Introducción

A lo largo de las últimas décadas, las políticas pro privatización han cobrado un lugar central en muchos procesos de reforma educativa a escala global (Burch, 2009). El avance de estas políticas se explica parcialmente por el impacto de una serie de factores comunes de carácter externo –incluyendo presiones derivadas de la globalización económica o el rol de organizaciones internacionales con una preferencia por las soluciones de mercado. Sin embargo, en su implementación, estas políticas no responden a un modelo homogéneo en cuanto a sus fines, sentidos, diseños y temporalidades. Por el contrario, diversos condicionantes de carácter interno, sociopolíticos, institucionales, demográficos e históricos propios de cada contexto nacional y/o subnacional han dado como resultado distintas trayectorias de privatización educativa con características específicas (Verger, Fontdevila, & Zancajo, 2016). En América Latina, las políticas pro privatización han asumido un rol protagónico singular en los procesos de reforma educativa, especialmente a partir de la década de 1990 (Bellei & Orellana, 2014). La consecuencia más evidente –aunque no exclusiva– de estos procesos ha sido la creciente participación de agentes privados en la provisión educativa bajo diversos arreglos institucionales. En las últimas décadas, de hecho, América Latina ha sido la región del mundo en la que la privatización de la provisión educativa ha crecido de forma más acusada y constante (Verger, Moschetti, & Fontdevila, 2017). A su vez, como rasgo particular y paradójico, los procesos de privatización en la región corrieron en paralelo al creciente ingreso a la educación pública de sectores sociales largamente excluidos del acceso a este derecho (Bordoli & Conde, 2016). El interjuego de ambos procesos no ha hecho más que poner de manifiesto las contradicciones y desafíos que enfrentan los estados de la región en materia de integración e igualdad. En este contexto, y a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, el caso de Uruguay destaca por haberse mantenido relativamente al margen de la agenda privatizadora ampliamente difundida en la región. Si bien durante la década de 1990 el país no estuvo exento de experimentar una progresiva desvalorización de lo estatal en torno a lo educativo en el plano discursivo-ideológico, en la comparación con otros países de la región, el sector estatal ha conservado en Uruguay un rol central en la provisión educativa y la presencia de agentes privados en la educación se ha mantenido relativamente acotada (Bellei & Orellana, 2014; Bentancur, 2008; Bordoli & Conde, 2016; Verger, Moschetti, et al., 2017). Sin embargo, más recientemente algunos trabajos han comenzado a advertir un cambio significativo en el orden discursivo que ha contribuido a la instauración de un nuevo clima propicio para las propuestas de reforma educativa de corte privatizador (Bordoli & Conde, 2016; D’Avenia, 2013; Verger, Moschetti, et al., 2017). Este cambio discursivo se manifiesta en un renovado impulso de desvalorización de lo público que contrasta con una creciente asociación de la provisión privada (y de