legislativo

La posibilidad de que las Fuerzas Armadas, de forma complementaria, apoyen a la Policía Nacional en el combate a la delincuencia organizada no será definida en el actual periodo legislativo que concluye el próximo 14 de mayo.

El presidente de la República, Guillermo Lasso, el 7 de diciembre de 2022, entregó en la Asamblea Nacional el proyecto de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución con el objetivo de que se permita la participación de manera complementaria de las Fuerzas Armadas en las tareas que realiza la Policía Nacional respecto a la protección interna y mantenimiento del orden público, sin que exista una declaratoria de estado de excepción.

El primer debate de este cambio a la Constitución se realizó el 16 de marzo pasado, y desde esa fecha, según el segundo inciso del artículo 422 de la Constitución, deberán transcurrir al menos 90 días para poder realizar el segundo y definitivo debate, esto es, el 16 de mayo próximo. Pero el Parlamento, el 14 de mayo, tendrá que cambiar a sus autoridades legislativas e inclusive a los integrantes de las comisiones especializadas permanentes, para los próximos dos años; de ahí que el trámite en el pleno de la reforma puntual a la Constitución quedará a decisión de la nueva autoridad.

Modificaciones

La iniciativa del Ejecutivo sufrió algunas modificaciones en el primer debate, de modo que la participación complementaria de las Fuerzas Armadas pueda darse frente a delitos ligados al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de personas, armas y delitos conexos, y para ello se deberán cumplir tres pasos:

Una solicitud del comandante general de la Policía dirigida al Consejo de Seguridad Pública del Estado.

Un informe motivado del Consejo de Seguridad Pública del Estado.

Un decreto emitido por el presidente de la República.

En esta segunda fase de debate, los legisladores esperan poner parámetros en el apoyo comple- mentario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, donde se determine que esa participación de los militares debe darse bajo los estándares de ser extraordinaria, subordinada, complementaria y regulada.

Informe

La comisión ocasional de enmiendas, presidida por la legisladora Isabel Enríquez, de la bancada Pachakutik, aprobó un cronograma de trabajo que incluye comparecencias, análisis, debates internos y la presentación del informe para segundo debate para el 28 de abril próximo, tomando en cuenta que la tarea de esta mesa concluirá el 14 de mayo.

Enríquez protestó debido a la excusa del secretario jurídico de la Presidencia de la República, Juan Pablo Ortiz, quien fue invitado en esta semana para que exponga la tesis del Gobierno respecto a la enmienda y los cambios que podrían aplicarse en esta última etapa de discusión.

“Ellos (Gobierno) evaden su responsabilidad en el tratamiento de la reforma constitucional cuando el presidente de la República sale a criticar a la Asamblea Nacional por una supuesta falta de tratamiento de la reforma constitucional”, afirmó Enríquez, quien aclaró que el Parlamento está dentro de los plazos establecidos para el trámite de una reforma puntual a la Constitución.

En esta etapa se volverá a invitar al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al comandante general de la Policía, al ministro de Gobierno, al ministro del Interior e insistirán en la presencia del secretario jurídico de la Presidencia de la República. Según el cronograma aprobado, hasta el 19 de abril habrá comparecencias, luego habrá tres días para el procesamiento de los insumos y reuniones de trabajo, y el análisis, discusión y aprobación del informe para segundo debate está previsto para el 26 de abril y la entrega a la presidencia del Parlamento del documento el 28 del mismo mes.

La asambleísta de Pachakutik insistió en que se mantiene la propuesta de que el Consejo de Seguridad Nacional sea el organismo que emita un informe para la participación complementaria de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, previo a un requerimiento de parte del comandante general de la Policía. Tras este informe el presidente de la República podrá emitir el respectivo decreto ejecutivo.

La representante del oficialismo ante la Comisión de Enmiendas, Blanca Sacancela (BAN), recordó que el documento presentado por el primer mandatario en la Asamblea el 7 de diciembre permaneció 30 días en la presidencia de la Asamblea porque no sabían a qué comisión enviar. Con ese retraso, la comisión arrancó su trabajo y cumplió los tiempos para el primer debate.

Respecto al segundo debate existe un cronograma y se espera que el informe esté listo para el 28 de abril, pero que el trámite en el pleno quedaría para el próximo periodo una vez que se realice la renovación de las autoridades legislativas.

La representante de Pichincha pidió la comparecencia del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, para conocer su preocupación respecto a la participación complementaria de las Fuerzas Armadas en el control del crimen organizado, porque al tener hechos conexos se podría permitir la presencia militar en la protesta social.

Sacancela aclaró que ella no está de acuerdo en que haya una autorización previa del Consejo de Seguridad Nacional para la participación complementaria de las Fuerzas Armadas, que bastaría una petición motivada de la Policía Nacional y la autorización del presidente de la República vía decreto ejecutivo.

El establecer como requisito previo un informe del Consejo de Seguridad Nacional demorará el proceso de participación de las Fuerzas Armadas en tareas complementarias para el control del crimen organizado, alertó la oficialista, entonces bastaría seguir activando los estados de excepción. La diferencia con esta reforma constitucional es evitar el cometimiento de abusos

La posibilidad de que el país tenga elecciones anticipadas de resultas de que el presidente Guillermo Lasso decida invocar en cualquier momento el artículo 148 de la Constitución para disolver la Asamblea Nacional abre el debate sobre si la participación en esos comicios anticipados cuenta como reelección.

La respuesta la tiene la Corte Constitucional (CC) en una sentencia emitida en 2010, en la que aclaró que quienes resulten electos en comicios anticipados podrán presentarse de nuevo sin que cuente como una reelección. Esta opción motiva a los partidos políticos a postular a sus mejores cuadros.

“Para el caso de los artículos 130 y 148 de la Constitución, las elecciones tanto legislativas como presidenciales, convocadas por el Consejo Nacional Electoral, se entenderá que son para completar el resto de los respectivos periodos sin que pueda entenderse que se trata de un nuevo periodo regular imputable para el caso de reelección”, refiere el numeral 2 de la sentencia n.º 002-10-SIC-CC.

El constitucionalista André Benavides explica que esta aclaración que hizo la CC abre la posibilidad de que un pre- sidente gobierne hasta por cerca de doce años de corrido, dependiendo de cuándo sea elegido luego de invocar la muerte cruzada.

“La Corte Constitucional sacó una sentencia que dice que ese periodo en que se va a completar el mandato no es imputable para efectos de una elección. El año y medio, dos años o más que gobierne no le cuentan como un periodo completo”, indica.

Aunque la muerte cruzada no ha sido invocada nunca, el abogado constitucionalista Gonzalo Muñoz menciona que esta aclaración que hizo la CC es muy importante y que para los partidos políticos no pasará desapercibida.

“La aclaración que hizo la Corte es diáfana: la participación en este tipo de elecciones anticipadas no cuenta para la reelección”, subraya.

El presidente Guillermo Lasso en una foto de archivo. Foto: Cortesía En tanto, Lasso puede invocar en cualquier mo- mento el artículo 148 de la Constitución para disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones generales anticipadas si, a su juicio, esta incurre en una de estas tres causales: si se hubiera arrogado funciones, con dictamen previo favorable de la Corte Constitucional; si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo; o por grave crisis política y conmoción interna.

Lasso podría recurrir a la muerte cruzada como una salida para la crisis política y al juicio político que se sigue en su contra dentro de la Asamblea Nacional, pero ha reiterado que asistiría al pleno del Legislativo para defenderse y dar a conocer su “verdad”, y que en esos momentos decidiría si disuelve la Asamblea por tres meses, mientras se evacúa un nuevo proceso electoral.

“El pueblo tiene derecho a saber la verdad, aquella que voy a presentarla para la historia; tiene que quedar en los registros de la historia nacional. Y después analizaremos si cabe o no la muerte cruzada”, ha dicho.