AEH, PUCE. Revista Quitumbe Nº. 14

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LAS NACIONES LATINOAMERICANAS: UNA INVENCIÓN CRIOLLA EXCLUYENTE

Alejandro López Valarezo 1

El estudio histórico de la formación de los estados modernos es un tema harto complejo. Investigadores de corte marxista han abordado el tema con el afán de mostrar algunas contradicciones en los procesos fundacionales de los estados republicanos. Es así que, en este breve ensayo y desde esa perspectiva, pretendemos abordar el contenido antes mencionado como una invención criolla que excluyó a los grupos subalternos de la sociedad.

Para esto dividiremos nuestra exposición en cuatro acápites: Precisiones y conceptos; Conciencia criolla y su permanencia en la República temprana; Hegemonía y dominación; y Estatismo y otras voces de la historia.

Precisiones y conceptos La nación y el Estado Los Estados han existido desde la antigüedad; pero, cuando hablamos de Estados modernos republicanos, nos referimos a los Estados que surgieron a partir de finales del siglo XVIII, de dos momentos históricos paradigmáticos.

María José Vilalta2 (2007) identifica estos momentos como hitos fundamentales durante el proceso de construcción de la ciudadanía republicana pero, para nuestro propósito, nos ubican en un contexto de gran influencia en el pensamiento político del siglo XVIII y XIX en la formación de los Estados Republicanos en América Latina: 1. La declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1787 que, a partir de los principios de John Locke y de otros pensadores de la Ilustración, puso en discusión los “derechos fundamentales” del hombre 1

ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA Vilalta, María. “La construcción histórica del concepto de ciudadanía: un impactante viaje entre Europa y América (siglos XVI-XVIII) en Ciudadanía y exclusión: Ecuador y España frente al espejo. Bretón y otros eds. Catarata 2007. P:35 5 2

como: el derecho a la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad, etc.

2. La declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano durante la revolución francesa en 1789, que establece el triunfo del “derecho natural”, gracias al pensamiento de Montesquieu, Rousseau y otros.

A partir de estos dos momentos históricos paradigmáticos, podemos hablar de los conceptos de Estado y Nación, para de esta forma comprender sus diferencias y connotaciones específicas.

El estado es aquella comunidad humana, que, dentro de un territorio determinado reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia física legítima3.

De esta definición se desprende que el Estado tiene que ver con condiciones de dominación/subordinación. Es decir, una élite que ostenta un sistema legal y coercitivo para mantener el orden.

(Las naciones) son los constructos de las convicciones, fidelidades y solidaridades de los hombres (...) Dos hombres son de la misma nación si y solo si comparten la misma cultura, entendiendo por cultura un sistema de ideas y signos, de asociaciones y de pautas de conducta y comunicación 4.

Existen otras definiciones para Estado y Nación pero, en este caso, solo trabajaremos con estas dos por considerarlas representantes de un pensamiento clásico del tema que nos aboca.

La Nación es diferente del Estado. Nación abarca a todos los pobladores que expresan sentimientos de pertenencia hacia un territorio dado; mientras que Estado es la forma legal de gobierno de la Nación.

En este punto, debemos ser precisos en acotar que, en América Latina, el proceso de construcción y formación de nuestros países fue largo y surcado por la colonización.

La lucha por la independencia y la libertad debe ser entendida como un amplio marco de contradicciones, en las cuales los estratos sociales de la colonia se enfrentaron entre si con el evidente triunfo de uno de los proyectos estatales de independencia.

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Gilly, Adolfo Historia a contrapelo una constelación. Ediciones Era México. 2005. P: 20 Gellner, Ernest. Naciones y nacionalismo. Alianza Editorial. Tercera impresión. Madrid. 2001.

P: 20 6 4

Conciencia criolla y su permanencia en la República temprana En cuanto a este tema y a manera de ejemplo podemos referimos al texto “Reclamos y representaciones. Variaciones sobre política en el Nuevo Reino de Granada 1770-1815” de Margarita Garrido (2003) que, si bien es cierto no abarca en su estudio a toda América Latina, nos puede ser muy útil para mostrar como las élites criollas se identificaron entre si para luego buscar autogobernarse.

Los criollos 5, como sujetos coloniales 6, participaron de una conciencia americanista, de una idea de pertenencia a la tierra en la que vivían que se dio desde el siglo XVI, según lo afirma Garrido. Este estamento social sentía un marcado rechazo hacia las autoridades peninsulares, que llegaron a estas tierras para gobernar y fortalecer el proyecto borbónico centralizador del siglo XVIII, lo que generó una serie de manifestaciones intelectuales y sociales en contra de la marginación y discriminación que sufrían los criollos por parte de los españoles peninsulares. ** Los criollos fundamentaban sus reclamos en relación a la pureza de su sangre y sus relaciones de parentesco con los conquistadores, por lo que siempre mostraron preferencia por mantener una vía de relación más directa con el Rey7.

Para Garrido, estos reclamos por parte de los criollos dieron lugar al surgimiento de una cultura política criolla americanista -lugar imaginario creado por una comunidad para la formación de una identidad frente a los poderes centrales 8- en el nuevo continente; los criollos neogranadinos formaron una conciencia de “pertenencia a un cuerpo de lectores de prensa donde los hechos aparecen como simultáneos en el tiempo, la experiencia de formas de sociabilidad seculares y el compartir un lenguaje burocrático con el cual se apropiaron de un territorio” 9.

La misma autora acota que la expedición botánica ilustrada que visitó los 5

Era considerados criollos aquellos pobladores americanos que descendían de los conquistadores y colonizadores españoles, pero que habían nacido en suelo “neo-continental”.

6 Aquellas personas que a pesar de pertenecer a la élite de la sociedad, viven bajo la dualidad colonizadores-colonizados (GARRIDO, Margarita Reclamos y representaciones Variaciones sobre política en el Nuevo Reino de Granada 1770-1815. Banco de la República 2003:27) 7 Ibíd.: 29 8 Garrido refiriéndose a los conceptos de Benedict Anderson “Comunidades Imaginadas.

Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo”.

9 Garrido, Margarita. Op. Cit P: 26 7

territorios en mención 10, dio una inyección del pensamiento Ilustrado del siglo XVIII en el campo científico que, evidentemente, influyó en la manera de pensar de los criollos. Esta Ilustración dio apertura a una forma diferente de hacer sociedad abriendo espacios de discusión y de formas de comunicación, como el periódico del cubano Manuel del Socorro Rodríguez “El periódico de Santa Fe”11. Además, un gran movimiento literario y modernizador se ha identificado como un patriotismo científico que “se dedicó en la Nueva Granada a refutar la “calumnia de América”, o la noción de la inferioridad americana planteada por el abad prusiano Cornielle de Paw, el natrualista Buffon y otros”12.

Este patriotismo científico también estaba interesado en mejorar el estilo de vida y modernizar la economía. Por ejemplo, uno de sus planteamientos era aumentar el número de esclavos negros porque eran mejores trabajadores que los indios, los cuales debían adoptar la cultura blanca y aprovechar mejor la tierra13.

La lucha por la prevalencia económica giraba en torno a que los criollos interpretaban las reformas borbónicas como una forma de garantizar la permanencia de la colonia en los territorios americanos 14, por lo que reclamos y representaciones de rechazo a lo que ellos consideraban una forma de exclusión del devenir económico y político de las reformas de Carlos III fueron constantes.

Así podemos hablar de subalternidad en términos de ciudadanía, de raza, de estrato económico, todos lugares en los cuales podemos encontrar dominación y exclusión.

La formación de los Estado-nación en América Latina por parte de los criollos, se sirvió en gran medida de la Historia como ciencia positiva para la justificación y permanencia de su proyecto de gobierno y a pesar de los grandes discursos reivindicatorios de la época, la exclusión se hizo, muchas veces, más profunda.

Cuando hablamos de la Historia como ciencia positiva nos referimos al movimiento intelectual del siglo XIX que también es conocido como Historicismo. El Historicismo, efectivamente, se desarrollo en un intento de asemejar a las ciencias sociales con las ciencias naturales. Esto implica un acercamiento hacia la Historia como un acercamiento a una barra de metal o a 10

Von Humbolt y Bompland llegaron a Nueva Granda a principios del siglo XIX Garrido, Margarita. Op. Cit. P: 45 12 Ibíd.:50 13 Ibíd.:69 14 Ibíd.:109 8 11

un elemento químico, como si se pudiera experimentar objetivamente con ella.

Además, el Historicismo es un intento por promulgar leyes sociales para el futuro, por reducir la realidad humana a una condición histórica lineal, teleológica y presuntamente objetiva.

El Historicismo surge también con las ideas del nacionalismo alemán; es por eso que muchos han identificado a esta escuela de la Historia como un proyecto político, no solo por su especial interés en la esfera elitista de la sociedad, los actores sociales, las guerras, la diplomacia, sino también porque al pretender establecer una interpretación para el futuro, legitima proyectos sociales que en muchos casos han resultado excluyentes, como lo es el caso ecuatoriano.

Estatismo y otras voces de la Historia Teniendo en cuenta qué motivó a los “criollos” en su lucha por la independencia del gobierno español, es oportuno anotar aquí que la dominación a los sectores subalternos 15 continuó dentro del Estado Republicano.

Las Independencias americanas han sido interpretadas, de manera muy simplista, buena parte de historiografía interpretaba al siglo XIX en términos de la transición de las sociedades de Antiguo Régimen a los estados-nación modernos16, dejando de lado el análisis del período republicano y liberal como momentos en los cuales se mantuvieron varias desigualdades sociales y exclusiones de carácter no solo “racial” o económico, y que no han podido ser resueltas en su totalidad aún en nuestros días, como lo expone Gilly. “cada revolución victoriosa establece una nueva relación de dominación con una nueva élite, no la abolición de toda dominación. Cada golpe de Estado exitoso establece un nuevo gobierno y un nuevo grupo de gobernantes que mantienen, ejercen y reproducen la dominación existente” 17.

En Ecuador varios son los textos históricos que siguen esta perspectiva, que se ha dado por denominar historia conservadora. Entre sus principales autores podemos destacar a Pedro Fermín Cevallos, Francisco Aguirre Abad, 15

Concepto de por su amplitud, en este momento lo definiremos en relación a la dominación que el Estado ejerce frente a “clase, casta, género y oficio”.

16 Sabato, Hilda “La ciudadanía en el siglo XIX: nuevas perspectivas para el estudio del poder político en América latina”. En: Cuadernos de Historia Latinoamericana. S.A. S.E. 2000: 49.

17 Gilly, Adolfo. Op. Cit. p: 21.

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Pedro Moncayo, Juan Murillo Miró, Federico Gonzales Suárez durante el siglo XIX; y Jacinto Jijón y Caamaño, Julio Tobar Donoso, José María Vargas, Carlos de la Torre Reyes, Jorge Salvador Lara, entro otros para el siglo XX 18.

Entendemos, entonces, historia conservadora como una forma más positivista de hacer historia, que se acerca con criterios absolutos de verdad a los archivos y documentos, que nos muestra como verdadero un discurso de dominación basado, entre otras cosas, en la construcción de héroes en muchos casos militares, legitimando así el uso de la fuerza de acuerdo a la definición de Estado de Max Weber.

La historia conservadora solo mira a las élites como personajes históricos, en palabras de Valeria Coronel, esta posición defiende el protagonismo del patriarcado criollo y privilegia las juntas como único objeto de estudio19, dejando de lado a otros actores sociales, también protagonistas del devenir histórico.

Esta vía de interpretación de la historia -historia conservadora- es denominada “estatismo” por Ranahit Guha, quién lo define como una ideología... que autoriza que los valores dominantes del estado determinen el criterio de lo que es histórico20.

Debemos acotar que el “estatismo” surge de la necesidad de los grupos que iniciaron la República -en nuestro caso las élites criollas- de consolidar el nuevo estado de dominación en el siglo XIX; es así que otras voces no son tomadas en cuenta dentro de un discurso oficial de libertad, ciudadanía e igualdad para todos en el Estado-nación. La historia conservadora excluye las otras voces.

En el caso de la India, Guha afirma que su historia no empieza con la colonización, y que es mucho más que la época colonial o la independencia y, que como parte de un proyecto político, la historia debe “escuchar” las otras voces de lo histórico.

Esto nos sirve a nosotros también como un punto de partida en la afirmación de que la historia de América latina ha sido contada desde una perspectiva que fundamenta la dominación y el predominio de una actividad política elitista.

Landázuri, Carlos. “La historiografía ecuatoriana” en revista Quitumbe No 6. Editorial *Nuestra América* Quito 1987 P:69 19 Coronel, Valeria Op.cit. p: 16 20 Guha, Ranahit. Las voces de la historia y otros estudios subalternos. Crítica. Barcelona. 2002.

P: 17 10 18

Los procesos independentistas no son hechos aislados, tampoco responden a la voluntad de un grupo selecto de personas como lo ha querido demostrar la historiografía conservadora e incluso la revisionista -Nueva Historia del Ecuador-.

Estas historiografías coinciden en la visión que limita el liderazgo de los movimientos independentistas solamente a las élites criollas. Si bien es cierto que la historiografía revisionista identifica algunas formas de participación popular, se detiene en el momento de identificar el papel de “la plebe”, ya que propone que este sector de la sociedad se debe a sentimientos de lealtad con los caudillos criollos 21.

Debemos señalar que en este momento no podemos afirmar que las clases subalternas mantenían unidad de criterios o que buscaban la Independencia pues no tenemos sustento documental que nos lo permita, pero sí podemos afirmar que la historia conservadora o estatismo, como lo denomina Guha, no da cuenta fiel del proceso de conformación del Estadonación ecuatoriano.

Conclusión: Este ensayo ha hecho, únicamente, una entrada teórica al tema del surgimiento del Estado-nación ecuatoriano. Se ha demostrado que, al contrario de lo que se cree, este nuevo orden político no mejoró las condiciones de vida de los denominados sectores subalternos pues, las luchas internas por el poder y el dominio económico criollo lograron aprovechar las condiciones históricas independentistas para establecer y fortalecer un Estado excluyente.

No podemos olvidar que durante la colonia también existió exclusión, pero como hemos visto, existen suficientes elementos para considerar que los Estados-naciones latinoamericanos son una invención criolla excluyente.

Bibliografía: CORONEL, Valeria. “Narrativas de colaboración, e indicios de imaginarios políticos populares en la “Revolución” de Quito”. En: La 21

Coronel, Valeria. Op. cit.

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independencia en los países andinos. Nuevas perspectivas. UASB. 2003.

GARRIDO, Margarita Reclamos y representaciones Variaciones sobre política en el Nuevo Reino de Granada 1770-1815. Banco de la República. 2003.

GELLNER, Ernest. Naciones y nacionalismo. Alianza Editorial. Tercera impresión. Madrid. 2001.

GILLY, Adolfo. Historia a contrapelo una constelación. Ediciones Era. México. 2005.

GUHA, Ranahit. Las voces de la historia y otros estudios subalternos.

Critica. Barcelona. 2002.

HOBSBAWN, Eric. Naciones y nacionalismos desde 1780. Barcelona.

1992.

LANDAZURI, Carlos. “La historiografía ecuatoriana” en revista Quitumbe No 6. Editorial *Nuestra América* Quito 1987 SABATO, Hilda. “La ciudadanía en el siglo XIX: nuevas perspectivas para el estudio del poder político en América latina”. En: Cuadernos de Historia Latinoamericana. S.A. S.E. 2000 VILALTA, María. “La construcción histórica del concepto de ciudadanía: un impactante viaje entre Europa y América (siglos XVI-XVIII) en Ciudadanía y exclusión: Ecuador y España frente al espejo. Bretón y otros eds. Catarata 2007

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PATRIMONIO HISTÓRICO Y MEMORIA

Carmen Sevilla 22

Inútilmente, magnánimo Kublai, intentaré describirte Zaira, la ciudad de los altos bastiones. Podría decirte de cuántos peldaños son sus calles en escalera, de qué tipo de arcos de sus soportales, qué chapas de zinc cubren los tejados; pero ya sé que sería como no decirte nada. La ciudad no esta hecha de esto, sino de relaciones entre las medidas de su espacio y los acontecimientos de su pasado: la distancia del suelo de una farola y los pies colgantes de un usurpador ahorcado; el hilo tendido desde la farola hasta la barandilla y el de enfrente y las guirnaldas que empavesan el recorrido del cortejo nupcial de la reina; la altura de aquella barandilla y el salto del adúltero que se descuelga de ella al alba; la inclinación de un canalón y el gato que lo recorre majestuosamente para colarse de la misma ventana; la línea de tiro de la cañonera que aparece de pronto detrás del cabo y la bomba que destruye el canalón; los rasgones de las redes de pesca y los tres viejos que sentados en el muelle para remendarlas se cuentan por centésima vez la historia de la cañonera del usurpador, de quien se dice que era un hijo adulterino de la reina, abandonado en pañales allí en el muelle.

Las Ciudades Invisibles: Las Ciudades y la Memoria. 3 Ítalo Calvino El 8 de septiembre de 1978, el “centro” histórico de Quito fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esta nominación impulsada por quienes reconocieron la importancia histórica y arquitectónica de este singular enclave urbano, se ha traducido en una lenta y cada vez más profunda transformación de la parte antigua de la ciudad de Quito. Al igual que todo asentamiento urbano, también éste se acopló a los cambios que han ocurrido a lo largo del tiempo: unos forzados por corrientes distantes y otros inducidos por el cercano devenir histórico.

Sin embargo, en los últimos años, el sector más tradicional de Quito se ha visto abocado a una metamorfosis mucho más trascendental y visible, al 22

PROFESORA DE LA PUCE 13

convertir buena parte de sus espacios cotidianos, en monumentos patrimoniales. ¿Qué implica ese cambio? es la pregunta de la cual parte este trabajo. La respuesta a la cuestión permitirá dilucidar los alcances que tiene este hecho, no solamente en el uso de este sector de la ciudad por parte de sus habitantes, sino también en la manera de interpretar esta transformación por las personas e instituciones encargadas de la preservación patrimonial de la ciudad. Sobre la base de estos aspectos se analizarán las consecuencias que tiene este proceso en la memoria colectiva y los efectos del mismo en el patrimonio intangible de nuestro entorno inmediato.

Varios son los investigadores que han centrado su interés académico en el estudio de la ciudad, no solamente como manifestación arquitectónica sino como expresión cultural e histórica de las distintas comunidades humanas.

En efecto, no existe testimonio material más elocuente de una sociedad que la ciudad. Ésta no solo constituye un conglomerado habitacional con fines puramente prácticos, sino que su disposición, estructura y características responden esencialmente al pensamiento de quienes la conciben, construyen y, sobre todo, habitan. De allí que la ciudad debe ser aprehendida como objeto y como idea; como creación material y expresión conceptual que trasciende el propósito inmediato de lo tangible, convirtiéndose en un ámbito de representación de significados. De esta forma, el espacio urbano recoge, asume y refleja una multiplicidad de ideas, a través de las cuales los hombres otorgan sentido a los lugares que habitan. Éste es un proceso individual y comunitario a la vez, un fenómeno en el que participan los poderes dominantes que expresan su hegemonía desde los volúmenes, las formas y el desafío a la geografía, en una clar a búsqueda del predominio de lo visual.

Sin embargo, hay, también, una manera muy distinta de asumir la ciudad; aquella que se genera desde los recorridos, las vivencias y construcción de circuitos de relaciones. Un texto que surge de los itinerarios cotidianos de los “caminantes”, como define Michel De Certeau 23 a los actores de lo ordinario, cuyos cuerpos reeditan e interpretan constantemente y a su modo, el contenido formal de la ciudad planificada. Ellos son esos otros protagonistas sociales, que se encargan de deconstruir, multiplicar o alterar el sentido original de los lugares, recodificando los elementos que los constituyen y creando espacios de significado propio.

Pero la ciudad es también tiempo. En efecto, otra característica singular de ella es su insólita capacidad para registrar el paso del tiempo. Si pensamos 23

De Certeau, The practice of every day life. Berkeley & Los Angeles, California, University of California Press. 1988. P: 91-110.

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en otras creaciones materiales del hombre, no existe otra que pueda captar de manera más cabal y sutil, la dinámica del tiempo. En los centros urbanos su transcurrir se percibe en la textura de una pared, el diseño de un balcón o el ornamento de una portada. El paso del tiempo también resulta visible en el uso de una esquina, la función de una plaza o el movimiento de una calle. La ciudad guarda y construye una memoria del pasado, que se conserva no solo en los bienes materiales, sino en el significado que estos adquieren para sus habitantes. De esta manera, los tiempos se conjugan mientras la memoria se reafirma. Es la experiencia del presente la que recrea el pasado y permite pensar el futuro. Esa manifestación tangible de la dinámica temporal está inmersa en la relación permanente que establece el individuo y la comunidad con el espacio, interpretado desde múltiples tiempos y memorias. ¿Cómo se establece este vínculo tan complejo entre espacio y tiempo?

Al respecto de este tema, es necesario remitimos, nuevamente, al trabajo de De Certeau, quien destaca la importancia de las prácticas como un tema imprescindible de análisis, para comprender la relación que construye el hombre entre el mundo material y el conceptual 24.

De acuerdo con esta propuesta, no son los productos culturales, que se ofrecen en el mercado de los bienes, los que deben merecer nuestro interés, sino las formas a través de las cuales se hace uso de ellos. El hombre logra establecer su propia relación con el tiempo y el espacio, en las maneras de operar y en el sentido individual y social que poseen estas acciones realizadas dentro de determinados contextos. Más aún, los dos conceptos, tiempo y espacio, son aprehendidos fundamentalmente desde las prácticas cotidianas, es decir de aquellas maneras ordinarias de operar o hacer cosas; pero también se asumen a través de las prácticas festivas, rituales y lúdicas. Por ello, estas manifestaciones no solo deben ser catalogadas como un testimonio de la particular manera de vivir de una comunidad, sino que deben interpretarse también como estructuras simbólicas, que se proyectan en el espacio y el tiempo, reafirmando así, la memoria colectiva que, a su vez, sustenta la relación de los hombres con su entorno físico y social.

En este contexto, la ciudad ha sido, desde sus orígenes, esencialmente un medio de representación, un espacio geométrico que se complace de su planificación, pero también un espacio antropológico e histórico que trastoca, desplaza y reinventa el orden formal con la dinámica propia de las prácticas que se insertan en el tiempo de lo ordinario y lo extraordinario.

Todo lo expuesto anteriormente está encaminado a comprender de 24

DE CERTEAU, Michel. Practice of everyday life, Volume: living & cooking. Minneapolis & London, University of Minneapolis Press. 1998 P: 251- 256.

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mejor manera las implicaciones que ha tenido y tiene la transformación del denominado Centro Histórico de Quito, desde la declaratoria de la Unesco, en 1978.

A manera de información, es importante destacar que ya en el año de 1967, el Municipio de Quito había creado una ordenanza delimitando el Centro Histórico. Este hecho absolutamente pionero en América Latina resultó en principio un paso en falso, como ha ocurrido en muchas ocasiones a lo largo de nuestra historia, cuando se ha intentado llevar adelante un proyecto novedoso.

Prueba de ello es la sorpresa que causó a los quiteños y a sus autoridades, la distinción oficial obtenida una década después. Además, debió ocurrir el terremoto del año de 1987 para que el Cabildo quiteño creara, un año después, el Fondo de Salvamento cuya misión inicial fue la reconstrucción de los monumentos históricos de la ciudad, afectados por el sismo. A partir de entonces, el Municipio de Quito tomó a su cargo la tarea de inventariar los bienes patrimoniales, planificando y realizando trabajos de restauración y conservación de las edificaciones más deterioradas por el paso del tiempo y la agresión desencadenada por el afán de consolidar visualmente la modernidad del progreso.

Durante los años que siguieron, la recuperación de la vieja ciudad española de Quito fue tomando cuerpo, a medida que los proyectos de intervención se tornaban más integrales. Los trabajos abarcaron aspectos relacionados con la estructura urbanística y arquitectónica, pero afectaron sustancialmente el uso de determinadas áreas de este sector. Algunas de las edificaciones fueron perdiendo paulatinamente su carácter como espacios de residencia, mientras el crecimiento vehicular de la ciudad, transformaba otras viejas casonas en lugares de aparcamiento.

En una extraña conjuración entre el interés por preservar el pasado y la pretensión de prever el futuro, las casas y sus patios solariegas perdieron el sonido de las voces de sus vecinos; los barrios olvidaron para qué servían los zaguanes, las esquinas y los balcones. Las tiendas se transformaron en supermercados, las picanterías en restaurantes de comida rápida y las capillas en museos. Poco a poco, se fueron fracturando los itinerarios de los quiteños que caminaban diariamente el “centro”, dibujando mapas invisibles con sus trayectorias cotidianas. Paulatinamente, los encuentros fueron perdiendo el espacio; los gestos y las palabras, su contexto; y, las memorias, su vigencia.

Ciertamente, y como se señaló al inicio, la ciudad proyecta los cambios que se producen a lo largo de los años, siendo esa, precisamente, una de sus facultades más sobresalientes. En ese sentido, todas esas prácticas ligadas, muchas de ellas, al espíritu religioso que durante siglos marcó la arquitectura y 16

caracterizó la vida cotidiana de los quiteños, han ido perdiendo su trascendencia dentro de la singular modernidad experimentada por el País en el siglo XX. Como secuela de este mismo proceso histórico, el uso de muchos bienes patrimoniales relacionados al ámbito de lo sagrado, se han convertido en un fin en si mismo, en un recurso del cual se puede obtener ganancias. En muchos lugares del mundo, ese ha sido el destino de edificios históricos que han perdido su significado inicial y, una vez recuperados del deterioro del tiempo y el olvido, han pasado a cumplir funciones completamente distintas de aquellas para las cuales fueron creados. Lo preocupante es cuando este cambio se lleva a cabo sin que el espacio patrimonial haya perdido su sentido inicial, cuando aún la comunidad lo asume como un legado de significación y construcción de prácticas culturales. Esto ocurre cuando el valor de uso o el valor estético se ponen por encima del valor simbólico.

En los últimos años, el manejo del legado patrimonial del Centro Histórico de Quito, ha dado algunas muestras de desviarse en esa dirección.

Se ha incrementado el interés por utilizar determinados bienes y espacios patrimoniales como centros de actividades culturales, puntos de atracción turística o, incluso, objetivos de posibles negocios lucrativos. Sin duda, las iglesias y conventos quiteños de época colonial son los lugares preferidos para estos propósitos. En más de una ocasión, los templos restaurados a lo largo de la década anterior, se han convertido en deslumbrantes escenarios para ofrecer conciertos de música clásica. Es preciso destacar que tanto la organización de esos eventos, como los recorridos que realizan los turistas a estos lugares, se enmarcan generalmente, dentro de normativas de respeto en lo que concierne al uso de estos espacios de especial relevancia espiritual, para una buena parte de la población local.

Quizá más complejo de ejecutar resultan aquellos proyectos que pretenden transformar a alguno de los antiguos conventos de la Ciudad, en hoteles de lujo. Este cambio en el uso de un entorno esencialmente religioso como el mencionado, requiere de criterio responsable y sabio de parte de los ejecutores del proyecto, ya que implica no solo una intervención en el patrimonio material, sino también en el legado intangible de la comunidad quiteña. Es en estos casos cuando debe entenderse que la utilización de un lugar patrimonial implica el reconocimiento y catalogación de su significado simbólico, como un registro de información cultural que incrementa su valor de uso.

Lamentablemente, esto no siempre ha sido tomado en cuenta por las instituciones bajo cuya responsabilidad esta el cuidado y la preservación de los 17

numerosos bienes culturales de la ciudad. En más de una ocasión, las mismas autoridades han promovido el uso de espacios de particular significación cultural y espiritual, de manera indiscriminada. Los ejemplos más insólitos al respecto ocurrieron cuando hace aproximadamente un año, La Corporación Metropolitana de Turismo instaló una pantalla gigante delante de buena parte del retablo mayor de la Iglesia de La Merced para exponer, a los participantes del Travelmart Latin America su programa de promoción turística. Otro caso dramático fue el de convertir a uno de los patios más emblemáticos de la vida conventual de Quito, en una pasarela durante el tan sonado concurso de Miss Universo.

Estos casos ilustran de manera clara que, pese a los años transcurridos, el manejo del Patrimonio Cultural de Quito tiene serias limitaciones. Con alguna frecuencia, los espacios patrimoniales han sido vaciados de sus valores simbólicos, para convertirse en meras manifestaciones de expresión estética.

Si bien· en la retórica de los responsables de esta tarea, la recuperación del Centro Histórico se presenta como una misión cumplida, su consolidación depende todavía del reconocimiento de estos elementos fundamentales, que constituyen un valor agregado por descubrir. Reitero que es preciso tener en cuenta que todo bien material encierra un texto dinámico de información cultural, que registra la relación del hombre con el tiempo y su entorno físico y social. Esta es una parte esencial del patrimonio intangible de nuestra comunidad cuya relevancia ha sido peligrosamente descuidada.

Al respecto, resulta imprescindible comprender que la herencia patrimonial no se define a través de una declaratoria oficial. Ésta debe identificarse principalmente, como aquel legado colectivo que se construye y afirma desde espacios y prácticas propias de la vieja ciudad de Quito, donde la memoria y la simbología reproducen e interpretan el sentido que poseen las cosas en el tiempo.

Los argumentos expuestos aquí, no pretenden que prevalezca la nostalgia sobre el uso contemporáneo del patrimonio histórico. Se trata de destacar que los bienes materiales son la parte tangible de un legado cultural, cuya trascendencia, sin embargo, va más allá de su categoría de monumentos arquitectónicos o de obras de arte, y su interpretación no le pertenece en exclusiva al discurso oficial. La arquitectura y el arte serán siempre medios para construir y expresar aquellos conceptos que deben regir como parámetros formales de la vida de una ciudad. Pero, simultáneamente, su legitimidad y significado estarán determinados por los habitantes de la urbe, para quienes estos constituyen fragmentos de un texto simbólico mucho más amplio, en el que se entrelazan memorias, tiempos y vivencias.

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Por lo tanto, es imprescindible señalar que la recuperación y preservación del Centro Histórico de Quito, demandan un conocimiento y análisis mucho más integral y minucioso para poder afrontar con éxito el propósito de esta tarea.

Para ello es necesario discutir y redefinir algunos conceptos que ya han sido materia de reflexión en otras latitudes y que sirven, precisamente, para poder identificar de mejor manera la relación entre las manifestaciones tangibles de una cultura y el mundo subjetivo que la alimenta. La trascendencia del patrimonio histórico como registro de memoria y representación simbólica o el manejo de su valor como recurso, son temas que aún deben ser trabajados en nuestro medio. Esto redundaría en un reconocimiento colectivo consciente de que tan importantes son los artefactos generados por el hombre, como las ideas y el sentido que determinan su creación y uso. Es indispensable entender el qué, pero también el para qué.

Estos dos aspectos complementarios son los que convierten a los lugares y monumentos históricos en bienes culturales y espacios patrimoniales.

Solamente desde este concepto dual, pueden permanecer en el tiempo como fuentes de conocimiento e inspiración.

En la medida que este tema se convierta en un asunto de interés para todos los sectores de nuestra comunidad, podrán afinarse las políticas de manejo de este espacio privilegiado. Pero sobre todo, se consolidará el sentido de pertenencia de los habitantes de Quito, quienes descubrirán el valor de su ciudad no solo como una herencia monumental, sino como un bien patrimonial que sirve de referente continuo a la memoria y representa la peculiaridad de su propia cultura. Descubrirán el valor de aquella ciudad invisible, de trayectorias centenarias que aún se dibujan en las huellas de los caminantes contemporáneos.

Bibliografía BALLART, Josep. El Patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso.

Barcelona. Editorial Ariel. S. A. 1997.

DE CERTEAU, Michel. The practice of everyday Iife. Berkeley & Los Angeles, California, University of California Press, 1988.

------------------------. The practice of everyday life, Volume: living & cooking.

19

Minneapolis & London, University of Minneapolis Press. 1998.

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LAS FAMILIAS EN LA HISTORIA, UNA HISTORIA DE FAMILIAS

Pilar Pérez Ordóñez 25

En el transcurso del siglo XX, las familias latinoamericanas han experimentado transformaciones demográficas, políticas, legales e interpersonales sustanciales. En las últimas décadas hemos visto cambios en su estructura, su tamaño, sus funciones, atribuciones y representaciones y hasta en las relaciones íntimas entre sus miembros. Para acercamos a una comprensión de estos cambios debemos situamos primero en el contexto mundial actual para luego buscar un trasfondo histórico que nos permita entender desde donde partimos y hacia adonde vamos en estos tiempos de ruptura y reinvención de instituciones, identidades y personalidades.

Desde la perspectiva de género, en América Latina, como en otras regiones del mundo occidental, se está evidenciando un debilitamiento de la masculinidad como polo único de autoridad en la familia, aunque evidentemente persisten aún -y a veces de manera insistente y violenta- las formas tradicionales de “ser hombre” y de “ser mujer” en el hogar.

Para autores como Manuel Castells la familia patriarcal, basada en la autoridad impuesta de los hombres sobre las mujeres y sus hijos en la unidad familiar, está en crisis. Esto se debe en parte a los procesos interrelacionados de la transformación del trabajo y de la conciencia de las mujeres. La incorporación masiva de las mujeres al trabajo remunerado aumentó su poder de negociación frente a los hombres y socavó la legitimidad de su dominio como proveedores de la familia26.

Por otra parte, el padre también está perdiendo ascendencia sobre las mujeres y los hijos como consecuencia de la sociedad informatizada que da acceso a la información por canales “fuera” de las instituciones tradicionales de Estado, Iglesia, Escuela y Familia. Las mujeres están siendo educadas a la par que los hombres. Los niños y adolescentes han sido empoderados por las nuevas tecnologías que rompen con los poderes jerarquizados. Por primera vez en la historia de la humanidad, los niños y los jóvenes están en condiciones de saber igual o a veces más que sus padres, deteriorando así, la autoridad 25

PROFESORA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA Ver la discusión sobre la crisis del patriarcado: movimientos sociales, familia y sexualidad en la era de la informática en Castells, Manuel El Poder de la Identidad Alianza Editorial 1998, página 160 Castells, Manuel La Sociedad de la Informática Alianza Editorial 1998.

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patriarcal pasada, fundamentada en la superioridad de experiencias y conocimientos.

Además, esta autoridad paterna es ante todo heterosexual. Los movimientos y las parejas gays y lesbianas están exigiendo su derecho a formar familias monosexuales con todos los reconocimientos sociales, jurídicos y legales, incluyendo el derecho a ser padres y madres de familia y a criar hijos biológicos o adoptados.

La idea convencional de familia nuclear está debilitada y cuestionada por todas partes, enfrentando a la sociedad con otras maneras alternativas de “ser familia”. Estamos, pues, frente a un mosaico complejo de unidades domésticas compuesto por familias nucleares, extensas, recombinadas, de padres divorciados y vueltos a casar, familias monoparentales encabezadas por padres, madres, abuelos, abuelas, tíos, tías y a veces hasta padrinos y madrinas, uniones libres y familias monosexuales de gays y lesbianas, así como también, personas viviendo solas 27.

Esto ha llevado a muchos medios de opinión a declarar a la institución familiar en crisis; otros más extremistas el fin de las familias y con ello el deterioro de la base fundamental de la sociedad. Incluso, muchos hablan del fin de la sociedad por la amenaza tan grande que se cierne sobre la familia.

Veamos en cifras, cómo estamos en estos comienzos del siglo XXI en Ecuador y América Latina.

Las familias a comienzos del siglo XXI, ¿de qué familias estamos hablando?

América Latina está inmersa en un acelerado proceso de globalización e inmersión en la sociedad mediática 28. Desde la década de los ochentas, ha vivido grandes ajustes y reestructuraciones económicas, agudizándose, de manera alarmante, las desigualdades sociales y económicas en la región. En el año 2000, la CEPAL consideraba que de los 518 millones de latinoamericanos y latinoamericanas, 220 millones eran pobres siendo los bolivianos, ecuatorianos, haitianos, salvadoreños y nicaragüenses los más pobres de todos.

Nunca antes en nuestra historia hemos visto tanta gente migrar hacia 27

Aguinaga, Hernán Reyes ¿Qué mismo es esa cosa llamada familia? Esbozo de los nuevos paradigmas comprensivos. En: Ecuador Debate. CAAP. Agosto 2002. P: 65 71.

28 Castells, Manuel, La sociedad informática. Op. Cit. 22

terceros países en búsqueda de mejores oportunidades de vida. Viven en Estados Unidos y Europa más del 15% de los ecuatorianos y aproximadamente el 10% de los argentinos, colombianos, cubanos, mexicanos y salvadoreños.

Como dice Néstor García Canclini, América Latina está desbordada. “América latina no está completa en América latina. Su imagen le llega de espejos diseminados en el archipiélago de las migraciones”29. Ha dejado de existir en tanto geografía imaginada pues los latinoamericanos hemos empezado el siglo XXI en diáspora. Estamos como pueblo y como cultura deambulando por todo el mundo.

Como es de imaginarse, este proceso de migración acarrea enormes transformaciones de la familia latinoamericana y de sus redes y vinculaciones afectivas y relaciónales. Es desde las redes familiares y con el apoyo de compadres y vecinos -instituciones tan importantes y tan características de América Latina- que los latinoamericanos estamos incursionando en los mercados globalizados.

Los otavaleños son un ejemplo extraordinario de esta diáspora. Ellos como productores, comerciantes y músicos compiten con éxitos en la arena global. Están operando en cinco continentes, involucrados en la producción, distribución y consumo de bienes culturales. Estudios recientes calculan que los otavaleños exportan alrededor de 1.500 toneladas anuales de artesanías al exterior conjuntamente con sus personas y su música. Se desenvuelven y desplazan desde sus redes familiares y con el apoyo de compadres, comadres, ahijados y ahijadas, amigos y vecinos. Las familias extendidas otavaleñas han probado ser más flexibles y productivas que la comunidad para interactuar en el mundo30.

Por el otro lado, también hemos visto en la región una importante disminución en la mortandad, especialmente materna e infantil; una caída significativa en la fertilidad; un aumento en la urbanización y en los niveles de escolaridad de la población. Por primera vez estamos viendo un uso generalizado de anticonceptivos con la consecuente separación entre sexualidad y reproducción. Cómo en otras latitudes, esto acarrea cambios importantes en el ámbito de las ideas y los valores y el debilitamiento de los poderes y controles patriarcales, religiosos y estatales.

Pero quizás el fenómeno latinoamericano más importante de los últimos tiempos sea la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral. Se 29

García Canclini, Néstor Los Latinoamericanos buscando lugar en este siglo Paidos 2002. p: 19.

30 Meisch Lynn Andean Entrepreneurs, Otavalo Merchants and Musicians in the Global Arena University of Texas Press 2002.

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estima que para finales de siglo, el 40% de las latinoamericanas trabajábamos y recibíamos remuneración. Esto conlleva sustanciales cambios en la manera cómo la sociedad nos mira y representa a las mujeres. La conciencia de nosotras mismas ha cambiado, ha alterado nuestras relaciones de pareja y la forma de ser madres con nuestros hijos. La mujer se está volviendo un actor político y público, lo que ha impulsado su individuación y aumentando su autonomía tanto en lo económico como en lo social y simbólico.

Se han identificado tres importantes fenómenos que están alterando y afectando las maneras de ser de las familias ecuatorianas 31.

En primer lugar, se están registrando cambios en la formación y disolución de las uniones conyugales. En el Ecuador, para fines de los años noventa, la edad promedio para contraer matrimonio era de 22 años, sin mayor diferencia de edad entre hombres y mujeres. Las parejas ecuatorianas que van al matrimonio son jóvenes si comparamos con las de Estados Unidos y Canadá donde la edad promedio de los primeros casamientos es de 26 años. Este indicador es interesante porque hace pensar que el matrimonio es todavía un modo de vida deseable entre la juventud ecuatoriana, cosa que no sucede en los países altamente industrial izados donde apenas un 70% promedio de la población adulta estaba casada o en unión libre, m ientras que el restante 30% vive sola. Por otro lado, el Ecuador ha visto aumentar considerablemente su tasa de divorcios en las últimas décadas, de apenas el 3% en 1970 al 12% en 1990, aunque esta tasa sigue siendo una tasa baja si nos comparamos con el 49% de divorcios en Estados Unidos y 63 % en Cuba 32. conservadores. La intervención del Estado sobre la vida privada era considerada estratégica para la formación del nuevo ciudadano, base de un país de cara al progreso y la modernidad. El control de la Iglesia sobre la mujer y la familia era fundamental para mantener un orden católico de salvación fuera de las garras de la tan temida secularización de las almas y las mentes.

Empiezan las guerras ideológicas entre liberales y conservadores con la familia como centro del huracán.

En el S19 se consolidan el poder de los latifundistas de la sierra ecuatoriana. Si bien el concertaje no es un invento S19, se afianza en las grandes haciendas por falta de control de un Estado naciente y de una Iglesia francamente debilitada. Los conciertos eran campesinos, la mayoría de ellos indígenas sujetos a la tierra y al trabajo de la hacienda por medio de deudas 31

García Brígida y Rojas Olga. Recent Transformations in Latin American Families: A Sociodemographic Perspective. El Colegio de México ponencia presentada a la XXIV Conferencia General de Población del IUSSP. 32 Ver García Brígida y Rojas Olga. Op. Cit. 24

impagables que eran heredadas de padres a hijos. Por lo tanto estamos frente a un sistema de familias conciertas bajo total relaciones de dependencia del patrón y la familia del patrón 33. Los latifundistas se oponían ferozmente a la intervención del Estado en los asuntos internos de sus haciendas, en especial, en la situación de sus indios conciertos y sus familias que eran vistas como asunto privativo del patrón.

Por ello, el concertaje suscita grandes discusiones entre los liberales y conservadores de comienzos del S XX. Junto con los temas de mujer y familia, la situación de los indios conciertos preocupa especialmente a los liberales por la incapacidad del Estado de educar a las familias y los niños de los conciertos que era explotados por el sistema patriarcal hacendatario sin recibir la formación y educación necesaria para transformarlos en los nuevos ciudadanos de una patria que miraba hacia la modernidad, el progreso y la industrialización. Los liberales sentían que los niños eran las víctimas principales de este sistema de conciertos, obligados desde pequeñitos a devengar en trabajos para la hacienda, las deudas adquiridas por padres y abuelos. Reclamaban también el abuso del patrón contra la mujer. Los liberales estaban elaborando y presentando en sus discursos políticos nuevas ideas sobre como debían ser las familias liberales, los niños y las mujeres para encarar el nuevo siglo y los nuevos tiempos.

El modelo liberal de familia ya no era el de la familia extensa tradicional forjada en la colonia desde los preceptos cristianos del Concilio de Trento, con la Iglesia y la Corona como garantes. Los roles de los hombres, mujeres y niños debían cambiar radicalmente para preparar/os para la nueva Nación.

Había que sacudir su apatía mental, su ignorancia, para ser que la familia sea participe del progreso en estos nuevos tiempos modernos. La familia liberal debía entonces centrarse en un padre fuerte, laico y educador que tenga bajo su responsabilidad la formación y la orientación a de su mujer e hijos. El padre era fundamental en este nuevo orden moderno, el vigilaba la construcción de nuevos ciudadanos y ciudadanas en lo privado. La escuela toma la posta del padre en lo público y juega un papel esencial en la formación de nuevos ciudadanos. Los niños de las familias tradicionales y de las familias conciertas debía ser liberados a través de una educación laica en manos del Estado. En la casa el padre les enseña a amar a la patria; en la escuela el maestro les enseña los valores y las normas de la nación.

De esta manera se le sustraen a la Iglesia sus funciones principales: la regente de la familia, la moral y la educación. Empieza la guerra entre una concepción garciana de modernidad y familia y una visión alfarista liberal de 33

Bernard y Gruzinski. Op. Cit. P:205.

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progreso afincada en el padre de una familia nuclear, patriarcal, laica y universal. Ese modelo de familia liberal nuclear está hoy en cuestionamiento y crisis. La globalización y las nuevas tecnologías informatizadas han debilitado los controles patriarcales del orden moderno ejercidos desde el Estado, la Iglesia, la Escuela y la Familia basada en la autoridad del Padre. ¿Hacia dónde van las familias en este siglo?

Hemos visto a través de este breve viaje con las familias en la historia cómo las estructuras familiares se han hecho, deshecho y adaptado a los distintos tiempos y circunstancias. Las tendencias actuales nos permiten entrever la coexistencia de una diversidad deformas de ser familia. Junto con las familias nucleares coexisten nuevas formas extensas de familias donde cohabitan y crían niños varios grupos de adultos. También esas nuevas modalidades de familias monoparentales con abuelo o abuela, madres o padres responsables de la crianza y educación. Minoritariamente aún están haciendo familia los homosexuales. Cómo en Estados Unidos y Europa, también estamos viendo el aumento de personas que optan no vivir en familia, sino solas, tejiendo otro tipo de relaciones.

La familia como institución no va a desaparecer. Lo que estamos evidenciando son cambios en las estructuras familiares que van a la par de los grandes cambios y rupturas que estamos viviendo en esta nueva era de la globalización y la sociedad informática. un tema privado, regentado desde una historia occidental de pecado, juicio final y salvación de las almas. El matrimonio pasa entonces a ser privativo de la pareja, con la Iglesia y Dios como garantes, dejando así de ser una parte constitutiva de las lógicas locales y regionales de poder 34. Para implementar este nuevo ordenamiento de la vida privada, la Iglesia se reúne en varios Concilios americanos, produciendo un sinnúmero de manuales confesionales, catecismos y sermones. Reparte a los indígenas en doctrinas regentadas por Franciscanos, Dominicos, Agustinos, Jesuitas y Mercedarios. Estas órdenes se apoyan en curas regulares, no sin agudos conflictos de intereses entre ellos.

Los indígenas también son repartidos por la Corona en encomiendas con la obligación de los encomenderos de evangelizarlos, colonizando así no sólo su trabajo sino también sus cuerpos y almas. Los ángeles y santos coloniales sirvieron para representar, desde lo sagrado, ejemplos de vida y salvación a los habitantes de los Andes. Las tan conocidas escuelas quiteñas y cuzqueñas producían imágenes ejemplares de vidas santas que mostraban el camino y 34

Bernard, Carmen y Gruzinski, Serge. Children of the Apocalypse: the Family in MesoAmerica and the Andes en A History of the Family. Editado por André Burguiére et alia Polity Press 1996.

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orden cristianos desde una pedagogía de conquista y colonización del cuerpo y el imaginario35.

Para finales del S16 y comienzos del S17 estas nuevas modalidades cristianas de matrimonio y familia habían dado sus frutos en las ciudades y centros más poblados. No se puede decir lo mismo de las áreas rurales de difícil acceso, donde seguramente resistían y prevalecían las formas andinas de ser familia. La poligamia como tal había desaparecido formalmente de los Andes, siendo sustituida en gran parte por el concubinato cuya presencia se siente muy fuerte en las crónicas y los archivos coloniales 36. Sin embargo, las fuentes siguen registrando las unidades domésticas como los de la casa, siendo la casa el gran aglutinador de padre, madre, hijos, parientes, sirvientes y esclavos, criados y apegados que forman nuevamente los centros de poder de las élites coloniales. Es anacrónico pensar en la familia colonial andina como una familiar nuclear moderna, industrial37.

La secularización y modernización de las familias andinas a finales de la colonia y comienzos de la República La colonia fue fundada sobre los pilares de una república de los españoles y una república de los indios. No se vislumbró la proliferación de la población mestiza fruto de uniones, la mayoría ilegítimas, de españoles con mujeres indias y africanas dada la escasez de mujeres peninsulares. A partir del S17 ya nos es posible pensar lo colonial andino en términos exclusivos y excluyentes de indios, blancos, negros porque nos hemos vuelto mezclas y combinaciones de todos los colores y las poblaciones se identifican y son identificadas según el estamento social que ocupan y los intereses del momento de la Iglesia y la Corona. El proceso de mestizaje es fluido y complejo y por ende también las estructuras familiares en la vida cotidiana y fuera de la normativa discursiva.

A partir de la segunda mitad del S18 se empieza a sentir en los Andes una segunda ola de integración y penetración cultural. Se trata de una progresiva secularización de las ideas y del pensamiento que va opacando paulatinamente las ambiciones evangelizadoras del renacimiento y el barroco.

Se empieza a escuchar con más frecuencia ideas de civilización, productividad, progreso. Son impulsadas por la Corona ilustrada de los Borbónes y reforzadas Ver Mills Kenneth. Diego de Peaña’s Hagiography of new and renewed devotion in Colonial Perú. En Colonial Saints, Discovering the Holy in the Americas Routledge. 2003.

36 Bernard y Gruzinski. Op. Cit. P: 177.

37 Lockhart, James. Spanish Perú 1532-1560, a Colonial Society. Madison. 1968.

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por el liberalismo del S19. Con la industrialización, las migraciones campo ciudad y la incipiente formación de mercados de consumo, la secularización cambia las estructuras mentales y por ende las estructuras familiares.

La primera consecuencia de este proceso es el debilitamiento de la Iglesia en los Andes. Los Borbónes españoles arremeten contra una de las órdenes más poderosas, los jesuitas, expulsándolos en 1767 de todos los territorios coloniales. Con ello se debilita sustancialmente el prestigio y la presencia de la Iglesia. Se deteriora la imagen de los sacerdotes y clérigos y se fortalecen las responsabilidades del Estado civil sobre las personas y las familias. Además jesuitas expulsados como el padre Juan de Velasco escribe desde el exilio las primeras narrativas “nacionales” posibilitando así el surgimiento de un imaginario independentista y republicano. Con la independencia viene el fin del patronato de la Iglesia y el Estado vigente desde el S16. Los nacientes estados americanos se apropian de los bienes de la Iglesia, enriqueciendo así, las incipientes arcas fiscales y fortaleciendo la capacidad de gestión e intervención del Estado sobre la vida de las personas.

El fin del orden colonial significa el comienzo del control del Estado sobre matrimonios, parejas y familias. La educación laica, la mujer y la familia pasan a ser los grandes temas de debate entre liberales y conservadores. La intervención del Estado sobre la vida privada era considerada estratégica para la formación del nuevo ciudadano, base de un país de cara al progreso y la modernidad. El control de la Iglesia sobre la mujer y la familia era fundamental para mantener un orden católico de salvación fuera de las garras de la tan temida secularización de las almas y las mentes. Empiezan las guerras ideológicas entre liberales y conservadores con la familia como centro del huracán.

En el S19 se consolidan el poder de los latifundistas de la sierra ecuatoriana. Si bien el concertaje no es un invento S19, se afianza en las grandes haciendas por falta de control de un Estado naciente y de una Iglesia francamente debilitada. Los conciertos eran campesinos, la mayoría de ellos indígenas sujetos a la tierra y al trabajo de la hacienda por medio de deudas impagables que eran heredadas de padres a hijos. Por lo tanto estamos frente a un sistema de familias conciertas bajo total relaciones de dependencia del patrón y la familia del patrón 38. Los latifundistas se oponían ferozmente a la intervención del Estado en los asuntos internos de sus haciendas, en especial, en la situación de sus indios conciertos y sus familias que eran vistas como asunto privativo del patrón.

Por ello, el concertaje suscita grandes discusiones entre los liberales y 38

Bernard y Gruzinski. Op. Cit. P: 205.

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conservadores de comienzos del S XX. Junto con los temas de mujer y familia, la situación de los indios conciertos preocupa especialmente a los liberales por la incapacidad del Estado de educar a las familias y los niños de los conciertos que era explotados por el sistema patriarcal hacendatario sin recibir la formación y educación necesaria para transformarlos en los nuevos ciudadanos de una patria que miraba hacia la modernidad, el progreso y la industrialización.

Los liberales sentían que los niños eran las víctimas principales de este sistema de conciertos, obligados desde pequeñitos a devengar en trabajos para la hacienda, las deudas adquiridas por padres y abuelos. Reclamaban también el abuso del patrón contra la mujer. Los liberales estaban elaborando y presentando en sus discursos políticos nuevas ideas sobre como debían ser las familias liberales, los niños y las mujeres para encarar el nuevo siglo y los nuevos tiempos.

El modelo liberal de familia ya no era el de la familia extensa tradicional forjada en la colonia desde los preceptos cristianos del Concilio de Trento, con la Iglesia y la Corona como garantes. Los roles de los hombres, mujeres y niños debían cambiar radicalmente para prepararlos para la nueva Nación.

Había que sacudir su apatía mental, su ignorancia, para ser que la familia sea participe del progreso en estos nuevos tiempos modernos. La familia liberal debía entonces centrarse en un padre fuerte, laico y educador que tenga bajo su responsabilidad la formación y la orientación a de su mujer e hijos. El padre era fundamental en este nuevo orden moderno, el vigilaba la construcción de nuevos ciudadanos y ciudadanas en lo privado. La escuela toma la posta del padre en lo público y juega un papel esencial en la formación de nuevos ciudadanos. Los niños de las familias tradicionales y de las familias conciertas debía ser liberados a través de una educación laica en manos del Estado. En la casa el padre les enseña a amar a la patria; en la escuela el maestro les enseña los valores y las normas de la nación.

De esta manera se le sustraen a la Iglesia sus funciones principales: la regente de la familia, la moral y la educación. Empieza la guerra entre una concepción garciana de modernidad y familia y una visión alfarista liberal de progreso afincada en el padre de una familia nuclear, patriarcal, laica y universal. Ese modelo de familia liberal nuclear está hoy en cuestionamiento y crisis. La globalización y las nuevas tecnologías informatizadas han debilitado los controles patriarcales del orden moderno ejercidos desde el Estado, la Iglesia, la Escuela y la Familia basada en la autoridad del Padre.

¿Hacia dónde van las familias en este siglo?

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Hemos visto a través de este breve viaje con las familias en la historia cómo las estructuras familiares se han hecho, deshecho y adaptado a los distintos tiempos y circunstancias. Las tendencias actuales nos permiten entrever la coexistencia de una diversidad deformas de ser familia. Junto con las familias nucleares coexisten nuevas formas extensas de familias donde cohabitan y crían niños varios grupos de adultos. También esas nuevas modalidades de familias monoparentales con abuelo o abuela, madres o padres responsables de la crianza y educación. Minoritariamente aún están haciendo familia los homosexuales. Cómo en Estados Unidos y Europa, también estamos viendo el aumento de personas que optan no vivir en familia, sino solas, tejiendo otro tipo de relaciones.

La familia como institución no va a desaparecer. Lo que estamos evidenciando son cambios en las estructuras familiares que van a la par de los grandes cambios y rupturas que estamos viviendo en esta nueva era de la globalización y la sociedad informática.

BIBLIOGRAFÍA BERNARD, Carmen; GRUZINSKI, Serge. “Children of the Apocalypse: the Family in Meso-America and the Andes”. En: A History of the Family Editado por André Burguiére et alia. Polity Press. 1996 CASTELLS, Manuel. La Sociedad de la Informática. Alianza Editorial. 1998 GARCÍA Brígida; ROJAS Olga. Recent Transformations in Latin American Familias: A Sociodemographic perspective. Colegio de México. Ponencia presentada a la XXIV Conferencia General de Población del IUSSP GARCÍA CANCLINI, Néstor Los Latinoamericanos buscando lugar en este siglo. Ed. Paidos. 2002 LOCKHART, James. Spanish Perú 1532-1560, a Colonial Society. Madison.

1968 MEISCH, Lynn. Andean Entrepreneurs, Otavalo Merchants and Musicians in the Global Arena. University of Texas Press. 2002 MILLS, Kenneth. Diego de Peaña’s Hagiography of new and renewed devotion in Colonial Perú. En: Colonial Saints, Discovering the Holy in the 30

Americas. Routledge. 2003 REYES, Hernán. ¿Qué mismo es esa cosa llamada familia? Esbozo de los nuevos paradigmas comprensivos En: Ecuador Debate. CAAP. Agosto 2002. P: 65 a 71 SALOMÓN, Frank. Native Lords of Quito in the Age of the Incas: The Political Economy of the North Andean Chiefdoms. Cambridge University Press .1986 WILLlAMS, Raymond, Palabras Claves, un vocabulario de la cultura y la sociedad. Buenos Aires. Nueva Visión. 2003.

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LAS TRES VERSIONES DEL QUINQUENIO DE LA CAJA DE QUITO DE 1727 A 1731

Luis Ramos Gómez Carmen Ruigómez Gómez 39

Desde el inicio de su presencia en América, la Corona tuvo gran interés por la articulación y control de la Real Hacienda. En esta línea se inscribe el hecho de que los encargados de las Cajas tuvieran que presentar anualmente los movimientos contables ante la autoridad gubernativa superior y el Tribunal de Cuentas correspondiente, dando el finiquito la Contaduría del Consejo de Indias, a donde también se remitían. De esta forma, como se nos indica en la ley XXIX, título XXIX, libro VIII de la Recopilación de las Leyes de los Reinos de las Indias de 1680, el Consejo tendría cabal conocimiento de “Ia hacienda que nos toca […], de qué procede, cuándo y cómo se cobra y qué gastos y costas tiene, […] porque conviene y es necesario que en todo tiempo y ocasión se tenga noticia y relación ajustada de nuestra Real Hacienda, y de sus cargas y gastos forzosos, y de los que ocurrieren extraordinarios”. Pero como bien se sabe, una cosa es la ley y otra su cumplimiento, y por eso no debe extrañarnos que los funcionarios implicados en el proceso no realizaran aquello a lo que estaban obligados, o no lo hicieran a tiempo.

La Real Hacienda tuvo una Caja Real en Quito, al frente de la cual estuvieron un contador y un tesorero, y según las épocas, estuvo adscrita al Tribunal de Cuentas de Lima o al de Santa Fe. Además de la entrega de las cuentas anuales, en determinados momentos a estos oficiales reales se les pidió que presentaran relaciones de quinquenios con el fin de que el Tribunal de Cuentas y la Contaduría del Consejo tuvieran una perspectiva más amplía de la situación de la Caja y de su tendencia.

De una de estas relaciones nos ocupamos en este trabajo, en concreto de la del período de 1727 a 1731 que, como ocurre con este tipo de documentos, es fundamental para conocer la realidad de la Real Hacienda de Quito. Pero éste no es el único interés del quinquenio, ya que contamos con 39

Profesores de la Facultad de Geografía e Historia, de la Universidad Complutense de Madrid.

Este trabajo es resultado del Proyecto de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia HUM2005-03410, “La dinámica de los grupos de poder en Quito en los siglos XVII, XVIII y XIX” y del Proyecto de Investigación Santander/Complutense PR27/0513908, “La Real Hacienda y la sociedad quiteña entre 1727 y 1736”. Ramos ha realizado hasta el apartado 2 y Ruigómez desde el 3 hasta el final.

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tres versiones del mismo, lo que nos permite, por una parte, tener varios puntos de vista sobre la contabilidad de las finanzas públicas y, por otra, analizar las conflictivas relaciones personales y profesionales de quienes formaron parte de las Juntas de Real Hacienda encargadas de su elaboración.

El origen remoto de este quinquenio arranca de la problemática situación de la economía quiteña a comienzos del siglo XVIII que hizo que los oficiales reales afirmaran que la Caja era deficitaria. Estos denunciaron a Lima la situación en 1717 40, si bien no parece que volvieran a plantearla al Superior Gobierno hasta 1725 41, a raíz de la remisión del sexenio que cubría desde el primero de mayo de 1718 al 30 de abril de 1724 y que les había sido solicitado por el Tribunal de Cuentas de Lima en julio de 1724.

La Junta de Real Hacienda de Quito y sus pasos hasta la presentación del quinquenio.

En 1725, la noticia de la situación de la Caja de Quito llegó también a Madrid gracias a la carta que el nueve de junio 42 escribió, al rey, el presidente Santiago de Larraín (1715-1718 y 1722-1728), donde anunciaba la futura remisión de “una relación formal por un quinquenio de la entrada y salida de los caudales” de la Caja. Se refería el Presidente al sexenio remitido a Lima que, por diversas circunstancias, no llegó a Madrid hasta el último trimestre de 172843, iniciándose un proceso cuyo primer paso fue el despacho de 20 de diciembre de 1730. 44 En él se recogían las cifras del sexenio, cuyos ingresos anuales tenían como promedio 73.559 pesos y los gastos 97.174 pesos, por lo que el déficit era de 23.615 pesos anuales, datos que no eran una total novedad para el Consejo, pues ya figuraban en un informe de los oficiales reales de tres de

40

Escrito de los oficiales reales al Tribunal de Cuentas de Lima de 25 de febrero de 1717 (Archivo Nacional de Ecuador -en adelante ANE-, Gobierno, caja 11, vol. 1, f. 13).

41 Carta de los oficiales reales al virrey Castellfuerte de 22 de diciembre de 1725. (Archivo General de Indias -en adelante AGI-, Quito 140, f. 170).

42 El texto de esta carta de Larraín al rey está recogido en la respuesta del Consejo de siete de junio de 1726 (AGI, Contaduría 1540, s.f.).

43 Fue remitido por Santiago de Larraín con carta de 22 de noviembre de 1727, según se dice en el despacho de 20 de diciembre de 1730 (AGI, Quito 175, s.f.).

44 Este despacho, con texto personificado, se remitió tanto al presidente Alcedo como a los oficiales reales de Quito. El primero forma parte del testimonio de lo obrado por la Junta de Real Hacienda de Quito, que remitió Alcedo con carta al rey de 15 de agosto de 1732 (AGI, Quito 175, s.f.), y el segundo se encuentra en ANE. Cedulario, caja 7 (1704 -1733), f. 554.

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octubre de 172745. En contra de lo que podría parecer lógico, si atendemos a quién había realizado el quinquenio, las cuentas remitidas por Quito no fueron aceptadas por el Consejo, salvo en el caso de las salidas o data, ya que las entradas o cargo las elevó a 119.385 pesos, de lo que cabía concluir que en Quito no había déficit, sino un superávit anual de 22.211 pesos. De todas formas, el Consejo no consideró como definitivas ninguna de estas cantidades “por la confusión” del procedimiento contable seguido por los encargados de la Real Hacienda quiteña, sobre el que se hace una serie de consideraciones en el despacho de 20 de diciembre de 1730.

Ante la irregular presentación de las cuentas, se les ordenó a los oficiales reales que en sus balances contabilizasen los ingresos “de todos los ramos de mi Real Hacienda y de los que se remiten a estos reinos, con expresión de su procedido y de lo que de ello se hubiere divertido en otras urgencias”. Y, sin duda, porque se desconfiaba de su futura actuación, se ordenaba al presidente de la Audiencia constituir una Junta de Real Hacienda de la que formasen parte él, el fiscal de la Audiencia y los dos oficiales reales.

Esta Junta, entre otras misiones 46, debía cuidar que “se remita la mencionada relación [de un quinquenio] en la conformidad que va referida”.

El despacho de 20 de diciembre de 1730 se obedecía en Quito el primero de abril de 1731, pero la Junta no se constituyó hasta el 14 de agosto, dándose como causa de la dilación una “epidemia general del catarro” que afectó a sus miembros 47. De ella formaban parte el presidente de la Audiencia, Dionisio de Alcedo y Herrera (1728-1736), el fiscal protector de los naturales, Juan de Luján y Vedia 48, que ocupaba interinamente el puesto de fiscal de la Audiencia por muerte del propietario, y los oficiales reales Fernando García Aguado, tesorero, y José Suárez de Figueroa, contador 49. Como era costumbre, el presidente nato de la Junta 45

Había sido remitido por Santiago de Larraín el siete de octubre de 1727. Los datos de los dos escritos están recogidos en la real orden de ocho de junio de 1729 (ANE, Cedulario, caja 9, vol.

1 (1727-1735, Cedulario de Alcedo), f. 41).

46 También debía ocuparse de las deudas a la Real Hacienda, que se acercaban a 400.000 pesos, y procurar que se cobrasen las que fuesen exequibles.

47 Acta de constitución de la Junta; este documento, así como todos los otros relativos al obrar de este organismo, forman parte de un testimonio que el presidente Alcedo remitió con su carta de 15 de agosto de 1732 (AGI, Quito 175, s.f.). Salvo indicación contraria, los documentos que se citan en las páginas siguientes están incluidos en ella.

48 Comenzó a ejercer el oficio hacia septiembre de 1727 y fue nombrado fiscal de la Audiencia en 1743.

49 Ambos ejercían el cargo por compra; el tesorero desde 1711 y el contador, tras un largo pleito, desde 1721 (vid. Carmen Ruigómez Gómez y Luis Ramos Gómez, “De la legalidad al fraude: la compra, acceso, dejación y renuncia al cargo de contador de Quito por José Suárez de Figueroa (1688-1748)”, en Julián Ruiz Rivera y Ángel Sanz Tapia, (eds.), La venta de cargos y el ejercicio del poder en Indias, León, Universidad de León, 2007, pp.

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era el miembro de mayor categoría, en este caso Alcedo; sin embargo, su voto y opinión tenían el mismo valor que los del resto de sus componentes. 50 En principio, la Junta parecía bien equilibrada y compuesta por personas que, se suponía, laborarían para que la Real Hacienda estuviese mejor administrada; sin embargo, no fue así. Prevalecieron los intereses personales, siendo clave en esta actitud el enfrentamiento que los otros miembros tenían con el presidente Alcedo. A consecuencia de estos conflictos, Alcedo solicitó su remoción del cargo de protector y desaconsejó fuese nombrado fiscal de la Audiencia 51. Por su parte, los oficiales reales estaban enfrentados con Alcedo por sus intentos de vigilar la ac tuación de estos al frente de la Real Hacienda, quien incluso solicitó, en varias ocasiones, que se ordenase la visita de la Caja 52. Esta rivalidad entre oficiales y presidente se acrecentó con la constitución de la Junta, que Alcedo vio como una plataforma desde la cual fiscalizarles.

Al parecer, se deber a esta conflictiva situación un suceso anómalo que de no haber tenido remedio habría pospuesto un par de años la actuación de la Junta; se trata de la pérdida del decreto de 20 de diciembre de 1730, teóricamente custodiado por el escribano Manuel Rodríguez de la Parra, lo que provocó que la Junta se quedase sin el marco legal de referencia para sus actuaciones. Alcedo entendió que el extravío no había sido casual 53 y que la mano del tesorero García Aguado estaba detrás, por lo que, desconfiando de todos los miembros de la Junta, decidió esperar a 111-138.). Este artículo, así como los otros de Ramos y de Ruigómez citados en este trabajo, están recogidos en Luis Ramos Gómez, Ecuador en la primera mitad del siglo XVIII: estudios sobre fuentes, economía y sociedad, Madrid, Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense, Edición en CD, 2007.

50 De ello se quejó Alcedo cuando ya había experimentado las consecuencias del valor de su voto (Alcedo al rey, 15 de agosto de 1732. AGI, Quito 175, s.f).

51 Cartas de Alcedo al rey de 25 de mayo de 1730 (AGI, Quito 374, s.f.; está publicada como documento 14 en Carmen Ruigómez Gómez, Luis Ramos Gómez y Paniagua Pérez Jesús, Documentos sobre la visita a Cuenca (Ecuador) del oidor Pedro Martínez de Arizala y su proyecto de reforma (1726-1748), Madrid, Fundación Histórica Tavera, 2000, p. 91), 30 de junio de 1730 (AGI, Quito 131, exp. 58), ocho de octubre de 1730 (su te xto lo conocemos por el resumen que de él hizo el presidente en su carta de 25 de agosto de 1732. AGI, Quito 132, f. 331), o la carta de 15 de agosto de 1732 (AGI, Quito 175, s. f).

52 Así lo haría en las cartas de 15 de mayo de 1731 y en las de 15 de agosto y 23 de septiembre de 1732 (AGI, Quito 131, exp. 72 y Quito 176, s.f.), quejándose en ellas y en otras de la actitud de los oficiales reales.

53 En su carta al rey de 15 de agosto de 1732, Alcedo la califica de “pérdida o sea lo que se fuere” (AGI, Quito 175, s.f.). Ante lo sucedido, Alcedo separó al escribano Rodríguez de la Parra del expediente y lo sustituyó por Manuel Jerónimo de La Cerda, yerno del contador Suárez de Figueroa, pero al parecer contrario al bloque que formaban los dos oficiales reales, pues el 30 de mayo de 1732 había denunciado al rey los manejos y fraudes del tesorero García Aguado (AGI, Quito 175, s.f.).

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que en un próximo correo llegase un duplicado del despacho, y así sucedió el 24 de mayo de 1731. El ocho de junio de 1732 Alcedo convocó a los miembros de la Junta para que al día siguiente los oficiales reales mostrasen el quinquenio que debía remitirse a Madrid y que comprendía los años de 1727 a 1731.54 Por razones que desconocemos, la reunión se produjo el mismo día ocho, limitándose el tesorero a entregar un borrador con once ramos de Real Hacienda que correspondían solo al año 1731. Lo presentado no fue aceptado por Alcedo, quien espetó que ni era “lo que manda el rey, ni puede instruir la ciencia y noticia del Consejo y de los ministros del Tribunal de Contaduría, sino antes bien confundirlos y ocasionar mayores dudas y dificultades”, tras lo que expuso a los presentes la forma en la que, a su juicio, debían presentarse las cuentas del quinquenio55. En su contra intervino el tesorero, a quien apoyaron el fiscal y el contador, por lo que Alcedo tuvo que conformarse con la advertencia de dar un voto particular si el quinquenio, que en dos meses debían presentar los oficiales reales, no se ajustaba a sus indicaciones 56.

Antes de hacer público, se votó. Alcedo lo registró ante el escribano La Cerda el 16 de junio, indicando en él la forma en la que a su juicio debían ir las cuentas del quinquenio. Así, dice que en cada anualidad había que especificar “el valor de cada ramo, distinguiendo […] lo que hubiere fructificado y lo que […] se hubiere enterado efectivamente y lo que hubiere quedado a deber, […] para que, ajustado así lo líquido de cada uno de dichos cinco años, se haga después la suma de todos y el prorrateo de lo que por partes iguales corresponde a cada uno”. Los distintos ramos los agrupó Alcedo en dos: los que manejaban los oficiales reales y los que podían administrarse por estos o por arrendatarios 57, en cuyo caso, además de lo anteriormente dicho, debía indicarse “el tiempo que han estado […] por administración de la Caja o por arrendamiento y lo que […] en cada uno de estos diversos tiempos han producido”. Además, los oficiales reales debían pedir a quienes tuvieran a su cargo, los renglones de la composición de tierras y de la Santa Cruzada, los 54

Como dirá Alcedo en su voto particular de 16 de junio de 1732, este período se seleccionó “para hacer más inmediato el quinquenio al estado presente de la Real Hacienda”.

55 Alcedo tenía práctica en estas tareas de la Real Hacienda, pues había “ejercido dos años de oficial segundo de las tesorerías de Cruzada de Sevilla y Cádiz”, y en Perú, a donde pasó en 1706, sirvió “siete años la plaza de oficial mayor de la Secretaría del virreinato y seis los empleos de contador ordenador del Tribunal de Cuentas de Lima y la Contaduría General del derecho de la sisa, [...] habiendo hecho en el de [1]713 ajustamiento de los tanteos generales de la Real Hacienda de aquel reino” (Borrador del título de Alcedo como presidente de Quito, de 28 de marzo de 1728. AGI, Quito 115, s.f.).

56 Testimonio de La Cerda de ocho de junio de 1732.

57 Citaba los de “alcabalas, oficios vendibles y renunciables, pólvora, bodegas de Guayaquil, tributos y encomiendas”.

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correspondientes movimientos. Por último, García Aguado y Suárez de Figueroa debían presentar las relaciones “de todas las cargas y consignaciones en que está pensionada en cada un año la Real Hacienda, […con] lo que por cuenta de cada una se estuviere debiendo actualmente”58.

La lectura del voto particular del presidente tuvo lugar en la reunión de la Junta de 18 de junio. Tras su intervención, tomó la palabra el tesorero, quien calificó la pretensión de Alcedo de “trabajo impracticable” y aseguró que entregaría el quinquenio en quince días y ajustado a “la forma que expresaba la real cédula” de 20 de diciembre de 1730. Como era de esperar, el fiscal Luján respaldó a García Aguado y también el contador, con lo que Alcedo volvió a quedarse solo.

Los quinquenios de la Junta y de Alcedo.

Los oficiales reales presentaron el quinquenio a la Junta 59 el 18 de julio del año 1732, y fue aprobado por sus miembros y remitido a Madrid ese mismo día60. Está estructurado en cuatro partes. En la primera figura la “relación de lo que en cada un año fructifican los ramos de Real Hacienda […], con declaración de que los que no tienen valor fijo se regulan según la cuenta de los cinco años expresados en este quinquenio” 61. En un segundo bloque recogen “los ramos fallidos”, que son aquéllos caracterizados “por la ninguna seguridad de la entrada [... o] por no tocar ni pertenecer a Su Majestad, en algunos de ellos, sus efectos” 62. En el tercero recogen las “situaciones y pagas 58

Además de ello, y separada del quinquenio, los oficiales reales debían entregar una relación detallada de las deudas, con indicación del ramo al que pertenecían, del momento en el que se habían generado y lo que se había pagado y quedaba por pagar.

59 Para su aprobación, en ese o en otro momento debían haber presentado también la relación de deudas que les pedía el decreto de 20 de diciembre de 1730, pero prefirieron actuar al margen de la Junta y realizar y remitir por su cuenta el referido documento, que adjuntaron a su carta de siete de agosto de ese mismo año de 1732 (AGI, Quito 175, s.f.).

60 El quinquenio y la carta de remisión en AGI, Quito 175, s.f.

61 Se incluyen los siguientes ramos: “alcabalas y unión de armas”, “novenos reales de diezmos”, “oficios vendibles”, “pólvora”, “composiciones de pulperías”, “papel sellado”, “arrendamiento de las bodegas del río de Guayaquil”, “tributos”, “tercias partes de encomiendas”, “salario del protector general de naturales” o medio real por derecho de protecturía, “azogues”, “composiciones de indultos”, “mesadas eclesiásticas” y “medias annatas”. Sobre estos dos últimos ramos, advierten los oficiales reales que, aunque se remiten directamente a España, los contabilizan como ingresos.

62 Incluyen los ramos de “hacienda real”, “quintos de oro y plata”, “estanco de naipes”, “cargo de depósito”, “cargo extraordinario”, “condenaciones del Real Consejo”, “vacantes de encomiendas”, “composiciones de tierras”, “donativo gracioso”, “bula de la Santa Cruzada”, “obraje de Otavalo”, “composiciones de obrajes”, “cuarta decimal”, “expolios episcopales” y “valimientos”.

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que están consignadas y puestas sobre los ramos de Real Hacienda que entran en estas Cajas”63 y en el cuarto y último los “gastos extraordinarios e inexcusables”, que iban desde el abono a plazos de los costos del viaje de misioneros jesuitas o el resello del papel sellado, al flete de la conducción de la pólvora desde Latacunga a Guayaquil, pasando por la entrega de alguna cantidad para suplir determinado envío de dinero.

Aunque en el quinquenio no figura el dato, la Caja de Quito tenía unos ingresos anuales de, redondeando, 76.527 pesos si no se contabilizan los “ramos fallidos”, ó 92.312 si los contamos, y unas cargas ordinarias de 103.208 pesos, cifra que sí se da en el documento; el déficit sería, pues, de 26.681 pesos en el primer caso ó 10.896 en el segundo, pero de ninguna forma los 25.425 pesos que figuran. Por otra parte, como indica la Junta, a la cifra de las datas debían sumarse 2.197 pesos al quinquenio, algo más de 439 pesos al año, que correspondían a las salidas extraordinarias, que por su carácter “no se ponen en el cuerpo de las situaciones”. Así, y si tenemos en cuenta este último dato, las cargas serían de 103.647 pesos, y el déficit anual bien de 27.120 ó de 11.335 pesos, según la cantidad del ingreso que consideremos.

Si bien Alcedo, como un miembro más de la Junta, firmó el quinquenio que se le presentó ese 18 de julio, dejó constancia de su postura contraria en un decreto en el que ordenó al escribano La Cerda que sacase testimonio de las actividades de la Junta, y en el que decía que el quinquenio presentado estaba “arreglado [… al voto de los oficiales reales] y al del señor fiscal64 [y] en contra del que di por escrito” el 16 de junio. Además, dio orden al escribano La Cerda para que “muy reservadamente” sacase testimonio de los tanteos de los años de 1727 a 1731 65, con lo que así tendría en sus manos la documentación necesaria para realizar su propia versión del quinquenio y podría remitirla a Madrid para que contrastasen las cifras.

63

Incluyen los salarios de los miembros de la Audiencia y Real Hacienda, así como los del gobernador de Quijos y Macas, del juez del derecho de media annata, de quienes realizan los tanteos anuales, del contador mayor del juzgado de bienes de difuntos, del corregidor y del protector de naturales, además de los curas beneficiarios, doctrineros y sacristanes “de montañas”. A ellos hay que añadir los gastos de Caja, los situados a Cartagena y Santa Marta y las asignaciones a instituciones como la Universidad de San Felipe y San Marcos, Colegio Mayor y Seminario de San Luis o a las monjas bernardas de Madrid, a los jesuitas de las misiones de Maynas y a los franciscanos de las del Napa y Marañón, así como a diversas personas.

64 Alcedo denunció el sistemático apoyo del fiscal a los oficiales reales en su carta al rey de 15 de agosto de 1732 (AGL Quito 175, s.f.). Esta queja del presidente provocó que el 16 de agosto de 1737 el rey le hiciese saber a Luján “cuán de mi real desagrado ha sido vuestro modo de proceder [...] en una materia que tanto conviene a mi real servicio y más cuando es en asunto de Real Hacienda” (AGI, Quito 116, f. 681).

65 Los citados documentos en AGI, Quito 175, s.f.

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Dados los conocimientos de Alcedo sobre la Real Hacienda y lo que había expresado en su voto particular sobre cómo debía pres entarse el quinquenio, era de esperar que elaborara una memoria completa del movimiento económico de esos cinco años, siguiendo las pautas por él enunciadas. Pero no fue así. Se limitó a añadir unas páginas al final de los tanteos copiados por La Cerda, en las que recogió los datos sobre entradas y salidas y los balances anuales, que remató con una valoración del quinquenio.

Así, en un primer bloque titulado “Liquidación general del valor del quinquenio”, refleja, año por año, los renglones de las entradas o cargo y de las salidas o data 66 y da el correspondiente saldo; además, indica la “entrada fija” del año, al descontar del total de las entradas, el remanente del año anterior. En un segundo bloque, “Resumen y liquidación general de los cinco años que instruyen el ajustamiento de este quinquenio”, por un lado recoge la suma de las entradas fijas, a la cual añade el remanente del año de 1726, y por otro la suma de las salidas. A continuación hace un balance del quinquenio, según el cual, y en cifras redondas , lo pagado había ascendido a 545.431 pesos -unos 109.086 pesos anuales -, mientras que las entradas habían sido de 545.987, cifra que obtuvo sumando a los ingresos -510.195 pesos- los 35.792 pesos del remanente del año 1726. En consecuencia, y según la media que saca Alcedo, las entradas anuales fueron de 109.197 pesos, que contrapone a los 76.527 que dice que había indicado la Junta.

Por lo tanto, y con respecto a los ingresos, entre los cálculos que atribuye a la Junta y los suyos había “una diferencia [anual] tan grande como la de 32.670 pesos [...], que en los dichos cinco años hacen 163.670 pesos [...] de distancia de un quinquenio a otro”.

Esta categórica afirmación de Alcedo se aleja bastante de la realidad, por varias razones. En primer lugar, la Junta no consideró como ingreso el remanente de 1726 -35.793 pesos-, lo que sí hizo Alcedo; en segundo lugar, la cantidad que dice que da la Junta como entrada anual: 76.527 pesos, no es la correcta, pues no contabiliza las entradas de los ramos fallidos, ya que si lo hubiera hecho la cifra resultante sería de 92.312 pesos; por último, Alcedo, sin dar explicación ninguna, da cantidades distintas a las de la Junta en diversos ramos de las entradas, con el resultado de ser mayor la cifra de ingresos. Todo ello debe considerarse a la hora de la comparación de cifras que hace Dionisio Alcedo entre su quinquenio y el de la Junta.

Como entradas considera Alcedo las que la Junta calificó como “relación de lo que en cada año fructifican los ramos de Real Hacienda” y también los “ramos fallidos”.

39 66

Pero todo este bosque de datos no puede hacernos olvidar que la causa última de la realización del quinquenio era la de averiguar si la Caja de Quito era deficitaria o no, asunto éste que, a diferencia del quinquenio de la Junta, pasa por alto Alcedo en el suyo, si bien de sus cuentas es fácil concluir que sí lo era. Efectivamente, si el quinquenio se había iniciado con un remanente de 35.792 pesos, se cerraba con sólo 554 pesos de saldo positivo, lo que quiere decir que en cinco años la Caja de Quito había consumido 35.238 pesos por encima de sus ingresos.

Dadas las labores encomendadas a la Junta, su actividad podía darse por finalizada en agosto de 1732, y a esa circunstancia parece deberse el paso que al mes siguiente dio el contador Suárez de Figueroa, quien a lo largo de la actuación de la Junta aparece como un ser pasivo que por compromiso apoya en silencio al tesorero 67. Sin embargo, en septiembre el contador cambió de actitud por el temor a que “todos los abusos y estragos [cometidos por el tesorero] sean estrago y ruina de todos los ministros de la Caja”, y en carta que el 20 de ese mes escribió a Alcedo, acusó a su compañero García Aguado de un gran abanico de delitos, abusos y prevaricaciones, y le hizo responsable de la realización del quinquenio, que tildó de “falso”.

En consecuencia, si en 1731, cuando la Junta comenzó su andadura, sus miembros formaban dos bloques, en el uno Alced o y en el otro el resto, en septiembre de 1732, al terminar su misión, la relación de fuerzas se había complicado. Efectivamente, los oficiales reales quedaban enfrentados entre sí, y el presidente con el fiscal protector y el tesorero; no sabemos qué relación tuvo a partir de entonces el contador con Luján, pero sí sabemos que no cuajó la que pretendió mantener con Alcedo tras cambiarse de bando, pues el presidente no se fió en absoluto de él, calificándole de persona de “vulgar malicia y [...] notoria incapacidad” 68.

La tramitación en Madrid de los quinquenios enviados por la Junta de 1732 y por Dionisio de Alcedo

Según nos dice, lo hizo por “no faltar al concurso del despacho y ocasionar con mi excusación escándalos y ruidos”, y también por el convencimiento que tenía de que la actuación del tesorero era la correcta por la gran experiencia que tenía en los temas de la Real Hacienda (Carta del contador a Alcedo del 20 de septiembre de 1732 (AGI, Quito 173, s.f.); fue remitida por Alcedo al rey con carta del 23 de septiembre de 1732 por no tener “facultad para otra providencia que la de dar cuenta a su majestad” (AGI, Quito 176, s.f.).

68 Escrito de Alcedo al rey del ocho de noviembre de 1735 (AGI, Quito 133, exp. 10).

40 67

Al recibirse en Madrid el quinquenio de 1732 remitido por la Junta y la carta de Alcedo de 15 de agosto de ese año, con el testimonio de lo obrado por la Junta y su versión del quinquenio, el fiscal del Consejo José de Laysequilla, en su informe de 17 de agosto de 1734 69, sugirió volver a enviar la real cédula de 20 de diciembre de 1730, ya que consideraba que si ésta se cumpliera correctamente, la Real Hacienda quiteña estaría mejor administrada y, sobre todo, mejor controlada. Asimismo, opinó que las discrepancias contables entre los dos quinquenios recibidos en la Corte debían solventarse en Quito por la propia Junta de Real Hacienda, a la que se debían incorporar los dos· oidores más antiguos, pues allí se encontraban los documentos necesarios. Pero cuando el Consejo en 1737, pasados más de dos años, -tiempo que demoró la Contaduría en emitir el informe que se le había solicitado en 1734 70- volvió a requerir la opinión del fiscal para tomar una resolución, la opinión de éste había cambiado y se posicionaba claramente del lado del ex presidente 71. Así, culpaba, como lo había hecho Alcedo, al tesorero Fernando García Aguado y al fiscal Juan de Luján de los problemas surgidos en la elaboración del quinquenio de 1727 a 1731 y de la imposibilidad de “determinarlo” satisfactoriamente en la Junta de Real Hacienda. También se ocupaba de los errores contables detectados en los quinquenios, para lo que sugería que en adelante se separaran con claridad los ramos fallidos de los cobrables, para poder tener un cabal conocimiento de los ingresos en la Real Caja Quiteña, pues la discrepancia entre ambas versiones de los quinquenios se encontraba en la inclusión o no de esos ramos fallidos.

Con estos informes del fiscal y de la Contaduría, el Consejo emitirá dos reales cédulas: una del 16 de julio de 1737 al presidente José de Araujo72 para que formara una nueva Junta de Real Hacienda; otra del 16 de agosto de ese mismo año al fiscal protector Juan de Luján 73 en la que se le amonestaba por su actuación en la Junta de 1731.

Mientras Madrid se demoraba en dar el visto bueno a una u otra versión del quinquenio, en Quito, Alcedo, que se encontraba al final de su mandato al 69

AGI, Quito 175, s.f.

La Contaduría no emitió su informe hasta el 14 de noviembre de 1736, tardanza por la que fue amonestada. Su parecer se decantaba más del lado de Alcedo y coincidía con el fiscal en que el asunto se debía resolver en Quito, aunque ella sugería que en lugar de la Junta de Real Hacienda actuara un “contador de experiencias” nombrado por el presidente de la Audiencia (AGI, Quito 175, s.f).

71 El informe de José de Laysequilla es del 15 de mayo de 1737 (AGI, Quito 175, s.f.).

Pensamos que el cambio de opinión se pudo deber a que en estos años habían llegado al Consejo nuevas quejas contra los oficiales reales, por lo que la imagen de estos se había deteriorado en Madrid.

72 AGI, Quito 116, f. 663.

73 AGI, Quito 116, f. 681.

41 70

frente de la Audiencia, estaba interesado en dejar solventados los temas pendientes de su presidencia, y especialmente éste que se arrastraba desde el año 1731. Por ello, en abril de 1736, volvía a plantear quejas por la actuación de los oficiales reales, especialmente de Fernando García Aguado, ante Lima y Madrid74 y solicitaba a ambas instancias que determinaran definitivamente el expediente del quinquenio de 1727 a 1731.

El virrey Marqués de Villagarcía contestó a Alcedo el 18 de junio de 1736 aunque sin zanjar el asunto, pues sólo decía que el Tribunal de Cuentas y el fiscal estaban estudiando el tema. Por esta pronta respuesta pudiera parecer que se iba a tomar la tan esperada decisión en Lima, pero al poco hubo un cambio radical de rumbo, ya que el análisis de los escritos derivó hacia el planteamiento de la necesidad o no de realizar una visita a la Caja de Quito, pasando a un segundo plano el de la falsedad o veracidad de los dos quinquenios. Finalmente, todo quedó reducido a una orden del virrey para “que el Tribunal de Cuentas inste con eficaz urgencia sobre que los oficiales reales de Quito envíen a él las cuentas y los libros”76.

75

Paralelamente a estos acontecimientos, las relaciones personales y profesionales entre los dos oficiales reales quiteños se habían vuelto imposibles y ambos remitieron escritos a distintas instancias con el fin de justificar su propia actuación y mancillar la del compañero. En este sentido, son especialmente interesantes las acusaciones del contador contra el tesorero en su escrito a la Audiencia de 22 de octubre de 1736 77, quejándose por su actuación en la Junta de 1731 y 1732 y por las irregularidades en la elaboración del quinquenio que de ella habían salido, de las que le hacía único responsable.

El quinquenio de José de Araujo En estas circunstancias, sin ninguna decisión tomada en Madrid o en Lima, y con los oficiales reales quiteños enfrentados, Dionisio de Alcedo terminaba su presidencia y entraba a sustituirle José de Araujo (diciembre 1736-1743). Éste, en septiembre de 1738, recibió la real cédula de 16 de julio 74

Escritos de Alcedo al virrey de Lima y al rey de 16 y 18 de abril de 1736, respectivamente (AGI, Quito 173, ff. 90 y 95).

75 AGI, Quito 173, f. 103.

76 Escrito del virrey marqués de Villagarcía al rey del 27 de julio de 1736 (AGI, Quito 126, f. 184). En la real cédula del 11 de julio de 1733 se le había pedido al virrey que se informase confidencialmente de la actuación de los oficiales reales y que, si a raíz de estos datos lo juzgaba necesario, ordenase la visita a la Caja quiteña (AGI, Quito 116, f. 161).

77 AGI, Quito 141, f. 402v.

42

del año anterior en la que se le ordenaba formar una nueva Junta de Real Hacienda, integrada por él, el nuevo fiscal de la Audiencia, Juan de Valparda, los tres oidores más antiguos y el contador José Suárez de Figueroa, excluyéndose de ella al tesorero Fernando García Aguado, por su anterior actuación. En ella, aunque se declaraba como “falso e imaginario, hecho a su modo [-del de los oficiales reales-]” al quinquenio de la Junta de 1732 y se calificaba al realizado por Alcedo como “legítimo y verdadero”, dejaba en manos de la nueva Junta de Real Hacienda “la liquidación [definitiva] de los quinquenios”, pues era en Quito donde se encontraban los documentos con los que habría que contrastar ambas versiones. Además, debía ocuparse de la separación de las deudas fallidas respecto de las cobrables.

Si en el tema de las deudas Araujo actuó inmediatamente solicitando a los oficiales reales que le entregasen la correspondiente relación, en la “liquidación de los quinquenios” se demoró bastante, fundamentalmente porque se lo tomó como un asunto personal. ÉI mismo, en su escrito al rey de primero de julio de 1739 78, decía que no había “permitido que la formación de las cuentas, registro de libros y demás papeles de esta Contaduría hayan pasado por otra mano, sino que personalmente lo he registrado y formado todo para evitar cualquier fraude que se pudiera haber intentado”. El resultado de su trabajo fue la elaboración de una tercera versión del quinquenio de los años 1727 a 1731, en el que contemplaba el “valor de la Real Hacienda en cada un año por la entrada y salida que consta en los libros reales [...] en cotejo del que hicieron dichos oficiales reales [-se refiere al quinquenio de la Junta-] y del testimonio de los tanteos anuales remitido por dicho señor don Dionisio de Alcedo y Herrera”.

En este documento, tras un resumen del promedio de ingresos y gastos anuales, se van desglosando, partida por partida, los cargos y las datas 79 quinquenales de los tres quinquenios: el de Araujo, el de Alcedo y el de la Junta de 1732, para, finalmente, comparar los totales de las tres versiones.

atos quinquenales en pesos

78

Junta (1732)

Alcedo

Araujo

Con este documento enviaba el quinquenio firmado por la Junta. Ambos documentos se encuentran en AGI, Contaduría 1540, s.f.

79 Sigue en ambos casos las partidas que contemplaron la Junta de 1732 y Alcedo.

43

Cargo

382.638

545.987 (*)

508.570

Data

516.043

545.431

543.370

Saldo (**)

-33.405

556 ()

34.800

(*) “Incluyendo los 35.792 pesos que quedaron atesorados de la entrada del año de 1726”. (**) El saldo es un cálculo nuestro.

atos anuales en pesos

Junta (1732)

Alcedo

Araujo

Cargo

76.527

09.197 (*)

101.714

Data

103.208

09.086 (*)

108.674

111 (*)

-6.960

Saldo (**)

?6.681

(*) “Incluyendo los 35.792 pesos que quedaron atesorados de la entrada del año de 1726”, que anualmente supone una cantidad de 7.158 pesos. (**) El saldo es un cálculo nuestro.

De estas sumas se deduce que la discrepancia más notable no se encontraba en el capítulo de las datas, pues las tres versiones aportaban cantidades similares, con una diferencia máxima entre la de la Junta de 1732 y la de Alcedo -y en menor medida con la de Araujo- de entorno a seis mil pesos anuales y 30.000 quinquenales, porque Alcedo y Araujo consideraron una serie de gastos que los oficiales reales no recogieron.

Donde realmente las diferencias eran significativas fue en el capítulo de cargo o entradas de la Caja pues, mientras la Junta daba unos datos de 76.527 pesos anuales y 382.638 quinquenales, las otras dos versiones 44

sobrepasaban ligeramente los 100.000 pesos anuales y 500.000 quinquenales -descontando el remanente de 1726 que Alcedo incorporaba a este apartado-. La explicación que los oficiales reales dieron en 1739 a esta discrepancia de más de 120.000 pesos quinquenales del año 1732 fue que ellos no habían incluido los ramos fallidos 80 por los que esporádicamente se obtenían ingresos -que ellos reflejaron pero no sumaron- y argumentaban que, precisamente por esa falta de regularidad, no debían considerarse en las cuentas finales.

Tras el análisis de estos datos -que se concretan en los saldos anual y quinquenal-, nos atrevemos a considerar la distinta intencionalidad de las tres versiones del quinquenio. Así, mientras los oficiales reales trataban de que Madrid conociera las dificultades por las que pasaba la Caja de Quito, los dos presidentes pudieron pretender, por una parte, criticar la actuación de los oficiales reales y hacerles únicos responsables de la mala situación de la Real Hacienda quiteña y, por otra, congraciarse con las autoridades metropolitanas pintando un escenario menos dramático y unas cuentas más saneadas.

El quinquenio elaborado personalmente por Araujo lo rubricaron los componentes de la Junta -de la que se había separado el oidor Pedro Martínez de Arizala al ingresar en religión-. Sin embargo, en un escrito posterior 81, el contador José Suárez de Figueroa, afirma que se vio obligado a firmarlo, aún sin estar de acuerdo con su contenido.

Consideramos que la explicación a este desacuerdo del contador -se viera o no obligado a firmarlo- se encuentra en que las relaciones, al menos las profesionales, entre los oficiales reales se habían distendido, y la nuev a versión del quinquenio no hacía más que confirmar los datos que en su día había aportado el ex presidente Alcedo. Este refrendo no les dejaba en muy buen lugar como gestores de la Real Hacienda, pues los ingresos que se habían consignado en su quinquenio eran muy inferiores a los señalados por Alcedo, por Araujo y por la nueva Junta. Para salvar esta situación ambos oficiales reales remitieron una serie de escritos 82 defendiendo su quinquenio de 1732 -el elaborado fundamentalmente por el tesorero-, y señalando los errores cometidos por Alcedo y Araujo en los suyos. Según García Aguado y Suárez de Figueroa, las equivocaciones provenían de la falta de experiencia de presidentes, oidores y fiscales en el tratamiento de las cuentas de Real Hacienda, a lo que había que añadir “mucho más, si se 80

Ver nota 25.

Escrito de Suárez de Figueroa al rey del cinco de septiembre de 1739 (AGI, Quito 141, f. 706).

82 Son tres cartas al rey, una de Suárez de Figueroa, otra de García Aguado y una tercera conjunta, todas ellas del cinco de septiembre de 1739 (AGI, Quito 141, ff. 706, 712 y 754).

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pervierte [la realidad] con alguna enconada intención”.

El análisis en Madrid de los quinquenios enviados por la Junta de 1732, por Alcedo y por Araujo Si los oficiales reales escribían a Madrid, Alcedo actuaba directamente allí, donde se encontraba, y presentaba en 1739 un impreso ante el Consejo 83 en el que, además de otros temas de Real Hacienda, trataba del quinquenio y llegaba a decir que las diferencias entre el suyo y el de la Junta de 1732 enmascaraban cierta cantidad defraudada “como es presumible, en las negociaciones de los oficiales reales ”. También arremetía contra el quinquenio realizado por Araujo, del que pensamos debió tener noticia de su existencia, aunque es probable que no lo tuviera de su contenido 84, pues su recepción, al menos la· oficial, se retrasó unos dos años. Puesto que la diferencia entre ambos quinquenios no era sustancial, suponemos que este ataque es una muestra más de la animadversión entre ambos mandatarios.

La Contaduría del Consejo, tras el análisis de este escrito de Alcedo, pero sin tener en sus manos todavía el quinquenio elaborado por Araujo, se hizo eco el 15 de diciembre de 1739 85 de las opiniones de aquél, pues recomendó suspender a los oficiales reales. Por su parte, el fiscal del Cons ejo, Prudencio Antonio Palacios, el 31 de marzo de 1740 86, fue más crítico con las afirmaciones de Alcedo y sugirió que no se consideraran válidos ni el quinquenio del ex presidente ni el de la Junta de 1732 y que el Tribunal de Cuentas de Santa Fe, de quien dependía Quito tras la creación del virreinato de Nueva Granada, revisara minuciosamente las cuentas quiteñas.

En estas circunstancias se recibió en Madrid el tercer quinquenio, elaborado por Araujo y rubricado por la nueva Junta de Real Hacienda en 1739. En su parecer del 23 de febrero de 1742 87, la Contaduría manifestó que “los informes que hacen el presidente [Araujo] y los ministros de la Junta expresan puntualmente los motivos que hubo para que no conformasen los valores de los quinquenios que formaron los oficiales reales con los que hizo el 83

No tiene fecha, le damos la del 23 de octubre de 1739, que es la de un índice de los instrumentos y autos que lo acompañan (AGI, Quito 133, exp. 41 y AGI, Quito 140, exp.

29).

84 Su fuente de información debió ser su yerno Juan de Valparda, que formaba parte de la Junta de Real Hacienda en su calidad de fiscal.

85 AGI, Quito 133, exp. 39g.

86 AGI, Quito 133, exp. 39h.

87 AGI, Contaduría 1540, s.f.

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referido presidente don Dionisio de Alcedo, [por lo que] deja la Contaduría de exponerlos y no se le ofrece qué añadir”. ¿Qué informó el fiscal? Desafortunadamente lo ignoramos, pues no hemos encontrado documentación alguna al respecto, ni tampoco sobre la decisión del Consejo. De todas formas, lo que se acordase entonces, si es que algo se acordó, no tuvo mayor trascendencia, pues los oficiales reales siguieron en sus puestos a pesar de la forma en la que habían presentado las cuentas y, que sepamos, ninguna medida se tomó para la realización de los futuros quinquenios.

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