MIGRACIÓN 2019... Su importancia crece en una relación tradicionalmente asimétrica. Ahora, está en el eje de la política exterior estadounidense... y también de la doméstica
POR ILUSTRACIÓN: NORBERTO CARRASCO
ARMANDO IBARRA LANDIN Maestría en Ciencia Política El Colegio de México @LandinIbarra
FRANQUEANDO FRONTERAS
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mérica Latina es un concepto usado para referirse a una región con similitudes históricas, culturales y religiosas. Junto a dicho concepto siempre ha existido el sueño de “la patria grande”, una suerte de nación de naciones. Cierto que en la práctica dicho sueño es irrealizable –si bien son muchas las semejanzas, las diferencias también son enormes–, eso no ha evitado que muchos intentos de integración hayan surgido desde que Simón Bolívar plasmó este ideal en el Manifiesto de Cartagena y en la Carta de Jamaica, de 1812 y 1815, respectivamente. El primer intento real fue la Primera Conferencia Internacional Americana de 1889 (que incluía a Estados Unidos), y a partir de entonces, desde el río Bravo hasta La Patagonia, el subcontinente latinoamericano se ha cubierto de siglas que representan diversos intentos integracionistas de todo tipo; ALALC, ALADI, SELA, ALBA, UNASUR, CELAC, ACTO, SICA... Cada uno de estos proyectos de integración han tenido un número variable de integrantes, se han planteado como foros para el diálogo político y/o como intentos para disminuir o eliminar las barreras comerciales e integrar económicamente a las naciones, y hay algunas que incluso buscan el libre tránsito de los ciudadanos de los países miembros. Pese a tantos intentos, América Latina sigue tan poco unida como siempre, una posible explicación: las iniciativas de integración, sobre todo las surgidas en el siglo XXI, responden más a proyectos personales, propagandísticos y hasta ideológicos de los gobernantes en turno que a proyectos de largo plazo que busquen una integración real y perdurable sin importar quien gobierne. De este modo las instituciones integracionistas en Latinoamérica emergen, se fortalecen, se debilitan o sucumben debido a las preferencias de los gobernantes de los países miembros. El último intento de integración en la región se consolidó el pasado 22 de marzo en Santiago de Chile, con el nombre de Foro para Progreso de América del Sur (Prosur), y demuestra lo dicho anteriormente: este tipo de instituciones nacen de la coyuntura política, para la foto de los jefes de Estado y como propaganda para su agenda política, pero sin un proyecto de integración real que pueda sobrevivir al ocaso de los gobiernos que las impulsan. En Prosur los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú; la mayoría de ellos identificados con la derecha conservadora, buscan una institución regional afín que no responda a la “ideología de izquierda”. En el camino sepultarán a la ya moribunda UNASUR, pero que también contribuirán al debilitamiento de otros bloques regionales, aun a los comerciales y económicos, como MERCOSUR y la Alianza del Pacífico. Sin intenciones reales de integración, el mismo destino tendrá Prosur cuando los vientos políticos cambien de dirección, y América Latina continuará dividida.
ILUSTRACIÓN: NORBERTO CARRASCO
COMITÉ EDITORIAL ACADÉMICO DIRECTORA GENERAL SILVIA ELENA GIORGULI SAUCEDO
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DIRECTOR ADJUNTO VICENTE UGALDE
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8 DE SEPTIEMBRE DE 2019
DISEÑO NIEVES DÁNAE CORRECCIÓN DE ESTILO ULISES MARTÍNEZ
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l FRANCISCO ALBA AMAURY GARCÍA RODRÍGUEZ l LAURA JUÁREZ l SOLEDAD LOAEZA TOVAR l RAFAEL OLEA FRANCO l ERIKA PANI l KARINE TINAT
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CONSEJO EDITORIAL CONSULTIVO ARTURO ALVARADO l ISHITA BANERJEE l FLORA BOTTON l ROBERTO BREÑA l ADOLFO CASTAÑÓN l ROBERT DARNTON l JOSÉ MARÍA ESPINASA l
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LECTURAS DE EL COLMEX
LA HISTORIA Y LO COTIDIANO PILAR GONZALBO AIZPURU (EDITORA), 1ª. EDICIÓN, 2019, 333 PP.
ILUSTRACIÓN: NORBERTO CARRASCO
Las ya numerosas publicaciones del Seminario de Historia de la Vida Cotidiana nos han familiarizado con protagonistas que antes no conocíamos. Han llevado al primer plano a gente que sufría y gozaba como nosotros, y circunstancias que se imponían. Es la historia del acontecer de todos los días.
ENTRE JOTOS Y MOCHOS
escandalizan no solamente por lo atroz del delito, sino también porque fueron encubiertos por la autoridad eclesiástica. Durante la cumbre, prácticamente, no se hizo mención de la homosexualidad, lo cual es positivo, pues se centraron en el problema real: el encubrimiento sistemático que convirtió a la Iglesia en una cueva de impunidad para este tipo de crímenes, dónde “el miedo al escándalo” se convirtió en el pretexto perfecto para permitir atrocidades. Impera una “cultura del silencio” que tiene que ser desmantelada, en este sentido y pese a todo, es un gran paso el que la jerarquía haya reconocido el problema y se busquen soluciones colectivas. La cumbre no ha sido la única acción en esta dirección, sino también la depuración del episcopado chileno y las expulsiones de altos prelados. Incluso, algunos episcopados, como el mexicano, se han adelantado y han comenzado a tomar acciones. Pero la jerarquía no es la Iglesia, y es triste ver como muchos católicos comparten los rasgos que permitieron la impunidad: subestimar los testimonios, acusar una conspiración, preferir la injusticia sobre el escándalo, buscar chivos expiatorios. El cambio cultural ha de permear a toda la institución, incluyendo al “pueblo de Dios”, y llegará sólo cuando todos en la Iglesia acepten que “la verdad nos hará libres”.
DAVID EDUARDO VILCHIS CARRILLO Estudiante de la Maestría en Ciencia Política, 6a. Generación
dvilchis@colmex.mx
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Sodoma” se publicó en vísperas de la cumbre vaticana sobre abusos sexuales a menores. En pocas palabras, el autor, especialista en movimiento homosexual, considera que “la homosexualidad callada” es clave para entender muchos de los problemas que padece la Iglesia en la actualidad y, aunque niega que exista un vínculo directo entre ésta y los abusos, considera que la cultura del secreto que los encubre es producto de la “necesidad” de mantener en “secreto” la homosexualidad de los ministros. Casi al mismo tiempo, los cardenales Burke y Brandmüller, enemigos jurados del papa Francisco, publicaron una carta dirigida a los participantes de la cumbre en la que consideran que los abusos sólo son “parte de una crisis mucho más HERALDODEMEXICO.COM.MX
amplia”, caracterizada por “la plaga de la agenda homosexual” que se ha extendido dentro de la Iglesia. La postura de estos cardenales coincide con las declaraciones del ahora retirado nuncio apostólico en Estados Unidos, Carlo María Viganò, quien considera al “flagelo de la homosexualidad” como la verdadera razón de los abusos sexuales a menores. Ambas posturas coinciden en que la sexualidad mal vivida es causa, directa o indirecta, de los abusos. En esta misma línea se sitúan aquellos quienes consideran que con la derogación del celibato el problema se acabaría, cuando tristemente son personas no obligadas a ser célibes quienes más perpetran este crimen. Al señalar estos aspectos como la solución del problema, nos olvidamos que los abusos sexuales en la Iglesia 3E
DERECHO Y CAMBIO SOCIAL EN LA HISTORIA JOSÉ RAMÓN COSÍO, PABLO MIJANGOS Y ERIKA PANI (COORDINADORES), 1ª. EDICIÓN, 2019, 323 PP. Este libro analiza las complejidades de las relaciones entre derecho y sociedad, las formas en que se han concebido, y la manera en la que la ley y el Derecho se han concretado en diferentes espacios y coyunturas históricas así como su impacto en problemas que hoy nos aquejan.
LAS DERECHAS IBEROAMERICANAS. DESDE EL FINAL DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL HASTA LA GRAN DEPRESIÓN ERNESTO BOHOSLAVSKY, DAVID JORGE Y CLARA E. LIDA (COORDINADORES), 1ª. EDICIÓN, 2019, 355 PP.
Se examinan vínculos entre regímenes políticos e intereses dominantes.
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CON ESTE SUPLEMENTO, EL COLEGIO DE MÉXICO Y EL HERALDO DE MÉXICO
ofrecen a los lectores de este diario algunos contenidos de la revista Otros Diálogos, aparecida por primera vez como revista electrónica en octubre de 2017 (www. otrosdialogos.colmex.mx). Con esta publicación, El Colegio se planteó recuperar su tradición como animador de la reflexión y la difusión de temas propios de las humanidades, la literatura y las ciencias sociales; y, al mismo tiempo, quiso rememorar la revista Diálogos, que fuera dirigida por el poeta y filósofo Ramón Xirau entre 1964 y 1985. Con este suplemento también estamos respondiendo a la invitación de El Heraldo para proponer a sus lectores, mediante artículos de opinión, enfoques y elementos para una mirada reflexiva de la actualidad. VICENTE UGALDE
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MI GRA CION En la relación México-EU: una importancia asimétrica
LAS VISIONES DE MÉXICO Y DE ESTADOS UNIDOS HAN SIDO DIVERGENTES EN CUANTO AL FENÓMENO COMPARTIDO DE LA MIGRACIÓN, SU CENTRALIDAD,
SU URGENCIA Y LAS FORMAS DE ATENDERLO. ESTA ASIMETRÍA —NOS DICE FRANCISCO ALBA EN ESTE TEXTO—, AGUDIZADA POR LA LLEGADA DE DONALD TRUMP A LA
PRESIDENCIA DE ESTADOS UNIDOS, PODRÍA SUFRIR CAMBIOS CUALITATIVOS CON EL ARRIBO DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR A LA DE MÉXICO. POR FRANCISCO ALBA Ilustración: Norberto Carrasco
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n las relaciones entre México y Estados Unidos la importancia del tema migratorio no ha hecho sino aumentar a lo largo de las últimas dos o tres décadas. Esto es un reflejo particular de su creciente relevancia en los debates y las políticas mundiales, pero, en el caso de México y Estados Unidos, la migración se produce con unas características y en unas circunstancias que no parecen haber recibido la atención debida: su importancia es asimétrica y varía notablemente según cada país. Así, el significado y la centralidad que cada uno otorga a este fenómeno bilateral es diferente en cuanto a su urgencia, su actualidad y su visibilidad. Esta asimetría se ha ampliado sustancialmente desde la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, y vale la pena señalarlo.
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EL IMPACTO DEL CAMBIO
56 POR CIENTO SE REDUJO EL NÚMERO DE MIGRANTES CENTROAMERICANOS QUE CRUZAN DE MÉXICO A EU.
0 KILÓMETROS DE NUEVAS BARDAS CONSTRUIDAS ENTRE LA FRONTERA DE ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO.
130 MIL ARRESTOS EN MAYO POR LA BORDER PATROL SE REDUJERON A 70 MIL EN JULIO, EN EL PRESENTE AÑO.
64 MIL, EL NÚMERO DE DETENIDOS EN AGOSTO, DE ACUERDO CON LAS AUTORIDADES ESTADOUNIDENSES.
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El actual gobierno de Estados Unidos ha colocado la relación migratoria con México no sólo en el centro de su política exterior, sino en el de la interior, comenzando por la promesa que hizo Trump durante su campaña presidencial de construir un muro en la frontera con México a fin de bloquear la migración no autorizada (Build the wall! era un grito que enardecía a las masas) y, últimamente, con el cierre de gobierno más prolongado en la historia de ese país, debido a una disputa del Presidente estadounidense con el Congreso de su país —no necesariamente con todos los republicanos, aunque, ciertamente, con la mayoría de los demócratas— sobre el financiamiento para extender y reforzar el muro fronterizo con México. Manifestaciones de esa centralidad y ese sentido de urgencia por “resolver” la relación migratoria con México van desde la insistencia machacona, durante los primeros dos años del gobierno de Trump, en la necesidad de construir ese muro, hasta hacer de la “inmigración ilegal” el problema prioritario en el reciente “Estado de la Unión” (informe presidencial del 5 de febrero de 2019), considerar la frontera sur como un espacio sin ley, hablar de una crisis nacional urgente en esa frontera, de una situación de emergencia nacional y de grave reto a la seguridad nacional ante las caravanas de migrantes que cruzan varios países de Centroamérica y México hacia la frontera de Estados Unidos. Los migrantes fueron calificados de criminales. Así, la centralidad y la urgencia de la relación migratoria bilateral se han visto acompañadas por una apreciación negativa de las consecuencias, para la sociedad estadounidense, de la presencia de migrantes no autorizados. Las banderas de America First y de la identidad nacional dificultan el reconocimiento de las aportaciones de los migrantes (y de los extranjeros), sobre todo de los considerados poco calificados y de los no autorizados (aunque en la práctica se trata de migrantes funcionales y necesarios para la economía de ese país). En cambio, en México no aflora la importancia del tema migratorio y sus manifestaciones se encuentran como escondidas, aunque la prensa dé cuenta de la variada problemática migratoria: las devoluciones de nacionales desde Estados Unidos, la utilización de “La Bestia” por parte de los migrantes en tránsito, el papel estelar de “Las Patronas” o los innumerables abusos que sufren los migrantes. Desde luego, la cuestión migratoria es un punto importante, siempre presente, pero la temática migratoria no ocupa en la actualidad una posición central en la relación bilateral. Durante los últimos dos años, el gobierno mexicano ha concentrado su atención en el proceso de gestación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, apoyando de manera decisiva la labor del embajador mexicano Juan José Gómez Camacho como uno de los dos facilitadores del proceso. Esta atención va de acuerdo con la larga búsqueda del gobierno mexicano por encontrar un marco regulatorio de carácter multilateral para que el mundo, empequeñecido y crecientemente comunicado, aprenda a convivir con la emergente realidad global de las migraciones. El Pacto fue aprobado
PARA TRUMP, LA FRONTERA SUR ES UN RETO
La importancia que Estados Unidos concede a la relación migratoria bilateral —centralidad, sentido de urgencia y negatividad— "es realmente la culminación de un proceso que, si bien se venía gestando con mucha anterioridad, experimenta un gigantesco salto cualitativo".
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 2018 y adoptado por una Conferencia Intergubernamental realizada en Marrakech, Marruecos, el 10 de diciembre de ese mismo año. Hay que decir que, en la última etapa de gestación del Pacto, Estados Unidos se retiró de él. Difícilmente podría hablarse de centralidad y sentido de urgencia en la relación migratoria bilateral. En las relaciones recientes entre México y Estados Unidos estos factores radicaban claramente en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y en preservar la dinámica de los intercambios comerciales. En cuanto a la apreciación del gobierno mexicano sobre las migraciones, ésta ha sido, en general, positiva durante las últimas décadas; específicamente, la migración mexicana ha sido considerada un factor productivo y de desarrollo tanto para los lugares de destino como para los de origen —tal vez más para los primeros que para los segundos—. Ahora bien, el aumento en la importancia que Estados Unidos concede a la relación migratoria bilateral —en sus manifestaciones de centralidad, sentido de urgencia y negatividad— es realmente la culminación de un proceso que, si bien se venía gestando con mucha anterioridad, experimenta un gigantesco salto cualitativo con el presidente Donald Trump. Desde esta perspectiva, el ascenso de Trump a la Presidencia puede ser visto más como síntoma de un desplazamiento de fuerzas estructurales —como la desindustrialización, la automatización, las crecientes desigualdades, el fortalecimiento de las identidades nacionales o el antiglobalismo y antielitismo, que hacen aflorar un larvado sentimiento nativista y aislacionista entre segmentos relativamente numerosos de la sociedad estadounidense— que como un detonante de grandes cambios, aunque hay que reconocer que existe un proceso de retroalimentación, pues el presidente Trump alienta fuertemente estos sentimientos nativistas y aislacionistas, externando con desfachatez mayúscula, una y otra vez, su visión negativa, simplista y derogatoria de la inmigración no formalmente sancionada por su país. 6E
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FOTOS: AP
Para situar en una perspectiva de mayor alcance la coyuntura en que se encuentra actualmente el tema de la migración en la relación México-Estados Unidos, conviene recuperar sumariamente algunos antecedentes. El fenómeno migratorio entre ambos países tiene una larga historia. A raíz de haberse eclipsado esta migración durante y después de los años de la Gran Depresión, renace en los años 40 con el programa de “braceros”. Desde entonces, si bien con múltiples altibajos y cambios en sus características, la migración se ha mantenido de manera ininterrumpida, creciendo de manera sostenida hasta alcanzar más de 12 millones de ciudadanos mexicanos en Estados Unidos hacia 2005, para descender ligera pero paulatinamente a partir de la Gran Recesión de 2008 hacia los 11 millones y medio, y mantenerse en ese rango hasta la actualidad. Una cuantiosa emigración neta anual de nacionales ha alimentado la creciente población mexicana residente en ese país. Esta emigración llegó a ser cercana al medio millón en los primeros años del presente siglo, aunque ha disminuido drásticamente en la última década, a raíz, ante todo, de esa Gran Recesión. El descenso de la población mexicana en Estados Unidos y de la emigración neta de mexicanos se debe, por un lado, a una disminución en la salida de mexicanos y, por otro, a un significativo incremento en las devoluciones y los retornos de migrantes —en ambos casos, ante todo, de indocumentados. Muchos de los que retornan lo hacen HERALDODEMEXICO.COM.MX
acompañados de sus familias, muy a menudo con hijos nacidos en Estados Unidos, donde han vivido durante muy largos periodos. En la actualidad, la emigración neta de los mexicanos fluctúa alrededor de 100 mil migrantes al año; la gran mayoría de ellos ingresa de manera legal a Estados Unidos. Por lo demás, la población de origen mexicano residente en Estados Unidos alcanza actualmente cerca de 35 millones de personas. Es indudable que, a lo largo de aproximadamente tres cuartos de siglo, el tema migratorio ha sido parte y elemento importante de las relaciones bilaterales, con sus momentos de acuerdos y sus momentos de tensiones. Estas últimas solían calificarse como un irritante más o menos serio en la relación bilateral, pero no pasaban de eso. Durante el periodo de los programas de braceros (1942-1964) hubo momentos de tensión —como las deportaciones de mexicanos en 1954 por la iniciativa Operation Wetback, cuando México intentó impedir que sus nacionales salieran del país cruzando la frontera sin autorización—, como los hubo también durante las aproximadamente dos décadas (de la mitad de los 60 a la mitad de los 80) del laissez-faire migratorio —como en los años 70, con las declaraciones de los responsables del Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos (el INS, por sus siglas en inglés) y los reportajes mediáticos sobre una “invasión silenciosa” que había que detener “con urgencia”. El Estudio Binacional México-Estados Unidos sobre Migración (1997) describió la tónica de la relación bilateral en esas décadas como una de “acción y reacción”, con lo que se aludía a un patrón de comportamiento en el que una decisión de una de las partes se veía respondida por otra de la otra parte, pero sin que hubiera, prácticamente, puntos de encuentro ni contacto. Sin embargo, a partir de la adopción, en 1986, de la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA, por sus siglas en inglés), la tónica comenzó a cambiar. Desde ese momento, la relación migratoria bilateral empezó a adquirir mayor importancia y centralidad en Estados Unidos, con repetidos intentos por frenar la migración mexicana no autorizada —es decir, la de los indocumentados. Una manifestación de lo anterior fue la adopción de la Proposition 187, en California, en 1994 (después declarada inconstitucional por la Suprema Corte), y la instrumentación de una serie de “operativos” en puntos neurálgicos de la frontera con México durante los años 90. Se dio inicio entonces a la construcción de un muro fronterizo, comenzando por los segmentos urbanos de la frontera más transitados por los indocumentados. También datan de esos años los primeros incrementos fuertes al presupuesto y en el personal de la Patrulla Fronteriza. México, en cambio, intentaba restarle importancia a la atención que el fenómeno migratorio recibía en el país vecino y lo dejaba continuar, actuando como business as usual, aunque el gobierno estaba atento a entablar un diálogo con Estados Unidos para disminuir los irritantes y llegar a algún acuerdo migratorio. Después de 1986 hubo un par de instancias en las que México y Estados Unidos acercaron sus posiciones e intentaron responder conjuntamente al fenómeno migratorio con la intención de frenar un tanto su dinámica y establecer reglas que regularan la movilidad de los trabajadores y las personas entre los dos países. La primera de esas instancias fue un “acercamiento indirecto” mediante la firma del TLCAN. Este tratado quería alcanzar una despresurización migratoria mediante la liberalización del comercio y las inversiones, lo que crearía en México empleos mejor pagados y de ese modo reduciría las diferencias económicas y sociales entre ambos países. La segunda instancia fue un intento amplio y serio de negociación migratoria entre México y Estados Unidos, esta vez de manera directa, la cual incluía, entre otros temas, la regularización de los migrantes mexicanos en aquel país, programas de trabajadores temporales y la ampliación de las visas para mexicanos en el espíritu de un TLCAN ampliado (NAFTA plus) —lo que se llamó “la enchilada completa” (the whole enchilada)”. Estas negociaciones migratorias se llevaron a cabo durante el año 2001, hasta que los acontecimientos del 11 de septiembre de ese año las cancelaron abrupta y definitivamente. En los meses de esas negociaciones, la migración fue para México —esta vez sí— un tema central de la relación bilateral; en cambio, para Estados Unidos tal vez no lo fue. Difícilmente sabremos cuál pudo haber sido el resultado final de esas negociaciones. Después del 11 de septiembre de 2001, el tema migratorio comenzó a tomar un derrotero muy diferente en la relación bilateral, crecientemente conflictivo, más sensible, delicado y vinculado con otras dimensiones igual7E
UN CAMBIO CUALITATIVO
Después del 11 de septiembre de 2001, la migración se tornó "crecientemente conflictivo, más sensible, delicado y vinculado con otras dimensiones igualmente conflictivas, sensibles y delicadas".
FRANCISCO ALBA Profesor Colmex
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LA CRISIS EN MÉXICO
25 MIL MIEMBROS DE LA GUARDIA NACIONAL DE MÉXICO, DESPLEGADOS PARA DETENER MIGRANTES.
38 MIL MIGRANTES ESPERAN EN MÉXICO DECISIÓN SOBRE SU PETICIÓN DE ASILO EN EU.
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mente conflictivas, sensibles y delicadas. A partir de ese momento, la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo se convirtieron en las prioridades de las política interior y exterior del gobierno de Estados Unidos, que para atender estas prioridades creó un nuevo y poderoso Departamento de Seguridad Nacional (o de la Patria; DHS, por sus siglas en inglés). Si la fusión de los flujos centroamericanos con el mexicano había complicado el fenómeno migratorio, convirtiéndolo en un verdadero sistema migratorio regional, la asociación migración-seguridad hizo que su manejo fuera todavía más complejo. Al paso del tiempo, se profundizaron y agudizaron los problemas del tránsito migratorio, principalmente el de los centroamericanos por territorio mexicano. Ante la creciente preocupación por la seguridad nacional y otros cambios globales, y debido a la relevancia que adquirien la cuestión migratoria bilateral, en Estados Unidos surge entonces la necesidad de formular una nueva política migratoria, cosa que se lleva a cabo partiendo de un diagnóstico, ampliamente compartido, según el cual su sistema migratorio “está roto”. En el debate sobre las características de esta nueva política migratoria se conforman dos campos: el que pugna por una Reforma Migratoria Integral (CIR, por sus siglas en inglés) y el que postula que lo primero que debe hacerse es aplicar las leyes (Enforcement First). Cualquiera que resultara ser la dirección de esa nueva política migratoria, está claro que el fenómeno migratorio mexicano-estadounidense y el papel de la migración en la relación bilateral se verían afectados de manera significativa. Ante ese escenario, México se propuso, en 2005, enfrentar la cuestión migratoria desde una perspectiva de “responsabilidad compartida”, buscando que esa perspectiva fuera compartida por su principal interlocutor en el tema. Por lo que correspondía a México, se reconocía la necesidad de mejorar las condiciones económicas y sociales del país, de vigilar las fronteras y de reinsertar adecuadamente a los migrantes que regresaban al país. Sin embargo, este planteamiento no ha tenido mayor eco en Estados Unidos, donde las acciones fueron inclinándose hacia el campo de la aplicación de las leyes. Así, en 2006, el gobierno estadounidense adopta la Fence Segurity Act, que autorizó la construcción de aproximadamente 700 millas de muros y otras barreras físicas en la frontera con México. También se adoptaron otras medidas de control migratorio y fronterizo, cada vez más estrictas. Más tarde, en los gobiernos de George W. Bush y Barak Obama, se institucionalizaron las deportaciones, expulsiones y devoluciones de los migrantes sin autorización para permanecer en Estados Unidos. Ésta ha afectado de manera principal a los migrantes mexicanos y hecho de la cuestión migratoria un fuerte irritante de la relación bilateral. La llegada de Trump a la Casa Blanca representa un salto cualitativo en esta trayectoria de endurecimiento y unilateralismo, pues le otorga a la cuestión migratoria un lugar en la agenda política estadounidense que nunca antes había tenido. Como se dijo antes, esto quedó claro por el sitio central que ocupan ahora la “migración ilegal” y la construcción de “ese” muro (the wall) a lo largo de la frontera con México. Esta centralidad va asociada a un sentido de urgencia que, obviamente, encierra una alta visibilidad mediática y un sentido de actualidad. Así, del endurecimiento migratorio se pasa a la búsqueda de un distanciamiento regional y de una exclusión. No hay espacio para diálogo migratorio alguno que no sea el conducente al freno de la migración mexicana y la que transita por México. Desde luego, los propósitos de Trump sólo se han alcanzado de manera muy parcial, pero las implicaciones de ese salto cualitativo en el discurso y en los propósitos probablemente se dejarán sentir en la relación bilateral durante un plazo largo. Trump ha vuelto aceptable, y políticamente correcto, no sólo denigrar a los migrantes y frenar su acceso a Estados Unidos prácticamente a cualquier precio, incluida la separación de familias, sino también el llamado al Ejército (y no sólo a la Guardia Nacional) en apoyo a las labores de vigilancia y sellamiento de la frontera. Por lo pronto, los dos países se encuentran ante una situación paradójica y, hasta cierto punto, aberrante. Obviamente, la cuestión migratoria es una dimensión central de la relación bilateral; sin embargo, parecería estar ausente de la agenda bilateral. Por lo que respecta a México, esta paradoja y esta aberración, aunque originadas en Estados Unidos, estuvieron “veladas” durante los gobiernos anteriores, pero parecen estar siendo “expuestas” en el gobierno de López Obrador. Por las señales enviadas desde su elección como Presidente de México, y una vez asumida la Presidencia, la estrategia o postura del ac-
tual gobierno frente a la relación migratoria con Estados Unidos es de prudencia, discreción, no confrontación, no enfrentamiento, no-engagement; en síntesis, de apaciguamiento. Esta postura tiene antecedentes en la que adoptaron los dos gobiernos mexicanos anteriores, una vez que se vio la dirección que tomaba la política migratoria en Estados Unidos tras los ataques del 11/IX/ 2001. Pero aunque conforme con esta actitud de retraimiento, la actual postura también puede verse como un salto cualitativo, por lo explícito y abierto de la misma. No se responde a declaraciones y acciones que muchos consideran ofensivas e insultantes; se recibe prácticamente a todos los migrantes que pretenden ingresar al país, ofreciéndoles tarjetas de visitantes temporales, de trabajo, para residir en el país, o visas humanitarias —indudablemente, un cambio importante respecto del pasado reciente, cuando hubo múltiples e infructuosos intentos de contener a los migrantes en situación irregular durante su tránsito hacia Estados Unidos—; también se recibe a los migrantes que esperan en México una resolución a su demanda de asilo en Estados Unidos. Esto es posible porque, en este caso, el gobierno estadounidense recurre unilateralmente al apartado 235(b)2(c) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, el cual permite regresar a los migrantes al país por el que ingresaron de manera irregular. Esta medida —al igual que la generosa recepción de migrantes en la frontera sur de México—se hace por razones humanitarias, de protección y respeto a los derechos de las personas migrantes. Con todo, las acciones del gobierno mexicano podrían interpretarse como concesiones tácitas e indirectas a las peticiones estadounidenses para frenar el tránsito de migrantes hacia su país, reteniéndolos en México. Independientemente de esto, es claro que México puede ser generoso por razones humanitarias y recibir a los migrantes que huyen de la pobreza, el desamparo, la inseguridad y la violencia. Como en otros tiempos y contextos, el país podrá hacer “virtud de la necesidad”. La acomodaticia postura mexicana frente a la cuestión migratoria en la relación bilateral se hace descansar en uno de los dos principales pilares de lo que se califica como la “nueva política migratoria”: la protección y el respeto de los derechos de los migrantes. El otro pilar es la promoción del desarrollo y la reducción de la violencia en los lugares de origen de los migrantes. Pero no son nuevos; llevan años de gestación y presencia en la conformación de la política migratoria tradicional mexicana. La protección de los migrantes mexicanos, incluidos los indocumentados, tiene sus raíces en la época de los programas braceros, y la protección de los migrantes extranjeros en México tiene su clara institucionalización en la Ley de Migración de 2011. Pero no olvidemos que la previsible generosidad mexicana con los expulsados de otras tierras ha tenido en el pasado notables episodios. En cuanto a la promoción del desarrollo para reducir las presiones migratorias, este planteamiento también estaba en los supuestos que permitieron la “aceptación política” en Estados Unidos del TLCAN, mediante una liberalización comercial y de inversiones que alentaría la creación de empleos y empujaría al alza los salarios en México, lo que produciría cierta convergencia económica y social entre los dos países —estrategia que resultó insuficiente para ese propósito—. Por lo demás, la promoción del desarrollo centroamericano también ha estado presente en el Plan Puebla-Panamá, de principios de este siglo, y en otros planes similares que le siguieron, todos ellos sin una continuidad ni un aterrizaje efectivos. Sin embargo, las acciones emprendidas basándose en estos dos pilares podrían constituir también saltos cualitativos dentro de las posturas discursivas. Por un lado, la aplicación de las leyes y disposiciones migratorias ha sido, por lo general, terriblemente deficiente —plagada de abusos, corrupción e impunidad—; por otro, la atención prioritaria que la administración de López Obrador planea darle al desarrollo económico y social del sureste mexicano bien podría ser también un potente detonador de desarrollo para toda Centroamérica, en particular de los países del llamado Triángulo Norte. En la actualidad, la relación bilateral en cuestiones migratorias se encuentra en una situación paradójica: es central para Estados Unidos y secundaria para México; es urgente para Estados Unidos y aplazable para México; es tratada con un lenguaje políticamente incorrecto en Estados Unidos y políticamente correcto en México. Por el momento, la relación migratoria es tensa, pero manejable. Sin embargo, frente los patrones divergentes de las políticas migratorias de ambos gobiernos, la aparente tranquilidad en la relación migratoria bilateral bien podría presagiar conflictos y tormentas en el futuro. *Profesor 8E
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