Delfina, con respaldo presidencial: “irregularidades no es corrupción”

PESE A QUE durante su gestión como alcaldesa de Texcoco, la precandidata fue acusada de descontar el 10 % de su sueldo a los trabajadores del Ayuntamiento, el Presidente aseguró que “es incapaz de robarse un centavo”

MARCO AGUILAR maaguilar@ejecentral.com.mx

Durante 2021, la Secretaría de Educación Pública (SEP) registró irregularidades por mil 73.2 millones de pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación en su informe “Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales”. En ese año, seguía a cargo de Delfina Gómez, hoy precandidata a la gubernatura del estado de México.

La dependencia respondió a la auditoría que estos recursos son autorizados y ejercidos por las autoridades locales y de cada plantel escolar, están relacionados con el Colegio de

Bachilleres, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos y el Instituto de Capacitación para el Trabajo. Por tanto, añadieron, deben ser ellos los obligados a presentar las justificaciones y evidencias de su ejercicio.

Ni la SEP, Manuel López Obrador dieron im portancia al hallazgo. El mandatario saltó en defensa de su dos veces candidata por el estado de México, y aseguró que son irregula ridades, “no corrupción”, por eso se les da a las dependencias la opor tunidad de aclararlo.

Además, respaldó la contestación de la dependencia a la ASF.

“Pero lo otro, que es lo que considero esencial en tu pregunta, es que como la maestra Delfina está de precandidata o candidata en el estado de México pues van a estar cuestionándola porque está participando. Y me das la oportunidad de decir que la maestra Delfina es una mujer honesta, que tiene toda mi confianza, toda. Es una mujer incapaz de robarse un centavo, nada que ver con los poÁlvarez fue acusada de descontar 10 % de su sueldo a 472 trabajadores del Ayuntamiento para financiar a Morena, cuando ella era alcaldesa de Texcoco, en la misma entidad que

La Columna Fiscal

Antonio Tamayo

Judith Senyacen Méndez Méndez

Especialistas del CIEP analizan las decisiones sobre finanzas públicas y su implicación en las generaciones presentes y futuras.

La salud mental es parte integrante de nuestra salud y bienestar general, y un derecho humano fundamental. La salud mental significa ser capaces de relacionarse, desenvolverse, afrontar dificultades y prosperar, entre otras habilidades necesarias (OMS, 2022).

A nivel mundial y en México está cambiando la forma de atender la salud mental, dejando atrás el modelo centrado en el hospital psiquiátrico, y transitando hacia un modelo comunitario con énfasis en la atención primaria en salud.

Con el objetivo de disminuir la brecha de atención y aprovechar mejor los recursos, este nuevo modelo promueve acciones y servicios de atención en salud mental de acuerdo a su costo y frecuencia de uso.

En este sentido, primero se promueven las acciones de menor costo como el autocuidado, para después recurrir a los servicios del primer nivel de atención. Los servicios del segundo y tercer nivel de atención se utilizan para aquellos casos en los que ya se agotaron las opciones y recursos de menor costo.

Según la OMS, en promedio, los países dedican menos del 2 % de sus presupuestos de atención de salud a salud mental. En 2016, el presupuesto para salud mental, de la SSa, alcanzó su máximo, considerando el periodo 20016 a 2023, con 3 mil 673 mdp, 2.2 % del total de la SSa. Para 2023, los 3 mil 524 mdp aprobados, implican una reducción de 149 mdp respecto a 2016 (1.7 % del total aprobado a la SSa).

De acuerdo a un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) de 2017, se identificó cómo el presupuesto para salud mental se concentraba principalmente en tres de los ocho programas de la SSa: Prevención y atención contra las adicciones, Atención a la salud, y Prevención y control de enfermedades. Del presupuesto para 2016 estos tres programas concentraban el 92 %, para 2017 era el 96 % y en el PEF 2023 subió a 98 %. ›Además , desde 2016 a la fecha, en promedio el 50 % del presupuesto para salud mental es asignado a hospitales psiquiátricos, lo cual indica que no se ha generado un cambio en la estructura presupuestaria que vaya acorde a los objetivos del nuevo modelo.

En el Segundo Diagnóstico Operativo de Salud Mental y Adicciones, la SSa recomienda aumentar el gasto e inversión para poder desarrollar el modelo, así como para “fortalecer el autocuidado y la salud pública en salud mental y adicciones”. Sin embargo, el ejercicio presupuestal de los últimos años y los recursos aprobados para 2023, no reflejan que dichas recomendaciones hayan sido atendidas, y, en consecuencia, que el nuevo modelo se esté implementando. Los planes de política pública tendrían que reflejarse en el presupuesto si se quiere alcanzar una mejora en la salud mental de la población.