programaría la legislación, indicio de la creciente complejidad de la Administración pública, y a cuyo frente estaría Carrero Blanco, quien desde entonces tendría las atribuciones propias de un presidente del Gobierno. Tanto Carrero Blanco como Laureano López Rodó —que ya se había convertido en su mano derecha por su demostrada capacidad para señalar las claves de la renovación política y económica que en aquel momento de crisis era imprescindible acometer— coincidían con Arrese en la necesidad de separar la figura del jefe del Estado y la del jefe del Gobierno a fin de asegurar la continuidad del régimen, pero, a diferencia de él, querían evitar a toda costa la consolidación del poder de la Falange. Su idea era crear un marco legislativo menos político que, apostando por la liberalización económica, permitiese una evolución gradual hacia una monarquía autoritaria encarnada en la persona del príncipe Juan Carlos. El primer fruto del trabajo de López Rodó como jefe de la Secretaría de la Presidencia fue la Declaración de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional,270 dada a conocer el 17 de mayo de 1958 por el mismo Franco y que venía a sustituir a la planteada por Arrese en 1956. Los doce principios eran una declaración inocuamente vaga y altruista del catolicismo social del régimen y su compromiso con la justicia social que recogía toda la acción que debía inspirar el Estado, aunque nada había en ella sobre el Movimiento Nacional entendido como FET de las JONS. Las especulaciones tanto sobre el futuro del Caudillo como sobre los planes de Carrero y López Rodó en torno a la institucionalización del régimen estimularon la formación de diversos grupos de oposición dentro de la propia coalición vencedora, tales como Democracia Social Cristiana, Izquierda Demócrata Cristiana o, más tardíamente, Unión Española. Para acabar con estas iniciativas, Franco permitió a

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los monárquicos del Gobierno que elaboraran su propio plan constitucional para la sucesión, cuyo primer borrador le fue entregado por Carrero el 7 de marzo de 1959. Sin embargo, su conocida renuencia a tomar cualquier decisión que pudiera apresurar su propia partida acabó con dicho texto en un cajón, donde permaneció por espacio de ocho años. No obstante, la cuestión prioritaria del nuevo Gobierno fue superar el colapso económico, y eso pasaba inevitablemente por el abandono de las ideas económicas más estimadas por el Caudillo y la Falange: las autárquicas. El 10 de junio de 1958, en medio de un fuerte descenso de las reservas de divisas españolas y una inflación astronómica, Mariano Navarro presentó al Gobierno un informe en el que pergeñaba los primeros esbozos del duro programa de estabilización que sentaría los cimientos del futuro desarrollo económico de España. Franco no estaba en absoluto convencido de que la liberalización de la economía fuese lo más indicado para salir de aquella situación porque temía que, una vez que fuera económicamente dependiente de la buena voluntad internacional, pudieran presionarle para que realizara reformas políticas o incluso para que dimitiera. La constatación de la quiebra técnica financiera y la posición firme en sus propuestas de los ministros económicos forzaron la apertura del proceso de negociación del Plan Nacional de Estabilización Económica con los organismos internacionales. El golpe de timón de la práctica económica se plasmó definitivamente en el Decreto-Ley de Ordenación Económica de 21 de julio de 1959,271 más conocido como Plan de Estabilización. Puesto en marcha bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional y la Organización Europea para la Cooperación Económica, tenía como objetivos reducir el consumo interior mediante una fuerte devaluación de la peseta, tajantes restricciones crediticias y recortes del gasto público, y aumentar las importaciones de bienes de capital, utilizando para ello las divisas obtenidas mediante la exportación de los excedentes de producción. Sus efectos sociales a corto plazo fueron traumáticos, ya que castigaron a la clase obrera en términos de congelación salarial, aumento del desempleo y escasez de artículos de primera necesidad, lo cual no hizo sino consolidar el proceso de reanimación sindical clandestina que se había iniciado en España a principios de la década, impulsado y organizado tanto por los grupos católicos como por el Partido Comunista y otras organizaciones de izquierdas.

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Aunque a finales de 1959 los dos principales indicadores del equilibrio monetario —los precios y la balanza de pagos— ofrecían unos resultados que permitían el optimismo, los efectos recesivos no empezaron a remitir hasta 1961. A partir de entonces, la economía española, liberada de los encorsetamientos que habían bloqueado su crecimiento durante treinta años y en una coyuntura internacional extraordinariamente favorable, empezó a crecer a buen ritmo. Esto, a su vez, traería consigo una enorme inversión extranjera, una industrialización masiva, migración interior, urbanización y expansión educativa, con la consecuencia social de convertir a Franco y el falangismo en anacronismos históricos. Ante la ristra de medidas políticas y económicas que desde febrero de 1957 comenzaron a tomarse con el fin último de marginar y desarmar a la Falange, esta no permaneció impasible y trató reaccionar adoptando un discurso de crítica social al Gobierno. Esta postura, junto con la aparición de grupos de oposición conservadores dentro de la coalición reaccionaria, dañó seriamente su unidad interna, la cual, no obstante, ya había comenzado a relajarse a partir de 1953. De esta manera, desde 1957 las tensiones existentes en el interior de la dictadura se solidificaron y dieron lugar a un fraccionamiento de la élite dirigente que le impidió estar en condiciones de asumir y defender un proyecto político homogéneo y coherente tras la muerte de Franco.272 Como ha señalado Miguel Ángel Ruiz Carnicer, el objetivo de José Solís no fue distinto al de sus dos anteriores predecesores al frente de la Secretaría General del Movimiento: mantener la cuota de presencia pública de la Falange, garantizar su pervivencia y hacer posible la continuación de los falangistas en sus puestos ministeriales, en la Administración periférica y en la enorme burocracia del Partido, extendida por toda España a través de una tupida red de delegaciones y representaciones provinciales.273 Sin embargo, el jurista cordobés, con el fracaso de Arrese todavía fresco en la memoria, era consciente de que aquello que hasta ese momento no había sido posible no lo sería en el futuro si no se procedía a una modificación sustancial de la relación establecida entre el régimen, el Movimiento, el Estado y la sociedad.274 Solís intentó poner en marcha una nueva faz de la Falange que le permitiera recuperar, al menos en parte, el apoyo popular. Para ello, las reformas sociales pasarían a ser el centro de un discurso que intentaba distanciarse del pasado inmediato sin renunciar a su trayectoria. En otras palabras, el objetivo era sustituir la imagen de la Falange asociada a la represión y la violencia de la Guardia de Franco que habría

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producido la desconfianza y el rechazo de las masas por otra que la vinculara a la representación política de los trabajadores españoles.275 Aun cuando a las puertas de los años sesenta la Falange había perdido la iniciativa política y la oportunidad de fraguar una base directa de poder que le permitiese sobrevivir tanto a la instauración de una monarquía como a la prematura muerte de Franco, lo cierto es que no solo no sucumbió, sino que logró mantenerse en la vida cotidiana de los españoles del único modo en que podía hacerlo: adoptando la forma de un sumiso entramado burocrático al servicio exclusivo de la permanencia del Caudillo y su dictadura. Sin embargo, este fenómeno de perennidad política resultaría difícil de explicar sin atender previamente al proceso gracias al cual FET-JONS consiguió, a lo largo de la década de los cincuenta, consolidar y ampliar su control sobre la Administración periférica del Estado. Analizar su desarrollo en el Ayuntamiento de Huesca es precisamente el objetivo de las siguientes páginas.

Las elecciones municipales y el fin de las gestoras provisionales El domingo 21 de noviembre de 1948 se presentó bastante frío en la capital altoaragonesa y hasta bien entrado el mediodía el sol no logró ganar la batalla a la niebla que durante toda la mañana amenazó con apoderarse de la ciudad. Posiblemente por ello la mayoría de los oscenses que estaban llamados a elegir a los concejales municipales por el tercio familiar retrasaron su visita a los colegios electorales, abiertos desde las nueve, hasta las horas centrales del día, para entonces «volcarse en apretados grupos», formando incluso colas, ante las mesas hasta las cinco de la tarde, cuando los centros se cerraron para dar comienzo al escrutinio de las papeletas. La jornada estuvo presidida por la normalidad más absoluta y fue seguida con atención por el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento Manuel Pamplona, que desde primera hora estuvo en su despacho al frente de los teletipos y los telégrafos montados durante la noche anterior en la sede del Gobierno Civil para

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una completa y rápida percepción de las incidencias y los resultados de la elección. A primeras horas de la noche se conoció el resultado del escrutinio, enviado ya por todas las mesas a la Junta Municipal, que fue acogido por toda la población con verdaderas muestras de agrado.276 Aunque a tenor de lo explicitado en el Fuero de los Españoles la celebración de los comicios a concejales por el tercio familiar respondía al derecho de todos ellos «a participar en las funciones públicas de carácter representativo a través de la familia, el municipio y el sindicato»,277 lo cierto es que el recurso a las elecciones populares en la España franquista fue, al igual que había ocurrido anteriormente en Italia y Alemania y como sucedía todavía en Portugal, un mecanismo fundamental para resolver el problema de la institucionalización de la dictadura.278 No obstante, estas elecciones no permitieron el más mínimo resquicio de juego representativo en el ámbito municipal. De hecho, todo el sistema estaba diseñado no solo para impedir que las autoridades perdieran el control del proceso, sino para favorecer su intervención directa en él. Además, este nuevo procedimiento liberó a los gobernadores civiles del desgaste político que suponía tener que participar en la selección de todos los miembros de las corporaciones municipales y, a la vez, permitió la permanente renovación de estas, evitando así la formación de camarillas de poder que dieran lugar a dinámicas caciquiles de larga duración.279 La realización de estas elecciones provocó una terrible paradoja en el seno de la coalición reaccionaria, puesto que, a fin de cuentas, suponía el intento de un régimen dictatorial de partido único de conseguir legitimidad a través de mecanismos democráticos, concediendo el carácter de confirmación plebiscitaria a las distintas consultas realizadas al calor de un sistema que abominaba de las urnas y se declaraba orgánico. Además, al realizar estos procesos electorales, las autoridades franquistas corrían dos importantes riesgos: por un lado, podían perder determinados escaños en los ayuntamientos, y a partir de 1967 en las Cortes, con la consiguiente erosión desde dentro que eso supondría para el sistema; por otro, existía el peligro de que se produjera una escasa participación, de la cual pudiera inferirse un rechazo hacia el régimen. Por ambos motivos, desde la puesta en marcha de este tipo de consultas las diferentes autoridades convinieron de inmediato en la necesidad de manipularlas a través de diferentes mecanismos legales e ilegales.280

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Desde el punto de vista jurídico, las elecciones a procuradores y concejales familiares se apoyaron fundamentalmente en el marco legislativo establecido por la Ley Electoral de 1907,281 convenientemente adaptado a un régimen de representación corporativa como era el franquista. Entre las modificaciones cabe destacar la que dejó en manos de diversas asociaciones económicas y sindicales y de los propios alcaldes la composición tanto de las mesas electorales como de las juntas provinciales y municipales del censo.282 Con el proceso de votación y escrutinio controlado totalmente por el Estado, pudieron llevarse a cabo todo tipo de arbitrariedades durante las jornadas electorales, desde la presión a los indecisos hasta la formación de brigadas organizadas de electores que recorrían los distintos colegios para suplantar a los abstencionistas, pasando por la falsificación de las actas una vez realizado el escrutinio, la introducción de centenares de sobres en las urnas o incluso el voto de los difuntos.283 No obstante, el procedimiento de selección y depuración de candidatos fue un elemento esencial en todos los comicios a concejales familiares celebrados durante el franquismo, ya que permitió a las autoridades impedir el acceso de un buen número de españoles a dicha condición y facilitó que esos cargos fueran directamente designados por la coalición reaccionaria de entre sus miembros.284 De este modo, a las condiciones generales de elegibilidad establecidas en la base novena de la Ley de Bases de Régimen Local de 17 de julio de 1945285 se sumaron otras que restringieron mucho más los requisitos necesarios para poder optar a un puesto de concejal en los ayuntamientos españoles. Entre ellas cabe destacar la obligación de todos los aspirantes de adherirse de manera incondicional a los Principios del Movimiento Nacional y a las otras Leyes Fundamentales, lo que implicaba ineludiblemente la realización de un informe político sobre su persona. Asimismo, nadie podía presentarse si no había desempeñado con anterioridad el puesto de concejal o no contaba con uno de estos cuatro apoyos: dos procuradores representantes de las corporaciones locales de la provincia, tres diputados provinciales, cuatro concejales del Ayuntamiento o un número de electores no inferior a la vigésima parte del censo.286 A pesar de todos los controles y las trabas existentes, cuyo único fin era garantizar el triunfo de los candidatos oficiales, tanto desde la Administración central como, especialmente, desde la Secretaría General del Movimiento se insistió en la necesidad de que se presentasen siempre al menos dos personas por escaño, aunque

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Inauguración de la Biblioteca Pública, Sección Moderna y Circulante, en el edificio del Círculo Oscense, en 1955. En primer plano, a la izquierda, José María Lacasa, alcalde de Huesca; a la derecha, Ernesto Gil Sastre, gobernador civil. Detrás, de izquierda a derecha, Gonzalo Goded (con gafas oscuras), Alfredo Ríos y Luis Lafarga. (Foto: M. Gallego. Archivo Histórico Provincial de Huesca)

ambas estuvieran avaladas por la Falange y una de ellas conociese su derrota de antemano, con objeto de dar una imagen de disputa. Sin embargo, en el Partido Único eran conscientes, como demuestran las numerosas circulares enviadas a las diferentes jefaturas provinciales al respecto, de la importancia de reducir al mínimo el número de aspirantes de relleno, puesto que, aun cuando estos aceptaran por disciplina figurar en candidaturas sabiendo que iban a ser derrotados, era preferible evitar en la medida de lo posible el «desagrado humano» que esto producía en cualquier persona.287 Una vez realizada la proclamación de los candidatos, daban comienzo unas campañas electorales reguladas por decreto y en las que el conjunto de actividades lícitas que podían desarrollarse hasta el día anterior a la votación era tremendamente reducido y estaba siempre sometido al estricto control de las autoridades. Así, los actos públicos, que debían ser autorizados por la Junta Electoral con al menos tres

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días de antelación, no podían durar más de dos horas, y en ellos solo estaba permitida la intervención del aspirante, cuyas declaraciones eran sometidas previamente a censura; la propaganda impresa debía ceñirse al objeto de la campaña electoral y, de ser enviada por correo, se hacía con franquicia postal ordinaria; los carteles únicamente podían incluir la fotografía y el nombre del candidato, cuya presencia en los medios de comunicación estaba restringida a la prensa escrita y la radio, y solo era gratuita la reproducción y difusión de un texto de quinientas palabras. Por otro lado, aunque la Junta Electoral fijaba la cantidad de dinero que los proclamados podían gastarse en la campaña, las cifras eran tan elevadas que siempre quedaban fuera del alcance de la mayoría de los ciudadanos. Por lo tanto, prácticamente la totalidad de los cabezas de familia solo podían ser candidatos si pertenecían a FET-JONS o, al menos, mantenían alguna vinculación con el Partido, puesto que entonces este corría con todos los gastos y ofrecía su infraestructura. Sin embargo, en ese caso no era el aspirante quien manifestaba su propósito de presentarse en la lista oficial, sino que eran las jerarquías del Movimiento las que proponían a los futuros concejales. Cuando a pesar de las trabas impuestas por el Estado, que no solo organizaba los comicios, sino que participaba en ellos con voluntad hegemonizadora,288 aparecieron candidaturas independientes,289 desde FET-JONS se articularon diversas medidas, plasmadas en multitud de circulares reservadas enviadas a los jefes provinciales, dirigidas a su eliminación. Entre ellas sobresalían dos: por un lado, toda actividad propagandística realizada por aspirantes no ligados a la Falange era vigilada con el objetivo de impedirla «totalmente por los medios que los jefes tienen a su alcance»; por otro, la Secretaría General del Movimiento sugirió a las máximas autoridades provinciales del Partido que organizasen un servicio especial, compuesto por militantes experimentados y conocedores de cada localidad, cuya función fuese estudiar todas aquellas solicitudes presentadas al margen del Movimiento para proceder, en los casos en que se considerara conveniente, a eliminar de forma «absolutamente secreta» y «sin contemplaciones […] cuantos vayan a la elección con una significación política propia y adversa al Movimiento».290 Resulta difícil cuantificar el número de veces que los candidatos no oficiales triunfaron en unas elecciones municipales, aunque evidentemente se trataba de una circunstancia realmente excepcional. Las candidaturas oficiales solían obtener el

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doble de votos que todas las restantes. La explicación era bien sencilla: los que acudían a votar lo hacían de manera mecánica, apostando por la lista oficial, que era perfectamente identificable en el lugar donde se celebraba la votación. La consecuencias últimas de este tipo de prácticas fueron un bajo nivel de cooptación entre hombres ajenos al régimen y un distanciamiento entre estos y los electores; la apatía de una buena parte de la población, que consideraba las elecciones meras pantomimas y sus resultados frutos de tertulias de salón; y, finalmente, el descrédito internacional, ya que los países democráticos nunca consideraron estas consultas ni tan siquiera como leves señales de aperturismo político. La dualidad de comportamientos legales y extralegales respondió a la voluntad de las autoridades franquistas de ocultar a los ciudadanos y a la opinión pública exterior la verdadera naturaleza del régimen. En la práctica, este siguió controlando el complejo aparato de la Administración local, en todas sus vertientes, valiéndose de los mismos procedimientos utilizados por los regímenes fascistas que le sirvieron de modelo en los años treinta, y en particular de los de la Italia mussoliniana. La diferencia fundamental estribó en que la coyuntura internacional le impidió mostrarse abiertamente como lo que era y lo obligó a enmascarar sus fórmulas de control del Estado y del conjunto de la población. De hecho, como se ha encargado de recalcar Martí Marín, son este tipo de procedimientos los que permiten homologar la dictadura de Franco con los demás regímenes fascistas, si bien sus peculiaridades han de ser atribuidas a su mayor duración, que lo llevó a afrontar nuevas situaciones y, por tanto, a evolucionar.291 Así las cosas, y volviendo a 1948, los comicios municipales celebrados aquel año, junto con las elecciones provinciales del siguiente, constituyeron un nuevo paso hacia la normalización institucional del régimen franquista, pues permitieron cerrar la dinámica de gestoras provisionales generada con la Guerra Civil. En Huesca, como ya he comentado más arriba, la jornada electoral transcurrió tranquila y sin incidentes. No podía ser de otra forma, puesto que, como le había reconocido el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento a Raimundo Fernández Cuesta unos días antes de su celebración, la convocatoria a las urnas no despertó ningún tipo de entusiasmo en la capital altoaragonesa. Muestra palpable de ello fue sin duda el que entre los oscenses no surgiese ninguna propuesta de proclamación al margen de las realizadas por la máxima autoridad provincial. En este sentido,

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El 27 de junio de 1959 Huesca acogió la llegada del Santo Grial desde Valencia, acto que, aunque tuvo lugar al año siguiente, formó parte de la celebración del xvii centenario del martirio de san Lorenzo. En la imagen, el arzobispo de Valencia, Marcelino Olaechea, rodeado de autoridades civiles y eclesiásticas de ambas ciudades, entre ellas José Riera Aísa, gobernador civil de Huesca; Gorgonio Tobar, subjefe provincial del Movimiento, y Enrique García Ruiz, presidente de la Diputación Provincial de Huesca. La peana con el cáliz fue llevada hasta la catedral por los miembros de la Corporación municipal. (Foto: Vicente Plana)

aunque todos los candidatos eran militantes de FET-JONS, dado que «toda persona aprovechable está encuadrada en la Falange y, por consiguiente, no había posibilidad de hacer propuestas que recayeran en otros», Manuel Pamplona reconocía que se había intentado colocar entre los aspirantes a representantes de algunas agrupaciones de gran importancia en la ciudad, como la Acción Católica, con el objetivo de «nutrir fuertemente de votos la elección».292 A decir verdad, la participación registrada en esas primeras elecciones, aun siendo elevada —votó el 73,4 % del censo—, fue la más baja de todas las celebradas en la capital hasta 1973 —con el mayor índice de abstención del periodo, el 26,6 %—, lo

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cual pudo tener que ver en gran medida con el ambiente de apatía y descreimiento ante unos comicios municipales considerados como una pantomima de participación restringida y resultados intrascendentes que al parecer reinó en amplios sectores de la ciudad. Un clima que debió de estar bastante extendido, o al menos afectó a sectores relevantes de la ciudad, a tenor del furibundo ataque que a principios de noviembre lanzó la Falange, a través del diario Nueva España, contra «los murmuradores de siempre» que, «con manifiesto masoquismo», se dedicaban a contar a quien quisiera escucharles que «eso de las elecciones estaba vedado y que solamente unos cuantos —los que señalara el mando— serían los elegidos». Frente a toda esa «camandulería reaccionaria y caciquil, de vario color y raras y extrañas pintas» que, sin olvidar «sus viejas ambiciones de mandonería y grupito», se había erigido en «falsa profeta de trasnochadas ideas», los falangistas reaccionaron «cual soldados de permanente milicia». Y es que, a pesar de su «asco por las elecciones», los hombres de FET eran ante todo leales al Caudillo y estaban dispuestos, «en beneficio de la Patria», a conseguir que las votaciones fuesen un éxito para proporcionar a Franco y su Gobierno importantes triunfos políticos nacionales e internacionales.293 En realidad, la puesta en marcha de la democracia orgánica no alteró sustancialmente la dinámica política local porque no acabó con el nombramiento discrecional de los alcaldes por parte de los gobernadores civiles. Sin embargo, eso no quiere decir que la Corporación municipal oscense no sufriera importantes transformaciones a lo largo de la década de los cincuenta. De hecho, entre 1949 y 1957 el proceso de renovación del personal político, iniciado pocos meses después del golpe de Estado y que hasta entonces solo había afectado al Pleno del Consistorio, alcanzó a su órgano de mayor poder, la Comisión Permanente. Por consiguiente, con algunas excepciones hasta 1958294 y de forma total a partir de esa fecha, los gestores con antecedentes en la política de preguerra desaparecieron de la gestión municipal de la capital altoaragonesa. Una de las primeras consecuencias de esta relegación fue que los intereses de la oligarquía agraria y católica, a la que me he referido a lo largo del primer capítulo, hasta entonces representados en el Ayuntamiento de Huesca por los antiguos miembros de Acción Agraria Altoaragonesa, quedaron huérfanos de voceros en la institución. Algo que, a tenor de la actitud adoptada por la Cámara Oficial Sindical Agraria (en adelante, COSA), parece que no ocurrió exclusivamente en la capital,

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y que nos habla de un proceso, por aquel entonces ya en ciernes, que en unos cuantos años acabaría por desterrar al sector agrario y ganadero de los puestos sociales, políticos y económicos de privilegio de la provincia. Algunos días antes del 10 de abril de 1949, cuando los ayuntamientos elegirían a uno de sus miembros para que, en calidad de procurador, los representara en las Cortes franquistas, la COSA del Alto Aragón envió a los compromisarios de todas las corporaciones municipales, sin conocimiento del gobernador civil, unas cartas con las que por primera vez trataba de impulsar su propia candidatura pidiendo abiertamente el voto para Antonio Falcón Acín. La misiva estaba firmada por el presidente de la institución, Emilio Ara; el vicepresidente, Lorenzo Vacas, y el vocal Fidel Lapetra. Todos ellos solicitaban el apoyo de los electores esgrimiendo la necesidad que tenía el campo de contar con «representantes directos» en las Cortes y de dar «buena prueba de nuestra unión y nuestra fuerza». Cuando Manuel Ruiz de la Serna, gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, descubrió esta iniciativa, «del más viejo y putrefacto estilo», envió inmediatamente una carta, fechada el 8 de abril, al delegado nacional de Provincias, Tomás Romojaro, para ponerle al corriente de lo sucedido «con estos Srs. terratenientes a los que […] he apoyado y sostenido […] con la esperanza de atraerles a nosotros» y que, en su opinión, debían de pensar «que se me han metido en el bolsillo y que todo el monte es orégano agrario». Por otro lado, le informaba de que dos de los firmantes, Lorenzo Vacas y Fidel Lapetra, eran militantes falangistas y al rubricar un documento público sin su autorización habían faltado a la disciplina del Partido, por lo cual había procedido a amonestarlos y a dejar sin efecto su reciente acuerdo de proponer a Lapetra para consejero provincial del Movimiento. Tomás Romojaro contestó al máximo dignatario altoaragonés cinco días después recomendándole que diera parte de lo sucedido al ministro de Agricultura y al delegado nacional de Sindicatos y pidiera el cese del presidente de la COSA. Con todo, el principal responsable de la Administración periférica de la Falange desconocía que, tras ser descubierto el envío fraudulento de las cartas, Alberto Ramírez, delegado provincial de Sindicatos, había cesado al secretario de la organización agraria sin consultarlo previamente con el gobernador civil, lo que hizo que las relaciones entre ambas tomaran «un cariz sumamente peligroso». No obstante, aquel no fue un conflicto aislado, sino que se insertaba en el contexto de «pleito

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enconadísimo» que desde hacía algunos años venía produciéndose entre las dos entidades provinciales como consecuencia, en opinión de Manuel Ruiz, tanto de la «ambición de unos hombres que no quieren darse cuenta de que los tiempos han cambiado» y «esos caciquismos feudales ya no son posibles» como de la «inhabilidad palpable del Delegado Provincial de Sindicatos». Por todo ello, el 16 de abril el jefe provincial del Movimiento comunicó al delegado nacional de Provincias que, tras lo sucedido, no podía pedir el cese del presidente de la COSA sin que eso se interpretara como un triunfo personal de Alberto Ramírez. Por esta razón, su solución ideal al problema pasaba no solo por cesar al presidente de la cámara agraria, y a su vicepresidente si era posible, sino por hacer lo mismo con el delegado provincial de Sindicatos. Sin embargo, llegados a este punto, Manuel Ruiz, como falangista que era, se negaba en rotundo a brindar «a los señores de la Cámara el toro del sacrificio del camarada Ramírez», dado que entendía que eso provocaría en sus adversarios «un regocijo que no les pienso proporcionar», lo cual explica su deseo de que «por iniciativa de Madrid» se diese a Ramírez otro destino al mismo tiempo que los dos principales representantes de la Cámara Sindical eran cesados a propuesta suya. Finalmente, parece que las mociones del jefe provincial de la Falange oscense fueron aceptadas. Al menos eso se desprende de las dos cartas que el 21 de abril de 1949 salieron de su despacho firmadas por él. En una de ellas, dirigida al delegado nacional de Provincias, solicitaba la destitución de Alberto Ramírez. La otra tenía como destinatario al ministro de Agricultura y como objetivo rogarle «el cese en sus respectivos cargos» de Emilio Ara y Lorenzo Vacas y proponerle los candidatos que desde su punto de vista eran más adecuados para sustituirlos. Para la presidencia sugería el nombre de Pedro Sopena, por tratarse de un hombre no solo «sano moralmente», sino «unánimemente respetado en toda la provincia, por sus cualidades de honradez, rectitud y sentimientos cristianos». Para el cargo de vicepresidente presentaba al señor Madurga, un integrante del grupo con el que se había «enquistado» Alberto Ramírez, a cuyos miembros, considerados por el gobernador «hombres listos, muy sutiles y ambiciosos que para enemigos son peligrosos», pretendía atraerse hacia sí «con paciencia y buena voluntad». Madurga era perfecto para ello por dos motivos: en primer lugar, porque, aunque «por caballerosidad» defendió a sus compañeros en el asunto del envío de las cartas,

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aun cuando él se encontraba en París en esos momentos, en última instancia nunca se solidarizó con ellos en ese tema; en segundo lugar, porque el máximo representante del Estado en la provincia tenía «alguna influencia de amistad» sobre él desde que ambos se conocieron durante la «defensa» de la ciudad en la Guerra Civil.295 De vuelta al marco municipal, debo decir que la pérdida de representación de los intereses de la oligarquía católico-agraria oscense fue paralela a la llegada de un nuevo grupo de hombres pertenecientes a una reciente clase funcionarial que, junto a los profesionales liberales ya presentes anteriormente en la Corporación, acapararon una amplia mayoría de los cargos tanto en el Pleno como en la Comisión Permanente, bien cortejados por una trabada amalgama de representantes de otros sectores sociales entre los que no resultaba difícil encontrar industriales, comerciantes, empleados, etcétera. De este modo, en la capital altoaragonesa, al igual que ocurrió en otras localidades españolas como Palencia,296 el Ayuntamiento quedó en manos de una poderosa clase media ligada al desarrollo de los servicios y del Estado que echó raíces y se expandió en la España de los cincuenta al calor de la consolidación internacional de un régimen que no solo le proporcionó una relativa tranquilidad social, sino que se erigió en garante acérrimo del orden público, la propiedad privada y, en definitiva, el retorno a los valores tradicionales, tan acendrados en la mayor parte de sus integrantes. En este sentido, no cabe duda de que la dilatación de los apoyos sociales del franquismo estuvo íntimamente relacionada con la aparición en torno a esa clase media de cierto consenso, entendido aquí como el consentimiento que la sociedad civil confiere a un régimen, basado mucho más en la desmovilización política y la indiferencia que en una adhesión entusiasta, cada vez más limitada.297 Fue precisamente esa despolitización la que permitió una genérica identificación con el franquismo, y más aún con la fidelidad a Franco, en amplios sectores sociales que, sobre todo desde la II Guerra Mundial, veían en el Caudillo un garante de la paz, una imagen claramente alentada y explotada por la dictadura que culminó en 1964 con la celebración de los «XXV Años de Paz» y que sirvió a las autoridades tanto para evitar la extensión de críticas a la situación política como para crear cierta unidad en torno al régimen. José María Lacasa pertenecía plenamente a la clase media oscense, pero ni acababa de llegar a ella ni lo había hecho gracias al desempeño de un puesto

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funcionarial dentro del Estado franquista. La posición que ocupaba dentro de la jerarquía social oscense respondía tanto a su ascendiente familiar como al ejercicio de la profesión liberal, la abogacía, que venía practicando desde los años veinte. En febrero de 1952, tras resultar elegido en los comicios municipales por el tercio familiar celebrados en noviembre del año anterior, comenzó su tercera etapa en la Corporación local de la capital altoaragonesa. En aquel momento era ya una rara avis, uno de los pocos miembros del Pleno que cargaban con un pasado político anterior a la Guerra Civil a sus espaldas y el único que había militado en Acción Agraria Altoaragonesa. Aun así seguía siendo, como lo ha definido con mucho acierto Alberto Sabio, «el hombre mejor preparado para la gestión administrativa» del franquismo oscense;298 sabía que su opinión tenía un peso importante en la política municipal y, cuando lo estimó conveniente, no tuvo ningún pudor en enfrentarse a los dos alcaldes con los que le tocó convivir hasta que cesó como concejal en febrero de 1958. Los desencuentros con Vicente Campo surgieron inmediatamente. El 3 de febrero de 1952 el Pleno Municipal celebró sesión extraordinaria para que los concejales elegidos en noviembre tomaran posesión de sus nuevos cargos. Aquel día, tras elogiar indirectamente «su gran capacidad, su conocimiento especial de los problemas municipales y su experiencia en estas actividades», el alcalde ofreció la tercera tenencia de alcaldía a José María Lacasa.299 Este, después de mostrarse agradecido por tal envite, rehusó el ofrecimiento argumentando que carecía del tiempo necesario para poder atender las exigencias de un cargo de esa responsabilidad. A pesar de que el abogado oscense se mostró dispuesto a colaborar como vocal en todas las comisiones en las que se le incluyese, el presidente de la Corporación lo compelió a tomar el puesto que le brindaba, frente a lo cual Lacasa se ratificó en lo dicho anteriormente, añadiendo que no consideraba «prudente ni oportuno manifestar otras razones íntimas y de otras órdenes [sic] que me mueven a no aceptar en absoluto designación alguna».300 Aunque Vicente Campo acabó cediendo y el puesto fue ocupado por Francisco Aguarón, aquel no fue sino el primer estruendo de la gran tormenta que estallaría entre los dos antiguos integrantes de la Unión Patriótica once días después y que, muy posiblemente, terminó por costarle la alcaldía al director de la escuela normal de Magisterio.

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En la sesión ordinaria que el Pleno Municipal mantuvo el jueves 14 de febrero de 1952, José María Lacasa, cumpliendo con lo que había prometido durante la campaña electoral previa a las elecciones municipales de noviembre de 1951,301 presentó una moción en la que proponía que la Comisión de Hacienda, ampliada si así se estimaba oportuno, realizase un detenido estudio de la situación económica municipal que tuviese en cuenta el presupuesto ordinario y el extraordinario, las operaciones de tesorería, los créditos a largo plazo y la deuda municipal con el fin de conocer con exactitud cuáles eran las posibilidades reales del erario municipal para acometer tanto las tareas pendientes como los nuevos proyectos que se plantearan en el seno de la nueva Corporación.302 Inmediatamente el alcalde replicó al edil que, aun cuando no veía inconveniente en que se realizara dicho estudio, no lo consideraba necesario por dos motivos: en primer lugar, porque la intervención municipal estaba próxima a presentar la liquidación del presupuesto ordinario de 1951, y en segundo lugar, porque cualquier miembro del Pleno podía examinar la documentación disponible en las oficinas municipales con total libertad. Cuando Lacasa se dirigió al presidente del Concejo afirmando que en su propuesta no había intención alguna de fiscalizar la actividad municipal desarrollada con anterioridad, se entabló una fuerte discusión entre ambos en la que tomaron parte algunos concejales, como Francisco Aguarón, próximo a los postulados de Lacasa, o José María Palacín, más afín a lo defendido por el alcalde. Sorprendidos por el tenso ambiente que se estaba viviendo, Emilio Miravé, Leonardo Estallo y Cándido Bagé realizaron sendas intervenciones en las que exhortaron a sus compañeros a calmarse y recuperar las formas, ya que con esa actitud tan poco edificante «desanimaban a los recién llegados», cuyo único deseo era «trabajar por Huesca». En un intento de reconducir la situación, Santiago Luis Lalaguna propuso a todos los presentes que, a la vez que llevaba a cabo la liquidación del presupuesto ordinario de 1951, la Comisión de Hacienda elaborara un informe sobre las posibilidades financieras del Ayuntamiento para, de ese modo, posponer la discusión sobre la moción del señor Lacasa hasta el momento en que se tratara la citada liquidación. Sin embargo, ante la nueva negativa de Vicente Campo, que volvió sobre sus manifestaciones anteriores, el antiguo secretario de la Unión Patriótica decidió retirar su propuesta.303 Ahora bien, eso no significó que el edil oscense abandonase su intención de investigar cuál era el estado de salud de la economía municipal. Durante los casi dos

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meses siguientes, José María Lacasa analizó por su cuenta las finanzas del Ayuntamiento y no tuvo ningún problema en comentar «privadamente» las conclusiones que iba sacando con los miembros de la Corporación que quisieron conocerlas. De este modo, se dio cuenta de lo difícil que resultaba abordar un problema tan complejo de forma «oral e improvisada» y decidió que lo más «oportuno y eficaz» sería plasmar todas sus impresiones en un escrito que presentaría ante sus compañeros de Corporación y enviaría al Ministerio de la Gobernación.304 El texto fue presentado al Pleno Municipal en la sesión ordinaria que del 3 de abril de 1952. A fin de evitar «torcidas interpretaciones por parte de quienes les interese hacerlo así para lograr objetivos indudablemente inconfesables», en la introducción de su monografía el autor daba por «enteramente moral y honorable la labor administrativa municipal» y dejaba claro que no se trataba de un trabajo «de revisión, ni de investigación, que en modo alguno procedería».305 Finalmente, aun cuando el estudio ponía de relieve la delicada situación económica del Ayuntamiento y la ilegalidad de algunas de las decisiones financieras adoptadas por la Corporación en los últimos años, el Pleno adoptó el acuerdo de dejarlo sobre la mesa para que pudiera ser detenidamente leído por los concejales.306 El 3 de mayo, un mes después de que su escrito quedara sobre la mesa, el director del Orfeón Oscense instó a los miembros de la Corporación a pronunciarse sobre las propuestas que planteaba en él por entender que su discusión resultaba fundamental antes de aprobar los nuevos proyectos municipales. En ese momento, Vicente Campo, que dijo haber tomado muy buena nota de todo cuanto tenía de estimable el trabajo, se posicionó en contra de que el Pleno dictaminase al respecto aludiendo nuevamente a la posibilidad que habían tenido todos los gestores de formarse un concepto cabal de la situación económica del Ayuntamiento, que les permitiese acomodar sus decisiones a lo que en conciencia consideraran mejor para él, gracias a las informaciones directas de los negociados correspondientes, la realidad vivida durante los tres primeros meses de su actuación municipal y la lectura del texto de José María Lacasa. Tras estas palabras, el presidente del Concejo oscense lanzó una durísima andanada contra el citado gestor, al que acusó de haber llevado su escrito, «como bandera de escándalo, por los ministerios, las tertulias y cafés de Madrid en busca de soluciones al margen de toda decisión municipal» y de querer convertir el salón de plenos

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oscense en un «patio de monipodio», actos que no solo constituían una grave desconsideración hacia el Ayuntamiento, sino que habían provocado que aquellos que sentían «añoranzas del pasado» se estuvieran bañando «en agua de rosas», algo que, «por temperamento y por deber de alcalde que sirve lealmente este régimen eminentemente constructivo», no estaba dispuesto a tolerar. José María Lacasa declinó responder a las duras acusaciones vertidas sobre su persona por considerar que no merecían «ni la atención de contestarlas», tratando de llevar nuevamente la sesión del Pleno al punto que le interesaba, es decir, la «gravedad extraordinaria» de la situación económica municipal que se desprendía de su disertación y que, bajo su punto de vista, hacía inexcusable la visita de técnicos independientes de la Dirección General de la Administración Local que confirmaran o desmintieran las conclusiones a las que había llegado en ella. A pesar de considerar la propuesta como «un caso insólito en los anales de la vida municipal», el alcalde manifestó al delegado provincial de Justicia y Derecho que era muy dueño, como concejal y de forma personal, de solicitar esa inspección. A continuación el presidente hizo alusión a los que en su opinión eran los errores municipales más importantes en la gestión del erario que se señalaban en el citado estudio: la apertura de la cuenta de tesorería en noviembre de 1950307 y la existencia de cantidades sin legalizar. Ambos fueron calificados por él como «peligros legales» en los que la Corporación incurrió, a sabiendas de estar quebrantando la ley, ante la necesidad de dar solución a problemas ineludibles, en beneficio del interés público y siempre «por el bien y por amor a Huesca y su progreso». Cuando Lacasa pidió la palabra para rebatir las explicaciones del alcalde, este no se la concedió y zanjó el debate sobre el asunto. Frente a ello, con el permiso de la presidencia, el edil abandonó el salón de plenos, no sin antes reiterar que la situación económica de la institución era francamente mala.308 Desde entonces el asunto desapareció de los siguientes plenos municipales, o al menos de sus actas; sin embargo, eso no significa que fuese olvidado tras las vagas justificaciones del alcalde. De hecho, en los meses siguientes un funcionario del Ministerio de la Gobernación se desplazó hasta Huesca para realizar una detenida inspección de la contabilidad municipal. De su examen no se desprendió la existencia de fraude alguno por parte de los gestores del Ayuntamiento, pero sí a de diversos defectos contables, como la no discriminación entre ingresos ordinarios

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y extraordinarios, la no inclusión de los últimos en la contabilidad municipal y la ilegalidad patente de la cuenta de tesorería concertada con la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza. Como consecuencia de todo ello, el Ministerio resolvió recomendar al Ayuntamiento que confeccionase el presupuesto ordinario de 1953 de la forma más austera posible, que realizase una liquidación exacta y un detallado estudio tanto de las necesidades existentes como de los medios de los que disponía para atenderlas, que legalizase la cuenta de tesorería y, finalmente, que paralizase la tramitación del presupuesto extraordinario de 9 millones de pesetas que se proponía elaborar hasta que su situación económica diera signos de mejoría. Asimismo, desde la Administración central se encargó al jefe de la Sección Provincial de la Administración Local que asesorara a la Corporación municipal oscense para que lograra el correcto cumplimiento de todo lo que se le exigía.309 Ese fue precisamente el motivo por el cual Santiago García Camacho, interventor de la Diputación Provincial de Huesca, fue enviado como técnico asesor al Concejo de la capital altoaragonesa por un periodo de tres meses que comenzó el 4 de diciembre de 1952.310 Tan solo tres meses después, el sábado 14 de marzo de 1953, Vicente Campo fue sustituido al frente de la alcaldía por José Gil Cávez. El acto de toma de posesión estuvo presidido por Ernesto Gil Sastre, gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, quien, consciente de lo que aquello podía dar a entender, teniendo en cuenta los acontecimientos que se habían producido recientemente en el seno de la Corporación municipal, trató en todo momento de presentar el relevo como algo «natural y totalmente provocado por el transcurso del tiempo», aclarando al mismo tiempo que no había existido con Vicente Campo «ninguna disidencia, y sí compenetración».311 A decir verdad, al margen de lo que de represalias por mala praxis pudiese tener, el nombramiento como alcalde del hasta ese momento presidente de la Diputación Provincial y subjefe provincial del Movimiento constituyó un hecho de gran relevancia en la capital altoaragonesa, puesto que por primera vez, desde que una parte del Ejército se levantó en armas contra el Gobierno legítimo de la II República, un camisa vieja alcanzaba la presidencia de la Corporación municipal oscense. La llegada a la alcaldía del dirigente falangista, que coincidió en el tiempo con el momento culminante del proceso de fortalecimiento experimentado por el Partido

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Único al calor de la progresiva rehabilitación internacional de la dictadura, contribuyó a consolidar el poder cualitativo de FET-JONS en el Ayuntamiento oscense y tuvo importantes consecuencias en la composición de la Comisión Permanente. Aunque desde febrero de 1949 los cinco cargos del organismo con mayor poder de la Corporación estuvieron copados por miembros del Movimiento, algo que no cambió hasta febrero de 1962, de la mano de Gil Cávez no solo aumentó la representación de los excombatientes, sino que, lo que es más importante, los camisas viejas hicieron acto de presencia en él por primera vez en su historia y, al contrario de lo que sucedía en el Pleno, disfrutaron de elevadas cotas de poder que nunca volverían a tener.312 A la vista de todos estos datos, no resulta difícil afirmar que, junto con la carencia de antecedentes políticos de preguerra, la pertenencia a FETJONS y el haber luchado en la Guerra Civil al lado de los rebeldes seguían siendo las cualidades más valoradas por el régimen a la hora de decidir quién tenía derecho a mandar en la capital del Alto Aragón. En consecuencia, a diferencia de lo que Martí Marín ha puesto de relieve para el caso catalán, durante la década de los cincuenta la bautizada por este autor como «generació de la Guerra» no fue sustituida al frente del Consistorio altoaragonés.313 Es cierto que, tal como apuntan los gráficos que se pueden ver al final del capítulo, tanto el Pleno como, en menor medida, la Comisión Permanente sufrieron un relevo generacional. No obstante, este implicó todavía a un grupo de población que por su fecha de nacimiento podía perfectamente haber combatido en la guerra y que necesariamente sufrió sus consecuencias. No fue hasta 1955 cuando arribó a la Corporación Municipal, tras ser elegido en los comicios por el tercio familiar de 1954, el primer concejal que por edad no podía ostentar la condición de excombatiente —tenía doce años cuando comenzó la contienda—. Se trataba de Gonzalo Goded Javierre, un joven abogado que, tras vivir su socialización política dentro del Frente de Juventudes, con la mayoría de edad pasó a engrosar las listas de militantes de FET-JONS y que desde 1950 había prestado sus servicios profesionales al Ayuntamiento en varias ocasiones.314 Estos datos que muestran el poder del Partido dentro del Ayuntamiento chocan frontalmente con la imagen de fuerte disgregación interna y parco apoyo popular a nivel provincial que transmiten algunos documentos fechados en esos años. Me refiero en concreto a un informe manuscrito y anónimo enviado a la Secretaría

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General del Movimiento a lo largo de los años cincuenta y al parte mensual que Manuel Ruiz de la Serna remitió al delegado nacional de Provincias en noviembre de 1949. El primero describe a la Falange altoaragonesa como una organización «completamente desintegrada» y sometida «a una tensión interior y a una acción para las que carece de servidores» por estar «los mejores camaradas de la provincia […] apartados de toda colaboración, no solo por el aislamiento a que se les somete, sino por propia repulsión».315 El segundo permite constatar la frialdad del «ambiente general de la provincia en relación con el Movimiento» y la necesidad de no contar con que los altoaragoneses lo apoyasen incondicionalmente, como no apoyarían «ningún otro ideario contrario al nuestro, debido al carácter tan especial de estos hombres del Pirineo, que les hace desconfiar siempre de todos los movimientos políticos».316 De este modo, explicar el paradójico incremento del poder del Movimiento en el Ayuntamiento de Huesca, y casi con total seguridad en todos los de la provincia, requiere, en mi opinión, no dejar fuera del análisis el importantísimo papel que FET-JONS representó como organización política, al margen de sus particularidades locales o provinciales, tanto en la selección de los candidatos como en el desarrollo de los procesos electorales.317 Volviendo de nuevo al nombramiento de José Gil Cávez como alcalde, su regreso a la casa consistorial, donde ya había sido concejal entre 1938 y 1943, constituyó, como él mismo reconoció tras recibir el bastón de mando municipal,318 una nueva muestra de la confianza del gobernador civil y jefe provincial del Movimiento Enrique Gil Sastre en su persona, tan solo un año y tres meses después de la que ya le había dado al mantenerle en sus cargos a pesar de las graves acusaciones que entonces vertió contra él un alto mando provincial del Partido. José María de Navascués y de Juan era tesorero provincial del Movimiento y junto al propio Gil Cávez y Mariano Coscolla formó parte del triunvirato que se encargó de organizar los primeros pasos de FE de las JONS en Huesca a la altura de 1934. Fue él quien insistió repetidamente al jefe provincial para que convocase una reunión conjunta de los consejos provinciales de FET-JONS y la vieja guardia en la que pudiese hacer públicas unas importantes acusaciones contra el entonces presidente de la Diputación Provincial y subjefe provincial del Movimiento, reunión que acabó celebrándose el 30 de octubre de 1951 con la asistencia de las principales autoridades provinciales del Partido.319

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Durante el encuentro, José María de Navascués cargó duramente contra la gestión realizada por Gil Cávez a lo largo de los nueve años que llevaba al frente de los dos puestos que acabo de citar, responsabilizándolo directamente del «estado de descomposición interna» que sufría la provincia, del descontento existente entre los «viejos camaradas», de la «inoperancia total y absoluta» de los órganos políticos de la Falange, de la apatía por el Partido presente entre la población rural «como consecuencia del mal ejemplo reinante en la capital» y, finalmente, de la «persecución a camaradas y mandos» que habían censurado su actuación. Toda la sesión discurrió en torno a las continuas acusaciones del tesorero provincial al presidente de la Diputación sobre su carencia absoluta de compromiso con FET320 y el aprovechamiento de sus cargos para obtener beneficios personales, frente a las cuales el incriminado no trató ni tan siquiera de defenderse. Sin embargo, ante la pasividad mostrada por el subjefe provincial del Movimiento y la indiferencia de la mayoría de los asistentes frente a los hechos apuntados, así como sus continuos afanes, «en aras de una cordialidad y armonía común», por frenar lo que el tesorero provincial entendió como «aparentes intentos» de Gil Cávez de dimitir, Navascués decidió «cortar en seco sus acusaciones» y reservarse «el procedimiento a seguir para logar que la situación reinante sea sustanciada debidamente por quien corresponda», permitiendo así que el resto de los asistentes «dieran por terminado el Consejo con unas copas de champán».321 Consciente de su peso dentro de la estructura provincial del Movimiento y con el claro respaldo del gobernador civil, José Gil Cávez no titubeó en abroncar públicamente a José María Lacasa por haberse negado a aceptar la segunda tenencia de alcaldía y la presidencia de la Comisión de Hacienda, haciéndole dudar así «de su oscensismo y deseo de trabajo por la capital». Ante tamaña delación el concejal oscense, que no era bisoño a la hora de mantener fuertes enfrentamientos con la presidencia del Pleno, no permaneció en silencio y, tras aclarar a todos los asistentes que no había asumido dicha tenencia porque después de que el anterior alcalde se la hubiera ofrecido y él la hubiera rechazado «sería ahora un despropósito y una desconsideración aceptarla», le lanzó al primer edil un dardo envenenado al espetarle que él había ido «voluntariamente al Ayuntamiento» y que si estaba en la casa consistorial era porque «el pueblo de Huesca, que siempre me da pruebas de un afecto que no merezco, me trajo aquí».

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Frente a semejante embate el alcalde contraatacó inmediatamente diciéndole a Lacasa que pensaba que, «una vez cumplido su objetivo, colaboraría con entusiasmo en esta nueva etapa municipal», pero que se había equivocado, puesto que «lo que había conseguido, al parecer, no era más que su primer objetivo». En ese ambiente tan tenso, el presidente indicó al regidor que podía «adoptar la postura que apetezca», aunque él «vería con agrado opte por la de la colaboración sincera y entusiasta» y no por «la de fiscal». No obstante, a pesar de la negativa de Gil Cávez a retirar «ni un ápice» de las palabras que había pronunciado sobre la actitud del abogado, lo cierto es que ambos convivieron en el Pleno Municipal durante los siguientes cinco años, y su relación, al menos en el plano formal, fue desplazándose progresivamente hacia la urbanidad, de tal manera que Lacasa acabó ocupando la primera tenencia de alcaldía y la presidencia de la Comisión de Hacienda en febrero de 1955.322 Fueron precisamente José Gil Cávez y José María Lacasa los principales responsables de que frenara la deriva deficitaria que había emprendido el Ayuntamiento en 1948. Para ello aplicaron una dura política de reducción del gasto municipal que durante algunos años condenó al Consistorio a una especie de letargo que le impidió afrontar los principales desafíos a los que se enfrentaba la ciudad. Sin embargo, las bases tributarias de la hacienda municipal franquista estaban diseñadas para restringir al máximo la actividad de las corporaciones locales, de modo que resultaba imposible que estas afrontaran grandes inversiones sin incurrir en un déficit que, por otro lado, estaba prohibido. Esta contradicción estuvo presente desde los primeros tiempos de la dictadura y, como trataré de mostrar a continuación apoyándome en el caso de Huesca, no hizo más que agudizarse cuando con el paso de los años cincuenta las necesidades de las ciudades fueron incrementándose a medida que se producía la modernización del país.

Entre el equilibrio presupuestario y la necesidad de nuevas infraestructuras Pasaban las doce del mediodía del domingo 27 de febrero de 1949 cuando el coche en el que viajaba el nuevo gobernador civil y jefe provincial del Movimiento

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del Alto Aragón, escoltado por motoristas y acompañado por las principales autoridades provinciales,323 llegó al palacio municipal de Huesca, donde iba a tomar posesión del primero de sus cargos. Posteriormente, tras almorzar en la cocina típica de dicha institución, se desplazó hasta Siétamo, en cuya ocupación por los rebeldes participó durante la Guerra Civil, para posesionarse del puesto de máximo responsable provincial del Movimiento. Ambos actos fueron calificados por él mismo como un simple «relevo de centinela» sin la menor importancia, puesto que «el Capitán, Francisco Franco, es siempre el mismo», y todos aquellos que pasaban por las jefaturas provinciales y los gobiernos civiles no hacían «más que cumplir sus consignas». A sus cincuenta y siete años, Manuel Ruiz de la Serna era un experimentado coronel y un camisa vieja que había sabido plegarse a la perfección a los deseos de Franco. Tras pasar por la Academia Militar, estuvo varios años en Marruecos, donde logró forjarse un nombre dentro del Ejército combatiendo con los regulares. Llegada la II República, no tardó en ingresar en la Falange (lo hizo en 1933), procedente de un grupo mandado por otro militar, el aviador navarro Julio Ruiz de Alda. En julio de 1936 ocupaba la jefatura del Estado Mayor y no dudó en unirse inmediatamente al grupo de militares felones que decidieron echar abajo el Estado al que habían jurado lealtad empuñando las armas en los frentes de Aragón y Valencia. Dos años después de obtener la victoria en la Guerra Civil, sintiendo «la angustia de una Europa en trance de perecer ante la barbarie comunista», se alistó como voluntario en la División Azul y marchó a Rusia con el deseo de combatir «unas teorías infrahumanas, anticristianas y cobardes». Finalmente, tras regresar de territorio soviético se incorporó al Estado Mayor Central, donde permaneció hasta que Franco decidió que en aquella paz, «en la que no se han levantado aún los campamentos», debía prestar un nuevo servicio a España «defendiendo con su pluma depurada y su concepto ágil los mismos principios que defendió con las armas en la mano».324 Los dos discursos que pronunció aquel día estuvieron ampliamente inflamados por lo que Michel del Castillo llamaba «ampulosa retórica cargada de mayúsculas»325 y giraron en torno a la defensa de la tarea realizada por Franco al frente del Estado, la legitimidad de una «cruzada» a cuyo favorable final colaboró la provincia de Huesca con un «torrente de sangre» que «no se conoce por ahí» y la necesidad de abrir la Falange a todos aquellos que quisieran colaborar en la tarea de mantener «la unidad

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eterna» que los camaradas caídos durante la guerra «sellaron con su sangre». Finalmente, el militar madrileño pidió a los oscenses disciplina y confianza en él afirmando: «Yo daré mi vida cien veces, si es necesario, por Franco y por la Falange, y creo que con esos títulos tengo bastante para mandaros».326 Al cumplirse un mes de su llegada a Huesca, Manuel Ruiz de la Serna decidió realizar una visita protocolaria a la Corporación local de la capital oscense. De ese modo, el 31 de marzo se desplazó al palacio municipal, donde el Pleno celebraba sesión extraordinaria. Una vez ante los ediles, y después de las halagadoras palabras del alcalde Vicente Campo, la primera autoridad provincial se dirigió a todos ellos exhortándoles, «contra lo que muchos creen», a no ver el Ayuntamiento como una «caja de caudales para guardar el dinero del contribuyente», sino como un «Depósito en el que entra ese dinero para salir convertido en obras y en todo aquello que necesite la población». El militar madrileño era consciente de lo mucho que había por hacer, y por ello exhortó a los presentes a que, «sin miedo, con acometividad, con visión al horizonte», trataran de sacar adelante todas las obras que «Huesca requiere para convertirla en ciudad moderna, sin pararse a pensar en si habrá dinero o no habrá, porque esto viene siempre cuando la intención es honrada», advirtiéndoles finalmente que, en su opinión, «no puede ser concejal el hombre timorato que está pendiente del debe y del haber».327 Las palabras del delegado gubernativo reflejaban una realidad palpable, puesto que cada vez era más evidente que Huesca necesitaba importantes transformaciones que le permitieran salir de su atraso. Sin embargo, esta situación chocaba frontalmente con una circunstancia igual de fehaciente que ya he comentado en el capítulo anterior: el raquitismo económico al que la Administración central del Estado había condenado a las locales para evitar el desarrollo de posibles focos de oposición a nivel municipal. Así, las haciendas de los consistorios españoles dependían en un grado muy elevado de la estatal, algo todavía más acusado en el caso de la Corporación oscense, puesto que, a diferencia de la mayoría, su principal fuente de ingresos durante ese periodo no eran las tasas, sino los fondos que recibía del Estado en forma de subvenciones o mediante participaciones en diferentes impuestos y que no solo no crecieron en cantidad suficiente para permitir al Ayuntamiento cierta capacidad inversora, sino que, como consecuencia de la inflación, decrecieron de forma constante.

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De esta forma, los buenos rendimientos que la hacienda de la Corporación obtuvo entre 1945 y 1947, ambos inclusive, empezaron a esfumarse a partir de 1948. Desde entonces, como consecuencia de los desembolsos realizados por el Ayuntamiento en algunas obras de carácter urbanístico y en la mejora de las pésimas condiciones salariales de su plantilla de empleados, los gastos de carácter fijo comenzaron a ser mayores que las recaudaciones del mismo tipo. A pesar de ello, gracias a las reservas existentes en las arcas municipales procedentes de los superávits logrados entre 1945 y 1947, al gran volumen de ingresos extraordinarios conseguido entre 1947 y 1949 —fundamentalmente a través de la venta de solares— y al hecho de que varias de las obras se realizaron con cargo al presupuesto extraordinario de 1945, ese desequilibrio no hizo acto de presencia en las liquidaciones de los presupuestos ordinarios hasta 1952.328 Con todo, parece que la Corporación fue consciente mucho antes del agotamiento de su erario, ya que desde 1949 comenzó a instruir diversos expedientes tanto para subir varias tasas o arbitrios ya existentes como para crear otros nuevos.329 Aun así, las obras de primer establecimiento que se consideraba necesario abordar tenían un volumen demasiado amplio como para poder acometerlas apoyándose en la simple subida de unas cuantas tarifas, por lo que el Pleno decidió pedir prestados 9 millones de pesetas a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza.330 No obstante, en febrero del año siguiente el delegado provincial de Hacienda comunicó al Pleno la necesidad de redactar un proyecto de presupuesto extraordinario que fuera posteriormente aprobado por la superioridad para poder hacer efectiva la suscripción de ese préstamo.331 De forma paralela, la Dirección General de Regiones Devastadas ofreció al Ayuntamiento una subvención del 62,5 % para realizar unas importantes obras de urbanización en el ensanche de la carretera de Zaragoza. Ante la doble necesidad de no perder la ayuda del Estado y tratar de resolver el grave problema de paro obrero que estaba surgiendo en la ciudad, el Consistorio decidió comenzar las obras aun cuando carecía de financiación para ello por no tener aprobado un presupuesto extraordinario. En ese difícil contexto, el Pleno acordó contratar con la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza una cuenta de tesorería por valor de 800 000 pesetas332 contra la que cargar todos los gastos generados por las obras hasta recibir la subvención estatal y lograr la aprobación de ese presupuesto.

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Esa cuenta de tesorería, como denunciaría tres años más tarde José María Lacasa, era ilegal, puesto que la legislación no permitía hacer pagos que no tuvieran consignación oficial en ningún presupuesto, y por eso su contabilidad se llevaba aparte, en un libro no oficial. Por otra parte, aquella operación bancaria constituía un claro ejemplo de la perversidad de un sistema que por un lado cargaba de responsabilidades a los ayuntamientos y por otro los dotaba de unos medios hacendísticos famélicos que los condenaban al estatismo,333 y por tanto a una mala imagen frente a los ciudadanos —aunque esto todavía no importaba mucho—, o a cometer lo que Vicente Campo denominó «peligros legales»334 si, «por el bien público de la ciudad y pensando en el mejor servicio de esta»,335 trataban de emprender obras de relevancia. El problema no era, por tanto, exclusivo del Concejo oscense. Las arcas de todos los municipios españoles estaban atravesando una gravísima situación debido a que el sistema, sencillamente, no funcionaba, pues había establecido vías de recaudación demasiado rígidas que negaban la soberanía fiscal de las entidades locales privándolas de recursos flexibles con los que hacer frente tanto al aumento de las exigencias de los administrados como a la aparición de nuevas necesidades que sumar a las hacía mucho tiempo olvidadas. En realidad, como agudamente observó ya hace algunos años Martí Marín, las haciendas locales españolas estaban sufriendo los mismos problemas que habían afectado a los erarios municipales de la Italia fascista hacía veinte años.336 Con el fin de evitar la quiebra técnica a la que se dirigían inexorablemente todos los municipios españoles, el Gobierno aprobó la Ley de 3 de diciembre de 1953 sobre modificación de las bases de régimen local de 17 de julio de 1945.337 El nuevo texto pretendía dotar a las Administraciones locales de mayores recursos financieros que les permitieran afrontar los retos a los que se enfrentaban. Para ello sancionó toda una batería de medidas, entre las que hay que destacar la desaparición del Fondo de Corporaciones Locales, y por tanto de los recursos que los ayuntamientos debían aportar para financiarlo;338 el aumento del 15 al 25 % del recargo sobre la contribución especial y de comercio; la creación de un arbitrio sobre la riqueza rústica y pecuaria con un tipo del 8,96 %; y, finalmente, la puesta en marcha de otro tributo sobre la riqueza urbana con un tipo del 17,2 %. La instauración de este último gravamen resultó particularmente relevante porque convirtió

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lo que anteriormente era un recargo sobre un impuesto estatal en un arbitrio puramente municipal, y ello permite hablar, en opinión de Damián González Madrid, de ciertos avances en la separación entre la hacienda estatal y la municipal.339 Los nuevos instrumentos fiscales con los que esta ley dotó a las corporaciones locales y provinciales comenzaron a ser aplicados por el Ayuntamiento de Huesca en 1955. Sin embargo, el importante crecimiento de los ingresos que provocaron no se tradujo en un inmediato aumento de la actividad municipal debido a la delicada situación económica por la que atravesaba la institución altoaragonesa. Como he tratado de mostrar anteriormente, entre 1948 y mediados de 1952 el Concejo oscense se embarcó, en parte gracias a algunas maniobras de dudosa legalidad, en una serie de proyectos que lo llevaron a un alto grado de endeudamiento. La situación fue denunciada por José María Lacasa ante el Ministerio de la Gobernación, el cual, tras la correspondiente investigación de las cuentas municipales, emitió a finales de octubre de 1952 una orden por la que obligaba al Consistorio a reducir al mínimo sus gastos y a pagar cuanto antes todas las deudas contraídas.340 A principios de 1953 el futuro del Concejo se presentaba, tal y como recodaba José Gil Cávez en febrero de 1956, tremendamente «sombrío y desolador».341 Ante semejante panorama, el citado alcalde, que por aquel entonces acabada de hacerse cargo del puesto, no tuvo más remedio que «imponer a rajatabla una política restrictiva de gastos»342 acompañada de una fuerte subida de tasas e impuestos, entre los que destacaba el impopular arbitrio de recogida de basuras. El ajuste del presupuesto se realizó mediante una drástica contracción de la actividad municipal, que transformó el Ayuntamiento en una entidad fantasmal a ojos de los oscenses, y una reducción de los fondos dirigidos al pago de personal, algo que José María Lacasa ya había propuesto en su estudio sobre la hacienda municipal presentado al Pleno un año antes.343 A decir verdad, como el abogado oscense reconocía en ese documento, el problema no era la cuantía individual de los sueldos, sino el excesivo número de empleados al servicio del municipio. Fue el propio edil quien sacó a relucir nuevamente el tema en abril de 1953, durante el transcurso de una reunión en la que se debatía sobre la necesidad de subir impuestos, afirmando que posiblemente existiese un exceso de personal que haría necesario «amortizar cuantas vacantes se produzcan».344 Aunque aquel día no se tomó ninguna decisión al

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respecto, la idea no cayó en saco roto y al mes siguiente, cuando el Pleno tuvo que votar un informe realizado por las comisiones de Hacienda y de Administración y Gobierno en el que se afirmaba que algunos servicios se encontraban «recargados de personal», nadie se opuso a la propuesta realizada por ambas de amortizar, en el momento en que quedasen vacantes, un total de veintinueve plazas de funcionarios.345 No obstante, dado el contexto de crisis en el que se encontraba sumida la institución, sus dirigentes también trataron de ahorrar todo lo posible en el pago de las nóminas, sobre todo desde que el 30 de mayo de 1952 el Gobierno aprobó el Reglamento de Funcionarios de la Administración Local.346 Este texto legal llevaba implícita una subida obligatoria de los sueldos mínimos de los funcionarios que, para muchos miembros del Pleno, hacía mucho menos necesario el plus de carestía de la vida que recibían por acuerdo municipal desde marzo de 1951. Por eso, el 15 de mayo de 1953 el presidente de la Comisión de Hacienda, Emilio Miravé, informó a sus compañeros de que el Concejo haría frente al aumento del gasto que suponía el incremento del salario de sus empleados decretado por el Estado rebajando el citado complemento.347 Aun así, el aditamento seguía siendo una carga muy pesada para las maltrechas arcas locales, de tal manera que, según afirmaba un informe redactado por la Comisión de Hacienda en diciembre de 1954, «de seguir en vigor producirá un lastre pasivo extraordinario en relación con la potencia económica municipal». En consecuencia, todos estuvieron de acuerdo en dejarlo sin efecto «para cuantos funcionarios en lo sucesivo ingresen en el Ayuntamiento», cuyos derechos y deberes quedarían regulados exclusivamente por el Reglamento General de Funcionarios de la Administración Local.348 En realidad, los funcionarios municipales no fueron los únicos afectados por los problemas presupuestarios que atravesaba el Cabildo local. En última instancia, todos los oscenses se vieron obligados a «colaborar […] por el bien de la ciudad», puesto que la cuestión no era únicamente que se gastase mucho, sino que, a pesar de la buena gestión recaudatoria, se ingresaba poco. Por esta razón, entre 1953 y 1955 la Corporación municipal aumentó de forma considerable la presión impositiva sobre la población. Sin duda, entre todos los arbitrios y tasas que se aplicaron, el más importante para la institución, y a la vez el más impopular, fue el de recogida de basuras. No obstante, pese a la antipatía que este despertó, los

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miembros del Pleno no se echaron atrás, puesto que eso habría supuesto lo que José María Lacasa calificó como «el crac de la hacienda municipal».349 Muy otra fue, sin embargo, la actitud del director del Orfeón Oscense cuando a principios de 1954 la Corporación aprobó la entrada en vigor, con los tipos máximos permitidos, de los gravámenes concedidos a las corporaciones por la Ley de 3 de diciembre de 1953. Para este concejal, la renta era el único «índice cierto de capacidad económica», pero dado que la legislación relativa a las haciendas municipales no permitía por aquel entonces establecer una tributación sobre ella que constituyese un verdadero instrumento «al servicio de la Justicia Social», entendía que por lo menos debían rebajarse los cargos que se habían fijado porque los consideraba excesivos con respecto a la capacidad real de los contribuyentes.350 Finalmente, la postura de José María Lacasa tan solo fue secundada por el librero Francisco Aguarón y el comerciante Antonio Alamañac, de modo que los nuevos impuestos fueron aprobados con las máximas tasas permitidas por la Ley. Por el contrario, el Pleno sí votó a favor de una propuesta de Cándido Bagé que planteaba, como compensación por la aprobación de las nuevas gabelas, la eliminación del impuesto sobre la recogida de basuras, al que siempre se habían opuesto concejales como el agricultor José Blasco.351 A pesar de todo, tan solo ocho meses después de la entrada en vigor de los nuevos impuestos, el presidente de la Corporación, movido según él mismo por la convicción de que había problemas como el del agua que no podían esperar, presentó una moción en la que solicitaba la aprobación de más arbitrios que permitieran al municipio acumular determinadas sumas de dinero para poder elaborar presupuestos extraordinarios con los que atender los «ingentes y urgentes» desafíos que la localidad tenía planteados. Gil Cávez era consciente de que, «por su escasa capacidad contributiva debido principalmente a su falta de industria», Huesca no podía plantearse siquiera alcanzar recaudaciones similares a las obtenidas por «pueblos más privilegiados que el nuestro», pero en cambio veía factible implantar nuevos tributos que no fuesen excesivamente «gravosos para la totalidad de los vecinos».352 La preocupación del alcalde por la incapacidad de la institución que dirigía para afrontar las principales dificultades que impedían el desarrollo de la ciudad era evidente. Tenía muy claro que, de no aprobarse su propuesta, la ciudad habría

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de conformarse con «seguir sobrellevando esa vida lánguida que, poco a poco, sume a los pueblos en una situación de suicidio lento que con su inoperancia y retraimiento despreocupado dificultan la acción de los altos poderes que forzosamente han de negar todo su apoyo a un pueblo que no hace nada por salvarse en primer lugar por los medios al alcance de su mano». Desde luego, el que fuera cofundador de la Falange en Huesca no estaba dispuesto a ser responsable de algo semejante, y antes de que eso ocurriera entendía que «la postura digna que nos justifique ante quienes nos han traído a esta casa, y principalmente la mía ante quien de buena fe me confirió el honor de regentar esta Alcaldía, sería la de marcharnos a nuestras casas para que otros vecinos con más capacidad y entusiasmo por las cosas de nuestro pueblo venga a regir digna y acertadamente los destinos futuros de nuestra ciudad».353 El regente de la alcaldía parecía ciertamente consternado, y por ello José María Lacasa intervino para tratar de poner las cosas en perspectiva y, al mismo tiempo, mostrar su oposición a una nueva subida impositiva. En su opinión se estaba produciendo en el seno del Pleno un «fenómeno de espejismo igual que el que había en épocas anteriores, pero de signo contrario». Es decir, aunque era verdad que se había liquidado el presupuesto ordinario de 1953 con 300 000 pesetas de déficit, no lo era menos que con ello se había logrado «sanear la Hacienda», y eso justificaba tanto la austeridad del Ayuntamiento como su consecuente «paso lento», puesto que de seguir así se lograría saldar la deuda municipal en unos dos años. Por otro lado, Lacasa se declaraba contrario a un incremento de las tasas municipales porque entendía que la ciudad de Huesca era una de las más gravadas de España y, a su juicio, eso implicaba que los nuevos gravámenes rendirían muy poco.354 Como solía ocurrir, Lacasa no andaba desencaminado, y ya en mayo de 1955 él mismo anunció a sus compañeros que la deuda municipal quedaría definitivamente saldada al liquidar el presupuesto ordinario de ese año y auguró al Ayuntamiento unas perspectivas «excelentes».355 Al año siguiente, en febrero, sus previsiones se confirmaron y un pletórico José Gil Cávez pudo presentar a los concejales un superávit real de 940 786,96 pesetas. Las palabras que aquel día pronunció el alcalde denotaban la satisfacción que sentía, pero también el camino a seguir: «ahora, si no hay desavenencias, si existe una total unidad y fervientes deseos, por parte de todos, de hacer y laborar por Huesca, tiene espedito el camino y el porvenir

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luminoso y amplio». A continuación animaba a que fueran «barridos los obstáculos» que surgieran y a «administrar con las miras puestas en Huesca, con patriotismo y con honradez». Él no lo sabía, o quizás sí, pero en mi opinión acababa de cumplir, con la imprescindible ayuda del entonces presidente de la Comisión de Hacienda, José María Lacasa, el que fue su principal servicio al Ayuntamiento de Huesca.356 Sin embargo, el futuro económico municipal no era tan halagüeño como dejaban entrever las palabras de los presidentes del Pleno Municipal y la Comisión de Hacienda. El Ayuntamiento continuaba insuficientemente dotado de recursos económicos para hacer frente a todos los retos que tenía por delante y, por ello, en cuanto comenzó a poner en marcha diversos proyectos dirigidos a modernizar la ciudad sus arcas se resintieron. En 1957, cuando al pago de las obras se unió otro aumento salarial de los funcionarios impuesto por el Estado,357 la potencia económica municipal volvió a hundirse y todos fueron conscientes de que el presupuesto ordinario que había de redactarse para 1958 arrojaría nuevamente una liquidación negativa. Para tratar de salvar el déficit inicial del futuro presupuesto, previsto en 2 420 680,67 pesetas, la alcaldía presentó al Pleno una memoria en la que proponía una fortísima subida de tasas que, pese a contar con la oposición de ediles como José María Lacasa, Emilio Miravé, Saturnino Arguis, Alfredo Ríos y Gonzalo Goded, acabó aprobándose en enero de 1958.358 La reforma de las haciendas locales de diciembre de 1953 solo había conseguido frenar el aumento de las tasas durante cuatro años; pasado ese tiempo, el agotamiento de las posibilidades de crecimiento sostenido de la imposición y la falta de elasticidad del ingreso volvieron a llevar la recaudación municipal al lugar más seguro que conocía, aquel al que siempre podía volver con confianza: las tasas.359 Uno de los principales problemas a los que tuvo que hacer frente el Ayuntamiento y cuya solución más esquilmó las arcas municipales fue la urbanización de los ensanches de la ciudad, es decir, el dotar de sistemas de distribución de agua, alcantarillado, aceras e iluminación los nuevos espacios destinados a la extensión de la edificación y los servicios urbanos. A decir verdad, se trata de un proceso que comenzó a desarrollarse en el territorio español a mediados de los años cuarenta y no hizo sino crecer hasta alcanzar su cenit en los sesenta gracias tanto a la atracción ejercida por los polos industriales localizados en las zonas tradicionales de Cataluña y el Cantábrico, a las que posteriormente se unió Madrid, como al aumento

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de la población autóctona provocado por lo que dio en llamarse baby boom.360 No obstante, el principal motivo del desplazamiento de la población de las zonas rurales a las urbanas durante los cincuenta hay que buscarlo en las consecuencias que trajo consigo la modernización de la estructura de la propiedad de la tierra iniciada a principios de la década. Este fenómeno fue, evidentemente, mucho más intenso en las zonas industriales que en pequeñas ciudades de provincias como Huesca. Sin embargo, el carácter de capital administrativa de la localidad altoaragonesa provocó que, aunque a menor escala, sufriera igualmente sus consecuencias. El Ayuntamiento oscense ya fijó en los cuarenta las zonas hacia las que crecería la ciudad comprando terrenos en dos extremos opuestos que posteriormente vendió a particulares o cedió gratuitamente a otras entidades públicas para que edificaran en ellos. El problema fue que, mientras por un lado la escasez de fondos le impidió urbanizarlos antes de traspasar su propiedad, por otro, la falta de ordenanzas que delimitaran las áreas donde era posible construir suscitó «la creación de zonas de expansión urbana a capricho de los particulares»361 o, como lo describió en 1955 el gobernador civil Ernesto Gil Sastre, «una locura de edificación» provocada por la sencilla razón de que en Huesca se edificaba «donde y como a cada uno le viene en gana».362 La situación era, desde luego, muy grave, puesto que obligaba a una institución de recursos hacendísticos muy limitados a urbanizar sitios alejados tanto entre sí como del centro urbano,363 lo cual era realmente gravoso para las débiles arcas municipales. La solución pasaba, en palabras de José María Lacasa, por establecer «el criterio rígido e inexorable de no permitir construcciones en zonas en las que no se hallen establecidos, o ya aprobados y en construcción real, los proyectos de urbanización completa, no permitiendo edificar sino en la zona o zonas ya establecidas como ensanche perfectamente ordenado y delimitado»,364 o, dicho de otro modo, por redactar un Plan de Ordenación Urbana de la ciudad. La idea ya la había puesto sobre la mesa José Urzola Estropá en marzo de 1949,365 pero no fue hasta 1955 cuando el Pleno acordó contratar con la Comisión Central de Urbanismo los trabajos para confeccionar el Plan de Ordenación de Huesca.366 Este, a pesar de todo, no fue aprobado por el Concejo hasta el 3 de junio de 1958,367 dos años después de que se publicase la Ley de 12 de mayo de 1956 sobre régimen del suelo y ordenación urbana, que en su exposición de motivos establecía que «la

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acción urbanística ha de preceder al fenómeno demográfico y, en vez de ser su consecuencia, debe encauzarlo hacia lugares adecuados».368 Lo cierto es que a lo largo de los años cincuenta quedaron claramente definidas las características de los dos ensanches de la capital del Alto Aragón. La construcción de uno de ellos, el comprendido entre el barrio de la catedral y la carretera de Zaragoza, estuvo tutelada por Regiones Devastadas desde que la ciudad fue parcialmente adoptada por el Caudillo en 1940 hasta 1956, cuando dicho organismo decidió excluir estas obras de sus competencias.369 Ese fue el lugar designado para convertirse en el nuevo centro administrativo de la localidad y de la provincia, un espacio que había de reflejar la modernidad y el orden de la nueva España de Franco. Allí se construyó el nuevo edificio del Gobierno Civil —adonde se trasladaron todas las delegaciones del Estado—, el instituto de educación Ramón y Cajal, la Casa Forestal, la Casa Sindical y el Instituto Nacional de Previsión, entre otros. Al otro lado de la ciudad, junto a la carretera de Barbastro y lo que entre los oscenses era conocido como Fosal de Moros, se articuló el segundo espacio de expansión urbanística. En principio, se trataba de un espacio escasamente habitado por jornaleros y sectores humildes de la localidad, pero conforme el proceso de expulsión de la población rural a la ciudad fue tomando fuerza se convirtió en el lugar de residencia de una gran parte de los nuevos residentes que llegaban a la capital de la provincia en busca de nuevas oportunidades. La planificación y la urbanización de este sector corrieron exclusivamente por cuenta del Ayuntamiento y los propios vecinos, quienes, al no contar el Concejo con ayuda alguna, tuvieron que pagar de su bolsillo una parte, generalmente el 50 %, del costo de las pocas pero onerosas obras de adecuación que se efectuaron.370 No obstante, aquí también se emplazaron algunos servicios de carácter público, aunque su naturaleza fue algo distinta a la de los que he citado anteriormente. Se trataba del sanatorio para tuberculosos, un cuartel militar y la nueva prisión provincial. Paralelamente al problema de la urbanización corría otro íntimamente ligado con él: la escasez de viviendas, especialmente de las de renta reducida.371 A finales de marzo de 1949 un informe realizado por los servicios municipales estimaba que eran necesarias unas trescientas cincuenta viviendas de este tipo en la ciudad.372 Seis años después, Gonzalo Goded, uno de los ediles a quienes más preocupaba este asunto en la Corporación,373 afirmaba que la capital oscense continuaba en

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este aspecto mucho más retrasada que urbes como Zaragoza. En su opinión, esta importante carencia respondía fundamentalmente a la gran cantidad de inmuebles que quedaron destruidos o inhabilitados durante la guerra, a la antigüedad y las malas condiciones de habitabilidad de muchos de los edificios restantes y a la clara desproporción entre el ritmo de las reparaciones o nuevas obras y el aumento de la población, lo cual achacaba sobre todo a la falta de empresas constructoras en la ciudad. El joven abogado calificaba esta situación como un problema «que llega a rebasar los lindes de lo social para entrar en los de lo moral debido a las condiciones verdaderamente inhumanas en que viven algunos ciudadanos» y entendía que no debía dejarse su solución en manos particulares, puesto que, al ser en aquellos años un negocio escasamente rentable, poca gente invertía en la edificación de viviendas. Desde su punto de vista, la solución pasaba por que la Corporación promoviese la construcción de casas de renta reducida, bien por su propia cuenta, bien proporcionando terrenos urbanizados, o fácilmente urbanizables, a otras entidades públicas para que fuesen ellas las que lo hiciesen.374 En realidad, con la salvedad de que las superficies cedidas rara vez estaban ya adecuadas para su edificación, eso fue precisamente lo que trató de hacer el Ayuntamiento, en la medida de sus posibilidades y con resultados a todas luces insuficientes, desde los años cuarenta. No obstante, la situación cambió de manera considerable a partir de 1954. Ese año, el Estado, consciente de la insuficiencia de viviendas modestas existente en todos los puntos de la geografía nacional, aprobó dos leyes que impulsaron su construcción a través tanto de una mayor implicación de la Obra Sindical del Hogar y el Instituto Nacional de la Vivienda como del aumento de las bonificaciones tributarias para todos aquellos que decidieran lanzarse a su edificación de forma particular.375 De todos modos, aunque el número de viviendas hubiese estado en relación con la necesidad que de ellas tenía la ciudad, los oscenses habrían seguido sufriendo otro grave problema de habitabilidad: la falta de abastecimiento de agua. Esta importante carencia había sido desde 1925 uno de los principales caballos de batalla para las diferentes corporaciones que se habían sucedido desde entonces en Huesca376 y, aunque, como se ha podido comprobar en anteriores páginas, se trató de paliarla buscando nuevos caudales de agua y construyendo depósitos, lo cierto

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es que a la altura de 1949 había vecinos que podían pasar días e incluso meses «sin ver salir agua por sus grifos».377 La miseria que reinaba en las arcas municipales hizo del todo imposible que durante estos nueve años el Pleno se planteara siquiera la posibilidad de acometer las obras necesarias para solucionar el problema del abastecimiento de agua de forma definitiva. Sin embargo, mientras intentaban consensuar cuál sería el mejor modo de conseguirlo, los ediles no dejaron de proponer y aprobar medidas alternativas que, al menos provisionalmente, permitieran paliar en lo posible la deficiencia del servicio. Con todo, a pesar de ser únicamente parches en espera del remiendo permanente, estas actuaciones tenían un elevado coste económico, por lo que cualquier decisión errónea suponía, en última instancia, un importante revés para la hacienda de la Corporación. José María Lacasa era perfectamente consciente de ello, y por eso propuso la formación de una comisión especial que, ayudándose del asesoramiento de técnicos y expertos, asistiese al Pleno para tomar las decisiones más acertadas en todo lo relacionado con el asunto del suministro de agua a la ciudad. El alcalde, «para tranquilidad del Ayuntamiento», aceptó la sugerencia y nombró una comisión compuesta por él mismo, José María Palacín, José María Lacasa, Leonardo Estallo, Saturnino Arguis y Francisco Aguarón.378 Con la vista puesta en la solución definitiva del problema, esta comisión siempre contempló dos posibilidades: o bien llevar adelante el proyecto ya existente sobre Vadiello, o bien aunar en uno solo los caudales de los distintos manantiales situados al pie de las diferentes sierras que circundan la ciudad. La poca agua que transportaban y la gran distancia entre ellos, que elevaba sobremanera el coste de conectarlos en una única tubería, decantaron a los concejales por el plan de Vadiello.379 En noviembre de 1954 el Pleno acordó pedir a su autor que lo completara para poder conocer con cierta exactitud el gasto que supondría su realización,380 algo que supieron en abril de 1956: 637 millones de pesetas.381 Desde entonces el proyecto quedó nuevamente paralizado hasta que en enero de 1958 el alcalde, tras una conversación con el subsecretario del Ministerio de Obras Públicas en la que este mostró interés por la idea de Vadiello y le ofreció cuanta colaboración fuese necesaria, ordenó reformar los precios y enviarlo a Madrid para su aprobación ministerial y la concesión de las ayudas estatales necesarias para hacerlo realidad.382 Paralelamente, consciente de que en aquel momento era imposible abordar

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cualquier actuación que condujese a garantizar de manera definitiva el abastecimiento hídrico, la Corporación trabajó con ahínco para poner en marcha actuaciones provisionales que permitiesen incrementar tanto el volumen como la presión del agua que llegaba a la ciudad. En este sentido, cabe destacar la colocación de un depósito de reserva en San Julián de Banzo;383 la gestión con Regiones Devastadas para instalar un depósito elevador en las proximidades del seminario con objeto de aumentar la presión con la que el agua llegaba a las casas;384 la reparación del sistema de distribución para evitar las importantes pérdidas que se producían;385 la construcción de tres pozos en las inmediaciones del manantial de Las Paulesas con el fin de sacar a la superficie nuevos caudales de aguas subterráneas, así como la realización de una galería de drenaje que incrementara el escaso volumen de los que se descubrieron;386 y, finalmente, la aprobación del proyecto de conducción de agua desde Vadiello hasta San Julián de Banzo, cuya ejecución quedó a expensas de su aprobación por el Ministerio de Obras Públicas y la concesión de las subvenciones oportunas.387 A pesar de que todas estas medidas lograron mejorar el abastecimiento de la localidad, no consiguieron garantizarlo en épocas de sequía, puesto que entonces todos los cauces fluviales en torno a los cuales se habían estructurado sufrían importantes estiajes. Esto fue precisamente lo que ocurrió en el verano de 1958 y lo que obligó al Concejo a gestionar la captación de agua de la acequia de Tierz.388 La escasez de agua no solo constituyó un lastre demográfico para la capital altoaragonesa, sino que contribuyó a frenar su desarrollo industrial en un momento, los años cincuenta, en el que el progreso económico experimentado por el conjunto de la economía española se dejó sentir especialmente en el sector secundario y situó a España entre las naciones europeas con mayor crecimiento industrial.389 El preocupante estancamiento de la industria oscense en un periodo como aquel resultaba ciertamente alarmante, y por ello el gobernador civil, aprovechando su presencia en el Ayuntamiento con motivo de la toma de posesión de los concejales elegidos en las elecciones municipales de 1954, no quiso dejar pasar la oportunidad de animar a todos los miembros del Pleno a dar «el brazo y la mano a todos los que aspiren a montar en Huesca y aun en su provincia instalaciones para manufacturar productos aprovechando nuestras materias primas y nuestras reservas hidráulicas».390

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Sin embargo, el insuficiente bastimento ácueo no puede explicar por sí solo este atraso. De hecho, en la postergación del sector secundario oscense representaron un papel muy significativo otros cuatro factores. Por un lado, me parece necesario destacar las malas condiciones en las que se realizaba el suministro eléctrico de la localidad debido tanto a una instalación «antigua e insuficiente» como a lo «mal atendido que la Hidro, S. A.» tenía el servicio, algo que se traducía en frecuentes apagones de larga duración con importantes repercusiones para los servicios públicos y las actividades privadas.391 Tampoco es irrelevante que la capital del Alto Aragón no tuviera conexiones ferroviarias directas ni con el Cantábrico ni con Madrid ni con Barcelona, que eran ya entonces, y lo serían mucho más a partir de la siguiente década, los grandes centros industriales del país. De igual modo, es evidente que la carencia de centros de capacitación técnica que permitieran el desarrollo de una mano de obra cualificada, crecientemente necesaria en un sector en el que la tecnología era cada día más importante, no resultó de gran ayuda a la hora de convencer a las empresas para que se establecieran en la localidad. Finalmente, fue el propio Ayuntamiento quien contribuyó a estrangular las posibilidades de crecimiento de la industria municipal mediante una política fiscal que gravaba la contribución industrial y la del comercio muy por encima de la rústica y la pecuaria.392 De cualquier modo, la Corporación municipal, con la excepción del ámbito fiscal, donde no podía hacer concesiones dada la escasez de sus ingresos, intentó contribuir en la medida de sus posibilidades no solo a solucionar los anteriores inconvenientes, sino a potenciar el desarrollo industrial de la ciudad. De esta forma, aun cuando no tenía capacidad para multar a la empresa distribuidora de corriente eléctrica, trató de velar por el buen funcionamiento del servicio enviando continuas protestas a las autoridades competentes y solicitándoles la eliminación de las restricciones existentes para poder gestionar la adquisición de un mayor caudal de energía que le permitiese mejorar el suministro y crear nuevas instalaciones industriales.393 Por lo que a las comunicaciones ferroviarias respecta, el Concejo mostró un gran interés en el proyecto del tren Cantábrico – Mediterráneo, por cuya ejecución ya se había apostado, sin éxito, durante la anterior dictadura. De hecho, la Corporación presidida por Vicente Campo llegó a poner en marcha una «Comisión de Propaganda» que, integrada por representantes del Ayuntamiento, la Diputación Provincial, la Cámara de Comercio, la Cámara Sindical Agraria y la prensa, tuvo por

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objetivo aunar los esfuerzos de todos los organismos provinciales interesados en la construcción de la línea.394 Sin embargo, las esperanzas que muchos de los ediles tenían depositadas en la construcción de esta importante infraestructura civil se desplomaron el 7 de julio de 1953. Aquel día José Gil Cávez informó al Pleno de la correspondencia que el gobernador civil había mantenido durante febrero y marzo con José García Lomas, director general de Renfe, y con José de Aguinaga y Keller, director general de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por Carretera, acerca del estado en el que se encontraba la tramitación del proyecto. La carta que el segundo había remitido a la máxima autoridad provincial resultaba de una claridad descorazonadora. En ella, José de Aguinaga comunicaba a Ernesto Gil Sastre que, puesto que su departamento disponía de los fondos justos para finalizar las obras que estaban en curso, no veía el modo de poder empezar la ejecución de otras nuevas.395 En lo que se refiere a la creación de centros donde pudiera desarrollarse una mano de obra oscense cualificada acorde a las cada vez más exigentes necesidades del sector secundario, las maniobras del Consistorio altoaragonés se limitaron al envío en mayo de 1949 de una carta firmada por el alcalde y los presidentes de la Diputación Provincial y la Cámara de Comercio al ministro del ramo para pedir la creación en Huesca de una Escuela Pericial de Comercio;396 la aprobación en noviembre de 1951 de una propuesta de Antonio Godé en la que este solicitaba el establecimiento en la capital de una Escuela de Artes y Oficios; el envío de un escrito conjunto del Ayuntamiento, la Diputación Provincial, la Cámara de Comercio e Industria, la Delegación Provincial de Sindicatos y otros organismos igualmente afectados al Ministerio de Educación Nacional en el que se instaba a que la Escuela Elemental de Trabajo entrara en funcionamiento cuanto antes;397 y, por último, el compromiso adoptado en agosto de 1957 de aportar no solo los 10 000 metros cuadrados de terreno necesarios para la edificación de la Escuela de Maestría, sino un tercio del coste total de las obras.398 Ahora bien, no era solo cuestión de intentar solucionar o al menos paliar las dificultades que frenaban el crecimiento industrial y esperar a que este se produjera: también era necesario adoptar medidas que trataran de estimularlo por sí mismas. El empresario Saturnino Arguis lo sabía, y por eso en marzo de 1955 propuso al Pleno Municipal que aprobase la creación en Huesca de una zona en la que, a cambio de ciertos beneficios, pudiesen instalarse lo que él llamaba industrias de

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interés local. Era algo muy similar a lo que Javier Pueyo Bonet había hecho en Pamplona tan solo un año antes con la aprobación de las denominadas bases para la protección de la industria,399 y pese a la insistencia de concejales como Gonzalo Goded, Daniel Calasanz o Gerardo Mompradé en que existían problemas mucho más urgentes a los que la Corporación debía de prestar toda su atención, se aprobó que la moción pasase a estudio de la Comisión de Hacienda.400 Dos meses después, aprovechando la intervención en la que anunció la próxima liquidación de la deuda municipal, José María Lacasa sugirió a sus compañeros la idea de que una delegación municipal encabezada por el gobernador civil —«que para estos efectos hay que contarlo como un oscense más»— se desplazase a Madrid con el objetivo de gestionar directamente con el ministro de Industria el establecimiento en la ciudad de algunas manufacturas vinculadas al Estado, lo cual permitiría impulsar la zona industrial que había propuesto Saturnino Arguis y que la comisión que presidía tenía por aquel entonces en estudio.401 A tenor de lo sucedido con posterioridad, no parece que la misión tuviera mucho éxito, puesto que nunca se estableció en Huesca fábrica pública alguna. Sin embargo, al menos según las palabras del propio Arguis, varias compañías privadas sí se interesaron por la posibilidad de instalarse en el referido espacio fabril, lo que llevó al concejal a realizar una nueva propuesta: la formación por parte del Ayuntamiento de un patrimonio municipal de suelo industrial que, tras ser debidamente urbanizado, se pudiese ir cediendo a cuantas empresas lo solicitasen.402 La iniciativa del concejal pasó a estudio de las comisiones de Policía Urbana y Hacienda, hasta que en la sesión ordinaria mantenida por la Corporación el 5 de julio la primera de ellas presentó ante los asistentes una moción en la que proponía que los terrenos más adecuados para ubicar el espacio planteado por el señor Arguis eran los comprendidos entre la carretera de Jaca y la línea de ferrocarril Huesca – Ayerbe, ya que se encontraban cerca tanto de una carretera como de una vía férrea, y además estaban separados del núcleo urbano por una zona verde. No obstante, en aquel momento el Ayuntamiento ya había iniciado las gestiones para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de la capital altoaragonesa, por lo que ninguno de los ediles presentes tuvo el menor reparo en votar a favor de que la ubicación de la zona industrial se acordara una vez finalizado dicho plan y en función de lo que en él quedase planteado.403

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El fin de la provisionalidad (1949-1959)

La falta de noticias de cualquier tipo al respecto durante casi un año hizo que en abril de 1956 Saturnino Arguis instara al alcalde a informar al Pleno sobre el estado del asunto y le indicara lo mucho que se estaba retrasando Huesca frente a otras ciudades en este sentido. El alcalde respondió al empresario que el Ayuntamiento estaba esperando la próxima publicación de la Ley del Suelo para poder pronunciarse con todas las garantías sobre la posible ubicación del espacio por él sugerido. Al ver que no podía hacerse nada para acelerar la tramitación del proyecto, el concejal propuso al presidente de la Corporación constituir una comisión municipal que se ocupase especialmente de todo lo relacionado con aquella cuestión. José Gil Cávez aceptó la idea y organizó una junta compuesta por él mismo, Saturnino Arguis, Emilio Miravé, Luis Lafarga y Enrique García Ruiz.404 Tres meses después, en julio, el Concejo recibió una comunicación del gerente de la empresa Huesca Textil en la que se solicitaban a la institución municipal 3000 metros cuadrados de suelo urbanizado para edificar una nueva factoría.405 La comisión recientemente creada se activó de inmediato y en apenas dos meses propuso al Pleno los terrenos en los que debería emplazarse el nuevo espacio industrial para fábricas no calificadas de insalubres o peligrosas.406 Aunque algunos concejales, como el agricultor Daniel Calasanz, el profesor Luis Lafarga o el tornero Jesús Castejón, se opusieron a la ubicación planteada por la comisión por entender que los vientos llevarían hacia la ciudad los humos y los olores generados, lo cierto es que el Ayuntamiento no pudo adquirir esos terrenos de forma inmediata porque carecía de presupuesto extraordinario con el que sufragar los gastos que ello supondría. Por eso, tras comunicar a la empresa peticionaria que el Consistorio le informaría tan rápidamente como le fuese posible sobre la ubicación del solar que había solicitado, el alcalde encargó a los miembros de la comisión que consultaran con el Ayuntamiento de Zaragoza la manera en que habían desarrollado allí tanto su zona industrial como el reglamento de esta.407 A decir verdad, durante la primera mitad de los años cincuenta, y especialmente entre 1952 y 1955, la necesidad de pagar las deudas contraídas retrajo la actividad del Concejo hasta niveles que parecían rozar la ociosidad. Esta situación lo convirtió en invisible para una población que, a pesar de pagar cada vez más tasas e impuestos, no veía que su dinero se invirtiese en beneficio de la ciudad a través de la ejecución de obras de relevancia o la puesta en marcha de nuevos

177

servicios. De hecho, los rumores que hablaban sobre la utilización de esos fondos para hacer frente a las subidas salariales de los funcionarios consistoriales no dejaron de crecer entre los habitantes de la capital.408 Así, cuando José María Lacasa anunció a mediados de 1955 que al finalizar el año el déficit de la Corporación habría desaparecido, muchos de sus miembros respiraron aliviados. Había llegado el momento de mejorar la imagen de la institución frente a sus administrados, y el cercano décimo séptimo centenario de la muerte de san Lorenzo les iba a proporcionar el mejor marco posible para ello. De este modo, aunque el principal objetivo fuese celebrar un «Año Laurentino» a lo largo del cual los oscenses pudieran conmemorar con la mayor «dignidad y solemnidad» el aniversario de la muerte de su patrón y acceder a «las diversas indulgencias y beneficios espirituales» concedidos por la Iglesia en esos casos,409 lo cierto es que desde la Corporación municipal se trató de instrumentalizar ese acontecimiento insertando a su alrededor un conjunto de «obras que forzosamente habría de realizar en otro momento»410 con el fin de presentarse ante sus administrados como una institución activa y dinámica. Para lograr alcanzar las metas propuestas y organizar todos los actos con el mayor esplendor posible, el Pleno aprobó un presupuesto extraordinario de 1 millón de pesetas al que, en principio, haría frente de forma unilateral aportando fondos de su presupuesto ordinario durante tres años.411 Por otro lado, con la pertinente autorización del obispo de la diócesis, y a propuesta de José María Lacasa, el alcalde organizó una comisión de la que formaría parte el propio Lino Rodrigo y que se encargaría de todo lo relacionado con la realización del evento.412 Sin embargo, el prelado no estaba dispuesto a que otra institución que no fuese la que él presidía capitalizase los réditos propagandísticos de un evento tan importante como aquel, por lo que decidió nombrar una junta plenamente eclesiástica que estuviese en permanente contacto con la municipal y se encargara de la organización de la celebración religiosa.413 No obstante, la salud financiera del Ayuntamiento de Huesca no era tan robusta como pensaban los miembros de la Corporación, por lo que fue incapaz de hacer frente a proyectos de tal envergadura en un espacio de tiempo tan pequeño. Por eso, aun cuando muchas de las principales iniciativas que se plantearon en un primer momento no pudieron ejecutarse, el presupuesto municipal ordinario de 1958 volvió a reflejar una situación de déficit. A pesar de todo, la celebración del

178

El fin de la provisionalidad (1949-1959)

centenario de la muerte de san Lorenzo supuso un gran éxito para el Consistorio de la capital altoaragonesa, puesto que le permitió recuperar visibilidad y presencia frente a una población que, como él mismo, estaba apunto de sufrir las consecuencias del duro Plan de Estabilización. •

xvii

179

Apéndices

Gestores con cargos políticos antes de la Guerra Civil

Corporación de 1949

Corporación de 1952

Pleno Municipal

Número de miembros con cargos políticos antes de la Guerra Civil

Número de miembros sin cargos políticos antes de la Guerra Civil

92 %

23 %

77 %

Corporación de 1955

Corporación de 1958

Pleno Municipal

Número de miembros con cargos políticos antes de la Guerra Civil

Número de miembros sin cargos políticos antes de la Guerra Civil

19 %

81 %

94 %

181

Gestores con cargos políticos antes de la Guerra Civil

Corporación de 1949

Corporación de 1952

Comisión Permanente

Número de miembros con cargos políticos antes de la Guerra Civil

Número de miembros sin cargos políticos antes de la Guerra Civil

20 %

80 %

20 %

80 %

Corporación de 1955

Corporación de 1958

Comisión Permanente

Número de miembros con cargos políticos antes de la Guerra Civil

Número de miembros sin cargos políticos antes de la Guerra Civil

20 % 40 %

60 % 80 %

182

El fin de la provisionalidad (1949-1959)

Excombatientes

Corporación de 1949

Corporación de 1952

Excombatientes

Resto

Pleno Municipal

39 %

61 %

62 %

Corporación de 1955

Corporación de 1958

Excombatientes

Resto

Pleno Municipal

44 %

38 %

56 %

52 %

48 %

183

Excombatientes

Corporación de 1949

Corporación de 1952

Excombatientes

Resto

Comisión Permanente

60 %

Comisión Permanente

40 %

60 %

Corporación de 1955

Corporación de 1958

Excombatientes

Resto

Comisión Permanente

40 %

184

Comisión Permanente

60 %

100 %

El fin de la provisionalidad (1949-1959)

Miembros de la vieja guardia

Corporación de 1949

Corporación de 1952

Pleno Municipal

Vieja guardia

Resto

15 %

85 %

15 %

85 %

Corporación de 1955

Corporación de 1958

Pleno Municipal

Vieja guardia

Resto

19 %

81 %

19 %

81 %

Corporación de 1955

Corporación de 1958

Comisión Permanente

Vieja guardia

Resto

20 % 60 %

40 %

80 %

185

Pertenecientes a la Falange

Corporación de 1949

Corporación de 1952

Pertenecen a FET

Resto

Pleno Municipal

15 %

92 %

85 %

Corporación de 1955

Corporación de 1958

Pertenecen a FET

Resto

Pleno Municipal

25 %

75 %

186

75 %

El fin de la provisionalidad (1949-1959)

Pertenecientes a la Falange

Corporación de 1949

Corporación de 1952

Pertenecen a FET

Resto

Comisión Permanente

100 %

Corporación de 1955

Corporación de 1958

Pertenecen a FET

Resto

Comisión Permanente

100 %

Comisión Permanente

100 %

187

Pertenecientes a la Cofradía del Nazareno

Corporación de 1949

Corporación de 1952

Pleno Municipal

Miembros de la Cofradía del Nazareno

Resto

23 % 31 %

69 %

77 %

Corporación de 1955

Corporación de 1958

Pleno Municipal

Miembros de la Cofradía del Nazareno

Resto

25 % 31 %

69 % 75 %

188

El fin de la provisionalidad (1949-1959)

Pertenecientes a la Cofradía del Nazareno

Corporación de 1952 Comisión Permanente

Miembros de la Cofradía del Nazareno Resto

20 %

80 %

Corporación de 1955 Comisión Permanente

Miembros de la Cofradía del Nazareno Resto

60 %

40 %

Corporación de 1958 Comisión Permanente

Miembros de la Cofradía del Nazareno Resto

60 %

40 %

189

Miembros de Acción Agraria Altoaragonesa

Corporación de 1952 Pleno Municipal

Miembros de AAA Resto

92 %

Corporación de 1955 Pleno Municipal

Miembros de AAA Resto

94 %

190

El fin de la provisionalidad (1949-1959)

Sectores sociales representados

Corporación de 1949

Corporación de 1952

Pleno Municipal

Funcionarios Profesionales liberales Industriales Comerciantes Agricultores / propietarios 8% Empleados

Funcionarios Profesionales liberales Industriales Comerciantes Agricultores / propietarios

31 %

15 %

23 %

7% 31 %

Corporación de 1955

Corporación de 1958

Pleno Municipal

Funcionarios Profesionales liberales Industriales Agricultores / propietarios Empleados

13 %

38 %

Pleno Municipal

Funcionarios Profesionales liberales Industriales Comerciantes Agricultores / propietarios 6% Empleados

6% 31 %

6% 6%

31 %

13 %

37 %

38 %

191

Sectores sociales representados

Corporación de 1949

Corporación de 1952

Comisión Permanente

Funcionarios Profesionales liberales Empleados

Funcionarios Profesionales liberales Industriales Comerciantes

20 %

20 % 40 %

40 %

Corporación de 1955

Corporación de 1958

Comisión Permanente

Funcionarios Profesionales liberales

Funcionarios Profesionales liberales Industriales

20 %

40 %

60 % 40 %

Corporación de 1955

Comisión Permanente

1901-1910 (45-54) 1911-1920 (35-44) 1921-1930 (25-34)

1891-1900 (58-67) 1901-1910 (48-57) 1911-1920 (38-47) 1921-1930 (28-37)

14 %

31 %

61 %

192

50 %

29 %

El fin de la provisionalidad (1949-1959)

Sectores de edad

Corporación de 1949

Corporación de 1952

Pleno Municipal

1881-1890 (59-68) 1891-1900 (49-58) 1901-1910 (39-48) 1911-1920 (29-38)

1881-1890 (62-71) 1891-1900 (52-61) 1901-1910 (42-51) 1911-1920 (32-41)

15 %

9% 27 % 18 % 31 %

46 %

Corporación de 1955

Corporación de 1958

Pleno Municipal

1901-1910 (45-54) 1911-1920 (35-44) 1921-1930 (25-34)

1891-1900 (58-67) 1901-1910 (48-57) 1911-1920 (38-47) 1921-1930 (28-37)

14 %

8% 7% 31 %

61 %

50 %

29 %

193

Sectores de edad

Corporación de 1949

Corporación de 1952

Comisión Permanente

1881-1890 (59-68) 1891-1900 (49-58) 1901-1910 (39-48)

1881-1890 (62-71) 1891-1900 (52-61) 1901-1910 (42-51)

20 %

20 % 40 %

60 % 20 %

40 %

Corporación de 1955

Corporación de 1958

Comisión Permanente

1901-1910 (45-54) 1911-1920 (35-44) 1921-1930 (25-34)

1891-1900 (58-67) 1901-1910 (48-57) 1911-1920 (38-47)

20 %

40 %

194

40 %

El fin de la provisionalidad (1949-1959)

Hacienda municipal

Ingresos más importantes en pesetas corrientes. 1949-1958

5 000 000,00

Derechos y tasas

4 000 000,00

Cuotas, recargos y participaciones en tributos nacionales

3 000 000,00

Imposición municipal

2 000 000,00 1 000 000,00

1958

1957

1956

1955

1954

1952

1949

0,00

Ingresos más importantes en pesetas constantes de 1974. 1949-1958

15 000 000,00

Derechos y tasas Cuotas, recargos y participaciones en tributos nacionales

10 000 000,00

Imposición municipal

5 000 000,00

1958

1957

1956

1955

1954

1952

1949

0,00

195

Hacienda municipal

Proporción de los tres ingresos respecto al total en pesetas corrientes. 1949-1958

15 000 000,00

Suma de los tres ingresos Total de ingresos

10 000 000,00

5 000 000,00

1958

1957

1956

1955

1954

1952

1949

0,00

Proporción de los tres ingresos respecto al total en pesetas constantes de 1974. 1949-1958 50 000 000,00

Suma de los tres ingresos Total de ingresos

40 000 000,00 30 000 000,00 20 000 000,00 10 000 000,00

196

1958

1957

1956

1955

1954

1952

1949

0,00

El fin de la provisionalidad (1949-1959)

Hacienda municipal

Evolución de los tres ingresos. 1949-1958

30 000 000,00

En pesetas corrientes

25 000 000,00

En pesetas constantes de 1974

20 000 000,00 15 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00

1958

1957

1956

1955

1954

1952

1949

0,00

Evolución del ingreso municipal. 1949-1958

50 000 000,00

En pesetas corrientes

40 000 000,00

En pesetas constantes de 1974

30 000 000,00 20 000 000,00 10 000 000,00

1958

1957

1956

1955

1954

1952

1949

0,00

197

Las contradicciones internas y la modernización de la ciudad (1960-1975)

Necesitamos, claro es, una gran Administración, y un Plan de Estabilización, y una reforma administrativa. […] Pero con una Administración a secas, fríamente buena, que no esté impregnada y espoleada con una gran ambición política, no se hace un pueblo, no se hace Patria.414

A primeras horas del 25 de marzo de 1963 el rosario de la aurora salió de la basílica de San Lorenzo y desfiló por algunas calles de la localidad. Entre sus integrantes se encontraban dos hombres para quienes la jornada iba a resultar muy emotiva: Mariano Ponz Piedrafita y José María Lacasa Coarasa. El primero era entonces alcalde de Huesca; el segundo había ejercido como tal durante varios años y ocupaba el cargo cuando, ese día hacía veinticinco años, el ejército rebelde logró romper el asedio al que la ciudad fue sometida por los republicanos durante la Guerra Civil. Fue precisamente a los muertos durante aquellos meses a quienes se

199

dedicó la misa con la que finalizó el primero de los diferentes actos programados ese lunes para conmemorar las bodas de plata de la «liberación» de la capital del Alto Aragón. A media mañana comenzó a prepararse en la catedral el gran acto religioso que se iba a celebrar allí por la tarde. Para ello, el santo Cristo de los Milagros fue trasladado desde su capilla hasta el altar mayor, donde quedó expuesto durante toda la jornada para que oraran ante él aquellos que lo desearan. Sobre las diez y media todo estaba ya dispuesto y Marino San Juan ofició una misa a la que asistió la Cofradía del Santo Cristo en pleno y en la que la capilla de música interpretó el Laudate pueri de Francisco Brunet Recasens. Al finalizar el oficio, los cofrades «se turnaron en velas de oración ante el Santo Cristo Coronado, que vestía manto blanco bordado en oro, y que estaba adornado de claveles rojos y blancos, luciendo las tres gradas de plata y los bustos de nuestros Santos». Algunas horas después, a la una menos cuarto, el centro de la actividad conmemorativa se desplazó hacia el teatro Olimpia. Allí, a escasamente cinco minutos de la plaza de la Catedral, iba a realizarse el acto político más importante de la jornada, la intervención de Fernando Herrero Tejedor, vicesecretario general del Movimiento, que había llegado a la ciudad flanqueado por el delegado nacional de Provincias, José Luis Taboada, y por Blas Piñar. El interior del edificio estaba completamente «abarrotado de público» y, como siempre ocurría en estos eventos, todas las autoridades locales y provinciales hicieron acto de presencia, acompañados en esta ocasión tan especial por el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento de Zaragoza, Mariano Pardo de Santayana; el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Antonio Zubiri Vidal, y el alcalde de la capital regional, Luis Gómez Laguna. Previamente a la intervención del que en aquellos momentos era el segundo hombre fuerte del Movimiento, su representante en la provincia, el gobernador civil Ramón Encinas Diéguez, pronunció un pequeño discurso introductorio. Tras recordar a todos los presentes que el origen de lo sucedido en Huesca hacía veinticinco años fue la defensa de una «España espiritual» frente a «esa España» subyugada «brutal y totalmente» por el materialismo, se jactó de los grandes logros materiales y sociales conseguidos por Franco y su régimen en la provincia de Huesca, de los cuales constituía un breve resumen la «Exposición de Realizaciones

200

Las contradicciones internas y la modernización de la ciudad (1960-1975)

del Movimiento Nacional» que el propio vicesecretario general había inaugurado aquella mañana y un claro ejemplo la entrega de ciento cuatro viviendas que se realizaría posteriormente. A continuación, el fiscal valenciano inició lo que se convirtió en una interminable perorata en la que, después de recurrir al tan manido respeto para con el mandato de los muertos, comparó la situación de aislamiento que la localidad oscense había sufrido durante la Guerra Civil con el cerco ideológico que, según él, sufría en aquellos momentos España, sitiada por dos bloques ideológica y filosóficamente opuestos como eran el comunismo y el liberalismo, cuyo origen no dudó en situar sin pudor en la lejana decisión del rey Enrique VIII de Inglaterra de imponer su autoridad por encima de la del papa, lo cual provocó la ruptura de lo que llamó «la unidad ecuménica del orbe». España —afirmó Herrero Tejedor— no estaba con ninguno de esos dos grupos. Lo que el régimen de Franco defendía era aquello por lo que todos los que lo apoyaban habían luchado a lo largo de la «Cruzada» y por lo que Huesca había resistido «heroicamente» durante veinte meses hasta ser «liberada»: la defensa del cristianismo. Aunque este fue el evento más significativo del día, lo cierto es que pocas horas después de su finalización estaba previsto el comienzo del que más interés había despertado no solo en la capital, sino en toda la provincia: el partido de fútbol entre la Sociedad Deportiva Huesca y el flamante campeón de las primeras cinco ediciones de la Copa de Europa, el Real Madrid. Aquella tarde el campo de San Jorge presentó un llenó absoluto y, aunque el partido no fue «ni muy bueno ni nada malo», en palabras del comentarista local, los espectadores que acudieron al recinto deportivo pudieron ver en directo a jugadores como Araquistáin, Zoco, Manolín Bueno o Simonsson, verdaderos mitos para muchos de ellos. El encuentro finalizó con la derrota del equipo local por uno a dos y, salvo la entrega de una placa de plata al capitán del equipo visitante y la merienda con la que la Peña Madridista Oscense agasajó al conjunto castizo, no hubo tiempo para muchas más celebraciones puesto que a las siete y media de la tarde estaba previsto el comienzo del último de los actos conmemorativos de aquel lunes. A esa hora en punto salió de la basílica de San Lorenzo la procesión que, con Damián Iguacen al frente, debía transportar la imagen del patrón al primer templo de la ciudad. La efigie del santo entró en la catedral acompañada por su cofradía y

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por la Corporación municipal bajo mazas y fue situada en el presbiterio «frente al crucero y vía sacra». Una vez que todo el mundo ocupó su lugar, el deán Ramón Abizanda, en representación del obispo de la diócesis, procedió a bendecir un banderín de la Hermandad de Defensores de Huesca que el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento entregó a su presidente, José María Lacasa, con el que se fundió en un abrazo, abrazo que volvió a repetirse cuando el abogado oscense puso el banderín en manos de Francisco Oliván por ser este considerado como «prototipo del mutilado civil». Tras la intervención del Orfeón Oscense, dirigido por el propio Lacasa, el alcalde Mariano Ponz Piedrafita leyó una oración en la que agradeció al santo Cristo de los Milagros y a san Lorenzo la «clara y excepcional protección que en los momentos más críticos por los que atravesara [el municipio], generosamente le dispensasteis». A continuación, mientras el Orfeón interpretaba el Aleluya de Haendel, el médico oscense impuso el escudo de la ciudad a las dos imágenes. Finalmente tomó la palabra Blas Piñar, quien ofreció a los presentes un discurso encendidamente patriótico en el que exhortó a todos a seguir luchando para conservar la grandeza nacional «con nuestro trabajo, con nuestra unidad, con nuestro espíritu de sacrificio». Sin embargo, cuando estaba a punto de finalizar su participación en el aniversario del «desposorio con el heroísmo» de los oscenses, el que fuese director general del Instituto de Cultura Hispánica pronunció las palabras que aparecen citadas al principio del capítulo. Con ellas el notario toledano ponía sobre la mesa, de forma taimada, que la cacareada unidad a la que se habían referido tanto él como todos los que le habían precedido a lo largo del día comenzaba a resquebrajarse. Trataré de dar cuenta de ello en las siguientes páginas.415

El desarrollismo y los límites del aperturismo franquista El miércoles 22 de junio de 1959 el periódico Nueva España se hizo eco en su editorial del auge turístico y comercial que había experimentado Huesca en poco tiempo. No obstante, salvo por una pequeña mención situada muy al final, el texto no hacía referencia, porque no era ese su objetivo, a la importancia que ambos

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Las contradicciones internas y la modernización de la ciudad (1960-1975)

sectores podían tener para el desarrollo económico de la provincia y su capital. En realidad se trataba de hablar a los oscenses del progreso material que el régimen de Franco había proporcionado a su ciudad, haciendo alusión para ello a la supuesta admiración que sentían los turistas extranjeros que llegaban a ella, normalmente de paso hacia sus verdaderos destinos en el interior del país, después de pasear por sus calles «armados de sus cámaras fotográficas». Sorprendentemente, el mejor ejemplo que la redacción del periódico encontró para dar cuenta de ese presunto desarrollo fue el «lujo y buen gusto» con el que iban arreglados los niños y las niñas de la ciudad.416 Desde luego, visto con medio siglo de perspectiva, no deja de resultar llamativo que la dirección del noticiero local decidiese publicar aquel artículo el mismo día que apareció en el Boletín Oficial del Estado el DecretoLey por el cual se ponía en marcha el Plan de Estabilización destinado a evitar la bancarrota financiera del Estado y a enterrar para siempre el sistema económico que desde los años cuarenta había condenado a la más absoluta miseria a la gran mayoría de la población española: la autarquía. Como es bien sabido, la autarquía bloqueó el potencial de crecimiento de la economía española durante casi treinta años. El Plan de Estabilización puesto en marcha bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional y la Organización Europea para la Cooperación Económica pretendía eliminar los encorsetamientos establecidos y conectar la economía española con la ola de prosperidad que atravesaba Europa desde principios de los cincuenta. Para lograrlo, el Decreto-Ley de Ordenación Económica de 21 de julio de 1959417 aspiraba tanto a reducir el consumo interior mediante una fuerte devaluación de la peseta, tajantes restricciones crediticias y recortes del gasto público como a favorecer la exportación de los excedentes de producción con el fin de proporcionar divisas que a su vez sirvieran para la importación de bienes de capital. En última instancia, las medidas adoptadas constituyeron un importante paso para la modernización económica de España, puesto que iniciaron la transición de una economía rígidamente centralizada a otra de libre mercado. La aplicación a rajatabla del Plan de Estabilización provocó inevitablemente elevados costes sociales que, en forma de congelación salarial, aumento del desempleo o escasez de artículos de primera necesidad, castigaron sobre todo a los sectores más desfavorecidos. Sin embargo, a partir de 1961 los efectos recesivos

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comenzaron a remitir, los graves problemas económicos asociados a la fase de estabilización fueron superados y la economía española empezó a crecer a buen ritmo. Desde entonces España experimentó índices de crecimiento comparables a los de Japón, aunque partiendo de una base estadística significativamente menor, y, dado que el ritmo de mejora era acelerado, el desarrollo económico pudo convertirse en el leitmotiv de la propaganda política. Sin embargo, los franquistas olvidaban convenientemente que el desarrollo se produjo mediante la aplicación de una política económica muy diferente a aquella en la que Franco había depositado su fe entre 1939 y 1959 y en la que nunca dejó de creer. Por otro lado, sin el contexto internacional de gran auge en el que se insertó la liberalización de su economía España nunca habría podido dar salida a sus grandes excedentes de mano de obra ni se hubiese beneficiado de la valiosa corriente de moneda extranjera que entró en ella gracias tanto a los envíos regulares de divisas realizados por sus emigrantes como a la disponibilidad económica de los trabajadores alemanes, franceses y británicos que comenzaron a llegar cada año al país para pasar sus vacaciones. En estas circunstancias, tal y como ha mostrado Paul Preston, la contribución del régimen de Franco al crecimiento económico español radicó en las décadas de privaciones, a causa de las cuales los trabajadores españoles se vieron obligados a trabajar largas jornadas laborales con salarios muy bajos. Todo ello, unido a la destrucción del movimiento obrero y los buenos mecanismos para la repatriación de beneficios, convirtió a España en un objetivo más que deseable para el capital extranjero a principios de la década de 1960.418 El relativo éxito del Plan de Estabilización consolidó la ascensión política de Carrero Blanco y reforzó la influencia de los tecnócratas ligados al Opus Dei en el seno del Gobierno y en la cúspide de la Administración pública, un proceso que recibió su sanción oficial con los reajustes ministeriales de julio de 1962 y junio de 1965. Por añadidura, el triunfo político del equipo tecnocrático auspiciado por Carrero fue también el de su proyecto para salvar la dictadura de la bancarrota mediante la promoción del desarrollo económico y la modernización productiva y administrativa del país. En esencia, su programa político se reducía a restaurar la monarquía y promover el crecimiento de la economía como vector generador de una prosperidad y un bienestar social que sirviera para acallar la disidencia política tal y como

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estaba sucediendo en los países de mayor renta, donde la extensión de la sociedad de consumo estaba derivando en una aceptación de las estructuras capitalistas y en un menor interés por la vida política.419 Aceptar sin aspavientos la inmovilidad del sistema de gobierno, único límite que les impuso Franco, y su éxito económico permitió a los tecnócratas relanzar sus proyectos paralelos de racionalización administrativa e institucionalización política, considerados por López Rodó como la mejor garantía para la supervivencia del régimen. Respecto al primero, la aprobación de la Ley de Bases de la Seguridad Social en diciembre de 1963420 constituyó un importante avance, a pesar de que sus límites quedasen claros con el fracaso de las tímidas tentativas tecnocráticas de reformar el anticuado sistema fiscal español, caracterizado por el «fraude generalizado» y la falta de equidad social en el reparto de las cargas tributarias. La institucionalización política del régimen tuvo su culminación en la promulgación de la Ley Orgánica del Estado (LOE),421 la última y más importante de las leyes fundamentales del franquismo. Promulgada el 10 de enero de 1967, tras su aprobación en referéndum el 14 de diciembre de 1966, la LOE formalizó la separación de poderes entre la Jefatura del Estado y la Presidencia del Gobierno, aseguró la sucesión a través de la instauración de una monarquía e institucionalizó el Movimiento Nacional como comunión entre el conjunto de fuerzas que lo integraban, haciendo que la Falange, en tanto que corriente doctrinal concreta, perdiese el exclusivismo ideológico que tradicionalmente se le había concedido. Es probable que con la LOE se inaugurase el máximo nivel de aperturismo que podía permitir la ideología autoritaria del régimen, aunque esa apertura solo fuera posible sobre el papel, puesto que en el ánimo del legislador no existió la intención de que pudiera ser utilizada algún día como puente para alcanzar una legalidad contrapuesta. En este sentido, como agudamente mostró Álvaro Soto, el significado de esa norma resultó paradójico, puesto que, aun cuando desde el interior del régimen fue percibida como un síntoma de apertura, sobre todo como fórmula alternativa a la voluntad monopolizadora expresada por el Partido Único, desde una perspectiva histórica más amplia no es posible negar que tenía un propósito claramente continuista, ya que su objetivo primordial era vertebrar de manera eficaz el juego de poderes existentes —Corona, Estado y Movimiento— para perpetuar el franquismo.422

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El triunfo propagandístico que supuso el referéndum de la LOE vigorizó los esfuerzos de Carrero y su equipo por continuar con el programa de institucionalización del régimen que se habían marcado y que en ese momento exigía afrontar una medida cuya necesidad era evidente desde principios de los sesenta: la designación de un sucesor de Franco a título de rey. Desde que en diciembre de 1961 sufrió un accidente de caza que pudo haberle costado la vida y, sobre todo a partir de 1964, cuando los síntomas de su incipiente párkinson fueron evidentes, la principal preocupación que existió en el seno de la dictadura fue la de cómo continuar el franquismo sin Franco. La primera reacción del Caudillo ante las patentes muestras de preocupación que su envejecimiento y su posible muerte generaban entre las jerarquías de la dictadura se produjo en julio de 1962, cuando nombró al general Muñoz Grandes vicepresidente del Gobierno y virtual regente en caso de fallecimiento imprevisto. Aquella solución, muy bien vista por los sectores falangistas y regencialistas, resultó poco acertada porque el militar madrileño tenía casi la misma edad que Franco y estaba ya gravemente enfermo, causa por la cual tuvo que cesar en sus funciones tan solo cinco años más tarde. En realidad, lo único que podía zanjar esa cuestión era que el jefe del Estado nombrara un sucesor, y, aunque es verdad que privadamente había expresado varias veces su esperanza de que el príncipe Juan Carlos aceptara de manera oficial la Ley de Sucesión y jurara defender como rey los Principios del Movimiento, no es menos cierto que tampoco daba más indicios de cuáles eran sus planes para el futuro. Poco parecían importarle los continuos enfrentamientos que, de manera directa o indirecta, sostenían con frecuencia Ruiz Solís, favorable a la entronización de Alfonso de Borbón y Dampierre, y López Rodó, abiertamente inclinado a la candidatura de Juan Carlos. La explicación a esa pasividad hay que buscarla en dos frentes: por un lado, el Generalísimo estaba seguro de que, una vez nombrado su sucesor, un alud de oportunistas buscaría la forma de ganarse el favor del elegido, lo cual mermaría inevitablemente su propio poder; por otro, tenían sobre su mesa varios informes policiales que vinculaban a Juan Carlos con varias figuras progresistas y quería asegurarse completamente de que este juraría los Principios del Movimiento. El obligado cese de Muñoz Grandes aupó a Carrero Blanco a la vicepresidencia del Gobierno en septiembre de 1967, lo cual permitió la puesta en marcha de la

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llamada Operación Salmón, cuyo fin último era lograr que Franco nombrara sucesor a don Juan Carlos, completando así lo que para los tecnócratas era el «proceso institucional».423 El persistente apoyo del nuevo vicepresidente del Gobierno a la sucesión monárquica en la persona de don Juan Carlos fue decisivo a la hora de forzar a Franco a tomar una decisión, más aún cuando Franco ya había descartado por aquel entonces la posibilidad de escoger como heredero a don Juan. En estas circunstancias, el 21 de julio de 1969 Franco anunció al Consejo de Ministros la decisión de nombrar a Juan Carlos sucesor «a título de rey». Siete días después, el 28 de julio, el príncipe aceptó el nombramiento poniendo de manifiesto su lealtad y su fidelidad tanto al jefe del Estado como a los Principios del Movimiento y las demás Leyes Fundamentales. La designación de Juan Carlos como príncipe de España y no como príncipe de Asturias, título tradicional de los herederos del trono, fue la forma utilizada por Franco para romper con la continuidad y con la legitimidad de la línea dinástica de los Borbón y dejar claro que el reino que se instauraba había surgido «del acto decisivo del 18 de julio», por lo que su naturaleza era autoritaria y, por tanto, respetuosa con los Principios del Movimiento Nacional y las Leyes Fundamentales que el futuro rey había jurado.424 Esto supuso la culminación práctica del programa de institucionalización del régimen auspiciado por Carrero y su equipo, pero, al mismo tiempo, significó un fuerte agravamiento de las crecientes fracturas existentes en el seno del Gobierno en todo lo referido a la línea política que debía seguirse de cara al futuro. Ante las nuevas condiciones sociales generadas por el espectacular crecimiento económico, las diferentes tendencias de la coalición reaccionaria tuvieron que definirse respecto al potencial efecto y al reflejo de esas transformaciones en el plano estrictamente político. Este fenómeno acabó dando lugar a la aparición de dos amplios grupos, el de los inmovilistas y el de los aperturistas, caracterizados principalmente por sus propuestas para afrontar la continuidad de la dictadura una vez muerto su Caudillo. Los adversarios aperturistas de Carrero, que era después de Franco quien mejor representaba el inmovilismo, en el seno de los Gobiernos de la década de los sesenta fueron los representantes de aquellos que habían sido postergados en beneficio de los tecnócratas y cuyas esperanzas de recuperación estribaban en una tímida liberalización política que completara la correlativa liberalización económica. Esta

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opción fue asumida tanto por Fernando María Castiella y Federico Silva Muñoz, ministros ligados al catolicismo y al nuevo rumbo democratizador impreso por el Concilio Vaticano II, como por José Solís Ruiz y Manuel Fraga Iribarne, jóvenes ministros falangistas que reflejaban la renovación generacional en las filas del Movimiento y la plena conciencia del anacronismo que suponía en el contexto occidental coetáneo la existencia de un partido filototalitario y monolíticamente cerrado sobre sí mismo. Aunque siempre compartieron con los tecnócratas el objetivo de mantener un orden de naturaleza antidemocrática, los falangistas eran más partidarios de la modernización política y estaban menos dispuestos a conceder primacía a la economía. Desde que se hizo cargo de la Secretaría General del Movimiento en 1957, el delegado nacional de Sindicatos José Solís trató de frenar la continua pérdida de prestigio e influencia sufrida por el Partido promoviendo dentro de él una especie de pluralismo limitado que lo convirtiera en un grupo de presión efectivo en el seno del régimen. En este sentido, la actuación del abogado cordobés se desarrolló en dos frentes: por un lado, trató de convencer a los trabajadores de que el sindicalismo oficial era autónomo dentro de la estructura del Estado, de que estaba decidido a adecuarse a los nuevos tiempos y de que se abría la oportunidad de participar activamente en él; por otro, intentó afianzar el espacio y el papel del Movimiento en la vida política, y para ello la Organización Sindical era la plataforma esencial. El nuevo secretario general pretendía reforzar la entidad ampliando la participación de los trabajadores en ella a través de un aperturismo sindical que, en última instancia, no fue más que una de las múltiples facetas del proceso de desarrollo político que José Solís consideraba imprescindible para conducir al régimen hacia mayores cotas de participación popular, un proceso cuyo fruto más acabado fue sin duda un vago proyecto elaborado a finales de 1964 para la creación de unas asociaciones que, dentro del Movimiento Nacional, sirvieran de cauce de expresión al limitado pluralismo político de la dictadura. No obstante, a pesar de que dichas asociaciones habrían de ser reconocidas por el Consejo Nacional y deberían respetar íntegramente los Principios del Movimiento, muchos vieron en ellas la antesala de la vuelta a los partidos políticos y el propio Franco acabó cerrando tal posibilidad de manera tajante en 1967.425

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Al margen de su resultado real y del camino interminable en el que se convirtió su discusión (las asociaciones políticas no fueron aprobadas hasta diciembre de 1974), el proyecto asociacionista introdujo un elemento novedoso en el debate político que implicó una apertura respecto al monolitismo abanderado por los sectores más ortodoxos. Así, aunque Solís o Fraga aparecieran como más liberales comparados con los representantes más intransigentes del régimen, lo cierto es que seguían compartiendo con ellos los principios esenciales, al margen de cualquier desviacionismo. Se trataba de una apertura dentro del sistema, sin posibilidad de vinculación a ningún tipo de evolución ideológica capaz de sobrepasar sus estrechos y excluyentes márgenes. Su demanda de pluralismo era, pues, engañosa porque, si algún fin preciso perseguía, no era otro que el de conferir cierto dinamismo al Movimiento para fortalecerlo. Las diferencias existentes en el seno del Gobierno entre Carrero y el Opus Dei, por un lado, y el sector azul del Movimiento, por otro, llegaron a su punto de máxima tensión a finales de los años sesenta como consecuencia de dos hechos muy significativos: en primer lugar, el inicio de la actividad terrorista de ETA en agosto de 1968, con el consiguiente recrudecimiento de la represión y el retorno a métodos desechados a principios de la década, tras las condenas internacionales por la campaña contra el denominado contubernio de Múnich, en 1962, y la ejecución de Julián Grimáu, en 1963; en segundo lugar, el nombramiento en 1969 de Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco, con el triunfo personal y político que supuso para Carrero Blanco. En ese contexto, el estallido del llamado escándalo Matesa, durante la segunda mitad de 1969 provocó la ruptura definitiva entre los dos grupos. Con Juan Carlos ya nombrado sucesor, Solís se aferró al caso Matesa como su última oportunidad para romper la hegemonía del Opus Dei antes de que comenzara el futuro sin Franco. Sin embargo, aunque el mayor escándalo político-financiero del franquismo se saldó con el encarcelamiento del director de la empresa, la intervención estatal de esta y un proceso judicial que finalizó con sentencias contra Espinosa San Martín, García Moncó y Navarro Rubio, las tácticas antiopusdeístas de Solís acabaron volviéndose en su contra. Franco se enfureció especialmente por la publicidad que tuvo el asunto en el extranjero y, dada su creencia en que el mando, en este caso el del Gobierno, no debía ser debilitado, fue bastante fácil

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convencerle de que el delito de escándalo imputable a los falangistas que divulgaron el problema era más grave que el fraude original. Carrero Blanco aprovechó la ocasión para demandar al Caudillo un reajuste total del Gabinete, acusando a Solís de promover un verdadero «asalto al poder» de los sindicatos con el apoyo de Fraga y Castiella.426 Franco se plegó a las demandas en favor de «un gobierno unido y sin desgaste» y autorizó la formación de un Ejecutivo formado exclusivamente por católicos conservadores, pertenecientes al Opus Dei o a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, simpatizantes de Juan Carlos de Borbón. Por todo ello, el nuevo Gabinete anunciado el 29 de octubre de 1969, en el que Carrero continuó figurando como vicepresidente formal pero ejerciendo ya funciones de presidente real, fue conocido como Gobierno monocolor. Los tecnócratas fueron los grandes triunfadores, puesto que no solo monopolizaron el Gobierno y lograron convertir la presidencia de este en el centro indiscutido e indiscutible del poder franquista, sino que su gran valedor, Carrero Blanco, se convirtió de facto en el sucesor natural de un envejecido Franco y en el símbolo de la permanencia futura del régimen más allá de la vida de su fundador. En este contexto, el nuevo Ejecutivo trató de combinar el estricto continuismo en el plano político con la promoción del desarrollo económico y el bienestar material con la esperanza de que la prosperidad y una administración eficiente permitieran una transición indolora a una monarquía franquista bajo el reinado de Juan Carlos. Sin embargo, frente a lo que sus impulsores esperaban, el cambio de octubre no solo no resolvió ninguno de los problemas que tenía planteados el régimen, sino que abrió una profunda grieta en el personal político franquista. Los partidarios del Caudillo comenzaban a separarse en facciones que ya no reflejaban la tradicional división entre falangistas, monárquicos, católicos y demás, sino más bien percepciones diferentes y caleidoscópicamente cambiantes sobre cómo sobrevivir a la inminente desaparición de Franco. Por un lado estaban los herederos del aperturismo de los años sesenta, es decir, aquellos que, como Fraga, comenzaban a trabajar en pro de la reforma desde dentro del sistema.427 En el extremo opuesto se hallaban los depositarios del legado del inmovilismo precedente o, dicho de otro modo, quienes culpaban a la modernización de abrir las puertas a la oposición y aspiraban a regresar al franquismo duro de los cuarenta. Su voluntad de luchar hasta el fin contra el progreso provocó que se les aplicara el término hitleriano búnker.

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Entre 1971 y 1972 las divergencias políticas en el seno de la dictadura, aunque expresadas con cautela y en lenguajes no siempre claramente inteligibles, empezaron a manifestarse públicamente de un modo hasta entonces desconocido. De manera general, aquellos que se identificaban como aperturistas pensaban que para evitar la progresiva esclerosis del sistema debía reconocerse formalmente la pluralidad de la sociedad española mediante unas asociaciones que, siempre dentro del Movimiento y partiendo de la aceptación explícita de los principios y las características esenciales del régimen, le permitieran legitimarse ampliando sus bases sociales y dando vida a sus instituciones políticas por la vía de una participación restringida y no democrática. Esta visión no era, desde luego, aceptable ni para los tecnócratas, que no habían necesitado de las asociaciones para alcanzar el poder y se oponían a ellas por miedo a que pudieran ayudar a otros grupos a apartarlos de él, ni para los ultrafranquistas, quienes pensaban que su puesta en marcha entrañaba un claro riesgo de desnaturalización del franquismo. Sin embargo, el debate quedó finalmente suspendido cuando la cúpula del régimen, siempre temerosa ante cualquier posible modificación del ordenamiento político, percibió como un motivo suficientemente alarmante y perturbador el apoyo entusiasta a la creación de esas asociaciones por parte de un importante número de personas que, sin poder ser automáticamente descalificadas como subversivas, sí eran consideradas ajenas a los principios del sistema y defensoras del pluralismo ideológico, el derecho de asociación y la potestad de las Cortes para legislar en tal sentido al margen del Movimiento.428 En realidad las profundas discrepancias públicas entre los máximos dirigentes del franquismo revelaban que el régimen había entrado en una fase de crisis estructural en virtud de su creciente anacronismo respecto al propio cambio social y cultural que había generado el intenso desarrollo económico de los años sesenta. En 1970 la sociedad española ya solo era diferente de sus homólogas europeas por la peculiar y desfasada naturaleza autoritaria de su sistema político. De hecho, como ha indicado Enrique Moradiellos, sería más apropiado decir que el sistema político franquista revelaba entonces su creciente inadecuación y su patente disfunción con respecto a la nueva sociedad española urbanizada, industrializada, ocupacionalmente diversificada, secularizada y con unas pautas culturales e ideológicas basadas en el consumo, la tolerancia y la voluntad de participación política y homologación democrática.429

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En este contexto, las dificultades del equipo de Carrero con los reformistas y el resto de los grupos excluidos del Gabinete fueron insignificantes en comparación con las que hubo de afrontar en el plano político y social general. No en vano entre 1970 y 1973 se quebró definitivamente la paz de Franco y el Gobierno se vio casi impotente ante un cuádruple desafío interior de suma gravedad: conflictividad laboral, contestación estudiantil, defección eclesiástica y actividad terrorista. En el fondo, no todo estaba tan bien atado como Franco suponía. El patente fracaso político del Gobierno en los cuatro frentes citados resultó agravado por la progresiva parálisis decisoria derivada de la enfermedad de Franco y de su evidente envejecimiento, así como por el hecho de que el Caudillo se hiciese cada vez más sensible a las murmuraciones de la camarilla del Pardo y de los falangistas duros. En estas circunstancias, ambos grupos reaccionaron inclinándose nostálgicamente hacia la causa inmovilista. Por su parte, el ministro de la Gobernación Tomás Garicano Goñi, decepcionado por la falta de voluntad de reforma y alarmado ante la creciente influencia de la extrema derecha, dimitió el 2 de mayo, tal y como había hecho a mediados de 1970 Federico Silva Muñoz, precipitando así una crisis ministerial completa. En ese marco, su mujer y el marqués de Villaverde convencieron al Generalísimo de que el Gobierno había fracasado en la tarea primordial de mantener el orden público. El 3 de mayo el jefe del Estado comunicó a un reacio Carrero que iba a ser nombrado presidente del Consejo de Ministros y que debía comenzar a formar su Gabinete. A principios de junio de 1973 la decisión fue oficial y se aprobó la lista del nuevo Ejecutivo. El almirante cántabro asumió así por primera vez el papel oficial de presidente y se situó al frente de un Gabinete con una composición más equilibrada que el anterior en lo que a la representación de los distintos sectores del régimen respecta. La única imposición de Franco fue el nuevo titular de la Gobernación, el intransigente Carlos Arias Navarro. Sin lugar a dudas, el nuevo Ejecutivo pretendía, además de cerrar las heridas producidas por el cambio de octubre de 1969 y superar las divisiones entre el personal político, transmitir una imagen más dura que le permitiera alcanzar su objetivo esencial: asegurar el futuro del régimen, de acuerdo con la legalidad y las instituciones configuradas, frente a sus incansables enemigos. Aquel fue un momento descorazonador para todos los que dentro y fuera de la dictadura abrigaban la esperanza de que se produjeran cambios aperturistas.

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Con todo, hacia finales de año el Gabinete navegaba a la deriva en la tormenta de agitación obrera que tuvo lugar en Cataluña y el País Vasco, provocada por las medidas de austeridad adoptadas para contener la inflación. Con la primera crisis energética en el horizonte, y siendo España fuertemente dependiente de las importaciones de combustible, la vieja receta tecnócrata de vender prosperidad a cambio de democracia se hacía cada vez más inviable. Frente a esta situación, mientras Franco autorizaba a Torcuato Fernández-Miranda para que comenzase a explorar las posibilidades de las asociaciones políticas de cara a dar cauce a diferentes corrientes de opinión dentro del Movimiento, negándose siempre a los partidos políticos, la única respuesta de Carrero fue intensificar la represión. En cualquier caso, el Ejecutivo encabezado por Carrero Blanco apenas alcanzó los seis meses de vigencia efectiva, puesto que en la mañana del 20 de diciembre de 1973 su presidente fue brutalmente asesinado por la banda terrorista ETA en pleno centro de Madrid. La inesperada y trágica desaparición de Carrero provocó la crisis política más grave de todo el franquismo y un sobrecogimiento de temor entre la población civil y las fuerzas de la oposición ante la potencial reacción de los sectores ultras del régimen. Sin embargo, con Franco aturdido por la gran pérdida personal y política sufrida, Fernández-Miranda se hizo cargo inmediatamente de la presidencia del Gobierno y supo mantener la calma oficial y el orden público. Cuando pasó la primera conmoción se hizo evidente para muchos integrantes del régimen que ETA había escogido a Carrero precisamente por su papel fundamental en los planes del Caudillo para la continuidad del franquismo, y, a decir verdad, su asesinato puso de manifiesto las escasas alternativas personales que la dictadura tenía previstas para garantizar su supervivencia. Contra todo pronóstico, el jefe del Estado tomó la decisión de prescindir de los colaboradores de Carrero, y en particular de Fernández-Miranda, a quien los continuistas temían por su cercanía al príncipe y su pragmática moderación. En su lugar nombró presidente del Gobierno a Arias Navarro, en virtud de su fama de duro y pese a su innegable responsabilidad en los fallos de los servicios de seguridad que estuvieron detrás del brutal asesinato del hasta entonces jefe del Ejecutivo. Carlos Arias formó su Gabinete en enero de 1974 y, aunque mantuvo a algunos miembros del anterior, lo cierto es que introdujo numerosos y significativos cambios entre los cuales hay destacar dos: por un lado, a diferencia del precedente, el

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nuevo Ejecutivo era notablemente heterogéneo, puesto que incorporó a políticos de actitudes y posiciones muy diversas a los que solo unía su fidelidad al jefe del Estado, lo que trajo consigo una temprana manifestación de falta de cohesión; por otro, los tecnócratas, con López Rodó a la cabeza, quedaron excluidos no solo del Consejo de Ministros, sino de los escalones superiores de la Administración del Estado. Sin embargo, en contra de lo sucedido cuatro años atrás, esta expulsión no ocasionó ningún problema al nuevo presidente, en buena medida porque, más que constituir un sector amplio de la clase política, los tecnócratas eran una especie de «Estado Mayor sin ejército dependientes absolutamente del apoyo del desaparecido Carrero».430 Arias Navarro presentó su programa de Gobierno ante las Cortes en una sesión especial celebrada el 12 de febrero de 1974. Los miembros más aperturistas de su equipo, especialmente Pío Cabanillas, ministro de Información, lo persuadieron de que para defender las esencias franquistas era necesario al menos cambiar de imagen. Frente al más de lo mismo de los tecnócratas, Arias comprendió que estaba obligado por las circunstancias a iniciar un nuevo camino aperturista, aunque al final solo lo fuera en los propósitos y no en las realizaciones. Por ello, el 12 de febrero de 1974 se prestó a leer en público una declaración de intenciones que incluía la afirmación de que la responsabilidad de la innovación política ya no podía descansar únicamente sobre los hombros del Caudillo. Ante el Pleno de las Cortes, Arias, consciente de que la desaparición de Franco estaba a la vuelta de la esquina, afirmó que, si el consenso nacional en torno al Caudillo se había expresado en forma de adhesión, el consenso nacional en torno al régimen en el futuro habría de expresarse en forma de participación. Con ello venía a reconocer la necesidad de institucionalizar las diferentes corrientes de opinión presentes en el Movimiento, aunque identificadas en último término con los principios fundamentales. En este sentido, el llamado espíritu del 12 de febrero suponía un programa de reforma gradual cuyos símbolos máximos fueron la promesa de regulación del derecho de asociación política y la introducción de cambios legales para hacer posible la elección popular de alcaldes y presidentes de las diputaciones provinciales. Sin embargo, la voluntad reformista de Arias Navarro demostró desde muy pronto sus limitaciones internas y externas. A pesar de la utilización de un nuevo lenguaje

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y de las promesas de participación de todos los españoles, el franquismo seguía siendo incompatible, y lo sería hasta su fin, con el auténtico pluralismo y con las libertades civiles y políticas. El presidente del Gobierno, quizás por edad, talante y formación, a pesar de reconocer la inviabilidad del franquismo sin Franco, no estaba dispuesto ni capacitado para dirigir el necesario cambio democrático que le pedían los reformistas y otras fuerzas de la oposición moderada. Además, el aperturismo de Arias fue recibido con sorpresa y desconcierto por los sectores ultrafranquistas, que, bien pertrechados en el Gabinete y con un apoyo creciente tanto de Franco como de su círculo familiar, dificultaron las ya de por sí escasas posibilidades de adaptar las crujientes estructuras del régimen a los cambios que se operaban en la sociedad española. La súbita Revolución de los Claveles al otro lado de la frontera, junto a la casi inmediata caída del régimen de los Coroneles en Grecia, aumentó enormemente las diferencias internas en la élite política franquista porque «acrecentó en unos la sensación de asedio hostil y en otros la impresión de anacronismo latente».431 En ese contexto, el atentado que ETA perpetró el 13 de septiembre contra la madrileña cafetería Rolando no hizo sino espolear el instintivo inmovilismo que había llevado al Caudillo a decidir atajar las veleidades reformistas de su Gobierno. Así, aparte de la consiguiente reacción represiva sobre la totalidad de la oposición, Franco exigió a Arias la cabeza de Pío Cabanillas, hasta ese momento ministro de Información y, para los intransigentes, símbolo del aperturismo y la desnaturalización del régimen. La medida agravó aún más la crisis del sistema porque el cese fue seguido de un hecho insólito en la historia del franquismo: la dimisión por solidaridad del ministro de Hacienda, Antonio Barrera de Irimo, así como de un amplio número de altos cargos de la Administración ligados a sectores reformistas. Todo ello supuso el fin del aperturismo vacilante que había arrastrado el Gobierno desde el anuncio de su programa político el 14 de febrero y resultó un claro indicador tanto del proceso de descomposición que se estaba produciendo en la clase política franquista como de la acelerada pérdida de apoyos sociales y políticos sufrida por la dictadura. En este escenario en el que las iniciativas gubernamentales aperturistas parecían canceladas, Arias Navarro decidió impulsar finalmente la aprobación del prometido Estatuto de Asociaciones. La novedad de la propuesta de desarrollo

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político procedía de la situación en la que se encontraba en aquel momento el franquismo: ya no se trataba de asegurar su futuro desde una posición de relativa seguridad y confianza, sino de hacerlo desde la inquietud sobre su creciente crisis, de reformarlo moderadamente para garantizar su continuidad. Este era el proyecto más esperado de los anunciados por el presidente en su programa de Gobierno, ya que, tras los intentos frustrados de Solís y Fernández-Miranda, el de diciembre de 1974 pretendía dar una solución definitiva a la ampliación de la base social del régimen. El 21 de diciembre de 1974 fue promulgado el Decreto-Ley de la Jefatura del Estado por el que se creaba el Estatuto Jurídico del Derecho de Asociación Política, cuyo artículo primero proclamaba el derecho de todos los españoles mayores de dieciocho años a asociarse libremente para la acción política, siempre y cuando lo hiciesen con «fines lícitos» y en el «ámbito de la comunidad del Movimiento Nacional». Por lo tanto, las asociaciones fueron sometidas a unos estrictos límites fijados de acuerdo con las posiciones mayoritarias de la clase política franquista que, como se demostró en los meses siguientes, constituían obstáculos casi insalvables para su existencia. Precisamente por eso algunos dirigentes políticos que habían apoyado firmemente su creación en el marco de una política aperturista rechazaron acogerse al citado estatuto cuando este fue finalmente aprobado. En los seis meses siguientes se constituyeron un total de ocho asociaciones cuyo carácter era básicamente continuista. La más importante de todas ellas fue Unión del Pueblo Español (UDPE), que, presidida por Adolfo Suárez González, agrupaba a los sectores más jóvenes y aperturistas del Movimiento. Sin embargo, tanto los democristianos como los seguidores de Fraga rehusaron tomar parte en un juego tan limitado y tan resueltamente rechazado por la oposición. Su alternativa era ya la negociación con las fuerzas antifranquistas de una reforma democrática, y solo esperaban a la sucesión de don Juan Carlos para hacerla viable y efectiva. Por lo tanto, a la indisoluble contradicción conceptual y política entre pluralismo y Movimiento se añadió entonces la incapacidad práctica de atraer hacia el aperturismo asociativo a un sector significativo de la sociedad española. En última instancia, el intento de estimular la participación política en el marco del ordenamiento franquista con el objetivo de incrementar la legitimación y asegurar así el futuro del régimen estaba abocado al fracaso.432

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Un claro ejemplo de ello fue la publicación en el Boletín Oficial del Estado, al día siguiente de la muerte del dictador, de la tan prometida y esperada nueva Ley de Bases del Estatuto de Régimen Local,433 aprobada por las Cortes el día 19, cuyas novedades más significativas fueron el establecimiento de la elección de alcaldes y presidentes de diputaciones y la participación de las asociaciones políticas en el proceso electoral. Ambas disposiciones representaban un importante hito en la Administración periférica del franquismo, puesto que por primera vez en casi cuarenta años se dotó a las instituciones locales de cierta autonomía, por mínima que esta fuese. A decir verdad, la medida llegaba tarde, puesto que, como trataré de mostrar en las siguientes páginas, la necesidad de una mayor autonomía para gestionar sus propios asuntos era algo evidente desde mediados de los sesenta y acabó produciendo conflictos abiertos, escasos pero relevantes, con las autoridades inmediatamente superiores desde principios de los setenta.

La Corporación municipal y el ejercicio de la autonomía A las doce de la mañana del miércoles 7 de mayo de 1958 se celebró en el salón de actos del Ayuntamiento una sesión extraordinaria del Pleno con la única finalidad de que Mariano Ponz Piedrafita tomara posesión del cargo de alcalde, al que había renunciado dos meses antes José Gil Cávez.434 Algunos minutos antes de comenzar el acto, el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento José Riera Aísa, que iba a presidir el acto, fue recibido en la entrada del palacio municipal por el alcalde ejerciente, Mario Mallén Moreno, y por el recién designado para el puesto. Igualmente se hallaban presentes en el patio de la casa consistorial el resto de los miembros de la Corporación y los guardias municipales libres de servicio de calle, encabezados por su jefe, el señor Sauras. En el interior del edificio, el salón de actos se hallaba materialmente repleto de representantes de las autoridades del Estado, el Consejo Provincial del Movimiento, el Ejército, el Obispado, la justicia, etcétera, y público en general, entre el cual destacaban los funcionarios administrativos de la entidad. En el estrado presidencial tomaron asiento, junto al gobernador civil, los presidentes de la Diputación y la

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Audiencia, los señores García Ruiz y Ortega Sanromán respectivamente; el señor Ciria, en representación del obispo de la diócesis; el teniente coronel Valenzuela, que sustituía al gobernador militar; y los tenientes de alcalde Mallén, Aguarón, Miravé y Godé. A todos ellos se unió, después de jurar su cargo, el nuevo ocupante de la alcaldía, Mariano Ponz. Una vez iniciado el evento, los tenientes de alcalde subieron a la planta superior para recoger al señor Ponz, quien, ya en el salón, se arrodilló y, con la mano en los Evangelios, juró su cargo pronunciando estas palabras: «Juro servir fielmente a España, guardar lealtad al Jefe del Estado, obedecer y hacer que se cumplan las Leyes, defender y fomentar los intereses del Municipio, mantener su competencia y ajustar mi conducta a la dignidad del cargo». A continuación, el gobernador civil, encargado de tomarle juramento, le contestó siguiendo el texto protocolario: «Si así lo hacéis, Dios y España os lo premien, y si no, os lo demanden».435 Tras las palabras que Mario Mallén dirigió a los presentes, José Riera realizó una pequeña intervención, previa a la que efectuaría posteriormente Mariano Ponz. A En ella pidió a los oscenses que se mantuvieran unidos en todos los órdenes frente a «los eternos enemigos de España, que hacen una guerra muy cómoda porque la hacen a través de una radio impunemente y más allá de las fronteras», para evitar así regresar «otra vez a una época de servidumbre y a una época de aherrojamiento», puesto que para eso «no hemos enterrado un millón de hombres». Sin embargo, a mi entender, lo más interesante de su disertación de aquella mañana fue sin duda la justificación que dio de la elección de quien iba a ocupar la alcaldía de la ciudad: el jefe provincial del Movimiento dejó claro que Mariano Ponz no había sido designado «en virtud del favor ni en virtud de una amistad», sino porque «desde tiempos ya pretéritos ha venido prestando un servicio constante a la patria». En este sentido, aunque no quiso mencionar todos sus méritos por no incurrir en alguna «omisión que sería lamentable», sí hizo referencia a su estancia en Zaragoza durante los tiempos de la República, recordando su faceta de «paladín» que ya entonces «luchaba contra los enemigos de España», así como su actividad durante la Guerra Civil «en las líneas de Huesca contra el enemigo».436 Mariano Ponz había nacido en Alerre el 28 de julio de 1917. Hijo y nieto de médicos, decidió continuar la tradición familiar y cursó estudios de Medicina en la Universidad de Zaragoza. En aquellos años ya era simpatizante del Sindicato Español

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Universitario (SEU) y de la Falange y realizó «una activa propaganda para lograr la desaparición de la Federación Universitaria Española», una agrupación de estudiantes universitarios de tendencia republicana. La guerra lo sorprendió en el tercer curso de la carrera, que dejó aparcada inmediatamente para ingresar, el 19 de julio de 1936, en la Falange y pasar a formar parte de la centuria de Huesca de la IV Bandera de Aragón, aunque durante el conflicto también prestó servicios auxiliares como estudiante de Medicina en el hospital de la capital altoaragonesa y actuó en el batallón de esquiadores del V Cuerpo del Ejército de Aragón. Una vez que los sublevados lograron la victoria, se reincorporó a la universidad para finalizar sus estudios. En 1941 fue nombrado secretario del SEU del distrito universitario de Zaragoza, cargo en el que sucedió a su gran amigo Antonio Lacleta. Posteriormente, en 1944, alcanzó el puesto de delegado provincial del Frente de Juventudes, que desempeñó hasta julio de 1946, cuando fue designado para ocupar la jefatura de la Obra Sindical 18 de Julio en Huesca. Asimismo, entre 1952 y 1954 estuvo al frente de la Secretaría Local del Movimiento de Huesca. Hombre de profundas convicciones religiosas y arraigadas devociones, «practicante ferviente», en palabras de Juan Arós Massó, estaba en posesión de la Cruz de Caballero de la Orden de Cisneros, la Medalla de la Campaña, las Cruces Rojas y la Cruz de Guerra. Era, en definitiva, como puede leerse en el informe que la Guardia Civil redactó con anterioridad a su nombramiento, una persona «de completa adhesión al Movimiento Nacional».437 Sin embargo, había algo que lo diferenciaba de José María Lacasa —de quien era cuñado—, Vicente Campo y José Gil Cávez, sus antecesores en el cargo: no había participado en la vida política durante el primer tercio del siglo xx. Esto suponía que en mayo de 1958 la renovación del personal político alcanzó al puesto de mayor responsabilidad del Consistorio oscense, de manera que, cuando en febrero de 1961 tomaron posesión de sus cargos los concejales elegidos a finales del año anterior, absolutamente todos los puestos del Pleno Municipal fueron copados por hombres que carecían de antecedentes políticos de preguerra. Por tanto, como muestran los gráficos de los apéndices, puede decirse con seguridad que la culminación del proceso de reemplazo de la élite dirigente municipal, situada por Martí Marín para la Cataluña urbana en los años cincuenta, tuvo lugar en la capital del Alto Aragón a principios de los sesenta.438

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Mucho más lenta fue, sin lugar a dudas, la sustitución de aquello a lo que antes me he referido utilizando la denominación de Marí: la «generació de la Guerra».439 A diferencia de lo ocurrido en el ámbito catalán, donde esa generación fue progresivamente relevada del poder local de las ciudades en la década bisagra del siglo xx, la mayoría de los cargos del Pleno y de la Comisión Permanente del Ayuntamiento de Huesca continuaron ocupados hasta los años setenta por hombres cuya socialización política había tenido lugar durante el primer tercio de la centuria, bajo el paraguas del autoritarismo surgido a lo largo del último cuarto del ochocientos, que fue reducido a cenizas por el fuego de la Gran Guerra y, sobre todo, al calor de la gran ola fascista que recorrió Europa en los años treinta e inundó el suelo español con especial virulencia a causa de la gran movilización política que originó la Guerra Civil. Por lo tanto, solo cuando la dictadura exhalaba sus últimos estertores la Corporación municipal oscense estuvo integrada mayoritariamente por personas que, por edad, tuvieron una relación casi nula o del todo inexistente con la experiencia de la contienda española. Con todo, no debe perderse de vista que la selección del personal político municipal seguía en manos de los gobernadores civiles, quienes continuaban valorando más la lealtad y la fidelidad al régimen que la competencia para el desempeño de los cargos. En este sentido, las palabras que Mariano Ponz pronunció durante el acto en el que tomó posesión de la alcaldía no pudieron ser más clarividentes, pues, tras agradecer «con todo mi corazón y toda mi alma» a José Riera Aísa la gran «amabilidad que ha tenido al señalarme para este cargo», no dudó en afirmar que trataría de corresponderle ofreciéndole su «modesta pero desde luego segura y leal colaboración y ayuda […] cumpliendo sus órdenes y siguiendo su consejo y orientación».440 No obstante, aunque en el caso de los alcaldes resultaba más evidente porque eran designados de forma completamente discrecional, el acceso a las concejalías siguió estando también hasta el final del régimen bajo el férreo control del gobernador civil, aunque este fue haciéndose menos asfixiante a medida que pasaron los años. Prueba de ello es la carta que el gobernador de Huesca envió el 8 de noviembre de 1960 a José Luis Morís Marrodán, a la sazón director general de la Administración local, con el fin de informarle sobre la candidatura que había promovido de cara a las cercanas elecciones por el tercio de cabezas de familia al Ayuntamiento de

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Huesca para, en el caso de que tuviera «que objetar algo», proceder a «atender inmediatamente» sus órdenes. La misiva es todo un ejemplo de cómo funcionaba el sistema de elecciones corporativas del franquismo todavía a la altura de 1960. En ella, además de notificar a su superior que ya tenía organizada, «con los concejales que quedan y con los de nueva entrada por el tercio de cabezas de familia», la designación de los candidatos que accederían al Pleno por el tercio de entidades, le comentaba que, gracias a las grandes cualidades y, sobre todo, al «verdadero arraigo» de las personas que iban en la candidatura de los concejales familiares, preveía «vacilaciones en el censo», puesto que, «aun cuando, naturalmente, de los siete se tienen que ahogar cuatro, habrá lucha». Esto, en su opinión, dejaba perfectamente «a cubierto al Gobierno Civil, ya que nadie podrá decir que no tienen materia abundante sobre la que votar, y como te digo, se van a ver “negros” para la elección, precisamente por ser muy del agrado del pueblo […], sobre todo teniendo en cuenta la psicología de estas capitales pequeñas». Finalmente, después de advertirle que al día siguiente le informaría sobre los candidatos por el tercio sindical, de los cuales le indicaba que «son los tres magníficos», concluía el texto manifestando su impresión de que, una vez finalizado el proceso electoral, «daremos gusto a todos los deseos, pues como ves figuran en toda la candidatura gente de altura profesional para revalorizar las corporaciones y gente modesta para satisfacer también las ansias del pueblo».441 Así funcionaba la democracia orgánica. Fue precisamente un mes antes de las elecciones municipales de 1966 cuando Mariano Ponz, tras ocho años y medio al frente de una alcaldía que había aceptado «por no desertar de mi vocación de servicio falangista», decidió poner fin a lo que él consideraba un mandato «largo, excesivamente largo quizá». Así, después de casi una década al frente del Ayuntamiento de Huesca, el médico oscense pidió al gobernador civil, Víctor Fragoso del Toro, que le relevara de su puesto, apoyándose para ello en el lógico desgaste que llevaba consigo el ejercicio del poder durante un periodo de tiempo tan prolongado y en su íntima creencia de haber detectado en la ciudad un deseo de «cambio en la presidencia de la corporación municipal».442 La máxima autoridad provincial aceptó su dimisión y escogió para sustituirlo a un viejo conocido de la Corporación, un hombre respetado en la ciudad y que, «en

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momentos gravísimos y trascendentales, supo defender a Huesca con las armas en la mano».443 El elegido era Emilio Miravé Díez, un oscense nacido el 28 de agosto de 1912 en el seno de una familia acomodada. Su padre, Emilio Miravé Acebillo, era corredor de comercio y había formado parte de todas las gestoras provisionales que estuvieron al frente del Ayuntamiento altoaragonés entre enero de 1938 y febrero de 1949, aunque ya antes de la Guerra Civil perteneció a la junta de Acción Agraria Altoaragonesa e intervino en diversos actos propagandísticos de esta organización en diferentes pueblos de la provincia.444 Al igual que su padre, el nuevo alcalde era un hombre de profundas convicciones políticas y religiosas, como demostró cuando, a principios de la década de los treinta, con apenas veinte años, se opuso firmemente a que se prohibiera a los labradores y a los hortelanos de la ciudad afiliados a sindicatos de izquierda danzar en la procesión de San Lorenzo, lo que le sirvió para ser nombrado danzante en 1933. Tres años después, al iniciarse la rebelión militar contra el Gobierno constitucional de la República, no dudó en «jugarse limpia y alegremente la vida […] en defensa de los más altos valores del espíritu»445 actuando como capitán al mando de los Voluntarios de Santiago, gracias a lo cual obtuvo varias condecoraciones civiles y militares, entre las que cabe destacar la Medalla de Sufrimientos por la Patria. Al acabar la guerra participó en la fundación de la Hermandad de Excombatientes y Excautivos de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de la que fue depositario,446 y trabajó como corredor de comercio y aparejador de la Obra Sindical del Hogar. Posteriormente, entre 1952 y 1961, tuvo que compatibilizar sus ocupaciones laborales con sus obligaciones como concejal del Consistorio, del cual fue teniente de alcalde desde 1955 hasta 1961. Era miembro de aquella «juventud heroica y generosa, sobre cuya sangre se ha cimentado la paz, el progreso y el bienestar de que ahora disfrutamos», como gráficamente lo definió el gobernador civil el día en que ocupó de manera oficial su nuevo cargo.447 A su regreso a la casa consistorial Emilio Miravé se encontró con un Pleno «homogéneo», libre de «grupos» y «banderías», cuya actuación pronto contó «con la opinión favorable del vecindario», hasta tal punto que comenzó a resultar extraño oír críticas sobre ella, y cuando las había eran «de carácter muy concreto y personal». Por otro lado, las relaciones con la Administración central fueron igualmente positivas y de «buen entendimiento y correspondencia», de manera que el propio

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gobernador civil calificaba al alcalde como un hombre «apasionado de su tierra […], de buen trato, afable y realista y que no hace concesiones en pro de la popularidad».448 Sin embargo, la unión entre el presidente del Concejo y la máxima autoridad provincial comenzó a deteriorarse a finales de 1971 y acabó estallando en mil pedazos a partir de agosto del año siguiente. A lo largo de 1971 se celebraron varios procesos electorales en la provincia con el fin de elegir tanto un consejero nacional del Movimiento como tres procuradores que representaran en las Cortes a las familias, la Diputación Provincial y los municipios. En este último caso, aun cuando podía presentarse a la elección cualquier miembro de un ayuntamiento de la provincia que se hallase en el ejercicio del cargo de alcalde o del de concejal, solo manifestaron expresamente su deseo de ser elegidos Emilio Miravé Díez, que por aquel entonces ya era procurador y por tanto aspiraba a la reelección, y el presidente del Concejo de Monzón, Isidro Calderón Solano. La votación de los doscientos cincuenta y cuatro compromisarios encargados de realizar la designación se celebró el 5 de octubre de 1971 en el salón de actos de la Diputación Provincial, y resultó elegido por amplia mayoría el alcalde oscense. Sin embargo, el concejal montisonense Daniel Campo Orts impugnó el acto alegando que tanto el candidato de la capital en su campaña electoral como la Junta Provincial del Censo en su actuación habían cometido diversas irregularidades que, según él, vulneraban el principio de igualdad de oportunidades. No obstante, la citada junta decidió desestimar la impugnación en todas sus partes el día 11 de ese mismo mes, frente a lo cual Daniel Campo reaccionó interponiendo un recurso de súplica ante la Junta Central del Censo. Esta, en la sesión que celebró el 22 del corriente, acordó dar la razón al denunciante y anular la elección por entender que «no se habían cumplido las condiciones de secreto del voto indispensables para la validez de la elección». De este modo, la votación se repitió el 6 de noviembre, aunque para entonces el alcalde de Monzón ya había manifestado, a través de una carta abierta publicada en el periódico local Nueva España, su deseo de que los compromisarios no le entregaran nuevamente su voto con el fin de evitar «fricciones y posibles resentimientos que pudieran afectar a la imagen de una provincia de Huesca unida para el bien común de ella, y, en consecuencia, de España». En cualquier caso, Emilio Miravé volvió a resultar elegido, sin que en esta ocasión se presentara impugnación alguna.

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Aunque el acontecimiento causó un importante impacto y fue objeto de numerosos comentarios tanto en Huesca como en Monzón por ser la primera vez que sucedía algo así en la provincia, el gobernador civil decidió mantenerse al margen del proceso y no «coartar en ningún momento las libres decisiones de los en él interesados», pues entendía que esa era «la postura más correcta para lograr que el sistema establecido se consolide y adquiera la eficacia precisa». Ahora bien, el alcalde oscense no veía las cosas de la misma forma que la máxima autoridad provincial. En su opinión, la susodicha anulación afectaba desfavorablemente a su prestigio y ponía en entredicho lo que él consideraba «una correcta línea de conducta». Por ello no dudó en convocar a todos los miembros de la Corporación municipal a una reunión en la que les expuso su propósito de renunciar al cargo de alcalde, tal y como acabó haciendo unos días después, si bien su dimisión no fue aceptada por Víctor Fragoso porque, como le dijo en la carta que le envió para comunicárselo, «tú te debes a Huesca y tú debes seguir sirviéndola, como hasta ahora, mientras cuentes —como cuentas— con mi confianza y la de tus compañeros de corporación, y desde luego, y en primer término, con la del Ministro de la Gobernación».449 El incidente se saldó aparentemente sin consecuencias, pero lo cierto es que no solo supuso el primer encontronazo entre Emilio Miravé y Víctor Fragoso, sino que mostró la unidad del Pleno Municipal en torno a su presidente y el apoyo sin fisuras que los concejales le otorgaban. De hecho, estos no se lo pensaron a la hora de desplazarse junto a él a visitar a la primera autoridad de la provincia para «manifestarle su testimonio de solidaridad y reiterarle la confianza que tenían puesta en su sr. Alcalde». De igual modo, los regidores quisieron dejar constancia en acta de su disgusto por la publicación en la prensa de Zaragoza los días 23 y 24 de octubre, especialmente el día 23 en Aragón Exprés, de una serie de noticias relacionadas con el asunto «de un sensacionalismo tan extremado que no reparaba en sacrificar a un hombre querido por Huesca y su provincia». Abrumado por tales muestras de lealtad, el alcalde de la capital altoaragonesa afirmó en la sesión mantenida por el Pleno el 30 de octubre de 1971 que, por encima de «la resultancia penosa del proceso electoral pasado», se había producido en el seno de la Corporación municipal un proceso de «solidaridad total, de afecto alentador, de unión, de participación de todos los concejales», que anulaba «cualquier preocupación que pudiera pesar sobre la persona del alcalde de Huesca por aquellas imaginarias imputaciones».450

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A pesar de la continuidad del oscense al frente del Concejo y de su elección como procurador en la nueva votación que se tuvo que realizar como consecuencia de la anulación de la primera, la tensión entre el gobernador y el Ayuntamiento no se desvaneció, como recordó Federico Balaguer en un artículo publicado en la revista Argensola mucho tiempo después,451 y acabó estallando cuando en agosto del año siguiente el Pleno Municipal, a propuesta de su presidente, decidió iniciar los trámites para conceder a Antonio Durán Gudiol, junto con Franco García Bragado y Lorenzo Muro Arcas, el título de hijo adoptivo de la ciudad.452 El sacerdote catalán arribó a Huesca en 1947 tras ganar las oposiciones a canónigo archivero de la catedral y muy pronto se unió al grupo de intelectuales que se aglutinaron alrededor del Instituto de Estudios Oscenses, en cuya revista publicó importantes trabajos sobre el Medievo aragonés. Sin embargo, su apoyo al Gobierno republicano durante la Guerra Civil y el carácter de muchas de sus homilías, en las que se mostraba contrario a las injusticias sociales y apoyaba a los trabajadores en la defensa de sus derechos, hicieron que varios sectores de la ciudad mostraran abiertamente su hostilidad hacia él, algo que pudo sobrellevar sin consecuencias demasiado graves gracias a su amistad con Federico Balaguer, uno de los pocos juanistas de la capital y gran pope cultural de ella desde la muerte de Ricardo del Arco, en 1956.453 De hecho, la idea de nombrar hijo adoptivo de la ciudad al archivero de Vich surgió precisamente de Federico Balaguer en el verano de 1972, cuando Alberto Turmo, también íntimo amigo de Durán y a la sazón director de Radio Huesca —donde el canónigo tenía un programa—, fue a verle para comentarle que el sacerdote, por diversos motivos profesionales, personales y de salud, se encontraba muy decaído. Balaguer pensó entonces que había llegado el momento de organizar un acto, «popular y entrañable», en el que Huesca reconociera públicamente la labor del medievalista y, pese a que estaba seguro de que la idea sería bien acogida en el Ayuntamiento, aconsejó a Turmo que fuese a visitar al teniente de alcalde José Antonio Llanas Almudébar454 —«cuyo influjo en el Concejo era notorio»—, de quien le constaba que sentía gran admiración por el trabajo de Durán.455 Como ya hemos visto, el Pleno Municipal aceptó de buen grado la propuesta, lo que provocó el estallido de la tormenta política que acabaría con Emilio Miravé fuera de la Corporación. Cinco días después de aprobarse el inicio del proceso

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para conceder la citada condecoración a Franco García, Lorenzo Muro y Antonio Durán, el gobernador civil Víctor Fragoso del Toro envió al alcalde una carta en la que, después de recordarle que nunca había intentado «inmiscuirse en las decisiones que pueda adoptar la Corporación Municipal», le reprochaba abiertamente el no haber «tenido la delicadeza de informarme previamente» acerca de un asunto como ese, «de indudable trascendencia política».456 No obstante, el tema no quedó en una simple reprimenda al alcalde, sino que a continuación la máxima autoridad provincial dirigió un oficio al conjunto del Pleno. En él comunicaba a sus integrantes su decisión de suspender la tramitación de los tres expedientes hasta que se diera cumplimiento a lo estipulado por las circulares de la Dirección General de la Administración Local de 19 de noviembre de 1958 y 2 de febrero de 1970, en las cuales se prevenía acerca de la obligación de los ayuntamientos de dar cuenta al ministro de la Gobernación, a través del gobernador civil, de los proyectos y los acuerdos de nombramientos de cualquier tipo antes de que fueran adoptados.457 En realidad, el arrebato de Víctor Fragoso nada tenía que ver con el hecho de que el Concejo no le hubiese informado sobre su decisión antes de aprobarla. De hecho, muy recientemente el Consistorio había nombrado hijo adoptivo a Damián Iguacen, obispo de Barbastro, sin haber enviado ningún tipo de comunicación al Gobierno Civil, y nadie había pedido explicaciones.458 La causa de la ira del gobernador anidaba en la conocida oposición al régimen de Antonio Durán, y concretamente en un hecho producido hacía seis años. Como el representante de la Administración central le recordó al ocupante de la alcaldía en la carta que le envió el 4 de septiembre de 1972, «amplios sectores de la ciudad» no ignoraban, «como tú tampoco», que durante la votación del referéndum de diciembre de 1966 el sacerdote «no solo votó negativamente […], sino que exhibió ostentosamente la papeleta abierta tanto a los señores de la Mesa como al público que se hallaba en la fila, mostrando en ella un NO de grandes dimensiones», es decir, «alardeó públicamente […] de votar contra la Ley Orgánica del Estado y, en definitiva, contra el Caudillo».459 Emilio Miravé contestó a su superior al día siguiente en un tono firme y respetuoso. En su escrito le indicaba al representante del Estado en la provincia que su propuesta de nombrar al archivero catalán hijo adoptivo de la ciudad, aprobada por

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unanimidad y siguiendo lo establecido en el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento, no pretendía «premiar ni ideas políticas ni religiosas», sino «reconocer méritos en sus trabajos y publicaciones, totalmente de tipo cultural, literario y científico con beneficio para Huesca». De igual modo, quiso aprovechar la ocasión para acordarse de todos aquellos «amplios sectores» que, «con visión política», habían «comentado desfavorablemente» la iniciativa, y decirle a su interlocutor que si él no fuese «Oscense y Alcalde tal vez pensase igual». Por último, después de aclarar que no se había producido en su persona «ninguna dejación, ni enfriamiento» de la adhesión y la lealtad al Caudillo, «que demostré antes del 18 de julio, durante toda la cruzada en mi puesto de primera línea y después en mi vida particular», asumía «toda la responsabilidad que pueda derivarse de este error» y, adelantándose a lo evidente, solicitaba su relevo al frente de la alcaldía «de la forma que creas más conveniente».460 Al enterarse de lo sucedido, los concejales, que ya habían demostrado anteriormente la lealtad que profesaban a su presidente, en la sesión del Pleno del 27 de septiembre aprobaron por aclamación, y «con grandes aplausos expresivos de la mayor cordialidad», una propuesta del teniente de alcalde Aurelio Auseré Soler en la que este, en nombre de todos sus compañeros, reiteraba a «Emilio» su «más incondicional adhesión y leal colaboración, como partes integrantes de la corporación y representantes de unos ciudadanos que, estoy seguro, se sienten orgullosos de su Alcalde».461 Los rumores sobre la posibilidad de que todos los concejales hiciesen causa común con su alcalde en caso de que fuera cesado comenzaron a extenderse rápidamente por la ciudad. En estas circunstancias, frente a lo que consideraba «insidiosas y falsas noticias», y temeroso de que se abriese en la capital de su provincia un foco de rebeldía institucional, Víctor Fragoso decidió convocar una reunión con todos los miembros de la Corporación para «exponerles la realidad de lo acaecido y comunicarles el cese de D. Emilio Miravé y su sustitución por D. Antonio Lacleta Pablo».462 Cuando a principios de 1973 el gobernador civil redactó la memoria de actividades del año anterior de la institución a cuyo frente se encontraba, afirmó que aquella reunión «se desarrolló con absoluta normalidad» y que todos los concejales «reaccionaron favorablemente al conocer la verdad de los hechos», con la excepción de

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José Antonio Llanas, que mostró «algunas discrepancias respecto a la tramitación de este asunto». Sin embargo, lo cierto es que el encuentro resultó bastante tenso, ya que todos los regidores mantuvieron una postura de firmeza en defensa de su compañero. De hecho, en los días previos a la reunión uno de ellos le comentó a Alberto Turmo, que era amigo de la mayoría de los integrantes de la corporación, la necesidad de «enseñarle los dientes al gobernador».463 Al final, el máximo representante del Estado en la provincia se salió con la suya, pues Emilio Miravé fue cesado y los concejales continuaron en sus puestos, pero la actitud de estos le exasperó de tal manera que llegó a decirles que para ser gobernador había que saber hacer dos cosas: «tragar sapos sin devolver y cortar cabezas de vez en cuando».464 El elegido para sustituir al cesado alcalde fue Antonio Lacleta Pablo, un conocido médico de la ciudad que, pese a no haber participado en la Guerra Civil por la corta edad que tenía cuando se produjo la contienda (nació el 13 de junio de 1924), contaba con un amplio historial de servicios al Movimiento. Su actividad política comenzó durante sus años de estudiante en Zaragoza, cuando ocupó la secretaría provincial del SEU. Posteriormente, tras licenciarse en la universidad y cumplir con el servicio militar, realizó oposiciones y obtuvo plaza como médico en un pueblo de Teruel en el que permaneció hasta que fue enviado a Hoz de Barbastro, en el Alto Aragón. Allí resultó elegido alcalde tras ganar «de corrido» unas elecciones municipales a las que —cuenta— ni tan siquiera sabía que se había presentado. Después de siete años ejerciendo su profesión en aquella localidad, y gracias a un concurso de traslado, llegó a Robres, otro pueblo altoaragonés, donde nuevamente fue elegido alcalde, cargo al que añadió entonces el de diputado provincial y procurador en Cortes por los municipios de la provincia. Con ese importante bagaje a sus espaldas logró finalmente establecerse en Huesca, donde, además de ser médico del sistema público y de la Universidad Laboral, desempeñó los puestos de delegado provincial de Asociaciones y consejero provincial del Movimiento. Por aquel entonces el gobernador civil ya confiaba plenamente en él y en sus posibilidades de cara a la opinión pública, por lo que lo animó a presentarse a las segundas elecciones a procuradores familiares que se celebraron, en las que obtuvo la victoria con un importantísimo margen de votos respecto al resto de los candidatos. Siendo procurador familiar recibió nuevamente la llamada de Víctor Fragoso del Toro para comunicarle que, debido a los problemas surgidos

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con Emilio Miravé y al negativo coste para su imagen que había tenido su destitución, necesitaba sustituirle por un hombre «conocido» y que contara «con mucho apoyo popular». La noticia cayó «como una losa» sobre él, puesto que el nuevo cometido, junto al de procurador en Cortes que ya desempeñaba, iba a limitar peligrosamente su tiempo para ejercer la profesión con la que se ganaba la vida y la de su mujer y sus cinco hijos. Ante la negativa del gobernador a cambiar su decisión, Antonio Lacleta viajó a Madrid para entrevistarse con el director general de la Administración Local con el objetivo de que este tratara de frenar su nombramiento. A pesar de sus buenas palabras y la promesa de que haría lo posible, lo cierto es que cuando Lacleta llegó a Huesca descubrió que su nombramiento como nuevo alcalde ya se había hecho público.465 A decir verdad, la representatividad de los cargos de municipales era un asunto que preocupaba a Víctor Fragoso del Toro desde su llegada a Huesca en 1965. De hecho, en el informe sobre los comicios municipales de 1966 que envió a la Dirección General de la Administración Local el 27 de febrero de 1967 ya realizó una aguda evaluación del estado en que se hallaba el modelo en el que se apoyaba la elección de los concejales y afirmó sin pudor que el sistema adolecía «de falta de adaptación a las circunstancias presentes», además de no contar «con el asentimiento y respaldo popular indispensable; puede afirmarse rotundamente —decía— que se halla en crisis». En su opinión el problema era que los concejales eran minusvalorados por unos electores que veían en ellos «meras figuras decorativas, totalmente oscurecidas por la del Alcalde y subordinadas por completo a él», y la gestión municipal estaba excesivamente personalizada en este, lo cual provocaba que ni los regidores ni mucho menos los vecinos se sintiesen vinculados a él, «ya que ni unos ni otros tienen intervención alguna en su designación». Dado que, según el gobernador, los municipios seguían siendo los «verdaderos cimientos del Estado», era necesario «establecer un sistema de representación capaz de asegurar la participación de los ciudadanos en el gobierno de la comunidad en la que viven primariamente insertos» y que garantizara al mismo tiempo «la necesaria eficacia en la gestión de los cargos públicos implicados». En este sentido, su propuesta consistía en eliminar el tercio de entidades —«que en el 95 % de los municipios españoles» estaba compuesto «por candidatos elegidos por los

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gobernadores civiles»—, incrementar en igual número el tercio de representación familiar y pensar en la desaparición del tercio sindical, puesto que, «si sus miembros se hallan afectados por la vida municipal, no es en cuanto sindicados, sino en cuanto vecinos del Municipio». Por añadidura, planteaba que tanto los concejales de representación familiar como los de representación sindical fuesen elegidos mediante la participación de todos los vecinos mayores de veinticinco años inscritos en el censo electoral de cada municipio. No obstante, tenía muy claro que, aunque se ampliara la base electiva mediante la puesta en práctica de las anteriores medidas, el principio de representatividad seguiría fallando «mientras el representante máximo de la Corporación municipal sea designado sin más por la Autoridad gubernativa». Llegados a este punto, Fragoso proponía que los presidentes de los consistorios fuesen escogidos, de entre una terna propuesta por el propio Ayuntamiento e integrada por concejales o electores del municipio con capacidad para serlo, por el ministro de la Gobernación en las capitales de provincia y las ciudades de más de veinte mil habitantes y por el gobernador civil en el resto.466 A pesar de que las sugerencias que realizó a principios de 1967 cayeron en saco roto, la principal autoridad provincial volvió sobre el tema dos años después, aprovechando para ello el informe anual sobre la marcha de la provincia. De este modo, en octubre de 1969 el gobernador civil retomó sus propuestas anteriores de «implicar al mayor número posible de ciudadanos en la elección de sus Órganos de gobierno» e incluyó además una modificación sustancial con respecto a aquellas consistente en conceder el derecho de emisión de sufragio a «todos los mayores de dieciocho años, de uno y otro sexo», tal y como ya había establecido el Estatuto Orgánico del Movimiento para la constitución de los consejos locales.467 Con todo, nunca se mostró opuesto al sistema de control y manipulación de los procesos electorales y sus resultados ni a que fueran los gobernadores o el ministro quienes eligieran en última instancia a los alcaldes. Aspiraba a una reforma desde dentro de la dictadura, no a la sustitución de esta por una democracia. En una línea similar estaba por aquel entonces su médico particular, Antonio Lacleta, un hombre del régimen cuya conciencia sobre la necesidad de introducir cambios en un sistema «que iba en contra de los tiempos» lo acabó conduciendo a la defensa

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de las asociaciones políticas y a la participación en la más importante de todas ellas: la Unión del Pueblo Español de Adolfo Suárez.468 El nuevo alcalde tomó posesión de su cargo el jueves 19 de octubre de 1972 en un acto cargado de simbolismo y mensajes entre líneas que el gobernador convirtió en una ruda y descarada operación de marketing dirigida a frenar los rumores existentes en la ciudad acerca del pulso que había mantenido con los integrantes de la Corporación municipal con motivo del cese de Emilio Miravé y a reparar, en la medida de lo posible, el deterioro que a raíz de ello había sufrido su imagen frente a los oscenses. La estrategia utilizada por Víctor Fragoso fue la de defenderse atacando, de manera que la primera parte de su discurso buscó, con cierto aire revanchista, menospreciar la gestión de Emilio Miravé al frente de la alcaldía. En este sentido, el gobernador afirmó que el Gobierno «no había sido parco en las ayudas prestadas recientemente al Ayuntamiento de Huesca» e hizo especial hincapié en que durante el mandato del alcalde cesado la ciudad había recibido subvenciones estatales, a través de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos que él presidía, por un valor diez veces superior al de las que obtuvo la Corporación encabezada por su antecesor en el cargo. No obstante, añadió, con cierta suficiencia, que lógicamente el dinero no lo era todo y que también eran importantes «las ilusiones y las ganas de trabajar, y unas y otras no han faltado nunca al alcalde saliente». A continuación centró la perorata en intentar desactivar las especulaciones sobre su enfrentamiento con los miembros del Pleno que todavía en aquel momento existían en «círculos restringidos de la capital» y de las que seguían haciéndose eco algunos periódicos de Zaragoza como Heraldo de Aragón o Aragón Exprés.469 Para ello puso en conocimiento de la opinión pública oscense, aludiendo con tal fin a un pretendido afán de agradecimiento, las múltiples ocasiones en las que el Ayuntamiento había adoptado acuerdos corporativos para manifestarle «su reconocimiento y gratitud» por sus «gestiones en pro de la ciudad». En especial, de entre las, en su opinión, muy numerosas pruebas de gratitud que había recibido del Concejo quiso destacar dos «por referirse a obras de indudable trascendencia para Huesca»: las referentes a la presa de Vadiello y al polígono industrial. «Tened por seguro —dijo— que estas muestras de reconocimiento, lealtad y afecto han calado muy hondo en mi corazón».

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El deseo de que los vecinos de la capital tuviesen claro que la relación entre él, Víctor Fragoso, y su Ayuntamiento era de lo más cordial fue tan exacerbado que al día siguiente el diario local Nueva España, propiedad del Movimiento, del que Fragoso era jefe provincial, publicó los acuerdos a los que se refirió el gobernador en su discurso del día anterior nada menos que en la parte derecha de la portada, la más adecuada para que algo sea visto, precedidos de un gran titular en el que podía leerse «Gratitud del Ayuntamiento al Gobernador», justo debajo de una foto de gran contenido simbólico en la que el principal mandatario de la provincia aparecía de pie junto al alcalde —sentado— y con tan solo el retrato del Caudillo, que presidía el salón de plenos, por encima de él. Con todo, tampoco se olvidó en su alocución del día 19 de dirigir un duro mensaje a todos aquellos que le habían criticado por lo sucedido con Emilio Miravé. En este caso, el medio utilizado fueron las primeras palabras que dedicó a la persona que ese día tomaba las riendas de la alcaldía, a quien animó a no venirse abajo cuando sufriese en sus carnes tanto «la amargura que producen los comentarios llenos de venenosa intención» como «las censuras de gentes que —acaso ingenuamente— dan crédito a los bulos lanzados por quienes así desahogan su resentimiento». No obstante, para evitar que el nuevo responsable de la Administración local de la capital oscense fuese visto por los vecinos como un simple hombre de paja al servicio del gobernador, este había escogido para el puesto al claro vencedor de las anteriores elecciones a procuradores familiares en Cortes, con un número de votos mucho más elevado «que cualquiera de los concejales electos por el tercio familiar». De ese modo, aunque Antonio Lacleta fue designado alcalde por el ministro de la Gobernación a propuesta suya, el gobernador se jactó de que «viene […] a esta casa con el refrendo de miles y miles de familias oscenses». En cualquier caso, no acabó ahí la andanada contra sus críticos. Víctor Fragoso volvió a cebarse con ellos cuando, después de afirmar que la obligación del nuevo alcalde era servir al pueblo de Huesca y al régimen de Franco por igual, pronunció las siguientes palabras, que pese a la extensión de la cita no me resisto a reproducir: «ya sé que hay gentes mezquinas o malintencionadas que pretenden contraponer uno y otro servicio. Son aquellos que parecen añorar el caduco régimen liberal de antaño, símbolo de una España mediocre, subdesarrollada y mísera, carcomida y destrozada por el caciquismo y las luchas internas. La España del pan

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y la cebolla, la blusa y la alpargata, el analfabetismo y la mugre. Aquella España en la que los políticos accedían a los cargos no a servir al pueblo, sino a servir a su partido. Afortunadamente aquellos modos pasaron y todos debemos esforzarnos en evitar que vuelvan». Su postura dentro del régimen era evidente, pero lo interesante del texto es que refleja una realidad que por entonces comenzaba a ser palpable: la distancia, cada vez más amplia, existente entre una Administración central sojuzgada por los inmovilistas del búnker y unas Administraciones periféricas progresivamente necesitadas de autonomía y financiación para poder afrontar los crecientes problemas de sus vecinos y no convertirse en el blanco sus críticas. Finalmente, el dicente recordó a todos los concejales que no estaban en el Consistorio para «servir a otros intereses que los intereses sagrados de esta comunidad entrañable de personas» y los exhortó a ofrecer su «leal colaboración» al nuevo alcalde, ya que sin ella los «buenos deseos», la «entrega generosa» y el «acendrado espíritu de servicio» de Antonio Lacleta no le servirían de nada a la hora de «realizar una labor fecunda en beneficio de nuestra ciudad».470 Al margen de la mayor o menor profundidad de la fractura existente entre los integrantes del Pleno y el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, lo cierto es que el doctor Lacleta se hizo cargo de la alcaldía de una ciudad que, como el resto de la provincia, tenía por aquel entonces una «marcada inclinación conservadora» y se caracterizaba, en opinión del principal representante del Estado en ella, por unos «ideales patrióticos muy acendrados, con espíritu de sincera y leal colaboración a los Mandos provinciales y locales, dentro de una casi total adhesión a los Principios Fundamentales del Movimiento».471 De todos modos, la pertenencia al Partido había dejado ya de tener la importancia que tuvo en el pasado, algo que se reflejó de forma progresiva en la constitución del Pleno Municipal, hasta tal punto que tras los comicios electorales de 1973 tan solo el 13 % de sus integrantes estaban afiliados a él, aunque es verdad que esa cifra ascendía al 43 % en el caso de la Comisión Permanente. No obstante, la paulatina pérdida de peso de FET-JONS en la composición política de los ayuntamientos no resultó de ningún cambio de orientación política, sino más bien de su propia incapacidad para reproducirse.472 Como ya hemos visto, la presencia de la Falange en la capital altoaragonesa fue prácticamente nula durante el periodo republicano, y la explosión en el número de sus integrantes estuvo íntimamente

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vinculada a un conjunto de factores relacionados con la movilización social que provocó la Guerra Civil (afiliaciones de excombatientes, excautivos, interesados en busca de prebendas, etcétera) y difícilmente reproducibles sin un nuevo conflicto armado de por medio. A partir de los años sesenta muchos de esos adeptos comenzaron a llegar a la fase final de su ciclo vital y el Partido tuvo que plantearse ineludiblemente la renovación de sus militantes. Sin embargo, los escasos medios con los que la organización afrontó la complicada tarea del encuadramiento de la población hicieron que las nuevas promociones de jóvenes falangistas fueran insuficientes para poder mantener el sistema de cooptación alrededor del cual se articulaban las elecciones municipales. Por esa razón, sobre todo entre los concejales provenientes del tercio familiar, pero no solo, se comenzó a potenciar la incorporación de caras nuevas, entre las que primaba la popularidad por encima de las adscripciones ideológicas, aunque, eso sí, sin permitir atisbo alguno de dudas sobre su adhesión al régimen. En este sentido, los adeptos no falangistas no dejaron de ser franquistas al cien por cien, y eso era lo que contaba: la fidelidad al régimen, no al Partido. Al fin y al cabo, el problema de los fascismos instalados en el poder nunca fue la falta de ortodoxia ideológica, sino la falta de sumisión a la jerarquía. Pienso que este es el marco en el que mejor puede explicarse y entenderse cabalmente el creciente descenso de excombatientes y, especialmente, de camisas viejas en el seno del Pleno Municipal, así como la aparición de personas procedentes tanto del Frente de Juventudes o la Organización Sindical como de grupos de católicos, algunos con cierta identificación social, que en muchos casos ni siquiera tenían un pasado político de referencia. En este sentido, destacaba la presencia de empresarios, industriales o ingenieros, más identificados con la tecnocracia o el desarrollismo que con tendencias ideológicas cada vez más arrinconadas y entre los cuales primaba la idea de que el Ayuntamiento era el «consejo de administración» de la ciudad, por lo que había de ser gestionado de la forma más eficiente posible.473 A pesar de todo, hubo algo que se mantuvo exactamente igual que en lustros anteriores: los sectores socioeconómicos de los que procedían principalmente los integrantes de la Corporación. En puridad, Huesca, al igual que otras ciudades españolas como Palencia,474 y por causas que luego abordaré, quedó al margen

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del intenso proceso de industrialización y urbanización que durante esos años se produjo en diferentes puntos del país. Por ello, las clases medias de carácter fundamentalmente técnico que se desarrollaron en los espacios industrializados no pudieron crecer en la capital del Alto Aragón al ritmo necesario y en la cantidad suficiente para desplazar de sus puestos en el Pleno y la Comisión Permanente a los profesionales liberales y los funcionarios que los venían ocupando de forma mayoritaria desde finales de los cuarenta y principios de los cincuenta. En este contexto se produjo la llegada a la Corporación municipal oscense de las dos primeras mujeres de su historia. Fue concretamente tras las elecciones de 1973, en las cuales candidatos como Llanas Almudébar ya advirtieron a los electores de que además de elegir a tres concejales iban a elegir posiblemente al futuro alcalde,475 cuando alcanzaron dos puestos de representación en el Pleno Municipal María Ángeles Campo Guiral y Montserrat Costa Villamayor. La primera, que llegó al Concejo por el tercio de representación de entidades, era hija del anterior alcalde Vicente Campo Palacios, había nacido en 1924 y en aquel momento ejercía como directora de la escuela normal de Huesca. Por su parte, Montserrat Costa fue la única mujer en todo el franquismo oscense que accedió al Consistorio a través del tercio familiar. Nació en 1937 en Barcelona, en el seno de una importante familia de propietarios, pero pronto se trasladó a Huesca. Posteriormente volvió a la Ciudad Condal para cursar estudios de ATS y Periodismo, aunque regresó a la capital altoaragonesa una vez los hubo finalizado. Fue entonces cuando se casó con José María Coiduras Garralaga, a la sazón delegado provincial de Agricultura.476 Esta Corporación fue la última elegida en Huesca mediante la democracia orgánica que imperó en España desde aquel ya lejano noviembre de 1948. La mayoría de sus componentes eran conscientes de que se «estaba fraguando una nueva realidad y se avanzaba hacia unas circunstancias diferentes».477 Por eso vivieron con tanta naturalidad el asesinato de Carrero Blanco o la muerte de Francisco Franco. Muchos de ellos tenían claro que la «legislatura iría paralela al régimen y su muerte»478 y, aunque algunos en su fuero interno sintieran una íntima inquietud frente a un futuro que veían incierto,479 la realidad es que en última instancia la mayoría invirtieron más tiempo en «buscar soluciones a la provisionalidad en la que se vivía»480 que en llorar al dictador muerto.

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Al día siguiente del fallecimiento de Franco, el Boletín Oficial del Estado publicó la nueva Ley de Bases del Estatuto de Régimen Local, cuya principal novedad fue sin duda alguna que los alcaldes dejaban de ser elegidos de forma discrecional por el ministro de la Gobernación o los gobernadores civiles.481 Tal y como había señalado en la entrevista que concedió al diario Nueva España a las pocas horas de ser elegido alcalde, Antonio Lacleta dejó su cargo inmediatamente después de que fuera aprobada dicha ley.482 Así las cosas, el Pleno Municipal oscense escogió mediante votación a su nuevo presidente en enero de 1976. El elegido, tras una sorprendente votación, fue José Antonio Llanas Almudébar, pero esa, afortunadamente, fue ya otra historia. No obstante, hasta entonces el Concejo oscense tuvo que hacer frente a los retos planteados por la transformación de la capital del Alto Aragón en una auténtica ciudad, y para ello contó con un presupuesto que, a pesar de haber aumentado y recibir mayores subvenciones estatales, continuó siendo exiguo. Además mantuvo una escasa autonomía con respecto a Administraciones superiores, lo que, en un momento en el que los mecanismos de control al servicio de las autoridades locales comenzaron a resultar inoperantes al calor de la apertura realizada por el propio régimen a espacios de crítica a través de la prensa, no hizo sino agravar los problemas de una institución más diseñada para controlar a la población que para una verdadera gestión municipal, sobre todo teniendo en cuenta que la sociedad urbana de los años sesenta ya no era la sociedad atemorizada de los cuarenta.483 Aun así, la Corporación consiguió sacar adelante importantes proyectos que en muchos casos se presentaron como la prueba del progreso y el bienestar que ofrecía el régimen de Franco. Espero poder dar cuenta de ello a continuación.

La finalización de los grandes proyectos El 27 de diciembre de 1962, mientras España era azotada por un terrible temporal de frío y nieve, se publicó en el Boletín Oficial del Estado una importante ley que había sido sancionada por el Gobierno cuatro días antes. Se trataba de una nueva reforma de las haciendas municipales484 que, iniciada la reactivación económica

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Componentes de la Corporación que llegó al Ayuntamiento de Huesca tras las elecciones municipales de 1973. De izquierda a derecha y de arriba abajo, Ricardo Callén, Ricardo Oliván, Pedro Lafuente, José Antonio Llanas, Julio Sopena, Joaquín Ortas, José María Gella, José Ángel Pérez Loriente, Jesús Monreal, Mariano Mairal, Montserrat Costa, Antonio Lacleta, Raimundo Bambó, Eduardo Gabás, María Ángeles Campo y Fernando Coarasa. (Colección de la familia de Pedro Lafuente)

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del país, venía a intentar solventar el problema que no habían logrado solucionar los textos legales aprobados con la misma finalidad en 1946 y 1953, es decir, dotar a los ayuntamientos de los ingresos suficientes para poder hacer frente a las necesidades comunitarias y proporcionar los servicios que precisaba la iniciativa privada. Aunque según el legislador aquella iniciativa jurídica era necesaria hacía ya tiempo, el Estado no pudo acometerla hasta entonces con plenas garantías de éxito debido a la coyuntura económica que atravesó el país con motivo de la puesta en marcha del Plan de Estabilización. Para lograr su objetivo, la ley articuló un conjunto de medidas que pueden aglutinarse en torno a tres grupos. En primer lugar, suprimió todos los impuestos municipales que gravaban el consumo y a cuyo anacronismo unían el «gravitar de manera muy sensible sobre sectores económicamente débiles». La eliminación fue total y se hizo sin recurrir a aumentos simultáneos de otras contribuciones o impuestos. Entre los gravámenes suprimidos cabe destacar el arbitrio con fin no fiscal que cargaba el precio de las consumiciones en cafés, bares, tabernas, restaurantes, hoteles y otros establecimientos similares, así como la antigua tarifa quinta de Usos y Consumos.485 El resto de las medidas estaban dirigidas a compensar el quebranto que suponía para las haciendas locales la desaparición de esos ingresos: por un lado, el Estado cedió a los concejos una parte de la contribución territorial de riqueza urbana y otra de la cuota de Licencia Fiscal del Impuesto Industrial, dos fuentes de riqueza marcadamente influidas por la actividad municipal que, en principio, debían permitir a las corporaciones contar con unas retribuciones superiores a las entonces eliminadas; por otro, se hizo cargo del personal sanitario municipal. La reforma no solo eliminó una de las principales fuentes de financiación de los municipios, como eran las gabelas sobre el consumo, sino que adoleció del mismo problema que sus antecesoras; es decir, preocupada por limitar al máximo la autonomía municipal y salvaguardar los yacimientos de ingresos del Estado, continuó sin permitir la puesta en marcha de un sistema impositivo local mucho más progresivo y que permitiera una mayor capacidad recaudatoria. Ante semejante situación, el Consistorio altoaragonés, con cada vez más necesidades a las que hacer frente, optó, al menos hasta 1969, por seguir recurriendo a las tasas, la única retribución de la que disponía con la suficiente flexibilidad para poder afrontar

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la fuerte inflación que por aquel entonces todavía azotaba a España. A partir de 1970 las tasas dejaron de subir gracias al espectacular incremento de los fondos procedentes de subvenciones o de participaciones en los ingresos del Estado, lo cual no hizo sino reforzar la dependencia municipal respecto de la Administración central. Finalmente, los impuestos, divididos en directos e indirectos a partir de 1959, siguieron siendo el grupo que menos dinero aportaba a las arcas municipales, y, aunque subieron de forma constante en pesetas reales, lo cierto es que su aportación en pesetas constantes de 1974 fue prácticamente la misma en 1959 y en 1974. A decir verdad, cuando Mariano Ponz Piedrafita llegó a la alcaldía de la Corporación municipal oscense, en mayo de 1958, se encontró con un presupuesto ordinario cuya liquidación arrojaría al año siguiente un déficit de 1 900 754,26 pesetas. Para cubrir esa importante diferencia entre los ingresos y los gastos, en junio de 1959 el Pleno acordó solicitar ayuda al Ministerio de Hacienda a través del antiguo Fondo de Corporaciones Locales.486 Tres meses después la Dirección General de Régimen Fiscal de Corporaciones comunicó al Ayuntamiento altoaragonés la concesión de un millón de pesetas, cantidad que, junto a los intereses correspondientes, debería ser devuelta en el plazo de ocho semestres.487 A mediados de 1961 los miembros del Pleno supieron que la liquidación provisional del presupuesto ordinario de 1960 se había saldado con un superávit de 111 815,91 pesetas. Al conocer la noticia, el alcalde no dudó en recordar a todos los presentes «situaciones anteriores de la economía municipal un tanto alarmantes que provocaban la marcha austera del municipio, que se desenvolvía con decoro, pero sin poder afrontar las necesidades que precisa una capital de provincia», para posteriormente «felicitar a la corporación y felicitarse a sí mismo y encomiar la labor desarrollada por los técnicos municipales», porque la recuperación del equilibrio presupuestario «nos ha de llenar de estímulo puesto que demuestra que hemos superado un pasado intranquilo y nos da derecho a mirar al porvenir con esperanzas de éxito para emprender mayores empresas, sin dejar naturalmente en abandono las urgentes ya iniciadas».488 Sin embargo, a pesar de aquel dato coyuntural y de la autosatisfacción que produjo en el alcalde, lo cierto es que la hacienda municipal, cuyos ingresos habían experimentado un tímido aumento en los primeros años de los sesenta como

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Antonio Lacleta y Pedro Lafuente durante la toma de posesión de su cargo como concejal del Ayuntamiento. Detrás, de izquierda a derecha, el secretario Federico García-Bragado, Fernando Coarasa, Raimundo Bambó y Mariano Mairal. (Colección de la familia de Pedro Lafuente)

consecuencia «del natural crecimiento de la población y de su riqueza»,489 continuaba en una situación muy delicada al seguir estando inadecuadamente dotada de recursos, por lo que, como reconoció Mariano Ponz en octubre de 1966, el único modo de mantenerla saneada era «aquilatar al máximo sus gastos».490 Este escenario se vio extremadamente agravado por la aprobación de la Ley de Reforma de las Haciendas Locales de 24 de diciembre de 1962, por virtud de la cual se suprimieron una importante cantidad de exacciones municipales que no fueron sustituidas por otras de la misma agilidad recaudatoria y financiera, sino por un conjunto de impuestos tasados en su cuantía, lo que provocó un retraimiento en el crecimiento de las retribuciones municipales que venía aconteciendo con anterioridad a la reforma.491

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En última instancia, el principal problema hacendístico de la institución era la escasa capacidad recaudatoria de la que adolecía. Es decir, carente de bienes patrimoniales de los que poder obtener rentas regulares, y con una rígida y limitada capacidad impositiva, el Consistorio era incapaz de conseguir los recursos suficientes para afrontar con cierta holgura unas necesidades que, debido a su carácter de capital de provincia, eran superiores a las que por su número de habitantes le corresponderían.492 Por tanto, el problema no era que no se pudiesen realizar gastos voluntarios ni entregar subvenciones, sino que en aquella coyuntura de continua elevación de los precios y los costes de productos y servicios, la Corporación prácticamente no disponía de ninguna cantidad de dinero para otra cosa que no fuese hacer frente a unos gastos fijos entre los que destacaban sobremanera las consignaciones legales destinadas a cubrir los presupuestos especiales de urbanismo, la devolución del crédito contraído con el Banco de Crédito Local para financiar el presupuesto extraordinario dedicado a pagar las obras de la traída de aguas de Vadiello493 y unos costes de personal cuyo crecimiento resultaba imparable como consecuencia de las continuas subidas de los salarios decretadas por la Administración central.494 Frente a la reducción de la capacidad fiscal que originó la reforma de las haciendas locales de 1962, la Corporación reaccionó recurriendo a los socorridos aumentos de tasas,495 aunque lógicamente eso no fue suficiente para poder afrontar las principales necesidades que tenía planteada la ciudad. De hecho, cuando en enero de 1965 las comisiones de Policía Urbana y de Fomento, Desarrollo y Servicios presentaron al Pleno su propuesta anual para la «actualización de los planes locales de desarrollo» todos estuvieron de acuerdo en la conveniencia de las obras allí proyectadas, aunque a ninguno se le escapaba que no pasaban de ser «una sugestiva ilusión» a causa de la total imposibilidad del municipio para financiar unilateralmente su ejecución.496 La solución, evidentemente, estribaba en la búsqueda de «auxilios y ayudas provinciales y estatales», que con el desarrollismo comenzaron a llegar en cantidades no despreciables, sobre todo a través de la Comisión de Servicios Técnicos presidida por el gobernador civil.497 No obstante, esta forma de financiar la modernización urbana no hizo sino consolidar la dependencia que, desde los ya lejanos años cuarenta, los ayuntamientos tenían de la Administración central, dado que los cabildos no podían utilizar el dinero de forma autónoma, pues era el propio Estado el que designaba en qué se gastaba e incluso el que adjudicaba las obras.498

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De todos modos, al margen de las subvenciones estatales, y aun cuando desde 1965 los presupuestos municipales comenzaron a liquidarse continuamente con superávit, lo cierto es que a finales de los sesenta y durante la primera mitad de los setenta los medios económicos con los que se desenvolvió el Ayuntamiento de la capital del Alto Aragón siguieron siendo «muy justitos».499 Por eso, cuando en agosto de 1969 la Dirección General del Tesoro y Presupuestos le solicitó la devolución del millón de pesetas que le había facilitado en junio de 1959 para hacer frente al déficit de su presupuesto ordinario del año anterior, el Concejo intentó fraccionar el pago en veinte anualidades de 50 000 pesetas «en razón a la dificilísima situación económica de este municipio».500 Una parte muy importante de los escasos recursos municipales se destinó durante todo ese periodo a solucionar la primera de las necesidades que tenía planteadas la ciudad: el abastecimiento de agua. Esa había sido la principal preocupación del Ayuntamiento desde hacía años, y no solo por el valor del agua como bien indispensable para el normal desenvolvimiento de la vida diaria, sino porque en un periodo de crecimiento económico como el que se inició en España a partir de los años sesenta cualquier posibilidad de crear riqueza o fomentar el establecimiento de industrias pasaba inexorablemente por la posibilidad de disponer de ella en condiciones de potabilidad y cuantía suficientes.501 La luz al final del largo y sombrío túnel de la escasez hídrica comenzó a entreverse en agosto de 1960, cuando, en su sesión ordinaria del día 2, el Pleno conoció una resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas aprobada el 20 de junio mediante la cual el Ministerio de Obras Públicas daba vía libre definitiva al proyecto de conducción de agua potable de Vadiello a Huesca.502 No obstante, hubo que esperar hasta abril de 1962 para que, tal y como se había acordado en la primavera de 1959,503 la Corporación municipal aprobase el presupuesto extraordinario necesario para hacer frente al pago tanto del 50 % del coste de ejecución de la obra como de todos los incrementos que sobre él pudiese provocar la inflación. Sin embargo, debido a su escasa potencia económica el Ayuntamiento tuvo que pedir un préstamo al Banco de Crédito Local por valor de 14 650 000 pesetas para poder dotar de fondos dicho presupuesto. La devolución por parte del Concejo quedó garantizada gracias a la autorización del Ministerio de Hacienda para establecer un recargo especial del 10 % sobre las contribuciones Urbana, Industrial y

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de Comercio cuyo importe iría destinado exclusivamente al pago de las cuotas.504 Ahora bien, la ilusión que despertó en todos los miembros de la Corporación el inicio de las obras se truncó repentinamente en octubre de 1963. El día 7 de ese mes Mariano Ponz, en respuesta a una pregunta formulada por el teniente de alcalde Mario Mallén, comunicó a sus compañeros del Pleno que la empresa encargada de realizarlas había decidido rescindir la contrata por no poder llevarla a término sin sobrepasar las cantidades que se habían previsto en el presupuesto inicial.505 Ante semejantes circunstancias, los presentes acordaron por unanimidad que el alcalde enviase un escrito a la Dirección General de Obras Hidráulicas para rogar encarecidamente que, con la mayor urgencia posible, procediese a la nueva tramitación de unas obras cuya ejecución resultaba de «vital importancia» para el futuro de la ciudad, «máxime comenzando la Nación una época de expansión».506 Por si esto no fuera ya un problema lo suficientemente grave para la ciudad, a la paralización de las obras se unieron de forma simultánea dos circunstancias que agudizaron todavía más la necesidad que de ellas tenía la capital altoaragonesa: la fuerte sequía y el imparable aumento del consumo de agua. Como ninguna de las dos podía detenerse, el Ayuntamiento centró sus esfuerzos en tratar de paliar sus consecuencias en la medida de lo posible y en lograr la reactivación de las labores de construcción de la nueva conducción hidráulica. En relación con la primera, solicitó a la Comisaría de Aguas del Ebro la concesión administrativa con carácter temporal —hasta la resolución definitiva del problema del abastecimiento de agua de la ciudad— de 90 litros por segundo de las aguas públicas del río Isuela.507 Por lo que respecta a la segunda, el alcalde y el teniente de alcalde Luis Tesa Ayala viajaron a Madrid el 27 de noviembre de 1963 para entrevistarse con Florentino Briones, a la sazón director general de Obras Hidráulicas, y transmitirle la «enorme inquietud» del Pleno «por no ver avanzar la ejecución de unas obras» en cuya conclusión Huesca «tiene comprometido todo su futuro desarrollo». Las perspectivas que les dibujó fueron desalentadoras, puesto que, según les dijo, la repetición de todos los trámites podía retrasar fácilmente el reinicio de las obras dos años. Frente a un escenario tan dramático, y viendo el gran interés que tenía la ciudad en acortar al máximo esos plazos, el director general de Obras Hidráulicas les planteó la posibilidad de transferir la contrata al Ayuntamiento para que fuese este el que continuase las obras. Sin embargo, aquello tampoco era factible,

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Vista aérea del parque Miguel Servet tras las ampliaciones de la última época. (Foto: Víctor Ibáñez, 1981) 245

porque una institución local como la suya era incapaz de abordar el elevado coste que eso supondría, así que, como última solución, los dos oscenses le propusieron a su interlocutor que la Corporación se hiciese cargo del exceso de coste que hubiese experimentado la obra y que el importe añadido que invirtiera para acelerar su ejecución le fuese posteriormente compensado en la misma proporción con una aportación mayor en la subvención del Ministerio para la ejecución de la segunda fase del proyecto. Briones consideró «justo y perfectamente viable» lo expuesto por los representantes altoaragoneses y a principios de septiembre de 1964 los concejales eran informados del reinicio de las actividades constructoras.508 Finalmente, el 20 de julio de 1967 el alcalde pudo anunciar al resto del Pleno la finalización definitiva de las obras de la conducción de aguas desde Vadiello hasta Huesca.509 Para conmemorar la conclusión de una infraestructura de tal magnitud, Emilio Miravé propuso la construcción de una «fuente luminosa» en un lugar «tan visible y caracterizado» como la plaza del 18 de Julio,510 algo que en última instancia pudo lograrse gracias a la colaboración de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, que, a través de su director general, se ofreció para subvencionar ese «signo de ornamentación» con el objetivo de demostrar «el cariño y afecto que profesa dicha institución a la ciudad de Huesca».511 A pesar de todo, el abastecimiento de agua no quedó absolutamente garantizado hasta que llegaron a su fin las obras iniciadas el año anterior para la construcción del embalse de Vadiello,512 tal y como quedó demostrado en septiembre de 1970, cuando la pertinaz sequía y la insuficiencia del suministro hídrico obligaron al Ayuntamiento a realizar restricciones forzosas. La situación llegó a tal extremo que tanto la prensa escrita como la radio tuvieron que poner en marcha una campaña para concienciar al vecindario de la necesidad de disminuir en lo posible todo gasto superfluo de agua. A decir verdad, en aquellas fechas el pantano ya tendría que haber sido terminado y el caudal del Guatizalema regulado, pero la realidad era que todavía faltaban por instalar las compuertas, y su ausencia inutilizaba toda la infraestructura. Con el objetivo de solucionar con la mayor rapidez posible un hecho tan «doloroso e importante», el Pleno Municipal acordó que el alcalde se desplazase a Madrid a fin de solicitar al Ministerio de Obras Públicas la habilitación de los créditos necesarios para colocar en su lugar unas compuertas cuyo coste no alcanzaba el 10 % del

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total del proyecto ya realizado.513 Finalmente, el pantano fue acabado en 1971 y a principios del año siguiente, el 31 de enero, el Ayuntamiento resolvió dar por terminado el contrato que desde hacía décadas tenía tanto con la Comunidad como con el Sindicato de Regantes del Pantano de Arguis para la cesión de sus aguas a la capital.514 Esa decisión constituía el final simbólico del gravísimo problema que la ciudad había tenido con el abastecimiento de agua desde hacía más de medio siglo. Como he comentado más arriba, la carencia de caudales de agua de suficiente cuantía fue un pesado lastre, aunque no el único, para el desarrollo industrial de la ciudad. Así lo manifestó, con cierta amargura y acendrada emotividad, el gobernador civil José Riera Aísa el 9 de mayo de 1960, cuando, durante el acto celebrado ese día en Monzón para colocar la primera piedra de la nueva factoría industrial Acetorgán, lamentó que empresas de ese calibre no pudieran establecerse en Huesca, un «pueblo de héroes, guerreros, mártires y santos», por no disponer todavía de los aforos hídricos necesarios para su funcionamiento.515 Otro de los principales impedimentos que obstaculizaron el crecimiento fabril de la capital altoaragonesa fue la falta de terrenos convenientemente urbanizados que poder proporcionar a todas aquellas industrias que estuvieran interesadas en establecerse en la localidad. Desde la aprobación de su Plan General de Ordenación, Huesca contaba con una zona destinada a tal fin en el polígono 27 que a la altura de 1963 estaba prácticamente terminada. Sin embargo, según comentó el presidente del Pleno a todos los concejales el 18 de abril de aquel año, importantes empresarios de la ciudad deseaban, por motivos que desconocía, asentar sus negocios en espacios no destinados en un principio a ese uso. Ahora bien, como el Consistorio no quería «obstaculizar el desenvolvimiento industrial de la ciudad», accedió a modificar el citado plan para permitir usos industriales en unas áreas calificadas como agrícolas. De hecho, en aquella misma reunión el alcalde propuso la creación de una zona de reserva industrial en la que pudieran establecerse todas aquellas industrias que «por sus especiales características, o por tener el carácter de peligrosas o insalubres, o por cualquier otra circunstancia fundada a considerar en cada caso, deban ubicarse en la mencionada zona».516 La puesta en marcha de aquel nuevo espacio y la ampliación del polígono industrial número 27 fueron finalmente aprobadas un año después,517 junto con los beneficios y las obligaciones que todas las empresas interesadas en instalarse en

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ellos debían comprometerse a cumplir de manera inexcusable,518 unas medidas que la Comisaría del Plan de Desarrollo Económico, a través de una carta enviada al Ayuntamiento el 17 de julio, consideró de gran interés.519 Con todo, los regidores eran conscientes de que su ejecución práctica no sería inmediata, por lo que, con el objetivo de no «desaprovechar las coyunturas favorables que actualmente se advierten», decidieron, de forma temporal, ofrecer una serie de bonificaciones o reducciones relativas a varias ordenanzas de exacciones municipales a todas aquellas industrias que, bien por nuevo establecimiento o bien por ampliación, crearan al menos diez puestos de trabajo y realizasen una inversión mínima de 3 millones de pesetas. Esta decisión fue acogida con entusiasmo por la mayoría de los presentes, que entendían que Huesca debía hacer lo mismo que aquellas capitales que, «bien por gozar de un régimen de excepción tributario, bien por otros motivos más o menos justificados, ofrecen atractivos y estímulos que promueven el desarrollo». Tan solo Pedro Gómez Mompart salvó su voto, alegando que dichas modificaciones estaban «en contra de los propósitos del gobierno al crear Polos de Desarrollo y Promoción Industrial».520 En cualquier caso, la realidad fue que alrededor de la nueva zona de reserva industrial se desató un intenso fenómeno especulativo que retrasó de manera descorazonadora su ejecución definitiva. Para tratar de acelerar el proceso, el Ministerio de la Vivienda aceptó en 1968 hacerse cargo del proyecto,521 pero aun así cinco años después el proyecto continuaba existiendo únicamente sobre el papel. Semejante demora provocó importantes perjuicios a la ciudad, puesto que no fueron pocas las empresas que, ante la falta de espacios habilitados en la capital, acabaron emplazando sus factorías en municipios limítrofes. Esta fue la razón por la que en marzo de 1973 la Corporación decidió solicitar a ese ministerio «la mayor rapidez» en la aprobación del proyecto definitivo y su «ejecución inmediata».522 A finales de 1974 el alcalde comunicó a sus compañeros que las obras de urbanización del tan deseado espacio industrial habían sido ya adjudicadas y que su finalización estaba estimada en el plazo de dos años.523 De todos modos, la ciudad necesitaba urgentemente terrenos habilitados para uso manufacturero y, ante la imposibilidad de comprar solares en cualquier zona próxima al casco urbano debido a los elevados precios que sus propietarios pedían por ellos,524 el Concejo había decidido aprobar en abril de 1974 el proyecto del polígono industrial de

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Valmediana, que se emplazaría, en una superficie hasta entonces de uso agrícola, en la entrada a Huesca por la carretera de Zaragoza.525 Por último, además de por la escasez de terrenos urbanizados para uso industrial y los insuficientes caudales de agua que abastecían la ciudad, el desarrollo de la industria oscense se vio claramente entorpecido por la carencia de instalaciones de capacitación técnica donde poder convertir a las nuevas generaciones en mano de obra cualificada. De hecho, la ausencia de profesionales técnicamente preparados hizo que cualquier empresa que quisiese instalarse en el municipio y cuyo funcionamiento requiriese trabajadores mínimamente formados tuviera que importar mano de obra, algo harto complicado si tenemos en cuenta la proximidad de un centro de atracción tan poderoso como el polo industrial de Zaragoza.526 De todos modos, a lo largo de los años que aquí estudiamos, la Corporación municipal trató de afrontar este problema desde tres frentes distintos. El primero de ellos giró alrededor de la culminación de un proyecto iniciado en agosto de 1957, con el ofrecimiento de 10 000 metros cuadrados de terreno a la Junta Central de Formación Profesional e Industrial, relativo a la construcción en Huesca de una escuela de Maestría Industrial. Con el objetivo de agilizar en lo posible todos los trámites, Mariano Ponz, aprovechando el viaje a Madrid que realizó con el gobernador civil y otras autoridades con motivo de la entrega al Caudillo del libro Veinte años de paz, se reunió con el director general de Enseñanza Laboral para manifestarle el gran interés y la acuciante necesidad que la capital del Alto Aragón tenía de contar con un centro de esas características. A decir verdad, su respuesta no pudo ser más satisfactoria, puesto que se mostró completamente predispuesto a tramitar «con la mayor rapidez» el asunto, aunque para ello era imprescindible que la Corporación concluyera primero el expediente de cesión gratuita del suelo necesario para la edificación.527 Al conocer la noticia, el Pleno se puso manos a la obra y dos años después, el 16 de marzo de 1961, el Gobierno autorizó al Ministerio de Educación a construir en Huesca una escuela que permitiera «la preparación de personal especializado que imperiosamente necesita la industria».528 Al cabo de tres años el alcalde pudo comunicar a sus compañeros el orgullo que sentía por el comienzo de las clases en ese centro.529 De forma paralela, y a propuesta del propio alcalde, el Ayuntamiento inició a principios de 1963 las gestiones para la creación en Huesca de una de aquellas

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universidades laborales que, desde el Ministerio de Trabajo, José Antonio Girón de Velasco comenzó a implantar a lo largo de toda la geografía nacional desde los años cincuenta. En la petición que se envió a dicho ministerio para solicitar la instauración en la ciudad altoaragonesa de uno de esos centros de formación, el Pleno acordó por unanimidad que figuraran como razones para justificar tal demanda motivos de orden histórico, geográfico y social,530 los cuales, junto al empeño personal del gobernador civil,531 le parecieron lo suficientemente convincentes al Gobierno, puesto que en el otoño de 1964 la Universidad Laboral Quinto Sertorio de Huesca empezó a impartir sus enseñanzas en unas instalaciones todavía provisionales.532 Finalmente, el último de los frentes abiertos fue sin duda el más importante desde el punto de vista simbólico: se trataba de conseguir la apertura en Huesca de un colegio mayor que permitiera a la ciudad recuperar su carácter universitario. En este sentido, fue José Antonio Llanas Almudébar quien en octubre de 1967 propuso solicitar al Ministerio de Educación el establecimiento en el municipio de una facultad de Ciencias Económicas o, cuando menos, una sección delegada para el estudio del curso selectivo de Ciencias y común de Letras. En su opinión, la tradición universitaria de Huesca, su proximidad a dos centros de posible congestión como la Universidad de Zaragoza y el Estudio General de Navarra y la potencial aprobación de una nueva ley reguladora de la Universidad que sancionara la posibilidad de descentralizar las facultades, convertían a la localidad oscense en una excepcional candidata.533 El silencio ministerial ante la propuesta planteada en esa dirección por el Concejo llevó a Llanas, más de un año después, a volver a realizar la misma propuesta, que nuevamente resultó aprobada.534 Esta vez sí, en tan solo dos meses, el director general de Enseñanza Superior e Investigación envió una carta a la Corporación en la cual manifestaba la imposibilidad de atender la solicitud de instalar en la localidad una facultad de Ciencias Económicas, aunque no cerraba la puerta a la opción menor de tratar de organizar los estudios del curso selectivo.535 Sin embargo, el Ayuntamiento no se dio por vencido y, cuando casi dos años más tarde recibió una petición del presidente de la Cámara de Comercio e Industria para que apoyase su decisión de plantear al Ministerio de Educación la posibilidad de crear una escuela de Ciencias Empresariales o una facultad de Ciencias Económicas en la provincia, no hubo ningún tipo de duda al

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Las contradicciones internas y la modernización de la ciudad (1960-1975)

respecto.536 En esta ocasión la solicitud de establecer en Huesca un centro de enseñanza superior no fue rechazada por el citado organismo, sino que desde él se indicó al Consistorio que debía formularla ante el Rectorado de la Universidad de Zaragoza, y así se hizo.537 Fue entonces cuando, además del propio alcalde,538 Manuel Artero comenzó a implicarse en la consecución de aquel objetivo. Fernando Solsona ha contado que la noche del 9 al 10 de agosto de 1971 Artero se presentó en el hotel Roca Nevada de Villanúa, donde el catedrático de Radiología disfrutaba de unos días de descanso, y le expuso su idea de sacar adelante la puesta en marcha de los estudios universitarios en Huesca, para lo que le pidió su colaboración. A partir de entonces, y durante año y medio, trabajaron sin descanso para hacer realidad ese anhelo.539 Todos los viernes por la tarde, cuando Solsona llegaba de Valladolid, Artero le estaba esperando para hablar de gestiones y de ayudas recibidas o por recibir, para concretar asuntos o para sugerir nombres de posibles profesores, siempre aragoneses y casi siempre oscenses. Durante los cursos 1971-1972 y 1972-1973, y hasta su muerte, la «santa pesadez» del doctor Artero540 no cejó en su empeño de, como él mismo decía, influido por su propia historia, «conseguir de nuevo para Huesca un Colegio Universitario que sea la antesala de la Universidad, de esta forma ayudaremos a esos estudiantes que empiezan y no tienen medios para costearse la carrera fuera de Huesca».541 Sin embargo, no fue hasta el domingo 16 de julio de 1972 cuando el Consejo Provincial del Movimiento hizo suya esta iniciativa. Aquel día este órgano de gobierno se reunió en el albergue que la Sección Femenina poseía en Villanúa presidido por el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, Víctor Fragoso del Toro, y con la asistencia de Gorgonio Tobar Pardo, subjefe provincial; Saturnino Arguis Mur, presidente de la Diputación Provincial; Emilio Miravé Díez, alcalde de Huesca y procurador en Cortes por los municipios; Manuel Artero; Juan Antonio Bolea, presidente del Patronato Universitario de Zaragoza; Mercedes Sanz Punyet, consejera nacional del Movimiento, Gerardo Lagüens, secretario de la Dirección General de Universidades e Innovación; Francisco de Asís Gabriel, procurador familiar en Cortes y miembro del Patronato Universitario; María Pilar Fatás, delegada provincial de la Sección Femenina; y, finalmente, Santiago Broto, secretario del Consejo Provincial del Movimiento.

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Durante ese encuentro Gerardo Lagüens explicó con extraordinaria claridad a todos los asistentes los pormenores de la ordenación de la enseñanza universitaria vigente por aquel entonces y puso de manifiesto la favorable situación para «las fundadas y justas aspiraciones de Huesca», que, según su criterio, podían verse perfectamente satisfechas si se actuaba con «real conciencia de las posibilidades financieras y de censo estudiantil que ofrece la provincia». En este sentido, hizo mucho hincapié en la importancia de llevar a cabo un sólido estudio sobre los recursos financieros con los que contaría el futuro centro y la necesidad de incluir entre ellos, como se había hecho recientemente en Soria, aportaciones de todos los ayuntamientos de la provincia. Por otro lado, aconsejó a los rectores oscenses que tratasen de concentrar todos los recursos alrededor de la creación de un colegio universitario dedicado a uno de los siguientes primeros ciclos: Medicina, Ciencias Empresariales, Filosofía y Letras o Ciencias, aunque también se refirió a las posibilidades que ofrecían la Ingeniería Técnica, la Formación de Profesorado para la EGB y la titulación de Ayudante Técnico Sanitario. Por su parte, Juan Antonio Bolea animó al Consejo Provincial del Movimiento a trabajar con urgencia en el empeño y le recomendó que mantuviera una estrecha relación con la Universidad de Zaragoza, puesto que en ella —dijo— la idea de Huesca «no solo encontrará buena acogida sino también apoyo, sobre todo si se trata de establecer la enseñanza del primer ciclo de Medicina, puesto que para la Facultad de Zaragoza la actual plétora de alumnado supone un grave problema». Por todo ello, y teniendo en cuenta tanto el decidido apoyo que ofrecieron los señores Arguis y Miravé de las corporaciones que presidían como la conveniencia señalada por Manuel Artero de «efectuar las gestiones sin dar pasos en falso», el jefe provincial, siguiendo los recomendaciones dadas por los dos primeros, propuso designar una comisión gestora en la que estuviesen representadas la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Huesca y en la que figurasen el señor Montes como presidente de la Asociación de Padres de Alumnos y el doctor Artero en calidad de invitado especial. En última instancia, una vez aprobada la propuesta por el Consejo, el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento dijo a los presentes: «sentadas las bases de actuación, pongamos manos a la obra».542 Menos de un mes después de aquel encuentro la comisión encargada de los estudios previos para la creación de colegios universitarios en Huesca que había surgido

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Las contradicciones internas y la modernización de la ciudad (1960-1975)

de él se reunió con el objetivo de abordar diversos asuntos. Entre los temas tratados destacó especialmente el acuerdo de remitir un cuestionario a los ayuntamientos y las jefaturas locales de la provincia, así como a los centros de enseñanza secundaria, para poder calcular sobre datos concretos el número de futuros alumnos con los que habría que contar en los colegios universitarios. Y es que para los comisionados, al correr la financiación de estos colegios —al menos en su primera etapa— a cargo de particulares, entidades privadas y corporaciones de la provincia, lo justo era que los alumnos altoaragoneses «tuviesen prioridad para la matriculación en los citados centros».543 Al mes siguiente varios representantes de la citada comisión, entre los que se encontraba Manuel Artero, se desplazaron a la capital aragonesa con el objetivo de mantener un amplio cambio de impresiones con el rector de la Universidad, quien una vez más ratificó «la voluntad de la Universidad de Zaragoza de apoyar la fundada y conveniente aspiración oscense» y prometió «toda clase de ayuda a la diputación provincial para que los colegios universitarios sean pronto una realidad en Huesca».544 Todas aquellas gestiones, así como las horas de trabajo invertidas por quienes colaboraron de una manera u otra en hacer realidad el proyecto, acabaron cristalizando el 23 de marzo de 1973. Aquel sábado, a las doce de la mañana, el presidente de la Diputación Provincial entregó al gobernador civil el anteproyecto del colegio universitario que habría de crearse en Huesca en un futuro próximo,545 siempre y cuando se cumpliesen todas las normas exigidas por la legislación vigente y, especialmente, la cobertura de los gastos que implicaba su funcionamiento. En este sentido, aunque el gasto del que se hablaba era elevado, el Pleno Municipal había acordado previamente por unanimidad subvencionar una parte de los gastos de instalación y funcionamiento del centro, con la cuantía máxima anual de 3 millones de pesetas.546 El Ayuntamiento de la capital, el director general de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja y otras autoridades de la provincia pronto se pusieron de acuerdo para organizar el patronato del colegio universitario, del cual formaría parte el presidente del Consistorio oscense y cuya finalidad sería la de gestionar todos los fondos provenientes de las subvenciones que le otorgaran las diferentes corporaciones o entidades altoaragonesas.547 Sin embargo, en el verano de ese

253

mismo año un acontecimiento sorprendente hizo sentir a todos una «gran intranquilidad». El Consejo de Ministros que debía dar luz verde definitiva al colegio mayor universitario de Huesca, una vez que había sido informado favorablemente por la Universidad de Zaragoza y por el Consejo de Rectores, aprobó la concesión de varios de estos centros en otras provincias españolas, pero no en el Alto Aragón. Ante semejante contratiempo, el Ayuntamiento, «haciéndose eco del sentir de la ciudad», decidió manifestar al ministro de Educación su «inquietud» por una situación que no solo retrasaba la puesta en marcha del colegio universitario, sino que implicaba «un trato que creemos es discriminatorio para la ciudad y para la provincia de Huesca».548 Al final todo quedó en un mal trago y el Concejo pudo ver cumplido su anhelo de que la ciudad disfrutase de un centro donde se impartirían los primeros cursos de Filosofía y Letras y de Medicina.549 Por otra parte, al mismo tiempo que tomaba medidas para poner fin a las malas condiciones en las que se realizaba el abastecimiento de agua e intentaba impulsar, dentro de sus posibilidades, el desarrollo industrial de la ciudad, el Ayuntamiento continuó el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana aprobado hacía pocos años. Al margen de la urbanización del polígono industrial número 27 —que llevó a cabo, con el visto bueno municipal, la empresa Albajar—550 y la delimitación de la zona de edificación intensiva del polígono Ruiseñor, realizada por la Gerencia de Urbanismo del Ministerio de la Vivienda,551 la Corporación aprobó la ejecución de una inmensa cantidad de obras de apertura o pavimentación de calles, mejora del alumbrado público, etcétera, que transformaron por completo el aspecto de la capital. Ningún espacio de la ciudad escapó a este lavado de cara, y, si bien es cierto que el centro urbano y el ensanche oeste vieron como se iniciaba la ordenación de la plaza de Luis López Allué,552 se sacaba adelante un plan para urbanizar y mejorar el alumbrado del casco viejo553 o se terminaban de adecuar la calle General Franco554 y la avenida de la Paz,555 junto a sus principales adyacentes, la calles Ricardo del Arco556 y San Jorge,557 no lo es menos que el ámbito que vivió una intervención más intensa fue el ensanche este. De hecho, cuando en diciembre de 1967 el Pleno ratificó el Programa de Acción e Inversiones de 1968, concedió el carácter de «urgentísimo» al acondicionamiento de todas las calles de lo que por aquel entonces se conocía como barriada de San Vicente de Paúl y dio órdenes al

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Las contradicciones internas y la modernización de la ciudad (1960-1975)

arquitecto municipal para que redactara los consiguientes proyectos de pavimentación, saneamiento, abastecimiento de aguas, iluminación y trazado de jardines que fuesen precisos «al objeto de dejar esta barriada en perfectas condiciones de habitabilidad y circulación viaria».558 A decir verdad, a lo largo del periodo que abarca este capítulo esa barriada de aluvión «habitada por clases productoras de escasas posibilidades económicas»559 se fue perfilando como un barrio obrero al que, en opinión del gobernador civil, el Ayuntamiento debía prestar especial atención con el fin de evitar que se convirtiera «en un área suburbial con un trasfondo de resentimiento por sentirse aislado o preterido».560 Al transformarse en el lugar de residencia de gran parte de la inmigración rural que comenzó a llegar a la ciudad durante la etapa del desarrollismo, especialmente a partir de 1965, esa zona de la ciudad experimentó un crecimiento exponencial que conllevó un aumento de sus necesidades urbanísticas y sociales, a las que el Pleno Municipal tuvo que ir dando satisfacción a marchas forzadas. La colaboración de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos fue vital para que el Consistorio pudiese afrontar con garantías la ejecución de las obras dirigidas a paliar las insuficiencias del primer tipo. En este sentido, puede decirse que muchas de las calles del barrio fueron pavimentadas, iluminadas, dotadas de aceras, etcétera, pero sobre todo se urbanizaron sus cuatro principales arterias, las calles Aragón,561 Valencia, División Azul562 y Gibraltar,563 además de mejorarse la única vía que conectaba este espacio con el centro de la ciudad, el paseo Ramón y Cajal, cuya calzada, incluido el puente sobre el río Isuela, fue ensanchada y acerada.564 Las carencias sociales se hicieron especialmente patentes en el ámbito educativo. En septiembre de 1959, la Obra Sindical del Hogar entregó al Ayuntamiento el grupo escolar Pío XII, que debía poner fin a los problemas de escolarización de los niños residentes en el barrio.565 Sin embargo, el rápido crecimiento de su población hizo que con frecuencia el Pleno tuviera que solicitar a la Dirección General de Enseñanza Primaria la concesión de nuevas unidades o secciones escolares que agregar al conjunto inicial.566 En otro orden de cosas, el Concejo cedió de manera gratuita terrenos para que el Obispado construyera en esa zona una iglesia, cuya primera piedra se colocó el 19 de junio de 1964,567 y un pequeño edificio anejo al templo en el que la parroquia pudiera disponer de un salón de actos, algunas aulas para catequesis y cursos de formación y un espacio destinado al centro parroquial de juventud.568

255

A decir verdad, el Ayuntamiento consiguió que esta zona de la ciudad no acabara convirtiéndose en un «centro suburbial de vida mísera y chabolismo»,569 como temía el gobernador y como había ocurrido en tantas ciudades de España, en el que surgiera el caldo de cultivo ideal para la aparición de focos de oposición al régimen. De hecho, las únicas protestas vecinales se produjeron a principios de 1974 como consecuencia del estado de abandono en el que la empresa encargada de urbanizar la calle Gibraltar había dejado las obras, que impedía la circulación de vehículos e incluso dificultaba la entrada de muchas personas a sus domicilios. No obstante, las quejas no pasaron de comentarios críticos que, eso sí, fueron recogidos por la prensa. Frente a ello, varios miembros de la Corporación que entendían que esa situación estaba provocando el desprestigio del Ayuntamiento presentaron al Pleno una moción en la que proponían que se informase a la Comisión de Servicios Técnicos para que esta tomase las medidas oportunas de cara a la conclusión de las obras, que resultó finalmente aprobada.570 En realidad, como se desprende de diversas memorias redactadas por el Gobierno Civil a finales de los sesenta y principios de los setenta, ni en Huesca ni en su provincia existieron «facciones o grupos al margen o en oposición a las normas programáticas del Movimiento Nacional».571 El hecho de que la mayor parte del Alto Aragón, incluida su capital, quedara al margen del proceso industrializador de los sesenta impidió la aparición de una clase obrera fuerte y evitó el desarrollo de movimientos sociales y políticos, que solo saldrían tímidamente a la luz tras la muerte de Franco.572 Aparte de los esporádicos lanzamientos de octavillas de propaganda clandestina —«siempre en pequeña cantidad y con muy escasa difusión»—, algunas sentadas de estudiantes en la Universidad Laboral —«sin que dicha actitud trascendiera de los límites del recinto ni tuviese posteriormente mayores repercusiones»— o los frecuentes discursos del obispo auxiliar de la diócesis de Huesca, Javier Osés — «claramente identificado con el movimiento progresista»—, la ciudad fue una balsa de aceite.573 El único motivo por el cual los oscenses se manifestaron, aunque ya muy cerca de la muerte de Franco, fue su oposición al trasvase del Ebro y a la instalación de una central nuclear en el municipio de Chalamera. Sin embargo, en aquella oposición encontraron con ellos al Pleno Municipal, donde como consecuencia de varios factores574 se había desarrollado cierto regionalismo que tenía por objetivo «defender

256

Las contradicciones internas y la modernización de la ciudad (1960-1975)

la identidad de Aragón», sin oponerse bajo ningún concepto a los principios fundamentales de la dictadura.575 En este sentido, fue en la total oposición a la ejecución de las obras del trasvase del Ebro a Barcelona y Tarragona donde mejor se reflejó ese regionalismo del Ayuntamiento, que llegó incluso a presentar el proyecto a la información pública para mostrar «su disconformidad por el mismo» por entender que su ejecución podía comprometer seriamente el futuro de la ciudad y de toda la comunidad.576 De igual modo, el Consistorio oscense acordó mostrar su oposición a la construcción de la central nuclear de Chalamera,577 asociarse «a cuantas manifestaciones e iniciativas» se efectuaran para conseguir la puesta en servicio del ferrocarril Canfranc – Zaragoza578 y protestar frente a la decisión de la compañía Iberia de reducir el servicio aéreo de la línea Zaragoza – Madrid por entender que esa medida resultaba «discriminatoria en orden a las comunicaciones aéreas de la región aragonesa con la capital de España».579 •

257

Apéndices

Excombatientes

Corporación de 1961

Corporación de 1964

Excombatientes

Resto

Pleno Municipal

31 % 37 % 69 %

63 %

Corporación de 1967

Corporación de 1971

Excombatientes

Pleno Municipal

Resto

12 %

88 %

12 %

88 %

Corporación de 1974 Pleno Municipal

Excombatientes Resto

94 %

259

Excombatientes

Corporación de 1961

Corporación de 1964

Excombatientes

Resto

Comisión Permanente

20 %

40 %

60 % 80 %

Corporación de 1967

Corporación de 1971

Excombatientes

Comisión Permanente

Resto

29 %

71 %

14 %

86 %

Corporación de 1974 Comisión Permanente

Excombatientes Resto

14 %

86 %

260

Las contradicciones internas y la modernización de la ciudad (1960-1975)

Miembros de la vieja guardia

Corporación de 1961

Corporación de 1967

Pleno Municipal

Vieja guardia

Resto

94 %

Corporación de 1971

Corporación de 1967

Pleno Municipal

Comisión Permanente

Vieja guardia

Resto

14 %

86 %

94 %

Corporación de 1971 Comisión Permanente Vieja guardia Resto

14 %

86 %

261

Pertenecientes a la Falange

Corporación de 1961

Corporación de 1964

Pertenecen a FET

Resto

Pleno Municipal

25 %

31 %

75 %

69 %

Corporación de 1967

Corporación de 1971

Pertenecen a FET

Resto

Pleno Municipal

38 %

50 %

62 %

Corporación de 1974 Pleno Municipal

Pertenecen a FET Resto

12 %

88 %

262

Las contradicciones internas y la modernización de la ciudad (1960-1975)

Pertenecientes a la Falange

Corporación de 1961

Corporación de 1964

Pertenecen a FET

Resto

Comisión Permanente

20 %

80 %

Corporación de 1967

Corporación de 1971

Pertenecen a FET

Resto

Comisión Permanente

29 %

43 %

71 %

57 %

Corporación de 1974 Comisión Permanente

Pertenecen a FET Resto

43 %

57 %

263

Miembros del Frente de Juventudes

Corporación de 1967 Comisión Permanente

Frente de Juventudes Resto

14 %

86 %

Corporación de 1974 Comisión Permanente

Frente de Juventudes Resto

29 %

71 %

264

Las contradicciones internas y la modernización de la ciudad (1960-1975)

Sectores sociales representados

Corporación de 1961

Corporación de 1964

Pleno Municipal

Funcionarios Profesionales liberales Industriales Comerciantes Agricultores / propietarios

Funcionarios Profesionales liberales Industriales Agricultores / propietarios Empleados

25 %

6% 32 %

25 %

38 %

Corporación de 1967

31 %

Corporación de 1971

Pleno Municipal

Funcionarios Profesionales liberales Industriales Agricultores / propietarios Empleados

Funcionarios Profesionales liberales Industriales Comerciantes Agricultores / propietarios Empleados

13 % 37 %

6% 13 %

6% 31 %

13 %

31 %

38 %

Corporación de 1974 Pleno Municipal

Funcionarios Profesionales liberales Industriales Comerciantes Empleados Amas de casa

6% 31 %

13 %

13 % 31 %

265

Sectores sociales representados

Corporación de 1961

Corporación de 1964

Comisión Permanente

Funcionarios Profesionales liberales Industriales

20 %

Funcionarios Profesionales liberales Industriales

20 %

40 %

60 %

Corporación de 1967

Corporación de 1971

Comisión Permanente

Funcionarios Profesionales liberales Industriales Agricultores / propietarios

14 %

29 %

57 % 14 %

14 %

15 %

43 %

Corporación de 1974 Comisión Permanente

Funcionarios Profesionales liberales Industriales Comerciantes

13 % 25 % 25 %

37 %

266

Las contradicciones internas y la modernización de la ciudad (1960-1975)

Sectores de edad

Corporación de 1961

Corporación de 1964

Pleno Municipal

1891-1900 (61-70) 1901-1910 (51-60) 1911-1920 (41-50) 1921-1930 (31-40) 1931-1940 (21-30)

Pleno Municipal

1891-1900 (64-73) 1901-1910 (54-63) 1911-1920 (44-53) 1921-1930 (34-43) 1931-1940 (24-33)

13 %

27 %

7% 7%

20 % 36 %

43 % 33 %

Corporación de 1967

Corporación de 1971

Pleno Municipal

1911-1920 (47-56) 1921-1930 (37-46) 1931-1940 (27-36)

1911-1920 (51-60) 1921-1930 (41-50) 1931-1940 (31-40)

25 % 37 %

50 %

43 %

38 %

Corporación de 1974 Pleno Municipal

1911-1920 (54-63) 1921-1930 (44-53) 1931-1940 (34-43) 1941-1950 (24-33)

7% 46 %

40 %

267

Sectores de edad

Corporación de 1961

Corporación de 1964

Comisión Permanente

1891-1900 (61-70) 1901-1910 (51-60) 1911-1920 (41-50) 1921-1930 (31-40)

1891-1900 (64-73) 1911-1920 (54-63) 1921-1930 (44-53)

20 %

25 %

40 %

25 %

20 % 50 % 20 %

Corporación de 1967

Corporación de 1971

Comisión Permanente

1911-1920 (51-60) 1931-1940 (31-40)

1911-1920 (47-56) 1921-1930 (37-46)

17 %

29 %

83 %

71 %

Corporación de 1974 Comisión Permanente

1911-1920 (54-63) 1921-1930 (44-53) 1931-1940 (34-43) 1941-1950 (24-33)

13 %

38 %

268

12 %

37 %

Las contradicciones internas y la modernización de la ciudad (1960-1975)

Hacienda municipal

Ingresos más importantes en pesetas corrientes. 1959-1974

40 000 000,00

Imposición municipal

35 000 000,00

Tasas y otros ingresos

25000 000,00

Subvenciones y participaciones en ingresos

20 000 000,00 15 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00

1974

1973

1972

1971

1970

1969

1968

1967

1966

1965

1964

1963

1962

1960

1959

0,00

Ingresos más importantes en pesetas constantes de 1974. 1959-1974

45 000 000,00

Imposición municipal

40 000 000,00

Tasas y otros ingresos

35 000 000,00

Subvenciones y participaciones en ingresos

30 000 000,00 25 000 000,00 20 000 000,00 15 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 1974

1973

1972

1971

1970

1969

1968

1967

1966

1965

1964

1963

1962

1960

1959

0,00

269

Hacienda municipal

Evolución de los tres ingresos. 1959-1974

180 000 000,00

En pesetas constantes

160 000 000,00

En pesetas corrientes

140 000 000,00 120 000 000,00 100 000 000,00 80 000 000,00 60 000 000,00 40 000 000,00 20 000 000,00 10 000 000,00 1974

1973

1972

1971

1970

1969

1968

1967

1966

1965

1964

1963

1962

1960

1959

0,00

Evolución del porcentaje de la suma de los tres ingresos respecto al total de los ingresos. 1959-1974

100 Porcentaje 80 60 40 20

270

1974

1973

1972

1971

1970

1969

1968

1967

1966

1965

1964

1963

1962

1960

1959

Las contradicciones internas y la modernización de la ciudad (1960-1975)

Hacienda municipal

Evolución en pesetas corrientes. 1959-1974

90 000 000,00

Suma de los tres ingresos

80 000 000,00

Total de ingresos

70 000 000,00 60 000 000,00 50 000 000,00 40 000 000,00 30 000 000,00 20 000 000,00 10 000 000,00

1974

1973

1972

1971

1970

1969

1968

1967

1966

1965

1964

1963

1962

1960

1959

0,00

Evolución en pesetas constantes de 1974. 1959-1974

100 000 000,00

Suma de los tres ingresos Total de ingresos

80 000 000,00 60 000 000,00 40 000 000,00 20 000 000,00

1974

1973

1972

1971

1970

1969

1968

1967

1966

1965

1964

1963

1962

1960

1959

0,00

271

Hacienda municipal

Desglose de la imposición municipal en pesetas corrientes. 1959-1974

14 000 000,00

Impuestos directos

12 000 000,00

Impuestos indirectos

10 000 000,00 8 000 000,00 6 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00

1974

1973

1972

1971

1970

1969

1968

1967

1966

1965

1964

1963

1962

1960

1959

0,00

Desglose de la imposición municipal en pesetas constantes de 1974. 1959-1974

16 000 000,00

Impuestos directos

14 000 000,00

Impuestos indirectos

12 000 000,00 10 000 000,00 8 000 000,00 6 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00

272

1974

1973

1972

1971

1970

1969

1968

1967

1966

1965

1964

1963

1962

1960

1959

0,00

Las contradicciones internas y la modernización de la ciudad (1960-1975)

Conclusiones

Cuando el 25 de marzo de 1938 el ejército rebelde logró romper el asedio al que la ciudad de Huesca fue sometida durante veinte meses por el ejército de la República, el humo y las bombas se alejaron para siempre de la capital oscense, que pasó a integrase en la zona de retaguardia. Aquel triunfo supuso la consolidación del modelo administrativo que los sublevados impusieron con las armas en la mano el 19 de julio de 1936, cuando tomaron la ciudad sin mayor oposición. Al igual que en la Italia fascista de los años veinte y treinta, aquel sistema de organización de la política local trajo consigo la destrucción de cualquier tipo de autonomía local, por mínima que esta fuese, en los tres sentidos en los que podía darse: el financiero, el administrativo y el político. En última instancia, el triunfo de Franco conllevó simultáneamente la muerte del liberalismo municipal, fuese o no democrático.

275

Frente a las corrientes historiográficas que han querido ver en la victoria franquista la restauración del caciquismo y los intereses oligárquicos de antaño, lo cierto es que el caso oscense muestra con claridad que desde enero de 1938 comenzó a llegar al poder municipal una nueva clase política sin ningún tipo de experiencia previa que, sin embargo, convivió durante toda la posguerra con un grupo de gestores —ligados especialmente a los intereses agrarios de la provincia— con cierta veteranía política —procedentes de partidos de derechas de la II República o de la dictadura de Primo de Rivera, e incluso alguno perteneciente a los partidos del turno— que, si bien ocuparon los principales cargos municipales hasta la celebración de las primeras elecciones por tercios y conservaron la alcaldía hasta 1953, tuvieron que modificar en profundidad sus lealtades para conseguir instalarse cómodamente en el poder. En este sentido, no me parece que la dictadura de Franco supusiese ninguna clase de restauración en el caso del Ayuntamiento oscense, excepto si entendemos por ella la mera recuperación del poder político por parte de aquellos sectores económica y socialmente privilegiados que fueron apartados de él durante la II República. A decir verdad, en esos momentos las antiguas élites locales volvieron a los principales puestos de las Administraciones periféricas, pero dejaron de actuar como intermediarios entre la población y la Administración central para convertirse en meros gestores sin ningún tipo de poder de interposición entre una y otra, tal y como quedó demostrado con la depuración del funcionario municipal José María Lacasa Escartín, primo hermano del entonces alcalde. Los cuadros políticos intermedios fueron seleccionados por la maquinaria gubernativa según la idoneidad de sus antecedentes de preguerra, pero sobre todo por su contribución al esfuerzo bélico. La fidelidad a la victoria se convirtió de ese modo en el elemento fundamental para dar cohesión al personal político que se aglutinó inicialmente alrededor de la militancia en el Partido Único. Bajo estas circunstancias, gobernada por personas absolutamente fieles a la jerarquía gubernativa que las había aupado hasta ella, la Corporación municipal desarrolló una gestión caracterizada tanto por su sólida estabilidad como por una mínima y absolutamente controlada actividad, sin proyección ni horizontes, por espacio de dos décadas. Pasada la II Guerra Mundial, y una vez superado el peor momento del ostracismo internacional, se regularizó la renovación de los consistorios, que desde entonces se realizaría mediante elecciones por tercios corporativos completamente teledirigidas

276

Conclusiones

por el Estado gracias a la Secretaría General del Movimiento y el Ministerio de la Gobernación. A través de lo que la propia dictadura denominó democracia orgánica, el régimen trató de implicar en la Administración local no solo a quienes habían simpatizado, más o menos, con la causa nacional durante la guerra, sino a todos aquellos que, sin haber vivido la experiencia bélica, eran leales a Franco y al Movimiento porque les debían su bienestar personal o porque no habían conocido otra cosa y se habían amoldado a una cotidianidad en la que no les iba mal. Con la implicación en los gobiernos locales de todas estas personas, el sistema, y sobre todo Franco, se aseguró una base social ampliada que le permitiese perpetuar de una forma controlada y burocratizada, adaptada a los tiempos de paz, la movilización que logró alcanzar en los tiempos de guerra. Obviamente, las elecciones municipales no fueron el único instrumento del que se sirvió el Caudillo para construir un amplio bloque de apoyo, franquista y ya no solo nacional, a su dictadura: la participación en el Partido Único, en el entramado sindical, en la renovada burocracia, en los órganos de prensa local y comarcal, etcétera, todo le sirvió al jefe del Estado para organizar el consenso mínimo que garantizase la buena marcha del régimen cuando el miedo de los vencidos fuese cediendo en intensidad y el número de los vencedores descendiendo en cantidad. La situación de precario equilibrio entre la actividad municipal y las necesidades de los ciudadanos que se mantuvo en la larga posguerra se cerró de manera definitiva en el tránsito de los cincuenta a los sesenta. El crecimiento demográfico y la necesidad de modernizar la ciudad desbordaron ampliamente la ya de por sí pobre capacidad de reacción de un Ayuntamiento diseñado en la posguerra con el objetivo de controlar a la población y contribuir a la forja de un necesario consenso y no de gestionar con eficacia la ciudad. Así, aunque el desarrollismo trajo consigo innegables mejoras en el volumen de ingresos que manejaba la hacienda municipal y la llegada al Pleno de una serie de personas más interesadas en la correcta administración de esos recursos que en la veneración de caducas ideologías, lo cierto es que el Concejo siguió siendo incapaz de generar los fondos suficientes para afrontar con solvencia la multiplicación de necesidades que se estaba produciendo. En este sentido, el problema venía de lejos y era estructural, es decir, el Consistorio oscense, y los de toda España, no podían disponer del dinero necesario para

277

abordar todos los problemas de sus ciudadanos porque el régimen cercenó absolutamente su autonomía para evitar que surgieran en ellos focos de oposición a lo establecido por la Administración central. Las leyes franquistas habían concebido los ayuntamientos según un modelo que era incompatible con su capacidad para gestionarse adecuadamente; por eso, cuanto más se intentó optimizar la Administración municipal, más evidente se hizo la necesidad de una mayor autonomía en la toma de decisiones. Frente a lo sucedido en otras localidades españolas, en Huesca esas limitaciones municipales no acabaron generando protestas vecinales que arremetieran contra la gestión de la Corporación al calor de la relativa libertad de crítica que se abrió en ese ámbito con la aprobación de la nueva Ley de Prensa de Manuel Fraga. A decir verdad, el que la capital altoaragonesa quedase fuera del intenso proceso de industrialización vivido en diferentes zonas del país hizo que no se produjese una transformación de su estructura social y evitó el surgimiento de focos opositores y de movimientos sociales alrededor de los cuales pudiese articularse cualquier tipo de crítica hacia las instituciones del régimen. A la altura de 1975 se daban en la pequeña ciudad de Huesca diversos fenómenos que la alineaban con la modernidad, entre los que cabe destacar la recepción de un importante flujo migratorio procedente de las zonas agrícolas de la provincia, el hecho de disponer de agua corriente y electricidad en todos los hogares, la articulación en torno a un Plan General de Ordenación Urbana y el aumento de la demanda social para recibir educación media y superior. Sin embargo, la esencia, y en muchos casos las formas, del régimen político que la envolvía respondía a una realidad que en el resto de Europa había sido barrida por la historia nada más finalizar la II Guerra Mundial. Cuando Franco murió, el sistema político que giraba a su alrededor también lo hizo. Esa historia ya no es objeto de estudio de este libro, aunque sin ella no habría sido posible sacarlo adelante. •

278

Conclusiones

Notas

1. Carlos Domper Lasús es miembro del proyecto de investigación Continuidad y cambio en el comportamiento político de los españoles en el segundo franquismo y la transición desde una perspectiva comparada (19661982) (HAR2012-36528), dirigido por Miguel Ángel Ruiz Carnicer y financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. 2. Alonso (1986). 3. La tesina fue leída en 1991 y posteriormente publicada en Cifuentes y Maluenda (1995). 4. Este autor leyó su tesis sobre las instituciones turolenses durante el franquismo en 1991. Posteriormente su estudio fue publicado en Sánchez Brun (2002). 5. Sabio (1990). 6. Salomón (1992). 7. Cenarro (1997). 8. Dos problemas que ya señaló a principios de los noventa Julio Aróstegui (1992) y que, a pesar de los enormes avances, volvió a constatar en fechas recientes Julián Sanz Hoya (2013).

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9. Discurso de Franco al Consejo Nacional del Movimiento el 17 de julio de 1945. Nueva España, 18 de julio de 1945, p. 4. 10. La información sobre los actos conmemorativos de la sublevación militar, incluido el entrecomillado, en Nueva España, 19 de julio de 1945, p. 2. 11. Las referencias relacionadas con la venta de cerveza en el bar Oscense, en Nueva España, 19 de julio de 1945, p. 2. 12. Boletín Oficial del Estado, 18 de julio de 1945, n.º 199, pp. 358-360. 13. Preston (2005: 585). 14. Artículo 33 del Fuero de los Españoles, Boletín Oficial del Estado, 18 de julio de 1945, n.º 199, pp. 358-360. 15. Boletín Oficial del Estado, 14 de septiembre de 1945, n.º 257, p. 1726. 16. Boletín Oficial del Estado, 24 de octubre de 1945, n.º 297, p. 2522. 17. Nueva España, 15 de julio de 1945, p. 1. 18. Los entrecomillados, en el Decreto 255, de 19 de abril de 1937, Boletín Oficial del Estado, 20 de abril de 1937, n.º 182, pp. 1033-1034. 19. Sánchez Recio (2008: 43 y 90-91). 20. Tomo el concepto de Sánchez Recio (1993 y 1996: 27-31). 21. La invasión alemana de Austria primero y la de los Sudetes checoslovacos después. 22. Entiendo por institucionalización «aquellas normas, mecanismos y estructuras destinadas a regular el conflicto, los procedimientos usados para reducir o ampliar la capacidad exclusiva o incluyente del Estado y, lo que es fundamental, resolver oportuna y adecuadamente el problema de la sucesión, es decir, la continuidad de la dominación autoritaria por las mismas élites —y, eventualmente, por los mismos individuos— y con los mismos objetivos y prioridades económicas y políticas» (Huneeus, 1981: 104). 23. Este es el término con el que durante el franquismo se hacía alusión a aquellos que habían formado parte de la Falange con anterioridad al golpe de Estado. 24. Moreno y Sevillano (2000: 712). 25. Todo lo dicho hasta aquí, salvo referencia expresa, es un resumen de las tesis, mucho más amplias, contenidas en Preston (2005: 256-613), Moradiellos (2003: 69-80), Casanova (2007: 339-373) y Casanova y Gil (2010: 203-258). 26. Canales (2006). 27. Sánchez Recio (1999: 46). La Ley de la Administración Central del Estado de 30 de enero de 1938 afirmaba en este sentido que correspondía al jefe del Estado «la suprema potestad de dictar las normas jurídicas de carácter general», y la Ley de Reorganización de la Administración Central del Estado de 8 de agosto de 1939 añadía que, «radicando en él de modo permanente las funciones de gobierno, sus disposiciones y resoluciones, adopten la forma de leyes o de decretos, podrán dictarse aunque no vayan precedidas de la deliberación del Consejo de Ministros, cuando razones de urgencia así lo aconsejen». Boletín Oficial del Estado, 31 de enero de 1938, n.º 467, pp. 5514-5515, y 9 de agosto de 1939, n.º 221, pp. 4326-4327. 28. Entiendo por bloque de poder lo que Manuel Tuñón de Lara define como una alianza constituida para tomar el poder y ejercerlo. Miralles y Granja (1994: 119). 29. Tanto la información sobre el avance de las tropas sublevadas como el entrecomillado y el titular de la noticia relacionada con la constitución del nuevo Ayuntamiento, en Nueva España, 8 de enero de 1938, pp. 2 y 4. 30. González Madrid (2009: 218). El entrecomillado, también en esta página. 31. Marín (2000: 50-51). 32. «Mientras se realicen los trabajos encaminados a la organización del Nuevo Estado totalitario, se irá dando realidad a los anhelos nacionales de que participen en los organismos y servicios del Estado los componentes de

282

Notas

Falange Española Tradicionalista y de las JONS para que les impriman un ritmo nuevo». Boletín Oficial del Estado, 20 de abril de 1937, n.º 182, p. 1034. 33. «El Caudillo designará para cada provincia a un solo militante. Estos jefes, con plena autoridad y responsabilidad, serán los encargados de transmitir a las Falanges Locales, enclavadas en su Provincia, las decisiones del Jefe Nacional del Movimiento, velando por el exacto cumplimiento de las mismas». Boletín Oficial del Estado, 7 de agosto de 1937, n.º 291, pp. 2739-2740. Este punto no sufrió alteración alguna en los estatutos modificados, adaptados a la situación de paz, que fueron aprobados el 31 de julio de 1939. Boletín Oficial del Estado, 4 de agosto de 1939, n.º 216, p. 4241. 34. Esta orden fijó el número de concejales que habrían de tener las corporaciones, las condiciones que debían reunir aquellos que aspiraran a formar parte de ellas, la obligación del gobernador civil de pedir asesoramiento al jefe provincial de FET y de las JONS para realizar sus propuestas y la necesidad de que participasen en los organismos provinciales y municipales los componentes de FET y de las JONS. Boletín Oficial del Estado, 3 de noviembre de 1937, n.º 379, pp. 4156 y 4157. 35. Marín (2000: 82-83) y Sanz Hoya (2008). 36. Cenarro (1997: 108-109). 37. González Madrid (2009: 235-236). 38. Sanz Hoya (2008). 39. Cenarro (1997: 106-107 y 116-117). 40. Sanz Hoya (2008). 41. Antonio Vallés Otín, Emilio Miravé Acebillo, Felipe Solanes López, Justo Pérez Arnal, Miguel Mingarro López, Jesús Allué Esteve y José Gil Cávez. 42. José Gil Cávez, Román Oliván Betrán, Felipe Solanes López, Ildefonso San Agustín Mur y Domingo Udina Latre. 43. Toda la información sobre el conflicto entre Pedro Morales Pleguezuelo y José Antonio Martínez Barrado por la composición de la gestora municipal oscense, así como las indagaciones del subsecretario del Interior Juan José Lorente Sanz acerca de la composición de la gestora oscense, la recoge Ángela Cenarro (1997: 125-126 y n. 106 y 107). 44. La información referente a este asunto la obtengo del informe que el delegado provincial de Auxilio Social envió al jefe provincial del Movimiento el 5 de octubre de 1939 y de la carta que el último dirigió 4 días después al secretario general del Movimiento. Ambos documentos, en AGA (9) 17.10 51/20502. 45. Partiendo de estos supuestos se ha establecido una clara diferencia con la Italia de Mussolini, donde, como explicó hace ya tiempo la profesora Ángela Cenarro (1997: 114), las dos figuras nunca se fundieron y el partido fascista consiguió tener gran capacidad de influencia en el nombramiento y el traslado de los prefetti —equivalentes a los gobernadores civiles—, de manera que pudo mantenerlos o deshacerse de ellos según su disposición a subordinarse a su autoridad. 46. Sanz Hoya (2008). 47. He analizado con detalle uno de estos enfrentamientos en Domper (2010). 48. El surgimiento de esta élite conservadora y tradicional que logró desplazar del poder a los caciques liberales que lo habían ostentado, casi sin interferencias, desde el Sexenio Democrático ha sido abordado en dos artículos por Antonio Alcusón Sarasa (2007a y 2009). Igualmente interesante resulta su trabajo de DEA (Alcusón, 2007b). Para su evolución posterior durante el periodo republicano véase Azpíroz (1990: 407-410 y 1993: 155-243). Finalmente, yo mismo he abordado en un artículo (Domper, 2011) la vuelta de este grupo al poder municipal tras el triunfo de la sublevación militar. 49. Cobo y Ortega (2005: 61). 50. Tomo esta acertada expresión de González Madrid, Ortiz y Rodrigo (1999). 51. Canales (2006: 113-116).

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52. El origen y el desarrollo de esta élite dirigente en Huesca y su provincia no ha sido prácticamente estudiado hasta el momento, si exceptuamos las páginas que Ángela Cenarro (1997: 57-199) dedica a la configuración del nuevo poder político en Aragón tras el inicio de la Guerra Civil. Por otro lado, yo mismo he investigado sobre el modo en que esta élite se aglutinó en torno a una institución cultural (Domper, 2010). 53. AGA (9) 17.10 51/20502, parte de abril de 1941. 54. Los dos primeros entrecomillados, en AGA (9) 17.10 51/20502, parte de febrero de 1941; el tercero, en AGA (9) 17.10 51/20503, parte de enero de 1941. 55. El mencionado informe de José Luna Meléndez, en AGA (9) 17.10 51/20502. 56. Sánchez Recio (2003 y 2008: 62-67). 57. Desde muy joven estuvo vinculado a la cofradía de la Vera Cruz, en 1929 fundó la Cofradía del Perdón y posteriormente sería cofundador de la Hermandad de Excombatientes y Excautivos de Nuestro Padre Jesús Nazareno, junto con Mariano Alegre, Gregorio Cabrero, Joaquín Cañiz, Emilio Miravé, Antonio Godé y José María Guarda. Esta hermandad tenía su sede en la Delegación Provincial de Excombatientes y Excautivos y su principal objetivo era «mantener vivos en nuestro espíritu aquellos sentimientos de religiosidad, cuya defensa fue el nervio y razón de ser de nuestra Cruzada». Toda la información sobre la Hermandad de Excombatientes y Excautivos de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en la página web www.nazarenohuesca.es (consultada el 12 de agosto de 2010). El entrecomillado, en la carta que los fundadores dirigieron a los excombatientes y los excautivos de la ciudad en 1939. 58. La información sobre José María Lacasa Coarasa aquí citada, en Brioso (2004a) y en el informe enviado por Manuel Pamplona Blasco, jefe provincial del Partido, a la Secretaría General del Movimiento el 13 de mayo de 1946 con motivo del nombramiento de Lacasa como procurador en Cortes, en AGA (9) 17.10 51/20700. 59. José María Lacasa Coarasa, Jesús Allué Esteve, Vicente Ferrer Olivera, José Gil Cávez —que se incorporó a la gestora el 4 de mayo de 1938 por haber estado hasta ese momento combatiendo en el frente (AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 4 de mayo de 1938)—, Pedro Mallada Gosá, Adolfo Maza Ubieto, Miguel Mingarro López, Emilio Miravé Acebillo, Justo Pérez Arnal, Pablo Ramón Piedrafita, Agustín Soler Chías, Juan Tormo Cervino y Felipe Solanes López. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 7 de enero de 1938, f. 86v. Esta gestora provisional —con algunas remodelaciones, como la del 8 de noviembre de 1939, que trataremos más delante, o las realizadas el 16 de abril de 1946, con la incorporación de dos nuevos concejales (Daniel Fernando Gosá y Jesús Sauras Barlés), y el 28 de marzo de 1947, con el nombramiento de Vicente Campo Palacio como alcalde— será la que llegue a las primeras elecciones por tercios celebradas en Huesca, las de 1948. 60. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 25 de mayo de 1938, f. 35r. 61. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 27 de septiembre de 1939, f. 78v. 62. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 8 de noviembre de 1939, f. 9v. La comunicación en la que el gobernador civil transmite al Pleno del Ayuntamiento la decisión tomada por la Subsecretaría de la Gobernación está fechada el 3 de noviembre de ese mismo mes, según la información que aparece en el acta citada. 63. La información sobre ambos gestores, en los informes que FET-JONS y la Guardia Civil emitieron sobre los dos antes de que fueran nombrados concejales. AGA (8) 01.03 44/2541. 64. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 15 de junio de 1943, ff. 194v-195r. 65. Toda la información sobre José Gil Cávez —excepto los datos relativos al triunvirato, que obtengo de Benito (2009)—, en el informe realizado por FET-JONS el 29 de abril de 1943. AGA (8) 01.03 44/2541. 66. José María Lacasa Coarasa, José Gil Cávez, Adolfo Maza Ubieto, Miguel Mingarro López, Emilio Miravé Acebillo y Agustín Soler Chías. 67. Jesús Allué Esteve, Vicente Ferrer Olivera, Pedro Mallada Gosá, Justo Pérez Arnal, Pablo Ramón Piedrafita, Felipe Solanes López y Juan Tormo Cervino. 68. Marín (2000: 126-127).

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Notas

69. Tan solo lo tenía el catedrático valenciano del instituto de enseñanza media Juan Tormo Cervino, que había sido nombrado presidente de la Juventud de Acción Popular del Alto Aragón en 1935. 70. José María Lacasa, Adolfo Maza Ubieto, Emilio Miravé Acebillo y, desde noviembre de 1939, Agustín Soler Chías. 71. José María Lacasa (presidente), Adolfo Maza Ubieto (primer teniente de alcalde y presidente de la Comisión de Policía Urbana), Juan Tormo Cervino (segundo teniente de alcalde y presidente de la Comisión de Administración y Gobierno), Vicente Ferrer Olivera (tercer teniente de alcalde y presidente de la Comisión de Hacienda —cosa lógica, dado que era director del Banco Aragonés de Crédito en Huesca—) y Emilio Miravé Acebillo (cuarto teniente de alcalde y presidente de la Comisión de Policía Rural). AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 7 de enero de 1938. 72. Gaceta de Madrid, 1 de noviembre de 1935, n.º 305. 73. Para cubrir la baja del primer teniente de alcalde, Adolfo Maza Ubieto, se nombró al confitero y antiguo miembro del Partido Liberal Monárquico Agustín Soler Chías. AMH, actas del Pleno municipal, sesión ordinaria del 15 de noviembre de 1939. 74. González Madrid (2009: 229-230). 75. Arco (2007: 264); Cobo y Ortega (2005: 51); González Madrid (2009: 223). 76. Moreno y Sevillano (2000: 709 y 719-721). 77. González Madrid (2009: 242-243). 78. Cobo y Ortega (2005: 58). 79. El sometimiento de las instituciones locales por la Administración central durante el franquismo ha sido abordado por el profesor Martí Marín (1995). 80. La información sobre el bombardeo sufrido por la ciudad el 24 de marzo de 1938, en Buesa et alii (1993: 297). La ciudad de Huesca fue duramente bombardeada. En concreto los proyectiles cayeron sobre ella en ciento treinta y siete ocasiones, lo cual provocó además de importantes destrozos materiales, ochenta y tres muertos y noventa y siete heridos. Esta información y un interesante estudio sobre los bombardeos en Aragón durante la Guerra Civil, en Maldonado (2006); la información sobre muertos y heridos en Huesca por esta causa, en p. 153. 81. Nueva España, 25 de marzo de 1938, p. 1. 82. Nueva España, 26 de marzo de 1938, p. 1. 83. Los bombardeos afectaron a los cuarteles, la escuela normal, el colegio de San Vicente, el colegio de Santiago, el instituto de segunda enseñanza, la prisión provincial, Correos y Telégrafos, el manicomio, el teatro Principal, la Diputación Provincial, el pabellón de tuberculosos y muchos más edificios, incluidos iglesias, ermitas y conventos. Azpíroz (2007: 56). Véase igualmente AMH, exp. 4406 (sec. 1.ª). 84. Gracias a esta labor, entre octubre de 1942 y diciembre de 1944 se llegaron a liquidar diversos débitos por un total de 140 095,70 pesetas. De igual modo, por deudas de fondos carcelarios se logró cobrar de otros ayuntamientos 10 800 pesetas en 1942 y 48 300 en 1943, cantidad esta última de la que más de 47 000 pesetas correspondían a atrasos. 85. Todos los datos que cito aquí sobre la economía municipal, así como los entrecomillados de los dos párrafos, en el estudio de la situación hacendística del Ayuntamiento de Huesca entre 1940 y 1952 que José María Lacasa Coarasa presentó al Pleno Municipal en abril de 1952. AMH, exp. 10828. 86. Barciela et alii (2001: 58-59). 87. Gónzalez Madrid y Martínez Lozano (2008). En este sentido, el concejal Vicente Ferrer Olivera propuso en la sesión ordinaria del Pleno del 30 de enero de 1940 que la intervención municipal estudiara la posibilidad de subir las tarifas de las ordenanzas. En su informe posterior, el interventor comunicaba al Pleno que las tarifas de las exacciones municipales respondían «a los preceptos de las disposiciones vigentes», matizando además que en algunos casos, como la exacción de obras, los tipos de adeudo eran «tal vez excesivos en relación con la capacidad contributiva de la población».

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Por otro lado, comentaba que, «si estas ordenanzas no rinden lo que debieran, no debe imputarse a los tipos de adeudo que tienen, sino más bien a la falta de cuidado de los Agentes que tienen sus servicios en la calle». En su opinión, «la mayoría de los recursos concedidos por las disposiciones vigentes los constituyen los derechos y tasas, que según el 370 del Estatuto municipal están limitados al coste del servicio, y al exceder los productos de estos o se recaude mayor cantidad que los gastos, se rebajen las tarifas en proporción a la cuantía del exceso. Luego ninguna modificación puede hacerse en estas de no ser a la baja». Sin embargo, a pesar de todo, finalizaba su informe proponiendo una subida en la tarifa del agua, en la de compra y renovación de sepulturas y en la de utilización de evacuatorios subterráneos, así como el cobro de una cantidad mensual por el servicio de recogida de basuras. Tanto la propuesta de Vicente Ferrer Olivera como el informe del interventor del Ayuntamiento, del 10 de febrero de 1940, en AMH, exp. 10302. 88. Azpíroz (1990: 399-400). 89. Para realizar esta operación el Ayuntamiento aprobó un presupuesto extraordinario en mayo de 1941. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 14 de mayo de 1941, ff. 195v-197v. La información sobre los detalles de la operación y el modo en que se invirtió el dinero, en el informe de José María Lacasa Coarasa sobre la situación económica del Ayuntamiento entre 1940 y 1952. AMH, exp. 10828. 90. Decreto de 21 de junio de 1940, Boletín Oficial del Estado, 4 de agosto de 1940, n.º 217, p. 5405. 91. Informe de José María Lacasa Coarasa sobre la situación económica del Ayuntamiento entre 1940 y 1952. AMH, exp. 10828. 92. Boletín Oficial del Estado, 31 de enero de 1938, n.º 467, pp. 5514-5515. 93. Boletín Oficial del Estado, 1 de octubre de 1939, n.º 274, pp. 5489-5490. 94. En total fueron cuarenta y una las localidades aragonesas que se acogieron a los beneficios de la adopción. 95. Aragón figura en primer lugar en la estadística de destrucciones por regiones, nada menos que con 13 800 expedientes, seguida de Cataluña con unos 12 000 y Madrid con 6534. 96. Sabio (2006a: 219). 97. Para una aproximación a este asunto, Alcalde (2010). 98. Ruiz Carnicer y Cenarro (1993: 332). 99. Boletín Oficial del Estado, 22 de octubre de 1939, n.º 295, p. 5915. Sobre la adopción de Teruel por el Caudillo puede verse Sánchez Brun (2002: 241-247). Un estudio mucho más profundo de este asunto, en López Gómez (1988). 100. Boletín Oficial del Estado, 4 de agosto de 1940, n.º 217, p. 5405. Los bienes de la Diputación Provincial de Huesca también fueron adoptados por el Caudillo, en este caso por un decreto de 12 de enero de 1940. Boletín Oficial del Estado, 24 de enero de 1940, n.º 24, p. 609. 101. Toda la información que he utilizado aquí sobre Regiones Devastadas es un resumen de las tesis, más amplias, expuestas en el artículo de López Gómez (2006). Resulta igualmente interesante un libro publicado con anterioridad sobre este mismo tema por el mismo autor (López Gómez, 1995). Toda la información relativa a las obras realizadas en este periodo en Huesca por la citada entidad, en el informe de José María Lacasa Coarasa sobre la situación económica del Ayuntamiento entre 1940 y 1952. AMH, exp. 10828. 102. Ley de 10 de febrero de 1939, Boletín Oficial del Estado, 14 de febrero de 1939, n.º 45, pp. 856-859. 103. El Ayuntamiento recibió la orden del gobernador civil de iniciar la causa en la sesión del 11 de diciembre de 1936 (AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 11 de diciembre de 1936), y el proceso finalizó el 17 de octubre de 1939, fecha en la que el Pleno, a través del gobernador civil, recibió la decisión tomada por el Ministerio de la Gobernación con relación al expediente de José María Lacasa Escartín (sesión ordinaria del 17 de octubre de 1939). El corpus administrativo en torno al cual se desarrollaron las incoaciones y las posteriores sanciones de los funcionarios municipales fue el siguiente: Decreto 101, de 8 de septiembre de 1936, Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, 12 de septiembre de 1936, n.º 20; Decreto 108, de 13 de septiembre de 1936, Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, n.º 22, 16 de septiembre de 1936, n.º 22; Decreto-Ley de 5 de diciembre de 1936, Boletín Oficial del Estado, 9 de diciembre de 1936, n.º 51; Orden de 2 de enero de 1937, Boletín Oficial del Estado, 5 de enero de 1937, n.º 77; Orden de 9 de diciembre de 1938, Boletín Oficial de la Provincia

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Notas

de Huesca, de 26 de diciembre de 1938, n.º 243; Ley de 10 de febrero de 1939, Boletín Oficial del Estado, 14 de febrero de 1939, n.º 45; Orden de 12 de marzo de 1939, Boletín Oficial del Estado, 14 de marzo de 1939, n.º 73. 104. La depuración del personal administrativo del Ayuntamiento de Zaragoza ha sido abordada por Julia Cifuentes y Pilar Maluenda (1995: 97-106), y la del de la capital turolense la ha estudiado Gaudioso Sánchez Brun (2002: 237-240). En este caso el proceso fue diferente porque la ciudad fue tomada por los republicanos y recuperada poco después por los sublevados. 105. Ambos entrecomillados, en AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 12 de junio de 1939, f. 49v. 106. Contra la destitución de Félix Satué Antoni votaron Jesús Allué Esteve, Vicente Ferrer Olivera, José Gil Cávez, Miguel Mingarro López, Emilio Miravé Acebillo, Justo Pérez Arnal, Pablo Ramón Piedrafita, Agustín Soler Chías y Adolfo Maza Ubieto. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 12 de junio de 1939, f. 52v. Contra la de Francisco Ruiz Alcocer votaron Adolfo Maza Ubieto, José Gil Cávez, Justo Pérez Arnal, Miguel Mingarro López y Pablo Ramón Piedrahita. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 12 de junio de 1939, ff. 52v-53r, y sesión extraordinaria del 10 de julio de 1939, ff. 63v-64r. Contra la de Jesús Allué Azón, Adolfo Maza Ubieto, José Gil Cávez, Miguel Mingarro López, Justo Pérez Arnal y Pablo Ramón Piedrahita. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 10 de julio de 1939, f. 64v. 107. Arturo Lacasa Oliván, hijo de José María Lacasa Escartín, calificó de este modo la relación existente entre ambos en la conversación que mantuve con él el 26 de julio de 2010. 108. La información sobre las cargas familiares la proporcionó José Gil Cávez. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 10 de julio de 1939, f. 65r. 109. El Porvenir entre 1912 y 1920, La Tierra entre 1920 y 1928, Montearagón en 1927, Tierra aragonesa entre 1929 y 1931 y El Radical entre 1931 y 1932. 110. La información según la cual José María Lacasa Escartín se incorporó al periódico El Pueblo tras serle denegada su admisión en el diario La Tierra la obtengo de las palabras de Miguel Mingarro López. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 10 de julio de 1939, f. 65v. 111. Antes había ejercido como oficial de arbitrios e impuestos y como oficial administrativo de segunda. 112. Previamente había rechazado una muy buena oferta económica para dirigir un periódico de tendencia comunista en la provincia de Zaragoza. 113. Toda la información que aquí cito sobre José María Lacasa Escartín procede, salvo que indique lo contrario, de la entrevista que mantuve con su hijo Arturo Lacasa Oliván el 26 de julio de 2010 y de los estudios inéditos escritos por él José María Lacasa Escartín: periodista, que puede consultarse en la biblioteca del Instituto de Estudios Altoaragoneses, y Mirando atrás, donde narra con todo lujo de detalles la experiencia vital de su madre y su padre en la guerra. 114. Estos argumentos fueron repetidos una y otra vez, de distintas maneras, durante las dos sesiones extraordinarias que se dedicaron a tratar el expediente de depuración de José María Lacasa Escartín. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 10 de julio de1939, ff. 63r-67v, y sesión extraordinaria del 17 de julio de 1939, ff. 69v-76v. 115. Todos los entrecomillados del párrafo son palabras de Juan Tormo Cervino y pueden consultarse en AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 17 de julio de 1939, f. 70r-v. 116. A favor de la continuidad de Lacasa Escartín votaron Adolfo Maza Ubieto, Justo Pérez Arnal, Miguel Mingarro López, José Gil Cávez, Pablo Ramón Piedrafita y Agustín Soler Chías; en contra, Jesús Allué Esteve, Vicente Ferrer Olivera, Pedro Mallada Gosa, Emilio Miravé Acebillo y Juan Tormo Cervino. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 10 de julio de 1939, f. 67r. 117. La propuesta de sanción, en AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 10 de julio de 1939, f. 65r; la votación, en la sesión extraordinaria del 17 de julio de 1939, f. 70r. 118. Votaron contra la propuesta Jesús Allué Esteve, Vicente Ferrer Olivera, Pedro Mallada Gosá, Emilio Miravé Acebillo, Agustín Soler Chías y Juan Tormo Cervino; a favor, Adolfo Maza Ubieto, Justo Pérez Arnal, José Gil Cávez,

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Miguel Mingarro López y Pablo Ramón Piedrafita. Tanto la propuesta como la votación, en AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 17 de julio de 1939, f. 74r. 119. A favor de la iniciativa votaron Adolfo Maza Ubieto, Justo Pérez Arnal, José Gil Cávez, Miguel Mingarro López, Pablo Ramón Piedrafita y Agustín Soler Chías; en contra, Jesús Allué Esteve, Vicente Ferrer Olivera, Pedro Mallada Gosá, Emilio Miravé Acebillo y Juan Tormo Cervino. Tanto la propuesta como la votación, en AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 17 de julio de 1939, f. 74v. 120. En esta acción lo siguieron Jesús Allué Esteve, Vicente Ferrer Olivera, Emilio Miravé Acebillo y Pedro Mallada Gosá, como puede comprobarse en AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 10 de julio de 1939, ff. 66v y 67r. 121. Los entrecomillados referentes a la propuesta de Tormo Cervino, en AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 17 de julio de 1939, ff. 75v-76r. 122. Los dos últimos entrecomillados de este párrafo, en AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 17 de julio de 1939, f. 76r. 123. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 18 de octubre de 1939, f. 2v. 124. Ambos entrecomillados en, AMH, exp. 2959. 125. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 12 de junio de 1939, f. 49r. 126. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 21 de junio de 1939, f. 57v. 127. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 14 de junio de 1939, f. 53v. 128. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 19 de julio de 1939, f. 76v. El gobernador civil de la provincia ordenó poco tiempo después a Juan Tormo Cervino continuar en su cargo, como aparece reflejado en el acta de la sesión ordinaria del 26 de julio de 1939, f. 78v. 129. Ambos entrecomillados, en AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 19 de julio de 1939, ff. 76v-78v. 130. Miguel Ángel Ruiz Carnicer y Ángela Cenarro (1993: 320) han hablado de la existencia de un proceso de falangización durante los años cuarenta para referirse al predominio de una simbología y una tradición meramente formal del falangismo prebélico que jamás se tradujo en la renovación de las formas de gobernar, dado el peso de los viejos políticos vinculados a los intereses de la gran propiedad agrícola en los cargos de mayor responsabilidad. En opinión de ambos autores, el citado proceso fue fundamentalmente una muestra de la omnipresencia de las élites falangistas en la burocracia que consolidó el régimen. 131. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 20 de enero de 1942, f. 104v. 132. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 20 de mayo de 1943, f. 184v. 133. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 20 de mayo de 1943, f. 187v. 134. AGA (9) 17.10 51/20502, consulta del jefe provincial a la Delegación Nacional de Provincias, 5 de febrero de 1941. 135. El dato de las bajas por impago de cuotas en el Alto Aragón, en Cenarro (1997: 89). 136. La información sobre el asunto, así como los entrecomillados, en la carta que Blas del Cerro envió a la Delegación Nacional de Provincias el 20 de abril de 1940. AGA (9) 17.10 51/20502. 137. Todos los datos sobre la actuación del Ayuntamiento con relación a este caso, así como los entrecomillados, en AMH, exp. 4388. 138. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 17 de abril de 1945, f. 168r. La cursiva es mía. 139. El entrecomillado, en Moradiellos (2003: 104). 140. Para una visión general de la violencia en la España de Franco y sus consecuencias véase Casanova et alii (2002) y Gómez Bravo y Marco (2011).

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Notas

141. Una muy buena síntesis del papel que representó la Falange en estos años para el mantenimiento del régimen, así como de las frustraciones que sufrieron sus miembros ante el rumbo de los acontecimientos, en Ruiz Carnicer (1999). 142. Los entrecomillados, en Moradiellos (2003: 97) y Preston (2005: 616) respectivamente. 143. Preston (2005: 621). 144. Ibidem, pp. 600-601 y 614. 145. Ibidem, p. 614. 146. Para construir este párrafo he utilizado la información al respecto contenida en los partes correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo, agosto y septiembre de 1945. AGA (9) 17.10 51/20671. 147. Los datos aquí citados sobre los monárquicos oscenses, en AGA (9) 17.10 51/20671, partes mensuales de marzo, abril y junio de 1945 y febrero de 1946. 148. Nueva España, 11 de diciembre de 1946, p. 1. 149. La información que comento sobre los republicanos oscenses la obtengo de los partes mensuales de abril, mayo, agosto, septiembre y octubre de 1945, febrero de 1946 y enero y abril de 1947. AGA (9) 17.10 51/20671. 150. Toda la información referente al maquis la obtengo del libro que sobre el tema publicaron Abad y Angulo (2001: esp. 59-145). Aunque breve, resulta de igual modo interesante un artículo que dedicó a esta cuestión Calvet (2010). Para el ámbito aragonés resulta fundamental Yusta (2003). Para el nacional, véase Arostegui y Marco (2008). 151. «A propuesta de la presidencia se aprueba por unanimidad enviar a su Excelencia el Generalísimo telegrama testimoniando este Ayuntamiento su fervorosa e incondicional adhesión a su persona y actos realizados por su gobierno contra la campaña insidiosa de noticias en el extranjero». AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 17 de enero de 1946, f. 38v. 152. Salvo que indique lo contrario de forma expresa, todos los detalles, los hechos y las intervenciones entrecomilladas que cito en relación con la manifestación celebrada en Huesca el martes 10 de diciembre de 1946 pueden encontrarse en el diario Nueva España del 11 de diciembre de 1946, pp. 1 y 2. 153. Casanova (2002: 5). 154. La información sobre la expectación de los oscenses ante las elecciones municipales, en AGA (9) 17.10 51/20671, parte mensual de noviembre de 1945. 155. Sevillano (2003: 107). 156. Base 6 de la Ley de Bases de Régimen Local, Boletín Oficial del Estado, 18 de julio de 1945, n.º 199, p. 362. 157. Ruiz Carnicer (1999: 259). 158. Artículo 1 del Decreto de 29 de septiembre de 1945, Boletín Oficial del Estado, 4 de octubre de 1945, n.º 277, p. 2114. 159. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 18 de octubre de 1945, f. 7v. 160. AGA (9) 17.10 51/20671, parte mensual de noviembre de 1945. 161. Ruiz Carnicer (2004: 186). 162. AMH, actas del Pleno Municipal. La comunicación de su traslado a Valencia la conoce el Pleno Municipal en la sesión ordinaria del 2 de abril de 1946 (f. 65r). La carta en la que Juan Tormo pedía al Consistorio que trasladara al gobernador civil su dimisión como gestor y teniente de alcalde por incompatibilidad con su nuevo destino profesional fue enviada al Ayuntamiento el 12 de agosto y conocida por el Pleno en su sesión ordinaria del 22 de agosto de 1946 (f. 107r-v). 163. El gobernador civil pidió informes de Daniel Ferrando Gosá, Jesús Sauras Barlés, Antonio Alamañac Fatás, José Lacort Muzás, Ricardo Lalaguna Rayón y Pedro Sopena Claver. Finalmente, el 26 de marzo propuso al Ministerio de la Gobernación a los tres primeros. Esta información, en AGA (8) 01.03 44/2906.

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164. Fue concejal entre el 28 de julio de 1936 y el 7 de enero de 1938. Durante esos años fue tercer teniente de alcalde y presidente de la Comisión de Policía Rural entre el 28 de julio de 1936 y el 19 de diciembre de 1936 y cuarto teniente de alcalde y presidente de la misma comisión entre el 19 de abril de 1936 y el 7 de enero de 1938. 165. Los datos personales y políticos, en AGA (8) 01.02 44/2906; la información relativa a su anterior presencia en el Ayuntamiento, en las actas del Pleno Municipal de esos años; la referente a su cargo en el Sindicato del Pantano de Arguis, en Cuchí (2004). 166. Todos los datos sobre Jesús Sauras y Antonio Alamañac, en los informes redactados sobre ellos por el Gobierno Civil de Huesca. AGA (8) 01.02 44/2906. 167. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 16 de abril de 1946, f. 65v. 168. La noticia fue comunicada al Pleno Municipal el 20 de febrero de 1947. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 20 de febrero de 1947, f. 148r. José María Lacasa presentó su dimisión al gobernador civil el 11 de febrero. AGA (8) 01.03 44/2917. 169. Agustín Soler Chías era confitero y militante de FET. Durante la II República fue concejal del Ayuntamiento en representación del Partido Liberal Monárquico, bajo cuyas siglas obtuvo el cargo en las elecciones del 12 de abril de 1931, aunque en 1933 se integró en Acción Agraria Altoaragonesa. Posteriormente se incorporó a la gestora provisional que se hizo cargo del Ayuntamiento el 28 de julio de 1936 y no dejó el puesto hasta febrero de 1949, cuando se llevó a cabo su renovación tras la celebración, en noviembre de 1948, de las primeras elecciones corporativas. La salida del Ayuntamiento de Adolfo Maza Usieto, que tuvo lugar el 15 de noviembre de 1939, lo impulsó a la primera tenencia de alcaldía y a la presidencia de la Comisión de Policía Urbana. Esta información, en AMH, expedientes del negociado de personal 3255, 4365 y 4368. 170. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 28 de marzo de 1947, ff. 160r-168r. El primer entrecomillado, en f. 163r; el segundo, en f. 163v. 171. Escribió en este diario entre 1929 y 1931. 172. Todos los datos aquí citados sobre Vicente Campo Palacio, en el informe sobre su historial político custodiado en AGA (8) 01.03 44/2917 y en la entrada «Campo Palacio, Vicente» de la Gran enciclopedia aragonesa on-line <www.enciclopedia-aragonesa.com> (consultada el 11 de septiembre de 2010). 173. Toda la información sobre este asunto, en AMH, exp. 4397. 174. Vicente Campo Palacio, Jesús Allué Esteve, José Atarés Ara, José Cardús Llanas, Daniel Ferrando Gosá, Vicente Ferrer Olivera, Pedro Mallada Gosá, Miguel Mingarro López, Emilio Miravé Acebillo, Justo Pérez Arnal, Pablo Ramón Piedrafita y Agustín Soler Chías. En julio de 1947 el camisa vieja Justo Pérez Arnal presentó su dimisión, que fue aceptada, por «la imposibilidad material de poder atender a la colaboración personal que como Gestor debo y he procurado siempre prestar a esa corporación, imposibilidad cada día mayor por el agobio de la diaria labor en mi fábrica de harinas». AMH, exp. 4374. 175. Tan solo Vicente Campo, Miguel Mingarro, Emilio Miravé y Agustín Soler habían formado parte de algún partido con anterioridad al 18 de julio de 1936. 176. Jesús Allué, José Atarés, José Cardús, Daniel Ferrando, Vicente Ferrer, Pedro Mallada, Justo Pérez, Ramón Piedrafita y Jesús Sauras estaban en esta situación. 177. Todos los miembros de la gestora estaban afiliados al Partido Único, con excepción de Daniel Ferrando Gosá y Emilio Miravé Acebillo. 178. En tales circunstancias se encontraban al menos Vicente Campo, Jesús Allué, José Atarés, José Cardús, Daniel Ferrando, Vicente Ferrer, Ramón Piedrafita y Jesús Sauras. 179. Miguel Mingarro, Emilio Miravé y Agustín Soler habían sido integrantes de la filial altoaragonesa de la CEDA. 180. Me ha resultado imposible localizar en el AMH documento alguno en el que se mencione el nombre de la persona que sustituyó a Juan Tormo Cervino como segundo teniente de alcalde y presidente de la Comisión de Administración y Gobierno tras su marcha a Valencia en agosto de 1946. Por ello he creído conveniente realizar todos los cálculos estadísticos relativos a dicha comisión partiendo de la base de que entre agosto de

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Notas

1946 y febrero de 1949 estaba compuesta por cuatro miembros en vez de por cinco. Los cuatro miembros son Vicente Campo Palacio (presidente), Agustín Soler Chías (primer teniente de alcalde y presidente de la Comisión de Policía Urbana), Vicente Ferrer Olivera (tercer teniente de alcalde y presidente de la Comisión de Hacienda) y Emilio Miravé Acebillo (cuarto teniente de alcalde y presidente de la Comisión de Policía Rural). 181. De los cuatro miembros que la integraban, solo Vicente Ferrer Olivera había llegado a la gestión pública después del golpe de Estado. 182. Agustín Soler y Emilio Miravé. 183. Sanz Hoya (2010: 18). Véase también idem (2009). 184. Arco (2007: 243-245). 185. Sanz Hoya (2008). 186. Ruiz Carnicer (2004: 187). 187. Julián Sanz Hoya (2010: 19-20) y Martí Marín (2013). Igualmente interesante en este sentido resulta el estudio de Tébar (2010). 188. Sanz Hoya (2010: 20). Sobre los gobiernos civiles durante el franquismo vale la pena subrayar la monografía de Sanz Alberola (2001) y, sobre todo, la más reciente de Tébar et alii (2015). 189. Los datos sobre el horario y el lugar en que se celebró la sesión, en Nueva España, 29 de marzo de 1947, p. 2. El entrecomillado, en AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 28 de marzo de 1947, f. 164v. 190. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 28 de marzo de 1947, ff. 164r-167v. 191. En el estudio de la situación económica del Ayuntamiento que realizó en 1952, Lacasa afirmaba que a la altura de 1945 «la hacienda ya ha reaccionado». AMH, exp. 10828. 192. Este argumento ha sido defendido en varios lugares por Martí Marín. Un buen resumen de sus tesis en este sentido puede encontrarse en Marín (1995: 41-42). 193. Boletín Oficial del Estado, 4 de febrero de 1946, n.º 35, pp. 971-1006. 194. Gaceta de Madrid, 9 de marzo de 1924, n.º 69, pp. 1218-1302. 195. Así se desprende de la dura crítica que la Administración franquista realizó de la reforma republicana de 1932 en el preámbulo de la Ley de Reforma Tributaria de 16 de diciembre de 1940. Boletín Oficial del Estado, 22 de diciembre de 1940, n.º 357, pp. 8746-8747. 196. Base 32 de la Ley de Bases de Régimen Local de 17 de julio de 1945 y artículo 158 del Decreto de 25 de enero de 1946. 197. Base 21 de la Ley de Bases de Régimen Local de 17 de julio de 1945 y artículo 6 del Decreto de 25 de enero de 1946. 198. Base 24 de la Ley de Bases de Régimen Local de 17 de julio de 1945 y artículos del 7 al 21 del Decreto de 25 de enero de 1946. 199. En la capital altoaragonesa, como muestran los gráficos de los apéndices, la importancia que las tasas y los derechos tuvieron en los ingresos municipales durante la primera mitad de los años cuarenta quedó diluida a lo largo de la segunda por el gran aumento que experimentaron las asignaciones procedentes de los tributos cedidos por el Estado. 200. Base 22 de la Ley de Bases de Régimen Local de 17 de julio de 1945 y artículo 52 del Decreto de 25 de enero de 1946. 201. Base 22 de la Ley de Bases de Régimen Local de 17 de julio de 1945 y artículo 53 del Decreto de 25 de enero de 1946. 202. Artículo 72 del Decreto de 25 de enero de 1946.

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203. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 29 de diciembre de 1945, f. 31r-v. 204. La carta de Rufino Garcia Carcavilla a José María Lacasa, en AMH, exp. 10288. 205. La base 25 de la Ley de Régimen Local aprobada en 1945 establecía un recargo máximo del 10 % sobre el precio de las consumiciones, pero no especificaba una cantidad mínima. 206. La carta de Mateo Estaún Llanas a José María Lacasa, en AMH, exp. 10288. 207. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 17 de enero de 1946, ff. 39r-40r. 208. En el expediente conservado en el Ayuntamiento sobre este asunto no existe ninguna carta enviada por José María Lacasa al jefe provincial del Sindicato de Hostelería y Similares, por lo que, o bien no se ha conservado, o bien el alcalde oscense decidió que esa institución no era lo suficientemente relevante como para merecer su contestación. 209. La carta enviada por José María Lacasa a Mateo Estaún Llanas, en AMH, exp. 10288. 210. Correspondencia de alcaldía de 1947. AMH, exp. 7512. 211. Base 65 Ley de Bases de Régimen Local de 17 de julio de 1945 y artículos 219-238 y 324-334 del Decreto de 25 de enero de 1946. 212. Las tesis que aparecen en este capítulo acerca de las características y el funcionamiento de las haciendas locales, especialmente sobre su estructura de ingresos, son un resumen de las planteadas en un magnífico artículo por Damián González Madrid (2010: 51-56). 213. En febrero de 1947 la Comisión de Hacienda presentaba un informe sobre la situación económica del Ayuntamiento en 1945 y 1946 en el que no podía menos que felicitarse por «la marcha ascendente de sus ingresos». AMH, exp. 10332. 214. La aprobación del presupuesto extraordinario, en AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 15 de mayo de 1945, ff. 75v-76v; la decisión de contratar un crédito con el Banco de Crédito Local, en la sesión extraordinaria del 12 de noviembre de 1945, ff. 14v-16r. 215. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 21 de septiembre de 1948, ff. 147r-150r. En un principio la fecha de consolidación de dicho crédito se fijó para el 30 de septiembre de 1947; sin embargo, la paralización de las obras hizo que el Ayuntamiento tratara de conseguir que se ampliara ese plazo en un año con el fin de evitar el pago de los intereses correspondientes al periodo comprendido entre ambas fechas. Sesión ordinaria del 18 de noviembre de 1947, f. 55r-v. La decisión municipal de consolidar definitivamente el préstamo concertado en agosto de 1946 se tomó en la sesión ordinaria del 7 de septiembre de 1948 (f. 146r). La cantidad de dinero procedente de dicho fondo que se había gastado hasta el momento ascendía a 146 032,10 pesetas. Sesión ordinaria del 7 de septiembre de 1948, f. 146r. 216. Sabio (1990: 432). 217. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 18 de junio de 1946, f. 84v. 218. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 2 de marzo de 1948, f. 97r. 219. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 5 de febrero de 1948, f. 84v. 220. Esta sugerente idea, en Ruiz Carnicer (1999: 260). 221. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 26 de junio de 1945, ff. 183v-184r, y sesión ordinaria del 23 de agosto de 1945, f. 197r. 222. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 6 de mayo de 1947, ff. 180r-181r. 223. José María Lacasa anunció que las obras estaban próximas a concluir en octubre de 1946. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 17 de octubre de 1946, f. 124r. La aprobación de la puesta en servicio de la nueva conducción se acordó en la sesión ordinaria del 6 de mayo de 1947 (f. 182v). 224. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 18 de septiembre de 1947, f. 34r. Un año después la Corporación municipal comenzó a plantearse seriamente la posibilidad de construir un depósito de reserva en San

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Notas

Julián de Banzo con el fin de asegurar el agua para la ciudad en el estiaje y al mismo tiempo poder contar con la necesaria para el caso de incendio. Sesión ordinaria del 7 de septiembre de 1948, f. 146v. 225. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 5 de agosto de 1948, f. 139r. 226. La aceptación del Ayuntamiento de la cesión del citado edificio, en AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 4 de septiembre de 1947, ff. 27r-28r. La información sobre el comienzo de las obras del grupo escolar de la calle Sancho Ramírez, en AMH, exp. 10828. La edificación de este grupo escolar fue solicitada a Regiones Devastadas por Vicente Campo en un viaje que realizó a Madrid en junio de 1947, en el que pidió la construcción de dos grupos escolares y un parque de bomberos. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 17 de junio de 1947, ff. 5v-6r. 227. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 22 de noviembre de 1945, f. 20v. 228. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 20 de febrero de 1947, f. 152r. El Pleno Municipal facultó al alcalde para encargar la confección de un escudo de Huesca en oro de ley, platino y esmalte valorado en 6500 pesetas en la sesión ordinaria del 7 de febrero de 1946 (f. 50r). 229. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 4 de marzo de 1947, f. 155r. 230. Nueva España, 26 de julio de 1947, p. 1. 231. Decreto de 30 de agosto de 1946, Boletín Oficial del Estado, 13 de septiembre de 1946, n.º 256, pp. 6881-6882. 232. Circular 668, de 5 de abril de 1948, Boletín Oficial del Estado, 26 de abril de 1948, n.º 117, pp. 1567-1568. 233. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 17 de septiembre de 1946, f. 115r. 234. Esta información, en AGA (9) 17.10 51/20671, parte mensual de septiembre de 1946. 235. Todos los entrecomillados, en AGA (9) 17.10 51/20671, parte mensual de julio de 1946. 236. AMH, actas del Pleno Municipal. El presidente de la Corporación informó de ambos encuentros al Pleno Municipal en la sesión ordinaria del 5 de septiembre de 1946 (f. 112v). 237. Esta información, en la AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 30 de septiembre de 1946, ff. 116r-118r. 238. Toda la información que utilizo en este párrafo y en el anterior procede del expediente 3879 del AMH. 239. Estos datos, en la carta enviada por José María Lacasa a Manuel Pamplona el 8 de febrero de 1947. AMH, exp. 3879. 240. Esta carta se encuentra en el expediente 3879 del AMH. 241. Carta escrita por José María Lacasa el 13 de febrero de 1947 que puede localizarse en el expediente 3879 del AMH. 242. Manuel Pamplona argumentaba que entre las facultades para imponer derramas que delegó en el presidente de la Corporación municipal oscense solo se encontraban comprendidas aquellas que él mismo había venido ejerciendo habitualmente, y nunca había utilizado la derrama sobre el ganado vacuno, «ya que la limitación del mismo, su distribución en la provincia, su volumen y otras circunstancias la hacían muy poco asequible y realizable con equidad». 243. Este texto puede localizarse en el expediente 3879 del AMH. 244. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 20 de febrero de 1947, f. 148r. 245. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 17 de abril de 1947, f. 175r. 246. Al menos eso afirmó Vicente Campo el 4 de mayo de 1948, cuando agradeció a todas las entidades públicas y privadas su colaboración con la alcaldía mientras las competencias en materia de abastos estuvieron a cargo del Ayuntamiento. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 4 de mayo de 1948, ff. 112v-113r.

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247. El Pleno aprobó la idea y encargó la confección de la futura guía a la Comisión Municipal de Cultura. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 6 de mayo de 1947, f. 185r. 248. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 3 de enero de 1946, f. 35v. 249. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 7 de marzo de 1946, f. 56r-v. La ubicación fue posteriormente modificada en la sesión ordinaria del 23 de marzo de 1946, f. 61r-v. 250. AMH, actas del Pleno Municipal. La petición se realizó en la sesión ordinaria del 17 de octubre de 1946, f. 124v. La concesión se comunicó a los gestores en la sesión ordinaria del 5 de noviembre de 1946, ff. 126v-127r. 251. AMH, actas del Pleno Municipal. La referencia a estas negociaciones, en la sesión ordinaria del 20 de diciembre de 1945, f. 29r. 252. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 18 de noviembre de 1947, f. 56v. 253. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 20 de julio de 1948, f. 132v; Nueva España, 10 de agosto de 1948, p. 1. 254. Fragmento del discurso pronunciado por Francisco Franco en Huesca el 22 de junio de 1953. Nueva España, 23 de junio de 1953, pp. 1 y 3. 255. Evidentemente, se refería a la unión de los canales del Cinca y de Monegros, una infraestructura vital para el desarrollo económico de los Monegros para cuya puesta en funcionamiento hubo de esperar hasta 1982. Artal (1982). 256. Preston (2005: 689). 257. Salvo que indique lo contrario de forma explícita, toda la información que he utilizado para construir el relato sobre la estancia de Francisco Franco en Huesca el 22 de junio de 1953, así como los entrecomillados que aparecen a lo largo del texto pueden localizarse en el diario Nueva España del 23 de junio de 1953, pp. 1-4. 258. La frase de Harry Truman y la información relativa al éxito soviético con la bomba nuclear, en Nueva España, 24 de septiembre de 1949, p. 1. 259. Ruiz Carnicer (2008: 280). 260. Ibidem, pp. 280-281. 261. El Tratado de París se firmó el 18 de abril de 1951 y dio origen a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. 262. Molinero e Ysàs (2009: 19-20). 263. Ibidem, p. 21. 264. Los motivos que mantuvieron la unidad interna de Falange, así como el entrecomillado, en Ruiz Carnicer (2008: 289-290). El plan del secretario general, en Soto (2005: 32-33). 265. Molinero e Ysàs (2009: 30). 266. Soto (2005: 31-32). 267. Saz (2008: 247). 268. Soto (2005: 38-39). 269. Boletín Oficial del Estado, 31 de julio de 1957, n.º 195, pp. 646-651. 270. Boletín Oficial del Estado, 19 de mayo de 1959, n.º 119, pp. 4511-4512. 271. Boletín Oficial del Estado, 22 de julio de 1959, n.º 174, pp. 10005-10007. 272. Molinero e Ysàs (2009: 34); Soto (2005: 31). 273. Ruiz Carnicer (2008: 292).

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Notas

274. Soto (2005: 36). 275. Ruiz Carnicer (2008: 293). 276. Todos los detalles sobre la celebración de las elecciones municipales a concejales por el tercio familiar del 21 de noviembre de 1948, en Nueva España, 23 de noviembre de 1948, p. 2. 277. Artículo 10 del Fuero de los Españoles, Boletín Oficial del Estado, 18 de julio de 1945, n.º 199, p. 358. 278. Moreno (1999: 78-79). Yo mismo he analizado este asunto en Domper (2014 y 2015). 279. Este fue uno de los motivos por los que las autoridades desaconsejaron, salvo en casos excepcionales, la reelección de aquellos concejales a quienes correspondía cesar. AGA (9) 17.10 51/20821, circular 174, de 3 de agosto de 1951. Esta tesis ha sido sostenida igualmente por Marín (2000). 280. Moreno (1999: 120 y 2003: 145). 281. Gaceta de Madrid, 10 de agosto de 1907, n.º 222, pp. 584-592. 282. La importancia de tener representación en tales organismos no pasó desapercibida para la Falange, que en las instrucciones reservadas que envió a todos los jefes provinciales el 15 de junio de 1951 a través de la Delegación Nacional de Provincias no solo les comunicaba la necesidad de conocer lo máximo posible sobre las personas que los componían, sino que los exhortaba a tratar de asegurar la presencia en ellos de camaradas falangistas, recordándoles además su deber, en calidad de jefes provinciales del Movimiento, de tener «con los presidentes y vocales de las juntas provinciales y municipales conversaciones personales que les permitan saber de antemano la disposición de cada uno de ellos, para evitar sorpresas». AGA (9) 17.10 51/20821. 283. Moreno (1999: 126 y 2003: 140). 284. Moreno (1999: 121 y 2003: 145). 285. Ser español, cabeza de familia y vecino del municipio o la provincia, tener más de veintitrés años y saber leer y escribir. Boletín Oficial del Estado, 18 de julio de 1945, n.º 199, p. 363. 286. En este sentido, tal y como se especificaba en la circular 43 de la Secretaría General del Movimiento, firmada por Raimundo Fernández Cuesta, no solo los militantes de la Falange que quisieran presentarse como candidatos debían solicitar la oportuna autorización de la Jefatura Provincial, sino que todos aquellos militantes que, por ejercer o haber ejercido con anterioridad los cargos de procuradores en Cortes, diputados provinciales, jefes de sindicatos, o a título exclusivamente personal, como simples ciudadanos, fuesen requeridos por aspirantes a candidatos a concejales para que los avalasen o simplemente para reunir las firmas necesarias para ser proclamados por las juntas locales del censo electoral, debían contar inexcusablemente para hacerlo con la autorización de la misma Jefatura Provincial. AGA (9) 17.10 51/20819. Por otro lado, muchos jefes provinciales, entre ellos Ernesto Gil Sastre, entendían que la posibilidad de ser proclamado candidato contando con los avales de cuatro concejales o exconcejales del Ayuntamiento podía convertirse en un medio utilizado «por los elementos irresponsables para provocar escisiones o presentar candidaturas de oposición a las del Movimiento, sobre todo en los casos en los que los concejales que pueden proponer no se hallan afiliados a nuestra Falange», y proponían que se estudiara su posible modificación. AGA (9)17.10 51/20804, informe realizado por Ernesto Gil Sastre en relación con las elecciones municipales celebradas en noviembre de 1954. 287. AGA (9) 17.10 51/20821, circular 185 de 1951 de la Secretaría General del Movimiento. 288. Marín (2000: 231). 289. Solo pueden ser considerados candidatos independientes, es decir, no vinculados al régimen o con escasas relaciones políticas, aquellos que eran propuestos por electores mediante la obtención de firmas. El resto, dada la forma de cooptación descrita, representaron los intereses de la dictadura. 290. La información utilizada en este párrafo, incluidos los entrecomillados, en las instrucciones reservadas para las elecciones municipales enviadas en octubre de 1948 a las jefaturas provinciales del Movimiento. AGA (9)17.10 51/20821. 291. Marín (2000: 243).

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292. La información y los entrecomillados que utilizo en este párrafo proceden de la carta enviada el 15 de noviembre de 1948 por Manuel Pamplona Blasco al secretario general del Movimiento, Raimundo Fernández Cuesta. AGA (9) 17.10 51/20697. El representante de la Acción Católica en esa candidatura oficial fue Antonio Gracia, cobrador de la Hidroeléctrica, presidente de los Hombres de Acción Católica de la parroquia de Santo Domingo y presidente de la Hermandad Obrera de Acción Católica. Curiosamente, fue el único de la candidatura oficial que no resultó elegido. Los datos personales de Antonio Gracia, en Nueva España, 13 de noviembre de 1948, p. 1. La información sobre su pertenencia a la candidatura oficial, en el telegrama enviado por Manuel Pamplona a Raimundo Fernández Cuesta el 21de noviembre de 1948. AGA (9) 17.10 51/20694. 293. Los datos de los porcentajes electorales, en Nueva España, 23 de noviembre de 1948, p. 2. Todo lo relacionado con el ambiente de descreimiento sobre la elección y los duros ataques de FET a sus instigadores, en el editorial del 6 de noviembre de 1948 del mismo diario, p. 2. Lo del «asco por las elecciones» y el deseo de lograr importantes triunfos para el Caudillo, en AGA (9) 17.10 51/20821, circular 285, de 14 de noviembre de 1954. 294. Vicente Campo Palacio, José María Lacasa Coarasa, José Gil Cávez y Leonardo Estallo Pueyo. 295. Toda la información que utilizo para relatar este asunto de la Cámara Oficial Sindical Agraria, así como los entrecomillados que cito, proceden de la correspondencia que sobre el asunto mantuvieron el jefe provincial del Movimiento y el delegado nacional de Provincias y que puede localizarse en AGA (9) 17.10 51/20756. 296. García Ramos (2011). Resulta igualmente interesante idem (2005). 297. La extensión y la consolidación del apoliticismo en la sociedad española del franquismo han sido analizadas por Hernández Burgos (2013). 298. Sabio (2006b: 122). 299. Según consta en el acta de la sesión, Vicente Campo habría preferido ofrecerle el cargo de primer teniente de alcalde, pero, dado que tanto esa tenencia como la segunda estaban ocupadas por no haber cesado en la renovación sus antiguos ocupantes y que no quería dar pábulo a comentarios innecesarios, lo propuso para la primera de las dos tenencias que habían quedado vacantes. 300. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 3 de febrero de 1952, ff. 51v-56r. El primer entrecomillado, en f. 53r; el segundo, en f. 54v. 301. Nueva España, 18 de noviembre de 1951, p. 4. 302. En dicha moción también se proponía analizar si existían el ajuste y la correlación debidos entre el dispositivo de recursos e imposición municipal y el volumen de las actuaciones que se pretendían realizar, con el fin de lograr —si el resultado del estudio así lo aconsejaba— «que la imposición no resulte excesiva ni antipática», aunque ni en el estudio posterior realizado unilateralmente por Lacasa Coarasa ni en ninguna de las sesiones del Pleno volvió a tratarse este asunto. La moción puede encontrarse en AMH exp. 10827. 303. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 14 de febrero de 1952, ff. 56r-62v. 304. La información para construir este párrafo, en la introducción a su estudio de la situación hacendística del Ayuntamiento de Huesca entre 1940 y 1952, que puede verse en el expediente 10828 del AMH. El envío del texto al Ministerio de la Gobernación lo reconoció el propio Lacasa en la sesión ordinaria del 21 de marzo de 1953. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión citada, f. 21v. 305. Los entrecomillados, en la introducción a su estudio de la situación hacendística del Ayuntamiento de Huesca entre 1940 y 1952. AMH, exp. 10828. 306. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 3 de abril de 1952, f. 66v. 307. Tanto en el estudio realizado por José María Lacasa como en la carta enviada por el gobernador civil al alcalde para darle a conocer el informe realizado por el Ministerio de la Gobernación se habla de la apertura de esta cuenta de tesorería en noviembre de 1949, pero las actas del Pleno Municipal muestran que la aprobación de dicha apertura tuvo lugar en la sesión extraordinaria del 9 de noviembre de 1950. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión citada, f. 97r.

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Notas

308. La información y los entrecomillados relativos a lo dicho en esta sesión, en AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 3 de mayo de 1952, ff. 69r-76v. 309. Toda la información sobre la inspección realizada a la contabilidad municipal por el técnico del Ministerio de la Gobernación, en la carta enviada por el gobernador civil Manuel Ruiz de la Serna a Vicente Campo Palacio el 30 de octubre de 1952. AMH, exp. 10828. 310. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 4 de diciembre de 1952, f. 2v. 311. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 14 de marzo de 1953, ff. 16v-18v. Los entrecomillados, en f. 17r. 312. En la primera sesión del Pleno Municipal tras su toma de posesión, el nuevo alcalde ya cambió la composición de la Comisión Permanente sustituyendo a Salvador María de Ayerbe y Antonio Alamañac por dos camisas viejas, Leonardo Estallo y Emilio Miravé. Un relevo que el presidente del Concejo justificó por su «deseo de llevar a las respectivas tenencias de Alcaldía y a las presidencias de las distintas comisiones a los hombres más capacitados», sin que eso quisiese decir que «los que lo ostentaban en ese momento no lo hubieran hecho a satisfacción del Ayuntamiento». AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 21 de marzo de 1953, f. 20v. 313. Tanto la tesis defendida por el profesor Marín como el concepto entrecomillado, en Marín (2001: 398). 314. La información sobre los diferentes trabajos que llevó a cabo para el Ayuntamiento desde 1950, en la entrevista que se le realizó en el diario Nueva España cuando era candidato a las elecciones por el tercio familiar. Nueva España, 17 de noviembre de 1954, p. 4. 315. El autor de dicho informe afirma que la organización ha llegado a tal punto en la provincia por «a) falta de prestigio de sus mandos, bien sea por su mediocre historia política, bien por viejas traiciones, bien por la declinación permanente de sus deberes, por la falta de capacidad personal y política, por falta de representación; b) la política de camarillas dóciles; c) el ejercicio indebido, abusivo, del mando, por la arbitrariedad; d) el aislamiento y la inasequibilidad de las jerarquías en materia política; e) el empleo de la amenaza, de la represalia y haber hecho arma política en provecho propio de todas las cuestiones personales para impedir cualquier manifestación de la rebeldía potencial que crea la comprobación del agiotaje político y… no político; f) la personalización de toda política dirigida única y exclusivamente a sustentar posiciones personales». El informe puede localizarse en AGA (9) 17.10 51/20759. 316. AGA (9) 17.10 51/20754, parte mensual de noviembre de 1949. 317. Moreno (1999: 155). 318. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 14 de marzo de 1953, f. 17v. 319. En aquel consejo estuvieron presentes Ernesto Gil Sastre, José Gil Cávez, Antonio Cativiela Lasierra, Fe Fernández Larroche, José María Lacasa Coarasa, Leonardo Estallo Pueyo, Joaquín Villaba Sancho, Salvador María de Ayerbe y Marín, Virgilio Valenzuela Foved, Justo Pérez Arnal, José Lacort Muzás, Lorenzo Muro Arcas, Joaquín Such Molto, Francisco Oliván, Eugenio Bescós, José María de Navascués y de Juan, José María Latorre, Ángel Aznar Anadón y Félix Recreo Sanvicente. 320. De todas las acusaciones de este tipo que Navascués vertió sobre Gil Cávez me parecen especialmente relevantes dos referidas al periodo de la II República: la de no haber asistido —siempre según la versión del tesorero provincial de FET— ni a una sola reunión del triunvirato, alegando «que tenía un comercio con puerta abierta al público y no le convenía distinguirse», y la de haber militado durante aquellos años simultáneamente en la Falange y en las Juventudes de Acción Popular de la CEDA e incluso haber acudido a la concentración que estas organizaron en El Escorial en abril de 1934 con el objetivo, según las propias palabras de Gil Cávez, «de aprovechar el viaje para conocer Madrid». 321. Toda la información sobre esta reunión, en el acta que el 1 de noviembre de 1951 levantó de ella José María de Navascués y firmaron como testigos Antonio Cativiela Lasierra, Félix Recreo Sanvicente y Ángel Aznar Anadón, tras haberse negado el jefe provincial del Movimiento a entregarles la transcripción taquigráfica. AGA (9) 17.02 51/19075.

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322. Toda la información y los entrecomillados relativos a este enfrentamiento, en AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 21 de marzo de 1953, ff. 18v-23v. El nombramiento de José María Lacasa como primer teniente de alcalde y presidente de la Comisión de Hacienda, en el acta de la sesión extraordinaria del 6 de febrero de 1955, f. 77v. 323. Se habían desplazado a Zaragoza José Gil Cávez, presidente de la Diputación Provincial de Huesca y subjefe provincial del Movimiento; Alberto Ramírez, delegado provincial de Sindicatos, y Manuel Pamplona Blasco, jefe provincial del movimiento y gobernador civil saliente. En Almudévar se unieron a la comitiva el alcalde de la ciudad, Vicente Campo, y el delegado provincial de la Vicesecretaría de Educación Popular y primer teniente de alcalde, Salvador María de Ayerbe y Marín. 324. Los entrecomillados de este párrafo no corresponden a Manuel Ruiz de la Serna, sino al discurso de bienvenida que le dedicó su homólogo saliente, Manuel Pamplona Blasco, antes de su toma de posesión como gobernador civil en el Ayuntamiento de la ciudad. Los datos biográficos, en Nueva España, 16 de febrero de 1949, p. 1. 325. Castillo (2005: 57-58). 326. Toda la información y los entrecomillados sobre la llegada de Manuel Ruiz de la Serna a Huesca y la toma de posesión de sus dos cargos, en Nueva España, 1 de marzo de 1949, pp. 1 y 4. 327. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 31 de marzo de 1949, f. 14v. 328. En la sesión ordinaria del Pleno del 5 de junio de 1952 el interventor comunicó a los reunidos que la liquidación del presupuesto ordinario de 1951 arrojaba un déficit de 83 222,16 pesetas. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión citada, ff. 80v-81r. 329. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 6 de octubre de 1949, f. 40r; sesión ordinaria del 4 de noviembre de 1950, f. 94r-v, y sesión ordinaria del 6 de septiembre de 1951, ff. 31v-32r. 330. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 5 de agosto de 1950, f. 83v. 331. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 3 de febrero de 1951, ff. 8v-9r. 332. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 9 de noviembre de 1950, f. 97r. 333. Eso fue lo que ocurrió en la mayoría de los ayuntamientos aragoneses hasta prácticamente finales de los cincuenta, tal y como ha mostrado Miguel Ángel Ruiz Carnicer (2004: 186). 334. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 3 de mayo de 1952, f. 72v. 335. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 14 de febrero de 1952, f. 60r. 336. Marín (1996). 337. Boletín Oficial del Estado, 4 de diciembre de 1953, n.º 338, pp. 7144-7149. Esta ley fue posteriormente refundida y articulada con la Ley de Bases de Régimen Local de 17 de junio de 1945 mediante la publicación del Decreto de 24 de junio de 1955 por el que se aprobó el texto articulado y refundido de ambas leyes. Boletín Oficial del Estado, 10 de julio de 1955, n.º 191, pp. 4146-4180. 338. El Ayuntamiento de Huesca nunca se benefició de este fondo. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 12 de enero de 1954, f. 81v. 339. González Madrid (2010: 57). De igual modo, tratando de dar cumplimiento a la base 43 de la Ley de Bases de Régimen Local de 17 de junio de 1945, la nueva ley estableció, para los municipios con menos de veinte mil habitantes, la creación de unos planes de cooperación provincial con cargo a las diputaciones provinciales cuyo objetivo era la instalación de los servicios de carácter obligatorio en aquellos municipios que no pudieran establecerlos por sí mismos. Esta medida no tuvo una repercusión inmediata en el Ayuntamiento de Huesca, pero a partir de 1958 este organismo de cooperación provincial, entonces Comisión Provincial de Servicios Técnicos, sería uno de los que más dinero aportara para la realización de las obras municipales más importantes. 340. La orden del Ministerio de la Gobernación puede localizarse en el expediente 10828 del AMH.

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Notas

341. AMH, exp. 12145. Esta descripción se enmarcaba dentro de la moción que el alcalde presentó al Pleno Municipal el 7 de febrero de 1956 en un intento de justificar por qué durante sus tres primeros años de gestión al frente del Consistorio la actividad de este se había «limitado, aparentemente, a desarrollar sin pena ni gloria la rutinaria vida municipal sin que una obra o mejora que merezca mención se haya llevado a cabo». 342. AMH, exp. 12145. 343. AMH, exp. 10828, moción y estudio sobre la hacienda municipal de Huesca. 344. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 4 de abril de 1953, f. 30r. 345. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 15 de mayo de 1953, f. 36r. La necesidad de amortizar «toda clase de plaza susceptible de serlo, que se haya producido o, en lo sucesivo, se produzca», fue nuevamente recordada en el Pleno durante la sesión extraordinaria celebrada el 27 de diciembre de 1954 para aprobar el presupuesto ordinario del año entrante (f. 66r). 346. Boletín Oficial del Estado, 28 de junio de 1952, n.º 180, pp. 2905-2929. 347. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 15 de mayo de 1953, f. 40r. 348. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 27 de diciembre de 1954, f. 66r-v. 349. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 4 de abril de 1953. El primer entrecomillado, en f. 29v; el segundo, en ff. 28v-29r. 350. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 12 de enero de 1954, f. 82r-v. 351. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 12 de enero de 1954, f. 85r. En la sesión durante la cual fue aprobado el impuesto sobre la recogida de basuras José Gil Cávez tuvo que rogar a José Blasco Avellanas que no votara en contra de la ordenanza, y este, que la consideraba totalmente injusta para los labradores a los que representaba y que, como él, no tiraban la basura por utilizarla para sus campos, acabó accediendo con la condición de que fuese retirada «en cuanto lo permitiera la economía del ayuntamiento». Sesión ordinaria del 4 de abril de 1953, ff. 29v-30r. 352. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 25 de septiembre de 1954, ff. 33v-34r. El motivo último que alegó el alcalde para presentar la moción, en f. 37r. 353. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 25 de septiembre de 1954, f. 36r-v. 354. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 25 de septiembre de 1954, ff. 36v-37r. 355. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 5 de mayo de 1955, f. 97v. 356. Las palabras de Gil Cávez y la cifra del superávit, en la moción presentada por el alcalde ante el Pleno el 7 de febrero de 1956. AMH, exp. 12145. La situación contable del Concejo se normalizó por completo en mayo de 1956, cuando fue cancelada la cuenta de tesorería abierta en noviembre de 1950. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 3 de mayo de 1950, f. 121r. 357. Decreto-Ley de 12 de abril de 1957. El Ayuntamiento se planteó si esta nueva subida salarial era compatible con los beneficios económicos que otorgaba a sus funcionarios para compensarlos por sus bajos sueldos. Finalmente se decidió mantenerles los citados beneficios. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 11 de julio de 1957, ff. 34r-35r, y sesión extraordinaria del 1 de agosto de 1957, ff. 43v-44r. Por otro lado, resulta llamativo que una de las partidas presupuestarias que se anularon en el presupuesto de 1957 para hacer frente al incremento del gasto que suponía el aumento de las nóminas fuese precisamente aquella que estaba destinada a invertir 750 000 pesetas en la construcción de un monumento a los caídos. Sesión ordinaria del 6 de agosto de 1957, f. 46r-v. 358. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 17 de septiembre de 1957, ff. 53r-54v, y sesión extraordinaria del 17 de enero de 1958, ff. 75v-83r. Durante esta sesión del Pleno, José Gil Cávez explicó al resto de los ediles que la subida de tasas no respondía solo a un intento de equilibrar el presupuesto y evitar así una vida municipal «lánguida que impediría cualquier obra fundamental», sino que pretendía actualizar su cuantía porque

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llevaban mucho tiempo sin ser actualizadas. Por otro lado, afirmó que, pese al incremento, seguirían estando por debajo de la elevación del coste de la vida sufrido en los últimos años. 359. González Madrid (2010: 59). 360. Marín (2000: 301-302). 361. La frase es de José María Lacasa y puede localizarse en su estudio sobre la hacienda municipal de Huesca entre 1936 y 1952. AMH, exp. 10827. 362. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 6 de febrero de 1955, f. 76v. 363. Se daba la circunstancia, además, de que en el centro de la ciudad existían muchos solares sin edificar, algo que Ernesto Gil Sastre ya había advertido a los miembros del Pleno en febrero de 1955, cuando los avisó de que, si no lograban que sus propietarios edificaran en ellos, tendría que ser el propio Consistorio el que lo hiciese. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 6 de febrero de 1955, f. 76v. 364. AMH, exp. 10827. 365. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 24 de marzo de 1949, f. 12r-v. 366. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 5 de julio de 1955, f. 20v. 367. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 3 de junio de 1958, f. 114v. 368. Boletín Oficial del Estado, 14 de mayo de 1956, n.º 135, pp. 3106-3134. El entrecomillado, en p. 3106. 369. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 21 de noviembre de 1956, ff. 177v-178v. 370. Ante el elevado coste de las obras y el gran retraso con el que se acometían en muchas ocasiones, algunos vecinos propusieron al Ayuntamiento hacerse cargo de su realización, como sucedió con la construcción de los ramales secundarios del colector general de alcantarillado en las casas que estaban próximas a él. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 4 de agosto de 1953, f. 54v. 371. En enero de 1949 el problema era tan grave que el Pleno aprobó que las brigadas municipales habilitaran los desvanes del edificio de San Bernardo con el objetivo de que pudieran habitar allí al menos cinco familias modestas. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 18 de enero de 1949, f. 177r. 372. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 31 de marzo de 1949, f. 15v. 373. A decir verdad, Gonzalo Goded ya había prometido durante la campaña electoral que acabó con su elección como concejal por el tercio familiar que la búsqueda de soluciones al problema de la vivienda en Huesca sería uno de sus objetivos primordiales si llegaba a formar parte del Pleno Municipal, puesto que constituía para él «una verdadera obsesión». Nueva España, 17 de noviembre de 1954, p. 4. 374. Toda la información que utilizo aquí, entrecomillados incluidos, sobre las opiniones de Gonzalo Goded en relación con el tema de la vivienda pueden localizarse en el expediente 12106 del AMH. 375. Decreto-Ley de 20 de mayo de 1954 (rectificado), Boletín Oficial del Estado, 17 de junio de 1954, n.º 168, pp. 4096-4097; Ley de 15 de julio de 1954, Boletín Oficial del Estado, 16 de julio de 1954, n.º 197, pp. 4834-4841. 376. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 12 de enero de 1954, f. 86r. 377. El entrecomillado y la información sobre la falta de abastecimiento de agua de muchos vecinos en 1949 los obtengo de la carta que un médico oscense envió al alcalde el 27 de abril de ese año para rogarle que hiciese todo lo posible para que al menos durante «un par de horas» al día hubiese agua corriente y así pudiese llenar el depósito que tenía para tal fin en su consulta. AMH, exp. 8987. 378. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 12 de enero de 1954, f. 86r-v. El entrecomillado, en f. 86r. 379. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 25 de agosto de 1955, f. 36v. 380. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 29 de noviembre de 1954, f. 54r.

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Notas

381. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 3 de abril de 1956, f. 109r-v. 382. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 7 de enero de 1958, f. 74v. 383. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 2 de junio de 1949, f. 23r. 384. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 4 de febrero de 1950, f. 59v, y sesión ordinaria del 5 de junio de 1955, f. 22r-v. 385. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 25 de agosto de 1955, f. 41v. 386. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 3 de abril de 1956, f. 108r-v; sesión ordinaria del 8 de octubre de 1956, f. 164v, y sesión extraordinaria del 21 de noviembre de 1956, ff. 176v-177v. 387. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 8 de abril de 1958, f. 107r-v. 388. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 2 de septiembre de 1958, ff. 130v-131r. 389. Barciela et alii (2001: 219). 390. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 6 de febrero de 1955, f. 77r. 391. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 2 de agosto de 1951, f. 28v. 392. Los dos últimos factores, en Sabio (1990: 442). 393. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 3 de febrero de 1951, f. 8r-v, y sesión ordinaria del 2 de agosto de 1951, f. 28v. 394. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 3 de febrero de 1951, f. 10r. 395. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 7 de julio de 1953, f. 48v. Algo similar había ocurrido dos años antes cuando, a propuesta de Antonio Godé, se solicitó a Renfe que al menos una o dos veces a la semana dispusiera un vagón que cubriera el trayecto Huesca – Madrid. El organismo encargado de los ferrocarriles españoles tardó escasamente un mes en responder con una negativa. Sesión ordinaria del 3 de noviembre de 1951, f. 39r-v, y sesión ordinaria del 6 de diciembre de 1951, f. 44r. 396. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 5 de mayo de 1949, f. 18r. 397. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 3 de noviembre de 1951, ff. 38v-39r. 398. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 6 de agosto de 1957, ff. 45v-46r. 399. Larraza (2006: 42). 400. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 1 de marzo de 1955, ff. 85v-86v. A decir verdad, la propuesta no era nueva, puesto que, como recordaba Vicente Campo en junio de 1949, ya en 1943 se había tomado la decisión de buscar terrenos para crear en la capital oscense una ciudad industrial, si bien nunca se había podido llevar a cabo. Sesión ordinaria del 2 de junio de 1949, f. 24r. 401. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 5 de mayo de 1955, f. 98r-v. 402. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 7 de junio de 1955, ff. 11v-13v. 403. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 5 de julio de 1955, ff. 20v-21r. 404. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 3 de abril de 1956, f. 113r. 405. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 24 de julio de 1956, AMH, f. 142r. 406. La moción presentada al resto de ediles situaba la nueva zona industrial en los terrenos comprendidos entre la carretera de Jaca, el proyecto de travesía exterior, la línea del ferrocarril y el límite exterior del ensanche de la ciudad. 407. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 4 de septiembre de 1956, ff. 146r-147r. 408. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 18 de octubre de 1954, f. 44r.

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409. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 6 de septiembre de 1955, ff. 46r-47v. 410. Entre esas obras destacaban la solución definitiva al problema del abastecimiento de agua, la demolición del mercado de la plaza de López Allué y la puesta en marcha del Plan de Ordenación Urbana. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 2 de abril de 1957, ff. 13v-14r. 411. En concreto, el Pleno Municipal acordó aportar 400 000 pesetas en 1957, 400 000 en 1958 y 200 000 en 1959. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 25 de septiembre de 1956, ff. 153v-155r. 412. En primera instancia esta comisión quedó integrada por Lino Rodrigo —obispo de la diócesis—, José Gil Cávez —alcalde de Huesca—, José María Lacasa, Antonio Cardesa y Luis Lafarga. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 3 de mayo de 1956, ff. 118v-119r. Posteriormente se incorporaron a ella Emilio Miravé y Gonzalo Goded. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 18 de junio de 1956, f. 129v. 413. Esta estuvo integrada por Lino Rodrigo, Ramón Abizanda, Antonio Pueyo, Antonio Durán y Damián Iguacen. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 18 de junio de 1956, f. 129v. 414. Fragmento del discurso pronunciado por Blas Piñar en la catedral de Huesca el 25 de marzo de 1963. Nueva España, 27 de marzo de 1963, p. 4. 415. Toda la información y los entrecomillados que cito sobre la conmemoración del 25.º aniversario de la «liberación» de la ciudad pueden encontrarse en el diario Nueva España del 26 de marzo de 1963, pp. 1, 7 y 8. El discurso de Blas Piñar fue reproducido en el mismo periódico el 27 de marzo de 1963, p. 4. 416. Nueva España, 22 de julio de 1959, p. 2. 417. Boletín Oficial del Estado, 22 de julio de 1959, n.º 174, pp. 10005-10006. 418. Preston (2005: 738). 419. Molinero e Ysàs (2009: 60). 420. Boletín Oficial del Estado, 30 de diciembre de 1963, n.º 312, pp. 18181-18190. 421. Boletín Oficial del Estado, 11 de enero de 1967, n.º 9, pp. 466-477. 422. Soto (2005: 54). 423. Moradiellos (2003: 153). 424. Soto (2005: 97). 425. Moradiellos (2003: 157). 426. Moradiellos (2003: 160). 427. A decir verdad, los aperturistas se definían más por su oposición a los vencedores de la crisis de 1969 que por poseer una identidad propia o un programa coherente. Sus planteamientos políticos, que pretendían ser más avanzados que los del Gobierno, al que presentaban como inmovilista, respondían a la necesidad de romper el dominio ejercido por Carrero y su equipo al objeto de recuperar protagonismo en la toma de decisiones. Soto (2005: 111). 428. Molinero e Ysàs (2009: 159). 429. Moradiellos (2003: 175). 430. Molinero e Ysàs (2009: 184). 431. Moradiellos (2003: 185). 432. Molinero e Ysàs (2009: 220). 433. Boletín Oficial del Estado, 21 de noviembre de 1975, n.º 280, pp. 23342-24360. 434. El anterior presidente de la Corporación municipal comunicó al Pleno el 12 de marzo de 1958 que «estos cinco años, precedidos de otros diez como presidente de la Diputación, suponen una vida pública muy

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Notas

larga, la cual estaba pesando mucho para mis escasos conocimientos, máxime en esta época en la que se multiplican tal serie de actividades y problemas», y manifestó además que «necesariamente se precisan para este cargo hombres nuevos, llenos de savia, dotados de espíritu joven, plenos de entusiasmo, de anhelos y de iniciativas». AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 12 de marzo de 1958, f. 102r. 435. Los entrecomillados, en AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 7 de mayo de 1958, f. 111r-v. 436. Toda la información y los entrecomillados que cito sobre la ceremonia de toma de posesión de la alcaldía por Mariano Ponz, salvo que indique expresamente lo contrario, pueden localizarse en el diario Nueva España del 8 de mayo de 1959, pp. 1 y 4. 437. Toda la información que cito aquí, entrecomillados incluidos, la obtengo de los informes redactados por la Guardia Civil y el subjefe provincial del Movimiento de Huesca, Juan Arós Massó, en abril de 1958 —AGA (8) 22.0152/14— y de Bellosta (2004a). 438. Marín (2001: 399). 439. Ibidem, p. 398. 440. Los entrecomillados, en Nueva España, 8 de mayo de 1958, p. 4. Las cursivas son mías. 441. La carta de la que obtengo toda la información que cito y de la que extraigo los entrecomillados puede encontrarse en AGA (8) 021.000 46/52.104-54.509. 442. Los entrecomillados, en el discurso que Mariano Ponz Piedrafita pronunció en el acto durante el cual tomó posesión de la alcaldía de Huesca Emilio Miravé Díez. Nueva España, 9 de octubre de 1966, pp. 1 y 3. 443. El entrecomillado, en el discurso pronunciado por Víctor Fragoso del Toro durante la toma de posesión de Emilio Miravé Díez. Nueva España, 9 de octubre de 1966, p. 3. 444. La información sobre Emilio Miravé Acebillo, en AMH, exp. 4392. 445. Este entrecomillado corresponde al discurso que Víctor Fragoso del Toro pronunció en el acto durante el cual tomó posesión de la alcaldía de Huesca Emilio Miravé Díez. Nueva España, 9 de octubre de 1966, p. 3. 446. Obtengo esta información de www.nazarenohuesca.es. 447. El último entrecomillado, que cita palabras del gobernador civil, en Nueva España, 9 de octubre de 1966, p. 3. El resto de la información que aquí incluyo sobre Emilio Miravé Díez, salvo que indique lo contrario, en Brioso (2004b: 72-73). 448. Tanto los entrecomillados como la información que cito hasta aquí, en el informe sobre el Ayuntamiento que Víctor Fragoso del Toro envió a la Dirección General de la Administración Local en 1970. AGA (8) 11.13 53/191. 449. El texto de la carta enviada por Fragoso del Toro a Miravé, en AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 30 de octubre de 1971, f. 183v. Las cursivas son mías. Salvo que indique lo contrario de forma expresa, toda la información que he citado aquí sobre el asunto de la impugnación de las elecciones a procurador en Cortes en representación de los municipios de 1971, incluidos los entrecomillados, en el «Informe sobre la situación general de la provincia en los aspectos político, social y económico» que el gobernador civil envió a la Dirección General de la Administración Local a principios de 1972. AGA (8) 22.004 52/507. 450. La información y los entrecomillados que cito sobre la actuación de los concejales y las palabras del alcalde en relación con este asunto, en AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 30 de octubre de 1971, ff. 183r-184v. 451. Balaguer (1995: 75). 452. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 30 de agosto de 1972, ff. 58r-60v. 453. He trazado un perfil biográfico de Antonio Durán Gudiol en Domper (2010: 86-88 y 149, n. 295). 454. José Antonio Llanas nació en Huesca el 16 de diciembre de 1920 en el seno de una importante familia de propietarios y boticarios «de rancio abolengo». Persona de profundas convicciones religiosas y defensor de los ideales tradicionalistas, participó en la Guerra Civil combatiendo en el Tercio de Requetés de Doña María de

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Molina y Marco de Bello. Farmacéutico de profesión, accedió por primera vez al Pleno Municipal en las elecciones de 1966 como representante del tercio sindical. En 1973 debería haber abandonado el Consistorio por haber cumplido los dos mandatos que le otorgaba su elección; sin embargo, decidió presentarse de nuevo a los comicios municipales de ese año, esta vez por el tercio de representación familiar, y salió elegido concejal. La información sobre su fecha de nacimiento, su condición familiar, sus creencias y su participación en la Guerra Civil, en Brioso (2004c). 455. Toda la información que utilizo en este párrafo, incluido el entrecomillado, sobre cómo se gestó la propuesta de nombrar a Antonio Durán hijo adoptivo de la ciudad la obtengo de Balaguer (1995: 74-75). 456. El contenido de la carta enviada por el gobernador al alcalde el 4 de septiembre de 1972 puede consultarse en el expediente PRO1973/29BIS del AMH. 457. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 27 de septiembre de 1972, ff. 65v-66r. 458. Balaguer (1995: 76). 459. AMH, exp. PRO1973/29BIS. 460. Ibidem. 461. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 27 de septiembre de 1972, ff. 66v-67r. 462. Los datos y los entrecomillados relativos a la reunión convocada por el gobernador civil pueden localizarse en AGA (8) 22.004 52/475, memoria del Gobierno Civil de Huesca de 1972, p. 7. 463. La información sobre la amistad de Alberto Turmo con la mayoría de los concejales y sobre las palabras que le dijo uno de ellos en relación con este asunto, en Balaguer (1995: 76). 464. Este entrecomillado y la idea de que los concejales mantuvieron su apoyo a Emilio Miravé durante la reunión mantenida con el gobernador civil los obtengo de la conversación que mantuve con Julio Sopena Lalaguna el 27 de julio de 2010. 465. Toda la información que utilizo aquí, entrecomillados incluidos, sobre Antonio Lacleta procede de la conversación que mantuve con él el 1 de diciembre de 2010. 466. Todo lo relativo a la evaluación y las propuestas de mejora que realizó el gobernador civil de Huesca a principios de 1967 sobre el sistema de elecciones municipales, en AGA (8) 22.004 44/12138, memoria del Gobierno Civil de 1966. 467. La información sobre esta segunda propuesta, en AGA (8) 22.004 52/491, memoria del Gobierno Civil de 1969. 468. Todo lo aquí escrito sobre Antonio Lacleta procede de la conversación que mantuve con él el día 1 de diciembre de 2010. 469. La información sobre la continuidad de los rumores y su difusión en periódicos de Zaragoza, en AGA (8) 22.004 52/475, memoria del Gobierno Civil de 1972, p. 7. 470. Salvo que indique expresamente lo contrario, toda la información y los entrecomillados relacionados con el discurso ofrecido por el gobernador civil de la provincia en la toma de posesión de la alcaldía de Antonio Lacleta, en el diario Nueva España del 20 de octubre de 1972, p. 6. 471. Ambos entrecomillados, en AGA (8) 22.004 52/491, memoria del Gobierno Civil de 1969. 472. García Ramos (2011). 473. La imagen del Concejo como «consejo de administración» de la ciudad me la transmitió Julio Sopena Lalaguna en la conversación que mantuve con él el 27 de julio de 2010. 474. García Ramos (2011). 475. En el anuncio de quinientas palabras que, de acuerdo con lo estipulado por la ley, se le permitió insertar en la tercera página del diario Nueva España del 11 de noviembre de 1973, José Antonio Llanas afirmaba: «En

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Notas

las pasadas elecciones, cuando llenábamos la papeleta, escribíamos el nombre de un concejal. Hoy, al llenarla, escribimos el de un posible alcalde de Huesca. Tema para reflexionar y meditar, antes de emitir nuestro voto, pues tenemos en nuestras manos, al menos en posibilidad, lo que tantas veces hemos reclamado: ¡un alcalde elegido por el pueblo!». 476. La información sobre Montserrat Costa, en Nueva España, 7 de noviembre de 1973, p. 7, y Bellosta (2004b). 477. La frase es de José María Gella Buesa, que la pronunció en el marco de la entrevista que mantuve con él el 19 de julio de 2010. 478. Palabras de Julio Sopena Lalaguna, entrevistado el 27 de julio de 2010. 479. José María Gella Buesa, entrevistado el 19 de julio de 2010. 480. Julio Sopena Lalaguna, entrevistado el 27 de julio de 2010. 481. Boletín Oficial del Estado, 21 de noviembre de 1975, n.º 280, pp. 24342-24360. 482. Nueva España, 20 de octubre de 1972, p. 6. 483. Canales (2003: 57-58). 484. Boletín Oficial del Estado, 27 de diciembre de 1962, n.º 310, pp. 18285-18288. 485. El entrecomillado, ibidem, p. 18285. 486. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 9 de junio de 1959, f. 186v. 487. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 6 de octubre de 1959, f. 10r. 488. El dato sobre el superávit y los entrecomillados, en AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 7 de julio de 1961, ff. 117r y 118r. 489. AMH, exp. 14876, plan municipal de inversiones de 1964-1967. 490. Nueva España, 9 de octubre de 1966, p. 3. 491. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 16 de enero de 1963, ff. 34v-35r. En ese mismo pleno el alcalde informó de que «la desaparición de determinadas exacciones por prestación de servicios no lleva consigo la desaparición de los servicios que hay que continuar prestando». 492. La idea de que las necesidades que debía afrontar eran superiores a las que por su número de habitantes le corresponderían, en AMH, exp. 14876, plan municipal de inversiones de 1964-1967. 493. El 13 de enero de 1965 Mariano Ponz informó a los concejales de que la aportación municipal a las obras de abastecimiento de agua de la ciudad suponían un desembolso de gran consideración que comprometía la economía de la institución, con cuotas de amortización e intereses, hasta el punto de «paralizar la actividad municipal en otras direcciones y competencias muy urgentes por su necesidad», algo que no cambiaría «mientras no se modifique el estado actual de las haciendas locales y su cuadro de exacciones permita alcanzar mayor holgura económica municipal». AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 13 de enero de 1965, f. 180r. Las cursivas son mías. 494. Tras el aumento del sueldo de sus funcionarios que el Ayuntamiento de Huesca se vio obligado a llevar a cabo por la Orden del Ministerio de la Gobernación de 9 de agosto de 1962, el alcalde explicó que dicho incremento salarial significaba que el Consistorio vería «mermados sus gastos en obras que todos los concejales consideran necesarias y en atenciones que a todos los componentes de la corporación les agradaría el llevar a efecto». AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 12 de noviembre de 1962, f. 19r. 495. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 20 de diciembre de 1963, f. 97r-v. 496. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 13 de enero de 1965, ff. 178v y 179v-180r. 497. En menor cantidad aportaron igualmente fondos la Junta Nacional del Paro, la Dirección General de la Administración Local y la Presidencia del Gobierno, esta a través de los planes de acción e inversión, también llamados de desarrollo local, aunque en este caso las cantidades fueron mínimas, tal y como me contó Julio Sopena Lalaguna en la entrevista que mantuve con él el 19 de julio de 2010. No obstante, las ayudas provenientes de los

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planes de desarrollo, por escasas que fuesen, se acabaron en 1971, puesto que ni Huesca ni su provincia fueron incluidas en las previsiones del III Plan de Desarrollo, lo que para Ricardo Oliván constituía «un hecho lamentable que sin duda olvida las características especiales de esta provincia». AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 29 de diciembre de 1971, f. 198r. 498. El 2 de febrero de 1964 el presidente de la Corporación afirmó ante el resto de sus miembros que de las 16 342 249 pesetas que se habían invertido en obras a lo largo de los últimos seis años una parte muy importante procedía de subvenciones otorgadas por otros organismos estatales o provinciales, especialmente por la Comisión Provincial de Servicios Técnicos. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 2 de febrero de 1964, ff. 175v-176r) 499. La expresión la obtengo de la entrevista que mantuve con Julio Sopena Lalaguna el 19 de julio de 2010. 500. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 27 de agosto de 1969, f. 136r. A pesar de ello, la citada dirección general no accedió a la propuesta municipal y fijó la cancelación de la deuda por parte del Consistorio en un plazo no superior a los diez años a partir de 1970. Sesión del 30 de septiembre de 1969, ff. 140v-141r. 501. AMH, exp. 14876, plan municipal de inversiones de 1964-1967. 502. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 2 de agosto de 1960, f. 54r. 503. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 8 de mayo de 1959, ff. 174v-176r. 504. La aprobación del presupuesto extraordinario y la contratación del préstamo para financiarlo, en AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 25 de abril de 1962, ff. 183r-184r. 505. El problema que ocasionó el aumento de los costes estribaba en el hecho de que en el proyecto figuraban como excavación de tierra unos tramos que en realidad eran de roca, lo cual aumentaba de manera cuantitativa el coste de la obra. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 4 de diciembre de 1963, f. 94v. 506. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 7 de octubre de 1963, f. 82v. 507. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 13 de noviembre de 1963, ff. 84v-86v. 508. Todo lo referente a la reunión mantenida en Madrid con el director general de Obras Hidráulicas, en AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 4 de diciembre de 1963, ff. 93v-94v. La noticia sobre la reactivación de las obras, en el acta de la sesión del 2 de septiembre de 1964, f. 149r. 509. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 20 de junio de 1967, f. 132r. 510. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 19 de mayo de 1967, f. 125r. 511. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 20 de junio de 1967, f. 137r-v. 512. Los concejales recibieron la noticia de que la construcción del embalse había sido aprobada por el Consejo de Ministros en la sesión del Pleno del 2 de marzo de 1966. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión citada, f. 39v. 513. Todos los datos sobre la sequía, los acuerdos tomados por el Pleno y la causa de que no estuviese terminado el pantano de Vadiello, en AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 30 de septiembre de 1970, ff. 35r-36r. 514. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 31 de enero de 1972, ff. 6v-7r. 515. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 10 de mayo de 1960, f. 40v. El entrecomillado, en Nueva España, 10 de mayo de 1960, p. 6. 516. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 18 de abril de 1963, f. 51r-v. 517. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 8 de abril de 1964, ff. 125v-127r. 518. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 15 de mayo de 1964, ff. 133r-134v. 519. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 2 de diciembre de 1964, f. 170r. 520. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 2 de diciembre de 1964, ff. 169r-171v. 521. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 26 de junio de 1968, f. 21v.

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Notas

522. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 28 de marzo de 1973, f. 131r-v. 523. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 28 de noviembre de 1974, f. 180v. 524. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 27 de marzo de 1974, ff. 71v-72r. 525. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 30 de abril de 1974, ff. 84v-85v. 526. Sabio (1990: 442). En el plan municipal de inversiones de 1964-1967 (AMH, exp. 14876) el problema estaba reflejado con claridad: «se advierte una notoria insuficiencia de personal debidamente especializado en la mayoría de las profesiones y muy especialmente en algunos sectores industriales y en el de la construcción». 527. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 6 de noviembre de 1959, f. 15r-v. 528. Boletín Oficial del Estado, 11 de abril de 1961, n.º 86, p. 5496. 529. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 4 de noviembre de 1964, f. 157v. 530. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 16 de enero de 1963, f. 34r-v. 531. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 12 de abril de 1965, f. 194v. 532. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 4 de noviembre de 1964, 157v. 533. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria 18 de octubre de 1967, ff. 159v-160r. 534. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 29 de noviembre de 1968, f. 66v. 535. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 29 de enero de 1969, ff. 74v-75r. 536. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 30 de diciembre de 1970, f. 78r-v. 537. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 24 de marzo de 1971, f. 124r-v. 538. En este sentido, me parece destacable la reunión entre Antonio Lacleta y el ministro de Educación y procurador familiar en Cortes por Teruel Cruz Martínez Esteruelas, con quien tenía buena relación el alcalde oscense, en la que este llegó a poner sobre la mesa del ministro la posibilidad de que el Pleno Municipal al completo presentase la dimisión si no se ofrecía a Huesca la posibilidad de albergar un colegio mayor universitario. Obtengo esta información de la entrevista que mantuve con Antonio Lacleta el 1 de diciembre de 2010. 539. Solsona (2011: 10). 540. Ibidem. 541. Nueva España, 18 de septiembre de 1973, p. 6. Las palabras de Artero son citadas en un artículo anónimo publicado en el diario meses después de su muerte, con motivo de la concesión oficial a Huesca del colegio mayor universitario. 542. Todo lo relativo a esta reunión del Consejo Provincial del Movimiento, así como los entrecomillados citados, puede encontrarse en el diario Nueva España del 18 de julio de 1972, pp. 1 y 8. 543. Nueva España, 6 de agosto de 1972, p. 1. 544. Nueva España, 20 de septiembre de 1972, p. 1. 545. Nueva España, 24 de marzo de 1973, pp. 1 y 6. 546. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 29 de noviembre de 1972, ff. 87v-88r. 547. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 31 de enero de 1973, f. 109v. 548. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 27 de julio de 1973, f. 170v. 549. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 28 de septiembre de 1973, f. 185r. He abordado este asunto con mayor detalle en Domper et alii (2012). 550. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 3 de julio de 1962, ff. 191v-194v.

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551. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 22 de septiembre de 1961, f. 134v. 552. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 30 de septiembre de 1970, f. 36r. 553. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 29 de julio de 1970, ff. 16v-17r, y sesión del 22 de septiembre de 1971, f. 179r-v. 554. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 8 de mayo de 1959, f. 179r-v. 555. AMH, exp. 14876. 556. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 2 de febrero de 1966, f. 34r-v. 557. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 4 de marzo de 1964, ff. 119v-121r. 558. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 20 de diciembre de 1967, ff. 177r-180v. 559. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 15 de marzo de 1963, f. 44v. 560. AGA (8) 11.13 53/191, memoria del Gobierno Civil de Huesca de 1970. 561. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 2 de febrero de 1966, ff. 34v-35r. 562. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 29 de noviembre de 1968, f. 59r-v. 563. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 27 de marzo de 1974, f. 72r-v. 564. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 16 de febrero de 1962, ff. 158v-163v, y sesión ordinaria del 30 de diciembre de 1968, ff. 68v-69r. 565. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 6 de octubre de 1959, f. 7r-v. 566. Esto ocurrió en julio de 1963, cuando se pidió la creación de una unidad de párvulos (AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 5 de julio de 1963, f. 67r-v), y en julio de 1964, cuando se demandó la puesta en marcha de tres nuevas secciones, una de niños y dos de niñas (sesión del 3 de julio de 1964, ff. 142v-143r). 567. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 3 de julio de 1964, f. 143r-v. 568. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión ordinaria del 19 de abril de 1967, f. 118r-v. 569. AGA (8) 11.13 53/191, memoria del Gobierno Civil de Huesca de 1970. 570. Los concejales que firmaron esa moción fueron Julio Sopena, José Antonio Llanas, Montserrat Costa, Ricardo Oliván y Fernando Coarasa. Toda la información sobre este asunto, en AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 27 de marzo de 1974, f. 72r-v. 571. AGA (8) 22.004 52/491, memoria del Gobierno Civil de 1969, p. 29. 572. Según la memoria del Gobierno Civil de 1970, la población de la capital oscense se nutría esencialmente en aquella fecha de funcionarios, comerciantes, agricultores, artesanos empleados y «un grupo no numeroso de asalariados». Además, no existía problema de paro, puesto que el sector de la construcción absorbía toda la mano de obra. AGA (8) 11.13 53/191. En este sentido, la memoria de 1972 recoge que «las relaciones de los obreros con la Organización Sindical siguen siendo correctas y constructivas, canalizándose por su conducto las diversas incidencias laborales que les afectan y continuando sin apreciarse indicios que permitan suponer la existencia de Comisiones Obreras u otras organizaciones clandestinas, ni agitadores o propagandistas de ideas extremistas». AGA (8) 22.004 52/475. 573. AGA (8) 22.004 52/507, memoria del Gobierno Civil de 1971, p. 11, y 22.004 52/475, memoria del Gobierno Civil de 1972, p. 4. 574. Estoy pensando principalmente en la posición geográfica de Huesca, situada entre dos regiones con un fuerte sentimiento identitario desde finales del siglo xix, y en la llegada al Consistorio de Antonio Lacleta, que, dada su amistad con el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza Hipólito Gómez de las Roces —fundador del Partido Aragonés Regionalista (PAR)— y otros procuradores familiares en Cortes por Aragón, con los que se reunía habitualmente en Madrid, estaba convencido de la necesidad que tenían las tres provincias aragonesas de aunar

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Notas

fuerzas para lograr un mayor desarrollo. La información sobre Antonio Lacleta procede de la conversación que mantuve con él el 1 de diciembre de 2010. 575. El entrecomillado lo obtengo de la conversación que mantuve con Antonio Lacleta el 1 de diciembre de 2010. Frente a este tipo de regionalismo se desarrolló otro, «apoyado fundamentalmente en añoranzas históricas», que comenzó a desarrollarse al amparo de determinadas actividades culturales, sobre todo de carácter literario, en las que participaron personas como León Buil, Ánchel Conte o Ramón Martí y que servían de pretexto para «llevar a cabo una censura, más o menos encubierta, de las instituciones del Sistema». AGA (8) 22.004 52/475, memoria del Gobierno Civil de 1972. 576. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión extraordinaria del 12 de marzo de 1974, ff. 61v-62v. 577. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 28 de mayo de 1975, ff. 29v-30r. 578. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 25 de junio de 1975, f. 36r-v. 579. AMH, actas del Pleno Municipal, sesión del 26 de marzo de 1975, f. 15r-v.

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Fuentes documentales y bibliográficas

Archivos consultados AGA – Archivo General de la Administración (3). Ministerio de Información y Turismo. Dirección General de Seguridad. (8). Ministerio de la Gobernación. Dirección General de la Administración Local. Dirección General de Seguridad. Dirección General de la Guardia Civil. (9). Ministerio de la Presidencia del Gobierno. Secretaria General del Movimiento. Delegación Nacional de Provincias.

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AMH – Archivo Municipal de Huesca Actas del Pleno Municipal (1938-1975). Correspondencia de la alcaldía (1947-1956). Expedientes sueltos (1938-1975). Órdenes, circulares e instrucciones del Ministerio de la Gobernación y del Ministerio de la Presidencia del Gobierno (1938-1975). Presupuestos municipales (1938-1975). AHPHu – Archivo Histórico Provincial de Huesca 1.3. Administración periférica del Estado. 1.3.2. Educación y cultura. Instituto de Bachillerato Ramón y Cajal. IEA – Instituto de Estudios Altoaragoneses Adelante (hoja informativa de la Falange de Huesca). Diario Nueva España.

Entrevistas José María Gella Buesa Arturo Lacasa Oliván Antonio Lacleta Pablo Julio Sopena Lalaguna

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ISBN 978-84-8127-278-9 IBIC IBIC JP, HBLW, HBJD

ómo era la sociedad oscense en el franquismo? ¿A través de qué mecanismos se ancló el régimen a ella? ¿Quiénes y cómo ejercieron el poder político? ¿Cuáles fueron sus principales problemas? Este libro intenta responder a esas preguntas partiendo del estudio del Ayuntamiento de Huesca entre marzo de 1938, cuando el ejército rebelde puso fin al asedio del ejército republicano a la capital del Alto Aragón, y noviembre de 1975, cuando se publicó la nueva Ley de Bases del Régimen Local al día siguiente de la muerte de Franco. Para ello se ha combinado la descripción con un análisis teórico asentado en los principales debates que se vienen desarrollando en la historiografía sobre el franquismo con el fin de profundizar en la relación entre Estado y sociedad. Por otro lado, el estudio de la dictadura en Huesca comparte protagonismo en estas páginas con el de la historia española y europea en un periodo tan complejo como apasionante.

I NV ES T I GAC I ÓN Y T ER R I TOR I O