Conflictos de interés Proyecto Eliminación de conflictos de interés en la vida pública
Resumen Ejecutivo Existe una urgente necesidad de transformar el sistema para el combate a la corrupción y los conflictos de interés prevalecientes en el país. Esta problemática afecta de manera importante la impartición de justicia y el combate a la impunidad. Los conflictos de interés emergen cuando gobernantes, representantes y servidores públicos de alto nivel se encuentran subsumidos real y formalmente a pleitesías y compromisos económicos, financieros o políticos que afectan negativamente el desempeño de sus encargos públicos y alejan sus decisiones de la imparcialidad. Este tipo de fenómenos pueden involucrar vínculos financieros, económicos, conyugales, de consanguineidad, de ideología o de pertenencia a grupos y partidos políticos. Para ello este proyecto propone eliminar los conflictos de interés desde raíz a través de la promulgación de una Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés. En el combate a la impunidad y la corrupción debemos tomar pasos definitivos que prevengan la corrosión integral del Estado a partir de su colonización por intereses particulares.
Antecedentes y situación actual En nuestro país el Código Penal incluye una gran gama de delitos para los empleados públicos, tales como “abuso de autoridad”, “tráfico de influencias”, “ejercicio abusivo de funciones”, “cohecho”, “peculado” y “enriquecimiento ilícito”, entre otros. Por su parte, la Ley Federal de Responsabilidades impide a los funcionarios intervenir en asuntos donde tengan intereses particulares y les prohíbe la admisión de obsequios o gratificaciones de cualquier persona “cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas” por el servidor público. Sin embargo, habría que complementar este sofisticado régimen de sanciones con un nuevo diseño institucional que permita hacerlas efectivas. Tanto el Código Penal como la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos señalan claramente que los funcionarios públicos tienen prohibido participar en decisiones gubernamentales donde tengan un “interés personal, familiar o de negocios”. Sin embargo, el pésimo diseño institucional para la rendición de cuentas ha garantizado a todos los funcionarios públicos que delinquen en este aspecto, total impunidad. Las instancias facultadas para castigar a los servidores públicos, la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República, no cuentan con ninguna independencia del Presidente de la República. Asimismo, las instancias independientes, como la Auditoría Superior de la Federación o el Congreso de la Unión, se encuentran sumamente limitadas en sus
facultades de investigación y de sanción. Adicionalmente el Sistema Nacional Anticorrupción recientemente aprobado deja intacto el poder del Presidente. No regula el inmenso poder de las empresas nacionales ni trasnacionales, no limita la influencia indebida de los organismos financieros supranacionales en México, ni reduce el poder del duopolio televisivo o el poder arbitrario de los grandes partidos. Como colofón en el nuevo SNA el Poder Judicial tiene un tratamiento privilegiado y un régimen de excepción y que este poder tan agobiado de impunidad y corrupción no forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción.
Ahorros presupuestales Ahorraremos 764 millones 239 mil 210 pesos como impacto esperado por acabar con el costo de los sobornos, la simulación en el cumplimiento de los requisitos para participar en contrataciones públicas, las dádivas a los servidores público a cambio de beneficios en la asignación de contratos, y otras tropelías para obtener ventajas o beneficios ilegales. La cifra surge de nuestro cálculo de que la corrupción en compras y licitaciones equivale a siete veces el presupuesto anual de la SEDESOL equivalente para 2017 a 109,177.30 millones de pesos.
Cambio Legislativo Propuestas de solución y líneas de acción
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Promulgación de la Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés Autonomía total y ciudadanización plena los órganos de combate a la corrupción, promoción de la transparencia e impartición de justicia. Instauración de tipos penales especiales por opacidad, simulación, o colusión. Fortalecimiento de las disposiciones preventivas y punitivas en materia de conflictos de interés en la actual legislación.
En lo tocante a las Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos se propone una reforma constitucional que incluya la siguiente redacción: “La Constitución establece una separación absoluta y categórica entre la función pública y los intereses particulares. Para poder ocupar cualquier cargo público, judicial, de arbitraje en los órganos autónomos, o de representación popular, las personas interesadas deberán deshacerse de forma legal e irrevocable de los activos e intereses económicos que afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas.” “Queda estrictamente prohibido que cualquier funcionario público y sus familiares hasta en un cuarto grado de consanguineidad se vinculen al amparo de su cargo público con contratistas, inversionistas o empresarios nacionales o
internacionales para establecer cualquier tipo de negocios privados.” “Para reducir los potenciales conflictos de interés se mandata la redacción y aplicación de una Ley Estatal de Conflictos de Interés que amplíe los mecanismos de prevención, endurezca las sanciones e instaure delitos especiales de opacidad y deshonestidad en este rubro.” “Se establece un Sistema Universal de Declaración Patrimonial y Declaraciones Juradas en el que participarán sin excepción alguna absolutamente todos los funcionarios públicos, representantes populares, jueces, magistrados, militantes y funcionarios de partidos políticos, de sindicatos y miembros de asociaciones civiles y cualquier otra persona física o moral que utilice, recaude, reguarde, gestione o administre, dinero, bienes o valores públicos o que asuma obligaciones públicas y de naturaleza pecuniaria en nombre del gobierno de la República.”
Experiencias exitosas
internacionales
La experiencia internacional demuestra que este tipo de estrategias pueden ser aún más efectivas que las medidas punitivas. Si bien hoy resulta necesario no dejar de escarmentar a aquellos funcionarios que aprovechándose de su posición hubieran favorecido a familiares y socios, a la larga es mucho más efectivo que los empleados gubernamentales no se vean ni siquiera tentados a quebrantar la ley.
En Estados Unidos, por ejemplo, los funcionarios públicos al asumir sus encargos se obligan a deshacerse de todos los compromisos económicos que en algún momento pudieran influir negativamente en su desempeño. Esto va mucho más allá de la simple “declaración patrimonial” con la que contamos en México. Además de declarar sus posesiones, los servidores públicos deben también modificarlas de manera radical para prevenir cualquier posible conflicto de intereses en el futuro. Otros países cuentan con normas aún más avanzadas. Israel, por ejemplo, prohíbe de forma tajante emplear a personas estrechamente vinculadas con los sectores o los actores regulados por la dependencia gubernamental en cuestión. En lugar de esperar a que el funcionario cometa algún delito, estas normas buscan combatir el problema de raíz al bloquear la infiltración del Estado por intereses particulares. Este tipo de disposiciones no son ajenas al régimen jurídico mexicano. Los requisitos que se aplican a quienes aspiran a ser consejeros electorales, comisionados del IFAI o auditor superior de la Federación responden precisamente a la necesidad de evitar un posible conflicto de intereses. Lo más saludable sería extender esta lógica a otros ramos del gobierno. Así como un secretario de Estado o un reciente candidato a un cargo de elección popular no puede ser consejero electoral, el dueño de una empresa en la rama energética debe estar impedido por ley para ocupar posiciones en la Secretaría de Energía, así como un empleado de los principales medios de
comunicación comerciales debería estar excluido de los más altos cargos en la Comisión Federal de Telecomunicaciones. La modernidad política y el desarrollo económico que tanto anhelamos solamente serán posibles a partir de la clara defensa de la esfera pública.