MÉXICO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Jefe del Estado y del gobierno: Enrique Peña Nieto diciembre)
(sustituyó a Felipe Calderón Hinojosa en
El gobierno del presidente Calderón continuó haciendo caso omiso de los indicios fehacientes de violaciones de derechos humanos generalizadas, como detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, cometidas por fuerzas policiales y de seguridad. Durante los seis años de Calderón en la presidencia, que concluyeron en diciembre de 2012, más de 60.000 personas murieron y 150.000 se convirtieron en desplazadas a causa de la violencia asociada a las drogas. Los cárteles de la droga y otras bandas delictivas fueron responsables de la gran mayoría de los homicidios y secuestros, pero a menudo actuaban en connivencia con funcionarios públicos. El sistema de justicia penal seguía adoleciendo de graves deficiencias, y el 98 por ciento de los delitos quedaban impunes. La población indígena corría un especial peligro de ser sometida a procedimientos penales injustos. Los migrantes en tránsito fueron víctimas de ataques tales como secuestros, violaciones y trata de personas. Varios periodistas y activistas de derechos humanos fueron asesinados, atacados o amenazados. Se estableció por ley un mecanismo de protección para periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. La violencia contra mujeres y niñas era generalizada. Persistió la impunidad por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante las décadas de 1960, 1970 y 1980. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó fallos innovadores que incorporaban obligaciones en materia de derechos humanos, incluidas restricciones a la jurisdicción militar. El nuevo gobierno del presidente Enrique Peña Nieto firmó un pacto con otros partidos políticos, que incluía algunos compromisos en materia de derechos humanos, y se comprometió a luchar contra los índices persistentemente altos de pobreza.
Información general Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue elegido presidente en junio y tomó posesión del cargo en diciembre. Además, el PRI consiguió gobernadores en más estados y aumentó su representación en el Congreso de la Unión. La reñida campaña electoral fue testigo del nacimiento de un movimiento social de protesta juvenil, #YoSoy132, crítico con el proceso electoral y con el candidato del PRI. El debate político estuvo dominado por la inseguridad y la violencia derivadas de la respuesta militarizada del presidente Calderón a la delincuencia organizada. En mayo, un cártel de la droga fue el presunto responsable de abandonar 49 cadáveres desmembrados en Caldereyta, estado de Nuevo León; al concluir el año aún no se había identificado a las personas muertas. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad siguió pidiendo el fin de la violencia, y reclamando la rendición de cuentas de todos los responsables. El gobierno del presidente Calderón vetó la Ley General de Víctimas, una ley que, promovida por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y aprobada por el Congreso, reforzaba los derechos de las víctimas de violencia, incluido el derecho a obtener reparación. En diciembre, el nuevo gobierno del presidente Enrique Peña anunció la retirada del veto a la ley. En agosto, a pesar de que las autoridades mexicanas no habían cumplido las condiciones en materia de derechos humanos impuestas por el Congreso de Estados Unidos como parte de la Iniciativa Mérida –un acuerdo de cooperación regional sobre seguridad–, el Departamento de Estado estadounidense recomendó que el Congreso liberase el 15 por ciento de los fondos de dicha iniciativa, que estaba sujeto al cumplimiento de tales condiciones. A lo largo del año, los comités temáticos de la ONU sobre tortura, discriminación racial y discriminación contra la mujer examinaron el cumplimiento de las obligaciones contraídas por México en virtud de los tratados y formularon recomendaciones. México adoptó algunas medidas para cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de Rosendo Radilla, Inés Fernández, Valentina Rosendo, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Sin embargo, las víctimas seguían exigiendo que se cumpliesen plenamente las sentencias.
Seguridad pública Miembros del ejército, la marina y la policía municipal, estatal y federal fueron responsables de violaciones de derechos humanos graves y generalizadas cometidas en el contexto de operaciones de lucha contra la delincuencia y acciones realizadas en connivencia con bandas