Mensaje de las organizaciones civiles, académicas y empresariales en la presentación de las actividades de #VamosPorMás 17.7.17 Corrupción, impunidad y violaciones graves de los Derechos Humanos son enfermedades que están minando la salud de la nación y que amenazan su desarrollo económico, político y social. Padecemos, todos, una profunda e indignante injusticia. Y no podemos ni estamos dispuestos a acostumbrarnos. Este fenómeno se ha agudizado en los últimos años. Un ambiente permisivo desde los ámbitos público y privado, aunado a la falta de instituciones y mecanismos eficaces para impulsar transparencia, rendición de cuentas y para reducir la impunidad, ha acrecentado la problemática. Hemos llegado a un punto insostenible. Somos los ciudadanos, mexicanas y mexicanos del sector público, privado y social, los que tenemos que construir las bases de un verdadero Estado de derecho como piso firme del desarrollo nacional. Debemos tomar control sobre la realidad que se nos está yendo de las manos. El andamiaje legal del Sistema Nacional Anticorrupción es apenas el primer paso en la construcción de ese piso firme. Ahora tenemos que perseverar su cabal construcción e implementación. Los más de 634 mil ciudadanos que impulsamos la iniciativa ciudadana #3de3 y el primer paquete legislativo anticorrupción, siempre supimos que para desterrar la corrupción e impunidad sería necesario seguir planteando ideas, haciendo propuestas y exigiendo derechos. No hay duda. El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción está despertando; y también está despertando resistencias. Hay grupos de políticos y funcionarios que se oponen al cambio, y otros que son incapaces de construir de la mano de la ciudadanía a la que dicen servir o representar. Queremos vivir en un país justo y libre de corrupción. Durante este año, hemos identificado renuencia de algunos de los Congresos locales a trabajar con las organizaciones civiles y académicas de los estados mediante la figura de Parlamento Abierto; hemos visto indiferencia hacia mejores prácticas al momento de hacer nombramientos tanto del Sistema Anticorrupción, como de sus espejos en los estados; y, hemos atestiguado flagrantes atentados contra el derecho a la privacidad y libertad de expresión de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Esto tiene que parar. La más evidente expresión de esa resistencia ha sido atacar, sin fundamento alguno, la forma en la que fueron seleccionados los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, quienes están a la cabeza del Sistema Anticorrupción. Dicha selección se hizo con apego a las mejores prácticas y con completa apertura y la información sobre la metodología utilizada siempre fue pública.
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