04-10 Reportaje Canada NUEVO 30/06/17 15:25 Página 3
RD JULI0-AGOSTO 2017
EN PORTADA
Lorena RuizHuerta ( Podemos) , ` ng el Garrido ( PP) , Pedro del Cura ( Rivas) , Manuela Carmena ( Madrid) , Cristina Cif uentes ( presidenta reg ional) , ` ng el Viveros ( Coslada) , Concepci n Dancausa ( deleg ada del Gob ierno) , ` ng el Gab ilondo ( PSOE) e Ig nacio Ag uado ( Ciudadanos) .
ás de 50 años, 14 kilómetros de largo, 75 metros de ancho, 7.283 habitantes, 2.537 parcelas y decenas de meses de negociaciones y reuniones. La problemática en torno a la Cañada Real Galiana, una antigua vía pecuaria en desuso desde los años 50 y en la que se han asentado viviendas e infraviviendas que conviven con focos de venta de droga y vertederos ilegales, ya cuenta con un marco institucional que siembra el terreno de futuras soluciones.
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El Pacto Regional por la Cañada Real, aprobado el pasado 17 de mayo por las cinco administraciones involucradas –Comunidad de Madrid, Delegación de Gobierno y ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada- supone el primer paso para la regularización o desmantelamiento del asentamiento ilegal, uno de los mayores de estas características en Europa. Todo, para lograr los objetivos de restauración del medio natural –cuando se imposibilite el uso residencial o industrial-; regular la situación patri-
Una ponencia urbanística determinará qué situaciones en las que se hallan las viviendas de la Cañada pueden ser salvables y cuáles no
monial o urbanística conforme a los principios de legalidad y derecho a la vivienda y a la ciudad;realojos para quienes no puedan continuar en sus viviendas por razones de salud, seguridad o medio ambiente y la adopción de medidas urgentes para, según el texto del pacto, “salvaguardar la integridad, la salubridad e integración de la población más desfavorecida”. En lo que respecta a los sectores 3, 4 y 5 de la Cañada, que pertenecen al
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municipio ripense, el acuerdo anticipa la creación de tres ponencias de temática urbanística-medioambiental, jurídica y económica, con representación ciudadana y de personal técnico municipal y de la Comunidad de Madrid que estudiará soluciones. Así, el trabajo de estas ponencias determinará qué situaciones en las que se hallan las viviendas pueden ser salvables y cuáles no y, por tanto, deben desmantelarse. De acuerdo con el principio de legalidad que defiende el pacto, debe respetarse la normativa que afecte a la Cañada. Este punto conlleva que en aquellas viviendas que contravengan leyes medioambientales, o sobre salubridad o seguridad pública, prevalecen estas normas por encima de la permanencia de las construcciones sobre el terreno. Distintas zonas del asentamiento discurren por las proximidades de líneas de media y alta tensión, oleoductos, vías de tren de alta velocidad o infraestructuras hidráulicas con riesgo de inundaciones. La Comunidad de Madrid ha identificado posibles
