La Patria ya es
Sábado 20.04.2013
de todos
elciudadano.gob.ec
EL PERIÓDICO DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA
EDICIÓN ESPECIAL
LA VERDAD SOBRE LOS
ABUSOS DE LAS transnacionales La región apoya al Ecuador para combatir los excesos. Seis palabras (Texaco) quedaron en la mente de los Secoyas luego del paso desastroso de la petrolera
En mayo se reactiva el CASO OCCIDENTAL P-5
20 Años de juicio contra CHEVRON TEXACO P-6/12
BRIGITTE STERN DESNUDÓ EL LAUDO A FAVOR DE LA OXY P-14/15
La región en alerta por los abusos de las TRANSNACIONALES
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Juntos somos fuertes, organizados invencibles». Así dice una proclama muy repetida por la izquierda argentina que calza a la perfección con la intención de los países de Sudamérica de unirse para luchar contra los abusos de las transnacionales. Esta iniciativa nació en Ecuador y tiene eco en la región. Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) se reunirán en abril en Quito, para armar una estrategia conjunta contra los abusos de las poderosas empresas y de los organismos internacionales de arbitraje que emergieron desde un orden económico de derecha. En los últimos seis meses, el país ha sido bombardeado por la arremetida de dos poderosas petroleras Oxy y Chevron que han sido beneficiadas por decisiones de centros de arbitraje de solución de conflictos comerciales internacionales. En el caso de OXY, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), parte del Banco Mundial, dispuso que el Estado
El capítulo más reciente de los abusos de transnacionales ocurrió con Chevron. El Tribunal de Arbitraje Internacional Ad-hoc, con reglas comerciales de la ONU, ordenó al Estado ecuatoriano que realice todas las acciones, dentro y fuera del país, para frenar una sentencia. Esto obliga a la petrolera a pagar 19 mil millones de dólares a los afectados de la Amazonía por la extracción del crudo. Esta decisión se toma pese a que el juicio fue impulsado por los representes de comunidades indígenas y no por el Gobierno. Es decir, es un caso entre particulares. Además, el Tribunal acogió el pedido de Chevron sin respaldo legal. La empresa se resguardó en el tratado de inversiones firmado entre Ecuador y EE.UU. en 1997; pero la transnacional dejó el país en 1992. Ninguna ley es retroactiva y por lo tanto no podía ser acogida por Chevron. La propuesta de unión regional para afrontar estos abusos fue respaldada por los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro; y de Bolivia, Evo Morales. Por ello, representantes de las dos naciones estarán en Quito para esta inédita cruzada.
pague 2 mil millones de dólares a la transnacional. El procurador general del Estado, Diego García, sostuvo que esa decisión violó el derecho internacional, para favorecer a OXY. El error más evidente, de más de una docena que se detectaron, fue que el contrato firmado entre el Estado ecuatoriano y la petrolera no permitía un arbitraje internacional en caso de ser declarada la caducidad del acuerdo. Justamente, en el 2006 el Gobierno declaró la caducidad del contrato con OXY, porque esta empresa vendió, sin consentimiento de las autoridades nacionales, un porcentaje de su permiso para la explotación de crudo.
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se alista para cambiar la historia de los arbitrajes internacionales. Los representantes de los países miembros se reunieron en Lima, para discutir la creación de centros de arbitrajes propios. Marco Albuja, vicecanciller del país, participó en esa cita y sostuvo que existen proyectos del Mercado Común del Sur (Mercosur), de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) y de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que pueden emprender la creación de estos centros de mediación entre las empresas y los Estados. Todo hará una fuerza regional.
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el ciudadano
Ecuador, sábado I 20.04.2013
Editorial Arbitrajes a favor de los poderosos Nadie puede dudar que los centros de arbitraje internacional se han convertido en una privatización de la Justicia. A estos, los Estados acuden, obligados por convenios desiguales o voluntariamente, para buscar una solución a sus controversias con empresas de talante mundial. Pero en un mundo creado para proteger al capital y no al ser humano, las naciones han comprobado que estos centros inclinaron su balanza a favor de los poderosos. Ecuador no es la excepción. En los últimos meses sufrió el embate de estos centros de arbitraje, que por su objetivo deberían ser imparciales, ecuánimes y apegados a las normas planetarias. Por esto, El Ciudadano, el periódico de la Revolución Ciudadana, preparó está edición especial. La idea es contar al mundo cuáles han sido los casos y el por qué Ecuador ha levantado su voz para protestar contra las decisiones que lo han perjudicado. El país reconoce los principios consagrados bajo el Derecho Internacional, y acepta los fallos internacionales de los acuerdos que ha suscrito. Pero, asimismo, exige un trato igualitario y, sobre todo, de respeto de las leyes. Definitivamente, en las actuales condiciones, se debe reconocer que algunos tribunales de arbitraje, al no sujetarse a códigos estrictos de ética, ni a normas de derecho internacional o peor aún a una rendición de cuentas ante la sociedad, dan prioridad a los millones de dólares que aglutinan las transnacionales y no a las millones de personas que pueden verse afectadas por sus decisiones. Otra verdad, sin contraste, es que ahora las transnacionales tienen más poder que muchos países que, aunque unan sus presupuestos, no pueden equiparar la chequera de una omnipotente compañía transnacional. Estos abusos no pueden pasar desapercibidos frente a los estados de la región, tampoco pueden dejar de ser conocidos por todos los ciudadanos. Quedarse en silencio generaría un precedente funesto en contra de la soberanía y de la autonomía judicial de cada país. Esto pues los centros de arbitraje se han convertido en una suerte de tribunal de última instancia, incluso con poder de modificar las sentencias que tomen las cortes supremas de los países sudamericanos. El caso de la petrolera Chevron-Texaco es una clara prueba de aquello. Esta realidad causó preocupación en el Gobierno ecuatoriano, el cual ha invitado a los países sudamericanos a unirse y denunciar estos abusos. La intención más allá de denunciar estas violaciones, es sobre todo juntarse y crear centros de arbitraje regionales para desde la región apuntalar un futuro.
Ecuador frena el abuso de las transnacionales
Nuestra respuesta será nacional, regional y
El Presidente Rafael Correa Delgado anunció una auditoría al sistema de arbitraje mundial que ha favorecido a las transnacionales. Este es un resumen de las declaraciones dadas el 9 de marzo pasado en el Enlace Ciudadano.
Y GLOBAL
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Nuestra propuesta será nacional, regional y global. Vamos a establecer una Comisión de Auditoría de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje. Estos son «argollas» de negocios. Son 20 árbitros que atienden más del 50 por ciento de los juicios, siempre a favor de las transnacionales y ganan miles, centenas de miles y millones de dólares. Vamos a pedir una auditoría a todo este mundo de «argollas» del arbitraje internacional, por medio de los movimientos sociales y expertos nacionales e internacionales, al igual que hicimos con la auditoría de la Deuda Externa ecuatoriana. Vamos a dar respuestas regionales. Individualmente, estos señores pueden pisotear a nuestros países e imponer sus abusos; regionalmente, nosotros imponemos las condiciones a estas transnacionales. Aquí habrá respuesta de la Unasur, del Alba; «lo que es con Ecuador, es con toda el Alba», ya lo dijo Nicolás Maduro, compañeros. Se han pasado insultando al país. He tenido que soportar todo eso para no interrumpir los procesos, pero mientras Ecuador no decía lo que tenía que decir, nos insultaban como «país corrupto» y «sistema jurídico vendido (sobre las denuncias que ha realizado Chevron por la sentencia que le exige una
reparación de 19 mil millones de dólares a las comunidades de la Amazonía). También vamos a hacer una auditoría al Ciadi, a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil de Naciones Unidas (Uncitral), sus consejos, tribunales, árbitros, a través del Director del Banco Mundial de las Naciones Unidas, en particular en temas relacionados en conflicto de interés y reglas arbitrales. Y por supuesto, sabremos denunciar al mundo el atropello que están cometiendo estas transnacionales que se han acostumbrado a pasar por encima de países, de sociedades, de dignidades, y no entendieron que nuestra América es diferente y que aquí encontrarán dignidad, soberanía y respuesta a tanto abuso».
Ecuador frena el abuso de las transnacionales
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El país afronta
25 DEMANDAS en el mundo
Abogados de la Procuraduría, nacionales y extranjeros, son los encargados de la defensa del Ecuador en cortes internacionales. Los convenios de inversión recíproca firmados por el país auparon las demandas en el exterior.
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as demandas internacionales contra el Estado ecuatoriano tuvieron un detonante: los convenios de inversiones recíprocos que firmó el país con otras naciones en las décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado. Estos acuerdos dejaron la puerta abierta para que se puedan presentar querellas en tribunales que no han mostrado un balance en sus decisiones. Esa es una de las conclusiones a las cuales llegó el Procurador General del Estado, Diego García. Lo hizo tras analizar la situación de los juicios que han presentado varias empresas transnacionales en contra del Estado. En el informe de trabajo, del año pasado, reali-
13 4%
8 3%
zado por el organismo de control se registran 25 demandas contra el Ecuador que se encuentran en diversos momentos. Un mapeo de los procesos demuestra que la mayoría, 14 casos, se encuentran activos. De este grupo existen tres demandas presentadas el año pasado; dos arbitrajes y un juicio. Según el registro de la Procuraduría, en el resto de querellas cuatro son laudos. Tres son negativos para los intereses del Estado ecuatoriano y solo uno es positivo. Además, tres fueron notificadas a las autoridades nacionales y recién están empezando el proceso jurídico. Para estos casos, la defensa del Estado ecuatoriano está en manos de un equipo de abogados de la Procuradu-
Autorizacionesdearbitrajeydesujecióna jurisdicciónyleyextranjerapormateria
ría y expertos extranjeros que son contratados dependiendo del lugar, del juicio y de sus características. La Procuraduría sostuvo que esto ha servido para que «la defensa del país tenga un alto nivel técnico y profesional».
americanas como Canadá, EE.UU., Chile, Venezuela y Argentina. Y de otras como China. La base para estas denuncias es el artículo 422 de la Constitución que, impide celebrar tratados o instrumentos internacionales
CAUSAS INTERNACIONALES 14
5 1 Por Iniciar
3 iniciadas en 2012: 2 arbitrajes 1 juicio
3 notificaciones en 2012
Notificadas
4 1 favorable 3 desfavorables
Activas
Causas Internacionales portipodeactuación
Laudos
2 Anulaciones
Causas Internacionales portipo
20
21
Arbitraje nacional - Constitución Art. 190 Contratación Pública
TOTAL: 278 autorizaciones
Arbitraje internacional - Ley PGE Art. 11 y Ley de Arbitraje Art. 42
111 53%
5
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Autorizaciones ley extranjera
147 53%
Actor
Demandado
Arbitrajes
Juicios
Contratación de abogados
Causasnacionalesporestadodelproceso hastaDiciembrede2012(histórico)
169
TOTAL: 304 causas
33
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Ejecuciones de laudos
Ejecuciones de laudos
13 Arbitrajes activos
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Ejecuciones de laudos
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Pero, a pesar de estos esfuerzos, un punto fundamental para la protección jurídica del país es la renovación de sus acuerdos de inversión firmados con otros países del mundo. El Gobierno emprendió esta tarea desde el 2010 con la denuncia de un paquete de 13 acuerdos firmados con países europeos como Francia, Reino Unido, Alemania, Irlanda, Suiza, Finlandia, Suecia y los Países Bajos. También los suscritos con naciones
en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado o personas naturales o jurídicas privadas. Sin embargo, el proceso de anulación ha sido largo. Primero se debía contar con la aprobación de la Corte Constitucional y luego de la Asamblea. Hay casos como el acuerdo con Estados Unidos que aún está en debate.
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«En el futuro, Ecuador puede buscar otros centros de arbitraje EL PROCURADOR General del Estado, Diego García, detalla los procesos contra las transnacionales Occidental y Chevron. Además, de los problemas presentados en los tribunales de arbitraje. EC- Ecuador planteó como estrategia defenderse de los abusos de las transnacionales. Uno de estos, es el fallo que emitió el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) a favor de la petrolera Occidental (Oxy) que obliga al país al pago de 2 mil millones de dólares. ¿Cómo está la defensa? DG.- Ecuador presentó un pedido de anulación de ese laudo. Hay que aclarar que en el caso del Ciadi se maneja a través de un tribunal de anulación, el cual es nombrado por el propio Centro. Ya se conformó el comité de anulación y habrá una primera audiencia en mayo. EC- ¿Cuáles son las causas por las que se pidió la anulación? DG.- Hay varios motivos: el primero porque el Tribunal no tiene competencia para conocer una demanda que tuviera como origen la declaratoria de caducidad del contrato. Eso estaba previsto en el acuerdo que firmó Occidental con Ecuador. Eso evidencia que el Tribunal actuó con un poder que no tenía. Otras de las causas es la au-
sencia de motivación en las decisiones que tomó el Tribunal. En el caso del laudo Occidental, esta ausencia o motivación contradictoria está en el voto disidente de uno de sus árbitros, la profesora Brigitte Stern. EC- ¿Existió una contradicción? DG.- Aún habiendo asumido esa competencia, que no la tenía, el Tribunal se excedió en sus facultades. Eso queda demostrado con la decisión del Tribunal en relación con el 40 por ciento de derechos que Occidental cedió a la empresa Encana y que luego ésta entregó a una empresa Andes Petroleum. Al haberse cedido estos derechos, estos no están protegidos por el acuerdo firmado entre Ecuador y EE.UU. Hay un exceso de poder al haber decidido sobre un porcentaje que no estaba protegido por el acuerdo de inversión bilateral. EC- ¿En el Ciadi se evidenció ese desequilibrio a favor de una empresa transnacional? DG.- En el desarrollo de la motivación que usó el Tribunal se demuestran suficientes contradicciones que reflejan una predisposición para beneficiar
al inversionista. No se entiende la lógica del Tribunal que estableció que la empresa violó el contrato, al haber cedido sus derechos sin autorización del Ecuador, pero consideró que debe ser indemnizada, porque sostiene que la Justicia ecuatoriana es muy severa. EC.- Otro de los capítulos recientes es con la petrolera Chevron, la cual fue favorecida con una disposición que ordena al Ecuador bloquear una sentencia en contra de la empresa en el país y en el exterior. ¿Eso es correcto? DG.- Hay varios temas que observar en la decisión del Tribunal. Primero, estamos hablando de una inversión inexistente. El tratado bilateral de protección de inversiones, bajo el cual se presenta la demanda, entró en vigor en 1997 y Chevron (Texaco) dejó de ser inversionista en el Ecuador en 1992. No hay una inversión protegida. Pero aparte de eso, a través de este proceso arbitral, se pretende juzgar anticipadamente a la justicia ecuatoriana, porque el proceso al que se hace referencia en el arbitraje no ha terminado.
EC- Pero Chevron emprendió una campaña para decir que la Justicia ecuatoriana es corrupta. ¿Eso no causa conflictos en su pedido de arbitraje? DG.- Hay un juzgamiento anticipado de la Justicia ordinaria ecuatoriana, porque no se ha agotado el litigio dentro del país. Aún no sabemos cuál será el resultado final. Entonces, bajo el derecho internacional deberíamos permitir que la Justicia ordinaria ecuatoriana agote los procesos que permiten el control y valor legal de sus sentencias. Solo así se puede saber si hubo procedimientos irregulares dentro de la justicia.
de los procesos de anulación y defensa de los arbitrajes, que se cumple con un trabajo constante. El otro es el manejo político que corresponde a la Cancillería y al Presidente de la República, especialmente en el ámbito de las relaciones internacionales. Este escenario permite trasladar la preocupación del Ecuador y también identificar dentro de los países latinoamericanos o de otras latitudes, a naciones que tienen los mismos problemas. Estos abusos no solo le están sucediendo al país, hay otras naciones, también lo viven en Centroamérica, Asia y Europa Oriental.
EC.- ¿Cómo defenderse ante estos tribunales, que en al menos en dos fallos, demuestran que no están acordes al derecho internacional? DG.- Hay varios escenarios dentro de los cuales el Ecuador tiene que desenvolverse. Uno es el ámbito de la defensa dentro de los procesos, que corresponde a la Procuraduría. Aquí se deben agotar todos los recursos que el propio sistema de solución de conflicto inversionista- Estado prevé. Eso lo estamos haciendo a través
EC.- ¿Los centros regionales son un camino correcto para cambiar este sistema? DG.- Pensando hacia el futuro, el Ecuador puede buscar otros centros y sistemas de arbitraje que no acarreen los mismos problemas. El país también tiene que revisar sus contratos y convenios de inversión. Se debe aprender de la forma en las que fueron redactados los contratos que ahora están vigentes y que no permite tener una forma clara de solución de conflictos inversionista-Estado.
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El conflicto LEGAL con Chevron tiene 20 años 88 representantes de las comunidades amazónicas presuntamente afectadas por el trabajo de la petrolera impulsan el juicio desde 1993. El Estado no intervino, pero Chevron buscó en Tribunales de Arbitraje que el Gobierno también se involucre. DONALD MONCAYO muestra los estragos que se mantienen en la selva amazónica
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n el verano de 1972 la esperanza para los ecuatorianos rebosaba. El primer barril de petróleo fue recibido como un tesoro por los quiteños que se colmaron en las calles para ver al milagro que los sacaría de la pobreza. Los más arriesgados se bañaban con su textura aceitosa. Ese día se cumplió con un sueño. Por fin el oro negro salió de la Amazo-
fluencia, ubicada especialmente en lo que ahora son las provincias de Sucumbíos y Orellana, acudieron a las cortes de EE.UU. para demostrar los graves perjuicios contra las personas y el medioambiente que dejó Texaco. Elías Piguaje representó a la comunidad Secoya en la presentación de la demanda. Él recordó que ese día los miembros de las comunidades afectadas subieron hasta el undécimo piso de la Corte Federal de Nueva York. Todos vestían los trajes ancestrales. Elías,
La petrolera se defendió y argumentó que la justicia estadounidense no podía conocer un caso que en derecho debía tratarse en las cortes ecuatorianas. En esta parte de la historia aparece Chevron, que compró a Texaco y así se convirtió en una de las 10 empresas más fuertes de los EE.UU. Chevron ganó la batalla y el juicio pasó a cortes nacionales. La jurisdicción recayó en Sucumbíos. Después de ocho años, (2001), de trámite, el juez Nicolás Zambrano dictó una sentencia contra la multinacional y dispuso un pago de 19 mil millones de dólares. En su resolución, el juez sostiene que en los lugares supuestamente remediados por Texaco (Chevron) las muestras tomadas revelaron «alarmantes» niveles de carcinógenos o de otro tipo de sustancias altamente tóxicas. También, se escribió que «los resultados de muestras tomadas debajo de los reservorios implicaban un riesgo real de contaminación del agua subterránea, implicando un peligro para la pobla-
bunal de Sucumbíos ratificó el pago de los 19 mil millones. Chevron no se dio por vencido y pidió a la Corte Nacional de Justicia que analizara el caso (ver recuadro). Elías Piguaje cree que es tiempo que se termine con el juicio. Han sido 20 años de trámite en EE.UU. y Ecuador. Ahora ya tiene más de medio siglo de vida y lo que desea es no dejar este mundo sin conocer el desenlace de la historia que él empezó. El juicio aún está en trámite en el país, no obstante Chevron tomó un caminillo para impedir el pago de la indemnización y vinculó al Estado ecuatoriano, en un litigio. Del mismo modo, ha tratado de vincular al Gobierno de EE.UU. en este juicio entre particulares, pidiendo su intervención directa a través de medidas comerciales o retaliaciones en el Congreso y Senado. En este atajo usado, la compañía acudió al Tribunal de Arbitraje Adhoc de ONU para denunciar que en este país la corrupción es endémica. Según la Procuraduría del Ecuador, este Tribunal ilegalmente ordenó al país que «tome todas las medidas para suspender o hacer que se suspenda la ejecución o reconocimiento de cualquier sentencia, tanto dentro como fuera del Ecuador». Esa fue una orden sin sustento. La res-
ELÍAS PIAGUAJE presentó el alegato contra Texaco en las cortes de EE.UU. en 1993
nía, surcó la Cordillera y fue hasta la Costa. La empresa Texaco, que ya tenía más de seis años en el país, recibió la concesión para perforar el petróleo desde la rica selva y sacarlo hasta las playas ecuatorianas. Durante 18 años, Texaco estuvo en el Ecuador. En ese tiempo, según cuentan los habitantes de la Amazonía, que vivían cerca del perímetro de operaciones de la transnacional, la alegría se volvió una malaventura. La riqueza prometida nunca llegó a las manos de la región oriental del país y la herencia dejada supuestamente por la petrolera estadounidense fue de «16,8 millones de galones de petróleo regados en el ecosistema; 18,5 mil millones de galones de aguas tóxicas (agua de formación) arrojadas a los suelos y vertientes, 235 mil millones de pies cúbicos de gas quemados al aire libre», como señalan los demandantes. El litigio contra Texaco arrancó en 1993, un año después de que la compañía dejó de operar en la Amazonía. Los habitantes de las zonas de in-
quien entonces tenía 37 años, iba con una túnica propia de su pueblo. Pintó su rostro y estaba descalzo. Él fue escogido para presentar la demanda y hablar ante los jueces. Habló en español y en Secopai. Contó cómo la selva se entristeció por el derrame de crudo y aguas de formación que se vertieron en riachuelos, y que posteriormente desembocaron en los inmensos afluentes amazónicos. El agua y la selva se contaminaron y sus pobladores enfermaron con dolencias desconocidas por ellos. En la demanda planteada en EE.UU. están representadas cinco comunidades indígenas. Este ha sido un juicio impulsado por sus miembros y apoyado por abogados privados, no ha existido una representación del Estado ecuatoriano, ni de su Gobierno.
CCAROLINE BENNETT / Rainforest Action Network.
ción como para la flora y fauna…». Pero la petrolera no cree en este fallo y asegura que el trabajo de remediación se cumplió y que hubo más daño luego de que dejaron el país. Además, sostiene que la Corte se basó en las pruebas parciales y poco confiables y que para evaluar los supuestos daños se violentaron las normas nacionales. Su criterio no tuvo eco en las cortes y el año pasado, la Presidencia del Tri-
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puesta del gobierno de Rafael Correa fue contundente. El Tribunal benefició a la petrolera, porque Chevron alude a una inversión protegida por el Tratado de Protección de Inversiones con EE.UU., vigente desde 1997; pero no cuenta que Texaco concluyó voluntariamente (en 1992) todas sus operaciones en Ecuador, es decir, cinco años antes de que entrara en vigencia ese acuerdo. A todas luces es una decisión ilegal.
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CRONOLOGÍA
1964 1967 1990 1992 1993
Texaco inicia sus operaciones en Ecuador.
HUMBERTO PIAGUAJE, coordinador de la unión de afectados de Chevron
Caduca la concesión de la Texaco y Petroecuador asume los campos.
1997 2001 2002
Texaco termina su operación y abandona el país Habitantes de Sucumbíos inician la primera demanda contra la transnacional en las cortes de los Estados Unidos. Ecuador y Estados Unidos firman su tratado de Protección Recíproca de inversiones
EL COMITÉ DE DENUNCIANTES
1 2 3 4 5
Chevron compra la Texaco y entra en escena. Chevron gana el juicio en Nueva York y la demanda no puede continuar en Estados Unidos.
2003 2011 2012
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«Estamos muy de acuerdo con la posición del presidente Rafael Correa. Las transnacionales se han burlado de los estados. Apoyamos el pedido del Presidente para que los países de Sudamérica se unan contra estos abusos. Nosotros estamos buscando el pago por los daños y vamos a seguir luchando en cualquier parte del mundo. No hay un paso atrás en nuestra demanda contra Chevron»
Los indígenas presentan una nueva demanda en los tribunales de Sucumbíos. Se dicta la condena a Chevron y la firma debe pagar 19 mil millones de dólares. Pero la empresa apela el fallo. La Corte de Sucumbíos ratifica el fallo. El caso pasa a la Corte Nacional.
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El Tribunal de Arbitaje de la ONU ordena al Estado ecuatoriano impedir en el país y en el exterior la vigencia de la sentencia contra Chevron.
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El Gobierno ecuatoriano contesta que se defenderá de la decisión ilegal del Tribunal de Arbitraje.
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Colonos de las provincias de Orellana y Sucumbíos. La nacionalidad indígena Secoya, representada por la Organización Indígena Secoya del Ecuador. La nacionalidad indígena Cofán, representada por la Federación Indígena de la Nacionalidad indígena Cofán. La nacionalidad indígena Siona, representada por la Federación de la Nacionalidad Siona del Ecuador. La nacionalidad indígena Huaorani, representada por la Organización de la Nacionalidad Huaorani del Ecuador.
En la CNJ se resolverá el caso Los jueces de la Sala Civil de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) tienen en sus manos el juicio de los afectados por la explotación petrolera de TexacoChevron en la Amazonía. La demanda tiene 20 años en trámite en las cortes de Estados Unidos y de Ecuador. El juicio llegó a la CNJ, luego de que la petrolera estadounidense pidiera que se revisara el caso, en la etapa judicial llamada casación. Los jueces de la Sala prefieren mantener en reserva el trámite del caso, pero aseguraron que la próxima semana se iniciará con la recopilación de información la las partes. No existe un plazo para que los magistrados de la Corte Nacional de Justicia se pronuncien. Pero, su decisión dejará en firme o variará la resolución de los jueces de Sucumbíos que ordenaron a la petrolera pagar 19 mil millones de dólares por indemnización a los habitantes de la Amazonía.
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l mundo conoce el juicio que comunidades de la Amazonía siguen contra la poderosa petrolera Chveron-Texaco y la multimillonaria indemnización que busca convertirse en un ejemplo sobre la protección de los pueblos ancestrales y de la naturaleza. La Corte de Justicia de Sucumbíos ordenó pagar a la petrolera una reparación de 19 mil millones de dólares por los da-
nio y dinero. Así se iniciaron demandas particulares en Canadá, Brasil y Argentina. No se descartan que se presenten en otros Estados, pero esa es una estrategia que se mantiene en reserva. Así lo ratifica, Pablo Fajardo, abogado de los demandantes y quien ha encabezado este litigio legal. Del avance del caso en Canadá se conoce poco. Solamente se menciona que en ese país, la transnacional tiene importantes negocios. En Argentina, con base en la sentencia
El diario público ecuatoriano El Telégrafo también reprodujo las palabras de Bruchou. Según el jurista, el embargo alcanza casi el ciento por ciento de las acciones de Chevron Argentina, el ciento por ciento de sus dividendos y a su participación en la firma Oleoductos del Valle (14%). También el 40% de todas las ventas de petróleo de la compañía a las refinerías y el 40% de los fondos de la empresa depositados en bancos de Argentina. «La Justicia argentina hace punta en la preservación del medio ambiente», dijo
cia que busca una reparación «es inaceptable en cualquier estado de Derecho», pues sostienen que fue resultado del soborno y pago a los jueces. En su página web «juiciocrudo» reproducen cada uno de los comunicados que han enviado a las autoridades de las dos naciones, para denunciar las supuestas irregularidades en su contra. Pero la cereza del pastel de esta cruzada internacional de Chevron fue el apoyo del Tribunal de Arbitraje de la ONU, que luego de la sentencia de la justicia argentina
El eco del juicio a la petrolera
se siente en el mundo
Los demandantes iniciaron acciones en el mundo para que la petrolera pague los 19 mil millones de dólares de reparación por los daños ocasionados en los habitantes y en la selva amazónica. ños causados durante la explotación del crudo en el noreste amazónico. Afectaciones que perjudicaron, dice la sentencia, a personas y al sensible ecosistema de unas de las zonas más biodiversas del mundo. Pero, el cobro de esta reparación no se puede ejecutar en Ecuador, porque la transnacional no opera en el país. Por eso, los abogados de los demandantes han surcado el mundo en busca de los lugares donde la petrolera tiene patrimo-
ecuatoriana, se ordenó el embargo de los activos de Chevron. El abogado de los demandantes en ese país, Enrique Bruchou, informó que el embargo es por 19.000 millones de dólares y alcanza, entre otros activos, el ciento por ciento de las acciones de Chevron Argentina. «En este momento hay en la calle oficiales auxiliares de la Justicia notificando múltiples embargos sobre Chevron Argentina», indicó el abogado a la prensa del país sudamericano.
el abogado argentino. En Brasil hay la cruzada similar. En el gigante sudamericano también se pidió la retención de los bienes de Chevron. En esa nación, el proceso jurídico sigue en trámite, pero de concretarse la aspiración de los demandantes será un duro golpe a la transnacional. En respuesta, Chevron atacó al sistema judicial ecuatoriano. Los abogados de la empresa estadounidense declararon en Argentina y Brasil que la senten-
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pidió al Ecuador que busque todas las formas para que en el país y en cualquier parte del mundo no se ejecute la resolución contra la petrolera. El Tribunal no reconoce la independencia de funciones en el Estado. El Ejecutivo no puede intervenir en las decisiones del Poder Judicial. Tampoco es potestad del Gobierno interceder en un juicio iniciado por particulares y por eso rechazó la decisión del organismo y los abusos de poder que muestra Chevron.
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Los demandantes de la transnacional estadounidense aseguran que aún se puede encontrar los tóxicos dejados por la empresa en el Oriente. Eso ha causado la destrucción del ecosistema y enfermedades en indígenas y colonos.
FOTO: Lou Dematteis
EMILIO LUSITANDE shaman amazónica recuerda el pasó de Texaco en su comunidad
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milio Lusitande tiene en su piel incrustada la milenaria sabiduría de los pueblos amazónicos. Camina descalzo y da pasos lentos por la selva. Lo hace como si conociera cada sendero. Desde niño, su padre le contó todos los favores de las plantas y sus manos son diestras para extraer su sumo, su medicina. Sentado en la orilla del río Aguarico, dice que sus ojos han visto 80 años de historia de su pueblo Secoya, en la provincia de Sucumbíos, y como su convivencia con la naturaleza cambió. No habla español, pero sin la necesidad de una traducción seis palabras revelan el origen de esa transformación. En su lengua Secopai aparecen palabras como: helicóptero, pistas, la compañía, Texaco, petróleo y cáncer.
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Los Vestigios de Texaco aún están en la mente y la naturaleza amazónica EL LÍDER DE LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS, MARCELO PIAGUAJE, dice que aún sufren los efectos de la explotación de la transnacional
En la década de los sesenta, la poderosa petrolera estadounidense Texaco empezó sus operaciones en la Amazonía ecuatoriana. Cinco millones de hectáreas del nororiente amazónico, de lo que hoy es Sucumbíos y Orellana, fueron su centro de operaciones. En esos años, no había carreteras y los primeros pozos se hicieron gracias a los helicópteros que llevaban a los petroleros. Emilio Lusitande dice que el sonido era como de un zancudo, no sabían qué pasaba, pero que su pueblo huyó selva adentro. En febrero de 1967, por primera vez el crudo se disparó en el Oriente, en lo que hoy se conoce como Lago Agrio. El nombre de la ciudad no viene de la tradición ancestral, sino de la estadounidense: Sour Lake, la casa de Texaco en Texas. Cinco años después, una serpiente de metal recorría con vaivenes los recónditos de la selva. Era el oleoducto, construido por la compañía y el Estado
ecuatoriano, con el cual se empezó la explotación masiva y constante de los pozos en la Amazonía. La transnacional estadounidense perforó 387 pozos en Sucumbíos y Orellana desde 1967 hasta 1990, año en el cual dejó de operar en Ecuador. Ahora, el pueblo de Emilio Lusitande vive en San Pablo, un antiguo campamento de la petrolera, ubicado a dos horas y media de Lago Agrio. A orillas del Aguarico, el sabio anciano, con ayuda de un compañero de la comunidad que traduce su relato, cuenta que con la explotación del crudo empezaron a ver como por el río venía un líquido espeso que no sabían qué era, pero que cada día aparecía más. Marcelo Piaguaje, presidente de la comunidad, evoca esos días y termina el relato del shamán Lusitande. Él era un niño y con ese aceite se pintaba su cuerpo y lo llevaba a las chozas para recubrir los árboles.
Hicieron lo mismo que los quiteños, quienes en 1972, como se ve un documental de los hermanos Cuesta Ordóñez, se untaban petróleo el día que se terminó el oleoducto y llegó el primer barril de crudo desde la Amazonia. Hoy el Aguarico es un río triste. El anciano y el líder comunitario dicen que antes en sus aguas jugaban los delfines y que en la tarde podían atrapar un bagre del tamaño de la mitad de un hombre. Actualmente, aunque usted no lo crea deben esperar horas para agarrar algún pez. Los animales de la selva poco a poco escasearon, lo que les ha obligado a convertirse en agricultores y ganaderos, igual que los colonos que trajo el boom petrolero. Para el frente de afectados de Texaco, como se llaman los demandantes de la petrolera, sostiene que las operaciones de Texaco derramaron un coctel tóxico en afluentes, vertientes y ríos
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y en el suelo de la Amazonía. Donald Moncayo, quien llegó con sus padres para vivir en Sucumbíos, explica que Texaco construyó 22 piscinas de separación de aguas de formación (líquido que se encuentra en el subsuelo antes del crudo y de alta toxicidad) y 880 piscinas de mantención del crudo. Pero lo que hicieron fue derramar sin control más de 16,8 millones de galones de petróleo en el ecosistema; 18,5 mil millones de galones de aguas tóxicas (agua de formación) arrojadas a los suelos y aguas y 235 mil millones de pies cúbicos de gas quemados al aire libre. La petrolera estadounidense descarta esa versión. Esta sostiene que remedió las piscinas donde se depositaba el crudo, que hubo un manejo de las aguas de formación y que la demanda presentada por los amazónicos es una estrategia que busca una multimillonaria indemnización. Esa reparación, según dos instancias judiciales ecuato-
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rianas, es de 19 mil millones de dólares. Donald Moncayo sostiene que el perjuicio al sensible ecosistema amazónico no tiene precedentes, ni comparación, como tampoco la afectación a las comunidades indígenas y colonos de la zona. Luis Soto también migró con sus padres hacia la Amazonía. Ellos vivían en una pequeña casa de madera junto a un pozo petrolero. Él recuerda que para beber agua, que la obtenían de pozos y una pequeña vertiente, su padre separaba el líquido aceitoso con la mano y la tomaban. Su hermano y su padre murieron con cáncer. La casa de los Soto aún se encuentra a pocos metros de una piscina de crudo que supuestamente fue reparada por la petrolera. Él dice lo contrario, para demostrarlo hunde una pala unos 30 cm, retira un poco de tierra y aparece crudo. Su olor es intenso, como si se permaneciera por horas detrás de un tubo de escape de un antiguo vehículo. Él no cree en Texaco y dice que la ausencia de sus seres queridos es por el derrame sin conciencia de los des-
FOTO: Foto extraída de Crude Reflections/Cruda Realidad.Oil, Ruin and Resistance in the Amazon Rainforest.
explotación de crudo sea el detonante de enfermedades letales. Sin embargo, él ha sido testigo de que las personas que viven cerca de los pozos deben curarse constantemente de enfermedades alérgicas y estomacales. Que sus cuadros de atención superan a la media nacional en dos a uno. Y que si esas afecciones no son tratadas a tiempo pueden acarrear más problemas. Pero no se atreve a decir que el cáncer vino con el petróleo. El shamán de los Secoyas no sabe lo que es cáncer; pero dice que una enfermedad extraña se está llevando a los suyos y que no hay cura; que el remedio saldrá de la propia selva, pero que se necesita más sabiduría y sus ancestros aún no le han hablado para encontrar la medicina.
DONALD MONCAYO camina sobre una de las piscinas de crudo, supuestamente dejadas por Texaco
echos petroleros. En otros sectores donde operó la transnacional sucede lo mismo, dicen los denunciantes. Moncayo asegura que puede caminar sobre algo que parece un reservorio de agua. Al paso de sus 200 libras esa piscina se mueve como un flan, pero no se hunde, a pocos centímetros de esa agua hay petróleo. Para verificarlo
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mete su mano, cubierta por un guante quirúrgico, y saca una contextura pegajosa con aroma a combustible. Los afectados dicen que toda esta sopa de material contaminante trajo el cáncer a la Amazonía. El shamán relata que antes no veían enfermedades tan raras, que en tiempo de sus padres lo más grave, la dolencia más gra-
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ve que padecía era una llaga que dañaba la piel; pero eso se curaba con plantas ancestrales. En el centro de salud de San Carlos acuden muchos de los colonos e indígenas a revisar sus dolencias. Marco Caballero, es un novel médico que cumple su rural en la zona, él dice que no puede confirmar con certeza que la
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FOTO: Paul Navarrete.
OCCIDENTAL
Los argumentos por la nulidad del fallo de Oxy
son contundentes
El Estado ecuatoriano asegura que existen ilegalidades en el fallo del Ciadi a favor de la petrolera, que pretende recibir más de 2 mil millones de dólares.
FOTO: The Understory
n mayo, el Ecuador podrá hacer escuchar su voz de reclamo en París, en la sede del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). En ese mes se cumplirá la primera audiencia para debatir el pedido de nulidad que presentó el Estado ecuatoriano del laudo a favor de la petrolera estadounidense Occidental (OXY). La polémica se inició el 5 de octubre del año pasado. Ese día, el Tribunal del Ciadi, conformado por Yves Fortier (presidente); David Williams (árbitro designado por OXY) ordenó al Ecuador pagar 1 769 millones más intereses a la petrolera estadounidense, por la caducidad del contrato. Los intereses sumarían otros 400 millones de dólares, por lo que la deuda sería de más de 2 300 millones. Lo que es equivalente al presu-
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puesto destinado para educación durante un año. El fallo tuvo el voto salvado de Brigitte Stern, quien fue árbitro designado por la Ciadi, ante la negativa de Ecuador de presentar un árbitro. El contrato firmado por OXY no estipula la posibilidad de un arbitraje internacional en casos de caducidad. Esa figura legal usó el Estado ecuatoriano, como uno de los pilares más importantes para pedir la nulidad del laudo de Ciadi. El papel de Alberta Energy Corporation excedió un rol de un banco o de un financista (como alega Oxy), fue un socio en el negocio. Se evidencia con el traspaso del 40 por ciento de acciones del bloque 15. Oxy nunca respetó el ordenamiento jurídico de Ecuador. Eso pese a que la caducidad del contrato presentó el pedido de arbitraje al Cia-
di. La normativa internacional dice que se deben cumplir todas las instancias judiciales internas antes de acudir a una entidad internacional. El fallo reconoce que Oxy no cumplió con el ordenamiento jurídico del país. Habla de «culpabilidad compartida», por eso descuenta el 25 por ciento del pago de indemnización. Los árbitros del Ciadi ordenaron el pago del 1000 por ciento de la indemnización a Oxy, cuando para el 2006 había perdido el 40 por ciento de las acciones. Este porcentaje ahora pertenece a la empresa China Andes Petroleum, que no es parte del arbitraje del Ciadi. La árbitra Brigitte Stern en su voto salvado sostiene que la decisión de la mayoría hace «graves» omisiones a la legislación nacional y que es evidente que los otros dos miembros del Tribunal actuaron a favor de la
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petrolera. Por ejemplo, al entregar el pago del 100% de la indemnización cuando solo, en caso de que tuviera razón, tendría derecho al 60 por ciento. Para el Procurador, Diego García, el tribunal del Ciadi además de no tener competencia se excedió en sus atribuciones. Eso queda demostrado en el hecho de que parte de las decisiones que tomó el Tribunal están en relación con el 40 % de derechos que Occidental cedió a la empresa Encana y que luego esta cedió a Andes Petroleum. «Al haberse cedido estos derechos, estos no están protegidos por el acuerdo firmado entre Ecuador y EE.UU. Hay un exceso de poder al haber decidido sobre un porcentaje que no estaba protegido por el acuerdo de inversión bilateral», explicó el Procurador a El Ciudadano.
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STERN
desnudó
el LAUDO a favor de OXY
Las principales críticas a la resolución que benefició a la transnacional llegaron desde el propio Ciadi. La profesora francesa Brigitte Stern emitió un voto disidente y reveló las inconsistencias de la resolución de sus colegas. En arbitrajes internacionales Brigitte Stern es un referente.
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or más de 20 años ha sido parte del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Es miembro del equipo de árbitros del Comité de la Cámara de Comercio francesa y está inscrita en la lista de los panelistas de la Organización Mundial del Comercio por Francia. En Ecuador, cada día su nombre fue más conocido, especialmente luego de que salvó su voto en la decisión del Ciadi que obliga al Ecuador a pagar 1770 millones de dólares, más intereses, a la petrolera estadounidense Occidental (Oxy). Para el procurador general del Estado, Diego García, el pronunciamiento de Stern debe tomarse en cuenta, principal-
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mente, porque deja al descubierto serias inconsistencias en la resolución de los árbitros que votaron por Oxy. Los juristas que emitieron este fallo son Yves Fortier, quien fue presidente del Tribunal y David Williams, árbitro designado por Oxy. La francesa fue nombrada directamente por el Ciadi para representar al Ecuador, porque el país no presentó un árbitro, como establece el Ciadi. Ella estuvo pendiente del litigio desde el 2007 y conoce de cerca todos los entretelones del laudo. Stern empezó su argumento con la frase: «Discrepo con todas las respuestas que el Tribunal dio en denominar las cuatro cuestiones preliminares «fundamentales » relativas al monto de la compensación». Ella no compartió los principios aplicados para definir los 1 770 millones
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de reparación a la compañía. «Considero que la consecuencia del ilícito de las demandantes (Oxy), al violar el derecho ecuatoriano, se ha subestimado groseramente y no se ha tenido en cuenta adecuadamente la importancia que tiene para cada Estado la observancia de su orden jurídico por parte de las empresas extranjeras», dijo en su pronunciamiento. En mayo del 2006, el Gobierno de Alfredo Palacio declaró la nulidad del contrato de operaciones de Oxy para el Bloque 15 y los campos unificados Edén Yuturi y Limoncocha, en la Amazonía ecuatoriana. La resolución se basó en el artículo 74 de la Ley de Hidrocarburos vigente a ese año, que prohibía el traspaso de derechos o la celebración de un contrato sin la auto-
rización del Ministerio de Energía. Hoy, el Procurador del Estado ratifica que la empresa estadounidense no había informado a ninguna autoridad ecuatoriana que transfirió el 40 por ciento de sus derechos a la compañía canadiense Alberta Energy Corporation (AEC), en el 2000; la cual posteriormente los cedió a la petrolera Encana. Es decir que ninguna autoridad nacional sabía las operaciones que realizaba Oxy con el petróleo ecuatoriano. Oxy sostiene que ese acuerdo con AEC no era causa para declarar la caducidad, puesto que no comprometía su propiedad, ni decisiones operativas del Bloque. Sin embargo, esa tesis es desarmada por el voto de la experta francesa; que sostiene que sí hubo una transferencia de ac-
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ciones y de responsabilidades. Ella concluyó que el acuerdo establece claramente que parte de los derechos corresponden a OECP (Oxy) y otra parte a Alberta Energy. La segunda conclusión: los aspectos económicos demuestran que OEPC ha recibido contraprestación por la transferencia del 40% de los intereses económicos. «En otras palabras, de no haberse dictado la caducidad, OEPC no podría haber reclamado la devolución de los derechos
al 40% del petróleo. ¿Por qué podría reclamar este 40% luego de la caducidad?». Este es punto crucial en la defensa del Ecuador. Los dos miembros del Tribunal del Ciadi ordenaron al país a pagar el 100% de la indemnización a Oxy y no tomaron en cuenta que el 40 % pertenece ahora a Andes Petroleum, una firma china que no está dentro de la jurisdicción del Ciadi. Stern sostiene que se debió haber concluido que Oxy solo tiene derecho al 60%
CRONOLOGÍA Mayo de 1999 Occidental y Ecuador suscribieron un contrato de participación para la exploración del bloque 15.
19 de 0ctubre del 2000 Oxy y Alberta Energy Corporation (AEC), Filial de Encana Corporation, firmaron un acuerdo concesión.
24 de Octubre del 2000 Oxy y AEC se reúnen con el entonces ministro de Energía Pablo Terán, (gobierno de Gustavo Noboa) y le informan su intención de firmar un convenio de concesión, un acuerdo que de ejecutarse sería en el futuro. No se le informó que el acuerdo fue firmado con anterioridad.
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y una pregunta sustenta su teoría ¿Qué pasaría si se le entregara nuevamente el Bloque 15 a Oxy? Ella contestó que «ante una restitución del Bloque 15, OEPC (Occidental o Oxy) podría haber recuperado el derecho al 60% del petróleo producido y no podría, milagrosamente, haber recibido un derecho al 100% del crudo producido, ya que no poseía tal derecho al momento en que se declaró la caducidad». En el fallo de mayoría, también se de-
claró que Occidental solo debería recibir el 60 por ciento del pago. Sin embargo, palabras más o palabras menos, ellos dicen que se le entrega el 100 por ciento a la petrolera para evitar que el Estado ecuatoriano se enriquezca injustamente, pues la caducidad se cumplió a la totalidad de operaciones de la compañía. Sobre este criterio, Stern es contundente, sus colegas sobrepasaron los límites establecidos por el propio Ciadi para la resolución de estos conflictos.
3 de febrero del 2007 Se conformó el Tribunal conformado con: Yves Fortier (presidente), Brigitte Stern (árbitro designado por el Ciadi en representación de Ecuador), y David Williams (árbitro designado por OXY).
Desde el 2007 hasta el 2012 El Ciadi cumplió con las etapas: preliminar, de medidas provisionales, de jurisdicción, de responsabilidad, de contrademandas, de daños y el fallo Final.
25 de septiembre del 2012 En el Tribunal del Ciadi, la mayoría: Yves y Williams, fallaron contra el Estado ecuatoriano y ordenaron el pago de 1 770 millones de dólares, más unos 400 millones de intereses.
25 de septiembre del 2012 La árbitro Brigitte Stern emite su voto disidente. Ella evidencia algunas falencias de la resolución de sus colegas.
OXY y AEC formalizaron el acuerdo de cooperación conjunta.
5 de octubre del 2012
15 de marzo del 2004
Ecuador recibe oficialmente la notificación del fallo del Ciadi en contra del Estado y favor de la petrolera OXY.
Oxy envía una carta a Moores Rowlan (auditora contratada por la Dirección Nacional de Hidrocarburos) para informar que los acuerdos con AEC solo significaba la transferencia de un interés económico.
6 de octubre del 2012
14 de julio del 2004 Moores Rowlan recomienda a OXY que obtenga la aprobación del Ministerio de Energía de Ecuador antes de continuar con el convenio. Eso nunca ocurrió.
El presidente Rafael Correa sostiene que se buscará la nulidad de esa resolución por sus evidentes errores.
8 de octubre del 2012 El procurador, Diego García, declaró que se presentará oficialmente el pedido de nulidad.
15 de mayo del 2006
15 de octubre del 2012
El entonces Ministro de Energía, Iván Rodríguez (gobierno de Alfredo Palacio) declaró la caducidad del contrato con OXY, debido a que la compañía transfirió el 40 por ciento de sus derechos de explotación del bloque 15 a la empresa Alberta Energy Corporation, luego pasó a Encana.
Se presentó oficialmente el pedido para que se declare la nulidad.
17 de mayo del 2006 Occidental presentó la notificación de arbitraje al Ciadi, basada en el acuerdo Bilateral de Protección de Inversiones Firmado en ese entonces entre Ecuador y EE.UU.
Enero del 2013 Se conformó el Tribunal para conocer el pedido de anulación del laudo a favor de la transnacional.
Mayo del 2013 En París, se realizará la primera audiencia sobre el pedido de nulidad que impulsa el Estado Ecuatoriano.
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El lado OCULTO de las demandas de las TRANSNACIONALES
En el Enlace Ciudadano 315 se reveló que, detrás de las demandas judiciales que se iniciaron gracias a los arbitrajes internacionales, está un pequeño grupo de abogados.
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l número de demandas en centros de arbitraje internacional en contra del Estado ecuatoriano va en aumento. Pero esa no es una tendencia exclusiva de nuestro país. Se repite por todo el mundo y pocas manos se benefician de ese lucrativo negocio. Una investigación de Corporate Europe Observatory (CEO) que fue llamada. «Cuando la injusticia es un negocio» revela el lado oculto de esos litigios. La investigación publicada en noviembre del año pasado trae como novedad que los arbitrajes de élite tiende a defender intereses de inversores privados, en desmedro del interés público. Ese desequilibrio se demuestra por dos vías. La primera ocurrió en el siglo pasado, cuando muchas naciones, como Ecuador, firmaron convenios de protección de inversiones que afectaban sus intereses. El procurador nacional, Diego García, sostiene que algunos de esos convenios no tenían reglas claras y esa
ambigüedad ha generado consecuencias negativas para la nación. La segunda se evidencia en que el número de casos de arbitraje en materia de inversiones se disparó en pocos años. En 1996 se registraron 38 casos, mientras en 2011 la cifra ascendió a 450. El estudio del CEO afirma que los beneficios los reciben un pequeño grupo de abogados. Apenas, tres firmas de juristas participaron en 130 casos. Esta tendencia también se repite en los centros de arbitraje internacionales, porque solo 15 árbitros resolvieron el 55 por ciento de todas las disputas entre las empresas y los estados. El Presidente Rafael Correa, en su Enlace Ciudadano 315, presentó este estudio europeo. Además, agregó que este pequeño grupo de abogados también maneja la opinión pública, porque el 74 por ciento de editoras de las principales revistas legales son manejadas por los defensores de las empresas en los arbitrajes. «Ya no lo dice Rafael Correa, ya no lo dice Ecuador, lo dice este informe de CEO», sostuvo el Mandatario y recalcó que se hará frente a esos abusos.
PRINCIPALES CONCLUSIONES 3
PRINCIPALES CONCLUSIONES 1
EL NÚMERO DE CASOS DE ARBITRAJE EN MATERIA DE INVERSIONES SE DISPARÓ
1996: 38 CASOS 2011: 450 CASOS ENTRE 2009 - 2010: 151 CASOS DE COMPAÑIAS QUE RECLAMAN AL MENOS $100 MM
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NÚMERO DE FIRMAS DE ABOGADOS QUE MANEJAN LOS AARBITRAJES
3 FIRMAS DE ABOGADOS PARTICIPAN EN 130 CASOS EN EL 2011 (30% DEL TOTAL) 15 ARBITROS RESOLVIERON EL 55% DE TODAS LAS DISPUTAS
COSTOS LEGALES: $8 MM EN PROMEDIO POR CASO, ALGUNOS CASOS SUPERAN $30 MM. FIRMAS COBRAN HASTA $1000 USD/HORA Y POR ABOGADO. EN UNA CONTROVERSIA DE $100 MM UN ARBITRO PUEDE GANAR HASTA $350.000
CONTROL DE DISCURSO ACADÉMICO SOBRE ESTA LEGISLACIÓN
74% DE LOS EDITORES DE LAS PRINCIPALES REVISTAS LEGALES SON MANEJADAS POR ABOGADOS DE ARBITRAJES
FUENTE: Informe de CEO, Nov. 2012. Cuando la injusticia es negocio
LA MAYORÍA DE ESTOS ÁRBITROS DE ÉLITE TIENDE A DEFENDER LOS DERECHOS DE INVERSORES PRIVADOS POR ENCIMA DEL INTERÉS PÚBLICO, LO CUAL PONE DE MANIFIESTO UN SESGO INHERENTE A FAVOR DE LAS CORPORACIONES
• Director: Marco Antonio Bravo • Editor General: SIEBEN Comunicación Estratégica • Distribución: Gabriela Durazno
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BENEFICIOS PARA UNA ÉLITE DE ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN EL TEMA
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