TD-27 by Ediciones Legales

Mujer, academia, ciencia y religión Rosalía Arteaga Serrano

No solo por Bibi Aisha Marena Briones Velasteguí

Discriminación racial, un mal que nos afecta a todos y todas Aide Peralta Zambrano

Salarios 2011: sector público versus sector privado Fabián Robles Neira

La mujer y el derecho Azucena Soledispa Toro

Año III

NÚMERO 27 Marzo 2011

Carta Editorial La Consulta, antes que otro calificativo, merece el de impropia, por el contenido jurídico de algunas de sus preguntas, que exige tener una formación académica (nada común) para contestarlas con criterio. Sólo la pregunta sobre “dar muerte a los animales” y sobre “juegos de azar” podrá medir, parcialmente, la perspicacia de nuestros compatriotas. Por otra parte, la no templanza de Correa en los asuntos turbios de los allegados al presidente, siembra dudas acerca de su estilo, que muchas veces ha sido efectivo (y aplaudido) en otros temas y muy agresivo en contra de sus opositores. Los ecuatorianos merecemos una tónica homogénea del Ejecutivo. A propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, destacadas profesionales presentan editoriales con interesantes reflexiones. Una distinguida colaboradora de Tribuna Democrática, la Doctora Rosalía Arteaga Serrano en su preocupación “por el ejercicio de los derechos de manera equilibrada entre los dos sexos” nos ilustra con su pensamiento sobre “ mujer, academia, ciencia y religión”. La Doctora Marena Briones Velasteguí, catedrática y columnista de diario El Telégrafo, nos recuerda la cruel historia de Bibi Aisha, víctima

todavía en estos tiempos de “ignominiosas concepciones culturales y religiosas que endilgan a las mujeres situaciones de exclusión e inferioridad”. La justicia y la discriminación racial es el editorial que desarrolla la experta en el tema, Doctora Aidé Peralta Zambrano. Sus comentarios nos llevan a concluir que en nuestro Ecuador la “discriminación racial, es un mal que nos afecta a todos y todas”. “La mujer y el derecho”, interesante artículo que presenta una evolución de las regulaciones inequitativas del Derecho antiguo y del ámbito de las ciencias penales hasta encontrar “en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos un importante campo en donde incidir para cambiar su situación … y una puerta de entrada para exigir respuestas al Estado”, es el aporte de la Doctora Azucena Soledispa Toro. Finalmente, el experto en psicología organizacional, Fabián Robles Neira, hace un descriptivo análisis de los “Salarios 2011: sector público versus sector privado”, con conclusiones que Usted, apreciado lector, será prudente que las evalúe. Muy atentamente, Manuel Mejía Dalmau mmejia@corpmyl.com Presidente CORPORACIÓN MYL www.corpmyl.com

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Tribuna Democrática es una sección de Novedades Jurídicas, que incorpora el pensamiento de destacados intelectuales, con el objeto de ilustrar a nuestros lectores sobre temas de variada naturaleza y contribuir al progreso de la sociedad ecuatoriana. En este espacio se respeta la pluralidad de posiciones, aun en temas polémicos con los que podemos discrepar. En resumen, pretendemos poner en práctica la libertad de expresión, derecho fundamental en un Estado Democrático.

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A la Dirección Una visión especial la de los editorialistas Ramos y Páez frente a los acontecimientos del 30 de septiembre pasado. Es importante conocer estos puntos de vista frente a la abundancia de pareceres que sostienen la inexistencia de golpe de estado en nuestro país. Att. Pablo Moreno A. Excelentes los editoriales del número 26 de Tribuna Democrática, no comparto la opinión sobre el tema relacionado con los sucesos de septiembre, pero respeto la libertad de opinión. El Dr. Marco Antonio Rodríguez es un maestro de la literatura y así lo demuestra con su síntesis del primer decenio del Siglo XXI. Felicito nuevamente la edición. Juan Carlos Trujillo Ibarra

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Al leer el artículo ¿en dónde están los desempleados? de la Dra. Inés Ma. Baldeón, fue como haberme quitado las ideas de mi cabeza y comparto 100% con sus criterios. Tanta queja de la falta de trabajo y cuando se da la oportunidad de demostrar capacidad, eficiencia y respeto estas cualidades parecen haber desaparecido. El envanecimiento que proporcionan los títulos académicos a los nuevos profesionales, hacen que olviden toda la formación académica recibida. Es necesario que como parte fundamental de todo proceso de aprendizaje se incluya una buena dosis de humildad y respeto. Saludos Doris Mina

Mujer, academia, ciencia y religión • Rosalía Arteaga Serrano • Directora Fundación Natura Regional • Presidenta Ejecutiva Fundación Fidal • Ex Ministra de Educación, Cultura y Deportes • Ex Vicepresidenta y Presidenta Constitucional del Ecuador • Ex Secretaria General de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) • Miembro del Consejo Editorial Enciclopedia Británica 2005-2007 • Autora de numerosos libros y publicaciones.

La preocupación por el ejercicio de los derechos de manera equilibrada entre los dos sexos, de alguna manera subyace en los tiempos actuales, tiempos en los que ya la mujer ejerce funciones de liderazgo y juega roles relevantes en las diferentes sociedades. Un rápido vistazo a la realidad política latinoamericana, nos dirá que los dos más grandes países de Iberoamérica, están gobernados por mujeres: la brasileña Dilma Rousseff y la argentina Cristina Kirchner así lo ejemplifican, y los casos proliferan, cuando pensamos en la ex presidenta Michelle Bachelet de Chile o la no hace mucho elegida presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Sin embargo, y a pesar de estos logros en el mundo de la política, que ojalá vayan volviéndose más comunes y dejando de aparecer como excepcionales, hay otros campos en los cuales la presencia de la mujer resulta mucho más esporádica. Uno de esos campos es el de las ciencias, y esto cabe analizarlo a nivel mundial, ya que, desde los lejanos tiempos en los que

la polaca María Curié obtuvo dos premios Nóbel en química y física, son más bien muy excepcionales los casos en los que la academia sueca galardona a mujeres con premios en áreas que podríamos llamar de ciencias duras, manteniéndose una cierta presencia en el ámbito de la literatura y de la paz. La pregunta salta irremediablemente: ¿es que la mujer no tiene la capacidad o le falta la tenacidad para arrostrar los desafíos que la investigación científica implica? Una visión muy limitada podría producir una respuesta afirmativa, pero la verdad dista mucho de esto. Es que todavía, a pesar de los avances que la sociedad registra, nos enfrentamos a veladas discriminaciones, aún en el llamado mundo desarrollado, en donde muchas veces las mujeres quedan relegadas a asistentes de laboratorio o se ven sometidas a enfrentar un duro dilema, como lo pude constatar personalmente en una visita al famoso Joint Research Center, centro ubicado en Ispra, en las cercanías de Milán, y en donde confluye mucho del talento europeo, cuando fueron las propias mu5

jeres de ciencia las que me revelaron que se veían enfrentadas a elegir entre continuar con su trabajo como investigadoras o tener una familia. Esto no porque las leyes establecieran una discriminación, sino más bien porque la dinámica del trabajo no permite el alejamiento que el embarazo y la crianza conllevan, so pena de perder oportunidades en la carrera profesional elegida. Lo que no ocurre con los científicos varones.

Un rápido vistazo a la realidad política latinoamericana, nos dirá que los dos más grandes países de Iberoamérica, están gobernados por mujeres: la brasileña Dilma Rousseff y la argentina Cristina Kirchner así lo ejemplifican, y los casos proliferan, cuando pensamos en la ex presidenta Michelle Bachelet de Chile o la no hace mucho elegida presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla.

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Vemos entonces como la competencia laboral exige a la mujer sacrificios que no le son requeridos a los hombres, lo que indudablemente pone a las féminas en desigualdad de condiciones, esto se refleja en la hora de definir también a quien o a quienes se entregan los premios y los reconocimientos. De igual manera, tuve la suerte de mantener un generoso diálogo, hace ya algún tiempo, con diversas religiosas de varios países, quienes me habían invitado para participar como expositora en un evento con motivo de la celebración del día internacional de la mujer. Cuando ya había terminado mi exposición y venía el período de preguntas y respuestas, del fondo del salón, una voz todavía poderosa de una monja ya mayor, me sobresaltó, cuando argumentó, que si bien yo había tocado los temas referentes a la historia de las conquistas de las mujeres y a las discriminaciones, unas superadas y otras no, nada había dicho respecto del campo religioso. Mi sorpresa fue grande cuando la monjita me preguntó qué opinaba sobre el hecho de que no abundaran las teólogas en la religión católica. Ella continuó hablando, sin esperar mis respuestas, dijo que su afán no era el de reclamar igualdad con los sacerdotes en cuando a celebración de misas y administración de sacramentos. No, ella y sus colegas reclamaban por el reconocimiento de que entre las religiosas también existen teólogas, personas dedicadas al estudio de la religión y capaces de decir sus argumentos en los debates, en las charlas; en fin, que no solamente se tuviera que volver la vista a los pliegues de la historia para extraer de allí la memoria de las doctoras de la iglesia: Santa Catalina de Siena o Teresa la doctora.

¡Qué dura la reflexión y que certera! evidentemente, se habla muy poco de estos temas, se tocan los aspectos a veces superficiales de las luchas y no nos damos cuenta de que en los más diversos ámbitos surgen o se solapan los tratamientos desiguales. Un último campo al que quiero referirme en este comentario, es al que tiene que ver con el mundo de la Academia, un mundo en el que la presencia de la mujer es ya mayoritaria; en la mayor parte de las carreras y facultades, tal vez con la sola excepción de las ingenierías, la miríada de mujeres hace que los hombres estén en minoría, y por supuesto, los rendimientos académicos son con frecuencia también superiores. También los puestos de profesoras se ocupan sin dificultad por las representantes del género femenino, en menor grado los decanatos o jefaturas de escuela, pero la cosa cambia radicalmente, cuando nos referimos a la presencia de mujeres como altas autoridades de las Universidades y Centros de Educación Superior, por ello afirmamos que en el caso Ecuatoriano, todavía no hay ninguna mujer al frente de una universidad pública, y algo parecido ocurre con las universidades chilenas, bolivianas y en la mayor parte de América Latina y probablemente del mundo. Todos estos datos, vistos de manera muy somera, nos deben servir de indicadores para concluir, que a pesar de que el siglo XXI se ha instalado ya por más de una década, persisten situaciones discriminatorias para la mujer; pero también constatamos que a la mujer le toca trabajar duro para reclamar sus derechos o para conseguir un trato más igualitario, que posibilite la existencia de una sociedad más equilibrada.

Nota: Los editorales se publican en orden alfabético de los colaboradores.

No solo por Bibi Aisha • Marena Briones Velasteguí Abogada, graduada en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Profesora principal de Lógica Jurídica en la misma Universidad. Especialista en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante (España). Columnista de diario Hoy. Miembro del Comité Promotor del Contrato Social por la Educación. Estudios en género, derechos humanos, diseño de proyectos, literatura, comunicación, gobernabilidad. Fue coordinadora general del proyecto ¨Diálogo 21¨, auspiciado por el PNUD y el programa Capacidad 21 de Naciones Unidas; Columnista editorial de diario El Telégrafo. Prosecretaria General de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y coordinadora de planificación académica en la misma Universidad. Publicaciones: Revisión y redacción de la Guía de los Derechos de la Mujer Ecuatoriana, auspiciada por la Fundación Friedrich Naumann y el CAM (Quito, 1990-1991). Coautora de ¨Nosotras, las Señoras Alegres¨ (sobre prostitución): Abrapalabra Editores y CIAM, Quito, 1991. Coautora de ¨Verdad desnuda. Una aproximación al discurso judicial sobre la violencia sexual¨: (CEPAM-Guayaquil, 2008). Varios artículos, publicados en revistas especializadas o no especializadas y diarios, sobre diversos temas: jurídicos, derechos de las mujeres, educación, comunicación, etcétera.

El rostro mutilado de Bibi Aisha, la joven afgana cuyo marido la ¨castigó¨ cercenándole la nariz y las orejas, volvió a recorrer el mundo hace unos días. El impactante retrato fotográfico, realizado por la sudafricana Jodi Bieber y que fue portada de la revista Time en agosto de 2010, se ha hecho acreedor al prestigioso premio World Press Photo 2011. Con ese reconocimiento foto-periodístico, Bibi Aisha y la historia de horror por la que tuvo que pasar desde que, a los 12 años, fue dada en pago por una ¨deuda de sangre¨, hasta el día en que, a sus 18 años y conforme a un ritual talibán, fue mutilada por haber ¨avergonzado¨ a su marido abandonándolo y huyendo de sus malos tratos, han vuelto a ser estremecedora noticia. No podía ser de otra manera. No solo por la propia aterradora historia de Bibi Aisha, que afortunadamente ha empezado el camino de reconstrucción de su vida; sino también por los miles de miles de mujeres que, alrededor del mundo y de muy diver8

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sas maneras, son víctimas de algún tipo de violencia física, psicológica o sexual. Y sobre todo por las que no están, por esos otros miles de miles de mujeres a quienes sus victimarios les truncaron la vida básicamente por el hecho de ser mujeres, básicamente por ignominiosas concepciones culturales y religiosas que endilgan a las mujeres situaciones de exclusión e inferioridad. Algunos años han transcurrido desde que el entonces Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan pronunció las siguientes palabras: ¨La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz.¨. Más de una década después, uno esperaría encontrar que la sentida advertencia de Annan hubiera merecido, de parte de Estados y gobiernos, las decididas acciones que una

realidad así de dolorosa, universal, intolerable y grave requiere para ser combatida. Los datos, sin embargo, revelan que, no obstante la existencia de instrumentos internacionales y de legislaciones nacionales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y no obstante la institucionalización de instancias y procedimientos para protegerlas, ellas, en todas las edades y en todos los contextos sociales, siguen siendo diariamente objeto de múltiples formas de abuso, discrimen, explotación, lesiones y muerte. Tan solo unos meses atrás, en noviembre de 2010, la UNESCO reportó que, en el mundo, una de cada tres mujeres ha sido víctima de algún tipo de agresión, y puso la voz de alarma señalando que la violencia contra las mujeres alcanza ¨proporciones epidémicas¨. En días recientes, Rashida Manjoo, relatora de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer, afirmó también que la violencia de género debería ser considerada una pandemia como la gripe A, que es preocupante el aumento de asesinatos violentos cometidos contra mujeres y que la clave contra al machismo es la educación. Basta con entrar a Internet y revisar las noticias sobre violencia contra las mujeres para tomar escalofriante conciencia de las dimensiones que tiene el problema: en Brasil, se calcula que cinco mujeres son maltratadas cada dos minutos; en Guatemala, después de aprobada en 2008 la Ley contra el Femicidio, los crímenes contra mujeres aumentaron en un 400%; en El Salvador, durante los últimos diez años, la violencia contra las mujeres se incrementó en un 197%; el Observatorio de Femicidios en

Argentina informa que, en 2010, hubo 260 crímenes contra mujeres en los que, en su mayoría, estuvieron involucrados el novio, marido o ex pareja de la víctima; en 2009, en Suiza, hubo 16.349 denuncias por violencia doméstica y 81 intentos o consumación de asesinatos; en Venezuela, en los últimos dos años, se recibieron 118.500 causas por ataques contra mujeres; en lo que va de este año, según declaraciones del Gobernador, en Guayas-Ecuador se han presentado 1.455 denuncias por violencia intrafamiliar. Si ya esa información dice muchísimo, imaginemos cuánto más diría si le sumáramos datos sobre prostitución forzada, esclavitud sexual, mutilación genital femenina, infanticidios femeninos, embarazos forzados, asesinatos por ¨cuestiones de honor¨, violencia en casos de conflicto armado, matrimonio precoz o forzado. Y cuánto más diría todavía, si le agregáramos cifras relativas a las mujeres y, por ejemplo, la salud, la educación, la etnia, el trabajo, la pobreza. No en vano, a mediados de febrero Madrid fue anfitriona de la jornada Iberoamérica frente al feminicidio: El fin de la impunidad, organizada por la Universidad Carlos III y Casa de América, con la expresa declaración de que ¨La violencia extrema contra las mujeres es un fenómeno criminal que ha adquirido en nuestra época una grave extensión y ha adoptado formas nuevas, propiciadas por la inacción irresponsable de los Estados contra actos y estructuras sociales que discriminan y degradan a la mujer.¨ Imposible callar…y no solo por Bibi Aisha…

Discriminación racial, un mal que nos afecta a todos y todas • Aide Peralta Zambrano Universidad Central del Ecuador. Doctora en Jurisprudencia y Abogada de los Juzgados y Tribunales de la República; Instituto Interamericano de Derechos Humanos. IIDH. San José de Costa Rica. Curso Interdisciplinario de Derechos Humanos. Certificado académico.; Universidad Andina Simón Bolívar. Especialista Superior en Derecho Administrativo. Especialista en Derechos Humanos y Acciones contra la Discriminación Racial dentro del Proyecto “Promoción de la participación inclusiva y apoyo a políticas públicas para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el Pueblo Afroecuatoriano.” PNUD/ CODAE, AECID. Septiembre de 2009 hasta la actualidad.; Profesora del módulo “enfoques y concepciones sobre los DDHH” dentro del cursos DDHH y transversalización, desarrollado por la Universidad Salesiana. 2010; Consultora para CAPEL y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, IIDH, sobre “Ejercicio del derecho al voto de personas con discapacidad en Ecuador” 2010; Especialista en Régimen Administrativo en la Subsecretaría de Reforma Democrática del Estado. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. SENPLADES. 2009; Especialista en derechos políticos para el CONCEJO NACIONAL DE MUJERES, CONAMU. 2009; Miembro de la JUNTA METROPOLITANA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Año 2008; COMISIÓN ECUMÉNICA DE DERECHOS HUMANOS. CEDHU. Miembro del área legal desde marzo de 1999 hasta diciembre de 2007.

“Hacemos la carpeta para pedir trabajo y no nos contratan. El negro no es imagen. En un banco no contratan afroecuatorianos”. La sociedad ecuatoriana al igual que muchas otras sociedades no ha logrado erradicar la discriminación racial, así lo demuestra la encuesta sobre racismo y discriminación realizadas en el 2004, donde el 65% de los encuestados admitió que los ecuatorianos somos racistas. Los afroecuatorianos son las mayores víctimas de racismo (88%) seguidos por los indígenas (71%)1. El racismo es un sistema de poder que da privilegios a la población que se ha considerado como “superior” y marginan de los espacios de poder a los afrodescendientes 1 Secretaria Técnica del Frente Social. Quito. 2004.

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y a los indígenas. La discriminación racial constituye toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos humanos. El racismo y la discriminación racial operan de manera conjunta. La discriminación racial se vive individualmente al vernos impedidos de ejercer nuestros derechos por ser diferentes y cuando las necesidades de todos y todas no son atendidas de forma adecuada desde el Estado, estamos frente a la discriminación estructural evidenciada en los indicadores sociales. Así, el desempleo para los afroecuatorianos en el año 2007 y 2009 fue 1.5 veces más grande que el desempleo en

la población mestiza.2 Adicionalmente, el informe Objetivos de Desarrollo del Milenio, estado de la situación Pueblo Afroecuatoriano 2007, afirma que existe una estrecha relación entre pobreza y etnicidad, la pobreza se acentúa en afroecuatorianos e indígenas.

JUSTICIA Y DISCRIMINACIÓN RACIAL En un Estado, la administración de justicia está llamada a dar soluciones a los conflictos. En Ecuador, desde 1994 hasta el 2009, en el registro de causas del Consejo Nacional de la Judicatura se encontraron solamente 7 casos por discriminación racial, en el Ministerio Público se han registrado varias denuncias pero ninguna llegó a sentencia. Esto demuestra que los casos de discriminación racial no conocidos por la administración de justicia, mientras que aquellos que llegaron reciben un tratamiento diferente al establecido para la discriminación racial, como lo sucedido con Mireya Congo, de 28 años de edad madre de dos hijos. • El 6 de diciembre de 1996 Mireya llegaba a su domicilio cuando fue maltratada verbalmente, debido al color de su piel, por tres hombres. Ella respondió y uno de los agresores le disparó. Mireya murió. El Tribunal Primero de lo Penal de Pichincha sancionó el acto como delito preterintencional, es decir, que la muerte se produjo como una consecuencia que sobrepasaba la intención del agresor y lo condenó a 6 años de reclusión. Sin embargo, si el hecho era calificado como discriminación racial, considerando que el agresor expresó desprecio a la víctima por el color de su piel, al referirse con expresiones como “los ne-

gros me caen mal” “negra hija de..” la pena pudo ser de 12 a 16 años de reclusión.

ACCIONES FRENTE A LA DISCRIMINACIÓN RACIAL La Constitución de la República declara al Estado ecuatoriano como un estado plurinacional, pero este estado aún no existe, es necesario construirlo. Con este objetivo, mediante el Decreto Ejecutivo 60, en septiembre de 2009 se puso en vigencia el Plan Plurinacional para eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural, que contiene la política nacional contra la discriminación racial, incluye acciones en: educación, comunicación, información, legislación, acceso a la justicia, etc. Su aplicación debería permitirnos construir una sociedad incluyente y una ciudadanía plural. El año 2011 ha sido declarado por Naciones Unidas como el año internacional de los afrodescendientes a fin de que los gobiernos impulsen acciones concretas en favor de sus derechos. En este marco, CODAE y el proyecto “Pro - ODMs” con el apoyo de PNUD y AECID desarrollan la campaña “Digamos NO a la Discriminación Racial”3 que busca informar y sensibilizar a la ciudadanía para contribuir a la erradicación de la discriminación racial, promocionar los derechos del Pueblo Afroecuatoriano e impulsar la materialización del Plan Contra la Discriminación Racial. Sin duda, el 2011 es una oportunidad para visibilizar la realidad de los pueblos, de los Afroecuatorianos en particular y para exigir del Estado acciones concretas y eficaces en contra de la discriminación racial. A decir de Alexis, un joven afroecuatoriano: “Ya no podemos vivir de disculpas queremos acciones reales…”

2 Sistema Nacional de Información Inter Étnica. SIET. Boletín Informativo N-01, año 1. Junio. Quito 2010, p. 9. 3 Más información: http://discriminacionracial.wordpress.com/

proyectoproodm@gmail.com

Salarios 2011: sector público versus sector privado • Fabián Robles Neira Formación en Psicología Organizacional Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Certificación Internacional como Instructor TEC Monterrey. Diplomado Marketing y Venta Estratégica de Servicios Fundación Banco Popular-Universidad de Valparaiso. Diplomado Administración Estratégica de Recursos Humanos; Management Integral Price Waterhouse. Ex Gerente de Recursos Humanos de Compañías privadas e Instituciones Públicas; Trayectoria laboral de más de 25 años. Instructor y Consultor en Temas Laborales-LOSEP y subsistemas del Talento Humano: valoración de cargos, procesos, compensaciones, diseño pago variable por productividad, indicadores de gestión y rendimiento; selección por competencias.

El Ministerio de Relaciones Laborales ha establecido en $ 500 dólares la RMU de la categoría ocupacional más baja a la que denomina Servidor Público de Servicios1 en el escalafón de salarios para los servidores públicos, mientras que el valor del piso salarial para el sector privado quedó en $ 264 a partir del mes de enero.

gos ocupados por la alta dirección de los dos sectores, en un proceso técnico hemos ubicado los salarios medios que dan forma equitativa a cada curva de salarios, ojo no son valores promedios; el estadígrafo adecuado es la mediana o el valor que se ubicaría en la mitad de todos los casos mencionados; con ello podemos hacer las siguientes observaciones:

El tope o techo salarial establecido para los dignatarios, autoridades y funcionarios del nivel jerárquico superior, esto es cargos de Ministros y de la máxima autoridad del Gobierno, es decir del Presidente de la República se establece en $ 6000. En el sector privado el cargo homólogo que viene a ser el de Gerente General tiene un valor medio de $ 13.591.

Los salarios del sector privado no son competitivos frente a los del sector público.

Teniendo claro el origen y el final de cada una de las curvas y homologando 22 categorías ocupacionales desde los cargos más básicos y operativos hasta los car-

A partir de los cargos de nivel Gerencial que corresponden a los niveles 18, 19 y 20. Alli ubicamos a las Gerencias Operativas, Tácticas y Estratégicas respecti-

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Hoy a diferencia de años anteriores se tienen mejores salarios e ingresos en el sector público, esto es muy cierto hasta la categoría ocupacional número 17 que es la brecha salarial entre los cargos de Jefatura y los de nivel Gerencial.

vamente, los valores en el sector privado se distancian significativamente de sus pares en el sector público. En el sector privado es determinante en el ingreso los resultados que se exigen y que se consiguen. En el sector público en cargos de niveles de Dirección y superiores muchas veces se colocan por cuota o favores políticos a funcionarios que no tienen la formación ni las competencias para tan complejas responsabilidades. Esto solamente provoca el decrecimiento de la gestión y de los resultados de dichas instituciones.

El sentido común nos dice que si pago el salario básico a un trabajador, este poseerá una educación y formación básica, tendrá un rendimiento básico y alcanzará un resultado básico.

En las primeras 7 categorías ocupacionales la RMU de un servidor público prácticamente dobla a la RMU del sector privado para un mismo perfil de cargo. Y como si esta inconsistencia no fuese ya bastante absurda, al comparar el perfil del ocupante nos toparemos generalmente con que el perfil del servidor público de carrera es bastante más modesto que el que se exige para el ocupante de la categoría homóloga en la empresa privada. Ejemplo el caso del Auditor Interno.

Si a este valor sumamos lo que nos cuesta la alimentación, el transporte, la habitación, los servicios básicos – agua-luz-teléfonolos cuales están también a su disposición; está claro que este oficio está condenado a desaparecer.

Hay que reconocer que en este gobierno se han profesionalizado en gran medida los cargos de niveles de supervisión, de nivel profesional y de Jefaturas, que es en donde en definitiva se potencian las organizaciones, por ello pasa mucho en las EP que los directores como son funcionarios de libre nombramiento y remoción son espectadores del trabajo, aporte y decisiones que desarrollan sus subalternos directos; el Jefe a su Director le dice: “el reporte está listo y revisado para su firma”. Resulta pavoroso ver como el número de servidores públicos en apenas cuatro años ha crecido en aproximadamente 100.000 nuevos empleados y su RMU promedio ha pasado de $ 843 a $ 1095 dólares en el 2010.

Pero con todos sus componentes ese salario básico equivale a $ 330 dólares mensuales que es un valor que repercute significativamente en la economía familiar de la gran mayoría de hogares que no se podrán dar más el lujo de tener una empleada doméstica.

Pero también podría ocurrir que para devengar ese salario, la sociedad eleve el perfil y entonces ahora exija ejecutivas del hogar, damas de compañía o asistentes de servicios; entonces las competencias exigibles serían: excelente presencia, certificaciones que acrediten cursos de cocina ecuatoriana, etiqueta y protocolo, educación parvularia, primeros auxilios, control de incendios, defensa personal, arreglos caseros, organización de eventos, manejo prolijo de herramientas y equipos de uso doméstico de última generación, gestión de compras, MS Office e internet, deseable que hable el idioma inglés y que sepa tocar el piano. En la inducción de la nueva asistente, ahora usted deberá dejar muy en claro que está prohibido destinar el tiempo de la jornada de trabajo a realizar actividades particulares como hablar por teléfono, establecerá el horario para el lunch y un procedimiento claro para sancionar atrasos y autorizar permisos.

Esto alentará la llegada de personal cubano, colombiano o peruano que motivado por un mejor ingreso que el mínimo establecido en sus respectivos países (Cuba $ 17, Perú $ 199, Colombia $ 221), vendrán a ofrecer sus servicios incondicionalmente. Surgirán nuevos servicios para familias cuyos miembros estudian y trabajan; lavanderías, restaurantes de comida casera, cuidado de mascotas, jardinería, peluquerías, electricidad y plomería y propiciará la creatividad para nuevos servicios de vigilancia residencial y de sistemas inteligentes de monitoreo desde la oficina, entre muchos otros servicios que alguien tendrá que hacerlos aunque sea con menos frecuencia. Ah… por cierto aumentará el número de divorcios y de infidelidad, muchos hombres y mujeres tratarán de evitar llegar a su casa cansados y tener que tender la cama, lavar platos y limpiar polvos. Ahora mismo sorprende mirar en la sección C empleos.elcomercio.com del último día domingo que existen 15 columnas de avisos de búsqueda de profesionales por 1 de supervisores y jefes, 1 de administrativos, secretarias, cajeras; 3 de vendedores, promoto-

res y apenas una media columna de servicio doméstico. Motivo de otro artículo será analizar los niveles salariales que se ofrecen a estos profesionales, los mismos que parecen tomados de las escalas de salarios sectoriales, estos alcanzan para profesionales junior un máximo de $ 500 dólares. En algunos anuncios se pide aspiración salarial y en otros se indica: contratación inmediata. ¿Usted ofrecería un precio por un auto sin verlo, o sin abrir el capot y ver la potencia de su motor? No es infidencia contar que en ciertas instituciones públicas y en cargos de nivel superior, los ingresos se ven mejorados por los viáticos, las subrogaciones, las comisiones de servicio, los pagos de tickets de avión y en muchos casos hasta con la facilidad de “contratar” a su vehículo personal o el de algún pariente para su uso personal, el combustible claro corre a cargo de la empresa.

La rendición de cuentas no se cumple y muchos abusos y malos usos de los dineros y bienes del servicio público siguen siendo despilfarrados. ¡No hay duda hay mucho por mejorar!.

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La mujer y el derecho • Azucena Soledispa Toro Abogada y Doctora en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Magíster en Ciencias Jurídicas de la Administración de Justicia por la Universidad Central del Ecuador. Candidata a Doctora en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. Ex Comisaria de Salud de Pichincha. Ex Comisaria de la Mujer y la Familia del Cantón Quito. Profesora de la Carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Consultora en temas socio-jurídicos y abogada en libre ejercicio de la profesión. Actualmente se desempeña como coordinadora de la línea de Litigio Estratégico del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM- Ecuador.

La supuesta inferioridad de la mujer, construida sobre la base de creencias religiosas que le asignan la culpa “del pecado original”, y con ello la inclinación al mal, la debilidad moral y la inferioridad mental en relación al hombre, fue el principal sustento de las regulaciones inequitativas establecidas en el Derecho antiguo en perjuicio de la mujer, y el determinante de su situación jurídica y social. Muestra de ella se encuentra en el Código de Hammurabi de los babilonios y en las Leyes de Yahvéh o Torá del pueblo hebreo; en el Derecho griego y en el romano; en los fundamentos del Derecho de Familia, de las Ciencias Penales y en otras áreas del Derecho; y en diferentes corrientes del pensamiento jurídico, que perviven aún en la actualidad. Sin pretender -por falta de espacio agotar el tema (el cual merece ser objeto de un estudio detenido) es importante mencionar que en el Derecho griego y

romano, las mujeres se encontraban sometidas al poder o tutela de un hombre (esposo o padre) el cual determinaba su capacidad de obrar; además, no eran miembros de la polis o de la civitas y no gozaban de capacidad política. Y aunque, según la historia, los romanos trataron de establecer relaciones más equitativas con las mujeres, no ocurría lo mismo con los griegos para quienes la mujer era un ser únicamente con funciones reproductivas, tal como lo ratifican en sus escritos Aristóteles y Platón, dos de los máximos exponentes de la filosofía griega. En el ámbito de las Ciencias Penales, la mujer también ha sido objeto de análisis bajo la falsa premisa de su inferioridad y “natural” inclinación al mal. La obra inquisitorial titulada “El martillo de las brujas” escrita en siglo XV por Heinrich Kramer y James Sprenger -por orden del Papa Inocencio VIII- establece la peligrosidad de la mujer y su potencial participación en actos de brujería en base 15

a una supuesta inferioridad genética, la cual -según los autores- estaba determinada por una falla en la formación de la primera mujer, por haber sido ella creada a partir de una costilla curva, concretamente una costilla del pecho; falla que convierte a la mujer en “animal imperfecto” que siempre decepciona y miente.

Y aunque, según la historia, los romanos trataron de establecer relaciones más equitativas con las mujeres, no ocurría lo mismo con los griegos para quienes la mujer era un ser únicamente con funciones reproductivas, tal como lo ratifican en sus escritos Aristóteles y Platón, dos de los máximos exponentes de la filosofía griega.

Pero si este pensamiento medioeval sorprende, sorprende aún más que en 1950 Otto Pollack, en su obra “Criminalidad de las mujeres”, sostenga que las mujeres son por naturaleza tramposas y que desarrollan una “criminalidad camuflada” por los roles que les ha asignado la sociedad, tales como: enfermeras, amas de casa, sirvientas, etc., lo cual dificulta a la justicia descubrirlas; esto se suma al hecho, según Pollack, de que, por el “principio de caballerosidad”, los policías no detienen a las mujeres criminales y los jueces no las condenan. Por su parte, el Derecho Penal contemporáneo ha condensado en sus preceptos legales o en la jurisprudencia penal comparada, las más desafortunadas disposiciones y resoluciones que, a pretexto de la honestidad, el honor o la moral, colocan a la mujer en el papel de “cosa” o “instrumento”- por tanto carente de derechos- y la ubican en una clara situación de discriminación y desigualdad frente al varón. Esta situación -cortamente ilustrada pero claramente violatoria de derechos humanos- que a lo largo de la historia ha sido objeto la mujer, determinó, entre otros aspectos, su importante participación en el quehacer jurídico; dentro del cual ha tenido que bregar para combinar la “lógica del derecho” con “la necesidad de protección de las mujeres”, a la cual se refiere Elena Larrauri, cuando menciona los debates feministas sobre la política de la igualdad y la política de la diferencia. En este contexto, las mujeres han visto en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos un importante campo en donde incidir para cambiar su situación de discriminación, y una puerta de entrada para exigir respuestas al Estado a través del derecho interno y las políticas públicas. Por ello, a partir del siglo pasado, las mujeres han participado en diversas conferencias internacionales en las cuales plantearon

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y posicionaron temas que les atañen o afectan; y, han intervenido en el diseño de la legislación internacional a favor de los derechos de la mujer. A nivel universal, el principal instrumento internacional con el que ahora se cuenta es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, la cual condena la discriminación contra la mujer en todas sus formas; considera que la violencia contra la mujer es una manifestación de esta discriminación; y establece una serie de disposiciones para que los Estados partes eliminen la discriminación contra la mujer en las esferas política, social, económica y cultural. Cabe indicar que la normativa de esta Convención es constantemente recreada por el comité monitor del cumplimiento de la misma, esto es, por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, a través de sus recomendaciones generales, las cuales forman parte integrante del Derecho Internacional. En cambio, a nivel regional, se dispone de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer –Convención de Belém o Pará-, adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos el 9 de junio de 1994, la cual protege a la mujer de toda forma de violencia tanto en el ámbito público como en el privado; expresamente la protege del maltrato, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual. Este instrumento establece las medidas que los Estados partes deben adoptar para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, prestando especial atención a la vulnerabilidad y a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, embarazada, con discapacidad, niña, adolescente o adulta mayor.

Por su parte, el Derecho Penal contemporáneo ha condensado en sus preceptos legales o en la jurisprudencia penal comparada, las más desafortunadas disposiciones y resoluciones que, a pretexto de la honestidad, el honor o la moral, colocan a la mujer en el papel de “cosa” o “instrumento”- por tanto carente de derechos- y la ubican en una clara situación de discriminación y desigualdad frente al varón.

Por otra parte, desde 1999, un grupo de mujeres y hombres de América Latina y el Caribe han venido trabajando en la construcción de la Convención Interamericana de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos, que tiene por objeto el respeto, protección, garantía y promoción del ejercicio completo, libre y dignificante de los derechos sexuales

y reproductivos de todas las personas; esfuerzo colectivo que ya cuenta con un borrador y que, en un segundo momento, buscará la eventual ratificación e implementación de este instrumento internacional. Es decir, la mujer ha pasado de ser objeto de regulación a sujeto de derechos y, principalmente, a protagonista del Derecho, lo cual le ha significado importantes avances en el respeto de sus derechos humanos. Sin embargo, está claro, que aún falta mucho para eliminar la discriminación contra la mujer, para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, y para que el Derecho formal se convierta en Derecho real.

En ese sentido, es necesario, por una parte, que las disposiciones jurídicas conseguidas sean conocidas y exigidas por todas las mujeres, e invocadas y aplicadas por los operadores y las operadoras de justicia; y, por otra parte, es necesario además, el conocimiento de los compromisos asumidos por el Estado en materia de igualdad y no discriminación contra la mujer, de los mecanismos con que se cuenta para instrumentar dichos compromisos y el monitoreo del cumplimiento efectivo de estos compromisos.

Utilizar el Derecho como instrumento de cambio y, al mismo tiempo, transformar el Derecho, es el reto actual de las mujeres para lograr la justicia y la igualdad que históricamente se les ha negado. ¡Eso aún es posible!

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