MEMORIA DE PRESENTACIÓN DEL ESTADO ECUATORIANO ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Washington D.C Estados Unidos de América 12 de marzo de 2013 Quiero, antes de empezar mi intervención, saludar la presencia del público y de los medios de comunicación que han podido entrar a este recinto ya que en un primer momento, por solicitud de los peticionarios, esta audiencia iba a ser a puerta cerrada. Íbamos a hablar de libertad paradójicamente restringiendo su ingreso. Por fortuna nuestra solicitud ha sido atendida para que sea pública y transparente El Ecuador, de conformidad con su Constitución y con el espíritu que inspira a su pueblo y su Gobierno, es un Estado democrático, de derechos y justicia. Este énfasis en los derechos se adecua transversalmente a toda la administración pública en este nuevo e histórico cambio de época. En la práctica involucra un gran compromiso desde la gestión del Estado en su conjunto que, basados en la nueva lógica estructural garantista, conlleva el reconocimiento pleno del ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales que los visualizamos como derechos de igual rango y plenamente justiciables. Todos estos esfuerzos son tributarios para fortalecer la democracia y en este contexto al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Ecuador le da importancia absoluta al Sistema, aunque discrepe y critique el manejo que ha venido realizando la Comisión al alejarse de los preceptos y estatutos que los subordinan a los Estados parte. Nuestro país ajusta sus actuaciones cabalmente al marco
establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en todos los ámbitos, consecuentemente al de la libertad de pensamiento y de expresión y la promoción de su ejercicio pleno y real por parte de las personas. Sin embargo, consideramos que este derecho no es ni más ni menos que otros y en esta reunión dejaremos sentada nuestra posición para señalar el carácter de su universalidad. Remarcaremos además las inconsistencias y la contradicción que se ha advertido dentro de la Comisión cuando se ha permitido el privilegio a una relatoría de las ocho existentes. Es que resulta inadmisible que solo la relatoría de Libertad de Expresión tenga un generoso presupuesto financiado por ONGs y por países que no han ratificado la Convención. La proporción es contundente, mientras esta relatoría recibe 10 las otras en promedio reciben 2. Como si este derecho tuviere más importancia que el de las personas que sufren cierta incapacidad y que tienen necesidades especiales, como si este derecho estuviere por arriba de los que tienen los pueblos indígenas o sea superior al de los niños y niñas o al de las personas migrantes quienes debieron desarraigarse de sus familias y su patria para sobrevivir, en su mayoría en calidad de víctimas de las políticas criminales que han adoptado gobiernos deshumanizados por el capital. Aquí la discusión se vuelve fundamental y más aún, invita a reflexionar sobre los verdaderos intereses que animan a financiar de manera extraordinaria a esta relatoría. Los financistas, estamos seguros, lo que menos promueven es la defensa de un derecho sino la de prebendas económicas, negocios privados y poderes políticos. Es bien sabido que quien paga, manda y quienes mandan no son precisamente legionarios de los derechos humanos sino todo lo contrario, grupúsculos a quienes no les importa pisotearlos si amenazan su poder. Por ello reaccionamos firmes para no permitir que estas agendas
particulares estén sobre las agendas de desarrollo de nuestros pueblos. Por ello este tema se torna importante discutirlo ya que la comisión, con todo respeto, parece haberse extraviado de sus principios fundacionales y que, alejada de los estatutos se erige como autónoma y con capacidades extralimitadas para fiscalizar naciones o dictar medidas cautelares, funciones que fueron inicialmente encomendadas a los jueces de la Corte Interamericana. Comisión financiada en casi su totalidad por países que son extraños a la Convención Americana de Derechos Humanos y ONGs que aparentemente solo quieren controlarla sin asumir obligación En el presente documento, como representante del Estado ecuatoriano en la Audiencia 147º del periodo ordinario de sesiones, para tratar sobre el “Derecho a la libertad de expresión en Ecuador” ya hemos demostrado con suficiencia que las supuestas pruebas de los peticionarios han tenido carencias fácticas. Que los datos y cifras esgrimidas para demostrar una amenaza a las libertades son improbables. Que estas manifestaciones han sido solamente pirotecnia verbal. No existe un solo medio de comunicación cerrado como consecuencia de su línea editorial, que no existe un solo periodista detenido o enjuiciado por expresar una opinión que haya sido construida con base en la verdad y en los hechos o, que represente un criterio divergente y legítimo devenido de la ética y con apego a la obligación constitucional que prescribe la responsabilidad ulterior. ECUADOR ES UN ESTADO DE DERECHO EN EL QUE NADIE PUEDE ESTAR SOBRE LA LEY En Ecuador no se persigue personas, se persigue delitos. La Constitución de la República como norma suprema, asegura el derecho a la libertad de información, expresión y opinión y
por tanto el Estado la garantiza. Prueba de ello son los miles de editoriales, reportajes, piezas informativas, comentarios en redes sociales y otras plataformas de comunicación que se han producido y siguen construyéndose sobre la base del absoluto respeto del Estado y sus instituciones que, sin embargo no podemos decir de la otra parte. Si quieren juzgar, háganlo y digan si decir al Presidente: ladrón, ignorante atrevido, incontinente verbal, pandillero son propios de un periodista que quiere opinar desde la decencia profesional y aquella misma persona que, dirigiendo la página web de un periódico permitió, a pretexto de libertad de expresión, comentarios como este…cito “El Presidente está insultado por lo que le dicen debe insultarse por haber nacido con genes narcos porque como el padre también es narco esta ves utilizando valijas diplomáticos utilizándole al bobo de patiño (…) hasle un gran favor a la humanidad, quítate la vida como lo hizo tu padre que tubo un poquito de dignidad aunque sea para quitarse la vida has lo mismo tu por favor y te llevare flores y las tirare en el machangara”. Otro, y me disculpará la audiencia que no se pueda cubrir con un pitido las expresiones burdas, ofensivas e injuriosas “Sigue la sarta de mentiras en el monólogo de la vagina de los sábados del tontito con poder y cachudo por no poder, homosexual…” y otras expresiones impresentables… ¿Esto es libertad de expresión? ¿No se parece más bien a un asesinato de la honra y la dignidad al que tenemos derecho todos los ciudadanos?
Cuando SECOM, envía una carta señalando la permisividad que mantiene el Diario El Comercio hizo la siguiente publicación con grandes titulares “El Gobierno amenaza a El Comercio y a comentaristas de su versión digital” y dice que “lo que se está deteniendo es el libre flujo de ideas”; es decir, todos estos insultos es “el libre flujo de ideas”. Caso similar fue con diario La Hora que publicó que el Gobierno censura a los lectores de ese diario Ecuador garantiza, promueve y defiende la libertad de expresión pero en su nombre no se puede lesionar y atentar contra la dignidad de las personas; hay que tener claro que los límites de un derecho llegan hasta donde empieza el del otro. El sano discernimiento coincidirá en que aquí hubo vulneración y atropello que no se parece ni de lejos a una opinión. Que el insulto no es un criterio a respetar, alentar y aplaudir. Que aquí se usaron los medios para todo menos como un servicio social. Pero no solo ello sino también las prácticas profesionales deficitarias han atentado contra la honra de las personas, en contraposición a lo que establece el Artículo 11 del Pacto de San José de Costa Rica, al cual la República del Ecuador está suscrita. A propósito debemos exaltar que Ecuador es uno de los siete países de los 33 que conforman el sistema que ha refrendado todos, escúchese bien, todos los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos: Pacto de San José, Protocolo de San Salvador, Convención de Belem do Pará, Derechos humanos relativos a la abolición de la pena de muerte, Desaparición forzada de personas, Prevención y sanción de la tortura y Concesión de los derechos civiles a la mujer. Por tanto huelgan los comentarios. Lo que si no está demás es denunciar las presiones de organismos no gubernamentales, fundaciones de carácter privado o países ajenos al sistema, que pretenden controlar y
someter, con la complicidad de cierta burocracia internacional, una línea política y de dominio que da la espalda a nuestros pueblos bajo un membrete de defensa de la libertad de expresión cuando tras su disfraz no son sino defensa de intereses inconfesables y extraños al sublime concepto del derecho. Aquí no se permite la tortura, no hay pena de muerte, no hay aviones no tripulados para acabar con supuestos terroristas y con víctimas civiles etiquetadas como daños colaterales… No. En Ecuador los derechos humanos se respetan con educación gratuita, con salud, con libertades para decir y decidir. En este contexto develamos y estamos corrigiendo situaciones de tipo estructural, en el marco jurídico vigente, que han impedido el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión. Resulta particularmente ilustrativa la lectura del “Informe de Auditoría de Frecuencias”1, elaborado por una comisión que se conformó por mandato de la Asamblea Constituyente del 2008. En tal documento se reveló de forma clara que en el Ecuador, un pequeño grupo de empresarios concentraba la propiedad de medios: estaciones de televisión, agencias de publicidad, radios, periódicos y ligados comercialmente o como titulares de instituciones financieras. Como ha señalado con claridad la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de expresión en su dimensión individual no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. En este sentido, la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación
representa directamente, y en la misma medida un límite al derecho de expresarse libremente. Por ello esta realidad la empezamos a cambiar positivamente con la proliferación de más medios. VER CUADRO Es importante subrayar que la aparición de nuevos medios es significativa, lo que evidencia el florecimiento de nuevas voces, el fomento de la pluralidad y la participación ciudadana.. Esto es democratizar la comunicación la información. Y este objetivo es el que apunta una Ley de Comunicación que no será sino un cuerpo legal para el desarrollo y la promoción de derechos en esta materia. Una ley postergada por la impudicia de ciertos legisladores que han desoído el mandato popular y que esperamos que finalmente sea aprobada por el bien de todos los ecuatorianos. Una ley que no tiene como objetivo clausurar medios críticos sino criticar constructivamente para marcar la huella ética por la que se reafirmará el carácter esencial de medios de comunicación al servicio de la sociedad. Un marco regulatorio que referencie lo que la autorregulación no lo logró Pero con ley o sin ella es falso que se hayan cerrado medios como resultado de vendettas políticas o acciones para frenar el “libre flujo de ideas”. Como se apreció en el video los medios que no renovaron frecuencias tuvieron faltas administrativas y/o técnicas absolutamente ajenas a su línea editorial…es más, la mayoría de ellas musicales cuyos propietarios se manifestaron afines al Gobierno. Una falacia más que debemos desmontar en honor a la verdad. Profesionalización del Ejercicio Periodístico El Estado ecuatoriano ha hecho más de lo que cierta prensa pueda reconocer. Más inclusive que los propios gremios
profesionales que dicen ser representantes de los periodistas. En diciembre de 2012, el Gobierno decretó un incremento salarial significativo para quienes ejercen esta profesión y ha exigido que las empresas dedicadas a la actividad comunicacional cumplan con sus trabajadores y acaben con cualquier vestigio de precarización. Casi todas las empresas de comunicación y con especial atención las grandes han sido las principales incumplidoras de los derechos de sus trabajadores. No es una presunción. Yo mismo puedo relatar cómo en nombre de la mística y el sacrificio, atributos de un periodista, se esquivaba el pago de horas extras. Cuando fui reportero de una cadena controlada por banqueros en ese entonces, inicié mi jornada de presentador de noticias a las seis de la mañana y concluí, por estar de turno, al día siguiente, con el mismo traje, a las tres de la tarde. Por fortuna la directora del noticiero tuvo piedad y me concedió descanso. 33 horas de trabajo pagadas solamente ocho. Y no es la única historia, para evadir el pago de utilidades justificaban pérdidas continuas hasta que la autoridad las observe. A mi me pagaron como utilidad un pollo ahumado conseguido en canje publicitario y en otra ocasión 80 centavos por ser soltero. Para los casados con hijos fueron un par de dólares. Por ello ¿Esta medida acaso no los dignifica? Un periodista mejor remunerado se aleja de caer en tentaciones que podrían quebrantar códigos éticos y aquí un par de ideas: El Gobierno equiparó la categoría profesional de los periodistas con la de los profesores. De esta forma, un comunicador titulado no podrá ganar menos de 800 dólares, mientras que uno que no tenga estudios de tercer nivel debería percibir como mínimo $600.
La medida se da como parte de los ajustes salariales que se realizan en el país al final de todos los años. Y a manera de dato curioso, en lo que no se llegó a consensos fue en la de los periodistas porque no se presentaron ni los representantes de los comunicadores ni de los empresarios. Eso sirvió para que el Ejecutivo adoptase esta medida: Son acciones concretas, tangibles, medibles que se han desarrollado para promover el derecho a la libertad de expresión. Son cambios esenciales y fundamentales que sin embargo han sido opacados por informaciones controladas desde ese poder fáctico y mediático. Mediante un lobby efectivo han logrado posicionar dentro y fuera la idea de un país amenazado. Es más, un derecho como el de recibir información veraz han pretendido negarlo travistiéndolo como “abuso de cadenas” Hay que tener presente que esclarecer mentiras no es destruir la reputación de nadie, la transparencia no puede llamarse desprestigio y exhibir la verdad no es una ofensa. Más de un millar de aclaraciones transmitidas en 311 Enlaces Ciudadanos no han podido ser impugnadas por los autores de esa información carente de veracidad. Sin embargo, en el Ecuador, asistimos a un escenario en donde quienes dicen representar a ciudadanos y periodistas pretenden la defensa de un poder enmascarándolo en derechos y libertades. ¿Acaso los peticionarios publicaron algún boletín exhortando a la prensa, a no vetar al Presidente de la República o a funcionarios del Gobierno? ¿Alguna vez denunciaron la agresión verbal y física contra servidores o periodistas de los medios públicos y oficiales ? La respuesta ya sabemos. Simplemente esto no les interesa. En nombre de la defensa de las libertades y los derechos y como expresaba nuestro Presidente ayer en el marco de la primera conferencia de los
Estados Parte de la Convención Americana de derechos humanos, hasta en nombre de Dios, nuestra América ha sufrido a lo largo de su historia todo tipo de agresiones y despojos. Durante el siglo XX no hubo golpe de Estado o invasión que no se justificara en nombre de la Libertad. Por ello hoy más que nunca se hace imprescindible transformar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que genuina y honestamente defiendan todos los derechos individuales y colectivos de los pueblos de nuestra América, con recursos equitativos, suficientes y balanceados a todas las relatorías. Ecuador ha propuesto recuperar la coherencia y hasta la dignidad perdida en el sometimiento a los intereses del capital que llevaron a fijar como sede un país que ni es estado parte del Sistema Interamericano ni ha ratificado ninguno de los instrumentos sobre derechos humanos. De ninguna manera, esta iniciativa pretende debilitar a este organismo sino todo lo contrario, busca fortalecerlo. Estamos comprometidos con la democracia y comprometidos con el respeto cabal y amplio a los derechos humanos. Patricio Barriga Subsecretario de Comunicación Política Secretaría Nacional de Comunicación Presidencia de la República del Ecuador