TD-08

• “El sistema público de Registro de la

Propiedad y el proceso de modernización”

Jorge Enrique Baquerizo González

• Tengo miedo...

María Rosa Fabara

• Plataforma tecnológica de desarrollo regional en ciencia y tecnología: una estrategia convergente de esfuerzos hacia el futuro

Pedro Montalvo Carrera

• La lectura herramienta insustituible para el ejercicio profesional

Oswaldo Paz y Miño Jaramillo

• ¿Quién debe asumir los costos de los servicios financieros?

Hugo Villacrés Endara

• Deben o no calificar el recurso de casación los mismos jueces de la Corte Provincial que emiten la sentencia apelada…

Marcelo Yépez Proaño

Año I Número 8 Agosto 2009

ditorial Afortunadamente, los temores que han venido provocando las circunstancias económicas nacionales e internacionales, algunas medidas del gobierno y los comentarios de muchos editorialistas, no se cumplen. ¿Qué sucede? ¿Es que no eran para tanto? ¿O es que nos hemos fortalecido en otras áreas (SRI) y los manejos de la caja fiscal no son tan irresponsables?

La inversión en el campo social es la más grande en la historia del país (en lo que a porcentajes se refiere, que es lo que cuenta).

Y los espectáculos de Larrea, Chauvin y Fabricio no cobran todo el peso que deberían.

Y el gobierno se da el lujo de mantener la pelea con el vecino, amigo de toda la vida: Colombia.

El verbo del Señor Presidente crece y la prensa patalea más fuerte y sin el impacto que debería.

La situación es, por decir lo menos, curiosa.

Jorge Baquerizo González analiza con prolijidad las falencias y necesidades de los registros en general, del de la propiedad en particular. Plantea esquemas y soluciones que ojalá pronto se implantaran en nuestro Ecuador.

María Rosa Fabara ensaya la influencia del miedo en el desempeño de la profesión de abogado.

Cuestionando, nos hace reflexionar.

Pedro Montalvo Carrera comenta la dinámica de cambio profundo impulsada por el Gobierno Nacional a través de la SENACYT con estrategias de gestión del conocimiento científico y tecnológico del país.

El tema de la educación, de la libertad, de los valores de la democracia los asocia, el Doctor Oswaldo Paz y Miño, con la indispensable necesidad de fortalecerlos con la cultura, específicamente con la lectura.

Hugo Villacrés Endara analiza, al centavo, el impacto de la revisión de los precios de los servicios financieros. Concluye, con lógica, recordando el slogan de que “ahora le toca al pueblo”.

Marcelo Yépez Proaño contribuye con claridad al debate de las autoridades de la casación, instancia definitiva y por lo tanto importantísima que merece espacio en nuestra publicación.

Muy atentamente, Manuel Mejía Dalmau mmejia@corpmyl.com Presidente CORPORACIÓN MYL www.corpmyl.com

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la

irección TRIBUNA DEMOCRÁTICA es una sección de NOVEDADES JURÍDICAS que incorpora el pensamiento de importantes intelectuales del país, con el objeto de ilustrar a nuestros lectores sobre temas de variada naturaleza y contribuir al crecimiento de nuestro querido Ecuador.

Director:

Ernesto Albán Gómez

Comité Editorial:

Manuel Mejía D. Eugenia Silva G. Patricia Solano Andrés Tobar

Arte, diseño e impresión:

IMPRESORES MYL

Dirección y Suscripciones: Ambato: Av de Los Capulíes s/n y Las Delicias Sector Ficoa PBX: 242-4245 Guayaquil: Circunvalación Sur 504 y Ébanos PBX: 238-7265 Quito: Los Cipreses N65-149 y Los Eucaliptos PBX: 248-0800 www.edicioneslegales.com novedadesjuridicas@corpmyl.com Las colaboraciones y artículos publicados son responsabilidad exclusiva de sus autores y no comprometen a la revista o a sus editores.

Se permite la reproducción total o parcial de esta revista, con la autorización escrita de NOVEDADES JURÍDICAS. Registro: ISSN No. 13902539

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Estimado Sr. Manuel Mejía Dalmau Aprovecho la oportunidad para expresarle mis más cordiales saludos, manifiesto: Sobre los criterios del Dr. Fernando Moreno Almeida, “El derecho penal y otras cosas profanas”, en cuanto: “La justicia es limitada y no es posible conseguir el Estado ideal”, me permito sugerir que en nuestro convulsionado país debemos conversar, debatir y crear el diálogo para el cambio, sin caer en propuestas demagógicas. Ahora bien, el marcado y justificado silencio social, estimo obedece a una carencia de voz y de actitud en los ciudadanos para reclamar lo justo. Sobre el Estado Ideal, debemos construir nuestro propio futuro, ¿Singapur, acaso no es un ejemplo de tolerancia y de desarrollo sustentable en el mundo?. Sobre las consideraciones del Dr. Luis Fernando Torres, “En la ruta del socialismo mercantilista”, corroboro con su criterio y solo agrego que la administración del Ec. Correa, pretende gobernar el país con decretos ejecutivos, dejando a un lado el Estado Constitucional y fomentando su propio Estado Presidencial, o quien sabe reformulando la intrépida doctrina del Crnel. Gutiérrez con su “Dictaduracracia”. Finalmente sobre lo expuesto por el Dr. Gerardo Javier Villacreces Carbo, en “Está seguro de presentar su declaración patrimonial?, me pregunto ¿Qué gana el Estado, si sobre la declaración patrimonial no se cubre el pago del impuesto al patrimonio por no haberlo?. Más interrogantes, más argumentos que esgrimir e intenciones que explorar, y no salimos de solucionar nuestros problemas sociales.

Pablo Javier Barragán Ordóñez Loja

Señores: Luego de mi ausencia por estudios, he retomado el contacto con Novedades Jurídicas, encontrándola con un diseño dinámico. La incorporación de la importante sección Tribuna Democrática que distingue aportes de otros profesionales, refleja la realidad de nuestro país, esto es óptimo para quienes debemos aplicar el derecho diariamente.

Atentamente, Edgar Hidalgo Puente

“El sistema público de Registro de la Propiedad y el proceso de modernización” • Jorge Enrique Baquerizo González

Registrador de la Propiedad de Machala (Del 25 de agosto de 2004 hasta la actualidad). ABOGADO de los Tribunales y Juzgados de la República, Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Laica “Vicente Rocafuerte” de Guayaquil (1.979). DIPLOMADO en Derecho Constitucional. DIPLOMADO en Derecho Notarial y Registral. ESPECIALISTA en Procedimientos Constitucionales. Diplomado en Derecho Constitucional y Derechos Constitucionales; Primer Curso de Derecho Registral Profundizado organizado por el Instituto Superior de Registración y Publicidad Inmobiliaria del Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires y el Registro Mercantil de Guayaquil; I Foro Internacional de Derecho Registral , Villa Carlos Paz, Córdoba-Argentina; Seminario Taller Nacional de Modernización de los Registros de la Propiedad y Mercantil ; XVIII Congreso Latinoamericano de Derecho Penal y Criminología, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia (Bogotá); Diplomado en Derecho Notarial y Registral organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de La HabanaCUBA; Especialista en Procedimientos Constitucionales, Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil.

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a partida de nacimiento de los Registros de la Propiedad en nuestro país lo constituye el “Reglamento de Registro de Inscripciones” expedido el 29 de julio de 1.869 por la Convención Nacional, que sirvió a los “Anotadores” (Secretarios de los Cabildos y precursores Registradores) como verdadera herramienta jurídica para la actividad registral, luego de haber nacido como Estado en 1.830. Dicho reglamento a su vez, derogó las normas concernientes a esa actividad, que databan de la época de la Gran Colombia de 1.826.

Recién en 1.928, mediante Decreto Supremo No. 261 expedido el 6 de octubre, la entonces denominada “Oficina de Hipotecas” pasó a llamarse como hasta ahora Registro de la Propiedad, además de separar las funciones e independizarlas, vinculando a su titular a la Función Judicial.

La Ley de Registro fue promulgada el 28 de octubre de 1.966 mediante Decreto Supremo No. 1405 publicado en el registro oficial No. 150 y posteriormente se declaró su vigencia mediante Decreto Legislativo No. 000 publicado en el registro oficial 136 del 28 de febrero de 1.980, en la presidencia del Sr. Clemente Yerovi Indaburu.

Hasta la presente fecha, luego de más de 40 años no ha tenido ninguna reforma y sus disposiciones han quedado anacrónicas, considerando particularmente que, los registros de la propiedad y mercantil son entidades que centran sus actividades en el ámbito inmobiliario que constantemente evoluciona y se desenvuelven mediante la utilización de la tecnología que a la época no se imaginaba siquiera.

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El Registro de la Propiedad es el órgano autónomo del poder público al que le está atribuida la potestad -entre otras varias- de publicitar la titularidad y condiciones del dominio de los bienes inmuebles y de los demás actos jurídicos a su cargo.

No obstante de la necesidad de una variante trascendental acorde a la implementación de sistemas modernos que vienen aplicándose universalmente y muy particularmente en Latinoamérica, la Asamblea Constituyente de Montecristi realizó un cambio tan admirable como inexplicable dentro del campo del Derecho Registral, al incorporar un solo artículo, el 265 de la Constitución que dispone que: “El sistema público de registro de la propiedad será administrado de manera concurrente entre el Ejecutivo y las municipalidades” .

El Registro de la Propiedad en otros países, tanto europeos como sudamericanos, es un registro eminentemente jurídico porque lo que allí se inscribe produce efectos erga omnes, es decir, que lo inscrito se lo presume conocido por todos y debe ser respetado igualmente. Los efectos del registro jurídico involucran a todos, al mismo Estado y a los particulares. Con el cambio constitucional se pretende ubicar a los registros de la propiedad como meros archivos de documentos, esto es, como registros de hechos o administrativos, por lo que a mi criterio, en lugar de evolucionar estaríamos involucionando, dando un salto pero hacia atrás, al siglo XIX. Sin embargo, gracias al Proyecto de Modernización Registral diseñado en Guayaquil y que ha sido replicado con éxito en más de cincuenta y cinco cantones a nivel nacional, se ha desarrollado un sistema denominado SIRE (Sistema de Información Registral de Apoyo para los Registros de la Propiedad y Mercantiles del Ecuador) que busca lograr que todos los registros ecuatorianos, en el menor tiempo posible, nivelen sus sistemas informáticos que permitan alcanzar los límites de modernización y cuando sea factible, conectarse informáticamente con los catastros municipales de sus respectivas jurisdicciones cantonales.

Lo que se pretende con esta implementación a nivel nacional es, la creación y utilización del folio real electrónico y yendo más allá, a establecer un Sistema Nacional Interconectado de los Registros de la Propiedad del Ecuador, para lo cual es necesario que se institucionalice el referido proyecto modernizador.

A la Asamblea Constituyente de Montecristi acudió el Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad y Mercantil y no sólo se entrevistó con los integrantes de las diferentes mesas de trabajo involucradas con el tema, sino que dejó planteadas las propuestas relacionadas con la modernización de la institución, dentro del marco del proyecto aludido, sugiriendo entre otras cosas: 1.- La creación de un verdadero SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO DE REGISTROS INMOBILIARIOS Y MERCANTILES que permita obtener la información jurídica registral sin necesidad de viajar al cantón en el que se encuentra ubicado el inmueble; 2.- La creación del denominado FOLIO REAL, que es un documento que contiene la identificación de cada predio con su ubicación geográfica, linderos, dimensiones, superficie, etc., más los movimientos registrales e información jurídica existente;

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3.- Que los catastros municipales establezcan una coordinación obligatoria de la información física con la que reposa en los archivos de los registros, esto es, un enlace informático como el que existe en la ciudad de Guayaquil; 4.- La computarización y sistematización de los registros debe ser una obligación a nivel nacional, más aún en aquellos cantones de baja densidad poblacional, donde sería más fácil el ingreso masivo de información proveniente de sus archivos; 5.- Los registros deberán establecer un sistema informático unificado a nivel nacional; 6.- Que se cree una carrera registral que garantice la estabilidad de los que laboran en dichas dependencias, evitando la improvisación que tanto mal ha causado en la administración pública; 7.- Mantener la independencia del Registrador de la Propiedad en sus funciones, muy necesaria para hacer efectiva las responsabilidades civiles, penales y administrativas, que precisamente permiten la seguridad jurídica de sus actuaciones, principalmente en el caso de las inscripciones y certificaciones que otorgan.

8.- Para conseguir un desarrollo integral y equilibrado de los registros públicos, es preciso que se fije un procedimiento que permita que los registros de ciudades grandes, además de garantizar su autogestión y desarrollo, cooperen con asistencia técnica para conseguir igual desarrollo en los registros considerados pequeños.

Cabe agregar que, gracias al Convenio suscrito entre el Colegio de Registradores del Ecuador con el Colegio de Registradores de España, se está confeccionando -en forma conjunta- un Portal de Internet que permitirá tanto a los emigrantes como a los ecuatorianos que viven en el país, ingresar a cualquiera de los registros de la propiedad y solicitar y obtener en forma directa e inmediata toda la información que requieran sobre un inmueble determinado.

Lastimosamente las sugerencias descritas no tuvieron acogida en los asambleístas de las mesas respectivas y finalmente lo que se incluyó en el texto constitucional es muy pobre en materia jurídica y peor aún, contradice la corriente imperante en los países de nuestro continente, para no citar a los europeos, donde los registros de la propiedad mantienen una autonomía que se traduce en seguridad jurídica y que han logrado un alto índice de modernización que beneficia al usuario común, sin dejar de lado a los organismos de control como es el caso de la Superintendencia del Notariado y los Registros Públicos que desde hace décadas tienen países como Colombia, Perú, Chile, etc.

En Colombia por ejemplo, el Decreto 2158 de 1.992, en su Art. 27 establece que las oficinas de Registro son dependencias de la Superintendencia del Notariado y Registro pero autónomas en el ejercicio de la función registral. Lo expresado significa que dependen administrativamente de la Superintendencia pero gozan de cierta independencia en las funciones inherentes al Registro de la Propiedad, tal como ocurre con la inscripción de documentos, su inadmisión, expedición de certifica-

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dos, etc., lo cual no está garantizado en el momento en que su administración sea ligada a un municipio.

Considero que el marco jurídico que rige a los registros públicos ecuatorianos y en particular la obsoleta ley de registro debe ser reformada, armonizándola con otras disposiciones legales dispersas en leyes como la de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas, de la Contraloría General del Estado, de Seguridad Nacional, Código Tributario, etc., para dejarla a tono con la dinámica social, económica y tecnológica que la transformen en un auténtico instrumento de apoyo para el desarrollo del país.

Debe convertirse en política de Estado la modernización de los registros, adoptando el folio real de manera obligatoria y no voluntaria como se lo hecho hasta ahora y en cuanto al Registrador como funcionario público, debe ser capacitado en las facultades de Jurisprudencia, donde habría que considerarse la inclusión del Derecho Registral como una materia más, pues sólo de esa manera se evitaría la improvisación, entendiendo que no se trata de un simple anotador sino de un profesional del Derecho que tiene la potestad de calificar los actos y contratos que ingresan para el registro y que pueden ser rechazados sino cumplen con los requisitos legales que la ley contempla.

“El Registro de la Propiedad en otros países, tanto europeos como sudamericanos, es un registro eminentemente jurídico porque lo que allí se inscribe produce efectos erga omnes, es decir, que lo inscrito se lo presume conocido por todos y debe ser respetado igualmente. Los efectos del registro jurídico involucran a todos, al mismo Estado y a los particulares”.

Nota: Los editoriales se publican en orden alfabético de los colaboradores.

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Tengo miedo…

• María Rosa Fabara

Educación: Pontifica Universidad Católica del Ecuador (Doctora en Jurisprudencia). Universidad de Nuevo México (Gerencia de Personal) Experiencia: Fabara & Compañía, desde 2003; Presidenta de la Federación de Cámaras Binacionales del Ecuador – FECABE, 2009-2011; Cámara Ecuatoriana Colombiana de Comercio e Industrias del Ecuador, Presidenta, 2000-2003, 2008-2009; Vocal Alterno de la Rectoría de la Bolsa de Valores de Quito, 2007-2008; Larreátegui & Fabara, 1987-2003; Asesora Legal del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad y Directora Ejecutiva del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones – COMEXI, Enero 2003-Julio 2003; Vicepresidencia de la República del Ecuador: Directora del Departamento Administrativo y Financiero, 1984-1986; miembro activo de varios Directorios de varias empresas del País. Docencia: Universidad de las Américas (UDLA): Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Publicaciones: Tratamiento a la Inversión Extranjera en el Marco de la Subregión Andina; Artículos varios sobre la Propiedad Industrial e Inversión Extranjera publicados en Latin Law; “Latin America a Legal Bussines Guide”; Revistas especializadas varias.

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lguien dijo, “a lo único que hay que tenerle miedo, es a tener miedo”. Esta frase es tan sabia como cierta. ¡Es verdad, tengo miedo! Miedo de llegar a tener miedo de hablar lo que pienso, de expresar lo que siento, de disentir con los que opinan distinto, de opinar sobre lo que discrepo, tengo miedo…

El miedo paraliza, nos impide progresar y ser libres, nos limita y nos hace perder oportunidades valiosas. Por ello es que muchos lo utilizan como una herramienta para conseguir sus propósitos; y, otros lo superan, precisamente para alcanzar sus objetivos.

Hay quienes piensan que la sabiduría viene con los años, hay quienes pensamos que la sabiduría no proviene sólo con el transcurso del tiempo, que incluso hay que buscarla, cultivarla y trabajar por obtenerla. El conocimiento no es equivalente a la sabiduría, pero conduce a ella. Por esto, coincidirán conmigo algunos de ustedes, que la frase de Sócrates, “sólo sé que nada sé”, es tan sabia como verdadera.

En este punto, ustedes se preguntarán: ¿Qué tiene que ver el miedo con la sabiduría?

A mi criterio, todo y nada. Todo, porque mientras más sé, más miedo tengo por lo que no sé. Nada, porque mientras menos sé, menos miedo tengo por lo que no sé.

Tengo miedo a creerme sabia, a dejar de estudiar, dejar de pensar, dejar de crear, dejar de creer, dejar de luchar; a ceder a la injusticia, a la corrupción, a la desidia, a la ineficiencia, al chantaje, a la presión. Tengo miedo…

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No sé a qué atribuir mi preocupación. No hay nada que la justifique. Estamos en un país donde se respeta la libertad de pensamiento, el derecho a disentir, el derecho a ejercer una profesión tan digna como la abogacía, al debido proceso, a la seguridad jurídica. En un país donde se respetan los derechos, donde la justicia no está sometida ni es vulnerable a las más deplorables de las tentaciones, donde se aplica la justicia sin dilaciones. En un país donde se cumplen las normas, donde se legisla con sabiduría, y se cuidan los recursos públicos sagradamente. ¿Qué puede estar generando mi injustificada preocupación? No hay razón para tener miedo … ¡Tengo que superar el miedo! ¡Mis infundados temores!

La profesión que debemos ejercer dignamente, la profesión de abogado, exige que no tengamos miedo, que podamos defender los intereses de nuestros clientes por sobre nuestros propios intereses, que podamos defender nuestros principios por sobre intereses protervos, que honremos la confianza de nuestros clientes y la defendamos, que busquemos que se haga justicia, que respetemos las normas jurídicas y defendamos el régimen de derecho. Nuestra profesión exige que seamos leales, leales con nuestros clientes.

Un abogado o abogada (para estar a la moda), no puede tener miedo, sobre todo a hacer lo correcto, lo debido, lo justo; no puede dejarse intimidar; no puede sucumbir a la tentación de ganar los juicios no por los méritos de un proceso, si no por los méritos “personales”; no puede dejar de buscar que se haga justicia. Un abogado debe respetarse a sí mismo y hacerse respetar. Un abogado debe honrar su profesión, la confianza de sus clientes.

Tengo miedo de no ser una buena abogada, tengo miedo de no estar honrando mi profesión, de no estar defendiendo los intereses de mis clientes con honestidad y transparencia, de no hacer en todo momento lo correcto y lo debido, de no estar dando buen ejemplo. Tengo miedo…

Parece ser que ahora no sólo basta con ser un buen abogado, para tener éxito.

Hay muchos que tienen éxito, y nos habremos preguntado más de una vez: ¿Cuál es su secreto? Debemos ser buenos vendedores, relacionistas públicos, oradores, publicistas, empresarios, además de dominar las normas legales? ¿Será esa la explicación? En muchos casos sí, en otros definitivamente no. ¿Qué debemos hacer y qué no? ¿El éxito es lo único que importa? ¿Cómo se mide el éxito? ¿Es exitoso el que más gana, el que más paga impuestos (o el que menos paga ganando mucho), el que más trabaja, el que más clientes tiene, el que más grita, el que más “amigos” tiene, el más viejo, el más joven? ¿Qué se requiere para ser exitosos? ¿Basta con no tener miedo? ¿Qué opinan ustedes?

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Plataforma tecnológica de desarrollo regional en ciencia y tecnología: una estrategia convergente de esfuerzos hacia el futuro • Pedro Montalvo Carrera

Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología. Realizó estudios universitarios de pregrado en University of Stony Brook New York de Estados Unidos, y de posgrado en la Universidad de Chile y en la FLACSO Ecuador. Su experiencia profesional se orienta en planificación y desarrollo, investigación y consultoría, por ejemplo en: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Asesor de empresas privadas, Docente en universidades de Chile y Ecuador. En la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) se desempeñó como Subsecretario de Información e Investigación. Actualmente ejerce la función de Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología en la SENACYT. Ha publicado artículos sobre impactos económicos, cambios sociales y pobreza.

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a Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt) se ha integrado a la dinámica de cambio profundo en el país propuesta por el Gobierno Nacional, a través del alineamiento de sus capacidades humanas, técnicas e institucionales a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, la democratización de sus servicios y a la articulación de estrategias de gestión del conocimiento científico y tecnológico en el país.

Dentro de la planificación nacional, la Ciencia y Tecnología se han planteado como un eje transversal en la implementación de políticas de fortalecimiento de talento humano, fomento a la producción y conservación del medio ambiente y en la prestación de servicios públicos como salud, educación, atención a discapacidades, entre otras.

En dicho contexto, se requiere contar con una plataforma para establecer el contacto directo con los sectores productivos, académicos, seccionales, con las comunidades de cada una de las regiones, mediante el cual se identifiquen sus necesidades y potencialidades para el desarrollo e implementación de acciones conjuntas. Por esta razón, la Senacyt está gestionando la presencia institucional en cada una de las regiones.

Así mismo, para ejecutar esta propuesta, la Senacyt está desarrollando un conjunto de herramientas, una de ellas es la plataforma tecnológica de la cual se habla en este artículo.

La propuesta de la Plataforma Tecnológica de Desarrollo Regional en Ciencia y Tecnología fue concebida como un espacio de encuentro y participación entre los actores involucrados en el proceso de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en la región.

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La creación de dicho espacio comprende la concepción, desarrollo, integración e implementación de una serie de herramientas informáticas orientadas a articular los aportes y necesidades de los participantes en la generación de iniciativas tecnológicas conjuntas, como productos finales de esta dinámica.

La estrategia de desarrollo regional operativizada a través de la plataforma tecnológica ha definido las siguientes características para su funcionamiento: ENFOQUE EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Los capacidades, potencialidades e intereses de los sectores y actores participantes estarán vinculadas a partes o a la totalidad del proceso de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), determinando su nivel de participación como productores, beneficiarios o promotores de dicho proceso.

CONVERGENCIA. Se trata de una propuesta tendiente a promover la cohesión social y a la creación de redes tecnológico-productivas entre los actores regionales. Así mismo, la propuesta recoge las capacidades e intereses de cada sector involucrado y los dispone en un sistema de oferta y demanda que facilite el encuentro en áreas del conocimiento o productivas de provecho común.

MODULARIDAD. La Plataforma Tecnológica de Desarrollo Regional en Ciencia y Tecnología está formulada mediante la integración de varios sistemas afines a la propuesta, con objetivos y funcionamiento autónomos, pero cuya red de interrelaciones condiciona, facilita y operativiza el sistema general.

La creación, modificación o actualización de los módulos estará definido por los requerimientos resultantes de la dinámica propia del sistema que se articulan en los tres tipos de servicios que ofrece la plataforma y que son: • Redes y sistemas. Comprende la oferta y publicación de redes y sistemas en línea con temática de Ciencia y Tecnología puestos a disposición de los actores por parte de socios estratégicos a través de enlaces, servicios de descargas y otros tipos de eservicios.

• Fortalecimiento del Talento Humano. Comprende el despliegue de herramientas orientadas al fortalecimiento y desarrollo de capacidades humanas, articuladas en torno a los requerimientos, capacidades y potencialidades regionales.

• Sistema de Aportes y Necesidades. Se define como un sistema que recoge, identifica, articula, publica y promueve el encuentro de la oferta y demanda de aportes y requerimientos en las distintas áreas de conocimiento de ciencia y tecnología en el país.

En conclusión, la SENACYT plantea una estrategia de desarrollo enfocado en crear, fortalecer, potenciar y orientar las relaciones entre los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, facilitando el encuentro de esfuerzos e intereses complementarios y articulando todo en un sistema que priorice las potencialidades regionales y la satisfacción de las necesidades de la población.

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La lectura herramienta insustituible para el ejercicio profesional • Oswaldo Paz y Miño Jaramillo

Doctor en Jurisprudencia. Abogado. Profesor Universitario. Articulista, escritor de Diario La Hora y otros medios informativos y culturales. Periodista de honor de la Unión Nacional de Periodistas. Autor de la obra: “La Caución en el Derecho Civil Ecuatoriano” publicada por Corporación de Estudios y Publicaciones. Vicepresidente de la Academia Olímpica Ecuatoriana. Abogado experto, consultor internacional y capacitador de Derecho Deportivo. Director de Paz y Miño Jaramillo y Paz y Miño Ramón, Estudio Jurídico. Miembro del consejo editorial de la Revista Rocinante publicada por la Campaña Lectura Eugenio Espejo. Ensayista de temas literarios y jurídicos.

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n atrevimiento, un acto descarado, lleno de audacia, que sí se produce, para descrédito, de nuestra profesión, acosada hoy, más que nunca, desde distintos andariveles, es el de aquellos que ejercen la abogacía, distantes de los libros en general, de la doctrina jurídica, de la jurisprudencia, de la historia, de la filosofía, de la sociología, de la política, de la deontología en particular.

De la literatura.

Ha de tener el abogado una elemental cultura general. Profesionales que flamantes y graduados dejan las universidades con el título en la mochila, de todas formas cruzan el umbral como analfabetos. Desentendidos del mundo y sus problemas. Desubicados, desinformados. Por ellos pasa el día a día, sin que se hayan dado “el trabajo” de abrir los periódicos. O de sintonizar algún telediario. Seres programados para tramitar.

Grave. Un problema que las Academias, en las que se imparte conocimientos jurídicos han de enfrentar sin demora. Más aún que desde muchos de los establecimientos en los que se preparan a los futuros universitarios, laboran maestros que no se atreven, que miran con verdadero pánico el hecho de someterse a una evaluación que ha propuesto el Ministro de Educación. Nada es casual.

Todo es causal. Mal nutridos de conocimientos llegan a las universidades una gran mayoría de chicos, porque mal los alimentaron, los profesores en la niñez y en la adolescencia.

Dicho lo dicho. La tarea de preparar a ciudadanos que ejerzan de abogados, también ha de incluir, la obligación Iniciática de los Maestros, de hacer de ellos, de los futuros juristas, lectores buenos y leyentes de bien.

Las universidades han de predicar con el ejemplo. Han de surgir de sus talleres las lecturas. Los resultados de las investigaciones. Dicho de otra manera, han de

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publicar el material a leer democratizando el saber, lo que significa, repartirlo en su comunidad y en la sociedad entera.

En tales hechuras, pública y notoria es la tarea positiva y cada vez más comprometida de la Universidad Alfredo Pérez Guerrero, Entidad de Educación Superior, que produce prolíficamente conocimientos, desde su Centro Cultural.

Quien ahora lea el artículo que propongo, a no dudarlo, es persona de aficiones bibliófilas. En tal sentido somos doblemente colegas. Abogados y lectores.

Pues, permítame usted, poner la pica en Flandes y compartir la recién estrenada obra del Doctor Patricio Moncayo, profesor de la UNAP sugerentemente titulada: ”CON LA DEMOCRACIA A CUESTAS Aproximaciones a una utopía”.

Trabajo brillante. Tiento, talante y talento dedicados al país. Un libro lejano del sectarismo, lleno de objetividad, en el que cuajan análisis sin influencias ideológicas, menos dogmáticas y para nada comprometidas con ningún gobernante de ahora o del pasado. No todos los que a tales investigaciones se dedican, exhiben tal pulcritud. Tal independencia.

Imprescindible manuscrito, para estudiarlo y disfrutarlo dentro y fuera de las aulas universitarias, profesores y estudiantes y ciudadanos todos.

“Con la democracia a cuestas”: razones para que nos constituyamos en defensores inclaudicables de las libertades, de todas, las que día a día, entre otras razones por desconocimiento de nuestro pasado, en el presente, vamos perdiendo, las que corren serio riesgo de ser mutiladas hasta el tuétano, en el futuro. Pocas opciones de reclamo tendremos… entonces.

De la lectura de la obra de marras, una conclusión que me atrevo a dejar en firme: Los ecuatorianos, todavía no hemos sentido, en toda su magnitud, lo que significa, NO VIVIR EN LIBERTAD, que tal inexperiencia, nos ha vuelto irresponsables. Siento que hora tras hora, y día tras día, estamos dispendiando la libertad.

Estamos apostando con ella, en un juego de ruleta rusa. Que poco hacemos por cuidarla. Que nuestra indiferencia es aliada de aquellos que quieren arrebatárnosla con sucedáneos.

Dejamos hacer, sin apreciar que se merman, y consentimos en ello, casi inconscientes. Tal abulia, nos viene de la ignorancia de no haber sido reprimidos hasta ahora, como fueron cientos de miles de ciudadanos en varios países hermanos. Y son. Que ponemos en riesgo nuestras libertades, porque el dolor de los desaparecidos, de los fusilados en los paredones, de los presos de conciencia, no nos han tocado a todos muy de cerca. Porque los casos de todas maneras han sido aislados. Para que estos males no se instalen, para que nunca los terroristas de armas o de ideas tengan estancia en nuestras tierras, sea cual sea color o ideología, para que no se escuchen estallidos y gritos de bombas y lamentos de secuestros, hemos de ser celosos custodios de las libertades que nos legaron aquellos que se dejaron la piel y la vida, por nuestra total autonomía.

“Con la democracia a cuestas”. Que peso tan grande. Que sucesión de traiciones. Qué cantidad de contubernios juntos, en nombre de la democracia en nues-

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tra patria se han cometido. Que sarta de mentirosos, oportunistas y pendencieros hemos elegido a sabiendas, en diversas ocasiones. Sí no paramos. Repetimos los ensayos. Nos envolvemos de populismos. Nos confiamos de los demagogos. Y nos farreamos las libertades. Nos encantan los que “tienen el don de la verborragia”.

No llevamos adheridos en la piel, o a flor de ella, el sentido, el conocimiento en tiempo real, del Estado de Derecho. El amor, la conciencia, y el respeto sagrado que ha de tenerse por la Constitución. Y los políticos, menos que nadie, excepciones se han dado, existen, pero sólo para confirmar la regla. Se han pasado a la Carta Fundamental permanentemente por el forro de sus intereses. “Con la democracia a cuestas”. Porque la gran mayoría TODAVIA NO VIVE, NO CONCIBE, A “LA SEGURIDAD JURÍDICA COMO EL PRINCIPIO INSPIRADOR DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO. “ La democracia ha dicho José Saramago, poco se ha renovado. Debiera reinventarse. Tanto, no sé si sea posible. Más sí seguro estoy de que entre las recetas para vivir en democracia, no están las de castrar libertades. Que las censuras. Las amenazas. Las intolerancias, son material dictocrático y no democrático.

“CON LA DEMOCRACIA A CUESTAS” Decidor membrete de un gran libro. Trabajo que evidencia el sacrificio del pueblo ecuatoriano, del que excluyo a los beneficiarios del sacrificio, aunque muchos de estos han dicho “sacrificarse por la patria”, desde las alturas y las delicias del poder. Valga el juego de palabras.

También se incluyen en el Tomo los errores colectivos, cometidos por todos nosotros en la búsqueda, a ratos sin brújula de la democracia y de mejores días.

Constan en detalle las facturas. Hemos golpeado contra la misma piedra varias veces. No hemos aprendido. ¿Será que nos quedan pruebas que superar? ¿Desgracias serias que pasar? ¿Hasta cuándo nos ponemos de acuerdo en lo básico, en lo indispensable, anteponiendo los intereses del país, a los personales, partidistas o de grupo? Ejemplos a la vista: España, Chile.

Léase “Con la democracia a cuestas”: Sobre un país prolífico en constituciones, ad hoc, hechas a gusto de los gobernantes de turno, a muchos de los cuales la norma fundamental siempre resultó una camisa de fuerza. Está escrito ya en la historia. Inestabilidad política. Temblores permanentes. Opositores ciegos.

Presidentes intolerantes. Congresos para la vergüenza. Pocos acuerdos sanos.

Muchos consensos taimados hechos contra natura, para y por los oportunistas de turno, dieron paso a subidas y caídas de presidentes sucesivas, a un primitivo desfile de gobiernos de hecho y de derecho, que siempre tuvo como parapeto, a la democracia.

Y por sobre ella, se pasaron los que votaron a los gobiernos, con o sin uniforme, los que se embarcaron a su turno en las camionetas, y los helicópteros, o los aviones oficiales, los que se bajaron de tales aparatos cual forajidos. Y algunos hasta fugaron, para no volver y otros, para intentar en el retorno el juego de el doble o nada.

Pregunta que se toma del libro de marras ¿” Es posible construir una democracia estable de la ingobernabilidad, generada por profundas desigualdades sociales, crisis económicas recurrentes, escisión de las élites y masas sometidas a las más diversas formas de exclusión”?

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La respuesta, se la dejamos al lector, de este editorial y del libro recomendado. En los términos que la pregunta queda planteada.

De todas formas, sí creemos posible y viable una democracia, que se sustente en términos de justicia social, en concretos consensos por las libertades, en los que han de intervenir los actores sociales, los partidos políticos, los gobiernos de turno, las instituciones todas, que representen a los distintos colectivos, las minorías, los grupos vulnerables. Creemos en la democracia y en un estado construido en bases para todos incluyentes, en el que se respeten todos los derechos fundamentales, de todas las personas. En un estado, en un país en el que la libertad de discrepar con los que mandan, sea una marca, un estilo, un sello distintivo de la democracia y no al revés, una patente de la autocracia.

No creemos en ninguna democracia que atropelle bajo concepto alguno la libertad de expresión de pensamiento, de opinión, de información. Ni que haga de la censura su caballo de batalla. Ni su argumento fundamental. Todo censor actúa por inseguridad. Porque se reconoce débil. Para mal de los ciudadanos todos, inclusive para los que la alientan desde los intereses que protegen. La censura puede convertirse en un parapeto, en una cortina para cometer todo tipo de acto en contra de la democracia y de los derechos humanos. Y más allá de cualquier pronunciamiento dogmático, no son, ni serán compatibles con la democracia, los regímenes comunistas o fascistas. Históricamente censores. Que siempre por distantes que parezcan se juntan en los extremos, que son los que ahorcan a la democracia.

La UNAP ha hecho un aporte más a la democracia de esta patria nuestra. Desde la Academia, libros, para personas libres y para quienes ven en los libros libres, el futuro libérrimo del Ecuador, abierto al mundo, a todas las formas del pensamiento universal, a todas las ideas políticas, a todos los credos, a todas las artes, a la maravillosa diversidad de razas, filosofías y tendencias. Que eso queremos desde la democracia real. Un país de cielos abiertos, de mentes abiertas, de fronteras imaginarias. De paz. Multicolor en todos los aspectos. Lleno de información y de libros y librerías. En el que se gaste menos en armas y más en educación, salud y cultura. Un Ecuador democrático que sea y parezca tal.

“El gobierno más perfecto, es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política”.

“Sólo la democracia... es susceptible de una absoluta libertad, libertad que define como el poder que tiene cada hombre de hacer cuanto no esté prohibido por la ley”.

SIMÓN BOLÍVAR >16

TRIBUNA DEMOCRÁTICA

¿Quién debe asumir los costos de los servicios financieros?

• Hugo Villacrés Endara

Quiteño de nacimiento, Economista de profesión, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Master of Science in Economics de la Universidad de Lausanne (UNIL, Suiza) Facultad de Altos Estudios Comerciales (HEC), Escuela de Econometría y Economía Política. Posee un Diplomado en Gerencia de Gobiernos Locales otorgado por la Universidad Tecnológica Equinoccial y un certificado de especialización en Relaciones Público Privadas otorgado por el Institute for Public Private Partnerships, Washington DC. Ha realizado varios cursos de especialización en Comunicación Política, Marketing Público, Gobernabilidad, Gerencia Política y Campañas Electorales en el Tecnológico de Monterrey y The George Washington University. Actualmente se desempeña como Consultor Económico, Catedrático Universitario y se mantuvo ligado al Municipio de Quito por alrededor de 4 años. Actualmente, maneja el segmento económico Su Cartera del noticiero Contacto al Amanecer transmitido por Ecuavisa y una columna informativa de precios en el vespertino Ultimas Noticias de la ciudad de Quito. Es miembro de la sociedad académica del cantón de Vaudoise Suiza y del directorio del Colegio de Economistas de Pichincha. Entre sus principales publicaciones se encuentran: La maldición del petróleo en el Ecuador y, Recursos Naturales: Maldición o Bendición? como una crítica al estudio realizada por los economistas Sachs y Warner al respecto. Ha sido editorialista invitado de Diario El Comercio y algunas publicaciones internacionales.

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espués de un minucioso análisis técnico, el pasado 22 de junio la Junta Bancaria expidió la resolución número 1315 que finalmente establece precios máximos para 32 servicios entregados por bancos, cooperativas, mutualistas y sociedades financieras, mientras otros 11 servicios de esta naturaleza son gratuitos a partir del primero de julio. La reducción fluctúa entre el 20% y el 100% dependiendo del tipo de servicio; así por ejemplo, el costo de entrega de un estado de cuenta a domicilio se redujo de 2,91 a 1,66 dólares o, el costo por un cheque nacional devuelto bajó de 3,49 hasta 2,79 dólares. Entre los servicios gratuitos, o con un descuento del 100%, se encuentran la reposición de cartola de una libreta de ahorros, el mantenimiento de cuenta corriente y de ahorros, el retiro de efectivo en un cajero automático de la propia entidad, el mantenimiento de tarjetas de crédito o débito e, inclusive las consultas por Internet o vía telefónica.

Según los últimos datos de la Superintendecia de Bancos, existen alrededor de 4’410.000 cuentahabientes en el país, que de hecho están siendo beneficiados con esta decisión; lo que es más, si realizamos una estimación conservadora, encontramos que un depositante puede realizar en promedio 10 transacciones bancarias con su tarjeta de débito, lo cual a un precio promedio de 0,25 centavos de dólar por transacción equivale a un ahorro de 2,50 dólares mensuales, si se añade el costo de reposición de cartola que podía llegar a ser de hasta 2,23 dólares y; el costo de mantenimiento de cuenta de ahorros que era de 0,12 centavos de dólar;

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encontramos que el beneficio mensual para el cliente sería de alrededor de 5 dólares, en principio una cifra marginal; pero, en el transcurso del año llega a sumar 60 dólares es decir el 27% del salario mínimo vital lo cual no es despreciable para ningún cuentahorrista.

Ahora bien, para analizar esta medida desde la óptica de los Bancos Privados, es necesario empezar diciendo que 4 instituciones: Pichincha, Guayaquil, Produbanco y Pacífico, concentran el 66% de clientes de la banca en el Ecuador, es decir alrededor de 2’900.000 cuentahabientes realizan sus transacciones entre estas instituciones a nivel nacional; segundo, todo cliente se merece el mejor trato posible por parte de la entidad prestadora del servicio, es decir no existe motivo aparente para que la calidad de los servicios, entregados por cualquier entidad financiera, disminuya bajo el pretexto de la reducción de costos que; dicho sea de paso, implicaría una pérdida de ingresos para la banca privada cuantificada por la Superintendencia de Bancos de alrededor de 50’000.000 de dólares anuales; cifra ciertamente marginal, si la comparamos con el nivel de ingresos y utilidades que cada institución tiene en su ejercicio económico anual; tercero, el negocio fundamental del Sistema Financiero es el de la intermediación, es decir captar recursos económicos de agentes excedentarios y colocarlos en agentes deficitarios recibiendo como utilidad el diferencial entre las tasas activa y pasiva; ahora bien, como todo negocio tienen costos que deben ser asumidos por la entidad prestadora del servicio; entonces resulta intolerable que dichos costos sean finalmente trasladados al cliente que es quien deposita su dinero en las instituciones financieras para que éstas puedan realizar el proceso de intermediación; cuarto, no puede ser que la tarea de multiplicación del dinero realizada a través de tarjetas de crédito y débito genere costos tanto para las empresas o negocios que reciben la tarjeta como para los tarjetahabientes; desde mi óptica el costo de utilización del llamado dinero plástico debe ser pagado una sola vez con lo cual resulta correcto eximir al cliente del pago por mantenimiento de tarjetas y; finalmente este tipo de medidas, adoptadas por la Junta Bancaria, pueden convertirse en una buena oportunidad para que el Sistema Financiero Nacional termine poniendo sus barbas en remojo, mejorando la colocación del dinero, ampliando los plazos, abriendo nuevas líneas de crédito y; dialogando con el Gobierno Central para buscar acuerdos en temas neurálgicos como tasas de interés, colocación de fondos públicos, incentivos tributarios, etcétera.

Por lo pronto, es innegable que esta medida, como cualquier otra dentro de la economía, genera ganadores y perdedores; históricamente hablando los grandes perdedores de las medidas tomadas a nivel del Sistema Financiero Nacional han sido los cuentahorristas, entonces me voy a permitir plagiar por unos minutos el slogan de una antigua campaña política y acomodarlo a esta situación: Que bueno que ahora le toque al pueblo...!

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TRIBUNA DEMOCRÁTICA

Deben o no calificar el recurso de casación los mismos jueces de la Corte Provincial que emiten la sentencia apelada…

• Marcelo Yépez Proaño

Lcdo. en Ciencias Públicas y Sociales Universidad Central. Dr. en Jurisprudencia y abogado de los Tribunales de Justicia. M.Sc. en Educación Superior mención Ciencias Jurídicas. Especialista en métodos de enseñanza aprendizaje. Catedrático de la Universidad Alfredo Pérez Guerrero materias Código Civil IV Libro, Lógica Jurídica, Derecho Internacional Público, Economía Monetaria y Bancaria. Libre ejercicio profesional.

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o creo que lo deban hacer en vista de las siguientes circunstancias. Primero, si conocemos que toda apelación es una exposición de descontento o denuesto en contra de una resolución o medida con el firme propósito de lograr o alcanzar su invalidación, desdecimiento, en definitiva en el aspecto judicial, la redención o el amparo que una parte cuando se encuentra lesionada o menoscabada por una resolución de un juez o tribunal eleva a la autoridad orgánica superior, para que por el reformador conocimiento de la cuestión debatida derogue, disuelva, aparte o suprima e invalide la resolución objeto de la apelación; y, es por ello que el autor Arrazola acerca de la autoridad manifiesta que: “la autoridad constituye todo el orden social y moral, o es el alma y condición sine quanon de uno y otro, porque sin ella no existiría la sociedad ni el orden, pues ni este ni aquella se conciben sin un poder legítimo que ordene con fuerza coercitiva, contra la desobediencia”.

Si bien es cierto que a cualesquier fallo, es decir la parte dispositiva, lo que dispone, decide, manda u ordena, la final imperativa aquello que ordena, manda, forza y obliga; y resolutoria de manera indudable y firme, de las cuestiones planteadas con la concreta absolución o condena de los demandados o procesados, por lógica toda decisión que en un asunto dudoso controvertido adopta la persona u organismo competente para resolver; de allí que la mayoría de aquellos se puede apelar con sus respectivas excepciones, contra todas las sentencias o autos, y solamente pueden apelar quienes hayan intervenido en el proceso y a quien la resolución afecta de modo directo, habida cuenta que es un recurso de alzada a diferencia de los recursos extraordinarios como el de casación que no es sino el remedio superlativo y excepcional contra sentencias ejecutoriadas de tribunales superiores emitidas contrarias a ley, doctrina, jurisprudencia o que hayan omitido, incumplido o inobservado los trámites substanciales y necesarios de los procesos con el propósito de que declarándolas nulas y de ninguna validez se dicten nuevamente empleando la intelección de la ley o la doctrina quebrantadas en la acción

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y observando de manera adecuada los procedimientos no ejecutados en el juicio, para tratar de esta manera de conservar la unidad, probidad y honradez de la jurisprudencia, y el de revisión que no es sino uno de carácter extraordinario que se presenta contra las sentencias definitivas dictadas sobre hechos falsos; así como el de lo contencioso administrativo, no es menos cierto que quien realiza este acto tiene la creencia, perspectiva e ilusión de mejorar su situación y de conseguir lo que solicita en su apelación toda vez que se garantiza de la mejor manera, posibles arbitrariedades o yerros, por ello es menester resolver con acierto a fallar aceleradamente.

En tal consecuencia, la apelación de una resolución ínter premeditada o de una resolución para terminar rápido con el proceso, no deja de lado la malicia, el rencor o la venganza, la corrupción por soborno o de lo que denominamos presiones políticas y otras.

De allí que en nuestro criterio si la apelación es para conseguir que no se nos conculque nuestros derechos y ésta siempre debe ser ante el inmediato superior, no es natural ni consecuente, tampoco legítimo ni evidente que los Ministros de la Corte Provincial casen ellos mismos sus sentencias, habida cuenta de que primero no se cumple con el precepto de la apelación esto es de carácter jerárquico, no van a incurrir ellos mismos afirmando o negando contrariamente lo que precedentemente manifestaron, de modo que resulte inconsecuente la incongruencia con lo dicho y hecho, inconcuso sin duda ni contradicción e inadecuado inconveniente para un fin, e inoportuno inconveniente de palabra o de hecho, lo declarado fallado o resuelto por aquellos, elementos éstos que por generalidad nunca o casi nunca van a ocurrir.

En tal virtud a la manera de ver de muchos jurisconsultos y profesionales del derecho no es algo derivado o que se origina de una causa, por tanto no hay adecuación con la moral, la razón y la legalidad: “por el fundamento jurídico y admisibilidad de la demanda, o sea aquello que puede o debe practicarse con independencia de su eficaz petición o recurso que por ello se acepta y prospera.”

Entonces volvemos a preguntarnos deben o no calificar el recurso de casación los mismos jueces de la Corte Provincial que emiten la sentencia, resolución o dictamen…

“la autoridad constituye todo el orden social y moral, o es el alma y condición sine quanon de uno y otro, porque sin ella no existiría la sociedad ni el orden, pues ni este ni aquella se conciben sin un poder legítimo que ordene con fuerza coercitiva, contra la desobediencia”.

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