Asesoría Jurídica
ASESORIA JURÍDICA:
VIENDO LAS OREJAS AL LOBO
Antonio Velasco Martín Asesor Jurídico FCCyL Foto de lobo: Fernando Benito
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l nueve de junio se notificó a la Junta de Castilla y León y a esta Federación la Sentencia nº 604 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que estima parcialmente el recurso de Ecologistas en Acción contra el Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas, anulando, entre otros, el artículo que enumera y establece las especies cinegéticas (art. 13) y el Anexo que determina los períodos hábiles de caza. La Federación de Castilla y León es parte interesada en este proceso y ha defendido en los tribunales, junto a la Administración, la legalidad de este Decreto. Aunque la sentencia desestima la mayoría de las pretensiones de los ecologistas, la anulación del artículo 13, de
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Cazadores de Castilla y León •••
hacerse efectiva y por sí sola, eliminaría el rango reglamentario de la declaración de las especies cinegéticas, que conforme a la sentencia es necesario para poder practicar la caza en Castilla y León. Puesto que la sentencia no es firme y ya se ha recurrido en casación ante el Tribunal Supremo, sólo una hipotética ejecución provisional de la misma, solicitada por Ecologistas en Acción y admitida por el Tribunal, podría paralizar la caza a fecha de hoy. En esta situación de precario, la Junta de Castilla y León, conforme a lo establecido en la Ley de Caza, ha publicado antes del 30 de junio la Orden Anual. Por ahora la caza sigue siendo perfectamente legal y está amparada por esta Orden y el Decreto citado, pero existe el riesgo de que el Tribunal acepte los posibles requerimientos de
los anticaza y suspenda cautelarmente las normas que fundamentan nuestra actividad. ¿Es esto probable? Creemos que no. En situaciones similares no se ha producido y los perjuicios provocados por esta situación serían tan graves, difusos e irreparables que no habría aval suficiente que exigir a Ecologistas en Acción para cubrir las consecuencias económicas, de daños a la agricultura, plagas, enfermedades en la fauna y el ganado, accidentes de tráfico (muertes incluidas), que podría producir una decisión tan descabellada. No nos extrañaría demasiado la iniciativa por parte de Ecologistas en Acción, de los que ya tenemos muestras suficientes de que no miden las consecuencias de sus actos, pero nos cuesta mucho creer que un Tribunal pueda ejecutar provisionalmente una sentencia de semejantes efectos.
