Boletin del Asesor en Derechos Humanos ONU

Boletín del Asesor en Derechos Humanos

ECUADOR

Septiembre 2012

Visita del Relator Especial para el Derecho a la Educación

“La educación no es solo responsabilidad del Estado, sino también una resposabilidad social”

• Primeras observaciones del Relator Especial para el Derecho a la Educación luego de su visita al Ecuador.

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• Programa de Capacitación para el Diseño de Políticas Públicas con Enfoque en Derechos Humanos.

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• La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó la responsabilidad del Estado ecuatoriano por las violaciones de los derechos humanos del pueblo Sarayaku, y ordenó acciones de compensación e indemnización.

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• La OACDH promueve la participación de la sociedad civil en el examen de informes del Estado.

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• El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial felicita al Estado ecuatoriano por presentar su informe completo, y le insta a implementar mayores y mejores acciones con respecto al Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural.

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• Observatorio sobre la Discriminación Racial y Exclusión Étnica.

• OACDH participa en el Quitofest en el marco del Día Internacional de la Juventud.

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El Relator Especial sobre el Derecho a la Educación, señor Kishore Singh (de la India), visitó al Ecuador del 10 al 17 de septiembre.

Durante su visita, se reunió con el Presidente de la República, varios ministros, así como representantes de la sociedad civil, del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. Además, visitó escuelas y colegios tanto en Quito como en Guayaquil y Cayambe.

Como resultado de su visita, el Relator preparará un informe que será presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio de 2013, en el que emitirá recomendaciones para mejorar el sistema educativo ecuatoriano.

Sin embargo, al final de su misión, el Relator adelantó algunas conclusiones, las cuales compartió en una rueda de prensa.

En su declaración, el Relator exhortó al Gobierno del Ecuador y a todos los ecuatorianos a participar activamente en la realización y protección del derecho a la educación en el país. “La educación es un bien público y el Estado nunca debe renunciar a su obligación de mantenerlo como tal”, dijo el señor Singh al finalizar su primera misión en el Ecuador. “Sin embargo, la educación no solo es responsabilidad del Estado, sino también una responsabilidad social”. “La participación activa de todos los sectores de la sociedad civil, incluidos especialmente los docentes, estudiantes, sus padres y comunidades, es vital para la consolidación de un sistema de educación nacional que funcione adecuadamente”, recalcó el experto independiente.

El Relator Especial reconoció los grandes avances en las leyes y políticas públicas relacionadas con la educación en el Ecuador. “La Constitución del 2008 y la última reforma de las leyes de educación han abierto un camino

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Primeras observaciones del Relator Especial para el Derecho a la Educación luego de su visita al Ecuador

Relator Especial en una escuela en Cayambe

sólido para efectivizar el derecho a la educación en el Ecuador, y el país está atravesando un proceso de reformas históricas”. Para el experto de la ONU, los marcos legales sólidos son esenciales, no solo para garantizar un apoyo adecuado y sostenido a la educación pública, sino para poder supervisar de una manera eficiente la educación privada, prevenir abusos y garantizar que el derecho a la educación se respete en toda circunstancia. “El Gobierno del Ecuador, a través de las nuevas leyes y políticas, ha afianzado su rol de liderazgo para garantizar que la educación sea gratuita, y ha enfatizado la importancia de la inversión en la educación como un área prioritaria”, dijo el señor Singh. “Estos son pasos muy importantes que reflejan los estándares internacionales de derechos humanos”.

A pesar de estos avances, el Relator Especial señaló los retos que todavía persisten, tales como infraestructura deficiente, baja calidad de la educación y disparidades en el acceso a la educación. “Las comunidades que viven en la pobreza, los pueblos indígenas y las comunidades afroecuatorianas siguen desatendidas y no se benefician de las oportunidades de una educación completa”.

Boletín del Asesor en Derechos Humanos En este contexto, el experto de la ONU subrayó la importancia de establecer estándares para monitorear y promover una educación de calidad. “Es importante evaluar el desempeño del personal que trabaja en la educación, de los estudiantes y de los profesores, a fin de guiar y afinar las políticas públicas”.

“Los docentes, que son indispensables para proveer una educación de calidad, también tienen que asumir sus responsabilidades”, añadió el señor Singh. “Dada la escasez de docentes calificados, el gobierno debe concebir una estrategia para capacitar progresivamente a los profesores. La profesión de docente tiene que volverse más atractiva y socialmente reconocida”. Asimismo, el experto independiente de la ONU elogió el proceso de reforma de la educación superior, con su enfoque en la adquisición de conocimientos, destrezas y competencias.

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Mandato del Relator Especial: En el cumplimiento de su mandato, el Relator Especial se encarga de realizar visitas a países; responder a la información recibida sobre denuncias de violaciones del derecho a la educación; desarrollar un diálogo constructivo con los gobiernos, la sociedad civil y otros actores relevantes, con el objetivo de identificar soluciones para la aplicación del derecho a la educación así como presentar informes anuales al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las actividades relacionadas con el mandato.

Programa de Capacitación para el Diseño de Políticas Públicas con Enfoque de Derechos En noviembre de 2011, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), impartieron el primer curso de capacitación sobre políticas públicas con enfoque de derechos, dirigido a un grupo de funcionarios públicos. El curso tenía por objeto validar una metodología de capacitación sobre los contenidos de la Guía de Formulación de Políticas Públicas publicadas en Registro Oficial N° 184, de agosto de 2011.

En el marco de las actividades que desarrolla SENPLADES para fortalecer las capacidades de servidores públicos en la formulación de políticas públicas, se previó para el segundo semestre del presente año, un programa de capacitación que incluye cinco cursos inten-

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sivos que tienen por objetivo fortalecer las capacidades de las instituciones rectoras de políticas públicas en la aplicación de la Guía de Formulación de Políticas Públicas, con la finalidad de que cuenten con los insumos técnicos básicos para su mejor aporte en el proceso de actualización del Plan Nacional de Desarrollo y las Agendas de Coordinación Intersectoriales. Los cursos son de carácter obligatorio para las instituciones públicas rectoras de políticas.

A mediados de agosto, SENPLADES realizó un evento de lanzamiento para informar a los servidores públicos sobre las condiciones de participación, el cronograma previsto, el perfil de los participantes y el sistema de seguimiento posterior el curso. El evento contó con la presencia de altas autoridades de SENPLADES e IAEN. A finales de septiembre se realizó el curso de formación de formadores, que permitirá implementar este programa de capacitación.

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Sentencia Corte Interamericana de Derechos Humanos Pueblo Kiwcha Sarayaku vs Ecuador

El 25 de julio de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó al Estado ecuatoriano la sentencia en el caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, en la que determinó la responsabilidad internacional del Estado por no haber realizado una consulta previa, libre e informada, de conformidad con los estándares internacionales, en violación a los derechos del pueblo Sarayaku a la propiedad comunal indígena e identidad cultural, así como por no haberle otorgado una tutela judicial efectiva y por haber puesto en riesgo la vida e integridad personal de sus miembros ante la presencia de explosivos de alto poder en el territorio.

Esta sentencia tiene lugar luego de casi 10 años de recursos legales por parte del pueblo Sarayaku por diversas violaciones de derechos humanos tales como el derecho a la consulta, a la propiedad comunal indígena, a la identidad cultural, a la vida e integridad personal por parte del Estado ecuatoriano.

En 1996, el Estado dió en concesión 200.000 hectáreas a la empresa petrolera argentina

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Compañía General de Combustibles (CGC), siendo gran parte de esta zona territorio ancestral y legal del pueblo Sarayaku. El pueblo Sarayaku no fue consultado y tampoco se cumplió con la realización de los estudios sociales y ambientales correspondientes. A finales de 2002 e inicios de 2003, miembros de las fuerzas armadas y trabajadores de la empresa petrolera ingresaron sin consulta al territorio Sarayaku para hacer trabajos de exploración sísmica. La empresa abrió trochas, introdujo explosivos y deforestó áreas de bosque, incluyendo árboles y plantas de valor sagrado y cultural para la comunidad. En diciembre de 2003 la Asociación del Pueblo Kichwa de Sarayaku (Tayjasaruta), el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) y el Centro por la Justicia y Derechos Internacional (CEJIL) presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por presuntas violaciones a los derechos a la vida, integridad personal, derechos a la propiedad, relacionados con el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, derechos al debido proceso y a las garantías procesales. Desde julio de 2004, y

Boletín del Asesor en Derechos Humanos a solicitud de la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ordenó medidas provisionales a favor del pueblo Sarayaku. El 26 de abril de 2010, la CIDH presentó ante la corte la demanda contra el Estado ecuatoriano. Como parte del proceso, la corte, encabezada por su presidente, efectuó en abril de 2012, por primera vez en su historia de práctica judicial, una diligencia en el lugar de los hechos.

Según el fallo de la Corte Interamericana, el Estado ecuatoriano es responsable por la violación a los derechos a la consulta, a la propiedad comunal indígena y a la identidad cultural en perjuicio del pueblo indígena Sarayaku (arts. 21, 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos) por haber permitido que una empresa petrolera privada realizara actividades de exploración petrolera en su territorio desde finales de los años 90, sin haberles consultado previamente. Además, el Estado fue declarado responsable por haber puesto gravemente en riesgo los derechos a la vida e integridad personal (arts. 4.1 y 5.1 del mismo tratado), en relación con la obligación de garantizar el derecho a la propiedad comunal (arts. 1.1 y 21 del mismo tratado). Asimismo, el Estado fue declarado responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial (arts.

8.1 y 25 del mismo tratado) en perjuicio del pueblo Sarayaku.

Como parte de su sentencia, la corte ordenó la adopción de diversas medidas de restitución, satisfacción, garantías de no repetición, compensaciones e indemnizaciones: a) neutralizar, desactivar y, en su caso, retirar 1.400 kilos de explosivos (pentolita) en superficie y enterrada en el territorio del pueblo Sarayaku; b) consultar al pueblo Sarayaku de forma previa, adecuada, efectiva y de plena conformidad con los estándares internacionales aplicables a la materia, en el eventual caso de

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que se pretenda realizar alguna actividad o proyecto de extracción de recursos naturales en su territorio, o plan de inversión o desarrollo de cualquier otra índole que implique potenciales afectaciones a su territorio; c) adoptar las medidas legislativas, administrativas o de otra índole que sean necesarias para poner plenamente en marcha y hacer efectivo, en un plazo razonable, el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas y tribales y modificar aquellas que impidan su pleno y libre ejercicio, para lo cual se debe asegurar la participación de las propias comunidades; d) implementar, en un plazo razonable y con la respectiva disposición presupuestaria, programas o cursos obligatorios que contemplen módulos sobre los estándares nacionales e internacionales en derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, dirigidos a funcionarios militares, policiales y judiciales, así como a otros cuyas funciones involucren relacionamiento con pueblos indígenas; e) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso; f) realizar publicaciones de la sentencia; y g) pagar las cantidades fijadas por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, y por el reintegro de costas y gastos que en total suman 1 millón 400 mil dólares.

Lea la sentencia aquí

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Ecuador presentó en agosto su informe de país ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD). En noviembre de 2012 presentará su informe ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC). Los comités se reúnen en Ginebra para examinar los informes sobre el respeto a las obligaciones asumidas en los tratados respectivos (Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y expresan sus preocupaciones y recomendaciones. Como parte del proceso preparatorio, la sociedad civil, como actor no gubernamental, desempeña también un papel importante. En este sentido, los comités instan a las organizaciones de la sociedad civil a enviar información adicional con el fin de disponer de una visión más amplia de la situación de derechos humanos en el país.

En junio de 2012, la OACDH organizó un taller interactivo sobre el trabajo que realizan los comités y su relación con las organizaciones de la sociedad civil. En el evento participaron 24 organizaciones de la sociedad civil provenientes de distintas provincias, y que trabajan con la población en diversos temas, tales como derechos de los refugiados, derechos colectivos de los pueblos afroecuatoriano e indígena, comunidades GLBTI, derechos de niños y niñas; así como en temas medioambientales, soberanía alimentaria y, en general, control de la vigencia de los derechos humanos.

La jornada tuvo como objetivo brindar conocimientos y desarrollar habilidades para elaborar informes alternativos conforme a los criterios establecidos por los comités. Se realizó una videoconferencia con funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ginebra que apoyan

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La OACDH promueve la participación de la sociedad civil en el examen de informes del Estado

el trabajo del CERD. Se hizo énfasis en el rol de la sociedad civil durante el proceso de examen del informe de Estado. Roció Barahona Riera, miembro del CDESC, participó en el evento y explicó el papel de los 18 miembros independientes del comité a la hora de examinar el informe del Estado, así como sobre el tipo de información que el comité espera en los informes alternativos presentados por la sociedad civil.

Roberto Narváez, de la Fundación Pachamama, presentó la experiencia de su organización en el envío de insumos a los comités y resaltó la importancia de la participación de todas las organizaciones de la sociedad civil en este proceso.

También se realizó un ejercicio en grupos de trabajo sobre la redacción de informes alternativos, que permitió a los participantes analizar los tratados de derechos humanos e identificar las problemáticas más importantes en su implementación en Ecuador.

Los informes sometidos por las organizaciones locales e internacionales pueden ser consultados en las páginas web del CERD y del CDESC. El 8 de agosto, el CERD finalizó el examen del informe de Ecuador. Durante el debate, los expertos felicitaron a Ecuador por la presentación de un documento completo

y su compromiso de tomar en cuenta en su legislación las recomendaciones y observaciones finales del comité. Se preguntó a la delegación sobre la discriminación que enfrentan los afroecuatorianos, el racismo en los medios de comunicación, la identidad del pueblo montubio y la reparación a los grupos indígenas que perdieron sus casas cuando empresas extrajeron petróleo en sus territorios.

También se discutió acerca del sistema de educación bilingüe, la condición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y los violentos enfrentamientos entre manifestantes y la policía.

En las observaciones finales, entre los aspectos positivos, el comité destacó la definición del Estado ecuatoriano como intercultural y plurinacional; el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y protección del medioambiente; así como la Ley Orgánica de Educación Intercultural 2011. Además, el Comité acogió con beneplácito la garantía de los derechos individuales y colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y el firme compromiso reiterado por el Estado parte para cumplir con la sentencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku.

Por otro lado, el comité ha presentado sus preocupaciones al Estado en cuanto al Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural, debido a la escasa participación de representantes de los pueblos y nacionalidades en su elaboración y por la insuficiente difusión de este Plan en zonas apartadas donde persisten situaciones de discriminación racial. Igualmente, el comité realizó varias recomendaciones e

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instó al Estado ecuatoriano adoptar medidas especiales en cuanto a ecuatorianos de origen romaní, refugiados colombianos, trabajadores migrantes y a la lucha contra la discriminación racial en los medios de comunicación.

El comité mostró preocupación por la ausencia de la implementación sistemática y reglamentada de la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas frente a la ejecución de la extracción de recursos naturales u otras cuestiones que les afecten en relación a proyectos extractivos. Además, el comité expresó su preocupación acerca de la ausencia de casos de delitos vinculados a la discriminación racial en los tribunales nacionales; la paralización del anteproyecto de ley de coordinación y cooperación entre la justicia indígena y la ordinaria en la Asamblea Nacional; y, la persistencia de la pobreza, marginalidad y discriminación de los afroecuatorianos y montubios en el goce de los derechos reconocidos por la convención, incluyendo el acceso a los servicios básicos, la educación, el empleo y la ocupación de cargos públicos.

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Observatorio sobre Discriminación El Asesor en Derechos Humanos y el Observatorio sobre Discriminación Racial y Exclusión Étnica de Ecuador (integrado por La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO y el Instituto de Altos Estudios Nacionales - IAEN), empezaron en agosto de 2012 el proyecto “Vigilando el racismo: Seguimiento crítico comunitario a las políticas públicas antidiscriminatorias en Ecuador” que, con fondos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, será implementado hasta diciembre de 2012.

Este proyecto responde a la persistencia de la discriminación histórica y estructural hacia los diferentes colectivos y en diversos niveles de la sociedad, así como a la necesidad de redoblar esfuerzos para hacer realidad los cambios planteados en la Constitución de 2008, que define al Ecuador como un Estado Plurinacional e Intercultural.

En aplicación del modelo plurinacional e intercultural del Estado, en 2009 se expidió el Decreto 60, donde se declara como política pública del Estado el Plan Plurinacional contra el Racismo y la Exclusión Étnico-Racial (2009-2012).

Este plan exige el impulso de acciones institucionales clave en materia de combate al racismo, fomento de la inclusión social, reducción de la pobreza y acciones afirmativas para los pueblos y nacionalidades históricamente discriminadas.

Se precisa que uno de los mecanismos de monitoreo y evaluación de las políticas públicas contra el racismo será la construcción de un Observatorio sobre Discriminación Racial, entendido como “una red interinstitucional de la sociedad civil, basada en el interés de observar las acciones, omisiones y violaciones de parte del Estado respecto a la eliminación de cualquier forma de discriminación racial y exclusión étnica y cultural”. Con estos antecedentes, el proyecto tiene como propósito impulsar, en el ámbito local de las comunidades afrodescendientes e indígenas,

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prácticas comunitarias de observación crítica a la implementación de las políticas públicas contra el racismo y la discriminación racial.

Para lograr este objetivo, se busca generar un mayor conocimiento de los derechos humanos, del derecho a la no discriminación y de las políticas públicas antidiscriminatorias en el Ecuador, e impulsar en las comunidades las demandas de cumplimiento de las políticas públicas antirracistas.

En síntesis, el proyecto comprende: (1) creación de cuatro grupos comunitarios de monitoreo del racismo y la implementación de talleres de formación sobre derechos humanos, derechos colectivos y políticas públicas; (2) realización de talleres de observación de la implementación de las políticas públicas antidiscriminatorias; (3) realización de un taller nacional con los cuatro grupos comunitarios, para sistematizar los informes sobre avances de las políticas públicas antirracistas; (4) elaboración de un informe final que servirá como herramienta de incidencia política en Ecuador y como insumo para los informes sobre de cumplimiento de Durban, Convenio 169 de la OIT, CERD, etc. y (5) realización de un encuentro nacional sobre políticas públicas antidiscriminatorias con actores estatales, donde se presenten y debatan los resultados de la observación. Para crear los cuatro grupos comunitarios se colaborará con: • La Organización Proceso Afroamérica XXI (Guayaquil) • La Organización Comarca Afroecuatoriana del Norte de Esmeraldas (CANE) (San Lorenzo) • Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo de los pueblos de la Nación Puruway (COMICH) (Riobamba) • La Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE) (Puyo)

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Participación de la OACDH en el Quitofest Los días 10, 11 y 12 de agosto se llevó a cabo la d������������������������������������������� é������������������������������������������ cima edición del festival de música alternativa Quitofest. 24 bandas nacionales, 6 internacionales y alrededor de 80 mil personas se dieron cita durante los tres d�������������������� í������������������� as en el parque Itchimbía. Como en años anteriores, el Sistema de las Naciones Unidas estuvo presente con información sobre temas claves para la juventud. © OACDH ECUADOR

Durante el festival, la OACDH promovió los derechos humanos mediante la entrega de folletos de bolsillo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como actividades interactivas con preguntas sobre derechos humanos.

Esta actividad sirvió para dar a conocer información específica sobre los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, reconocidos en la Constitución, y los instrumentos internacionales de derechos humanos. En el Ecuador, estos derechos incluyen el reconocimiento a la identidad cultural, derecho a la participación, propiedad, educación bilingüe, entre otros.

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Igualmente, las otras presencias de las Naciones Unidas que estuvieron presentes ofrecieron información a los jóvenes y promovieron lúdicamente la comprensión de temas centrales de su mandato, tales como el empoderamiento de las mujeres, el trabajo alrededor del conocimiento del VIH/SIDA, la salud sexual y reproductiva, la seguridad alimentaria, el voluntariado y la promoción de los derechos humanos.

El Sistema de las Naciones Unidas ve en el Quitofest un espacio significativo que reúne a cientos de jóvenes y brinda la oportunidad de compartir un diálogo franco y directo y al mismo tiempo fortalecer los lazos con este grupo específico de la sociedad. Este año el evento coincidió con el Día Internacional de la Juventud y bajo el lema “Soy joven, mi rock es participar” las Naciones Unidas resaltó la importancia de compartir y mejorar los espacios de comunicación con los jóvenes.

En el marco del Día Internacional de la Juventud, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, subrayó que un gran número de jóvenes carece de perspectivas inmediatas y no pueden participar en los procesos políticos, sociales y de desarrollo de sus países. En este mismo sentido, alentó crear medidas urgentes para beneficio de la juventud, así como mayores mecanismos de integración donde la presencia y voces juveniles se consideren de forma significativa.

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