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Imagen: Gestión
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Escrito por: Alex Pan Li1
Durante el año 2020, el mundo entero ha caído en una crítica recesión económica. La pandemia ha ocasionado desempleo, crisis de salud mental, parálisis del sector turismo, cierre de fronteras, entre otros. Y el Perú no ha quedado exento. A pesar de ser uno de los primeros países que ha impuesto restricciones para reducir el daño, los alarmantes casos de infección demuestran que las medidas tempranas no han sido suficientes. Las deficiencias en el sistema de salud, el errado enfoque no preventivo, la irresponsabilidad ciudadana, la informalidad y la poca presencia de un Estado son algunas razones que pueden explicar esta problemática. Esta situación se agrava más con la crisis política, la cual ha revelado el estado crítico en el que el país se encuentra: un país “enfermo” donde las desigualdades preexistentes se han vuelto más visibles, y que no se toma este problema con la importancia debida. En el presente artículo se explicará de qué manera la pandemia ha desnudado las desigualdades sociales en el Perú tomando los conceptos de estratificación social, ciudadanía y desigualdad social desde las perspectivas de sociólogos como Wright Mills y Anthony Giddens. Asimismo, se abordarán diversos análisis de visibles desigualdades encontradas durante la pandemia teniendo como referencia algunos servicios básicos como ingreso, salud, educación y conectividad.
Wright Mills define la estratificación social como aquella clasificación jerarquizada dentro de los
grupos sociales en base a diferentes dimensiones como ocupación, clase, prestigio y poder. A pesar de que estas dimensiones difieren de persona en persona, cualquier comunidad política socialmente moderna y democrática gira en torno a un concepto legal común llamado ciudadanía. En términos concretos, Anthony Giddens considera la ciudadanía como un rasgo característico de las sociedades modernas donde los ciudadanos conviven dentro de una nación y comparten los mismos derechos y deberes. Bajo esta premisa, el Estado peruano tiene como obligación ser garante de que se cumplan determinados derechos para todos los ciudadanos. Sin embargo, en la práctica, el Estado se muestra parcial y partidista. ¿A qué se debe este comportamiento? Como menciona el politólogo Martin Tanaka (2012), lamentablemente los partidos políticos existentes en el país no representan a la población, no presentan proyectos que realmente recojan los deseos de los ciudadanos y son más bien propulsados por intereses personales. Bajo estos conceptos, es posible explicar que los grupos sociales, con las oportunidades que se les presentan, tienen un acceso diferenciado a recursos y servicios, lo cual deviene en una situación de mayor desigualdad social. Es decir, no todas las personas ejercen las mismas funciones y roles, por ende, no todas ellas obtienen beneficios por igual. Sin embargo, el problema nace en el momento que se convierte en injusticia y contribuya a la discriminación.
En ese sentido, en el Perú, la desigualdad social se encuentra peligrosamente presente y queda normalizada al ser subjetivamente aceptada dentro de la sociedad. De este modo, es posible suponer que la desigualdad social ha sido mayor durante el 2020, producto de la pandemia que aún nos aqueja y que afecta la economía, la salud y la educación. A continuación, nos detenemos en el análisis de cada uno de ellos.
La primera dimensión a analizar será la economía. Uno de los aspectos más preocupantes es la brecha salarial entre los sectores altos y bajos. Según la Encuesta Nacional de Hogares entre el 2007-2018, la diferencia de ingreso promedio per cápita mensual entre Lima Metropolitana y las regiones rurales ha aumentado de 800 a 1100 nuevos soles. En temas laborales, se observa también una serie de desigualdades previas a la pandemia y enfatizadas por ella. Por ejemplo, la controversial Ley de Empleo Juvenil, que beneficiaba a las empresas, reduciéndose los costos laborales, mientras que los jóvenes desempleados perdían derechos laborales. En un estudio de la asociación Escucha al Perú en el 2020, en Lima y Callao, el 75% de los ciudadanos más pobres ha quedado en desempleo, mientras que solo el 6% de la clase alta ha perdido su empleo. Debido a la falta de trabajos, la informalidad se ha mostrado como una solución para los sectores de la clase media y baja. Esto implicaría que los ingresos promedios del ciudadano de clase media y baja estarían disminuyendo, mientras que la clase alta se mantiene casi inmutada. La situación se agrava conforme se suman otras condiciones, como el pertenecer a comunidades indígenas donde, según lo señalado por la Organización Internacional del Trabajo, el 86% de las personas trabaja en la informalidad. Durante la pandemia, el Estado peruano propuso la entrega de bonos a los hogares. A través de subsidios, las familias vulnerables podían cubrir los gastos económicos necesarios. Sin embargo, esta iniciativa presentó problemas de distribución. La ayuda benéfica no llegó a todos, por diversos motivos, uno de los cuales fue
Fuentes: AGUIRRE, Amet (2020) “Más de S/4 mil millones para 29 hospitales que no avanzan”. Peru21. Lima, 17 de octubre de 2020. Consulta: 21 de diciembre de 2020. https://peru21.pe/peru/mas-de-s4-mil-millones-para-29-hospitales-que-no-avanzan-noticia/ INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) (s/f). Población de 6 y mas años de edad que hace uso del servicio de internet, según ámbitos geográficos[encuesta]. Consulta: 21 de diciembre de 2020. http://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/indices_tematicos/cuadro-08_4.xlsx
debido a la existencia de familias que no contaban con cuentas bancarias. La segunda dimensión a analizar será el sector de salud. Según el MINSA, el país tuvo su primer contagio el 6 de marzo de 2020. Después de 3 meses, se habían alcanzado los 200 mil contagios y 9 meses después, cerca del millón. Las medidas tomadas por el gobierno desde el inicio de la pandemia fueron ineficientes, por lo que el país tuvo el peor ratio de mortalidad. Una de las explicaciones es la muy baja inversión en salud e infraestructura médica. La Defensoría del Pueblo, en una acción de supervisión a hospitales del país en 2018, señaló que el 67.7% no cuentan con ambientes suficientes para atender la demanda y el 44.6% no tienen los equipos médicos necesarios. Esta situación se agrava en las regiones más vulnerables y alejadas de la capital donde, entre el 2018 y 2019, se gastaron 4 mil millones de soles en proyectos enfocados en la mejora de infraestructura hospitalaria; sin embargo, de los 29 proyectos aceptados, ninguno había superado el 60% del avance total, sea por corrupción o abandono de obra. Mientras tanto, la mayoría de las prestaciones de servicios especializados se encuentran en Lima. La pandemia ha provocado el colapso de hospitales, especialmente aquellos en las ciudades más alejadas de la capital: Según la Superintendencia Nacional de Salud, por cada 60 mil habitantes en Loreto y Puno, por ejemplo, solo se posee una cama UCI. La falta de acceso a mejor atención médica provocó que muchos quisieran optar por las clínicas privadas. Sin embargo, la mayoría impuso precios exorbitantes para la atención a pacientes, y en reiteradas ocasiones por encima de las posibilidades de pago de la mayoría de familias peruanas.
Por último, se analiza también el sector educación. En años previos se había alertado sobre la infraestructura de colegios públicos, donde, según datos de la Defensoría del Pueblo, de 556 escuelas supervisadas: 6 tienen teléfono, 282 tienen agua potable y 20 solamente tienen servicios higiénicos adaptados. Para atender el cierre de escuelas, el Estado peruano implementó “Aprendo en Casa”, una estrategia de educación remota con sesiones en radio, TV y Web. Sin embargo, hay un acceso diferenciado a internet según ámbitos geográficos, dado que, según datos del INEI del 2008 al 2018, el 62.2% de habitantes en zonas urbanas tenían acceso a internet, comparado con el 17.7% de habitantes en las zonas rurales. En tiempos de pandemia, el acceso a tecnología cumplió un papel importante, por lo que las comunidades más pobres tendrían un menor acceso a las oportunidades educativas en cuanto a educación remota: Según cifras de la ENAHO 2020, solamente el 1% de aquellos que se encuentran en el nivel más bajo de la pirámide económica tiene acceso a internet desde su casa, y se prevé que más de 260 mil niños en las zonas más alejadas no puedan tener acceso a la educación a distancia; mientras que, solo en Lima Metropolitana, el 56.6% de hogares tienen acceso a internet y el 50% posee computadoras.
En conclusión, podemos señalar que a consecuencia de la pandemia por el COVID-19 la desigualdad social se ha incrementado pero también la pobreza. Asimismo, por todo lo señalado anteriormente, se pone en evidencia la incapacidad del Estado para reducir las brechas sociales que han existido en el Perú que limitan la posibilidad del ciudadano de poder ejercer y defender sus derechos, como la educación, la salud, el empleo digno, etc. Finalmente, consideramos que el gobierno debería, por tanto, replantear sus intereses y estrategia a fin de garantizar, basado en el principio de subsidiaridad, que todo ciudadano, sin importar su posición social, pueda valerse por sí mismo, defender sus derechos y desarrollarse plenamente en igualdad y equidad social.
