5. Escuelas privadas de bajo costo (LFPS

La segunda preocupación es que la conceptualización del Banco Mundial es políticamente tendenciosa y sesgada ideológicamente. La clasificación de PPPs sugiere claramente la preferencia del Banco por las soluciones de mercado en educación. Sin embargo, por definición, los esquemas de PPP no necesariamente siguen un modelo de mercado. De hecho, el nivel de integralidad de las PPPs no depende necesariamente de la presencia de dinámicas de mercado y, por ende, es posible establecer alianzas público-privadas que no impliquen competencia entre centros y libertad de elección.

En muchos países de Asia, África y América Latina, la participación del sector privado en educación ha crecido a lo largo de las últimas dos décadas como consecuencia de la pasividad del Estado a la hora de hacer frente a la creciente demanda de la educación básica.

La investigación y el debate sobre el fenómeno de la privatización de la educación, específicamente en contextos de bajos ingresos, han estado en parte dominados por el análisis de la rápida expansión de las denominadas escuelas privadas ‘de bajo costo’ o LFPS, por sus siglas en inglés (‘low-fee’ private schools).

Esta tipología de escuela surgió al amparo de los fuertes déficits de oferta educativa estatal que ofrecían espacios e incentivos para el desarrollo de la oferta privada ante el incremento sostenido de la demanda. No obstante, si originalmente se trataba de un fenómeno de privatización espontánea, a espaldas de la débil política educativa estatal, actualmente su integración en esquemas de alianzas público-privadas es cada vez más frecuente (Srivastava, 2015; Verger et al., 2016a).

Es difícil referirse a un modelo conceptual unívoco de LFPS, en virtud de que su proliferación en diversos contextos ha dado lugar a una multiplicidad de experiencias adaptadas a las características de cada ámbito que no se agotan en una definición en particular.

En principio, uno de los mayores problemas es determinar qué significa ‘bajo costo’ y, en ese sentido, Verger, Fontdevila y Zancajo (2016) destacan el carácter coyuntural de esa dimensión, que depende de la estructura social de los países donde operan estas escuelas y, también, de las circunstancias económicas de las familias.

Srivastava (2008), intenta establecer un umbral y señala que, para ser considerada de bajo costo, la escuela no debe cobrar una cuota mensual superior al importe correspondiente al ingreso diario de un trabajador no cualificado, en el caso del nivel primario, y de no más del doble para el nivel secundario.

No obstante, estas precisiones cubren solo una dimensión de esta modalidad de provisión, y resultan problemáticas cuando se consideran los casos de algunas LFPS que se encuentran en parte subvencionadas por los Estados, como ocurre en Jamaica, Nigeria y Sudáfrica, por ejemplo (Ahmed & Sayed, 2009; Härmä, 2013; Schirmer et al., 2010).

Aún así, a pesar de la heterogeneidad de este sector en el que, por ejemplo, conviven modelos institucionales con ánimo de lucro con otros en los que esta dimensión es menos clara (Walford, 2011; Moschetti, 2015), dos factores parecen ser comunes a todos los contextos en los que han proliferado las escuelas privadas de bajo costo:

El default estatal en materia de provisión, financiación y regulación como condición generadora;

La población de bajos ingresos como público objetivo.

Los promotores de esta modalidad suelen destacar que el motivo de su expansión viene dado por la calidad superior de las LFPSs en comparación con las escuelas estatales en lo que respecta a resultados de aprendizaje (Dixon & Tooley, 2012; Tooley, 2013).

Sin embargo, la evidencia no es en absoluto concluyente en ese sentido, y se ha advertido sobre la escasa o nula cualificación del profesorado habitualmente contratado en estas escuelas como estrategia de ahorro de costos (véase Day Ashley et al. 2015, para una revisión).

Por el lado de la demanda, tampoco resulta claro que las familias elijan estas escuelas sobre la base de la calidad educativa en sentido estricto, como señalan sus defensores. Por el contrario, numerosos estudios muestran cómo la elección de estas escuelas está relacionada con dimensiones como la seguridad, el control, aspectos lingüísticos o religiosos y, especialmente, formas de distinción social según las cuales solo asistirían a estas escuelas las familias más acomodadas de los sectores de bajos ingresos (Härmä, 2010; Härmä & Rose, 2012; Govinda & Bandhyopadhyay, 2008; Riep, 2014; Srivastava, 2008).

A pesar de sus orígenes locales, el fenómeno de las escuelas privadas de bajo costo va adquiriendo crecientemente dimensiones globales. Organizaciones y agencias de cooperación internacionales, donantes, filántropos e inversores privados transnacionales apoyan, promueven e invierten en este tipo de escuelas e instan a los gobiernos a apoyar estas escuelas como alternativa costo-eficiente —y rentable— para ampliar el acceso a la escolarización (Srivastava, 2016).

En la difusión global del modelo, y en particular de la idea rectora de la superioridad de la provisión privada respecto de la estatal, distintos actores tienden a hacer un uso ostensiblemente selectivo de la evidencia disponible (Day Ashley et al., 2016).

La más reciente expansión de las LFPSs no resulta exclusivamente de la pasividad de los Estados en materia de política educativa. Por el contrario, una mezcla de mecanismos de financiamiento como la creación de fondos privados de inversión ad hoc, o programas de voucher financiados por agencias de ayuda internacional, como en el caso de Haití, son solo algunos de los instrumentos financieros utilizados por la comunidad internacional en la fase más reciente de expansión del sector.

En este contexto, si bien su peso relativo es menor en comparación con la cantidad de escuelas de pequeños propietarios, las cadenas internacionales de LFPSs son un claro mercado emergente de estas redes de promoción y financiamiento. Adicionalmente, cada

vez son más los casos en los que los Estados optan por integrar al sector de LFPS, tanto local como transnacional, en esquemas de PPPs en los que estas escuelas comienzan

a operar en el marco de sistemas de vouchers o con subvenciones estatales (Heyneman & Stern, 2014; Srivastava, 2015).