El Ecologista nº 41

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ESPECIAL 25 Aﾃ前S:

Una mirada a nuestro medio ambiente

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, Nº 41 - Número especial 25 años:

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Riqueza, fortuna y poder, por Antonio Estevan Energía: desregulación y crecimiento del consumo, por Ladislao Martínez Cambio Climático: un proceso en marcha, por Cristina Rois 10 Nuclear: una energía cara y en declive, por Francisco Castro Salud ambiental: nuevos avances, nuevos riesgos, por J.C. Montero, C. López, C. Linares, J. Díaz.

Calidad del aire: mirando para otro lado, por Miguel Ángel Ceballos Residuos peligrosos: recimiento irrefrenable, gestión insostenible, por Daniel L. Marijuán Residuos urbanos: cada día producimos más basura, por Teresa Marcos 20 Transporte: una movilidad hipertrófica e insostenible, por Elena Díaz Ciudad: urbanismo desbocado, por Isabela Velázquez Economía: 20 toneladas de recursos por persona y año, por Óscar Carpintero Urbanismo: aquelarre inmobiliario, bulimia económica y desastre ambiental, por José Manuel Naredo Litoral: la costa agoniza, por Pepa Gisbert Turismo: Deporte, ocio, recreo y naturaleza, por Hilario Villalvilla y Jesús Sánchez-Corriendo Biodiversidad: una enorme riqueza natural, por José Ignacio López-Colón Especies: camino de la sexta gran extinción, por Theo Oberhuber Agricultura: impacto ambiental de la agricultura europea, por Eduardo de Miguel Forestal: más cambios legislativos que prácticos, por Mª Ángeles Nieto Agua: Nueva Cultura del Agua: ¿otra oportunidad perdida?, por Carlos Arribas Defensa animal: sobre vacas y linces, por Silvia Barquero Biotecnología: 10 años de fracasos, por Isabel Bermejo Sostenibilidad: ¿desarrollo sostenible o crecimiento sostenido?, por Iñaki Barcena Legislación: incumplimiento generalizado de la normativa ambiental, por Comisión Jurídica de Ecologistas en Acción Globalización: ¿de qué va la globalización capitalista?, por Luis González Reyes Ecofeminismo: hacia un feminismo con conciencia ecologista, por Alicia H. Puleo Consumo: vivir bien... a costa del planeta y de los pobres, por Pablo Moros Información ambiental: Periodismo ambiental, por Joaquín Fernández Educación ambiental: ¿Escaparate publicitario o herramienta para resolver problemas ambientales?, por Olga Conde

situación ambiental en el Estado español

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Nº 41 - Otoño 2004 EDITA:

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

EQUIPO DE REDACCIÓN:

José Luis García Cano, Alberto Guerrero, Theo Oberhuber, Paco Segura

PRODUCCIÓN, DISEÑO Y MAQUETACIÓN:

Ecologistas en Acción

COLABORAN EN ESTE NÚMERO:

Carlos Alonso, Carlos Arribas, Iñaki Barcena, Silvia Barquero, Eduardo de Miguel Beascoechea, Pedro Belmonte, Isabel Bermejo, Juan Jesús Bermúdez, Francisco Castro, Óscar Carpintero, Miguel Ángel Ceballos, Olga Conde, Comisión Jurídica, Elena Díaz, Julio Díaz., Jaime Doreste, Antonio Estevan, Joaquín Fernández, Ramón F. Durán, Francisco Heras, Miguel Ángel Hernández, José Luis García, Pepa Gisbert, Luis G. Reyes, Manu González, Guadalupe Grandoso, C. Linares, C. López, Daniel López, José Ignacio López-Colón , Juan José Lorenzo, Teresa Marcos, Santiago M. Barajas, Julia Martínez, Ladislao Martínez, Pablo Moros, Mª Ángeles Nieto, J.C. Montero, Miguel Muñiz, José Manuel Naredo, Theo Oberhuber, Alicia H. Puleo, Paco Ramos, Joaquín Reina, Juan Carlos R. Murillo, Cristina Rois, Jesús Sánchez-Corriendo, Paco Segura, Francisco Toledano, José Mª TrilloFigueroa, Txelio, Alfonso del Val, Isabela Velázquez, Hilario Villalvilla, Daniel Wagman.

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PORTADA: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN IMPRIME: Impresos y Revistas, S.A. DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA: COEDIS - Avda. de Barcelona, 225, 08750-Molins de Rei Tel. 93 680 03 60 PUBLICIDAD: Paco Segura 91 445 64 40 Esperanza López: 91 531 27 39 C/Marqués de Leganés 12 28004 Madrid SUSCRIPCIONES Y REDACCIÓN: Marqués de Leganés 12 28004 Madrid Tel. 915312739 Fax: 915312611 comunicacion@ecologistasenaccion.org www.ecologistasenaccion.org ISSN 1575-2712 Dep. Legal: Z-1169-1979 Ecologistas en Acción agradece la reproducción y divulgación de los contenidos de esta revista siempre que se cite la fuente.

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25 años de información independiente

Un repaso a nuestro medio ambiente

Editorial

Han pasado veinticinco años desde de la aparición de la revista El Ecologista. Por ello, hemos querido hacer un pequeño repaso, no exhaustivo, de la situación del medio ambiente en el Estado español. Desde 1979, sin lugar a dudas, han cambiado las cosas, muchas de ellas hacia mejor. Si en aquellos tiempos hablar sobre la separación de la basura, la capa de ozono, las energías renovables o el ahorro de agua suponía que te tomaran casi por loco/a, hoy en día son temas asumidos por los poderes públicos y ampliamente conocidos por la sociedad.

Pero no nos engañemos, nuevos problemas, que afectan a la sociedad y al planeta en su conjunto, han surgido y muchos de los antiguos están lejos de solucionarse o se han agravado. Es por ello que este número de la revista puede aportar una visión de las posibles alternativas y acciones que habría que llevar a cabo para que el futuro sea posible.

El futuro será ecologista o no será.

Pasado, presente y futuro de El Ecologista Alfonso del Val

L

a importancia de una revista, de un medio informativo en cualquier soporte, corresponde valorarla a sus lectores, lógicamente. Así suele suceder, aunque a veces los lectores proceden a su valoración cuando el medio ha pasado al recuerdo.

Así parece que sucedió cuando El Ecologista dejó de salir en 1980 y muchos de sus lectores valoraron no sólo su gran utilidad, sino su necesidad. No debe suceder lo mismo en esta nueva singladura de El Ecologista, cuyos cinco años de nueva publicación avalan ya su necesidad: independiente de las fuerzas del mercado –publicidad directa e indirecta; presiones de los lobbies e intereses empresariales…– y de los modos del ecologismo foráneo y globalizante, El Ecologista constituye, y lo debería ser aún más en el futuro, un sutil muro ideológico contra la penetración del nuevo desarrollismo ecológico y sostenible.

En nuestra “carta a los que leen El Ecologista” –editorial de esta nueva etapa iniciada en 1999– señalábamos “el uso fraudulento de lo verde y ecológico que se aplica, sin rubor, lo mismo a bancos que a automóviles”. En tan sólo cinco años, esta desvirtuación del pensamiento y de las propuestas ecologistas que culminaron en los Acuerdos de la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro, ha llegado a cotas inaceptables. Lejos de ser transmitidos a la sociedad con seriedad y profundidad, dichos Acuerdos, suscritos por nuestro Estado en su totalidad, se han convertido, vaciados de su verdadero contenido, en elaborados eslóganes publicitarios para la implantación y desarrollo de una nueva industria de lo verde y sostenible. El desarrollo sostenible, objetivo de cualquier evento (Forum Barcelona 2004), plan de ordenación urbana, industrial o turístico, o cualesquiera actuación (sólo el ejército no usa este término) ha sido manipulado y desvirtuado como lo fue anteriormente lo ecológico o el reciclaje.

Aclarar esta enorme confusión, si aún estuviéramos a tiempo, sobre la sostenibilidad –aún se sigue confundiendo sostenible con sostenido–, bajo la cual se negocian contratos millonarios que afectan a casi todos los ámbitos de la actividad profesional –urbanismo, movilidad, industria, agricultura, consumo…–, proporcionando pingües beneficios a numerosas personas, muchas de ellas próximas al ecologismo, debería ser uno de los principales objetivos de esta revista en su próximo futuro. Probablemente el eje de discusión que permita aclarar con más éxito este dificultoso asunto de la sostenibilidad, tanto a escala local como mundial, se sitúe en el consumo, algo tan personal y universal que comprende un largo camino entre los inaceptables extremos de la pobreza y la degeneración consumista.

Los límites que no deberíamos traspasar en este camino deben ser establecidos sobre la base del conocimiento de los recursos disponibles y de las consecuencias sociales, económicas y ambientales que su uso produce.

Esta información ya la tenemos. El Ecologista deber ser el comunicador por excelencia de esta información y de los correspondientes debates. Dentro de otros veinticinco años seguirá así tan vivo como ahora.

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El Estado Ecológico: propaganda al servicio de la destrucción ambiental

Riqueza, fortuna y poder

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l comienzo del Libro Cuarto de La Política, que lleva por título Teoría general de la ciudad perfecta, Aristóteles alude a la codicia de los seres humanos, uno de sus temas favoritos, en los términos siguientes: “Se considera uno siempre con bastante virtud, por poca que tenga; pero tratándose de riqueza, fortuna, poder, reputación y todos los demás bienes de este género, no encontramos límites que ponerles, cualquiera que sea la cantidad en que los poseamos”.

Aristóteles, y la cultura griega en general, no se limitaron a criticar la codicia humana, sino que cantaron las excelencias de la moderación y el justo medio como vía para la búsqueda de la virtud y, a través de ésta, de la felicidad. Buda y otros pensadores orientales de la Antigüedad fueron más lejos, y predicaron la renuncia completa al deseo, y especialmente a cualquier afán de poseer bienes materiales, como camino hacia la perfección y hacia la superación del sufrimiento.

Un minoritario hilo dorado Tanto en Oriente como en Occidente, el hilo dorado de la búsqueda de la felicidad a través de la autolimitación, ha atravesado todas las épocas y todas las culturas. Pero siempre ha sido una actitud minoritaria. El mismo Aristóteles ya se lamentaba de que “la gran mayoría de la sociedad vive para satisfacer sus apetitos”. Si ahora levantara la cabeza, vería lo lejos que el mundo ha ido de su ideal de la ciudad perfecta.

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Antonio Estevan El ecologismo está al final de ese hilo dorado. Desde sus inicios, ha predicado la moderación no sólo como un principio ético, sino como una actitud práctica y de salvaguardia del destino colectivo. Sólo el autocontrol de los seres humanos en la explotación de la Naturaleza podría superar la incapacidad del planeta para satisfacer los deseos ilimitados de una especie que se ha reproducido de un modo explosivo, dominando técnicas que le permiten transformar cualquier elemento de la Naturaleza en riqueza, fortuna y poder.

Ahora, cuando el ecologismo ya ha cumplido holgadamente una generación, se puede concluir sin mucho riesgo de error que, de nuevo en esta ocasión, el mensaje de la moderación no ha tenido más éxito que el que alcanzó en los intentos que le precedieron a lo largo de la historia.

Sin cambios a mejor En realidad, era ilusoria la idea de que la existencia de graves riesgos ecológicos determinaría necesariamente cambios en las conductas mayoritarias. Las grandes amenazas ecológicas (el cambio climático, la disrupción hormonal, la dispersión de organismos genéticamente modificados, etc.), están provocadas por poderosos intereses económicos, y para ellos la forma más provechosa de gestionarlas es ocultarlas utilizando los medios de comunicación de masas, especialmente si se cuenta con la colaboración de los gobiernos.

Así se ha hecho.

El deterioro ecológico local, siempre más visible, va siendo asimilado por el cuerpo

social como un “coste del progreso”. Se forma así un bucle de adaptación cultural que se retroalimenta mediáticamente y se legitima con el consumo, obteniendo la aquiescencia mayoritaria. La Naturaleza se va desvalorizando como objeto de interés social, mientras la atención mayoritaria se centra en otro tipo de objetos o de mitos sociales. Viviendo de espaldas a la Naturaleza, lo que le ocurra a ésta no es preocupante.

De este modo, las cosas se están poniendo muy feas en materia ambiental.

Desde los años ochenta, o antes, se sabía que era imprescindible que los países desarrollados renunciaran al crecimiento cuantitativo y se dedicaran a perfeccionar sus estructuras sociales, dejando espacio ecológico para que otros países, que sí lo necesitaban, pudieran mejorar su bienestar material sin desbordar las capacidades de carga a escala global y local. Era también imprescindible que los países que tienen desde hace décadas sobrada riqueza material avanzaran hacia modelos distintos de organización social y económica que sirvieran de patrón para la evolución de otros países.

Nada de eso se ha logrado, sobre todo porque apenas se ha intentado. El norte desarrollado ha continuado su carrera obsesiva por el crecimiento cuantitativo, el desarrollo territorial y el despliegue infraestructural, cuando ya no había ninguna necesidad de hacerlo, e incluso cuando en muchos casos resultaba contraproducente.

Ahora ya es demasiado tarde. Joha-

nesburgo, sólo diez años después de Río, dejó un regusto de escepticismo fácilmente perceptible. Nadie se creía nada, porque todo el mundo sabía que no sólo iba a continuar sin cambios el cinismo ecológico occidental, sino que el desarrollo económico de Asia estaba entrando en la fase exponencial, apoyado en los más insostenibles patrones occidentales. En una o dos décadas, la población mundial con modos de vida insostenibles se habrá multiplicado por cuatro o por cinco respecto a la que había a finales del siglo XX. Y ningún país o institución internacional está legitimado para cuestionar ese proceso.

Propaganda para cambiar la percepción El deterioro ambiental global y local es ahora galopante, y sólo se puede combatir con mucha propaganda. Puesto que el impacto ambiental es una construcción social, se puede combatir corrigiendo el problema que lo causa, o bien modificando la percepción social del mismo. La primera solución puede afectar al crecimiento económico, esto es, a los procesos de acumulación de riqueza, fortuna y poder. La segunda no sólo no afecta, sino que puede ayudar a esos procesos de acumulación. No hay duda de que millones de decisiones económicas de todos los alcances seguirán actuando en consecuencia día a día. No hace falta una malvada dirección central.

La cultura social de la acumulación material y la desvalorización de la Naturaleza es mucho más eficiente.

Los Estados jugarán un papel clave en la gestión del desplome ecológico del siglo XXI. Tienen que ser Estados Ecológicos, esto

es, tienen que hacer creer a la población que existe una política ambiental, que es prioritaria, que se está aplicando, y que está funcionando. El Estado Ecológico será la nueva imagen de la ciudad perfecta. Se está construyendo sobre conceptos tales como la desmaterialización de la economía o la disociación del crecimiento económico y el transporte, esto es, sobre los nuevos cuentos de la corriente académica principal de la economía, una vez comienza a agotarse la cuerda del desarrollo sostenible.

La propuesta de Lovelock en defensa de la energía nuclear encaja perfectamente en el nuevo Estado Ecológico, y es un buen indicador de la situación límite a la que se está llegando. Un anciano de 85 años, abrumado por lo que está viendo desde una posición de información privilegiada, lanza una propuesta tan desesperada como inoperante. La energía nuclear no parará el efecto invernadero, entre otras cosas porque su ciclo de vida completo emite cantidades ingentes de CO2, porque sólo puede sustituir a una pequeña parte de los combustibles fósiles, y porque más energía generaría más crecimiento y más transporte, esto es, más efecto invernadero.

Nadie parará el cambio climático, porque las emisiones no se van a frenar de modo sustancial. Hay que cruzar los dedos para que no veamos un colapso climático, sino un cambio más o menos gradual. Con la propuesta de Lovelock simplemente habría dos problemas enormes en vez de uno: el efecto invernadero y la energía nuclear. Es una lástima que, al final de su vida, Lovelock haya perdido la serenidad.

La crisis ecológica, parafraseando a Lorca, hay que mirarla cara a cara. Sin duda

1. El ecologismo lucha, en inferioridad de condiciones, por aumentar la

alguna, el planeta acabará siendo desarrollado por completo, y todos los recursos valorizables en forma de riqueza, fortuna y poder acabarán siendo monetarizados y finalmente destruidos. Para verlo, es sólo cuestión de esperar el tiempo suficiente.

Pero precisamente porque ésa es la situación real, el trabajo y la determinación de la minoría que mantiene el hilo dorado es ahora más importante que nunca.

Para los seres humanos, el tiempo es literalmente el factor vital. Por eso, en la cuestión ambiental, el factor tiempo, esto es, el ritmo del deterioro ecológico, es crucial.

Rebajando ese ritmo es posible evitar que se destruyan ciertas cosas mientras uno vive, evitando el dolor que conlleva presenciarlo.

Y además, ganando tiempo se facilita a la gente una adaptación menos traumática al deterioro de su entorno. Se reduce, en suma, el estrés y el dolor ecológico colectivo.

El deterioro ecológico no se puede frenar sin limitar el crecimiento cuantitativo en los países sobredesarrollados. Esta tesis, nada nueva, sigue siendo incontestable, más allá de la propaganda desarrollista en la que siguen ancladas las instituciones.

El verdadero freno al crecimiento sólo se consigue actuando sobre las perspectivas de rentabilidad de los grandes capitales nacionales o globales. Esto es, obstaculizando sus oportunidades de inversión, dificultando su reproducción, y desanimando a sus gestores y a sus propietarios, para que el dinero se mueva lo menos posible. El Estado Ecológico tratará de impedirlo, pero esperemos que sólo lo consiga en parte.

Mucha gente seguirá estirando, palmo a palmo, el hilo dorado.

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percepción de los problemas ambientales.

2. La cultura de la moderación está lejos de implarse en nuestra sociedad.

3. Continuamos produciendo de espaldas a la naturaleza.

FOTOS: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN.

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energía

Desregulación y crecimiento del consumo FOTO: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN.

Ladislao Martínez

a situación actual del sector energético viene marcada por el impresionante impulso liberalizador (valdría también llamarle desregulador) realizado por el PP en sus 8 lador años de gobierno. En el primer cuatrienio se modificó sustancialmente el marco legal con las leyes del Sector Eléctrico y de Hidrocarburos, completadas después por el Plan de Fomento de las Energías Renovables. En el cuatrienio aciago de la mayoría absoluta, transferidas las competencias al Ministerio de Economía, se aprobaron primero el Plan de Infraestructuras de Gas y Electricidad, y después la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (1).

Junto a estos desarrollos normativos se ha aplicado una política económica en la que se ha aprovechado la reducción de precios energéticos para controlar la inflación y favorecer el crecimiento económico. Consecuencia de todo ello es que en nuestro país se ha perdido eficiencia energética, produciendo el hecho, anómalo en países industrializados, de que la intensidad energética (2) haya ido creciendo en los últimos años.

Se han producido hechos ciertamente singulares, como que las puntas de demanda de potencia eléctrica hayan crecido a tasas mayores que la demanda total, lo que es una prueba manifiesta de ineficiencia ya que obliga a mantener un porcentaje creciente de centrales de generación ocio-

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sas durante buena parte del año. O que el consumo de electricidad per cápita en nuestro país sea ahora superior al de Italia, país con climatología similar, y con niveles de PIB también per cápita mayores que el nuestro.

Los efectos ambientales de este crecimiento desbocado del consumo de energía se manifiestan tanto en las emisiones de gases de efecto invernadero, como en el volumen de residuos radiactivos generados.

Ambos temas se abordan en otros artículos de este número.

Energía y calidad del aire Pero no son los únicos indicadores alarmantes: por ejemplo, tanto en el año 2000 como en 2002 se superaron las emisiones totales, establecidas en el R.D. 646/1991, de óxidos de nitrógeno (NOx) de grandes instalaciones de combustión, principalmente centrales termoeléctricas y refinerías, abiertas antes de 1987. Contra lo establecido en dicha norma, se superaron las 277 kilotoneladas/año de dichos contaminantes (3). No puede dejar de sorprender que una norma que tiene como objetivo limitar las emisiones de las grandes instalaciones se incumpla más de diez años después de ser emitida. Es un síntoma claro de que se han abandonado todas las actuaciones de mejora previstas.

Del mismo modo la trasposición de las dos primeras Directivas hijas de calidad del

aire en el R.D. 1703/2002 ha situado en clara ilegalidad los niveles de contaminación atmosférica en buena parte del país.

Así, por ejemplo en un buen número de ciudades de tamaño medio y grande (en las que habitan unos 15 millones de personas) se superan los niveles autorizados de NO2 (tanto la media anual –Madrid es el caso más claro– como los valores límites horarios para protección de la salud) o de partículas (PM10, tanto en media anual como los límites diarios) (4). No se trata sólo de que la calidad del aire sea mala, es que se está violando la ley.

En el entorno de las centrales térmicas, según datos que hemos obtenido de las CC.AA., no sólo se superan valores límites antes citados, sino que es frecuente superar también los límites referidos al SO2. Llegan a presentarse con frecuencia situaciones de “alerta atmosférica”, sobre todo por superación de los niveles establecidos de SO2, alertas que de forma sorprendente no son declaradas por las CC.AA. En 2002, último año del que disponemos de datos, se superaron los umbrales de alerta en Cercs (Cataluña) y en La Robla (Castilla-León).

Hablar de incumplimiento generalizado no es exagerar.

Existen CC.AA., como Galicia, que pese a la obligación legal de informar, no suministran datos a quien se los solicita. No es aventurado suponer, por ejemplo, que en el entorno de la central de As Pontes

y más eficientes en los procesos de generación y transformación de Renovables energía. A título de ejemplo, la energía Nuclear eólica ha pasado Gas de una presencia simbólica en la gePetróleo neración eléctrica a Carbón más de 6.000 MW a finales de 2003 y probablemente este mismo año 2011 ya represente un aporte equivalente al 50% de la producción de los embalses hidroeléctricos. Se están instalando a gran velocidad centrales de gas en ciclo combinado (casi 5.000 MW en 3 años) que emiten apreciablemente menos que las centrales térmicas convencionales.

La presencia de la cogeneración se ha desarrollado a saltos, pero ya totaliza cerca del 10% del total eléctrico generado.

Los automóviles son apreciablemente más eficientes que hace unos años, y todos los que usan gasolina emplean catalizadores que, en largos recorridos, reducen notablemente sus emisiones de muchos contaminantes, etc. Pero estamos ante una situación paradigmática: el crecimiento desbocado de la demanda (de electricidad, de desplazamiento de personas o mercancías....) supera y anula las mejoras tecnológicas.

De ello cabe extraer una importante conclusión. Aunque el ritmo de introducción de las mejores tecnologías puede ser mucho mayor (5), si se quiere alcanzar la sostenibilidad ambiental, no basta con usar las mejores tecnologías, es preciso contener el crecimiento del consumo.

Consumo de energía (en Mtep)

PREVISIÓN DE CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA SEGÚN EL GOBIERNO DEL PP 160

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2006

de García Rodríguez (la central que emitió más SO2 del país en 2002 y una de las de mayor emisión de NOx) la situación es aterradora. También sorprende que otras CC.AA. como Castilla-León dispongan su información en una excelente página web, pero falten los datos de las ocho estaciones del entorno de la central de Compostilla en 2002 (año en el que la planta fue la principal emisora de NOx y una de las más emisoras de SO2). O que ninguna de las centrales térmicas de esta comunidad aparezca en el inventario de instalaciones emisoras que se deben hacer públicas…

Los niveles de contaminación por ozono troposférico son también aterradores en las coronas de grandes ciudades. Las superaciones en el calurosísimo verano de 2003 de los niveles de información al público han sido espectaculares en la Comunidad de Madrid –547 registros–. Otro tanto sucedió en Barcelona. La misma situación se produce también en la proximidades de las centrales térmicas y refinerías (Tarragona o Puertollano son buen ejemplo de ello). Hay que resaltar que tanto el NOx, emitido fundamentalmente en fuentes móviles, pero también en grandes instalaciones, como los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) son precursores de este contaminante secundario y ambos provienen, además, de fuentes energéticas.

Ni siquiera la superficie afectada la por minería de carbón a cielo abierto evoluciona favorablemente, pese a que han aumentado notablemente las importaciones de carbón y su consumo total está estabilizado. Al cierre de minas subterráneas ha seguido un incremento significativo de las explotaciones a cielo abierto. León, A Coruña, Teruel o la comarca de Puertollano son una muestra elocuente de los destrozos de esta actividad.

Más información sobre energía: ver El Ecologista nº 40, 38, 35, 30, 25 y 21.

Notas y referencias 1. Para una descripción detallada de esta transformación ver “El nuevo Sector Eléctrico”, Ecologista 30; “El Plan de Infraestructuras de Electricidad y Gas”, Ecologista 35; “El Plan de Fomento de las Energías Renovables”, Ecologista 21; y el texto “Comentarios de los grupos ecologistas a la estrategia española de ahorro y eficiencia energética 2004-2012. Comentarios al Congreso de los Diputados” suscrito por WWF-Adena, Greenpeace y Ecologistas en Acción.

2. Intensidad Energética es el cociente entre el consumo de energía y la actividad económica, expresada habitualmente a través del PIB. En la mayoría de los países industrializados esta variable viene disminuyendo desde los años 70. En nuestro país disminuyó entre los primeros 80 y la mitad de los 90, volviéndose a hacer creciente durante los gobiernos del PP. Cuando se habla de intensidad final en el numerador se refleja la energía final; cuando se alude a intensidad primaria se toma en cuenta la energía contenida en las materias primas energéticas sin transformar.

3. Ver “Calidad del aire en el entorno de centrales termoeléctricas españolas. Informe de situación. Diciembre de 2003”, editado por Ecologistas en Acción.

4. Para entender con más claridad estos conceptos legales, ver “La calidad del aire en la ciudad. Guía para organizaciones ciudadanas”. Editada por Ecologistas en Acción.

5. En Alemania la presencia de las fuentes renovables y la cogeneración es muchísimo mayor que en nuestro país, lo que junto con un crecimiento muy moderado de la demanda lleva a que se esté en vía de cumplir su compromiso de Kioto al tiempo que se prevé el cierre (ciertamente a un ritmo lento) de las centrales nucleares.

FOTO: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN.

Previsiones de consumo de energía primaria según la previsión del Gobierno

Reducir el consumo Todo este incremento de impactos se han producido en un momento en el que, paradójicamente, se están introduciendo rápidamente tecnologías menos emisoras el ecologista, nº 41

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cambio climático

FOTO: FEMA

Un proceso en marcha Cristina Rois ingún otro problema ambiental causado por la actividad humana tiene consecuencias tan extensas ni afectará a tantos seres vivos.

La alteración del clima es un fenómeno de escala planetaria, y el clima determina en gran parte las condiciones de la vida, ya que condiciona cómo son los ecosistemas.

No es una sorpresa que el clima cambie. Sabemos que hace 10.000 años la temperatura media global era de 4 a 5ºC inferior a la de hoy, y el hielo cubría una gran extensión del Planeta. Pero si cambia demasiado rápido los ecosistemas no podrán adaptarse y las especies que no sean capaces de migrar hacia regiones más aptas seguramente desaparezcan. Para la población humana, y sobre todo para los más pobres, el clima determina las posibilidades de alimentación, la actividad económica en general y la seguridad de sus asentamientos.

La causa de la perturbación climática actual es una excesiva acumulación de calor solar en la superficie de la Tierra. La atmósfera actúa como los cristales de un invernadero, que dejan pasar la luz del sol y no permiten que escape gran parte del calor que esa luz genera. Desde hace siglo y medio la actividad humana está modificando la composición atmosférica.

La concentración de CO2 han aumentado en un 31% desde 1750, principio de la llamada Era Industrial. El organismo científico que evalúa el cambio climático, conocido como IPCC, ha atribuido el aumento en su mayor parte al efecto de las actividades humanas: sobre todo en los años 80 y 90 por la quema de combustibles fósiles (75% del aumento) y la deforestación (25%).

El CO2 es el principal responsable de la intensificación del efecto invernadero

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porque es el gas que se vierte a la atmósfera en cantidades masivas, pero hay otros gases de gran importancia como el metano, cuya concentración ha aumentado un 151%, y la mitad de ese aumento es atribuible principalmente a algunas prácticas agrícolas y a la extracción y uso de gas natural (en su mayor parte es metano). Sin olvidar la contribución del óxido nitroso (N2O) y los CFC y HCFC, que se han venido usando en las neveras y el aire acondicionado.

Hay acuerdo entre los científicos en que el cambio climático está ya en marcha. Las mediciones muestran un aumento de 0,6ºC de la temperatura media global a lo largo del siglo XX. Este incremento es mayor que el ocurrido en los últimos 10 siglos en el hemisferio norte, y los años 90 han sido, hasta ahora, los más cálidos del milenio. Ya se perciben los efectos del calentamiento: el nivel del mar ha aumentado, debido principalmente a la expansión térmica del agua, entre 10 y 20 cm durante el siglo XX. Además, los glaciares están retrocediendo en todo el mundo; las lluvias han aumentado en el hemisferio Norte, con notables variaciones regionales, pero ha sucedido lo contrario en algunas partes de África y del Mediterráneo; la capa de hielo ártico está perdiendo espesor y la primavera llega alrededor de una semana antes que hace cincuenta años.

Un futuro preocupante Si ésta es la situación ahora ¿qué nos espera en las próximas décadas? Las previsiones científicas muestran que el problema es alarmante, y que si no se hace nada para frenarlo las consecuencias serán desastrosas.

A finales del siglo XXI la concentración de CO2 estará de un 75% a un 350% por encima de los niveles de 1750. Y

cuanto más alta sea la concentración de CO2, más rápido e intenso será el cambio climático.

La temperatura media se incrementará de 1,4ºC a 5,8ºC entre 1990 y 2100. Esta velocidad de calentamiento no se ha conocido en los últimos 10.000 años. El nivel del mar puede llegar en 2100 cerca de un metro por encima de su nivel en 1990.

Millones de personas sufrirán inundaciones por esta causa. La gran mayoría en el sudeste de Asia, de Pakistán hasta Vietnam, incluyendo Indonesia y Filipinas, y también en África oriental y el Mediterráneo. Los pequeños Estados insulares del Caribe, el Océano Indico y el Pacífico corren el riesgo de desaparecer.

Las lluvias en promedio aumentan en todo el globo, pero su distribución se hará más irregular de lo que es ahora. Las latitudes medias del norte verán un aumento de precipitaciones en invierno pero disminuirán en Australia, América central y Sur de África. La evaporación también crecerá y, por tanto, la necesidad de agua.

El agua se perfila como un bien escaso en el futuro. El aumento de temperatura junto con la alteración del patrón de lluvias y la salinización de acuíferos por la invasión del mar, harán que en muchas zonas falte agua tanto para beber como para cultivar.

Se estima que sufrirán escasez de agua en zonas ya con graves problemas de abastecimiento: el norte de África, Oriente Medio y la India.

Olas de calor y lluvias torrenciales serán más frecuentes e intensas, y tanto mayores cuanto más alta sea la concentración de CO2 en la atmósfera. La probabilidad de sequías, incendios e inundaciones consecuencia de estos periodos será creciente.

Además de todos estos impactos, los científicos advierten de la posibilidad de

que el aumento de temperatura modifique de manera abrupta e irreversible algunos fenómenos naturales, afectando extraordinariamente al clima, aunque la probabilidad de que ocurra durante el presente siglo es baja: la fusión del hielo sobre Groenlandia, la fusión de la parte Oeste de la Antártida y la alteración de la corriente termohalina, un sistema de circulación de corrientes del océano que es muy importante para la regulación de temperatura –para el noroeste de Europa significa una diferencia de 10ºC en la temperatura media regional–.

80%

EMISIONES DE GASES INVERNADERO, EN COMPARACIÓN CON EL COMPROMISO DE KIOTO

60% Emisiones actuales y tendencias asumidas por el anterior Gobierno (PP)

40%

20% Objetivo de Kioto: aumento máximo del 15% de seis gases de efecto invernadero (2008-2012).

0% 1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

Una de las conclusiones de los últimos estudios sobre el cambio climático es que las zonas más afectadas van a ser los países pobres, los llamados países en vías de desarrollo, que precisamente no son los principales emisores. La media de emisiones por habitante de CO2 de origen fósil se sitúa en 2002 en 4 toneladas por habitante, pero este valor promedio esconde enormes variaciones regionales y nacionales que se extienden desde 22 t CO2/h en EE UU a 0,3 en Bangladesh.

Precisamente, la media mundial de emisiones por habitante es una referencia muy ilustrativa sobre la responsabilidad de los diferentes países en el cambio climático: EE UU es el principal emisor de CO2. En 2002 emitió el 25% del CO2 fósil mundial. La UE es la segunda en el ranking con el 14% del CO2 fósil, pero se encuentra bastante por detrás de EE UU en emisiones per cápita: 9,6 t CO2/h. Y China, hacia donde comienzan a dirigirse miradas acusadoras, es responsable del 13% de las emisiones mundiales de CO2 fósil, pero sus emisiones por habitante (2,6) están por debajo de la media. De hecho, desde 1990 sus emisiones de CO2 debidas al uso de combustibles fósiles han crecido menos de la mitad que las de EE UU. El CO2, el gas de mayor influencia en el efecto invernadero, es un subproducto del uso de de los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural, los cuales proporcionan el 90% de la energía que se consume en el globo. Por ello la reducción de las emisiones de CO2 es inseparable de la disminución del consumo de energía y de la utilización de la energías renovables.

La gravedad de los efectos del cambio climático depende de cuánto reduzcamos las emisiones y de cuán rápido lo hagamos. No hay alternativa eficaz a la disminución de emisiones de CO2: cuanto más se tarde en asumir esto más difícil será la tarea.

Más información sobre cambio climático: ver El Ecologista nº 37, 30, 28, 25, 24, 23, 22, 21, 19 y 18.

FOTO: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN.

Injusto reparto, injustas consecuencias

Comercio de emisiones Juan Carlos R. Murillo En diciembre de 1997, el protocolo de Kioto consagró el papel fundamental del comercio de emisiones en el cumplimiento de los objetivos de limitación de emisiones.

Ecologistas en Acción criticó los acuerdos de control de emisiones por ser totalmente insuficientes para evitar los peores efectos del calentamiento mundial, aún reconociendo que este acuerdo podría significar un primer paso en dicho sentido.

Pero este primer paso se está viendo seriamente amenazado por la no ratificación del protocolo por parte de países clave (EE UU y Rusia, fundamentalmente), que impide su entrada en vigor, y, por otro lado, por la posibilidad de que los países ricos cumplan sus compromisos comprando el derecho a emitir.

El comercio de emisiones consiste básicamente en que un país (o empresa) compre “certificados de reducción de emisiones” a otro país o empresa en donde se haya producido una reducción de emisiones o éstas se hayan evitado. Se quiere crear así un mercado de emisiones, con la idea de que éstas se reduzcan donde sea más barato hacerlo.

En la práctica, y dejando al margen objeciones de tipo fundamental, como es la cuestión de si la mercantilización de la contaminación (pagar para seguir contaminando) es algo legítimo, el comercio de emisiones, combinado con la utilización de sumideros de carbono, podría suponer un freno para que los países ricos emprendan la necesaria reestructuración de sus economías y de sus sistemas energéticos para colocarlos en un rumbo más sostenible, ya que es factible que cumplan sus (insuficientes) compromisos con un módico gasto económico en la compra de derechos de emisión, sin hacer nada más.

La aparición de un mercado de emisiones puede significar una subvención pública para las empresas (fundamentalmente multinacionales) que justifiquen una reducción o incluso limitación de emisiones en otros países (por ejemplo, con plantaciones de monocultivos en países pobres). Aparte de sus beneficios normales, las empresas podrán vender a otras empresas (o, más probablemente a Estados), las emisiones presuntamente ahorradas. Un buen número de empresas están iniciando por su cuenta mercados de derechos de emisión, sin que aún existan en muchos casos normas para ellos. el ecologista, nº 41

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Una energía cara y en declive Francisco Castro n la actualidad funcionan en España nueve reactores nucleares.

Los más antiguos, los de primera generación, se diseñan en los últimos años cincuenta y primeros sesenta, con tecnología procedente de EE UU. Son las centrales de José Cabrera (Guadalajara), más conocida como Zorita, que se conectó a la red en 1969, y Santa María de Garoña (Burgos, 1971). Las de segunda generación se diseñan también en EE UU a finales de los sesenta y primeros setenta y son Almaraz I y II (Cáceres), que funcionan comercialmente desde 1983 y 1984 respectivamente, Ascó I y II (Tarragona) que se conectan en 1984 y 1986, y Cofrentes (Valencia) que vertió energía a la red por primera vez en 1985.

Finalmente, dos reactores de tercera generación, Vandellós II (Tarragona) de tecnología estadounidense y Trillo (Guadalajara), el único de tecnología alemana, empezaron a funcionar en 1988.

La situación de seguridad de estos reactores es diversa y a menudo sufren incidentes que ponen de manifiesto el hecho de que la energía nuclear es un experimento tecnológico de resultados inciertos. Las centrales de Zorita y Garoña deberían, desde luego, ser cerradas inmediatamente porque, además de ser las de más baja potencia, sus condiciones de seguridad están severamente degradadas. El estado de la seguridad de las centrales no va sólo unido a su edad, aunque éste es un factor clave,

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sino que depende de otros factores como la calidad del mantenimiento o el control que se ejerció durante su construcción debido al grado de conocimiento de la tecnología del reactor por los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

El rigor del CSN es también clave y, sin embargo, con demasiada frecuencia este organismo hace gala de excesiva manga ancha y tolerancia con los propietarios de instalaciones nucleares. El caso de Trillo es muy indicativo puesto que, a pesar de ser la central más moderna, es la que tiene más incidentes clasificables en la escala INES (Escala Internacional de Sucesos Nucleares), incluyendo dos incidentes de nivel II. También lo es el caso de Vandellós I (Tarragona), que se cerró tras sufrir un accidente en 1989.

El accidente se calificó como nivel III en la escala INES y tuvo lugar en un generador eléctrico, en un sistema que el propio CSN había señalado como susceptible de sufrir un accidente. Probablemente se habría evitado el accidente si se hubieran impuesto las recomendaciones del CSN.

Sangría de recursos Además de los citados, existían en nuestro país otros cinco proyectos de reactores nucleares: Valdecaballeros I y II (Cáceres), Lemóniz I y II (Vizcaya) y Trillo II (Guadalajara). El gobierno del PSOE decretó en 1984 la moratoria nuclear, paralizando la construcción de estas centrales. Para compensar a sus propietarios se impone

un tributo del 4,5% del recibo de la electricidad que cobrarán las eléctricas hasta 1994, cuando se promulga la Ley del Sector Eléctrico que pone fin a la moratoria nuclear clausurando definitivamente estos cinco proyectos.

El fin de la moratoria supuso una negociación entre el Gobierno y los propietarios de las centrales nucleares en construcción para ponerles valor. El fruto de esta negociación es escandaloso: esos cinco proyectos que nunca podrían producir un solo kWh se valoraron en 450.000 millones de pesetas (unos 2.700 millones de euros), que en la actualidad siguen generando pagos de 480 millones de euros al año (éste fue el pago p. ej. en 2002). Y esto a pesar de que en aquel momento se habían pagado ya a las eléctricas unos 750.000 millones de pesetas (4.500 millones de euros). Finalmente se valoran en 1,2 billones de pesetas (7.200 millones de euros) unos activos que no han producido nada de electricidad. Se trata de una curiosa consideración del riesgo empresarial: quienes calcularon mal la demanda futura de energía nuclear, lejos de perder dinero se siguen enriqueciendo a costa de aquellos cálculos erróneos.

No es ésta la única transferencia de capital de los ciudadanos hacia la industria nuclear. En 1999, el Gobierno del PP negocia con las principales eléctricas españolas un protocolo que da lugar a la liberalización del sector eléctrico. Una parte del protocolo consiste en evaluar los

Central de Trillo. FOTO: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN.

nuclear

costes que tendría el cambio de un modelo regulado y planificado a uno liberalizado, los costes de transición a la competencia.

El monto que se acordó era de unos 4 billones de pesetas (24.040 millones de euros) a pagar en 10 años. El fruto de las negociaciones condujo al pago inmediato de 1,3 billones de pesetas (7.813 millones de euros). Aproximadamente el 80% de esa cantidad era para compensar a las empresas eléctricas que habían optado por la energía nuclear.

Además de los problemas relacionados con la seguridad, las centrales nucleares están cuestionadas porque generan residuos radiactivos. Estas sustancias se clasifican según su peligrosidad en tres grupos: alta, media y baja actividad –recientemente se crea en España el concepto de residuos de muy baja actividad, constituidos sobre todo por las cenizas procedentes de la fusión accidental en acerías de fuentes radiactivas–. Ni en España ni en ningún otro país del mundo se ha encontrado aún una solución satisfactoria para los residuos de alta actividad. La Comisión Europea fijó inicialmente 2008 como el año en que todos sus miembros han de tener una estrategia de gestión para los residuos de alta.

Quizá la mejor noticia de estos últimos años sea la decisión por el Parlamento y el CSN de una fecha de cierre para la central nuclear de Zorita: el 30 de abril de 2006.

Este acuerdo vino precedido de intensas protestas y movilizaciones sociales y políticas encaminadas sobre todo a mostrar el estado deleznable en que se encuentra la central.

La actual situación política y, sobre todo, económica no permite vislumbrar la apertura de nuevas centrales nucleares en nuestro país, a pesar de que no existe ningún obstáculo legal para tal cosa. En la actualidad asistimos a crecientes presiones de los agentes económicos y sociales pronucleares para invertir una situación que les resulta desfavorable. El cambio climático es su principal argumento y, además, ejercen presión sobre los organismos reguladores como el CSN para que se relaje la seguridad, lo que conduciría a una reducción de los costes de instalación. Pero los impactos y riesgos que conlleva la energía nuclear la invalidan como una tecnología válida como alternativa a los combustible fósiles. Hay que combatir el cambio climático, pero sin empeorar los problemas ambientales a que nos enfrentamos.

Más información sobre energía nuclear: ver El Ecologista nº 35, 29, 22, 21, 20, 18 y 17. Sobre energías renovables: ver El Ecologista nº 38, 32, 21 y 16.

FOTO: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN.

Sin solución para los residuos

Energías renovables Miguel Muñiz Las denuncias sobre los impactos de la energía fósil o nuclear reciben siempre la misma respuesta recurrente de sus defensores: una angustiosa letanía sobre el“precio inevitable” a pagar para satisfacer nuestras necesidades energéticas; y la descripción de un sombrío panorama de penuria si tuviésemos que depender de las energías renovables. ¿Podríamos mantener nuestro bienestar si utilizásemos sólo las energías que provienen de los ciclos anuales del planeta (el sol, el viento, el mar, los ríos y la vegetación), de su calor interior, y de la actividad biológica de los seres vivos? Pues sí, porque en contra de la opinión mayoritariamente extendida existen tecnologías que permiten aprovechar todas las fuentes renovables.

Aprovechamos la energía solar directa para calentar agua, o un líquido de intercambio y obtener energía. La luz del Sol también puede generar electricidad mediante el efecto fotovoltaico en células de silicio. El viento genera energía eléctrica a diversas escalas según la potencia del aerogenerador, o hace funcionar una bomba hidráulica.

Se puede aprovechar el cambio de nivel de las mareas para llenar un espacio, con lo que se obtiene energía de la fuerza de salida del agua, o puede aprovecharse la fuerza de las olas para mover estructuras en forma de batiente que, conectadas a turbinas, generan electricidad.

Los ríos permiten un aprovechamiento minihidráulico, creando pequeños embalses en su curso o usando turbinas de flotación, que requieren una obra mínima.

La propia Tierra, con su calor subterráneo, facilita energía geotérmica que permite calentar agua para después aprovecharla energéticamente.

Y tenemos, además, la energía de origen biológico: la biomasa forestal (que puede utilizarse como combustible o para producir gas), los residuos orgánicos (excrementos y restos de alimentación) que también pueden producir gas, y los biocombustibles, cultivos de plantas para obtener alcoholes o aceites combustibles.

El mito de la penuria energética renovable es tan irracional como el de disponer de un suministro ilimitado e inagotable de energía: fantasía de los que van destruyendo sin cesar en nombre de su progreso. el ecologista, nº 41

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salud ambiental

FOTO: MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ PLAZA

Nuevos avances, nuevos riesgos

J.C. Montero, C. López, C. Linares, J. Díaz. adie se atrevería a negar que una sociedad que respeta su medio ambiente sea una sociedad más sana. Sin embargo, durante los dos últimos siglos, la estrategia para obtener unos niveles de salud más altos ha sido aislarnos de nuestro entorno y sus mecanismos ecológicos de regulación.

Ante el dilema de alimentar una población creciente, recurrimos a fabricar ecosistemas artificiales, consumiendo grandes cantidades de energía (quemando combustibles fósiles), los vectores de enfermedades son combatidos con productos químicos para controlar o eliminar sus poblaciones, y por otro lado, los sobrantes de nuestra actividad son transportados y tratados lejos de nosotros, donde no producen un daño sanitario aparente.

Qué duda cabe que este modelo ha sido decisivo en la mejora de la salud, al menos en el mundo que llamamos desarrollado:

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el ecologista, nº 41

ha traído beneficios a los que no queremos ni debemos renunciar y a los que todos quieren acceder. Pero éste dista de ser un modelo ideal, que abarque a toda la población y que además sea preventivo.

Se calcula que, pese a todo, más de la cuarta parte de las enfermedades que se producen en el mundo son achacables a factores ligados estrictamente a la degradación ambiental (1).

Nuevos riesgos ambientales, nuevos retos Existen riesgos cuyos efectos y gestión sobrepasan el ámbito local. Así, el cambio climático producido por la liberación de gases que aumentan el efecto invernadero, provoca un aumento global de la temperatura media del planeta, agravado por la desestabilización de los patrones climáticos regionales. Las previsiones apuntan a un aumento de las olas de calor y de frío, las

sequías, los temporales y las inundaciones.

La disminución de la capa de ozono implica un aumento aproximado del 5 al 10% de la radiación ultravioleta en las latitudes medias y altas. Las previsiones para Europa y Norte América son de aumentos cercanos al 10% en el cáncer de piel.

Otras perturbaciones, como la pérdida de biodiversidad, la sobrecarga de nitrógeno y de los sistemas de producción de alimentos o la sobreexplotación de las reservas de agua potable no solo afectan al patrimonio natural y genético, sino que desestabilizan y debilitan los ecosistemas, con la consiguiente perdida de recursos (alimentarios, farmacológicos, industriales, etc.) y de sus servicios de reciclado, limpieza y restauración de nuestros residuos y contaminantes.

La seguridad química también exige cada vez más atención de los responsables de la protección del medio ambiente y la salud.

La gran variabilidad de los productos, su gran difusión (agua, aire, suelo, alimentos, etc.) y sus distintas vías de entrada al organismo (ingesta, dérmica o inhalación) hace que su estudio y gestión sean muy complejos. En la actualidad existen más de 8 millones de productos químicos, de los cuales unos 70.000 se pueden considerar de uso común, pero muy pocos poseen una evaluación del riesgo para la salud.

Otros tienen una dimensión espacial más reducida y se producen especialmente en las grandes ciudades. Uno de los más notables es la contaminación atmosférica urbana. De modo que según un reciente estudio (2), la contaminación del aire es responsable del 1,4% de todas las muertes en el mundo. Factores físicos como las radiaciones tanto ionizantes como no ionizantes o el ruido provocan daños admitidos por toda la comunidad científica, en dosis elevadas y a corto plazo, pero nuestros conocimientos sobre los posibles efectos nocivos de exposiciones largas a niveles más bajos de los recomendados todavía es limitada. Existen indicios que aconsejarían la caracterización, lo más exacta posible, de sus efectos nocivos para la salud (3), sobre todo teniendo en cuenta la continua exposición a muchos de estos factores en los entornos urbanos.

Cada día surgen nuevos retos en la sanidad ambiental, incluso algunos derivados de la contaminación microbiológica, que resurge con nuevas caras aunque en los países de nuestro entorno parecía un asunto controlado o con poca significación epidemiológica. Los brotes de legionelosis, asociados fundamentalmente a instalaciones de refrigeración y climatización, son un buen ejemplo. Incluso aparecen riesgos relacionados con actividades claves en la

salud pública como la potabilización del agua de bebida. Desde hace unos años se estudia la relación con diversos tipos de tumores, en especial cáncer de vejiga, con los trihalometanos, subproductos de la desinfección de las aguas (4).

Cambio de modelo El principal problema es, por tanto, que para seguir manteniendo nuestra civilización de alta tecnología se necesita consumir cada día más recursos materiales y energéticos del planeta y producir más sustancias de desecho que saturan su capacidad de asimilación, introduciendo perturbaciones a escala local y global. Y esto es así aún teniendo en cuenta que son muy pocos los países que disponen de recursos para utilizar estas estrategias, lo cual es, además, fuente de grandes desigualdades sociales, que se traducen en la salud.

Ante esta situación es necesario por un lado desarrollar y adoptar el principio de precaución (5), que establece que en ausencia de un conocimiento científico suficiente, cualquier contaminante o factor

Agradecimientos: Los autores agradecen la financiación de este estudio a la Red de Centros de Investigación Cooperativa en Epidemiología y Salud Pública, Universidad Autónoma de Madrid, Centro Universitario de Salud Pública.

Bibliografía: 1. WORLD RESOURCES INSTITUTE, 2000. Guía Global del Planeta. El cambio ambiental y la salud humana. Ecoespaña / Fundación Biodiversidad.

2. COHEN A.J, et al. “Mortality impacts of Urban Air Pollution”. En: EZZAT, M., et al. (eds.) Comparative Quantification of Health Risks: Global and Regional Burden of Disease Attributable to Selected Major Risk Factors.

Factors Ginebra: OMS, 2003.

3. DÍAZ, J., LÓPEZ, C., TOBÍAS, A. Y LINARES, C., 2003. “Los riesgos de vivir ruidosamente. Resultados de un estudio europeo”. Revista Interdisciplinar de Gestión Ambiental. 58: 23-32. Número especial: la problemática del ruido 4. VILLANUEVA, C., KOGEVINAS, M. Y GRIMALT, J. 2001. “Cloración Cloración del agua de bebida en España y cáncer de vejiga”. Gac. Sanit Sanit.

15(1):48-53.

5. COMISIÓN EUROPEA. 2000.

Comunicación de la Comisión sobre el recurso al principio de precaución.

Bruselas.

ambiental no puede ser considerado seguro para el medio ambiente y para la salud humana, lo que implica necesariamente un análisis científico riguroso del riesgo antes de que éste se produzca. Y también son imprescindibles políticas que asuman y reduzcan los costes ambientales y sanitarios del desarrollo, a menudo con una modificación drástica de este modelo de desarrollo. Es evidente que esto requiere cambios a los que muchos sectores ofrecerán, sin duda, fuerte resistencia (situación actual en la puesta en marcha del Protocolo de Kioto). Sin embargo, ese cambio es ineludible y supone el principal reto de políticos y ciudadanos, pues la salud, en sus dimensiones física, psíquica y social, debería ser sin lugar a dudas motor y principal objetivo de cualquier actividad económica.

Más información sobre salud ambiental y contaminación electromagnética: ver El Ecologista nº 40, 38, 36, 33, 32, 27, 24, 21 y 17.

Contaminación electromagnética y telefonía móvil Pedro Belmonte La proliferación de las redes de telecomunicaciones ha supuesto un aumento significativo de la contaminación electromagnética. Hasta ahora la legislación estatal no ha resuelto el impacto ambiental de las redes de telefonía móvil ni ha dado respuesta a la percepción social, sustentada por muchos investigadores, del riesgo asociado a estas infraestructuras radioeléctricas.

En la práctica, ni siquiera se cumplen las tímidas recomendaciones del Decreto 1066/200 y la Orden CTE/23/2002, de 11 de enero, elaboradas al dictado de las operadoras de telefonía móvil: siguen aumentando de forma caótica las infraestructuras de telefonía móvil y continúan creciendo los niveles de contaminación electromagnética a los que estamos expuestos. El próximo despliegue de las nuevas 22.000 antenas de la red UMTS (la telefonía móvil de tercera generación) viene a aumentar estos niveles.

Algunas comunidades autónomas han establecido normativas mucho más preventivas que la estatal, con niveles de exposición al público sustancialmente más restrictivos. Entre ellas, merece la pena destacar la normativa de Castilla - La Mancha, en su Ley 8/2001, de 28 de junio, que ha intensificando las exigencias mínimas comunitarias y ha tenido como referencia para los valores máximos de exposición al público los fijados en la Conferencia Internacional de Salzburgo de 2000: un valor máximo, en zonas sensibles, de 0,1 microvatios por centímetro cuadrado para las frecuencias de telefonía móvil de las redes GSM, DCS y UMTS, miles de veces inferiores a los valores de la normativa estatal.

Un asunto relevante es que queda pendiente una directiva europea que sirva como un instrumento real para hacer compatible el desarrollo de la telefonía móvil y la minimización de las posibles afecciones ambientales y para la salud pública. Esta Directiva debe ser elaborada sin la presión de la grandes operadoras de telefonía móvil y tiene que sustentarse en los principios de prevención, de precaución y de aplicación de los niveles de radiación radioeléctrica lo más bajos que sea técnicamente posible. el ecologista, nº 41

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calidad del aire

Contaminación atmosférica: mirando para otro lado

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el ecologista, nº 41

ras algunos antecedentes significativos, la preocupación del movimiento ecologista por la calidad del aire que respiramos arranca de principios de la década pasada. El acercamiento social a este problema parte de las evidencias científicas crecientes sobre su repercusión en la salud pública, en particular con los estudios auspiciados por la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Europea desde mediados de los años 90 (1), trabajos que con más retraso se van reproduciendo en nuestro ámbito territorial (2). A estos efectos habría que sumar los provocados sobre la vegetación y los ecosistemas, como la acidificación y la eutrofización.

A pesar de la temprana promulgación en 1973 de una Ley de Protección del Ambiente Atmosférico, lo cierto es que en España no comienzan a desplegarse las redes urbanas de control de la contaminación atmosférica hasta hace escasos 15 años (3), al rebufo de las Directivas europeas de los años 80 que fueron transpuestas a nuestro ordenamiento jurídico con la entrada en la CEE. Los primeros datos disponibles evidencian la preocupante situación de la calidad del aire en nuestro país. Así, se registran superaciones de los valores límite establecidos para el dióxido de nitrógeno (NO2) en ciudades como Avilés y Langreo (Asturias), Cartagena (Murcia), Alcorcón (Madrid), Madrid, Salamanca Tarragona y Valladolid. En el caso de las partículas en suspensión, las superaciones afectan a áreas industriales como Asturias (Gijón, Oviedo, Langreo), Barcelona y su área metropolitana, la ría de Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Tarragona, Vigo y Zaragoza, mientras las superaciones de los valores límite del dióxido de azufre (SO2) asociados a partículas se localizan en el entorno de algunas grandes centrales térmicas (Andorra, As Pontes, Cercs, Sama) (4).

No obstante, esta situación no determina la adopción automática de planes de saneamiento atmosférico amparados en la preceptiva declaración de las áreas afectadas como Zona de Atmósfera Contaminada, salvo en los casos de Avilés, Cartagena, el Gran Bilbao (5) o algunas localidades catalanas. Primero la pasividad y más tarde la resistencia de las autoridades autonómicas y locales a la aplicación de la norma se instala ya en esta época como una constante en el comportamiento de

las Administraciones Públicas, que ha dificultado y dificulta la comprensión del problema en toda su dimensión.

En las ciudades y en el campo La adopción en 1995 de la primera norma sobre ozono troposférico y la progresiva implantación de puntos de muestreo por todo el Estado evidencian que la mala calidad del aire no se circunscribe sólo a las ciudades y el entorno de determinadas instalaciones industriales. Los niveles admisibles de ozono se rebasan sobre todo en las áreas periurbanas y rurales, donde los procesos químicos de formación de contaminantes secundarios a partir de los generados por la industria, el transporte y las calefacciones alcanzan una eficacia máxima. Tampoco en este caso se ha respetado la obligación legal, mucho menos exigente, de avisar a la población en caso de superación de los umbrales de información o alerta.

En este contexto, las emisiones de algunos contaminantes como el SO2 han ido disminuyendo en los últimos quince años, como consecuencia de la implantación de combustibles menos contaminantes como el gas natural, mientras han aumentado las de los óxidos de nitrógeno (NOx) y los compuestos orgánicos volátiles (COV), precursores del ozono, fundamentalmente por la expansión del transporte y el aumento del consumo eléctrico, llevando a España a incumplir los Protocolos internacionales suscritos en torno a 1990 para estabilizar o reducir estos contaminantes (6).

Ante las evidencias de la repercusión sanitaria y ambiental de la contaminación atmosférica, así como de su carácter transfronterizo, en las últimas dos décadas España ha suscrito nuevos Protocolos Estación de medición de la calidad del aire. FOTO: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN.

FOTO: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN.

Miguel Ángel Ceballos Ayuso

internacionales, en virtud de los cuales se ha visto obligada a elaborar recientemente un Programa de reducción de emisiones nacionales de SO2, NOx, COV y amoniaco.

De mantenerse las tendencias actuales, el incumplimiento de estos instrumentos y sus objetivos de reducción para 2010 será previsiblemente similar al del Protocolo de Kioto para los gases de invernadero.

La salud no es lo primero Al tiempo, tras la aprobación en 1996 de la Directiva Marco de Calidad del Aire por parte de la Comisión Europea, se ha iniciado la renovación de los valores límite en inmisión de los contaminantes atmosféricos con la aprobación de las tres primeras Directivas Hijas, estando pendiente de aprobación la última. En conjunto, las nuevas Directivas rebajan sustancialmente los límites de los años 80, aunque de forma gradual hasta 2010 para permitir la adaptación de los Estados miembro.

Con su entrada en vigor, sobre el papel buena parte de las ciudades y de las áreas de influencia de las centrales térmicas españolas se verán obligadas a poner en marcha planes de acción para reducir los niveles de contaminación, con la finalidad de preservar la salud pública o los ecosistemas.

No obstante, como sucediera en los años 90, las autoridades locales y autonómicas están escatimando primero la información y luego la adopción de los preceptivos planes, para no reconocer el problema.

Así, entre 2001 y 2003 Ecologistas en Acción ha detectado superaciones de los nuevos valores tolerados en las áreas metropolitanas de Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia, y en ciudades menores como Alicante, Castellón, Córdoba, Granada, León, Salamanca, Tarragona, Valladolid o Zaragoza (7). En ningún caso se ha procedido a la elaboración de los preceptivos planes de saneamiento atmosférico.

En su lugar, las autoridades están recurriendo a tretas como la dilación injustificada en la transposición de las Directivas comunitarias, la petición de exenciones al cumplimiento de los valores límite u objetivo fundamentadas en particularidades climáticas (partículas y ozono), la reubicación de estaciones de control conflictivas o el cálculo de promedios entre estaciones con distinta orientación (tráfico y fondo) para rebajar artificialmente los niveles. Esta caótica situación ha determinado un reciente apercibimiento de la Comisión Europea a España.

Según lo expuesto, y a pesar del favorable marco normativo, la experiencia nos advierte de que las autoridades estatales, autonómicas y locales se van a resistir al cumplimiento de unos estándares de calidad del aire que obligarían a trastocar

radicalmente las políticas urbanísticas, energéticas y de transporte que imperan en nuestro país. Por ello, se hace necesaria una nueva movilización social en defensa de la salud pública y el medio ambiente, que de forma atomizada e inconexa se viene operando frente a proyectos concretos que inciden en la contaminación como incineradoras, térmicas de gas en ciclo combinado, desarrollos urbanísticos o infraestructuras de transporte.

En este contexto, Ecologistas en Acción ha puesto en marcha una campaña estatal sobre calidad del aire, recopilando los

datos de contaminación proporcionados por las estaciones de control de la contaminación atmosférica y solicitando a las Comunidades Autónomas respectivas la elaboración de los planes de reducción de la contaminación. Además, se pedirá la declaración como Zonas de Atmósfera Contaminada de todas las localidades y zonas donde se vayan superado los nuevos valores límite (8).

Más información sobre calidad del aire: ver El Ecologista nº 40, 35, 31, 30 y 17.

Las denuncias ecologistas por las superaciones de los límites de protección a la salud son ignoradas por las autoridades. FOTO: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN.

Notas y referencias 1. Destacan por sus duras conclusiones los programas APHEA y APHEIS, auspiciados por la Comisión Europea, y el estudio Health Costs due to Road Traffic-related Air Pollution. An impact assessment project of Austria, France and Switzerland realizado por la OMS en 1999. Todos evidencian la relación causa-efecto entre contaminación atmosférica y mortalidad, y en base a los mismos la Comisión Europea ha estimado en alrededor de 240.000 los fallecimientos prematuros anuales relacionados con la contaminación en las ciudades de Europa.

2. Programas EMECAM y EMECAS, y ciudades participantes en el programa europeo APHEIS (Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia).

3. En el caso de algunas grandes instalaciones industriales, como las centrales térmicas, estas redes ya venían operando desde los años 80. A diferencia de las redes urbanas, que dependen de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, las redes industriales son privadas, por lo que sus datos han sido mucho menos accesibles.

4. Calidad del Aire Ambiente en España 1990-1998. Ministerio de Medio Ambiente, 2001 5. En el caso del área del Gran Bilbao, la declaración de Zona de Atmósfera Contaminada y su Plan de Saneamiento es realizada de forma temprana por el Gobierno Central en 1978, no levantándose por el Gobierno Vasco hasta el año 2000, con la finalidad de facilitar la instalación de una incineradora de residuos.

6. Protocolo de Sofía (1988) sobre NOx y Protocolo de Ginebra (1991) sobre COV, dentro del Convenio sobre Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Larga Distancia firmado en 1979.

Ecologistas en Acción también ha constatado la superación en 2000 y 2002 de los límites de emisión de NOx establecidos para las Grandes Instalaciones de Combustión por la normativa estatal y europea 7. También los entornos de las grandes centrales térmicas (Aceca, Anllares, Cercs, Compostilla, Escucha, Lada, La Robla, Soto de la Ribera) han superado los niveles tolerados en este periodo.

La información sobre la calidad del aire sólo ha sido accesible sistemáticamente por el público en los casos de Andalucía, Madrid o la Comunidad Valenciana, lo que Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Comisión Europea.

8. Para informar del problema a otras organizaciones sociales y a la población en general, se ha editado un CD de recursos legales, ambientales, sanitarios y administrativos, cuyo contenido está disponible en www.ecologistasenaccion.org/aire.

el ecologista, nº 41

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Crecimiento irrefrenable, gestión insostenible Daniel López Marijuán l notable incremento del desarrollo industrial y económico experimentado en las últimas décadas a escala comunitaria, estatal y autonómica, no ha incidido claramente en una mejora de la calidad de vida y de bienestar social, en buena medida porque ha originado un continuo aumento en la cantidad de residuos. Son más de 3 millones de toneladas la cantidad de residuos peligrosos (RP) que se generan cada año en España, de las que sólo una mínima parte recibe una gestión ambientalmente correcta.

Si a los RP sumamos los de origen minero (11,5 millones t/año), la cifra es ya de 14,5 millones de toneladas, es decir, 350 kg al año por habitante. Además, el hecho de que haya 14 planes autonómicos de gestión de RP, hace materialmente imposible llevar a cabo una coordinación eficaz en la gestión. La Comisión Europea ha incoado, en octubre de 2003, un procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de la legislación de la UE sobre la gestión de residuos, RP y vertederos.

Gestión muy deficiente La penosa situación de la gestión de los RP en el Estado español queda reflejada en las reflexiones que el anterior Ministerio de Medio Ambiente apuntaba en el Borrador del Plan Nacional de Residuos Peligrosos 2002-2008, tan celosamente guardado: inadecuada gestión ambiental de los RP; deficiente control administrativo; insuficiente nivel de reutilización, valorización, reciclado, utilización como materiales de segundo uso de esos residuos o como materias primas secundarias; limitado uso de sistemas y tecnologías tendentes

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el ecologista, nº 41

a la reducción del volumen de residuos generados; escasez de instrumentos económicos, financieros o fiscales aplicados a la gestión; infraestructuras insuficientes y obsoletas, etc.

Toda política de minimización de residuos tiene que implicar un esfuerzo organizado, sistemático, comprehensivo y continuado para reducir la generación de RP. Hasta ahora los Planes y Programas de RP han sido más un compendio de infraestructuras de gestión que iniciativas de minimización de residuos, ganando la eliminación sobre la prevención por goleada.

Los empresarios, salvo contadas excepciones, no entienden la producción limpia como un factor decisivo para la eficiencia, la productividad y la competitividad de sus productos, sino como una mera imposición legal; en otros casos es el desconocimiento de las normas y las leyes lo que explica su retraso.

Existe una competencia feroz por la captación de residuos que se traduce en precios irrisorios a la baja, reveladores de una pésima o nula gestión. La Administración tiene que velar por la transparencia y evitar el dumping entre gestores de residuos. La existencia de vertederos baratos es un factor disuasorio para el reciclaje y la recuperación, por lo que no queda más alternativa que encarecer el vertido, o prohibirlo cuando no cumpla los requerimientos legales.

La situación es tan grave que el Dictamen europeo de noviembre de 2003 sobre prevención y reciclado de residuos reconocía la “necesidad de una gestión minuciosa para evitar la infiltración de una mafia ecológica que suele encontrar en este

sector uno de los terrenos abonados para actuar, causando grandes daños al medio ambiente”.

Lo primero, prevenir La estrategia comunitaria para la gestión de residuos otorga a la prevención de los residuos la máxima prioridad, seguida de la reutilización y la valorización y, en última instancia, la eliminación segura. La reducción ha de referirse no sólo a la cantidad sino también a la peligrosidad. Lógicamente, estos compromisos tendrán en cuenta el crecimiento industrial, para que lo que disminuya sea la intensidad en la liberación de residuos por unidad de producción, es decir, que para producir lo mismo, se emitan menos descargas contaminantes.

Esta ecoeficiencia se alcanza mediante la reducción paulatina del consumo de materias primas no renovables y de energía, con el desarrollo de procedimientos ecológica y económicamente eficientes, la minimización de la contaminación del agua, suelo y el aire, y la optimización de la prevención de riesgos.

Necesitamos contar con Juntas de Residuos que sean las que garanticen la ejecución de las estrategias de los planes y también la existencia de organismos que vigilen la adopción de las mejores tecnologías de tratamiento y que impulsen una producción más limpia.

Los planes de prevención y gestión de RP que apoyemos los ecologistas deben fijarse horizontes temporales para darles adecuada solución, siguiendo la prioridad y jerarquía comunitaria de RP. La incineración de residuos debe ser descartada, no por considerarla tabú, sino porque no ha

Vertido de fosfoyesos en Huelva. FOTO: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE HUELVA.

residuos peligrosos

vierta ningún residuo que sea susceptible de aprovechamiento.

Si consideramos necesaria la existencia de infraestructuras de gestión de RP, forzosamente han de ir acompañadas de medidas de minimización: reducción, reutilización y reciclaje. Los compromisos de prevención no pueden quedarse en meras recomendaciones, sino que tienen que asumir objetivos de reducción cumplibles y verificables. Se trata, en definitiva, de cerrar los ciclos y disminuir los flujos de materiales, reduciendo los residuos finales.

El movimiento ecologista no ha superado la fase de rechazo a las infraestructuras de tratamiento de residuos peligrosos. Sin embargo, no es correcto plantear sin más una moratoria a toda planta de gestión de

RP. Así como a nadie se le ocurre rechazar las depuradoras de aguas residuales urbanas hasta que las ciudades sean ecológicas y sostenibles, los movimientos sociales no deberían seguir manteniendo una oposición a sistemas de tratamiento de RP ambientalmente intachables porque las industrias no implanten la producción limpia, porque la basura tóxica sigue aumentando, llevándose a vertederos inaceptables, a bajo coste y con una nula garantía ambiental. Debe existir una simultaneidad en la adopción de compromisos de minimización y en la creación de infraestructuras de tratamiento.

Más información sobre residuos peligrosos y contaminación de suelos: ver El Ecologista nº 39, 36, 35, 30 y 25.

Planta de Erkimia, junto al Ebro, que ha vertido más de 200.000 toneladas de residuos tóxicos. FOTO: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN.

resuelto los problemas ambientales que genera y además desincentiva las alternativas de prevención de residuos. En el caso de los RP de naturaleza orgánica (disolventes orgánicos, plaguicidas, cianuros, hidrocarburos clorados, PCB, pinturas, barnices...) jamás deben ser llevados a vertedero, ni siquiera previa estabilización.

Hay que aplicar las Mejores Técnicas Disponibles no solamente en las industrias que generan residuos peligrosos (para poder prevenirlos), sino también en las que los gestionan (para garantizar su reciclado).

Los planes de minimización de residuos que exige el R.D. 952/1997 y la aplicación de la Directiva de Vertederos han de permitir conseguir logros en cuanto a reducir la cantidad y la peligrosidad de los residuos generados, de forma que no se

Suelos Contaminados Carlos Alonso El suelo ha sido tradicionalmente el elemento del medio natural más descuidado. Sólo hace escasamente una década, empezó a preocupar el estado de algunos suelos y la necesidad de actuar ante situaciones graves de contaminación, normalmente con dinero público y sobre suelos urbanos o urbanizables, a menudo con una clara vocación especulativa.

El origen principal de la contaminación hay que buscarlo en prácticas históricas, algunas todavía vigentes, con total desprecio al medio ambiente, a los valores naturales y a la salud pública: operaciones de almacenamiento y manipulación de sustancias químicas sin medidas de protección, fugas accidentales, vertido incontrolado de residuos...

Son las actividades donde se realizan estas prácticas, las que reiteradamente aparecen en los inventarios de suelos contaminados (o de actividades potencialmente contaminadoras) que han ido realizando las CC. AA. en los últimos años: vertederos (controlados e incontrolados), determinadas actividades industriales (especialmente, tratamientos metálicos, sector químico y farmacéutico, reciclaje y recuperación de subproductos industriales...), gasolineras y otros almacenamientos de combustible

y sustancias peligrosas, chatarrerías, etc.

Aunque ya en 1995 se aprobó un Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados (1995-2005), carecemos de una normativa básica de protección ambiental del suelo.

La Ley 10/98 de residuos apuntó algunos criterios generales, que hoy siguen pendientes de desarrollo. Algunas autonomías han ido regulando específicamente este tema: Madrid, con un insuficiente Decreto de suelos contaminados (1999), el País Vasco con el proyecto de Ley sobre contaminación del suelo (marzo 2004)... Otras lo han hecho dentro de su legislación general de protección ambiental o vinculada a la regulación de residuos y sustancias peligrosas. Pero sigue siendo necesaria una regulación general, que aborde de forma integral y detallada la corrección y prevención de la contaminación del suelo.

Y todavía queda más lejos empezar a abordar la llamada “contaminación difusa del suelo”, producida por la extensión de la agricultura química. Problema que se va agravando y que, una vez más, se abordará cuando muchos de los daños provocados sean irreversibles. el ecologista, nº 41

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residuos urbanos

Cada día producimos más basura Teresa Marcos on muchos y de muy diversa índole los cambios acaecidos en nuestra sociedad en los últimos 25 años con consecuencias sobre los residuos y su gestión. Entre los cambios de tipo social destaca una mayor concentración de la población en núcleos urbanos y un abandono progresivo de la agricultura y la ganadería en amplias zonas del Estado.

También cabe citar un profundo cambio en la estructura familiar y en los hábitos de consumo. Esta situación se ha traducido en un notable incremento de la cantidad de residuos sólidos urbanos (RSU) per cápita, correspondiendo el mayor crecimiento a los envases.

El ámbito legislativo se ha visto afectado por cambios derivados de nuestra integración en la Unión Europea, lo que ha obligado a incorporar una abundante normativa sobre la gestión de los RSU. Sin embargo, la nota más característica ha sido la trasposición a la baja y el incumplimiento de los plazos con el que gran parte de esa normativa comunitaria se ha incorporado a nuestro ordenamiento jurídico, lo que ha motivado la presentación de numerosas denuncias de Ecologistas en Acción.

De entre los problemas que afectan a la gestión de los RSU, el primer aspecto que hay que subrayar es la paupérrima información que existe acerca de la producción real de residuos, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo (su composición y peligrosidad). Esta circunstancia dificulta, cuando no impide, efectuar una planificación y gestión adecuadas.

Sirva como ejemplo un dato tan ilustrativo como es el de la producción de RSU por persona y día. Así, mientras el Instituto Nacional de Estadística indicaba que en 2001 esta cantidad era de

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el ecologista, nº 41

1,55 kg/habitante y día, los datos de Eurostat reflejaban una producción de 1,7 kg/hab y día en 1999. Cualquiera que sea el dato concreto, lo cierto es que la generación de RSU no cesa de aumentar, y que lo hace cada vez a mayor velocidad.

Todo a los vertederos En lo que respecta al tratamiento de los residuos, tan sólo una ínfima parte de los mismos se reutiliza o recicla, siendo su destino final mayoritario el depósito en vertedero o la incineración. A los vertederos llega cerca del 70% de la basura generada, a pesar de que la Directiva que regula el vertido de residuos (incorporada a nuestro ordenamiento jurídico mediante el R.D. 1481/2001) señala que el vertedero debe ser empleado sólo cuando no sea posible otra opción ambientalmente más adecuada. Especialmente grave es el caso de la eliminación de los residuos orgánicos mediante depósito en vertedero (opción aún mayoritaria), por ser la materia orgánica una fuente nada desdeñable de emisión de metano (gas que contribuye al efecto invernadero) y por contaminar con frecuencia las aguas a causa de los lixiviados que produce.

Otro motivo de preocupación es que, mientras el número de vertederos controlados no alcanza los 200, los puntos de vertido ilegales se cifran en varios miles (entre 4.000 y 90.000, dependiendo de las fuentes). Y lo más grave es que, de los vertederos controlados, no llegan al 30% los que se ajustan en su diseño y funcionamiento a los requisitos que exige la legislación europea y estatal.

Como se puede con-

cluir fácilmente de todo lo expuesto, la gestión de los residuos es compleja y necesita de herramientas que permitan su planificación. Una de estas herramientas son los Planes Nacionales de Residuos.

Actualmente está en vigor el Plan Nacional de Residuos Urbanos para el periodo 20002006. En su concepción recoge, al menos de forma teórica, los planteamientos que se incluyen en la Ley 10/98 de Residuos.

Y es teórica porque, si bien uno de los objetivos de la citada Ley es la prevención de la generación de residuos, al analizar la partida presupuestaria destinada a prevención, nos encontramos que ni siquiera alcanza un 5% de los 552.047 millones de las antiguas pesetas destinados al conjunto de actuaciones. En cuanto a la partida dirigida a concienciación y sensibilización ciudadana, no puede sino calificarse de ridícula. Se da la paradoja de que en el propio Plan se reconoce que existe una gran distancia entre la gravedad del problema que suponen los residuos y la percepción social que existe sobre el mismo.

Por ello, el intento, recogido en el Plan, de estabilizar la producción de RSU per cápita en España en los niveles de 1996 en el horizonte de 2002 no ha sido alcanzado.

Y no sólo eso, sino que las estimaciones realizadas por la Agencia Europea de Medio Ambiente en 1999 para el conjunto de la UE (y España no se desvía de la tendencia al alza) calculaban que el incremento para 2010 superaría el 22%.

No obstante, esta situación puede ser sustancialmente modificada, como se ha demostrado en ciertos municipios de Cataluña en los que las tasas de basura se han ligado a la cantidad generada en cada domi-

cilio, habiéndose conseguido porcentajes de reducción más que alentadores. También la forma de efectuar la recogida repercute sobre los resultados, siendo los sistemas de recogida selectiva puerta a puerta los que se han mostrado más eficaces en cuanto a los porcentajes de materiales recuperados.

La recogida selectiva de residuos es imprescindible que se realice de forma correcta para que pueda maximizarse el aprovechamiento de los materiales contenidos en la basura. Actualmente, es mayoritaria la separación en 4 fracciones, con contenedores diferenciados para papel y cartón, vidrio, envases y resto. Es decir, salvo excepciones no se recoge de forma separada la materia orgánica.

La materia orgánica, que supone cerca del 50% del contenido del cubo de la basura, puede ser fácilmente aprovechada mediante el compostaje, para luego usarse en agricultura, jardinería o para recuperar suelos degradados. Pero el compost sólo puede ser destinado a dichos usos cuando reúne unos requisitos mínimos de calidad que no pueden ser alcanzados sino a través de la recogida selectiva en origen.

Cabe hacerse la pregunta de por qué en la mayoría de los municipios lo que se recoge separadamente son los residuos de envases, y no la materia orgánica. La respuesta la encontramos en la Ley 11/97 de Envases y Residuos de Envases, que obliga a los responsables de la puesta de envases en el mercado a hacerse cargo de la gestión de sus residuos, bien a través de sistemas de depósito, devolución y retorno, o bien formando parte de un sistema integrado de gestión (SIG). En España, Ecoembes es el SIG de residuos de envases, y ha establecido convenios con Ayuntamientos y Comunidades Autónomas en los que ha hecho prevalecer sus criterios e intereses en cuanto al tipo de recogida selectiva que debía efectuarse.

Y en cuanto a la información que ofrece Ecoembes relativa a los porcentajes de materiales reciclados, procedentes de la recogida selectiva, hay que subrayar que se basan en declaraciones de las propias empresas, y no están suficientemente contrastados, si bien quedan a gran distancia de los porcentajes de otros países europeos, como Alemania.

En definitiva, los residuos suponen un gran problema ambiental en el que la opción más inteligente es la prevención.

Generar menos residuos es responsabilidad de todos.

Más información sobre residuos urbanos e incineración: ver El Ecologista nº 40, 30, 27, 24, 20 y 18.

FOTOS: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN.

Separar la materia orgánica

Incineración Txelio La incineración es el método más caro, más contaminante y menos sostenible dentro de las opciones posibles para tratar los residuos. No ataca el origen del problema –la generación de residuos– sino que justifica su producción. La incineración exige una gran infraestructura, una gran inversión y pocos puestos de trabajo. La inversión económica se compensará con altas tasas de basuras que pagará el ciudadano.

La incineración contamina, y por muchas medidas preventivas que nos presenten, hay numerosos ejemplos que muestran que dista mucho de ser un método inocuo.

Resulta difícil determinar qué clase de contaminantes se producen, ya que cada día se incorporan nuevos productos, con sus posibles combinaciones, que se queman en las incineradoras o cementeras. Las cenizas y escorias que quedan tras la combustión exigen vertederos especiales de residuos peligrosos.

Hoy día asistimos a un auge de los proyectos de incineración, en algunos casos disfrazados de incineradoras de residuos urbanos (Guipúzcoa, Aznalcóllar, Asturias, etc.) en otros de cementeras (Mataporquera, Castilla La Mancha, etc.), a veces para quemar residuos peligrosos, neumáticos, aceites… Este auge es el resultado de una política nefasta, de una incapacidad manifiesta de nuestras administraciones en lo que se refiere a vigilar y controlar la generación de residuos. La ausencia de políticas eficaces contra la cultura de usar y tirar.

Nuestra alternativa es clara: reducir y/o evitar la generación de los residuos en su origen; políticas de vigilancia y control en los procesos de producción; penalizar los productos de un solo uso, el exceso de embalaje, los envases difícilmente reciclables o sin salida comercial tras su reciclaje; obligar al cobro de bolsas en los comercios, etc. Sobran incineradoras y faltan políticas de reutilización de envases, de apoyo al reciclaje y, en particular, de tratamiento de la materia orgánica. el ecologista, nº 41

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transporte

Una movilidad hipertrófica e insostenible Elena Díaz n el último cuarto de siglo la relación entre el transporte y el medio ambiente ha empeorado considerablemente, fundamentalmente debido al crecimiento espectacular del transporte motorizado, que se ha encaminado además hacia los modos de mayor consumo energético y de mayor impacto territorial. Baste decir que en el Estado español el transporte por carretera ha crecido un 135% desde 1970, absorbiendo en la actualidad el 91% de los viajeros y el 83% de las mercancías, el parque automovilístico se ha incrementado en un 70% desde 1980, llegando a 24 millones de vehículos (18 millones de turismos), y la movilidad personal se ha duplicado, siendo hoy día similar a la del conjunto de la UE (más de 35 km/persona/día).

1 1. Cada día usamos más el coche.

2. El tráfico aéreo crece más que otros modos de transporte.

3. La construcción de infraestructuras está favoreciendo a los medios más contaminantes: automóvil, AVE y avión.

FOTOS: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN.

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el ecologista, nº 41

Más infraestructuras La construcción de infraestructuras ha sido un elemento fundamental en la evolución del sistema de transporte a la que se han dedicado cuantiosas inversiones públicas, además de una gran parte de los fondos estructurales y de cohesión procedentes de la UE. El Plan Director de Infraestructuras ejecutado por el PSOE, centrado esencialmente en la construcción de autovías y circunvalaciones de gran capacidad, ya nos colocó por encima del nivel medio europeo en cuanto a km de vías rápidas.

Los gobiernos del PP han profundizado esta política que han llevado hasta el paroxismo con su Plan de Infraestructuras (20002007) que, con una inversión prevista de 100.000 millones de euros, ha continuado asfaltando el territorio hasta convertir a España en el tercer país del mundo con más kilómetros de vías de alta capacidad, o el primero en Europa en la relación del número de automóviles o de habitantes con respecto a los kilómetros de autovía y autopista.

No obstante esta evidencia, se sigue hablando de “déficit de infraestructuras”, para plantear ahora la necesidad de potenciar los trayectos no radiales. Las promesas electorales de los dos partidos mayoritarios ya hablaban de inversiones superiores a los 100.000 millones de euros en este capítulo, con promesas de llegar a los 15.000 km. de autovías y autopistas.

En palabras de Zapatero “nos merecemos mejores infraestructuras”.

Junto con la carretera, las inversiones destinadas a construir líneas nuevas ex-

clusivas para alta velocidad ferroviaria han adquirido cada vez más importancia en cuanto a los fondos absorbidos. El Plan de Infraestructuras del PP ya destinaba a este capítulo el 39% de la inversión (lo mismo que a la carretera) para construir 7.000 km de red; mientras que el PSOE promete dedicarle el 45% de la inversión total.

Desde el movimiento ecologista hemos señalado muchas veces la necesidad de revertir inversiones de la carretera al ferrocarril con el objetivo de realizar el necesario y urgente cambio modal en el transporte, que nos acerque hacia una movilidad menos despilfarradora e impactante; pero nunca hemos creído que la apuesta por la alta velocidad contribuyera a este cambio, sino más bien todo lo contrario. Las importantes inversiones que necesitan este tipo de vías y sus dilatados plazos de ejecución, junto con el abandono del resto de la red, han dejado en una situación sumamente crítica al ferrocarril que no deja de perder cuota tanto en el transporte de viajeros como de mercancías (5 y 3% respectivamente).

Así pues, consideramos clave que el nuevo Gobierno reconsidere la política del PP de “todo AVE” y lleve a cabo la paralización de los proyectos en marcha, revirtiendo inversiones en la mejora y modernización de las vías existentes, en el camino de convertir al ferrocarril en la columna vertebral de un transporte sostenible, público y social.

Más coches El crecimiento del parque automovilístico ha sido otro de los rasgos relevantes de la evolución del modelo de transporte. Crecimiento espoleado por el apoyo institucional al transporte por carretera visible no sólo en la construcción de infraestructuras sino también en las subvenciones directas a la compra de un coche (planes RENOVE y PREVER), una baja fiscalidad sobre los carburantes y unas políticas urbanas basadas en ampliar el espacio dedicado al automóvil y en facilitar su uso como principal medio de transporte.

Después de décadas de esta política, sus efectos negativos (cambio climático, contaminación, siniestralidad, congestión, ocupación y destrucción del espacio urbano) se hacen cada vez más visibles y el término movilidad sostenible ha empezado a aparecer en los documentos oficiales, sin que se haya traducido en políticas activas.

España se ha caracterizado en estos años por poner trabas a cualquier medida propuesta

en la UE sobre contaminación del aire o a la introducción de peajes al transporte por carretera y en hacer caso omiso de las Directivas que se han aprobado.

El Plan de reducción de emisiones de CO2 no contempla ninguna medida concreta en el transporte, a pesar de reconocer que es el sector donde el consumo de energía crece más rápidamente (un 4,2% anual), lo que lo convertirá en el mayor emisor de gases de efecto invernadero en el horizonte de 2012. El Plan se limita a hacer una serie de recomendaciones, que recogen algunas de las medidas que los ecologistas llevamos largo tiempo reclamando: elaboración de Planes de Movilidad Urbana, con limitación de circulación y aparcamiento de vehículos, promoción de los modos no motorizados, planes de transporte para empresas, mejora del transporte público e incremento de la tasa del ferrocarril o reducción de los límites de velocidad, entre otros.

Urge, pues, una política que deje de subvencionar y apoyar el automóvil y apueste decididamente por reducir drásticamente su uso. No creemos que sean suficientes unas recomendaciones que nos dan la razón, mientras el dios automóvil extiende su dominio y su poder gracias a las ofrendas de unos políticos que dicen una cosa y hacen otra.

Ciudades más extensas La expansión de la urbanización a lugares cada vez más alejados de los centros urbanos es otro de los elementos que más ha promovido la movilidad motorizada al ir unida a formas de vida ligadas al uso del coche. La vieja máxima de que “el automóvil crea distancias que sólo él puede recorrer” se ha hecho realidad en nuestro país donde las antiguas ciudades compactas han ido expandiéndose de forma brutal, configurando un nuevo paisaje que ocupa un territorio cada vez más extenso, en el que todo está más lejos y donde el coche se convierte en una necesidad.

En este contexto, no se puede hablar de movilidad sostenible sin incluir medidas que frenen la expansión de la urbanización y que tengan por objetivo la reducción de las necesidades de movilidad motorizada.

La creación de proximidad con el apoyo al transporte a pie y en bicicleta y la jerarquización del uso del espacio urbano en sentido inverso al actual –primero el peatón, después la bici, el transporte público y por último el coche–, son otras medidas urgentes que hay que tomar en Más información sobre transporte: ver El Ecologista nº 39, 38, 37, 35, 33, 30, 27, 26, 25, 24, 22, 20, 19 y 18.

este sentido.

Es necesaria, pues, una política que tienda a reducir la movilidad motorizada, en el camino de solventar las necesidades de la población con criterios de bajo impacto, eficacia económica y utilidad social.

Hoy por hoy, esto sólo puede significar la disminución drástica del tráfico de vehículos. La consecución de este objetivo es la piedra de toque, la prueba del algodón de cualquier política de movilidad que se pretenda sostenible.

El caro fracaso del AVE Paco Segura Las enormes inversiones que se han venido dedicando a la alta velocidad ferroviaria sólo cabe calificarlas de un dispendio de dimensión descomunal para conseguir algo que se podría haber alcanzado, con muchísimo menos impacto ambiental, más utilidad social y en mucho menos tiempo, con una fracción de los fondos empleados.

Un ejemplo de la magnitud de las inversiones que se vienen acometiendo es el coste actual de la línea entre Madrid y la frontera francesa: 9.119 millones de euros, nada menos que 1,52 billones de pesetas, un 38% más de lo previsto inicialmente.

Se trata de la obra civil más cara acometida en toda la historia del Estado español.

A mitad de 2004, sólo están en uso los 481 kilómetros que unen Madrid-ZaragozaLleida, sobre un trazado final de 855 kilómetros.

Los ecologistas siempre hemos defendido la mayor parte de las propuestas que se incluían en el Plan de Transporte Ferroviario de 1987, no derogado, pero que ni el PSOE en su día, ni el PP después, pusieron en práctica. En pocas palabras, lo que se proponía en este plan era invertir una cantidad de 2,1 billones de pesetas (de 1987) entre 1987 y 2000 para mejorar la totalidad de la red ferroviaria –más de 13.000 km– y permitir velocidades de 160-200 km/h en la mayor parte de los tramos.

Es decir, de haberse desarrollado este plan, hace cuatro años que estaríamos disfrutando en toda la red ferroviaria de lo que hasta ahora se ha conseguido, con un coste desorbitado, en los trayectos Madrid-Sevilla (velocidad media 209 km/h) y Madrid-Lleida (velocidad máxima 200 km/h), sólo que sin los enormes impactos ambientales que han supuesto estas obras, con menos gasto energético, con muchas más estaciones que darían servicio a más población –además de que seguirían ubicadas en el centro de las ciudades y no a kilómetros de ellas–, con un menor coste en los billetes, y por último, aunque no menos importante, sin asistir al deterioro tan brutal que ha sufrido la red ferroviaria convencional.

Es necesario que el nuevo Gobierno abandone la nefasta política ferroviaria del PP –algo de lo que existen dudas sobre si ocurrirá– y que las inversiones en infraestructura ferroviaria se lleven a cabo teniendo en cuenta su rentabilidad social, no las cuentas de beneficios de las grandes empresas constructoras. El camino más adecuado para esto es volver a los criterios del Plan de Transporte Ferroviario de 1987 y plantearse una sustancial mejora de la red en su conjunto, abandonando las caras y elitistas líneas AVE. el ecologista, nº 41

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ciudad Lo razonable sería centrar la actividad urbanística en la mejora y rehabilitación de las zonas ya urbanizadas. Viviendas en Las Palmas de Gran Canaria.

FOTO: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Urbanismo desbocado Isabela Velázquez i hubiera que deducir de la actual práctica urbanística qué tipo de país es el nuestro, sin dudar diríamos que se trata de un país joven, en proceso de crecimiento rápido, con migraciones locales importantes y un territorio prácticamente virgen sin especiales problemas ambientales. Evidentemente, nuestro territorio saturado y desequilibrado, con graves problemas ambientales y sociales, en crecimiento cero (si no fuera por la inmigración), no corresponde en absoluto al dibujo de país que parece anunciar este fomento público de la urbanización.

Las recientes leyes urbanísticas tanto estatales como autonómicas, se caracterizan por olvidar cualquier tipo de precaución en aras de la agilidad del proceso urbanístico.

La urgencia por urbanizar pasa por encima de cualquier otro criterio, saltándose incluso el sacrosanto derecho de propiedad si interfiere en la rapidez que ansía la promoción inmobiliaria. El primer paso para integrar esta filosofía en la ley es la promulgación de la Ley de Regulación de la Actividad Urbanística valenciana LRAU (1994) que crea la figura del agente urbanizador, teóricamente con el objetivo de luchar contra la retención especulativa de los propietarios y regular la planificación. Su planteamiento ha servido de referencia para muchas autonomías. Este marco legislativo permite que los promotores inmobiliarios obtengan la delegación de buena parte del poder público urbanizador, sin conceder apenas posibilidades de recurso a los propietarios del suelo situados en una zona destinada a un proyecto de urbanización, no digamos al resto de ciudadanos.

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el ecologista, nº 41

Este hecho supone que hemos olvidado el urbanismo bienintencionado en el que las instituciones públicas funcionaban a modo de dique de contención ante las presiones de los grupos promotores. El resultado es una urbanización masiva y acelerada en la que, sin complejos, se deja la iniciativa y prácticamente el control de los procesos urbanísticos, a agentes privados. Se vuelve al urbanismo de los años 60 y 70 con sus torres colmena, sus planes de autopistas y el aprovechamiento como único dios de la actividad urbanística.

Todo urbanizable De este modo, de las antiguas quejas sobre la falta de definición y consideración del suelo no urbanizable, hemos pasado a la estupefacción ante la desaparición de cualquier protección al sistema natural y agrícola: en principio, todo el suelo es urbanizable salvo reductos excepcionales de especialísimo interés ecológico. Ni siquiera se prevé que ese valor ecológico desaparecerá en poco tiempo, ya que espacios no urbanizados aislados en un mar de hormigón y asfalto inevitablemente perderán su rica biodiversidad en un plazo más corto que largo.

La teoría urbanística más razonable propone centrar la actividad urbanística en la mejora y rehabilitación de las zonas ya urbanizadas para poder proteger y conservar los frágiles espacios naturales en una Europa saturada. En otros países, como el Reino Unido, la urbanización de zonas vírgenes está gravada con impuestos destinados a la recuperación de zonas interiores urbanas con necesidad de rehabilitación

y mantenimiento. Aquí, por el contrario, se facilita a los agentes urbanizadores que propongan planes para nuevos desarrollos expropiando de hecho o amenazando a los propietarios del suelo. Esta situación, que resulta inaudita para quien no esté al tanto de las vicisitudes del gran juego inmobiliario, es tan grave que ha merecido la alerta por parte del Parlamento europeo en respuesta a numerosas peticiones de afectados por la LRAU en la Comunidad Valenciana (1).

Con estos planteamientos, las propuestas de crecimiento que aparecen en los recientes planes municipales de urbanismo han pasado de suponer un pequeño porcentaje del área construida a duplicar o multiplicar la superficie destinada a nuevas viviendas o zonas terciarias y comerciales.

Los planes generales tienden a poner en carga absolutamente toda la superficie del término municipal. Las generaciones futuras tendrán que conformarse con espacios urbanos que se adapten a las expectativas de los promotores inmobiliarios actuales.

Crisis de la ciudad central Las tipologías dispersas, con su enorme consumo de suelo, y su imposibilidad de vida sin coche empiezan a ser predominantes en los nuevos crecimientos. Y no son sólo las áreas metropolitanas las que adoptan el modelo de viviendas individuales o adosadas y centro comercial accesible sólo en vehículo privado. Prácticamente en todas las ciudades surgen urbanizaciones completamente autistas respecto a la ciudad existente, que concentran y aíslan a las familias con recursos suficientes para hacer frente a su compra y mantenimiento.

La ciudad central decae entre una falta de cultura de su mantenimiento y una visión cortoplacista de su madurez.

Se invierte poco en su conservación. Las operaciones urbanísticas demasiadas veces son meramente especulativas aumentando la densidad y la congestión de las zonas centrales y logrando que se pierda paulatinamente una calidad de vida lograda en años de mejora continua.

Las periferias de nuestras ciudades necesitarían grandes dosis de creatividad y energía para conseguir hacer olvidar el diseño masivo y anodino de una época en la que la cantidad de vivienda primaba sobre la calidad. Los nuevos barrios siguen siendo sólo de viviendas, no se consigue la mezcla de usos que cree verdadera vida local. Existe un porcentaje notable

Notas y referencias 1. Informe de 06/06/04 sobre la misión de información del Parlamento Europeo, llevada a cabo en Valencia.

Propone que debe decretarse una moratoria sobre toda nueva actuación urbanística propuesta en la región valenciana hasta que la legislación vigente se adapte y sea conforme con la legislación comunitaria y los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos con respecto a sus propiedades.

2. Verdaguer, Carlos (2003): “Por un urbanismo de los ciudadanos”, en el libro Ecología y ciudad, las raíces de nuestros males y cómo tratarlos T. Arenillas (edit.).

Fundación de Investigaciones Marxistas.

3. Desde las plataformas de ‘Salvem …’ en la Comunidad Valenciana o las protestas de iniciativa vecinal en lugares como Jávea, Moraira, Ondara o Altea contra las propuestas abusivas en la costa. En algunas ciudades existen iniciativas vecinales o de grupos ecologistas que plantean modelos alternativos de ciudad, a veces apoyadas en procesos de Agenda 21 y a veces en franca oposición a las propuestas municipales (Red de Vecinos de Lavapiés, Planes Comunitarios de Barrios, Talleres vecinales…)

Más información sobre ciudad: ver El Ecologista nº 39, 38, 37, 34 y 27.

Una versión completa de este artículo en www.ecologistasenaccion.org/article.php3?id_article=668 Sobre peatones: nº 26, 25 y 22.

FOTO: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN.

de barrios con graves problemas urbanísticos y sociales a los que no se atiende, en una política del avestruz que, en la sociedad multicultural a la que inevitablemente nos dirigimos, seguramente dará lugar a los mismos problemas que otros países vecinos ya han sufrido desde hace décadas.

Si partimos de la idea de que “planificar es identificar necesidades, compaginar intereses contrapuestos, resolver conflictos, prever líneas de futuro y crear condiciones para el desarrollo positivo” (2), el primer paso a dar sería integrar en la planificación urbanística a toda la ciudadanía, no sólo a los que tienen intereses económicos en la producción de la ciudad. De otro modo, el resultado del proceso urbanístico seguirá siendo el que actualmente sufrimos. El urbanismo tendría que volver a ser patrimonio de los ciudadanos, en el que se recupere el derecho universal a la ciudad y al territorio, incluyendo a aquellos grupos que no han participado nunca en el diseño o la gestión de su espacio (mujeres, jóvenes, niños, mayores o inmigrantes…). Afortunadamente en los últimos meses, protestas en la calle dejan entrever una reacción de la sociedad civil ante los temas de especulación urbanística que hasta ahora se aceptaban resignadamente como una desgracia inevitable (3).

La participación informada es la única vía de salir de la situación actual. Sería una vía para contraponer los intereses sociales y ambientales con las bases especulativas de un urbanismo al servicio del negocio inmobiliario. De otro modo, los pasos esforzados hacia una concepción más social y más ambiental de la gestión de la ciudad se minimizan ante el crecimiento desbordado de la urbanización.

Expeatón Alfonso Sanz Alduán

La última campaña de la Lotería Nacional ilustra la persistencia en nuestra cultura de una idea del progreso y del bienestar contrapuesta al discurso oficial sobre la sostenibilidad. El anuncio muestra cómo un premiado ha dejado de ser un peatón y se ha convertido en un flamante motorista. Para el creativo publicitario que lo diseñó, el que camina es porque no tiene dinero para comprarse un coche o una moto.

El anuncio coincide en los medios de comunicación con campañas oficiales que recomiendan volver a caminar para mejorar la salud y con noticias que subrayan los problemas derivados de la hipermotorización: sobrepeso, mortalidad derivada de la contaminación atmosférica del tráfico, enfermedades producidas por ruido, accidentes, pérdida de autonomía y de socialización infantil generada por un espacio público peligroso, calentamiento terrestre...

Esa contraposición de mensajes expresa un mar de fondo de enormes contradicciones individuales y colectivas. Por un lado, entre lo que hacemos individualmente, lo que pensamos que los demás deberían hacer y lo que pedimos a la hora de votar o de exigir a la administración. Pensamos que deberíamos hacer algo de ejercicio, por ejemplo, caminar al trabajo o la compra, pero justificamos nuestro comportamiento por el trabajo o los compromisos adquiridos. Renegamos de la gente con que compartimos atascos en lugar de caminar para distancias ridículas y exigimos a la administración que mejore el sistema de transportes para que podamos llegar a todos los sitios rápido en coche y que otros lo hagan en transporte público.

Por otro lado, entre lo que propone que se haga y los resultados reales de lo que hace la administración. Se afirma así que el camino ineludible es la sostenibilidad, depender lo mínimo de los vehículos motorizados y sobre todo del coche, caminar, pedalear y utilizar el transporte público. Pero se proponen nuevas vías o incremento de la capacidad de las existentes para el vehículo privado, con el resultado de un aumento de los desplazamientos en dicho medio y una pérdida de las posibilidades del peatón.

Este juego de contradicciones y discursos contrapuestos, expresado polarizadamente por el anuncio de Expeatón de la Lotería y los mensajes de las autoridades sanitarias recomendando que caminemos, resume treinta años de éxitos y simultáneos fracasos del ideario ecologista.

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economía

20 toneladas de recursos por persona y año Óscar Carpintero ace años que, desde el punto de vista económico-ambiental, venimos asistiendo a un interesante debate que se puede resumir de la siguiente forma: ¿es realmente cierto que la tradicional pérdida de peso de la agricultura y la industria en el Producto Interior Bruto, permite a las economías industriales seguir creciendo económicamente pero utilizando, a la vez, menos recursos naturales? ¿Son de verdad el sector servicios y la nueva economía menos intensivos en energía y materiales?

La discusión, conocida como controversia sobre la desmaterialización, no sólo ha hecho correr ríos de tinta durante largo tiempo, sino que ha sido el último episodio del viejo enfrentamiento entre los defensores del crecimiento económico, y aquellos que opinan que existen límites físicos a la producción de bienes y servicios.

De productores a adquirientes Ahora bien, ¿ha participado la economía española de esta tendencia desmaterializadora? Lamentablemente, nuestro país viene desde hace tiempo reafirmándose en una estrategia de crecimiento económico que, ecológicamente, presenta dos rasgos de insostenibilidad muy acentuados. Por un lado, son ya muy visibles las consecuencias de una mutación ambiental que tuvo su origen en los años sesenta: España pasó de ser una economía de la producción apoyada en la generación mayoritaria de recursos renovables (biomasa agrícola, forestal...) para satisfacer su modo de producción y consumo, a convertirse en una economía de la adquisición de recursos no renovables preexistentes, procedentes de la corteza terrestre y que, por ello, tienen un carácter netamente agotable.

En la actualidad más de cuatro quintas partes de los recursos naturales que son utilizados por el sistema económico son de carácter no renovable (energía, minerales y productos de cantera).

No en vano, entre lo que se extrae en el propio territorio y lo que procede del resto del mundo –sólo computando los recursos naturales que obtienen una valoración monetaria– la economía

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1 española requiere para su funcionamiento de casi 20 toneladas por habitante y año. De ellos, aproximadamente la mitad lo constituyen los productos de cantera, denotando así la estrecha y problemática dependencia entre la expansión del sector de la construcción y el crecimiento económico en nuestro país. Parece razonable, por tanto, que cualquier estrategia de sostenibilidad intente reducir ese trasiego de recursos, en vez de convertir a la economía española en un país con una imagen de dispendio en energía y materiales poco acorde con su papel de furgón de cola de la Unión Europea.

De exportadores a importadores de recursos naturales Pero ha existido una segunda mutación que refuerza notablemente el anterior resultado: en la misma medida en que se produce el tránsito desde una economía de la producción hacia una economía de la adquisición, el milagro económico observado desde hace tiempo entraña que, en términos físicos, España deja de ser abastecedora neta de recursos naturales al resto del mundo para convertirse en importadora neta de materias primas y población.

Actualmente por cada tonelada que sale de nuestro país en forma de exportaciones entran como importaciones tres toneladas más. Pero en una asimetría digna de nota, mientras la balanza de pagos en términos monetarios nos informa de que nuestra deuda comercial tiene como acreedores fundamentalmente a los países de la UE, el grueso del déficit en términos físicos lo tenemos contraído con países de África, América Latina y Asia.

La economía española acelera así su desplazamiento en la carrera hacia el desarrollo, avanzando hacia posiciones en las cuales disminuye la exigencia física de energía y materiales internos –porque se toman de otros territorios– concentrándose en las actividades de elaboración de manufacturas, comercialización y turismo como forma de equilibrar en lo monetario el desfase y la dependencia existente en términos físicos. El comercio internacional aparece entonces como un mecanismo que permite

consolidar esa economía de la adquisición, recurriendo a la captación en terceros países, y a precios de saldo, de recursos naturales con que alimentar nuestra maquinaria económica. La conjunción de ambos factores explicaría, además, otro resultado notable: nuestro país es el protagonista del mayor crecimiento en la utilización de recursos naturales en comparación con las principales economías industriales.

Pero no hay que olvidar que el déficit físico anterior y su insostenibilidad ambiental posee también una traducción en términos de déficit territorial a través de la huella ecológica, esto es, el espacio que cada habitante de nuestro país ocupa para satisfacer su modo de producción y consumo y absorber sus residuos en forma de dióxido de carbono. La economía española ocupaba en 2000 por estos motivos 5 hectáreas/hab y, dado que la tierra ecológicamente productiva per cápita ascendía a 1,4 ha/hab, esto quiere decir que estamos incurriendo en un déficit ecológico equivalente a casi cuatro veces nuestra propia superficie productiva. Evidentemente, esta superficie, se está ocupando, tanto en países de nuestro entorno de los que importamos bienes, como de regiones enteras del Tercer Mundo que nos abastecen de combustibles fósiles, minerales, alimento para el ganado o madera.

Ahora bien, no sólo el comercio internacional ha servido como acicate para consolidar la economía de la adquisición. También el sistema financiero internacional funciona como palanca importante para consolidar el carácter adquisitivo de la economía española: la compra de patrimonio empresarial de terceros países como Argentina, Chile o Bolivia en sectores muy vinculados a la utilización y comercialización de recursos naturales (producción y distribución de electricidad, gas y agua, e industrias extractivas y refino de petróleo) pone de relieve el importante papel desempeñado en dicha estrategia por empresas nacionales como Iberdrola, Endesa, Aguas de Barcelona, Unión Fenosa, Gas Natural o Repsol.

En definitiva, que en vez de encaminar nuestro modelo energético hacia la renovabilidad, y la gestión de los flujos de materiales hacia la reducción y la reutilización por métodos y técnicas suficientemente conocidas, los requerimientos de recursos naturales de la economía española han crecido y crecen, en todas sus versiones, a tasas superiores a las del resto de los países ricos o industrializados, y se aproximan ya a los niveles más elevados de éstos.

Por tanto, la pérdida de peso de la agricultura, la minería y la industria, unida a la creciente terciarización de nuestra economía, no ha originado en España ninguna desmaterialización de la misma sino que, por el contrario, ha dado lugar a una rematerialización continuada desde hace años. De lo que cabe concluir que la economía española ha mostrado en su desarrollo una eficiencia ecológico-ambiental bastante escasa. Y se comprende que no le falte razón a Antonio Estevan cuando sostiene que “el Estado español lleva camino de convertirse en una auténtica ‘peña ultrasur [anti]ecológica’, y no sólo por su ubicación geográfica” en la Unión Europea.

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Más información sobre economía y medio ambiente: ver El Ecologista nº 37, 34, 33, 32, 31, 29, 28, 21, 20 y 17.

1. La mitad de los productos que consumimos provienen de canteras. Cantera de Soneja, en Castellón. FOTO: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN. 2. Importamos 3 veces más recursos naturales que exportamos.

3. Buena parte de nuestro desarrollo económico depende de la construcción. FOTO: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN. 4. Muchas transnacionales españolas juegan un papel importante en el acopio de recursos naturales de otros lugares.

5. Nuestra huella ecológica es de 5 hectáreas por persona, mientras que sólo disponemos de 1,4.

5 el ecologista, nº 41

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Aquelarre inmobiliario, bulimia económica y desastre ambiental José Manuel Naredo al vez las penalidades de la posguerra hayan desatado la bulimia que viene acusando la economía española. Su metabolismo no parece muy saludable cuando devora energía y materiales y genera residuos a ritmos verdaderamente trepidantes, como atestigua el artículo de Óscar Carpintero incluido en esta misma revista. Los enunciados tan a la moda de la sostenibilidad ecológica y de la desmaterialización económica no han aplacado hasta el momento los crecientes requerimientos de agua, energía y materiales de la economía española, ni recortado sus secuelas de deterioro ecológico, que se mueven gobernados por el simple pulso de la coyuntura económica.

Evidentemente, la mencionada bulimia del organismo económico viene arrastrada por el doble dogal de un capitalismo agresivo y un individualismo posesivo. Pero lo que hace que España “sea diferente”, es que esta agresividad y este afán de posesión se proyectan, en mayor medida que en los otros países de nuestro entorno, en actividades con grandes requerimientos materiales e incidencias territoriales, como son el negocio inmobiliario y la construcción de viviendas e infraestructuras, colaboradora necesaria de ese negocio. Esta querencia culmina con el aquelarre inmobiliario que vive la economía española desde hace algo más de un lustro, que se une con el de obras públicas financiadas por el maná de los fondos europeos, haciendo que la construcción se haya erigido en la verdadera industria nacional, cuyo peso económico se sitúa bien por encima de la media europea.

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Muchas grúas, pocos árboles Desde antiguo se sabe que el negocio inmobiliario culmina en añadir varios ceros al valor de los terrenos por el mero hecho de hacerlos urbanizables, teniendo los políticos la llave de este negocio. La historia urbanística de Madrid está plagada de ejemplos que van desde la compra y recalificación del antiguo cinturón verde, que hizo la fortuna de Banús al instalar sobre él los barrios del Pilar y de la Concepción, pasando por la recalificación de los diversos triángulos de oro, cuarteles, conventos, zonas ferroviarias… hasta la doble carambola de recalificaciones lograda con la antigua y la nueva ciudad deportiva del Real Madrid.

Ejemplos como éstos recorren toda la geografía nacional, alcanzando su cenit en las zonas turísticas del litoral.

Tales ejemplos marcan un continuismo digno de mejor causa, al igual que el empeño franquista de atar a las personas al carro de la propiedad y el endeudamiento inmobiliario, haciendo de ellas gente de orden. Empeño que ha culminado también con la democracia, haciendo que España tenga el menor porcentaje de viviendas en alquiler de toda la UE y extendiendo el virus de la especulación inmobiliaria por todo el cuerpo social, por obra y gracia de las fuertes revalorizaciones de los precios de los inmuebles ocurridas en los últimos tiempos, a la vez que se moderaba drásticamente el crecimiento de los precios al consumo.

Un rasgo diferencial del presente boom inmobiliario es el mayor afán de comprar viviendas como inversión, unido a la mayor

presencia de compradores extranjeros.

Cuando las gestoras de inversiones ofrecen, junto a los productos financieros, productos inmobiliarios que se pueden comprar sobre el papel, viéndolos por internet, y cuando los fondos alemanes o franceses de inversión inmobiliaria compran promociones en nuestro país, vemos que el mercado inmobiliario español compite con los mercados financieros en atraer el ahorro de los potenciales inversores. Así, la crisis bursátil de los últimos años, unida a las sucesivas rebajas del tipo de interés, han sido desastrosas para el territorio peninsular, ya que han reforzado el huracán de dinero presto a invertirse en ladrillos y cemento que ya se cernía sobre él, al que se añade otro de fondos comunitarios plasmados en potentes infraestructuras que, lejos de vertebrar el territorio, contribuyen a acentuar sus desequilibrios. La construcción de edificios e infraestructuras se difunde así por el territorio a modo de melanoma sin control: el exceso de grúas, y la escasez de árboles, ofrecen hoy en nuestro país un paisaje bien singular en Europa.

El problema ecológico estriba en que la construcción es una actividad muy exigente en energía y materiales y tiene una gran incidencia territorial. Por ejemplo la construcción de vivienda nueva reclama al menos media tonelada de materiales por metro cuadrado, al que hay que sumar movimientos de tierras y de residuos inertes que superan ampliamente esa cifra, ya que aplanar el territorio es hoy sinónimo de planeamiento urbanizador. A la vez que la eficiencia en el uso del suelo decae con

FOTO: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN.

urbanismo

El metabolismo es el problema Así las cosas, las preocupaciones del ecologismo han de trascender en nuestro país de los problemas de contaminación y de protección de especies y espacios, para ocuparse del propio metabolismo de la economía española y de la pinza de deterioro territorial que ocasiona la evolución en curso de los sistemas agrarios y sistemas urbanos. En lo que concierne a estos últimos tampoco cabe apelar simplemente al urbanismo ecológico o a la construcción bioclimática. España ha cubierto sobradamente el déficit de viviendas con relación a la población, pero no las necesidades de vivienda de ésta, habida cuenta que las espectaculares subidas de precios se han simultaneado con una presencia cada vez más reducida de viviendas sociales. Así, España es récord en viviendas secundarias y desocupadas, a la vez que sigue siéndolo en destrucción del patrimonio inmobiliario por demolición y ruina.

El principal problema a resolver tendrá que ver con la gestión un patrimonio inmobiliario sobredimensionado e ineficientemente utilizado. La situación actual pide a gritos políticas que, a diferencia de las actuales, propicien la rehabilitación frente a la construcción nueva, la arquitectura acorde con el entorno frente al estilo universal imperante, la vivienda como bien de uso frente a la vivienda como inversión, la vivienda social frente a la vivienda libre, la vivienda en alquiler frente a la vivienda en propiedad, la rentabilización a través de rentas y no plusvalías... El problema estriba en que este cambio amenazaría los negocios inmobiliarios en curso, provocando el desinfle de la burbuja. Tal vez cuando ésta se desinfle por sí misma vengan momentos más propicios para el cambio.

La desaforada actividad urbanística e inmobiliaria que tiene lugar desde hace varias décadas en nuestro país constituye una de las principales causas de degradación ambiental. Su gran capacidad para transformar el medio, de manera casi siempre irreversible, la hace especialmente dañina en comparación con otras actividades o agresiones ambientales. Por otro lado, aparte de la destrucción del medio directamente afectado por la urbanización, lleva aparejados otros impactos que van a incidir negativamente en el entorno natural circundante: extracción de áridos necesarios para la construcción, apertura de nuevos viales, establecimiento de tendidos eléctricos, conducciones de agua, de gas, alcantarillado, etc.

Otro aspecto que caracteriza a la actividad urbanística, y más concretamente a la especulación inmobiliaria, es su alta productividad económica: buena parte de la desarrollada en España supera en rentabilidad, en más del doble, al tráfico de cocaína, uno de los negocios más lucrativos del mundo. A diferencia de los traficantes, los especuladores inmobiliarios son considerados personas honradas, respetables e incluso admiradas. Esta alta rentabilidad económica, es claro, conlleva una gran capacidad de influencia sobre todo tipo de instituciones públicas, formaciones políticas, etc.

Ambos aspectos, gran impacto ambiental y alta rentabilidad económica, hacen que la actividad urbanística e inmobiliaria sea especialmente dañina para nuestro entorno: iniciada de forma masiva en la década de los sesenta y mantenida durante todo este tiempo, ha provocado la destrucción de la mayor parte de nuestro litoral, así como del entorno natural de las principales grandes ciudades. Lejos de atenuarse, la actividad urbanística se ha incrementado notablemente en los últimos años, constituyendo una formidable amenaza para una buena parte de nuestras áreas naturales.

Especulación inmobiliaria Santiago Martín Barajas

FOTO: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN.

el actual modelo de urbanístico, que exige cada vez mayores servidumbres indirectas e infla el porcentaje de viviendas secundarias y desocupadas: según mis estimaciones el suelo ocupado por usos urbano-industriales directos e indirectos pasó en la Comunidad o provincia de Madrid de menos de cien metros cuadrados por habitante, en 1957, a más de cuatrocientos en 2000.

Pero el problema ecológico que plantea el presente boom inmobiliario no sólo se deriva de sus exigencias en materiales, energía y territorio, sino en que está instalando un modelo territorial, urbano, constructivo y un estilo de vida que resultan mucho más exigentes en recursos y pródigo en residuos y en daños ecológico-ambientales que los previamente existentes.

Más información sobre urbanismo: ver El Ecologista nº nº 38, 37, 34 (monográfico) y 29.

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FOTO: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN.

litoral

La costa agoniza Pepa Gisbert

Urbanizar a toda costa La presión urbanizadora afecta a todo el litoral. Con datos de 2002 las provincias españolas con mayor número de viviendas en construcción eran, por este orden, Alicante y Málaga. En el Mediterráneo la urbanización en primera línea de playa ha destruido más del 25% de enclaves vitales (dunas, deltas, humedales…); pero por desgracia el litoral Atlántico se ha ido incorporando a esta dinámica. Destacan los proyectos de urbanizaciones ligadas a campos de golf en zonas con una pluviosidad muy baja –Murcia, Almería, País Valenciano–, o la presión urbanística en Cantabria –marismas de Santoña, Victoria y Joyel–, en zonas protegidas como Urdaibai en el País Vasco, las playas gallegas de Boiro y Rianxo, etc. También es incesante

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la presión urbanística que acosa a las Illes Balears (que intentó frenar el gobierno autonómico de coalición de izquierdas y ahora se recrudece), las Islas Canarias, Asturias o al litoral andaluz (2). En zonas de Murcia o Balears se han descatalogado espacios protegidos litorales para acometer sin trabas su urbanización.

La urbanización del litoral va acompañada de la construcción de puertos, paseos marítimos, diques, playas artificiales, regeneración de playas, etc. que degradan los ecosistemas costeros. La introducción de estructuras en el litoral altera las corrientes marinas, lo que acelera la erosión y regresión de las playas y la colmatación de puertos, y destruye la vegetación del fondo, que a su vez sujetaba la arena.

La extracción de arena para regenerar las playas dañadas disminuye la biodiversidad esquilmando aún más las praderas de Posidonia y acentuando el problema. La administración sigue con la política de parchear y evita buscar soluciones a largo plazo. El 90% del litoral se ve afectado por fenómenos de regresión –a lo que no es ajena la subida del nivel del mar provocada por el cambio climático–, siendo las playas el elemento más frágil.

La construcción de puertos se quiere justificar por un aumento del tráfico marítimo, si bien su incremento en 2002 fue de un 4,6% y las inversiones aumentaron en un 35%. Las instalaciones portuarias han aumentado un 507% entre 1996 y 2003,

pero en seguridad marítima se han reducido las inversiones. Los puertos deportivos se convierten en reclamos para urbanizaciones de lujo anexas. El uso medio de los barcos amarrados en puertos deportivos es de 15 días al año; así pues, el litoral se sacrifica para construir aparcamientos de barcos.

La cantidad de puertos proyectados es enorme. Van a ser ampliados los de Ferrol, Gijón, Bilbao, Barcelona, Valencia, Motril, Ceuta, Algeciras, Cádiz, Huelva, Arrecife, Las Palmas de Gran Canaria… El puerto de Ferrol cerrará el 60% de la ría, y es que el Gobierno del PP llegó a un acuerdo con el de EE UU para reparar en él buques de guerra; el puerto de Gijón, con un nuevo dique de 5 km, alterará totalmente la fisonomía de esta ciudad. En Cantabria los puertos deportivos son cada vez más: Castro Urdiales, Laredo,

FOTO: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN.

l Estado español dispone de casi 8.000 km de costas. Nuestro litoral acoge a 24 millones de habitantes, el 60% de la población. Además, nos visitan aproximadamente unos 50 millones de turistas. Esto hace que la densidad de población en verano sea de 900 hab/km2 (12 veces la media estatal) y en algunos puntos alcance los 1.200 hab/ km2. Además de los turistas estacionales, aparece un turismo residencial proveniente de países nórdicos: se calcula, por ejemplo, que más de un millón de jubilados alemanes podrían comprar una vivienda en el litoral mediterráneo (1).

Suances, San Vicente de la Barquera, etc.

A destacar el proyecto de construcción de un nuevo puerto industrial en Granadilla, Tenerife, que podría destruir 6 km de costa con un excelente estado de conservación.

Afortunadamente en julio de 2004 se presentaron 60.000 firmas que avalaban una Iniciativa Legislativa Popular para decidir sobre este proyecto.

Además, nuestras costas se enfrenten a continuos vertidos, mención aparte del caso Prestige. Sigue vigente el problema de los emisarios submarinos y vertidos directos de aguas residuales (unos 60.000), aguas insuficientemente depuradas (Benidorm, Castellón, Gandía…) así como el de un buen número de puertos comerciales que no cuidan sus vertidos, encontrándose particularmente contaminados por metales pesados el golfo de Bizkaia, la ría de Arosa, la de Pontevedra, así como el litoral de Huelva, Cádiz o Tarragona.

La creciente demanda energética empuja más de una treintena de proyectos de nuevas centrales térmicas litorales (14 en Andalucía, 8 en Catalunya, 4 en Murcia, 4 en Euskadi, 3 en Asturias, 3 en el País Valenciano) que además de contribuir a la emisión de CO2, consumen suelo litoral, alteran la línea de costa, vierten agua de refrigeración caliente y con sustancias tóxicas, e incrementan el riesgo de vertidos.

Degradación ambiental y social De lo dicho, el impacto ambiental más evidente es la destrucción y pérdida de nuestro paisaje litoral, pero ello va acompañado de alteraciones constantes de los ciclos biogenéticos que mantienen la vida en la costa, alterando drásticamente el ecosistema, disminuyendo la biodiversidad y la riqueza faunística y florística, alterando los sistemas hídricos y deteriorando los acuíferos, se modifica la dinámica marina y la estructura del suelo, se dispara el consumo de recursos naturales, territorio, agua, energía… Los problemas se acumulan e interrelacionan y el conjunto del sistema se desmorona (3).

Junto a estos dramáticos problemas ambientales subyace un entramado social artificializado, generado por este modelo turístico que disfraza la costa de parque temático.

Problemas de trabajo precario, gestión de residuos, consumo energético, tráfico viario, educación en una sociedad desestructurada, confrontación cultural, saturación de servicios sanitarios, pérdida de identidad, etc.

La aplicación de las normativas conservacionistas se ha visto sometida a centenares de excepciones en el litoral, cediendo siempre ante los intereses especulativos. Desde su nacimiento en 1988 la Ley de Costas ha tenido una aplicación escasa y muy lenta.

Sus objetivos no se han llevado a cabo, aún está pendiente aproximadamente el 40% del deslinde del dominio público marítimo terrestre (la zona que comprende desde el mar hasta donde llegaron las olas en el temporal más fuerte que se haya registrado), paso previo para regular las actividades en la zona. Para colmo, la modificación de 2002 de la Ley de Costas supuso un grave retroceso, dejando la puerta abierta a todo tipo de irregularidades en el dominio público, incluso a una privatización encubierta del litoral.

Cada vez es más urgente la protección real y no de catálogo de los espacios costeros, que en el Mediterráneo, por haberse sobrepasado con creces la capacidad de carga, debe pasar por un cese de las actuaciones humanas depredadoras y una estabilización

a la baja del turismo de masas. Sobre todo, es necesaria en todo el litoral una moratoria urbanística que permita una gestión sostenible del entorno.

Referencias 1. ARRIBAS, C. “El litoral en peligro”.

El Ecologista nº 34.

2. Parte de los datos de este artículo provienen de los informes “Destrucción a toda costa 2003” y 2004, de Greenpeace.

3. PRATS, F. “Un nuevo modelo turístico en el litoral español”. El Ecologista nº 37.

Más información sobre litoral: ver El Ecologista nº 37, 34, 29 y 13.

Sobre mareas negras: nº 35, 34, 20 y en www.ecologistasenaccion.org/article.php3?id_article=674

Mareas Negras Guadalupe Grandoso Durante mucho tiempo, el mar ha sido utilizado como un vertedero accesible y barato donde podían ir a parar todo tipo de sustancias. De estas sustancias, el petróleo supone una de las fuentes mas importantes de contaminación: al año llegan al mar entre 2,5 y 3,5 millones de toneladas, que en su mayor parte proceden de las ciudades costeras; el resto llega por vertidos directos al mar debido a operaciones de funcionamiento, limpieza de tanques o accidentes de petroleros. Los accidentes de grandes petroleros aportan un 13% del petróleo que llega al mar, en lo que se conoce como mareas negras.

Las mareas negras son una de las formas de contaminación del medio marino más graves, tanto por sus efectos inmediatos como por su prolongada permanencia en el medio. En un primer momento, se produce una gran mortalidad por impregnación, asfixia o ingestión, de todas aquellas especies (algas, invertebrados, peces, mamíferos, aves…) que entran en contacto directo con el fuel. Muchos organismos que no mueren tras este primer contacto quedan abocados a una muerte segura por inanición ya que se encuentran con un medio en el que la posibilidad de encontrar alimento se ha reducido drásticamente. Una vez superada esta fase aguda, los efectos sobre los ecosistemas marinos tienen un alcance y duración impredecibles que incluyen: alteraciones del hábitat, disminución de la productividad, cambios en las cadenas tróficas, bioacumulación, disminución en la supervivencia de embriones y larvas y aparición de deformidades.

En la costa española, desde la década de los 50, han tenido lugar 30 accidentes de petroleros, 11 de los cuales derramaron más 10.000 toneladas. La mayor parte de ellos se produjeron frente a Galicia: por sus aguas se mueve el 70% del petróleo que entra o sale de Europa, y pasan cada año más de 14.000 buques transportando petróleo y otras mercancías peligrosas. Además se trata de una costa con unas condiciones climatológicas que aumentan el riesgo de accidentes. La última gran catástrofe ha sido la producida por el hundimiento del Prestige (noviembre de 2002), que ha conseguido el triste récord de ser, hasta el momento, el mayor desastre ecológico del litoral español. el ecologista, nº 41

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turismo

Deporte, ocio, recreo y naturaleza Hilario Villalvilla y Jesús Sánchez-Corriendo e todos los problemas ambientales que hoy día tienen lugar sobre el planeta, las actividades deportivas y de recreo no son, ni mucho menos, de las más graves que podemos encontrar en comparación con otros impactos como vertidos de petróleo (Prestige), megaembalses (presa de las Tres Gargantas), incendios de grandes dimensiones (Portugal, 2003), o los efectos del cambio climático.

No obstante, el auge y la incidencia de los deportes y actividades de ocio y recreo practicados en la naturaleza se ha convertido en un tema lo suficientemente importante como para que desde hace años forme parte de la agenda de trabajo de Ecologistas en Acción. Informes como “El impacto del golf en el medio ambiente”, 1992; “Impacto de la práctica del 4x4 en el medio ambiente”, 1992; “El impacto de las actividades deportivas y de ocio/recreo en la naturaleza”, 1994; “Deporte y Naturaleza. El impacto de las actividades deportivas y de ocio en el medio natural, 2001”; son muestras del interés por un problema que se agudiza con el paso del tiempo.

Golf, esquí, vehículos a motor

FOTO: EDUARDO VIÑUALES.

Aunque en la mayoría de los casos la masificación es la principal responsable de los

impactos creados por los deportes y actividades de ocio desarrolladas en la naturaleza, en otros la ocupación espacial de territorios frágiles (la montaña con el esquí); el uso abusivo de recursos escasos como el agua y de biocidas para el control de plagas (el golf); el ruido, la emisión de contaminantes atmosféricos y los daños al suelo, la vegetación y la fauna (deportes motorizados); etc., son los impactos más característicos.

Estas tres modalidades de deporte en la naturaleza que se practican en el Estado español, golf, esquí y circulación motorizada, están presionando de manera grosera sobre el medio natural y sus recursos, y en los próximos años lo harán de forma más intensa.

El golf implica un incremento desorbitado de consumo de agua –al amparo del trasvase del Ebro estaba previsto un brutal incremento del número de campos: 34 en Murcia, 24 en Alicante, 5 en Valencia, 3 en Castellón, etc.–, territorio, formaciones vegetales, y el aporte de sustancias contaminantes como biocidas y abonos químicos, amén de la construcción de las urbanizaciones que llevan asociadas. El caso de Murcia es llamativo: el Gobierno murciano, eterno demandante de más recursos hídricos, tiene previsto desarrollar una Ley de Campos de Golf que, lejos de racionalizar su proliferación, los potenciará.

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el ecologista, nº 41

Más información sobre turismo y ocio en la naturaleza: ver El Ecologista nº 40, 37, 32, 31 y 22.

Turismo de sol y cemento

FOTO: BEN MAGEC-ECOLOGISTAS EN ACCIÓN.

Por su parte, las numerosas ampliaciones de estaciones de esquí y los proyectos de nuevas instalaciones darán la puntilla a muchos de nuestros frágiles espacios de montaña por la necesidad de entubar arroyos, modificar el relieve por la construcción de pistas, carreteras, aparcamientos y edificaciones (hoteleras y de servicios), aunque no podemos olvidar la construcción de urbanizaciones en los pueblos colindantes con las estaciones. En este sentido resulta alarmante el gran número de estaciones de esquí que se tiene proyectado crear o ampliar (ver Ecologista 40).

Resulta irónico que cuando los indicadores del cambio climático nos auguran una reducción de las precipitaciones, se estén potenciando modalidades deportivas que se verán afectadas por la disminución de las lluvias. Esta situación obligará a potenciar transferencias de agua e intensificar la reutilización de las aguas residuales depuradas (reduciendo el caudal circulante por nuestros ríos, con afecciones sobre los ecosistemas ribereños) en el caso del golf; o a entubar nuevos arroyos de montaña para suministrar nieve artificial a las pistas de esquí. Aparte, los peligros que implica el monocultivo de este tipo de actividades que generan un modelo económico muy vulnerable ante el cambio climático.

En relación a la circulación motorizada en el medio natural (todo-terrenos, motos, quads, etc.), las autoridades no han puesto freno a esta impactante actividad que está desbocada en el conjunto del Estado español. La falta de vigilancia los fines de semana y periodos vacacionales, posibilita que miles de unidades motorizadas campeen a sus anchas por el medio natural, esté o no protegido.

Son, pues, necesarias y urgentes medidas para limitar las demandas ambientales de los deportes y actividades de ocio que se desarrollan en el medio natural, posibilitando un uso público con menor presión humana sobre el entorno: la paralización de los nuevos proyectos de campos de golf; la moratoria en la ampliación y construcción de nuestras estaciones de esquí e infraestructuras complementarias, fomentando modelos no expansionistas de esta modalidad deportiva, que aseguren su práctica sin comprometer la biodiversidad, el paisaje, así como los bienes y servicios ambientales de nuestras montañas; y el control de la circulación motorizada en el medio rural-natural, concentrando estas actividades en circuitos urbanos más apropiados para su práctica.

Juan Jesús Bermúdez Más de 50 millones de turistas arriban a España cada año, dirigiéndose sobre todo a las playas del litoral mediterráneo, Baleares y Canarias en un ritmo de constante crecimiento en las tres últimas décadas. Las zonas de litoral españolas se han convertido en grandes enjambres de consumo de recursos no renovables (ver artículo de Pepa Gisbert). Canarias, que en el comienzo de la década de los 70 recibía menos de 800.000 turistas al año, ha visto incrementar esta cifra hasta 12 millones de visitantes anuales.

La consecuencia ambiental más palpable de esta vorágine, cuyos principales protagonistas son un sector amplio de la sociedad centroeuropea, es la ocupación territorial, urbanización y transformación radical del paisaje litoral de las comunidades naturales de nuestras costas, con gravísimas pérdidas de biodiversidad de estos hábitats. Junto a ello, sin embargo, se olvida en ocasiones el altísimo coste energético del desplazamiento, vía aérea, de millones de personas: en el balance energético del archipiélago canario, cerca de un 33% del consumo energético se debe a los desplazamientos en avión (interinsulares y, sobre todo, conexiones con el continente europeo).

Igualmente, las políticas de incremento de la desalación de aguas, el ocio con alto componente de consumo energético, el fomento incesante del despilfarro de envases y embalajes, etc., convierten la actividad turística en un modelo de uso intensivo de energía y recursos. La huella ecológica de la actividad turística es, con mucho, superior a la de otras actividades económicas más estáticas.

Moratoria y otras alternativas El estancamiento en el aluvión de nuevos visitantes y la entrada en competencia internacional de los destinos transcontinentales han puesto en tela de juicio el modelo de sol y cemento que se prodiga en nuestro litoral. Los grandes touroperadores y consultores turísticos alertan de las “crisis de sobreoferta hotelera”, que cuestionan la rentabilidad económica del incremento en la oferta de alojamiento en los destinos clásicos europeos. Urge, pues, no sólo por razones ambientales sino también por sentido común, paralizar el crecimiento de esa oferta.

Las moratorias son instrumentos de planificación viables cuya puesta en práctica se ha convertido en imprescindible para el futuro del status quo de los destinos turísticos, y la evidente importancia económica que tienen. Lemas como “ni una cama más” o “parar ya” se tienen que prodigar en estas zonas, cautivas de la voracidad de los constructores.

Junto a ese imprescindible freno a la construcción masiva, el sector turístico precisa de medidas urgentes de disminución de su impacto. Los biohoteles o las actividades de escaso consumo energético, que potencien las relaciones personales frente al ocio consumista, se presentan como aportaciones imprescindibles para reducir en un porcentaje significativo el alto impacto ambiental de esta actividad.

Resulta imprescindible alcanzar un gran acuerdo de autolimitación y regulación de los desplazamientos por turismo. Urge dar respuesta a cuestiones como hasta dónde se puede practicar la actividad turística sin que ello suponga una huella insoportable para nuestro territorio o qué número de kilómetros recorridos por persona para el ocio turístico es viable ética y ambientalmente. Entretanto resolvemos esas cuestiones, y dentro de los actuales instrumentos económicos y fiscales, quizá la implantación genérica de tasas ambientales que graven el desplazamiento del turista podría encauzar esta actividad y acercar el coste ambiental que tiene, a escala local y global, a su precio real. el ecologista, nº 41

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biodiversidad

Una enorme riqueza natural José Ignacio López-Colón a región mediterránea concentra la mayor riqueza de especies de Europa.

Probablemente sea España, acaso de manera pareja a Grecia y Turquía juntas, la que mantiene unas fauna y flora más particulares (con mayor número de endemismos), debido, entre otras razones, a su estratégica posición geográfica –que incluye tres regiones biogeográficas: atlántica, mediterránea y macaronésica– y a una geomorfología y clima realmente variados, que permiten que la diversidad de hábitats naturales sea mayúscula. Los números hablan por sí solos.

No obstante, hay que adelantar que estamos tratando un concepto complejo, y no resulta fácil concretar de manera objetiva la trascendencia de esta cuestión. La biodiversidad, en un contexto ecológico, engloba dos componentes: variedad y abundancia relativa de especies (1). Se denomina de tal modo al número y calidad de unidades biológicas, lo cual no hay que confundir con lo que podríamos llamar salud de las comunidades naturales. Sin embargo, la ecología ha tomado de la Teoría de Sistemas la idea de que el todo (la comunidad) tiene propiedades que no corresponden en particular a ninguna de las partes (las especies), sino al conjunto (2).

Por ello, se entiende la importancia que las especies tienen o pueden tener en nuestros ecosistemas, cuya desaparición, en todo caso, los transforma inevitablemente, empobreciéndolos desde el punto de vista cualitativo en el mejor de los casos o desequilibrando su estabilidad en casos más graves y arrastrando a otras especies de manera encadenada, a veces de manera drástica e irreversible (2).

Las cifras para España Antes de proceder a una exposición de datos, debemos advertir que las cifras referentes a la biodiversidad en nuestro país están cambiando constantemente. Eso se debe a

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diversos factores; entre ellos, los principales son la catalogación de nuevas especies (en invertebrados no suele bajar de doscientas al año en las últimas décadas) y el descubrimiento de muchas otras que no se habían censado todavía en nuestros territorios, pero también es debido a la aclimatación de nuevas especies foráneas introducidas, auténtica plaga moderna de primer orden para nuestros ecosistemas.

Para la elaboración del censo se han consultado diversas publicaciones e informes recientes (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), además de haber contado con fuentes propias y asesoramiento de expertos científicos de primera línea (13).

Medio terrestre y aguas continentales (Cifras para España continental y Baleares, por grupos sistemáticos y número de especies; se excluyen las islas Canarias) - Briófitos 1.500 especies - Líquenes 2.500 especies - Hongos 18.000 especies - Plant. vasculares 9.000 especies (a) - Invertebrados 60.000 especies (b) - Vertebrados 732 especies - TOTAL: 91.732 especies, lo que nos sitúa en torno al 60% del total de la fauna y flora de Europa, que ronda las 150.000 especies.

El caso de Canarias En las islas Canarias los niveles de endemicidad (especies exclusivas) son muy elevados.

El 32% de los seres vivientes del archipiélago, 3.720 de un total de 11.607 especies (7), son endemismos.

Respecto a la fauna, de un total de 6.893 especies, el 44% son endémicas. Se distribuyen en invertebrados no artrópodos (520 en total, de los cuales 223 son endémicas), artrópodos (de 6.251, 2.826 lo son) y vertebrados (122 especies, 17 de las cuales no existen en

ningún otro lugar del mundo) (7).

En cuanto a la flora, señalar que de un total de 3.592 especies, el 15% son endemismos. Se distinguen líquenes (de 1.100, 30 endémicos), briófitos (500 y 6 respectivamente), plantas vasculares (1.992 y 522) y hongos (de 1.132, 96 exclusivos) (7).

Otros números, aún más recientes, hablan ya de 13.600 especies (el incremento corresponde, en más de un 90%, al descubrimiento de nuevos artrópodos, aunque también se amplían los vertebrados endémicos –a 21– tras la descripción de nuevas especies de lagartos gigantes en éstos últimos años).

En todo caso, ya se tomen éstas cifras como aquéllas, habrá que sumar al menos 3.600 subespecies endémicas (que desde el punto de vista biológico, tienen un valor similar).

Los vertebrados En esta ocasión, los datos incluyen España peninsular, Baleares y también Canarias, pero se siguen excluyendo Ceuta, Melilla e islotes del norte de África, por razones exclusivamente biogeográficas (tampoco se han añadido las especies de reciente introducción cuya aclimatación está todavía puesta en tela de juicio) (8, 9, 10, 11, 12).

- Peces 71 especies (c) - Anfibios 29 especies (d) - Reptiles 64 especies (e) - Aves 477 especies (f) - Mamíferos 124 especies (g) - TOTAL: 765 especies El medio marino Para nuestras aguas, existe una estimación de casi 10.000 especies distintas de metazoos marinos (animales pluricelulares), de las cuales una mínima cantidad, menos de 100, son nectónicas (animales que viven en la zona pelágica, alejados del fondo y del litoral, dotados de medios de locomoción capaces

de contrarrestar las corrientes marinas, que les permiten vivir independientes de su influencia), no llegarían al 10% las especies plactónicas (las que no escapan a dicha influencia), siendo la mayoría bentónicas (las que viven sobre el fondo marino) (7).

Notas: a. Más de 1.500 especies son endémicas y otras 500 sólo compartidas con el norte de África b. Estimado. Los insectos, que conforman el grueso de este apartado, son el paradigma de la biodiversidad: se calcula que entre cinco y ocho de cada diez organismos vivos de la Tierra son insectos.

La cifra oscila tanto debido al desconocimiento real del número de especies existentes, por lo que debemos basarnos en las estimaciones científicas (3), aunque en Europa se atenúa bastante dicha deficiencia, ya que la investigación científica tiene más tradición. Para España, las cifras que se barajan están comprendidas entre las 50 y 60.000 especies.

Por ejemplo, en cuanto a los artrópodos, calculamos que existen unos 47.000 insectos y sobre 5.300 especies de los restantes grupos (crustáceos, arácnidos, miriápodos, etc.). Entre aquéllos, los más abundantes son los coleópteros (con unas 12.600 especies), himenópteros (12.200), dípteros (8.800), lepidópteros (5.500) y hemípteros (4.550). c. De las cuales 48 son autóctonas. Se incluyen dos especies recientemente descritas: Aphanius baeticus Doadrio, Carmona y Fernández-Delgado, 2002 y Chondrostoma oretanum Doadrio y Carmona, 2003, además de otra nueva de este último género pendiente de publicación en 2004 (Folia Zoologica) por los doctores Doadrio y Elvira. d. No se han contado ni el sapo moruno, Bufo mauritanicus, ni la rana toro americana, Rana catesbeiana, cuya aclimatación en Cádiz y Extremadura, respectivamente, no es segura. e. Cinco de ellas se refieren a las especies de tortugas marinas presentes en nuestras aguas y otras catorce son endémicas de Canarias. f. Incluyen las 337 especies reproductoras (de éstas, 288 son nativas, algunas ocasionales, y 49 introducidas), y, en otro orden, un total de 364 que son regulares y otras 113 que aparecen ocasionalmente (divagantes o muy raras). Cuatro son endemismos de las islas Canarias. g. Tres especies son endemismos canarios. También se han contabilizado las especies marinas: 27 cetáceos y 7 pinípedos.

Referencias: 1. Magurran, A.E., 1988.- Ecological Diversity and Its Measurement. Princenton University Press, New Yersey, 179 p.

2. Halffter, G., 2003.- “Sobre biodiversidad biológica: una presentación, dos conferencias y un apéndice”.

Boletín de la S.E.A. (Sociedad Entomológica Aragonesa, Zaragoza), 33: 1-17.

3. Martín Piera, F., 1998.- “Apuntes sobre Biodiversidad y conservación de insectos: Dilemas, ficciones y ¿soluciones?” En: Los Artrópodos y el hombre. Capítulo I: Compartiendo el planeta. Biosfera, ecosistemas, hombres y artrópodos (p. 14-69). Bol. de la S.E.A., 20, Vol. monográfico, 468 p., 1997 (publicado en 1998): 25-55.

4. VV.AA, diversos años desde 1986 hasta hoy día (según los distintos volúmenes).- Flora ibérica: Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Editores S. Castroviejo et al. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid.

5. Gómez Campo, C. y col., 1987.- Libro rojo de especies vegetales amenazadas de España peninsular e islas Baleares. MAPA-ICONA, 676 páginas.

6. VV.AA., 2000.- “Lista Roja de la Flora Vascular Española (valoración según categorías UICN)”. Conservación Vegetal, 6 (extra): 11-38.

7. Convenio sobre la Diversidad Biológica. Informe de España. Ministerio de Medio Ambiente, 1997 e Id. Segundo informe de España, agosto 2001.

8. Doadrio, I. (editor), 2001.- Atlas y Libro Rojo de los Peces continentales de España. Dir. Gral. de Conservación de la Naturaleza y Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, 374 p.

9. Salvador, A. y García París, M., 2001.- Anfibios españoles. Identificación, historia natural y distribución. Ed. Canseco Editores S.L., 269 p.

10. Pleguezuelos, J.M., R. Márquez y M. Lizana (eds.), 2002.- Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España. Dir. Gral. de Conservación de la NaturalezaAsociación Herpetológica Española, Madrid, 587 p.

11. Martí, R. y J.C. Del Moral (eds.), 2003.- Atlas de las aves reproductoras de España. Dir. Gral. de Conservación de la Naturaleza-SEO, Madrid, 733 p.

12. Palomo, L.J. y Gisbert, J., 2002.- Atlas de los mamíferos terrestres de España. Dir. Gral. de Conservación de la Naturaleza-SECEM-SECEMU, Madrid, 564 p.

13. Para la elaboración de este censo hemos contado con la inestimable colaboración y asesoramiento de los doctores Pablo Bahillo de la Puebla (Barakaldo, Vizcaya), Miguel Ángel Alonso Zarazaga (Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC) y el profesor Manuel Baena (Córdoba), en diversos grupos de invertebrados, así como del doctor Mario García Paris (Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC), en anfibios y reptiles, y del profesor Eugenio Castillejos, biólogo y miembro de la SEO, en aves.

Una estrategia sin aplicar Theo Oberhuber La Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica se presentó públicamente por Isabel Tocino, entonces Ministra de Medio Ambiente, en marzo de 1999. Su elaboración emana del Convenio de Biodiversidad y constituye una iniciativa de gran interés ambiental, a todas luces necesaria para la preservación de la diversidad biológica en el Estado español.

Sorprendentemente, fue el propio Ministerio de Medio Ambiente quien paralizó casi por completo su desarrollo y aplicación, hasta el punto que ni siquiera llegó a ser aprobada por el Consejo de Ministros, lo que ha limitado gravemente la capacidad real de la Estrategia para condicionar las políticas de otros departamentos.

Transcurridos más de cinco años desde su presentación, sigue sin ser desarrollada ni aplicada, salvo honrosas excepciones. Sin duda uno de los principales incumplimientos ha sido la no elaboración de los planes sectoriales de acción, previstos para 2001. La Estrategia también incluye la actualización de la Ley 4/1989, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, que se debería haber realizado a lo largo de 1999, así como un gran número de medidas, que en estos cinco años tampoco se han desarrollado. Otro de los más destacados incumplimientos es el relativo al fomento de la red Natura 2000, su reconocimiento formal como figura de protección y la elaboración de las directrices orientadoras, así como la obligación de someter a Evaluación de Impacto Ambiental todos los proyectos del Anexo II de la Directiva 337/1985 cuando éstos se desarrollen en espacios protegidos y en la red Natura 2000.

El cambio de Gobierno acaecido tras las últimas elecciones generales, supone una nueva oportunidad, seguramente la última, para desarrollar y aplicar la Estrategia de Biodiversidad, una de las más importantes asignaturas pendientes del Ministerio de Medio Ambiente.

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Camino de la sexta gran extinción Theo Oberhuber l progresivo deterioro de los ecosistemas naturales y la desaparición de especies es uno de los mayores problemas ambientales a escala global.

El modelo de desarrollo humano se ha basado siempre en la explotación de los recursos naturales, pero desde la revolución industrial dicha explotación ha aumentado vertiginosamente, sobrepasando los límites de la sostenibilidad y poniendo en riesgo la propia viabilidad de muchas actividades humanas. Alteración y destrucción de hábitats, sobreexplotación de recursos naturales y pérdida de biodiversidad son graves síntomas de un planeta enfermo, en el que si no hay sitio para la naturaleza tampoco lo habrá para el hombre.

La sexta extinción La proliferación de nuestra especie y las rapidísimas transformaciones que estamos generando en el planeta, están provocando un periodo de extinciones sin precedentes en la historia, superando incluso las cinco grandes extinciones prehistóricas (la última de las cuales causó la desaparición de los Buho real atropellado.

FOTO: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE CÓRDOBA.

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dinosaurios). Algunos científicos estiman que se están extinguiendo 17.500 especies al año, lo que supondría que en el periodo 1990-2020 desaparecerán del 10 al 38% de las especies existentes. Por ello se afirma que estamos inmersos en la sexta gran extinción masiva de especies, la primera provocada por una especie, la humana.

Aunque el principal foco de extinciones lo podemos encontrar en las selvas tropicales –donde la biodiversidad es tan alta que cada año desaparecen miles de especies, muchas de las cuales ni siquiera han sido catalogadas–, también en las regiones templadas y concretamente en nuestro país se producen extinciones (ver Ecologista 31). Precisamente una de las últimas ha sido la del bucardo, subespecie de cabra montés propia de los Pirineos (Capra pyrenaica subsp pyrenaica) y cuyo último ejemplar murió el 6 de enero de 2000 en el Parque Nacional de Ordesa.

Un cúmulo de causas secundarias, tras las cuales siempre está nuestro modelo de desarrollo, están provocando dichas extinciones. La destrucción de los hábitats es sin duda la principal responsable de esta situación, y está motivada por un desmesurado crecimiento urbanístico, la construcción de infraestructuras de transporte e hidrológicas, los desarrollos turísticos, los cambios de uso del suelo con fines agrarios, las sobreexplotaciones agrarias, las explotaciones mineras, etc. Otra importante causa de extinción es la introducción de especies exóticas: favorecidas por el comercio o por

la importación de recursos naturales, y en ocasiones de forma intencionada, llegan a nuestros hábitats, que no siempre cuentan con mecanismos inmediatos de defensa, por lo que en muchas ocasiones estos visitantes foráneos se aclimatan y terminan imponiéndose a las especies autóctonas.

Sobran motivos Pero además, también somos directa o indirectamente responsables de la muerte no natural de muchos millones de animales cada año.

La caza ha sido históricamente una de las actividades que más muertes de animales y extinciones ha causado. No obstante, durante la última década en nuestro país se ha logrado una importante disminución del número de muertes, debido entre otras causas a la reducción de determinados métodos de caza. Aún así, mueren por disparos en el Estado español cerca de 30 millones de animales, a los cuales habría que sumar los causados por métodos no selectivos de caza como liga, cepos, lazos y venenos, o las muertes indirectas debido al envenenamiento por plumbismo –estimadas entre 50.000 y 75.000 aves acuáticas al año–. En total, del orden de 40 millones de animales mueren cada año por la caza en España.

Bucardo

ILUSTRACIÓN: JAVIER GRIJALBO, CORTESÍA DE ENTORNO S.L.

especies

Tras la caza sigue en importancia el atropello. Cada año las carreteras españolas provocan la muerte de 30 millones de vertebrados (según los resultados obtenidos por el Proyecto Provisional de Seguimiento de la Mortalidad de Vertebrados en Carreteras PMVC en 2003) de los que 9 millones son anfibios, reptiles 4 millones, 12 millones de aves y 5 millones de mamíferos. A ello deberíamos sumar los animales atropellados por otros medios de transporte como el tren e incluso el avión.

La pesca comercial es otra causa de mortalidad de gran importancia que también está provocando extinciones locales debido a la sobreexplotación y al uso de métodos muy impactantes. Además del efecto directo sobre las poblaciones de peces objetivo, la pesca tiene impactos globales sobre las comunidades y ecosistemas, modificando la estructura de las redes tróficas en su conjunto.

Hay otras causas de muerte no natural que tampoco se deben olvidar, ya que aunque sean de menor identidad o poco estudiadas pueden llegar a provocar graves reducciones poblacionales para determinadas especies: la colisión y electrocución de aves en los tendidos eléctricos, que según los cálculos menos pesimistas provoca la muerte de 50.000 aves al año; el uso de productos fitosanitarios; la contaminación atmosférica; los vertidos contaminantes a ríos; el ahogamiento en canales de transporte de agua; la destrucción de nidos por las actividades agrarias; la muerte en incendios forestales provocados; la colisión en parques eólicos; etc.

Pero nuestro modelo de desarrollo ha provocado la reciente aparición de otra grave amenaza para todas las especies, incluida la nuestra, el ya famoso cambio climático. La intensificación de los llamados fenómenos climáticos extremos, como olas de calor y lluvias torrenciales, cuya frecuencia aumentará a medida que crezca la concentración en la atmósfera de CO2, aumentará la probabilidad de sequías, incendios e inundaciones, que tendrán graves consecuencias para la biodiversidad.

El aumento de las temperaturas, junto con la falta de agua, provocará cambios en

los hábitats a los cuales muchas especies no podrán adaptarse, mientras que áreas naturales de la importancia de Doñana o el Delta del Ebro sufrirán drásticas transformaciones o simplemente desaparecerán inundadas por el agua salada.

La preocupación ante el proceso de extinción de especies motivó que la Conferencia de 2002 del Convenio de Biodiversidad se marcase como objetivo frenar el proceso de extinción de especies para 2010, un objetivo importante que, sin embargo, no cuenta con los necesarios

mecanismos gubernamentales. Por ello, recientemente la UICN junto con otras entidades inició la campaña “Cuenta atrás 2010” que pretende concienciar y fomentar la puesta en marcha de medidas que frenen este proceso de extinciones. Lamentablemente, a seis años de este objetivo, parece muy difícil su cumplimiento.

Más información sobre especies: cada número de El Ecologista dedica un artículo a una especie en peligro.

FOTO: PROMAR

El lince ibérico (Lynx pardinus) está considerado como el carnívoro más amenazado de Europa y el felino más en peligro del mundo. Es muy probable que no queden más de 160 ejemplares, mientras que su área de presencia confirmada no supera los 700 km2. En los últimos 30 años la población de lince en España ha disminuido en un 90%, ante la mirada impasible de las administraciones públicas.

Salvando tortugas y cetáceos Francisco Toledano El Programa de Recuperación de Fauna Marina de Almería (PROMAR-Almería), impulsado por Ecologistas en Acción de Almería y acompañado por el Centro Veterinario Equinac y la Clínica Veterinaria Guil, es una iniciativa pionera en España.

Con las oportunas autorizaciones administrativas para trabajar con especies protegidas, el proyecto comprende un Centro de Recuperación para Especies Marinas –tanques para tortugas marinas de distintos tamaños, sala de rayos X, sala de necropsias, equipos quirúrgicos, sala de operaciones…– y una Red de Varamientos.

La Red está formada por personas que se distribuyen por el litoral, con un equipo básico individual y la formación necesaria, y con otra red de personas colaboradoras que apoyan en momentos puntuales.

Los resultados obtenidos en los tres últimos años han demostrado que se trata de uno de los equipos de recuperación más completos y operativos de España, a pesar de estar formado exclusivamente con personal afiliado y voluntario. Algunas de las claves de estos buenos resultados han sido la formación –cursos, mesas de trabajo, sistemas de información por listados de correo electrónico, etc.–, las buenas relaciones con autoridades y entidades con competencias en el medio marino; y el apoyo y contacto con aquellos sectores que dependen del mar, como es el caso de los pescadores.

Un varamiento se produce cuando aparecen en la costa o playa algún cetáceo herido, enfermo, despistado o muerto. Si el animal está muerto, se recogen muestras para realizar analíticas y averiguar las posibles causas de su muerte, se toman datos biométricos, fotografías, datos del tipo de costa y meteorológicos, etc. Los cetáceos viven en el mar entre 20 y 40 años con lo que su organismo llega a acumular muchos contaminantes, por lo que son unos buenos bioindicadores del estado en que se encuentras nuestros mares y océanos.

Las metodologías que se aplican para atender a los animales que aparecen vivos son múltiples, desde practicarles la eutanasia como ocurre en Gran Bretaña hasta trasladarlos a Centros de Recuperación como ocurre en España. el ecologista, nº 41

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agricultura 1

Impacto ambiental de la agricultura europea Eduardo de Miguel Beascoechea

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as reformas de la Política Agraria Común (PAC) de 1992 y 2000 han supuesto un paso importante pero insuficiente hacia la sostenibilidad de la agricultura europea. La retirada obligatoria de tierras, el descenso de los precios garantizados y las medidas agroambientales han limitado la presión sobre el consumo de energía y de productos agroquímicos, pero no sobre la ocupación del territorio.

Desde 1991 se ha producido una caída en el consumo de plaguicidas en la UE, con un repunte ligero a partir de 1996 pero nunca superior a los niveles de finales de los años 80. Pero aún es muy grave la contaminación por nitratos de origen agrario de las aguas subterráneas y superficiales europeas: en 2001, la superficie considerada vulnerable por nitratos alcanzaba el 38% de la UE.

Más territorio cultivado

1. El olivar tradicional está dejando paso a un olivar intensivo de regadío.

2. Sólo una pequeña parte de la cría de cerdo ibérico se hace de forma extensiva.

3. Tala de perales tradicionales.

4.Vaca retinta y choto en una dehesa, una imagen cada vez menos frecuente.

FOTOS 1 Y 2: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, 3 Y 4: AUTOR.

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el ecologista, nº 41

En los últimos 20 años se ha incrementado la superficie de cultivos herbáceos en Europa, a expensas de los pastizales. Esta disminución de pastos, unida al aumento de la cabaña ganadera de carne, favorecida por las subvenciones europeas a la cabeza de ganado, ha forzado a producir más piensos y forrajes para la alimentación animal fuera de las explotaciones, lo que aumenta la dependencia de las importaciones (soja, maíz, etc.) La destrucción y cultivo de pastizales, muchos de ellos áreas esteparias de alta calidad ambiental, también ha provocado la pérdida de hábitats para fauna y flora muy localizadas y amenazadas, así como serios problemas erosivos, especialmente en el Sur de Europa.

Entre los cultivos permanentes, cabe destacar la situación preocupante del olivar que, propiciado por las ayudas a la producción que recibe, ha sufrido un nuevo incremento de su superficie desde 1995, así como una grave intensificación de su sistema de cultivo. Más del 4% de la superficie total de España está ocupada por olivar, y su cultivo en laderas, con fuerte laboreo, eliminando todo el estrato herbáceo, ocasiona que los olivares pierdan una media de 80 toneladas de suelo por hectárea y año en España, pérdidas similares que se dan en otros cultivos leñosos de secano.

El interés de los agricultores por obtener mayores rendimientos por hectárea y, por

tanto, una mayor subvención, ha propiciado que más del 24% del olivar total español y el 34% del andaluz (año 2002) se haya transformado en regadío, con el consiguiente impacto por la excesiva utilización de aguas, ya escasas, en estos terrenos semiáridos. La expansión del olivar también se ha hecho en muchos casos a costa del bosque mediterráneo, roturado para nuevas plantaciones en la última década.

El área de superficie regada en Europa también se ha incrementado de forma continua. Sin embargo, el mayor índice de explotación hídrica europeo corresponde a España, donde cada año se consumen más de una tercera parte de sus recursos de agua. Los regadíos conducen al aumento en la utilización de fertilizantes y plaguicidas y a serios problemas de competencia en la distribución del agua en los países mediterráneos (trasvases y disminución de la calidad y cantidad de las aguas para consumo humano e industrial). El 50% de los humedales europeos se encuentran amenazados o destruidos, especialmente por la sobreexplotación de acuíferos. La intrusión de agua salada en los acuíferos mediterráneos es otro grave problema que amenaza el futuro y la viabilidad de los regadíos intensivos en esta región.

Como dato positivo, cabe destacar que desde 1992 el número de las explotaciones que practican la agricultura ecológica ha aumentado de forma significativa en toda la UE, alcanzando ya casi el 2% de la superficie agraria y el 1% de las explotaciones.

Grecia, España, Italia, Austria, Finlandia y Suecia representan casi el 70% de todas las explotaciones ecológicas de la UE. España alberga en la actualidad el 17% de todas las explotaciones ecológicas europeas.

Más ganado estabulado Las modificaciones en el sector ganadero ocurridas en los últimos 20 años también han sido drásticas tanto en España cono en el resto de la UE. Se han perdido un tercio de las explotaciones mixtas asociadas a sistemas agrícolas, donde los ciclos productivos son más sostenibles y la ganadería es parte complementaria de la agricultura. Paralelamente, se ha especializado la producción ganadera, con un menor número de explotaciones pero de mayor tamaño, más intensificadas y con más cabezas por explotación, hecho especialmente acusado en el sector el vacuno.

También el ganado ovino ha incrementado su censo, promovido, como en el caso del vacuno de carne, por las subvenciones de la PAC a la cabeza de reproductora.

En España hemos pasado de un censo de 16 a 23,4 millones de ovejas entre 1986 y 2003.

La mayor especialización y presión ganadera, con una menor superficie agrícola asociada, provoca un incremento de los aportes de nitratos y fosfatos en áreas localizadas. La pérdida de los movimientos ganaderos favorece la desaparición del mosaico pastizal-bosque en las montañas, con el consiguiente empobrecimiento de la biodiversidad y el mayor riesgo de incendios en el Sur de Europa. Se pierden así miles de hectáreas de recursos nutritivos no consumibles directamente por el ser humano en barbechos, pastizales y otras superficies mal llamadas marginales, ahora abandonadas, cultivadas o plantadas con especies arbóreas de crecimiento rápido y dudoso beneficio ecológico.

Los efectos sobre el medio ambiente de la producción porcina intensiva son bien conocidos, con especiales problemas

derivados de la difícil eliminación de los purines. El censo de cerdos se ha incrementado de forma continua. El cerdo ibérico, normalmente presentado como una alternativa ecológica que conserva las dehesas, esconde otra realidad. La mayor parte de su ciclo es intensivo, con un periodo limitado de montanera y con serias consecuencias de sobrepastoreo en los frágiles suelos de las dehesas ibéricas.

Hoy en día, las dehesas y otros sistemas silvopastorales mediterráneos mostrados habitualmente como sostenibles, no son sino nuevas granjas semiintensivas donde el 80% de los recursos productivos provienen del exterior para mantener unas cargas ganaderas (ovino, vacuno y porcino) muy superiores a la capacidad de carga, con graves consecuencias sobre la biodiversidad de pastizales, la erosión de suelos y la regeneración del arbolado.

La implantación de la red Natura 2000 supone ya, teóricamente, la protección de miles de hectáreas de dehesas y otros millones de hectáreas de cultivos llamados tradicionales, que deberán conservarse mediante el mantenimiento de la actividad

agraria. La conservación de avutardas en España depende del mantenimiento de los cultivos extensivos de cereal en la Península Ibérica, y sin la apertura de pastizales entre los sistema arbolados del Sur de Europa disminuirá el conejo y otras presas de especies tan amenazadas como el lince ibérico o el águila imperial.

Este breve repaso sobre la evolución de la agricultura europea y española en las últimas dos décadas muestra que las modificaciones habidas en la PAC han sido insuficientes para provocar un claro cambio hacia la sostenibilidad de las producciones agropecuarias.

La red Natura 2000 carece todavía de un presupuesto fijo y suficiente para la gestión de este enorme territorio, y el desmesurado presupuesto de la PAC manda en cualquier tendencia. Parece evidente la necesidad de reorientar definitivamente la PAC hacia una nueva política que aúne criterios de productividad y sostenibilidad.

Más información sobre agricultura y pesca: ver El Ecologista nº 40, 35, 29, 28, 27, 26, 24, 21 y 17.

Agotando los recursos pesqueros Paco Ramos Si bien la acuicultura, incluyendo tanto la continental como la marina, ya supone un 30% de la producción pesquera mundial, la pesca marina continua siendo la fuente principal de pescado con un 64% del total.

Pero según el informe de la FAO “El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2002” es muy difícil conseguir más recursos pesqueros de los mares si no cambian drásticamente las condiciones de explotación actuales. El principal problema, de acuerdo con científicos y expertos pesqueros, es la sobre-capacidad de una flota que explota unos recursos cada vez más escasos.

Según el informe citado, sólo un 25% de los recursos pesqueros (principales poblaciones o grupos de especies) admite ciertos aumentos en la explotación, mientras que han llegado al límite de la sostenibilidad un 47%, y las poblaciones sobreexplotadas y colapsadas suponen un 18% y un 10%, respectivamente. En aguas comunitarias más del 65% de los caladeros se encuentran fuera del límite biológico de seguridad, lo que significa que, si no disminuye el esfuerzo en las capturas, corren claro riesgo de colapsarse. En algunas zonas, como las aguas de Irlanda occidental, este porcentaje llega al 100% de los stocks comerciales.

A pesar de su impopularidad en el sector pesquero, resultan tan imprescindibles como urgentes las medidas que conduzcan a la disminución de las capturas. Esta reducción de la pesca, ajustándose a la productividad de los ecosistemas marinos, es el único modo de garantizar la sostenibilidad de nuestras pesquerías y, a la vez, la viabilidad de la actividad pesquera a medio plazo.

España: el país que más incumple El Estado español encabeza en la UE el listado de los países con más sanciones, expedientes y procedimientos de infracción por incumplir las normas comunitarias sobre la pesca. La Comisión Europea tiene hoy abiertos 14 procedimientos de infracción contra España, la mayoría por superar las cuotas fijadas. Además, durante 2002 se registraron un total de 1.785 infracciones graves impuestas por las autoridades nacionales por pescar en zonas prohibidas o sin permiso.

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FOTO: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN.

forestal

Más cambios legislativos que prácticos Mª Ángeles Nieto n los últimos años, sobre todo desde la cumbre de Río de Janeiro, se han producido una serie de acontecimientos políticos y sociales que han propiciado cambios importantes en la concepción tradicional de los ecosistemas forestales y sus funciones. Actualmente es aceptado que los montes no son sólo poblaciones de especies forestales que periódicamente proporcionan beneficios en productos tangibles o cuantificables, sino que también resultan fundamentales para el mantenimiento de procesos ecológicos esenciales, albergan una parte muy importante de la diversidad biológica del planeta y son una fuente inapreciable de valores culturales, recreativos y paisajísticos. Sin embargo, esta concepción del monte, teóricamente aceptada por la mayor parte de los responsables políticos y sectores implicados, se transforma en algo tremendamente difícil de aplicar a la hora de planificar y gestionar los espacios forestales.

La situación geográfica de España en el extremo suroccidental de Europa, entre la cuenca mediterránea y la fachada atlántica,

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el ecologista, nº 41

y el carácter montañoso del país (57% del territorio por encima de los 600 m de altitud), confieren a los montes españoles una extraordinaria riqueza y diversidad biológica.

De esta forma, conviven en un territorio relativamente pequeño montes arbolados, formaciones arbustivas y de matorral, herbazales y vegetación subdesértica.

Esta complejidad forestal, unida a la necesidad de cumplir con los compromisos adquiridos en foros comunitarios e internacionales, ha dado como resultado una transformación considerable en el sector forestal español. Sin embargo, esta transformación, en ocasiones, ha sido más importante en el plano teórico que en el práctico. Aunque algunas Comunidades Autónomas (CC AA) han asumido una gestión integral del territorio, integrando la política forestal dentro de la gestión del medio natural, en otras sólo ha servido para canalizar fondos europeos.

Una profusa normativa Los montes españoles han experimentado importantes transformaciones socioeconó-

micas, paisajísticas y políticas a lo largo del siglo XX. Estos cambios se han acelerado además durante las últimas dos décadas, tras la transferencia de competencias en materia forestal a las CC AA, concretándose en la definición y puesta en práctica de un modelo de gestión forestal (que debería ser) sostenible, de acuerdo con lo establecido en los foros internacionales derivados de la Cumbre de Río de 1992. Conforme a los acuerdos adoptados, los Estados miembros de dichos foros internacionales se comprometen a desarrollar Programas Forestales Nacionales que permitan aplicar y desarrollar los principios de la sostenibilidad, la multifuncionalidad y la biodiversidad a escala nacional.

En España, el Programa Forestal Nacional se inició en 1996, mediante el proceso político de elaboración de la Estrategia Forestal Española, que fue aprobada por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente el 17 de marzo de 1999. Pero, en realidad, la reforma de la política forestal se había iniciado anteriormente a escala regional, a través de algunos Planes Forestales Autonómicos, parte de cuya experiencia fue posteriormente integrada en la Estrategia Forestal Española. El primer documento autonómico fue el Plan Forestal Andaluz, aprobado en 1989.

Por otra parte, la legislación forestal básica vigente en el momento en que se iniciaron los procesos políticos a escala autonómica (la Ley de Montes de 1957 y su Reglamento de 1962) seguía siendo preconstitucional y notoriamente inadaptada a los nuevos requerimientos sociales y políticos. Por eso, y como reacción frente a la falta de renovación de la legislación estatal, algunas CC AA elaboraron, en el ejercicio de sus competencias, su propia legislación forestal.

Por su parte, la Administración Central incluyó la elaboración de la Ley Básica de Montes entre los objetivos del Plan Forestal Español (aprobado en julio de 2002), y en noviembre de 2003 se publicó el nuevo texto de la Ley de Montes que regula y desarrolla algunos aspectos del Plan Forestal Español.

Como resultado de estos acontecimientos tenemos una Estrategia Forestal Nacional, un Plan Forestal Nacional, una Ley Básica de Montes –con varios recursos interpuestos por CC AA–, quince textos autonómicos, la mayoría de ellos aprobados, correspondientes a Estrategias, Planes Forestales y Libros Blancos, además de varias leyes forestales.

Esta profusión de documentos ha servido, en el plano teórico, para modernizar la planificación del espacio forestal y redefinir los objetivos de la gestión forestal hacia

modelos más sostenibles. Sin embargo, al mismo tiempo mantiene la política forestal en un estado de confusión permanente.

En cualquier caso, la situación es muy dispar entre las diferentes CC AA, tanto en desarrollo de competencias, como en principios inspiradores y contenido de sus Planes Forestales Autonómicos. En términos generales, es posible reconocer diferencias de planteamiento entre los planes forestales de las regiones atlánticas, donde domina el enfoque productivista y el principio de asignación de recursos a funciones, y los planes forestales de las regiones mediterráneas, donde se prioriza la protección y puesta en valor de los montes.

Problemas de nuestros montes

Más información sobre temas forestales: ver El Ecologista nº 40, 39, 38, 28, 26, 18 y 16.

Incendios forestales Miguel Ángel Hernández Soria El problema de los incendios forestales sigue siendo la gran asignatura pendiente de la defensa medioambiental en nuestro país. El suspenso hay que apuntárselo tanto a las administraciones responsables, estatal y comunidades autónomas, como a la propia sociedad en su conjunto, movimiento ecologista incluido.

En los últimos tiempos la dinámica de la problemática ligada a los incendios ha cambiado.

A la vista de las estadísticas parece que el número de hectáreas incendiadas ha disminuido, comparando años de similar climatología. A la vez, han aumentado el número y la eficacia de las intervenciones de los equipos de extinción, que son más rápidos a la hora de atajar los conatos de incendio. Sin embargo, la muestra del fracaso colectivo en esta materia lo refleja mejor que nada el incremento global del número de incendios.

Hay cada vez más personas dispuestas a quemar el monte y así, el número total de incendios se ha duplicado hasta superar los 20.000 de media anual. Por el contrario, la media de superficie quemada ha descendido desde las 244.788 hectáreas/año (periodo 80-89) a 159.936 ha/año (periodo 90-99).

Es evidente que durante años, los negros años de las repoblaciones masivas de las décadas de los 60, 70 y 80, se sembró el combustible que en su mayor parte se quema hoy. Pinos y eucaliptos son y serán catalizadores de los grandes incendios en nuestro país. Pero, en esta política forestal equivocada no encontramos la principal razón por la que se producen los incendios en España. Tampoco la busquemos en la climatología, aunque es cierto que las condiciones meteorológicas adversas son determinantes para la magnitud de los daños.

El conocimiento preciso y la prevención de las causas de los incendios es, hoy por hoy, la única base sobre la que se podría sustentar una política seria y efectiva de lucha contra los incendios. Solventar esta lamentable laguna es absolutamente necesario para poder afrontar el futuro con un poco más de optimismo. La amplia mayoría de los incendios son provocados.

Determinar las causas concretas para atajarlas y detener a los culpables para sancionarles adecuadamente es la única manera de reducir el problema y de no tener la sensación de que lo tenemos fuera de control.

Tenemos que poner bastante más de nuestra parte. Unos, voluntad política, capacidad para modernizar estrategias y valor para enfrentarse a los incendiarios. Otros, colaboración en la sensibilización social y voluntad de consenso. Todos, tolerancia cero con quien provoque un incendio sea por interés o por negligencia. el ecologista, nº 41

FOTO: XOSÉ VARELA VILARIÑO.

- Las masas forestales españolas se caracterizan en las zonas de influencia atlántica por una explotación intensiva y no naturalizada de eucalipto y pino radiata, frente a una infrautilización y abandono de los montes en el área mediterránea.

- La gestión de la mayor parte de nuestros montes carece de una planificación adecuada y actualizada periódicamente, siendo éste uno de los pilares básicos de una gestión sostenible. Apenas un 5% de los espacios forestales (mayoritariamente los de titularidad pública) cuenta con algún tipo de planificación.

- Existe una gran carencia de instrumentos políticos y técnicos que fomenten la diversificación ordenada e integrada de los aprovechamientos múltiples del monte.

En especial, valores indispensables como la biodiversidad o el paisaje no se contemplan en las prácticas selvícolas ni dentro de la planificación territorial.

- La restauración forestal, en general, no sigue una planificación con criterios ecológicos. Así las forestaciones de tierras agrarias, ajenas a cualquier estrategia forestal, han generado en muchas ocasiones graves impactos ambientales, a menudo con un escaso beneficio para las poblaciones rurales.

- Existe un importante vacío de directrices de gestión de los montes incluidos en la Red Natura 2000, a pesar de que el 75% de los terrenos de esta Red son forestales.

- En relación con los incendios forestales, se observa un escaso estudio de las causas que originan estos siniestros, a pesar de que su conocimiento es imprescindible para establecer adecuadas medidas de prevención.

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agua planteada en las actuaciones alternativas del Gobierno (más de 620 hm3 en 15 grandes desaladoras o ampliación de las existentes, de un total de 1.058 hm3 a obtener), es una opción claramente insostenible. La generación de nuevos recursos hídricos alimenta un modelo de crecimiento económico y territorial insostenible (destrucción del litoral, ocupación desproporcionada de suelo, urbanización en 2ª y 3ª línea de costa, generación de residuos), cuyos impactos ambientales y territoriales son peores que los asociados a la propia desalación.

FOTO: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN.

Incertidumbres con la Directiva Marco

Nueva Cultura del Agua: ¿otra oportunidad perdida?

Carlos Arribas a decisión del nuevo Gobierno de derogar el trasvase del Ebro supone el carpetazo definitivo a la política de aguas desarrollada por los Gobiernos del PP desde 1996.

Todos los pasos dados por esos Gobiernos (Libro Blanco del Agua, Documentación Técnica del PHN, etc.) iban en la misma dirección: justificar el trasvase desde el río Ebro al litoral mediterráneo.

La presión de las movilizaciones contra el PHN llevadas a cabo en todo el Estado ha sido determinante, junto a la endeblez técnica del proyecto y las quejas presentadas por las organizaciones ecologistas, para que la Comisión Europea rechazara varias veces su financiación y albergara serias dudas sobre la compatibilidad del proyecto con la legislación ambiental europea.

La suspensión definitiva del trasvase parecía abrir el camino para implantar una política acorde con los principios de la Nueva Cultura del Agua, que en teoría abrazaba el nuevo partido en el poder, en donde las políticas de ahorro, reutilización, aumento de la eficiencia y gestión de la de-

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el ecologista, nº 41

manda jugarían un papel fundamental.

Sin embargo, esa oportunidad se ha desaprovechado. Ante la presión del PP en Murcia y País Valenciano, el nuevo Gobierno del PSOE se ha precipitado de forma simultánea a derogar el trasvase y a presentar una serie de “actuaciones urgentes” que suministrarán los mismos caudales de agua previstos en el PHN, pero generando la mayor parte de esos recursos a través de la desalación de agua marina.

Hay diversas medidas complementarias (mejora de la gestión, reutilización, ahorro, etc.), pero llama la atención el énfasis en la generación de nueva oferta hídrica y que, además, se aceptan como intocables las cifras de demanda a satisfacer elaboradas en el PHN del PP. La metodología que se utilizó para ese cálculo fue totalmente errónea y escondía toda una serie de decisiones opacas, que pretendían continuar la urbanización del litoral y legalizar los nuevos regadíos ilegales implantados en los últimos años en las cuencas del Segura y Almería.

La desalación a gran escala, como la

La política del agua que se plantee en los próximos 15 años estará muy influenciada por la aplicación de la Directiva Marco sobre Política de Agua 2000/60/CE. El objetivo de esa Directiva es conseguir el buen estado ecológico de las masas de agua para 2015, pero ya desde su entrada en vigor (diciembre de 2003) existen plazos y obligaciones para los Estados miembro, como la inmediata prevención del deterioro de las masas de agua y la reducción de los vertidos contaminantes. El más importante a medio plazo (2008) es la elaboración de los borradores de los Planes Hidrológicos de Cuenca y su aprobación antes de 2009, junto con un Programa de Medidas para alcanzar los objetivos propuestos. Estos objetivos son totalmente diferentes a los que hasta ahora se habían formulado, puesto que el componente ambiental estará en el centro de las preocupaciones.

Para ello se da gran relevancia a la participación pública, fomentando la intervención activa de todas las partes interesadas –para 2006 esta participación ha de estar programada por la Administración–. Este enfoque inédito se aleja del hasta ahora vigente (los usuarios de las aguas, los regantes básicamente, eran los actores principales junto a la Administración) y abre posibilidades de participación de los ciudadanos interesados en conservar y restaurar los ecosistemas acuáticos.

Sin embargo, la trasposición efectuada por el Gobierno del PP no ha sido correcta y el nuevo Gobierno debería trasponer de nuevo la Directiva. Del mismo modo, los trabajos precedentes establecidos en la Cuenca Piloto del río Júcar son bastante negativos, por ejemplo en lo que respecta a la participación pública de los interesados.

Además, hay que tener en cuenta que la propia Directiva tiene abundantes agujeros y prórrogas, que permiten a los Estados el incumplimiento de los principales objetivos.

El principal es la exención del objetivo fundamental (“buen estado químico” en lugar del “buen estado ecológico”) que se plantea para las masas de agua artificiales y

Construcción ilegal en Murcia, ocupando el Dominio Marítimo-Terrestre. FOTO: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN.

fuertemente modificadas. Esas masas son designadas por los Estados miembro y teniendo en cuenta por ejemplo la gran cantidad de embalses y obras de regulación que existen en España, una interpretación amplia de esas masas y los ríos aguas abajo podría vaciar de contenido la Directiva. La Administración hidráulica española se ha apuntado hasta ahora a esa interpretación, que debemos rechazar de plano.

Es evidente que el organigrama de las Confederaciones Hidrográficas no es el más adecuado para llevar a cabo las tareas ambientales establecidas en la Directiva. Es necesario, por tanto, su reforma en profundidad, dejando de ser oficinas de redacción y ejecución de proyectos de obras hidráulicas (en parte esa función ha sido transferida a las Sociedades Estatales de Aguas), para llegar a ser órganos de gestión y control ambiental de las masas de agua. Hay demasiados ingenieros y muy pocos biólogos o ambientalistas. La democracia debe entrar en esa Administración, donde hasta ahora el oscurantismo, la corrupción y el nepotismo eran prácticas habituales.

Retos pendientes Hay objetivos planteados en la legislación de aguas de hace 20 años que permanecen incumplidos todavía. El más grave es la inexistencia del deslinde del dominio público hidráulico en la mayoría de los ríos y masas de agua. Ello ha conducido a su ocupación con gran cantidad de construcciones y usos, que están sometidos a un permanente riesgo (desastre del camping de Biescas, inundaciones de Badajoz, etc.).

Las consecuencias del cambio climático agravarán esos riesgos, dado que se prevé un descenso de las precipitaciones en la Península, pero con una concentración de las mismas en menos días al año con un aumento de la intensidad horaria. Es necesario arbitrar políticas de ordenación del territorio que tengan en cuenta los riesgos de inundabilidad, así como políticas de reforestación que minimicen esos riesgos.

La utilización masiva de fertilizantes sigue contaminado los acuíferos con nitratos, inutilizando en muchos casos las aguas subterráneas y poniendo en riesgo la salud de las poblaciones que las consumen. La difusión de los catálogos y recomendaciones de buenas prácticas agrarias no están siendo medidas suficientes para detener ese proceso imparable y casi irreversible. La limitación y/o prohibición del uso de fertilizantes químicos ha de combinarse con la promoción efectiva de la agricultura ecológica.

Más información sobre agua: ver El Ecologista nº 39, 38, 37, 36, 33, 32, 29, 26, 25, 23 (monográfico) y 18.

Versión completa de este artículo en www.ecologistasenaccion.org/article.php3?id_article=673

El agua en Murcia Julia Martínez Es sobradamente conocida la existencia de numerosas irregularidades en la gestión del agua en Murcia, que desmiente la existencia de una gestión ejemplar, a pesar de la eficiencia de una parte de los sistemas de riego murcianos. En Murcia no se reutiliza o ahorra agua para solucionar el déficit sino para crear más regadío. Así, se han denunciado numerosos nuevos regadíos ilegales (203 denuncias en 2001) y captaciones ilegales de aguas subterráneas.

El Gobierno regional está promoviendo activamente una intensa especulación urbano-turística en la costa murciana y sus proximidades, que está disparando la construcción de urbanizaciones y la proliferación de campos de golf, incluso dentro de espacios naturales. Para ello, ya ha desprotegido unas 15.000 hectáreas y nuevas iniciativas de desprotección están en marcha, como la que afecta al emblemático Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila.

Esta situación de desgobierno hidráulico es la responsable del famoso déficit estructural con el que se pretendía justificar el trasvase del Ebro. Antes de buscar otras alternativas de incremento de la oferta para sustituir dicho trasvase, es imprescindible revisar en profundidad los datos del Plan de Cuenca del Segura y realizar una auditoría al regadío murciano para identificar los regadíos ilegales y otros aprovechamientos hídricos irregulares, incluyendo campos de golf, usos que deben ser clausurados y descontados del déficit. Sólo tras dicha auditoría es posible conocer con rigor el déficit hídrico real y buscar una alternativa global viable. Dicha alternativa pasa por la eliminación de los regadíos ilegales y otros usos irregulares, la contención del crecimiento urbano y turístico, la eficiencia y el ahorro en el regadío y en el abastecimiento y la aportación adicional de ciertos recursos a través de la desalación marina, siempre que dicha desalación esté bajo control público, esté ligada al cierre de pozos en acuíferos sobreexplotados y se limite a las cantidades necesarias establecidas según la mencionada auditoría. el ecologista, nº 41

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defensa animal

Sobre vacas y linces Silvia Barquero

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entro del amplio espectro de valores que defiende el ecologismo social (desarrollo sostenible, biodiversidad, consumo responsable…), en lo que respecta a la defensa de los animales existen varias líneas de actuación. La primera, centrada en animales silvestres, defiende el valor de las especies por la función que cumplen dentro de su medio natural, y no porque los animales sean individuos con valor por sí mismos, interesándose por especies en peligro de extinción tales como el lince ibérico o el águila imperial. La segunda línea de actuación se centra en defender a animales no silvestres, y consiste en proteger a aquellos animales que se considera están siendo explotados de manera innecesaria o cruel, en áreas como la tauromaquia, parques zoológicos etc.

Argumentos para defender a los animales

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3 1. Muchas fiestas tradicionales conllevan un terrible maltrato de animales.

2. Las jaulas de los zoológicos son una crueldad para los animales silvestres.

3. Bebé foca despellejado, en Canadá. © FOTO: IFAW/S. COOK 4. Las condiciones de vida de los animales criados industrialmente son calificables de tortura.

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el ecologista, nº 41

Compartimos con los demás animales un sistema nervioso, que nos dota de la capacidad para sentir. Esta capacidad ha sido seleccionada evolutivamente con el fin de evitar daños que puedan poner en peligro nuestra vida, además de para elegir lo que más nos favorezca. Todos los animales huimos del dolor y tendemos al placer, tenemos interés en vivir nuestra vida en libertad. A la hora de exigir respeto para los demás animales, al igual que hacemos cuando exigimos respeto para los humanos, no debemos fijarnos en características tales como su especie, o su tipo o grado de inteligencia.

Los animales somos sujetos conscientes de nuestras sensaciones, experimentamos nuestra vida como única, y la valoramos independientemente de la importancia que ésta tenga para otros.

Cada uno de los seres con capacidad para sentir es un individuo con valor propio e inherente, que no debe ser considerado un medio para la satisfacción de otros.

Así, desde la óptica de la defensa de los intereses de los animales, a éstos se les debería considerar individuos con intereses propios, independientemente de lo numeroso del grupo al que pertenezcan y no deberíamos valorar más la vida de aquellos que pertenezcan a especies en peligro de extinción.

Extrapolando está visión a un ejemplo con humanos, veríamos inaceptable alarmarse más ante la muerte de un individuo perteneciente a una etnia minoritaria que ante la muerte de otro de un grupo muy numeroso. Consideramos que la vida de cada uno de ellos tiene el mismo valor, y debe ser respetado de la misma forma, sea cual sea su origen o el número de individuos que componen el grupo al que pertenece. En definitiva, un lince no sufre la pérdida de su vida más de lo que lo haría cualquier otro animal, como por ejemplo una gallina.

Clasificar a los animales por especies nos ayuda a comprender nuestro entorno. Sin embargo, la especie como tal ni sufre ni disfruta, sino que son los individuos que conforman este grupo quienes valoran su vida y se ven afectados por nuestras acciones.

Considerar que los demás animales existen para cumplir una determinada función para la preservación de los ecosistemas que habitan, es una visión instrumental de los mismos, pues el valor de los ecosistemas radica en que en ellos se sustentan las vidas de los animales.

Por otra parte aquellos animales que no se encuentran en peligro de extinción, como los cerdos, las vacas, las truchas, los ratones o el resto de animales explotados de manera sistemática, son defendidos centrándose en cuestionar áreas de explotación muy

concretas, como son los circos, los zoos, la experimentación con fines cosméticos, etc.

No se cuestionan otras prácticas como la cría de animales para el consumo de carne, por considerar imposible su erradicación en el presente, dedicando así los esfuerzos a metas más realistas.

Interés en aumento La atención que los grupos ecologistas están demostrando por la defensa de los intereses de los animales ha ido en aumento. Pero, si tratamos de conceder a los animales un reconocimiento de aquellas cualidades que les igualen a nosotras/os, es decir, si consideramos a los demás animales individuos cuya vida y libertad debe ser respetada, debemos cuestionar todas las áreas de explotación animal existentes por igual: la injusticia es considerar que los animales pueden ser utilizados por el mero hecho de ser diferentes (por no pertenecer a nuestra especie, por no tener el mismo tipo o grado de inteligencia que algunos humanos, etc.). Establecer áreas de explotación como más urgentes que otras, o exigir que se explote a los demás animales de manera humanitaria, o que se les sacrifique de manera indolora, ni cuestiona la explotación animal, basada en el estatus de propiedad de éstos, ni promueve la idea de que todos los animales son seres que merecen absoluto respeto, pudiendo erróneamente parecer que algunas prácticas o áreas de explotación son necesarias y por ello deben ser reguladas legalmente y no erradicadas.

Este hecho se puede ver reflejado, por ejemplo, cuando se justifica la ganadería extensiva como alternativa al trato que reciben los animales en granjas factorías, sin incluir el respeto por la vida de los animales que sí se reclama en campañas antitaurinas. Lo cierto es que un toro valora su vida y bienestar de la misma manera que lo hace una vaca: ni el toro quiere morir en una plaza, ni la vaca acabar siendo la cena de alguien. Defender la vida del toro y olvidarse de la vaca es una muestra de una defensa errónea de los animales, pues se sigue considerando a la vaca como un recurso para nuestros intereses.

Por último, recordar que desde una perspectiva ecologista, esta postura incluye un beneficio directo para el medio ambiente. El gasto energético y de recursos que supone convertir proteínas vegetales en animales es mucho mayor que si consumimos directamente esos productos vegetales. Cuando un novillo de engorde está listo para ir al matadero, habrá consumido más de 4.200 kilos de cereales y pesará alrededor de 470 kilos; es decir,

sólo el 11% del pienso se transforma en carne de vaca, y el resto se quema como energía en el proceso metabólico, o se convierte en partes del animal que no se comen, como el pelo o los huesos. Además, está la contaminación que conlleva la cría de ganado.

A modo de curiosidad, se puede calcular nuestra huella ecológica, compa-

rando los sorprendentes resultados que se obtienen si adoptamos una dieta libre de productos animales en la siguiente página: www.earthday.net/footprint/index.asp Más información sobre defensa animal y caza: ver El Ecologista nº 30, 27, 24 y 17.

La caza Joaquín Reina La caza ha evolucionado de forma notable en las últimas décadas en España. Este proceso ha ido desenmascarando el relativo alcance e importancia socioeconómica de la caza, sus contradicciones, así como el apoyo explícito de las administraciones públicas a una actividad económica y deportiva cada día más cuestionada por el público en general.

Los criterios económicos se han adueñado con fuerza de la caza, originando una intensificación de las explotaciones cinegéticas con graves consecuencias sobre el medio natural. A éstas, hay que sumar los impactos sociales, no menos significativos y urgentes de resolver.

Lo actividad cinegética en la actualidad se apuntala sobre dos premisas cada día más discutibles. La primera es el supuesto interés de la caza en la economía rural.

Pero la realidad y el contraste de los datos nos demuestran que la caza ni ha sido, ni es, un factor revitalizador de esta economía rural. Además, la generación de empleo es reducida, temporal en su mayoría, y con frecuencia, en condiciones precarias.

El segundo argumento es la teórica importancia de la caza en la conservación del medio natural: la caza, se dice, es un instrumento de gestión indispensable en ecosistemas con niveles elevados de intervención humana. Sin embargo, la caza deportiva y comercial impone tal ritmo de aprovechamiento, que los impactos ambientales no compensan, ni de lejos, los supuestos efectos benefactores. Ahí están, por ejemplo, las numerosas fincas cercadas en su perímetro (más de 460.000 hectáreas, sólo en Andalucía) y el tipo de gestión al que son sometidas la mayoría de estas propiedades.

Hasta ahora las administraciones públicas no han sabido, o no han querido, ordenar y regular la caza como hubiese sido deseable. Se han preocupado de asimilar algunas reivindicaciones históricas de las organizaciones ecologistas (examen del cazador, eliminación de los perdigones de plomo, elaboración de Planes Técnicos de Caza), sin cuestionar las bases sobre las que se sustenta la caza. La normativa promulgada en las últimas décadas ha servido sobre todo para dotar de cobertura legal a actuaciones harto polémicas. El control de predadores –como se denomina eufemísticamente– es una de ellas: no hay coto de caza que se precie que, antes o después, no utilice algún sistema de captura para el exterminio de los predadores naturales con la preceptiva autorización administrativa. el ecologista, nº 41

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FOTO: MARTIN LANGER/GREENPEACE.

biotecnología

10 años de fracasos Isabel Bermejo n casi 10 años de aplicaciones comerciales de la ingeniería genética en la agricultura, las expectativas creadas por una tecnología concebida para rediseñar la Naturaleza en el laboratorio, mejorando los cultivos a nuestro antojo, distan mucho de ser realidad. Las mejoras soñadas siguen sin llegar, mientras se han detectado ya problemas agronómicos, ecológicos y de salud. No obstante, los fracasos de la manipulación genética de los cultivos no debieran sorprendernos, dado que en la medida que la ciencia ha ido desvelando la complejidad de los seres vivos a lo largo de los últimos años, la manipulación genética resulta una tecnología sumamente inapropiada e inexacta, cuyos resultados no es raro que sean las más veces verdaderos engendros, inadaptados e inestables.

Podemos resumir los resultados de la manipulación genética de los cultivos de la siguiente forma: Menores rendimientos: salvo algunas excepciones, las variedades transgénicas no han supuesto un aumento del rendimiento de los cultivos, sino todo lo contrario. En EE UU el rendimiento de la soja resistente al herbicida Roundup se calcula que es un 5-10% inferior al de variedades convencionales similares, pudiendo bajar hasta un 12-20%.

Aumento del uso de herbicidas y plaguicidas: el tiempo ha dado la razón al movimiento ecologista, que desde un principio denunció que la introducción de variedades manipuladas genéticamente supondría una mayor dependencia de agroquímicos, que

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el ecologista, nº 41

envenenan los campos, las aguas y nuestra salud. En EE UU las aplicaciones de estos productos asociadas a los cultivos transgénicos han ido en aumento, tras un fugaz descenso en los primeros años, suponiendo un incremento global del 11% en 2003.

Aparición de super-malas hierbas resistentes a los herbicidas, que empiezan a ser un problema en algunas zonas de EE UU y Canadá, requiriendo tratamientos cada vez más agresivos.

Daños a los ecosistemas: se ha comprobado que los cultivos insecticidas pueden

afectar a especies beneficiosas, pudiendo alterar equilibrios biológicos importantes para la salud de los ecosistemas. Por otra parte, la aparición de insectos resistentes, consecuencia inevitable de la proliferación de este tipo de cultivos, va a suponer un China 4% Brasil 4% perjuicio importante Sudáfrica para la 1% agricultura Canadá 6% ecológica.

Contaminación genética: la contaminación transgénica de centros de biodiversidad (el del maíz, en México), de los campos sembrados con variedades convencionales y del Argentina suministro 21%de semillas son ya un grave y EEUU 63%

SUPERFICIE CULTIVADA POR PAÍSES

Brasil 4% China 4% Brasil 4% China 4% Sudáfrica 1% Canadá 6% Sudáfrica 1% Canadá 6%

Argentina 21% Argentina 21%

EEUU 63% EEUU 63%

PRINCIPALES CULTIVOS TRANSGÉNICOS Algodón 11% Algodón 11%

Colza 5% Colza 5%

Soja 61% Soja 61%

Algodón 11%

Colza 5%

Soja 61%

Las variedades transgénicas apenas ocupan un 2% de la superficie cultivada del mundo, y 6 países producen el 99% del total mundial.

El área cultivada que estimó en 2003 la propia industira fue de 67,7 millones de hectáreas.

Maíz 23%

PROPIEDADES DE LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS Variedades insecticidas 18%

Resistencia a herbicidas + propiedades insecticidas 8%

Maíz 23% Maíz 23%

La práctica totalidad de la superficie sembrada con transgénicos está ocupada por cuatro Resistencia a herbicidas cultivos, destinados en su mayor parte a la Resistencia a herbicidas + propiedades insecticidas Variedades de piensos producción compuestos para 8% la insecticidas Variedades 18% + propiedades insecticidas 8% ganadería intensiva. insecticidas 18%

Resistencia a herbicidas 73%

A escala mundial los cultivos estrella siguen siendo aquellos que tienen incorporada la resistencia a un herbicida, seguidos de las variedades insecticidas.

Industria biotecnológica versus agricultura ecológica Desde 1990 la industria biotecnológica ha crecido desmesuradamente, convirtiéndose en un poderoso sector económico dominado por grandes transnacionales farmacéuticas y del ramo agroquímico, que mueven cifras de negocio superiores al PIB de países como México y Sudáfrica.

En este proceso han engullido inversiones de más de 100.000 millones de dólares y soportado unas pérdidas netas acumuladas que superan los 71.000 millones de dólares, y que van en aumento de año en año. Apuntalar el espejismo de la manipulación genética como panacea de la agricultura, asegurando con ello el flujo de inversiones que requiere la industria, exige un potente despliegue publicitario, activado muy eficientemente en los últimos años. Pese a ello, los consumidores siguen resistiéndose a hacer de conejillos de indias de un experimento a gran escala y de alto riesgo, y en todo el mundo ha surgido un movimiento campesino que se niega a utilizar unas variedades que suponen una mayor dependencia y un aumento de costes, reportando muy pocas ventajas.

Seguridad alimentaria Juan José Lorenzo La adulteración del aceite de colza, el llamado síndrome del aceite tóxico, estalló en 1981, afectando a más de 20.000 personas, de las que 700 murieron.

Veinte años después, saltó la alarma al detectarse benzopirenos, una sustancia cancerígena, en el aceite de orujo, lo que obligó al Ministerio de Sanidad a su inmovilización. Mientras tanto, algunos estudios detectan en los salmones de piscifactoría altos índices de contaminantes organoclorados, derivados de procesos industriales, hasta 14 veces mayores que en los criados en libertad. Habituados a la desarticulación de redes de engorde de ganado con sustancias hormonales, como el clembuterol, a las noticias diarias sobre la gripe aviar, a los pollos con dioxinas… nos hemos acostumbrado al goteo de vacas locas, 330 casos de momento.

El 70% de los antibióticos usados en EE UU, unas 11.000 toneladas, se utilizan en piensos ganaderos, porcentaje que aumenta con los brotes regulares de enfermedades en las superpobladas granjas industriales. En España, la producción cárnica asciende a más de 5 millones de toneladas, de las que dos terceras partes se exportan, con un consumo medio de 68 kg por persona (2002) y un aumento anual del 4%. Más de la mitad de la población europea sufre obesidad. Querer generalizar para toda la humanidad el tipo de consumo hoy imperante en occidente es ecológica y socialmente insostenible.

Se nos quiere imponer un modelo de alta productividad y especialización agrícola, enfocado a la exportación y controlado por un puñado de grandes corporaciones internacionales, que consideran la alimentación no como un derecho, sino como un negocio. Como alternativa, grupos de consumo agroecológico ejercitan el poder de escoger lo que consumen, demostrando que existen otras formas de relación comercial, que no dependen exclusivamente de las leyes del mercado, y que rechazan una comercialización irresponsable. El reto: el consumo como herramienta de cambio, como apoyo a un desarrollo sostenible.

Paralelamente, la agricultura ecológica está demostrando en todo el mundo ser una alternativa viable y perdurable, que no sólo es perfectamente capaz de producir alimentos sanos y suficientes para toda la Humanidad, sino que puede contribuir eficazmente a combatir algunos de los acuciantes problemas ambientales y sociales del mundo. En países industrializados como la moderna Suiza, los rendimientos de muchas explotaciones ecológicas son parecidos a los de sus vecinas convencionales, si bien con un coste ambiental muy inferior. Y en muchas regiones del Sur experiencias diversas de agroecología están estableciendo sin lugar a dudas la productividad de una agricultura que se sustenta en procesos y equilibrios de la Naturaleza, dando respuesta a los problemas locales de los campesinos y asegurando un medio de vida y alimentos nutritivos y saludables a millones de familias.

FOTO: UNIVERSITY OF FLORIDA/IFAS

alarmante problema, sobre todo teniendo en cuenta los muchos interrogantes, la inestabilidad y la eventualidad de un fracaso de los cultivos transgénicos.

El desarrollo de farmacultivos, variedades modificadas para producir compuestos destinados a la industria farmacéutica o de cosméticos, del plástico, de detergentes, etc., que han empezado a cultivarse ya en EE UU, supone que la contaminación genética de los cultivos alimentarios sea un problema aún más inquietante.

Daños a la salud: la espiral en el uso de agroquímicos tóxicos asociada a las variedades transgénicas no es precisamente la mejor receta para frenar el deterioro galopante de la calidad de los alimentos que supone la agricultura industrial. Por otra parte, a pesar del escaso seguimiento y del silenciamiento de cualquier indicio de riesgo, en varios estudios experimentales con ratones se han detectado trastornos graves asociados a los alimentos transgénicos, como problemas de crecimiento y del desarrollo de órganos vitales y, recientemente, alteraciones de las células del hígado.

Consolidación de un modelo de producción y de distribución de alimentos controlado por grandes empresas y que constituye una grave amenaza para los millones de pequeños campesinos y campesinas que alimentan a la mayor parte de la población mundial, y para la sostenibilidad y seguridad alimentaria del mundo.

Más información sobre biotecnología y seguridad alimentaria ver El Ecologista nº 40, 38, 37, 35, 33, 28, 27, 25, 24, 19, 18, 17 y 15 (monográfico).

el ecologista, nº 41

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sostenibilidad

¿Desarrollo sostenible o crecimiento sostenido?

Iñaki Barcena ace 2.500 años Confucio decía que cuando las palabras pierden su sentido, las personas pierden su libertad. En los últimos 20 años pocos términos han resultado tan polémicos, tan entusiastamente defendidos o descuidadamente alterados en la interlocución y en la comunicación pública como el término desarrollo sostenible.

Apenas sin discusión sobre sus implicaciones o sus contenidos y sin reparar demasiado en su trascendencia y en sus posibilidades, el desarrollo sostenible ha resultado ser el banderín de enganche de todos aquellos que pretenden defender unas mejores relaciones entre economía y ecología.

Otras opciones Empero, desarrollo sostenible no es un término caído del cielo. Había otras opciones.

Si nos remitimos a la primera Conferencia Internacional sobre el Desarrollo Humano Man and Biosphere en Estocolmo (1972) el término utilizado frente a la crisis ambiental fue ecodesarrollo. Un término demasiado claro y estrechamente vinculado a un movimiento social de protesta como para ser aceptado de buen grado como máximo común denominador. H. Kissinger se encargó de hacerlo desaparecer de los textos la diplomacia internacional.

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el ecologista, nº 41

El término desarrollo sostenible en su acepción inglesa (sustainable development) aparece en la Estrategia Ambiental Mundial de la UICN en 1980. Sin embargo sus auténticos promotores fueron los miembros de la Comisión para el Medio Ambiente y el Desarrollo (ONU) redactores del documento Nuestro Futuro Común. Desde la aparición de tal texto (1987) el término se puso en boga en el camino hacia la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, junio de 1992), donde se popularizó y reafirmó ostensiblemente.

No obstante, las polémicas en torno a su uso y abuso no se han producido por la indefinición adjudicada al concepto desarrollo sostenible sino por el sesgo desarrollista que sus críticos vislumbran en su utilización. La calculada ambigüedad del término, ha resultado ser un terreno de discordia entre aquellos que tratan de dar mayor relevancia al desarrollo-crecimiento económico y aquellas personas preocupados por los riesgos de estar sobrepasando límites naturales físicobiológicos, es decir por la sostenibilidad ecológica.

Corren tiempos en que la economía prima sobre lo político, sobre lo religioso y lo cultural. Tanto en el Norte como en el Sur las polémicas sobre el desarrollo sostenible están siempre teñidas con tinte

económico. Es ahí donde se produce la contradicción entre crecimiento y desarrollo. No es correcto mezclar magnitud y proceso, es decir, tratar de asimilar lo que significa aumento cuantitativo de ciertas magnitudes (crecimiento) con aquello que trata de significar despliegue y articulación de variables cualitativas (desarrollo).

Desarrollo es sinónimo de desenvolvimiento, de transición, de actitud de transformación, de modernización y de autoorganización, mientras que el crecimiento esta relacionado con el aumento de lo mensurable, con el incremento aritmético y numérico. Aunque pueden coincidir, en los temas que nos ocupan, esto es, en las actuales polémicas económicas, ecológicas y político-sociales, suelen devenir marcadamente opuestos y encontrados. Crecer al 3% anual significa doblar la producción cada 24 años y las investigaciones de los últimos 20 años reflejan claramente el resultado anti-ecológico y anti-social de tal empeño.

La relación de subordinación entre el sustantivo (desarrollo) referido, confundido y trastocado como crecimiento y el adjetivo segundón (sostenible) ha supuesto la pérdida de su posible fecundidad innovadora. Para muestra un botón. El artículo 2 del Tratado de Maastricht reza así: “El primer objetivo de la Unión Europea

es promover el crecimiento sostenible [sustainable growth] respetando el medio ambiente”.

Cambio radical hacia la sostenibilidad La búsqueda de un desarrollo humano sostenible tiene más que ver con la redistribución que con el crecimiento y significa reconducir la actual situación hacia una nueva lógica que no olvide a los desheredados de la Tierra, ni a las generaciones futuras.

Significa poner en cuestión el modelo de crecimiento y exigir una radical redistribución y reducción de los recursos utilizados por una minoría rica y despilfarradora.

El discurso renovador de la sostenibilidad, basado en el largo plazo y en el equilibrio de intereses y de aspectos sociales, ambientales y económicos casa mal con el corto plazo y los planes de desarrollo amparados en los ciclos de renovación política al uso.

Frenar la larga lista de proyectos infraestructurales (trenes de alta velocidad, aeropuertos, carreteras y autopistas, embalses y trasvases, puertos comerciales y deportivos, incineradoras, centrales térmicas, centros comerciales y polígonos industriales, campos de golf...) que crece día a día es una labor prioritaria y perentoria. Generar un amplio abanico de oposición y de crítica al desarrollismo devastador debe ser el abono para pergeñar una nueva cultura política que nos abra el camino hacia la sostenibilidad.

Existen muy diferentes formas de entender el desarrollo sostenible y más allá de la semántica y la moda se encuentran las tangibles realidades y las voluntades de cambio social. El crecimiento sostenido además de una quimera, es una contradictio in terminis que conlleva marginación y caos.

La desnaturalización del desarrollo sostenible es un hecho, por eso el ecologismo tiende a sustantivar el término sostenible, como parte principal del binomio. La transición hacia un modelo sostenible supondrá la transformación radical de las actuales relaciones no sólo entre economía y ecología, sino también de ambas para con la sociedad. La sostenibilidad exige una voluntad de cambio radical que combine el imperativo ecológico, la redistribución social y un reforzamiento político que contribuya a una gestión ecológica que mejore la participación y auto-organización, local y globalmente.

Más información sobre sostenibilidad: ver El Ecologista nº 36, 35, 33, 31, 28, 21, 20 y 17.

Agendas locales 21 Manu González Una Agenda Local 21 es un Plan Estratégico Municipal que se basa en la integración, con criterios de sostenibilidad, de las políticas ambientales, económicas y sociales del municipio, y que debe surgir de la participación y toma de decisiones consensuada entre los representantes políticos, personal técnico, agentes sociales y económicos implicados y la ciudadanía del municipio.

El interés de elaborar una Agenda Local 21 reside en la participación y protagonismo de los agentes sociales en el proceso de toma de decisiones; debe ser un instrumento determinante en la planificación territorial (planeamiento urbano, elaboración de planes de movilidad y accesibilidad…); también debe permitir planificar modelos de desarrollo local sostenible en los que la equidad, la justicia social, la suficiencia y las economías locales sean objetivos determinantes.

Para los colectivos sociales locales, participar en los procesos de elaboración de una Agenda Local 21 supone una oportunidad importante para conocer la situación del municipio, aportar valoraciones y establecer contactos con otros colectivos y agentes.

Los principales retos para los movimientos sociales son: - Participación ciudadana: exigir el compromiso político institucional de elaborar una Agenda Local 21, demandar y asegurar que se dé una participación ciudadana real y efectiva desde el inicio del proceso. Se debe asegurar que se forme y consolide un Foro donde participen los agentes sociales y, si es posible, protagonice el proceso.

- Clarificación del Compromiso político: no es una actividad del área municipal de medio ambiente. Establecer un Plan de Acción Local requiere revisar y diagnosticar la situación del municipio en todos sus aspectos ambientales, económicos y sociales.

- Capacidad de propuesta del movimiento ecologista. Rigor y audacia: incidir en que el diagnóstico del municipio se realice con rigor y profundidad. Identificando el capital natural existente y el pasivo ambiental heredado, así como las amenazas. Proponer moratorias. Hablar de sostenibilidad es hablar de frenar y cambiar el actual modelo de producción y consumo. el ecologista, nº 41

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Incumplimiento generalizado de la normativa ambiental Comisión Jurídica de Ecologistas en Acción l echar una ojeada al desarrollo de las medidas y normativas aprobadas para la protección del medio ambiente durante los últimos 25 años, puede dar la sensación de que se ha avanzado mucho en dicha protección. Se calcula en más de 6.000 las normas –internacionales, comunitarias, estatales, autonómicas y municipales– en materia de agua, atmósfera, sustancias tóxicas, residuos, especies, espacios naturales, forestal, ruido, autorizaciones ambientales, urbanismo, etc. Pero ¿es real esa protección?

Efectivamente, el marco jurídico ha cambiado mucho en las últimas décadas. Se ha pasado de la existencia de unas incipientes disposiciones legales a que, a partir del marco constitucional de 1978, se desarrollara una compleja estructura administrativa, especialmente autonómica, con competencias para el desarrollo legislativo en materia de medio ambiente, para la gestión del mismo y para el control de su aplicación. El ingreso del Estado español en 1986 en la entonces Comunidad Económica Europea ha supuesto, aunque sea con extrema lentitud y desidia, la incorporación de una gran cantidad de normas ambientales cada vez más exigentes.

En el ámbito penal es un hito muy importante la aprobación del Código Penal de 1995 que, ampliando los delitos ecológicos existentes hasta esa fecha, incluyó varias decenas de tipos penales contra el medio ambiente y contra la ordenación del territorio.

Incumplimiento sistemático Sin embargo, a pesar de esta mejora indudable de los instrumentos jurídicos

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el ecologista, nº 41

para la protección del medio ambiente, los indicadores de su estado evidencian un deterioro notable del mismo. Por ejemplo, según los informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente los parámetros que miden la calidad del ambiente y de los ecosistemas empeoran a escala europea, con la excepción de sólo algunos contaminantes atmosféricos. Y no digamos la evolución de las emisiones de CO2 y las alteraciones del clima derivadas de aquellas.

Y es que, frente a las políticas e instrumentos para la protección del medio ambiente, existen otras (urbanísticas, energéticas, de transporte, industriales...), tanto en el plano internacional (p. ej. condiciones en las que se desarrolla el comercio) como en el interno (p. ej. inversión en infraestructuras, normas sobre precios, fiscalidad), que van en dirección contraria y producen efectos opuestos a aquellas.

Además, podemos afirmar que este derecho ambiental se incumple sistemáticamente en todos los niveles competenciales a los que antes hemos hecho referencia: comunitarios, estatales, autonómicos y locales. Puede parecer ésta una afirmación muy tajante, pero no sólo es ésa la sensación que existe entre organizaciones ecologistas y entre muchos profesionales del derecho, sino que también es constatable por datos tales cómo el número de expedientes abiertos contra el Estado español en la Comisión Europea por infracción del derecho comunitario o el elevado número de denuncias por infracciones ambientales, administrativas o penales, ante diversos organismos (Consejerías de Medio Ambiente, Confederaciones Hidrográficas, Juzgados y Fiscalías) y los

pocos casos en que prospera su tramitación y se logra hacer efectiva una sanción.

Pasividad, corrupción y trabas para la acción pública Esto sucede por la concurrencia de una serie de circunstancias. En primer lugar, existe una extraordinaria pasividad a la hora de perseguir las infracciones por parte de las administraciones ambientales competentes. Gran parte de estos incumplimientos ambientales de carácter administrativo se pierden por los vericuetos de los expedientes sancionadores. Las Consejerías, las Confederaciones Hidrográficas, etc. carecen de suficiente personal y, sobre todo, de voluntad para tramitar estos expedientes y sancionar a los infractores. Por cierto que la escasez de recursos humanos es, también, falta de voluntad política.

En algunos casos se puede hablar sin ambigüedad de corrupción, como ha señalado la Fundación Nueva Cultura del Agua en su informe “Aguas limpias, manos limpias: corrupción e irregularidades en la gestión del agua en España” (enero 2004).

En el terreno urbanístico la situación es similar. Las administraciones no persiguen las infracciones, no paralizan las obras ilegales y no dan cuenta a los tribunales de muchas construcciones que pueden ser constitutivas de delitos urbanísticos. Esto se revela particularmente grave en zonas como Madrid, Almería, Málaga, Cantabria o la Comunidad Valenciana.

La existencia de algunos fiscales de medio ambiente ha permitido la investigación de delitos ecológicos de manera más exhaustiva, pero muchos de estos fiscales aún no tienen los medios suficientes

FOTO: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE ANDALUCÍA.

legislación

(ecotoxicólogos forenses, suficiente policía judicial...) y, lo que es peor, la mayor parte de las Audiencias Provinciales aún no disponen de ellos.

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) pudo configurarse como un instrumento para prevenir, a través de este procedimiento de autorización de infraestructuras o instalaciones, los efectos ambientales negativos de las mismas. Pero no ha sido así. La EIA a menudo se ha convertido en un mero trámite administrativo que han tenido que cubrir las empresas o las administraciones promotoras de proyectos. ¿Pasará lo mismo con la Autorización Ambiental Integrada que se ha puesto en marcha recientemente derivada de la normativa europea de Prevención y Control Integrado de la Contaminación?

Aunque se ha avanzado mucho para que en el ámbito administrativo y contencioso

se reconozca la legitimación de las organizaciones ecologistas para defender los llamados intereses difusos medioambientales, no existe aún con carácter generalizado una acción pública en esta jurisdicción. Lo cierto es que las dificultades de las asociaciones para acceder a la justicia de manera real y efectiva son muy grandes. Y no es por falta de abogados, sino por circunstancias como dificultades procesales tales como las elevadas fianzas que en ocasiones se imponen, la lentitud en la tramitación de los procesos que a veces hace inefectivas las sentencias favorables (un derecho de información que te reconocen a los 6 años, una obra declarada ilegal que ya está construida) o falta de peritos que contrarresten informes bien pagados por algunas empresas.

Pero, como en todos los ámbitos de la defensa del medio ambiente, lo que no

podemos hacer es tirar la toalla. Tenemos claro qué hay que reivindicar: normas más exigentes en la protección de los intereses ambientales; que las administraciones competentes se doten de más medios humanos y materiales para la vigilancia y el control del derecho ambiental; que los jueces tengan formación específica y también más medios; que se constituyan Fiscalías especiales de medio ambiente en todos los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales; y que se reconozca la acción popular en la jurisdicción administrativa para asegurar la efectiva aplicación de la legislación de protección del medio ambiente.

Más información sobre legislación ambiental: ver El Ecologista nº 38, 36, 35, 27, 24, 22 y 21.

El Convenio de Aarhus Jaime Doreste

El convenio de Aarhus facilita la participación en asuntos ambientales. FOTO: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN.

Por suerte o por desgracia cada vez resulta más frecuente que los grupos conservacionistas, ecologistas y ciudadan@s sensibilizad@s recurramos a medidas legales y judiciales en la defensa del medio ambiente.

Sin embargo, y pese a la importancia e indiscutible utilidad pública de la actuación ciudadana en materia de medio ambiente, no pocas son las trabas con las que nos encontramos a la hora de ejercer las oportunas acciones legales. Desde frecuentísimas denegaciones de información dándonos la callada por respuesta a lo solicitado, exigencias de altísimas fianzas que nos impiden comparecer en procedimientos penales, archivo de denuncias, denegación de la posibilidad de personarnos en procedimientos administrativos sancionadores o autorizatorios, etc.

Para dar una solución a estos problemas, que no son exclusivos del Estado español, se aprobó en 1998 un convenio internacional en el marco de la ONU llamado Convenio sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente, conocido como Convenio de Aarhus por ser ésta la ciudad danesa donde fue firmado. Está en vigor desde 2001 para los países que lo han ratificado (27 por el momento).

Este Convenio promueve una serie de mecanismos para garantizar la participación en los asuntos ambientales, exigiendo la remoción de los obstáculos que la dificulten. Se presenta como la normativa más avanzada en lo que a democracia participativa en materia de medio ambiente se refiere y sus implicaciones, como su propio título refleja, alcanzan al acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, mejorando sustancialmente toda la normativa vigente al respecto.

Desde 1998 Ecologistas en Acción reclamó al Gobierno central la ratificación de este Convenio, sin ningún éxito puesto que la participación ciudadana no se encontraba desde luego entre las prioridades del anterior Gobierno del Partido Popular. Ahora, la nueva titular del Ministerio de Medio Ambiente se ha comprometido a ratificar el texto, a lo que damos bienvenida. Pero, mientras tanto, seguiremos reclamando para que dicha declaración no se quede en papel mojado y el nuevo ejecutivo cumpla con su compromiso. el ecologista, nº 41

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globalización

¿De qué va la globalización capitalista?

Luis González Reyes

Economía productiva y economía financiera A escala planetaria existe una distribución de la producción. La Periferia exporta materias primas y manufacturas intensivas en mano de obra y el Centro productos de alta tecnología, producción inmaterial (como la cultural) y productos alimentarios primarios. Pero los productos de la Periferia han ido bajando de precio paulatinamente, mientras que con los del Centro ha ocurrido lo contrario. El control de los precios se realiza mediante: proteccionismo –de los productos del Centro frente a los de la Periferia–, dumping – venta de un producto por debajo de su precio de producción mediante la subvención o producción a gran escala–, y a través de los monopolios –el más importante es el de la tecnología, sustentado por las patentes–.

Actualmente el dinero que se mueve en bolsa es mucho mayor que el que se mueve mediante la compraventa de mercancías.

En la bolsa se intercambian principalmente moneda –con mucho el mercado más importante–, acciones de empresas, y deuda pública –todos los Estados del mundo funcionan sobre préstamos, que serán a un interés menor cuando más fiable sea el país–. De este modo, las economías ya

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no dependen tanto de cómo vaya su producción, sino de la muy volátil fiabilidad de los Estados para los inversores, y de las posibilidades de los grandes capitales de hacer negocios a costa de cualquier cosa.

Instituciones claves de la globalización - Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM): el objetivo del FMI es conseguir que los países del Periferia sigan pagando su deuda externa y creen las condiciones político-económicas para que las empresas del Centro puedan seguir controlando la producción mundial. Así, el FMI trabaja en coordinación con el BM y plantea las condiciones que debe cumplir un Estado para obtener un crédito del BM o del mismo Fondo. Las dos instituciones están controladas por los países centrales, ya que en ellas el número de votos es función del dinero que se aporta.

- Organización Mundial del Comercio (OMC): su finalidad es promover a escala planetaria la liberalización económica.

En la OMC cualquier Estado miembro o empresa puede denunciar políticas de otro Estado que considere que restringen el libre comercio. La OMC también está controlada por el Centro, aunque las decisiones se tomen por unanimidad, ya que éste hace valer su capacidad de presión y chantaje.

- Organismos regionales: la Unión Europea, y otras organizaciones similares, tienen su razón de ser, por encima de las retóricas, en la búsqueda de un mercado unificado a escala interna, que permita a las multinacionales y gran capital de los países dominantes proyectarse hacia el exterior, con la ganancia de potencia que se deriva de la ampliación de su mercado doméstico.

- Multinacionales: han ganado mucho peso frente a los Estados, no sólo porque tienen el mismo estatuto en organismos como la OMC, sino también porque su capacidad

económica a menudo los rebasa. Además, su interrelación con el poder político los hace indistinguibles en muchos casos.

- Ejércitos: hay que destacar a la OTAN y al ejército de EE UU. Los ejércitos están siendo utilizados para imponer el capitalismo global –allá donde los medios políticos no bastan–, para contener rebeliones –cuando las desigualdades hacen que se terminen produciendo estallidos violentos–, y como valedores de la seguridad para el capital –requisito imprescindible para que el sistema siga funcionando–.

Políticas para hacer posible la globalización - Bajada arancelaria: para que la economía funcione a escala global se está imponiendo una bajada arancelaria en la Periferia –las importaciones en estos Estados no se ven encarecidas por impuestos aduaneros–, pero no así en el Centro. Así las multinacionales se están haciendo con los mercados de la Periferia, destruyendo la economía local.

Además se están aumentando las emisiones de CO2, la construcción de infraestructuras o el sobreempaquetado de los productos para moverlos de un sitio a otro.

ECONOMÍA PRODUCTIVA Y ECONOMÍA FINANCIERA (CIFRAS DE 2001, MILES DE MILLONES DE DÓLARES/DÍA) Transacciones en el mercado cambiario: 700 Producto Interior Bruto mundial: 120 Facturación de las 100 mayores multinacionales: 20 Comercio mundial: 17

Fuente: Atlas de Le Monde Diplomatique

ivimos inmersos en un mundo de crecientes desigualdades que se encamina hacia una crisis ecológica sin precedentes. La principal causa es la actual fase del capitalismo: la globalización, en la cual el principal valor por el que se rige el mundo es el del beneficio económico a corto plazo. Así, desde el poder se han tomado los anhelos de grandes capas de la población de globalizar las relaciones humanas, utilizándolos para desarrollar la cara más brutal del capital. A continuación se describe someramente en que consiste la globalización económica.

- Control de la inflación: responde a la necesidad de que los precios de las cosas se mantengan dentro de unos márgenes previsibles para que funcione el mercado global. Esto se hace aunque se esté destruyendo empleo, por ejemplo.

- Desregulación de mercados financieros, libre circulación de capitales y liberalización de las inversiones: este punto tiene una especial importancia para EE UU, ya que es el Estado más endeudado del planeta. Está financiando su deuda por los flujos financieros que le llegan del exterior, gracias a la desregulación de los mercados financieros y a la libre circulación de capitales. Actualmente se está haciendo especial hincapié en la liberalización de las inversiones. El objetivo es que desde el Centro se pueda invertir y retirar la inversión sin cortapisas, no importando las consecuencias que ello pueda ocasionar.

- Desregulación laboral y ambiental: se justifica aludiendo a la necesidad de que los Estados sean competitivos.

- Impulso de las economías de la Periferia hacia la exportación: se busca que, con el dinero que obtengan, puedan hacer frente al pago de la Deuda Externa. Además, se impulsa la especialización de la producción en pocos productos. Otro aspecto importante es que no se está potenciando la producción de bienes de primera necesidad. Todo esto produce que las economías de la Periferia sean dependientes de cómo se marquen los precios en los países consumidores y que, además, se esté destruyendo la agricultura de subsistencia. Además, hay una fuerte apuesta por la agricultura industrial y la sobreexplotación de los recursos, con todos los problemas ecológicos que acarrea.

- Privatización de todo: se está produciendo una nueva transferencia de riqueza de la ciudadanía hacia las empresas, una mayor dependencia de la Periferia respecto a las multinacionales del Centro, y la gestión, bajo el único objetivo del beneficio, de recursos como el agua o servicios como la sanidad.

- Reducción de gastos sociales y ambientales: ya que no hacen crecer la economía.

- Fomento del consumismo: como motor de la economía a pesar de los problemas ambientales que produce. ¿Qué hacer? Las alternativas pasan por buscar economías basadas en la producción y consumo locales con criterios ambientales y sociales. Pero no sólo eso, también tenemos que buscar un cambio de paradigma en el que nuestros valores rectores sean la solidaridad, la libertad, la relación armónica con el entorno y la fraternidad.

En el siglo XIX Gran Bretaña promovió en el mundo de entonces, compuesto por los imperios coloniales europeos, su estrategia de libre comercio, pues era su principal beneficiaria al tener el mayor desarrollo tecnológico e industrial. Ante ella, las potencias europeas y su antigua colonia, EE UU, se defendieron con el fin de proteger sus incipientes procesos de industrialización y sus áreas de dominio colonial, esto es, sus respectivos mercados.

La necesidad de ampliar estos mercados por parte de las potencias imperiales colisionó generando dos cruentas guerras mundiales en la primera mitad del siglo XX. En 1944, en Bretton Woods, se crea un nuevo orden económico internacional, hegemonizado por EE UU en Occidente, en el que como parte de él se crea el GATT, para ir desmantelando las barreras al libre comercio. Primero, se promovió entre las propias potencias del Norte (EE UU, CEE y Japón), y luego se fue imponiendo por parte de éstas a los países periféricos, muchos de los cuales acababan de salir del dominio colonial.

En esta estrategia colaboran decisivamente el FMI y el BM, sobre todo desde los ochenta, cuando como parte de la gestión del problema de la deuda externa los créditos que conceden a los países del Sur imponen la apertura de sus mercados y su ingreso en el GATT, lo que beneficia claramente a los intereses de las transnacionales del Norte. En 1995, tras la aprobación de la Ronda Uruguay del GATT, se crea la Organización Mundial del Comercio (OMC). Este organismo, que impulsa el libre comercio mundial, tiene un enorme poder, pues aparte de actuar estrechamente con el FMI y el BM para defender los intereses del capital transnacional, dispone de instrumentos para imponer a los Estados miembro (más de 150 de todo el mundo) sus resoluciones, poder del que carecía el GATT. La OMC intenta ampliar su ámbito de actuación a nuevos campos (inversiones, privatización de servicios públicos, mercantilización de bienes comunes, etc.), a pesar de intensas resistencias (Seattle, Cancún). Pero los países centrales están dispuestos a imponer el libre comercio por las buenas (OMC) o por las malas (a través de estrategias de guerra: Iraq, Colombia, etc.). Igual que hacían las potencias europeas en la época del dominio colonial.

‘Libre comercio’: entre la OMC y la guerra Ramón Fernández Durán

Más información sobre globalización: ver El Ecologista nº 39, 38, 36, 34, 32, 28 (monográfico), 25, 21 y 20.

el ecologista, nº 41

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Hacia un feminismo con conciencia ecologista Alicia H. Puleo uede decirse que, hoy por hoy, el ecofeminismo o feminismo ecológico es todavía una corriente minoritaria del feminismo mundial. Su profunda crítica al modelo de desarrollo hegemónico no encaja fácilmente en la agenda del feminismo mayoritario.

En el ámbito del Estado español, el porcentaje de presencia del ecofeminismo en el conjunto del feminismo, en tanto teoría y movimiento social, es aún mucho más escaso. Aunque en los ochenta se hablaba de la posibilidad de un diálogo con el ecologismo, en el siglo XXI estamos todavía en los inicios del contacto entre los dos pensamientos más revolucionarios de nuestra época.

El ecofeminismo no se reduce a una simple voluntad feminista de gestionar mejor los recursos naturales, sino que exige la revisión crítica de una serie de dualismos que subyacen a la persistencia de la desigualdad entre los sexos y a la actual crisis ecológica. Su análisis de las oposiciones naturaleza/cultura, mujer/varón, animal/humano, sentimiento/razón, materia/espíritu, cuerpo/alma ha mostrado el funcionamiento de una jerarquización que desvaloriza a las mujeres, a la Naturaleza, a los animales, a los sentimientos y a lo corporal, legitimando la dominación del varón, autoidentificado con la razón y la cultura. El dominio tecnológico del mundo sería el último avatar de este pensamiento antropocéntrico (que sólo otorga valor a lo humano) y androcéntrico (que tiene por paradigma de lo humano a lo masculino tal como se ha construido social e históri-

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el ecologista, nº 41

camente por exclusión de las mujeres). La negación y el desprecio de los valores del cuidado, relegados a la esfera feminizada de lo doméstico, ha conducido a la humanidad a una carrera suicida de enfrentamientos bélicos y de destrucción del planeta.

Origen de la sensibilidad ecofeminista A estas alturas de la historia del feminismo, ya existen varias corrientes de teoría ecofeminista. Las más recientes, de carácter deconstructivo, suelen autodenominarse feminismo ecológico para distinguirse de las precedentes. Utilizo aquí los términos ecofeminismo y ecofeminista indistintamente para todas ellas. Por razones de espacio, no puedo referirme a sus diferencias conceptuales (1). Me limitaré a señalar el origen de la sensibilidad ecofeminista para entender mejor su situación en el Estado español.

El desarrollo de una conciencia ecofeminista se dio en primer lugar en mujeres de sociedades hiperdesarrolladas preocupadas por su salud, por los riesgos alimentarios originados por pesticidas, fertilizantes, y por los efectos perversos de la excesiva medicalización del cuerpo femenino.

Estas pioneras buscaron una ginecología alternativa y holística. De allí surgió ese extraordinario manual del Colectivo de Mujeres de Boston: Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas.

En el sur de Europa todavía no hemos llegado a un nivel tan alto de desconfianza con respecto a la tecnología y a sus expertos como para que el temor permita ese

cuestionamiento de la sociedad química.

Las campañas feministas que denuncian la vinculación entre el aumento de casos de cáncer de mama y los xenoestrógenos de pesticidas, dioxinas, productos de limpieza, plásticos, pinturas, etc., apenas han tenido eco. El fatalista y cómodo lema “de algo hay que morir” impide la reflexión crítica sobre estos temas a gran parte de un colectivo que, recordemos a modo de síntoma, todavía ve la adicción al tabaco como una conquista de igualdad (según las encuestas, entre los más jóvenes, 31% de fumadoras frente a un 23% de fumadores varones). Aún así, hay que señalar que la versión en castellano, actualizada en el año 2000, de la citada biblia de la salud femenina, estuvo a cargo de colaboradoras de la revista Mujeres y Salud (MYS) de Barcelona.

En el llamado Tercer Mundo, la miseria de las mujeres rurales, perjudicadas por el mal desarrollo basado en pesticidas y monocultivos, la marginación de pueblos indígenas con culturas más respetuosas de la Naturaleza y el activismo ambientalista de chabolistas de algunas megaciudades inspiran a la filósofa altermundialista Vandana Shiva y a la teóloga brasileña de la Liberación Ivone Gebara. Nuestro escenario local carece de estos tintes dramáticos. Se habla poco del infierno tóxico de los invernaderos, reservado a inmigrantes. Tampoco existen culturas ajenas a la tradición judeo-cristiana por lo que el ecofeminismo, en tanto justicia social y visión mística del mundo natural, no tiene una base tan cercana en la que apoyarse.

No obstante, su discurso ha generado aquí

Es necesario unir reivindicaciones feministas y ecologistas. FOTO: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN.

ecofeminismo

importantes grados de solidaridad feminista internacionalista, así como reflexiones de teólogas feministas.

Algunas de las primeras formas del ecofeminismo dieron una explicación biologicista de la guerra y de la crisis ecológica y vieron en las mujeres a las salvadoras del planeta frente a la tecnología destructora masculina. Este esencialismo que no atendía más que a las diferencias entre los sexos, ignorando explicaciones históricas de clase, raza y economía y retornando a la antigua identificación patriarcal entre mujer y Naturaleza, generó un fuerte rechazo en el feminismo del Estado español, orientado mayoritariamente hacia la obtención de la igualdad en el marco de una comprensión feminista socialista de las relaciones entre mujeres y hombres. Identificado con su primera plasmación, el ecofeminismo fue desestimado. Sólo unas pocas nos interesamos por su evolución posterior. Para dar a conocer las nuevas corrientes, mucho más complejas e interesantes, organizamos el Simposio Internacional Feminismo y Ecología que tuvo lugar en la Universidad Complutense de Madrid en marzo de 2001 (2).

Ahora bien, aunque se comprenda que se ha superado la inicial identificación de mujer y Naturaleza, subsiste una objeción feminista a que las mujeres se preocupen por los problemas ambientales: ¿por qué agregar una tarea más a las oprimidas mientras los opresores destruyen alegremente?

Ante esta cuestión, me parecen interesantes las acciones destinadas a integrar políticas de empoderamiento del colectivo femenino con otras orientadas al desarrollo sostenible (3). Si la preocupación por la Naturaleza se canaliza hacia la generación de nuevos yacimientos de empleo, ya no se trataría de apelar al proverbial espíritu de sacrificio femenino.

En la medida en que aumente la conciencia ecológica general, se incrementará el número de ecofeministas. Y el ecologismo ganará espacio entre las mujeres si atiende a su sensibilidad, a sus intereses y a sus aspiraciones de igualdad en la realidad de la militancia actual y en el proyecto futuro de una sociedad que atienda a las necesidades de cuidado propias de los ciclos vitales humanos y no humanos. La meta ha de ser avanzar hacia un feminismo con conciencia ecológica y hacia un ecologismo profundamente igualitario y no androcéntrico. En ambos sentidos nos queda un largo camino por recorrer.

Más información sobre ecofeminismo y ecopacifismo: ver El Ecologista nº 39, 36, 31, 28, 26, 25 y 24.

Antimilitarismo y ecopacifismo José Mª Trillo-Figueroa Calvo Hace más de 25 años del encarcelamiento en el Estado español del primer objetor de conciencia, al que siguieron otros jóvenes que forzaron la regulación del derecho de objeción de conciencia. Más tarde, muchos objetores en torno al Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC, hoy Alternativa Antimilitarista) apostaron por la Insumisión ante la falta de alternativa al militarismo que suponía la Prestación Social Sustitutoria. El alto precio pagado por estos antimilitaristas (hasta 2,5 años de prisión) tuvo su resultado: el Servicio Militar Obligatorio fue abolido.

La lucha anti-OTAN, si bien no ganó el referéndum, sí que evidenció la capacidad movilizadora y la fuerza del movimiento ecopacifista español, alcanzándose unas cuotas de movilización que muchos aún recuerdan. Otras luchas significativas fueron contra la primera guerra de Iraq, que volvió a sacar a miles de personas a la calle, y la guerra de la ex-Yugoslavia. A su vez, la lucha que numerosos colectivos venimos planteando contra las bases norteamericanas en suelo español han venido respaldando año a año estas movilizaciones antimilitaristas y ecopacifistas.

Veinticinco años después del inicio del movimiento ecopacifista, en parte favorecido por las movilizaciones antiglobalización iniciadas en Seattle, Praga o Génova y por la articulación en torno al Foro Social Mundial y el Foro Social Europeo, el ecopacifismo vivió una segunda juventud algo menos articulada pero con una movilización desconocida: las enormes manifestaciones que provocó la invasión de Iraq en 2003 son sin duda un reflejo de esta situación.

Hoy, sin embargo, la guerra parece haberse impuesto como uno de los pilares que sustentan a la globalización que ha colonizado nuestras vidas, las violaciones a los derechos humanos son más flagrantes que nunca y el artículo 140 de la nueva Constitución Europea obliga a los estados a seguir invirtiendo y desarrollando el militarismo con vistas a la construcción de un potente euroejército.

Es por ello que el ecopacifismo conserva todas sus razones de ser y se hace necesario seguir luchando por la abolición de la barbarie. De nuestro esfuerzo depende la convivencia humana en nuestro planeta y el fin de esta tan insostenible y demencial actividad de matarnos entre nosotros.

Notas y referencias 1. Ver PULEO, A. “Feminismo y ecología”, El Ecologista, 31, verano 2002, pp.36-39; de manera más extensa en PULEO, A.,“Del ecofeminismo clásico al deconstructivo: principales corrientes de un pensamiento poco conocido”, en Amorós, Celia (ed.), Historia de la teoría feminista, en prensa.

2. Las ponencias se recogen en CAVANA, M., PULEO, A., SEGURA, C., Mujeres, Ecología, Sociedad, ed.

Almudayna, Madrid, 2004.

3. Así, fruto de un acuerdo de la Consejería de Medio Ambiente y el Instituto de la Mujer de Andalucía, el proyecto Geoda se propone, con las posibilidades y limitaciones propias de lo institucional, investigar, asesorar, sensibilizar, impulsar movimientos ambientales liderados por mujeres, formar y apoyar iniciativas de empleo para las mujeres compatibles con el respeto al medio ambiente.

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consumo

Vivir bien... a costa del planeta y de los pobres uchas veces lo hemos escuchado y lo continuamos oyendo: nunca se ha vivido tan bien como ahora. Abrimos el grifo y disponemos de litros y litros de agua potable, pulsamos un interruptor y la electricidad nos ilumina, friega nuestros platos, lava nuestra ropa, refrigera y cocina nuestros alimentos, convierte nuestra casa en una nevera durante el verano y en un horno durante el invierno, e incluso nos cepilla los dientes. Accionamos una teclita y el mundo, convenientemente formateado para ello, se nos cuela en casa a través de la pantalla del televisor, o del ordenador; presionamos un botón de nuestro teléfono celular y ya podemos hablar hasta con las antípodas, y además adjuntando fotos hechas en ese mismo instante.

Cualquier automóvil nos permite desplazarnos, por una tupida y creciente red de carreteras, a 150 kilómetros por hora.

Si nos parece que así perdemos mucho tiempo en nuestros viajes podemos recorrer cómodamente en avión trayectos tan exóticos como Madrid-Logroño. Y en cuanto el empecinamiento de la topografía y geología peninsulares sea doblegado por el progreso técnico, contaremos con la libertad de cubrir cualquier distancia gracias a trenes de alta velocidad.

¿Y qué decir del ocio? Mucho hemos adelantado durante las últimas décadas en esto de matar el tiempo. Actualmente podemos esquiar en pleno julio en las cercanías de la meseteña ciudad madrileña de Móstoles, pasear entre leones y elefantes africanos en el corazón de Cantabria, o jugar al golf en medio del desierto almeriense. También disponemos de metros y metros cuadrados de superficies comerciales y parques temáticos, abiertos casi a cualquier hora y durante casi todo el año, donde solazarnos en la adquisición de todo aquello que aún no tenemos y en disfrutar con la compra de experiencias excitantes.

Una buena vida insostenible No hay duda. Nunca se hemos vivido tan bien cómo ahora, pero ¿quiénes somos los que vivimos tan bien?

Apenas un 20% de la población mundial, los habitantes de los llamados países desarrollados, somos los que gozamos de tal nivel de vida. El 80% restante esta lejos, a veces muy lejos, de alcanzar ese grado de bienestar. Cada día más de 5.000 niños pobres mueren por falta de agua potable, cada año 850 millones de seres humanos

Nuestra sociedad está aquejada de hiperconsumo. FOTO: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN.

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IMAGEN DE LA CAMPAÑA “DESENMASCAREMOS EL 92”

Pablo Moros

están amenazados por el hambre; millares caminan al amanecer varios kilómetros hasta su lugar de trabajo en el que, bajo condiciones penosas, pasan 12, 16, 18 horas, a cambio de un mísero salario.

Gracias a esta mano de obra barata (competitiva según el lenguaje del mercado) y sin derechos (flexible según el mismo lenguaje), en los países ricos disponemos de materias primas y manufacturas a excelentes precios. Muchos de esos hombres y mujeres sueñan con escapar a ese Norte en el que, a tenor de lo que cuentan las películas de Hollywood, las series de televisión y los anuncios de Coca Cola, la vida es más bella, fácil y cómoda.

También sueñan el Banco Mundial, el FMI, y las multinacionales; pero su sueño es implantar en las naciones pobres planes de desarrollo que les permitan subirse al modelo de consumo occidental, ampliando así el mercado global.

Lo que nadie parece interesado en contar a los desposeídos, y lo que los poderosos se empeñan en ignorar, es que el modelo de progreso y desarrollo occidentales es anta-

Más información sobre consumo: ver El Ecologista nº 39, 32, 31 y 28.

FOTO: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN.

gónico con el mantenimiento de la Biosfera y con la meta de una sociedad igualitaria. El 20% privilegiado es el responsable del 80% de las emisiones de CO2; cada ciudadano de un país rico genera mucho más de 1 kg de residuos domésticos diarios –y casi 50 kg fuera de su casa– y gasta más de 100 litros de agua al día; la industria de las naciones avanzadas produce e introduce en los ecosistemas cientos de sustancias ajenas a la Naturaleza y de cuyos efectos a largo plazo nada sabemos, lo que sí sabemos es que todos nosotros ya portamos parte de ellas en nuestra sangre desde el momento de nuestro nacimiento. La actual riqueza del Norte sólo se mantiene relegando a su antigua condición colonial al Sur empobrecido.

El modelo de buena vida no sólo no puede ser exportado sino que debe ser radicalmente modificado, y pronto. Ningún Gobierno, ninguna empresa, va a emprender esa tarea: sería arrojar piedras contra su propio tejado. El cambio sólo puede arrancar de los ciudadanos de los países ricos, pues sólo ellos tienen aún cierto margen de maniobra.

El ideal actual de bienestar se fundamenta en satisfacer todas las necesidades humanas, materiales e inmateriales, a través de productos y servicios que sólo pueden ser adquiridos en el mercado. La ineficacia de esos satisfactores se manifiesta en los múltiples trastornos sociales, mentales y psicosomáticos que afectan a las sociedades opulentas: obesidad, anorexia, depresión, adicciones, violencia, soledad, aislamiento, insolidaridad, desarraigo, desculturización…

Resulta trascendental definir un nuevo modelo de buena vida basado en principios como la solidaridad, el respeto a la diversidad, la creatividad, el bien común sobre el individual, el fomento de la cooperación sobre la competencia, el amor a la Naturaleza. Tal redefinición implica restaurar un tejido social, hoy muy deteriorado, mediante la autoorganización en redes de ayuda, cooperativas de producción y consumo, grupos de trueque; formas de asociación, en definitiva, que satisfagan simultáneamente y con el menor daño posible a nuestro entorno y a nuestros semejantes, nuestras necesidades materiales e inmateriales. Para que este modelo pueda ser exportable en un futuro, su construcción no puede separarse de la constante tarea de denuncia de la explotación de los desheredados y de la Tierra, y de la reivindicación permanente de una forma diferente de convivir con y en nuestro Planeta.

Trueque Daniel Wagman En 1994 se puso en marcha el primer grupo de trueque en España. Desde entonces hemos visto formarse numerosos grupos, algunos con mejor fortuna que otros, si bien todos han sido experiencias interesantes y en muchos casos han significado un importante revulsivo a la hora de comprender el fracaso del sistema económico actualmente hegemónico y de esbozar algunas ideas sobre cómo ir construyendo alternativas a éste.

Los grupos de trueque representan un intento de potenciar el intercambio entre personas de servicios, bienes o cualquier actividad que tenga valor para aquéllas, pero sin utilizar el dinero, o para ser más exactos, el dinero oficial como el euro. Algunos grupos, como El Foro de Madrid, llevan funcionando ya varios años con gran estabilidad y una importante cantidad de intercambios, aunque quizá el verdadero valor de su actividad sea lo que hemos aprendido a lo largo de todo este decenio.

En primer lugar, nos ayuda a entender que son las personas, no el dinero, quienes satisfacen las necesidades. Incluso en un pequeño grupo de trueque, impresiona comprobar la cantidad de recursos, conocimientos y útiles de que disponemos y que pueden servir a otras personas.

También aprendemos que toda persona tiene algo que ofrecer de utilidad para los demás. Esto parece una obviedad y, sin embargo, es contrario a la lógica del actual sistema: mucha gente tiene capacidades y talentos que no son valorados, y por eso queda excluida de un mercado laboral cuyo único objetivo es maximizar la productividad y el beneficio, no la utilidad social.

En el trueque, yo doy o presto un bien que tengo, o mi tiempo, y en el futuro tú prestarías algo que tienes, o tu trabajo, a otra persona. Normal, ¿no? Sin embargo, también va en contra de la lógica del actual sistema económico, en el que quien presta sus recursos espera cobrar intereses. Este sistema monetario basado en préstamos con intereses quizá sea uno de los principales y a la vez más siniestros rasgos de la actual economía global: implica una transferencia constante de riqueza desde donde hay menos a donde hay más; sea entre personas, sea entre regiones, los bancos y los ricos siempre salen ganado. Y por otro lado, el sistema bancario de intereses implica que la economía tiene que estar en crecimiento continuo, a fin de generar la riqueza necesaria para devolver el préstamo más los intereses.

El trueque también permite que la medida de valor de un intercambio la decidamos nosotros: gestionamos nuestro dinero, es decir, los vales que utilizamos para indicar que se ha realizado un intercambio, y decidimos colectivamente el valor de lo que intercambiamos. Lo que es totalmente contrario al sistema hegemónico, en el que el Estado, y aún más los bancos, crean y gestionan el dinero, y deciden quién puede acceder a él y quién no. Y donde el valor está determinado por una supuesta mano invisible que establece el precio natural del mercado.

Hemos aprendido muchas cosas de los grupos de trueque, y podemos seguir aprendiendo más. Entre otras, el valor de darnos un poco más de confianza a la hora de soñar con otro mundo posible. Decía Antonio Machado que “todo necio confunde valor y precio”. Pues bien, si el trueque nos ayuda a aprender a ser un poco menos necios, aunque sólo sea por ello, merece la pena.

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información ambiental

Periodismo ambiental Joaquín Fernández n mi libro “Periodismo ambiental en España” (Ministerio de Medio Ambiente, 1995) traté de fijar los perfiles de esta especialidad periodística que no es tan novedosa como algunos, con machacona ignorancia, siguen creyendo. Eran momentos de relativa bonanza, en plena resaca de la Cumbre de la Tierra, y no por casualidad, nació en ese mismo año la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA). Sin embargo, ya apuntaba entonces, refiriéndome sobre todo a la prensa escrita, que nunca la información ambiental había ocupado tanto espacio como en los años setenta y primeros ochenta del pasado siglo, tal como puede constatarse en las hemerotecas.

Ejemplifico incluso dicha afirmación con un análisis comparativo del espacio ocupado en los periódicos por la Cumbre de Estocolmo (1972) y la de Río (1992), en el que la primera, al menos cuantitativamente, sale mejor parada.

Los orígenes Dentro del ambicioso proyecto que me he propuesto de recuperar la memoria de la cultura ecológica en España, a partir del siglo XVIII fundamentalmente, publiqué “Dos siglos de periodismo ambiental” (Caja de Ahorros del Mediterráneo, 2001), que ofrece una antología ordenada de informaciones ambientales en la prensa escrita, casi podría decirse que desde sus mismos orígenes. Porque, en efecto, de una u otra manera, tales contenidos han estado siempre presentes en los medios de comunicación, aunque no haya sido

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hasta fechas recientes cuando comenzamos a utilizar expresiones como información o periodismo ambiental. Baste señalar al respecto que las secciones de Higiene, habituales en la prensa del siglo XIX y primera mitad del XX, son un clarísimo antecedente de esta especialidad.

El periódico “La Regencia” informaba en 1878, en su sección de “Inventos útiles”, de los ensayos realizados en la Exposición Universal de París con una cocina solar.

“Los hermosos rayos solares –describe el cronista– se reflejaban en grandes reflectores plateados, que elevaban la temperatura en breves instantes”. Este mismo periódico, por cierto, hizo un seguimiento ejemplar del conflicto que, en 1888, tuvo lugar en las minas de Riotinto (Huelva) cuando obreros y campesinos se lanzaron a la calle para protestar contra los malos humos (se constituyó entonces la Liga Antihumos) que arrasaban su salud y las cosechas.

Digamos que en los primeros años del siglo XX las energías renovables son un asunto recurrente en la prensa. “Alrededor del Mundo”, una magnífica revista de divulgación, contaba en 1909 que un ingenioso labrador había construido una pequeña fábrica combinando las fuerzas del agua y del viento, o que en Francia se habían empezado a utilizar los excrementos de los cerdos para obtener gas.

También se

hizo eco esta revista de la premonición del inventor Hudson Maxim (“no tardará el hombre en inventar un motor que utilice ventajosamente la energía solar”), de un proyecto para instalar una planta solar en El Cairo, y de “un molino para todos los vientos” cuyo diseño se aproxima bastante a los actuales molinos eólicos.

No es menos generosa (y paternalista) la prensa decimonónica con las ONG que hoy diríamos ecológicas o ambientalistas, tales como la Sociedad Protectora de los Animales y las Plantas (1872), Los Amigos del Árbol (1914), o las sociedades montañeras (Peñalara, 1913) que comenzaron a llamar la atención sobre la necesidad de proteger algunos espacios naturales. La creación del parque nacional de Yellowstone (1872), en Estados Unidos, tuvo fiel reflejo en la prensa del momento, incitando a los gobernantes para que siguieran el ejemplo norteamericano.

La información ambiental hoy El ecologismo moderno, que se configura con nuevos bríos a finales de los años sesenta del siglo pasado, determina como es lógico los contenidos mediáticos, de forma y de fondo, hasta llegar a nuestros días en los que podemos dar por normalizada (o casi) la información ambiental, si bien no ha conseguido el estatus preferente de otras especialidades, salvo en contadas ocasiones.

A estas alturas, podemos concluir que la importancia de la información ambiental es directamente proporcional a su capacidad para generar conflicto político (y económico) dentro de los

cauces institucionales y convencionales, véanse los casos de las hoces del Cabriel, del Prestige, del Plan Hidrológico o del Protocolo de Kioto.

Solemos reprocharles a los responsables de los medios de comunicación su profunda y continuada ignorancia sobre estos temas.

Ello es cierto, pero conviene preguntarse por las causas. Por qué el celo informativo hacia otros fenómenos sociales más o menos novedosos (inmigración, violencia doméstica), en los que los medios van incluso por delante de la sociedad, marcando la pauta de lo políticamente correcto, no es tan evidente en el caso que nos ocupa.

Las respuestas podrían ser múltiples, pero acaso la más relevante sea el prejuicio ideológico que suscitan las propuestas y las denuncias ecológicas.

Los medios de comunicación y los propios periodistas son reacios a las críticas sobre las infraestructuras porque, al igual que la mayor parte de la sociedad y de los partidos políticos, consideran que son buenas. La ministra de Fomento declaró a los pocos días de asumir el cargo que apostaría por el tren como una forma de contribuir al cumplimiento del Protocolo de Kioto, pero a continuación señaló que seguirá promoviendo nuevas infraestructuras viarias porque la obra pública siempre ha sido una de las señas de identidad de la izquierda. Algo parecido ocurrió en el debate de investidura de Rodríguez Zapatero, en el que sólo una fuerza política (IU/Los Verdes) pronunció un discurso coherente en este sentido. Cierto es que el portavoz de Esquerra Republicana habló de desarrollo sostenible, pero lo hizo después de reclamar un largo listado de obras para Cataluña. Sin negar avances evidentes, cuando los políticos y los medios de comunicación hablan de desarrollo sostenible/ sostenido no se refieren a otro modelo de desarrollo. Simple y llanamente reclaman más desarrollo. ¿No explica este mismo argumento la desafección social de la cultura ecológica?

Revistas ecologistas José Luis Gª Cano No fue hasta 1977 cuando se puede hablar de revistas ecologistas, entendiendo por tales las publicaciones con difusión comercial realizadas por los grupos ecologistas. En ese año nace Alfalfa: revista de crítica ecológica y alternativas, editada por el colectivo TARA (Tecnologías Autónomas, Radicales y Autogestionadas) radicado en Cataluña. También, en junio del mismo año, el Col·lectiu de Periodistes Ecologistes de Catalunya lanza Userda, una revista elaborada, según reza su primer número, por grupos ecologistas de Barcelona y de las comarcas catalanas. A pesar de coincidir con uno de los momentos álgidos de un movimiento social que apenas acababa de nacer, ambas revistas apenas duran una docena de números.

Sin caer en el desánimo, es en 1979 cuando el movimiento ecologista de todo el Estado español puso en marcha otro proyecto de comunicación: la revista El Ecologista. El primer número aparecía en los quioscos gracias al esfuerzo del Colectivo Tierra y de un importante y dispar grupo de organizaciones y activistas que apoyó su nacimiento, pero que no pudo evitar que la revista dejara de editarse al año de iniciarse su publicación.

Posteriormente, aunque vieron la luz numerosas publicaciones de vida más o menos efímera en coincidencia con la capacidad de los grupos ecologistas que estaban detrás, ninguna de ellas tuvo distribución comercial, hasta la aparición de Gaia en junio de 1993, editada por la Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA). Tras la fundación de Ecologistas en Acción, Gaia cambia de cabecera y recupera la de El Ecologista en el verano de 1999.

Desde ese año, El Ecologista se ha consolidado como una publicación de referencia en la información ambiental en todas sus vertientes, actuando como un elemento impulsor del ecologismo organizado.

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educación ambiental

¿Escaparate publicitario o herramienta para resolver problemas ambientales?

Los inicios: ilusión, frescura, voluntarismo, reivindicación En nuestro país los primeros programas y actividades de educación ambiental se producen en los años 70 coincidiendo con la transición democrática, con una ebullición de movimientos de renovación pedagógica que aportaban una gran dosis de ilusión. Los programas educativos iban ligados al “conocimiento en contacto con la naturaleza”–granjas escuela, itinerarios–, pero también a la reivindicación relacionada con el movimiento antinuclear, la contaminación de los ríos, etc. En definitiva,

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existía una gran dosis de voluntarismo y de “querer cambiar el mundo”.

Una muestra: en las Segundas Jornadas de Educación Ambiental, celebradas en 1987 en Valsaín, la mayor parte de los participantes íbamos con nuestras pegatinas que decían algo así como “No al Mausoleo de la Naturaleza”, en oposición a este gran edificio de educación ambiental –el CENEAM– que se inauguraba y que contrastaba con la carencia de medios con los que se contaba en la mayoría de las comunidades autónomas. Creíamos en la educación ambiental como herramienta de cambio y no nos importaba mostrar nuestra opinión ante las autoridades.

En uno de los discursos de inauguración, Jaume Terradas afirmaba: “me gustaría dejar atrás las definiciones, las declaraciones de principios, la complacencia en lo bien que se lo pasan los niños. Me gustaría que los debates se centrasen en problemas reales, concretos y en cómo superarlos”. Y realmente supusieron para muchos de nosotros y nosotras un momento de reflexión sobre aspectos que hoy siguen vigentes: la necesidad de que la educación ambiental supere el ámbito escolar, que abarque no sólo el medio natural, que se relacione con la gestión, que realmente sea una herramienta de apoyo en la capacitación para la búsqueda de solución a los problemas.

Institucionalización y separación de la gestión Desde 1987, en la perspectiva de los que todavía creemos que es posible un mundo diferente, vemos luces y sombras que intentaré plasmar a la luz de la experiencia de estos últimos años. Hoy en día, casi

todos los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas tienen sus programas de educación ambiental. También hay muchas más empresas, fundaciones, consultings etc. que ofertan servicios de educación ambiental y que prestan servicios a los programas que realizan las instituciones, bajo las directrices de éstas.

En definitiva, en la actualidad, la educación ambiental está muy institucionalizada y la mayoría de los programas se realizan mediante contratos de servicios, convenios o subvenciones con diferentes empresas.

Estas empresas deben cuidar lo que dicen y hacen públicamente, ya que corren el riesgo de que no les renueven la subvención o el convenio de colaboración. Quizá ésta sea la razón por la que, frente a la actitud que antes comentaba de Valsaín, en la inauguración de las Jornadas de Educación Ambiental de Pamplona, ante la presencia de un grupo ecologista que protestaba por la presa de Itoiz, o en las Jornadas de Aragón, ante las protestas por el trasvase y los pantanos, no hubiese ese sentimiento de implicación con los ecologistas allí presentes. Frases como “no es el momento” nos hacían sentir, a una parte, que algo había cambiado en el colectivo de educadores ambientales.

Dicen que un ejemplo vale más que mil palabras. Sin embargo, en la mayoría de las administraciones no se lleva a la práctica lo que predican para el resto, ni siquiera con asuntos tan poco conflictivos como el reciclaje del papel. Sigue sin entenderse la función de la educación ambiental. Por un lado, van los programas de política y gestión ambiental, y por otro, los de educación, sobre todo

FOTO: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN.

esde que en 1972, en la Conferencia de Estocolmo, tuviera lugar el primer reconocimiento internacional sobre la gravedad de los problemas ambientales y se empezara a hablar de la educación ambiental como herramienta de apoyo a la búsqueda de soluciones a los mismos ¿qué ha ocurrido?

Cada vez sabemos más de los problemas ambientales y sus causas. La insostenibilidad de nuestro modelo de vida es reconocida en todos los foros, se asume que la resolución de dichos problemas requiere tener en cuenta instrumentos normativos, técnicos, de planificación y prevención, pero sobre todo, se hace hincapié en el principio de corresponsabilidad. Es decir, aunque todos no tengamos el mismo grado de responsabilidad en la causa de los problemas, se requiere una implicación individual y colectiva en la búsqueda de soluciones.

Sin embargo, todos los informes sobre “la situación del mundo” señalan que “las cosas van a peor” y que por un lado van los discursos y por otro los hechos.

Niños en una actividad educativa en una depuradora.

Olga Conde

FOTO: Mª JESÚS GARCÍA CELMA.

con escolares. Todavía no se asume que se trata de centrarse en problemas concretos, reales y ver cómo superarlos y que en ese marco la educación ambiental tiene instrumentos de información, comunicación, formación, participación, capacitación en el dialogo, consenso, etc. que junto con otros planes de acción pueden ayudar en el camino de la búsqueda de soluciones.

Otro grave problema de la educación ambiental es que, puesto que no hay una titulación ni un perfil establecidos, todo el mundo vale y se le puede pagar cualquier cosa. Esto redunda en falta de cualificación, precariedad laboral y origina una renovación continua de personas, perdiéndose experiencia acumulada, aspectos que repercuten en la calidad de las actuaciones.

Elementos para la reflexión Detrás de cada problema ambiental existe un modelo de producción y consumo respaldado por unos intereses económicos muy fuertes que no van a renunciar fácilmente a sus privilegios. Se necesita romper el circulo vicioso de la impotencia pero para ello hay que ir haciendo posible un pensamiento colectivo en el que “se quiera”, “se vea posible” y “se confíe” en que es posible cambiar los modelos de planificación del territorio, de producción, de consumo. Y ello requiere: • educadores ambientales con formación pero también con ideología, y no sólo desde la teoría sino también desde la acción y la implicación individual y colectiva; • profundizar sobre los conflictos de intereses que existen detrás de cada problema, las causas que los provocan, los intereses que encubren… e intentar que las personas vayamos creando nuestra propia opinión sobre las consecuencias de nuestras decisiones; • recopilar las experiencias innovadoras, aquellas que han supuesto un avance en la resolución de los problemas o en el cambio de actitudes; • crear redes de trabajo colectivo para poner en común, para investigar y para sentirse más fuertes sin desanimarse en el camino; • trabajar en el reconocimiento de la profesión y de la formación necesaria para garantizar la calidad de los programas y unas condiciones laborales dignas.

La educación ambiental sola no resolverá ningún problema ambiental, pero puede ayudar si trabaja junto a otros muchos sectores en la búsqueda de soluciones a los problemas, en la puesta en marcha de nuevos escenarios, y potenciando la necesidad del compromiso individual y colectivo en la acción. De lo contrario, cumplirá un papel de escaparate publicitario.

Participación Francisco Heras Hernández La participación ciudadana se ha revelado como un ingrediente básico para poner en pie mejores respuestas a los retos del medio ambiente y la sostenibilidad. La intervención de la gente permite realizar mejores diagnósticos de los problemas existentes, generar un abanico más amplio de opciones para resolverlos y movilizar un conjunto más amplio de recursos en favor del medio ambiente. Además, los procesos participativos facilitan la colaboración social para que las iniciativas acordadas sean puestas en práctica de forma efectiva.

Sin embargo, las vías institucionales para la participación en materia de medio ambiente siguen mostrando carencias muy notables en España. La variedad de instrumentos y metodologías conocidos para facilitar y dinamizar la participación ciudadana contrasta con el pobre conjunto de opciones que se suelen contemplar en el plano institucional. Pero además, diversos indicadores apuntan que los procedimientos más implantados en la gestión ambiental pública no están funcionando adecuadamente. Entre ellos podemos citar el escaso número de alegaciones presentadas en procedimientos como los periodos de información pública de las evaluaciones de impacto ambiental, o la baja frecuencia de reunión de muchos órganos colegiados de participación.

Lograr una mayor implicación social respecto a las cuestiones socioambientales pasa por facilitar procesos que permitan a la gente aportar la propia creatividad, puntos de vista, conocimientos y recursos, y compartir la responsabilidad de las tomas de decisiones. Pero no debemos olvidar que la participación ciudadana deseada, informada y responsable, requerirá algunos ingredientes básicos: • Información significativa, actualizada, plural y accesible.

• Espacios de encuentro que faciliten el intercambio de ideas, el debate y la reflexión entre sectores con visiones e intereses diversos.

• Vías que aseguren que los resultados de los procesos participativos estarán adecuadamente engarzados en los procesos de toma de decisiones.

• Transparencia en la gestión y justificación pública de los acuerdos adoptados.

Para lograr que la participación no sea un mero trámite formal que se desarrolla al final de los procesos de planificación o de autorizaciones administrativas será necesario: • Facilitar la participación tan pronto como sea posible, cuando todas las opciones están aún abiertas.

• Poner en pie fórmulas concretas de participación adaptadas a los contextos sociales concretos y que compongan un marco justo y transparente para la toma de decisiones.

• Capacitar en materia de comunicación y participación a los equipos encargados de la gestión pública, para que estos aspectos se conviertan en un componente habitual de su trabajo. el ecologista, nº 41

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Simbiosis

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• Incidencia ambiental del Plan Hidrológico Nacional sobre los Humedales, Repercusión sobre laConvención de Ramsar. 2002, 5,00€ • Plan Hidrológico: análisis y propuestas. 2000, 6,00€ • Uso sostenible del agua en la Cuenca del Mediterráneo: una alternativa al trasvase del Ebro. 2000. p. 24, 2,40€ • Jardinería con menos agua. 1999, 3,00€

• Capitalismo (financiero) global y guerra permanente.

Ramón Fdez. Durán, Virus, 2003. 11€ • Globalización capitalista: luchas y resistencias. Virus, 2001, 9,02€

VARIOS • La situación en el Mundo, 2004. World Watch Inst. Icaria y Fuhem. 21€ • Manual de Jardinería Ecológica. Luciano Labajos, Ecologistas en Acción, 2003. 10€ • Con la comida no se juega. Alternativas autogestionadas a la glob. capitalista desde la agroecología y el consumo. D. López y J. Á. López, Traficantes Sueños, 2003, 12€ • Consumo responsable. Antonio Lucena, Talasa, 2003.

11€ • Cuidar la T(t)ierra. Politicas agrarias y alimentarias sostenibles para entra en el Siglo XXI. Jorge Riechmann, Icaria, 2003, 22€ • El sentido de las caracolas. Un viaje de mirada urgente al desastre del Prestige. J.V. Barcia, fotos Juan Yuste.

Lobohombre, 2003, 12€ • Incidencia ambiental del empleo de la biomasa con fines energéticos. Ekologistak Martxan Iruña, 2003. 6€ • La ciudad y los derechos humanos. Rosario del Caz, Pablo Gigosos, Manuel Saravia. Talasa, 2002. 9€ • La situación del mundo 2001. Icaria, 20,28€ • Hacia un desarrollo rural sostenible: desarrollo rural 2001. Asociación Ecos para el desarrollo sostenible. Oviedo: Asociación Cambalache, 2001, 14,40€ • Economía sostenible. Principios, conceptos e instrumentos.

Roberto Bermejo. Bakeaz. 2001, 21,04€ • Rutas del cielo (guía celeste). Miguel Díaz, Desnivel, 13,90€ • Diez mil km a través de África. Javier Pérez de Albéniz, Desnivel, 1990, 12,70€ • El medio ambiente en Madrid: análisis y alternativas ecologistas. Ecologistas en Acción, 1999, 6,01€ • Bilbo: reflexiones para un atlas medioambiental del Bilbao metropolitano. Coord. Iñaki Bárcena, 1998, 6,01€ • Guia europea para la planificación de Agendas 21 locales Nicola Hewitt. Bakeaz 1998, 12,62€

ANTIMILITARISMO

CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA

• Presupuestos para el desarme. M. Renner. Bakeaz, 1996, 5,41€

• Energías renovables en la educación. 2001. p. 96, 3,00€• Cuadernillos de Energías Renovables. 2000. p. 32, 1,80€(versiones en castellano y catalán) • Residuos Nucleares: problemática almacenamiento y transporte. 1996. p. 26, 3,00€

bé tam là Ara cata en

CONTAMINACIÓN Y RESIDUOS

CONTAMINACIÓN y RESIDUOS • Instrumentos económicos para la prevención y el reciclaje de los residuos urbanos. Dolores Romano y Pablo Barrenechea. Bakeaz, 2001. 13,22€

ESPACIOS Y ESPECIES

• La recuperación de la materia orgánica de la basura en la Comunidad de Madrid. 1999. p.10, 1,20€ • Las diferentes instalaciones para el tratamiento y la gestión de los Residuos Urbanos. 1998. p.12, 1,20€ • Propuesta de tratamiento de la Materia Orgánica de los RSU de la Comunidad de Madrid. 1998. p.14, 1,20€ • La incineración de residuos. 1996., p. 52. 3,00€ • Propuesta alternativa para los RSU en Madrid. 1996. p.28, 1,80€

• La regeneración natural del bosque mediterráneo en la Península Ibérica.J Charco, ARBA, 15€ • Deporte y naturaleza. Talasa, 2001, 11,87€ • El libro del Tejo. Un proyecto para su conservación. S. Cortés, F. Vasco y E. Blanco, ARBA 2000, 15€ • Manual para defensa de los caminos tradicionales. H. Villalvilla. Talasa, 2000, 11,87€ • Propagación de especies autóctonas y restauración de la vegetación natural, 1988, 2,40€ • Aves Carroñeras: actas II Congreso Internac. 1997, 9,02€ • Vallados cinegéticos. Coda, 1994, 3,01€

ESPACIOS NATURALES Y ESPECIES • Incidencia de la actividad urbanística e inmobiliaria en la Comunidad de Madrid. 4,00€ • Cuatro años despues. Análisis de la aplicación y desarrollo de la Estrategia Española para la Conservación y el Uso sostenible de la Diversidad Biológica. 2003. p.26, 5€ • Agresiones a las vías pecuarias de la Comunidad de Madrid. 2002. p.15, 3,00€ • Incendios forestales, causas y prevención. 2001. p.36, 6,00€ • En defensa de las vías pecuarias. 2001. p.32, 3,00€ • Manual del árbol en la ciudad. 2001. p.40, 3,00€ • Cuento infantil: Romance del árbol. 2001. p. 16, 1,20€ • Incidencia de las pistas forestales en zonas de montaña. p.20, 1,20€ • Ley de Caza de la Comunidad de Madrid: propuestas para su elaboración. 2000. p.24, 2,40€ • Incidencia social y económica de Espacios Naturales Protegidos sobre poblaciones y entorno. 1999, p.58, 4,80€ • Una propuesta para la limitación del crecimiento urbanístico en la Sierra de Madrid. 1999. p.20, 1,80€ • Introducción de especies y consecuencias ambientales.

1998. p.20, 1,80€ • Situación de los Parques Nacionales. 1998. p.24, 3,00€ • Manual del Plantabosques. 1996. p.14, 1,20€

MONTAÑAS • Excursiones para niños por la Sierra de Madrid. Javier Zarzuela. La Librería, 2003. 17,50€ • Excursiones para los colegios por la provincia de Madrid.

Domingo Pliego, Desnivel, 1991, 9,90€ • Cuerdas rebeldes. Relatos de mujeres alpinistas. Arantza López Marugán, Desnivel, 2001 10,50€ • El territorio del leopardo. Eduardo Martínez de Pisón.

Desnivel, 2000, 12,70€ • Lugares poco recomendables. Javier Pérez de Albeniz, Desnivel, 1998, 9,80€ • El País frágil. La montañas deben sobrevivir. Rosa Fernández, Desnivel, 1996, 9€ • La conservación de los ecosistemas y culturas de montaña.

D. Denniston. Bakeaz, 1996, 5,41€

Cuidar la T(t)ierra. Politicas agrarias y alimentarias sostenibles para entra en el Siglo XXI. Jorge Riechmann, Icaria, 2003, 22€

ÉTICA • Red global: los ordenadores en una sociedad sostenible.

John E. Young. Bakeaz, 1996, 5,41€ • La hora de la partida. Halkane. Bakeaz, 1995, 5,41€ • Discriminación de género: un obstáculo para el desarrollo sostenible. J.L. Jacobson. Bakeaz, 1994, 5,41€

El sentido de las caracolas.

Un viaje de mirada urgente al desastre del Prestige. J.V. Barcia, fotos Juan Yuste.

Lobohombre, 2003, 12€ (socios 8€)

VARIOS • La calidad del aire en la ciudad. Guía para organizaciones ciudadanas. 3,00€ • Acceso a la información ambiental. Guía Práctica.

2003, 3,00€ • Los delitos ecológicos. Guía Práctica. 2002, 3,00€ • Cuadernillos: Transporte y medio ambiente. 2001. p.40, 3,00€ • Conclusiones Cumbre Ecologista Ibérica. 2000, 4,80€ • La OTAN y la limpieza étnica en los Balcanes: efectos ambientales guerra de Yugoslavia. 1999. p. 20, 1,80€

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• Agua, regadío y sostenibilidad en el Sudeste ibérico. Julia Martínez, Miguel Á. Estevez. Bakeaz, 2002, 14€ • Los mercados del agua en Tenerife. Federico Aguilera Klink. Bakeaz, 2002, 9€ • El Plan Hidrológico a debate. P. Arrojo. Bakeaz 2001, 24,04€ • Gestión alternativa del agua en la cuenca del Segura.

Julia Martínez Fernández, 2000, 9,02€ • La eficiencia del agua en las ciudades. A. Estevan y V. Viñuales. Bakeaz, 2000, 15,03€ • Delta Ebro, sistema amenazado. Bakeaz,1999, 7,21€ • De la noria a la bomba. J. Cruces, J.M. Hernández, G. López Sanz y J. Rosell. Ed Bakeaz, 1998, 15,03€ • El embalse de Itoiz, la razón o el poder. Mª J.y J.L. Beaumont, P. Arrojo y E. Bernal. Bakeaz, 1997, 13,82€ • El Genal Apresado; Agua y Planificación. Mª Luisa Gómez.

Bakeaz, 12,62€ • La nueva cultura del agua. F.J.Martinez. Bakeaz, 1997, 7,21€

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• Energías alternativas y tradicionales: sus problemas ambientales. Antonio Lucena. Talasa, 1998, 9,62€ • Revolución en la construcción. Como influyen la salud y la ecología. D.M. Roodman, N. Lerssen. Bakeaz, 5,41€ • Riesgos ambientales para la salud. A. Misch, 1994, 5,41€

REVISTA ECOLOGISTA • Números atrasados, 3,00€ • Colección completa: - nº 1 al 20: 25,00€ - nº 21 al 40: 35,00€

OTROS MATERIALES • Mapa de la Senda Real GR 124, 3,60€ • Mapa Senda de las Merinas, 3,60€ • Video sobre residuos “Basuras: tú eliges”, 6,00€ • Vídeo sobre energía “El sol sale para todos”, 6,00€ • Vídeo sobre “Agrotóxicos”, 6,00€ • Vídeo “Agricultura Ecológica en Cuba”, 9,00€ • Colección 4 postales lince 1,80€ • Juego árboles y arbustos: (Cartas + fichas + cuad. botánico), 9,00€ • Insignias ("pins") 1,20€ • Colgante 5,00€

CAMISETAS/TEXTIL Tallas disponibles: M, L y XL (si no se indica lo contrario) • Camiseta algodón blanca, “Ecología y solidaridad”, 7,20€.

• Camiseta algodón negra, “Antinuclear”, (tallas M, L, XL y XXL) 9,00€ • Camiseta algodón blanca, dibujo “lince” (adulto, sólo tallas M. L y XXL), 9,00€ • Camiseta algodón blanca, “lince” (infantil, sólo tallas 3-4 años, 5-6 y 7-8 años) 7,80€ • Sudadera azul marino con cremallera, “Logo Ecologistas en Acción”, (sólo talla L) 15,00€ • Chubasquero azul marino, “Logo Ecologistas en Acción”, (tallas M, L, XL y XXL), 18,00€ • Bolsa asas algodón, “Peligro Biológico”, 2,40€ • Sudadera clásica azul marino logo Ecologistas en Accion (tallas XL,L,M) 15,00€ • Bufanda-braga (negra, verde oscuro o azul) 4,00€ • Forro polar (tallas S, M, L, XL) 20,00€ • Chaleco reflectante amarillo 6,00€ Camisetas con el Sol de Ecologistas en Acción: • Camisetas manga larga chica bicolor(tallas S,M, L) 12,00€ Colores: azul marino manga/azul celeste cuerpo; burdeos manga/gris cuerpo (sólo M y L); verde manga/naranja cuerpo.

• Camisetas manga corta chico (M, L, XL) 13,00€: Azul (logos y cuello amarillo) y Roja (logos y cuello azul) • Camisetas de tirantes - Tirante fino 9,00€, colores azul (S y L) y amarillo limón (S M L); - Tirante ancho: Logo con libélulas 10,00€: colores blanco y beige (S, M, L y XL), logo liso 9,00€: colores verde oliva (S M L y XL) y beige (S y M).

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Sudadera clásica azul marino 15,00€ Camiseta de tirantes anchos verde (también en talla XL) 9,00€

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