1. Alcance y significado(s) de la privatización educativa La privatización de la educación es un fenómeno de alcance global con múltiples aristas. Países y Estados del Norte y del Sur con diferentes tradiciones educativas y marcos regulatorios han promovido medidas de privatización alegando diversos motivos sociales, políticos, económicos y educacionales. Entre las medidas de política educativa que más han promovido la intervención del sector privado en la educación destacan las escuelas charter, los esquemas de vouchers, la
contratación externa de escuelas privadas, los incentivos fiscales al consumo y/o la
provisión de educación privada y, en sentido más amplio, diversas medidas con las que promover la ‘libre’ elección escolar. Las reformas pro privatización son defendidas por un amplio espectro de actores que incluye grupos de interés locales, organizaciones internacionales y fundaciones o think tanks privados. Estos actores presentan la privatización como una fórmula para ampliar las posibilidades de elección escolar de las familias, tornar más eficiente el sistema educativo o incluso incrementar la equidad. Sin embargo, las políticas de privatización suelen generar fuertes controversias y disputas políticas. Un conjunto importante de actores plantea reparos a estas políticas por cuanto suponen un desafío a la concepción de la educación como un derecho humano y un bien social. En particular, la privatización tiende a segmentar los sistemas educativos y, a raíz de ello, socavar la equidad educativa. Además, los supuestos beneficios de la privatización educativa en términos de eficiencia y mejoras en la calidad no han sido demostrados (Waslander et al., 2010). Adicionalmente, la privatización puede afectar directamente a las condiciones laborales y los derechos de trabajadoras y trabajadores de la educación. Es por ello que, entre los actores que se oponen a la privatización, suelen destacar las organizaciones sindicales.
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