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Asamblea no halla cómo enjuiciar políticamente a Guillermo Lasso
La Constitución vigente desde el 2008 contempla dos mecanismos para que el Parlamento pueda forzar la terminación anticipada del mandato del jefe de Estado: la destitución o el juicio político.
Y el nuevo intento del correísmo de poner en jaque el futuro de Guillermo Lasso en la Presidencia de Ecuador, a menos de dos años de mandato, se topa con candados constitucionales.
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El primer intento fracasó el 7 de diciembre del 2021, cuando la moción para iniciar el proceso de destitución a Lasso por el caso Pandora Papers, sobre supuestas inversiones en paraísos fiscales, alcanzó solo dos votos más (51) de los que cuenta el bloque correísta.
El segundo intento se dio en las violentas protestas de junio 2022, cuando esta bancada volvió a invocar el artículo 130 de la Constitución para buscar la destitución de Lasso por supuesta grave crisis política y conmoción interna. Esta vez, estuvo cerca: avanzó hasta 81 de los 92 votos que se requerían.
Las filtraciones de audios y un informe policial reservado sobre una supuesta trama de corrupción en empresas públicas y la presunta operación de la mafia albanesa dieron lugar a una nueva arremetida contra el Ejecutivo.
Ahora, el correísmo apunta hacia el juicio político. A diferencia del artículo 130, este mecanismo contemplado en el artículo 129 de la norma suprema no implica un adelanto de elecciones generales, sino que el Vicepresidente de la República termine el mandato.
Tres causales para juicio político
Para el juicio político, la Constitución contempla tres causales: delitos contra la seguridad del Estado; por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. Y por delitos de lesa humanidad como el genocidio.
Para iniciar con este procedimiento “se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo”, dice la norma suprema.
La primera vez que el Parlamento invocó al juicio político fue en 2017, aunque quedó inconcluso. Ocurrió cuando movimiento Creando Oportunidades (Creo) y el Partido Social Cristiano (PSC) buscaron la destitución del entonces vicepresidente Jorge Glas, quien fue sentenciado por corrupción en el caso Odebrecht.
Uno de sus interpelantes fue el actual ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Desde la otra orilla, dice que la situación de Lasso es distinta porque no se reúne ninguna causal prevista en la Constitución.
Ana Belén Cordero, asambleísta del oficialismo, revisó la decisión de la Corte en el caso Jorge Glas. “El dictamen sobre el juicio político, en efecto, solo hace un control de forma mas no de fondo”, dijo.
Desde que saltó el escándalo, al que la Fiscalía bautizó del caso Encuentro, el correísmo y sus aliados centraron sus esfuerzos en la Comisión ocasional multipartidista que conformaron el 18 de enero.
Salvador Quishpe (Pachakutik, PK) anticipó que esta bancada no se siente representada por Mireya Pazmiño, quien apuntó hacia responsabilidades políticas de Lasso.
La Izquierda Democrática (ID) también sigue fracturada. Alejandro Jaramillo desconoció a Rodrigo Fajardo como representante de este partido en la Comisión.
Un día después de que el Pleno aprobara la prórroga de 10 días para la entrega del informe, Fajardo re- conoció que no contaban con elementos para vincular directamente a Lasso, sino omisiones.
El PSC tiene a Pedro Zapata como su delegado en la Comisión. Él dice que no se deben adelantar conclusiones, pero su coideario Luis Almeida llamó al Presidente a que renuncie a su puesto.
El plazo para que la Comisión entregue un informe vence el 3 de marzo, aunque sus conclusiones y recomendaciones no tendrán carácter de vinculante.
Sin fecha para debate
El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (independiente), no se aventura a fijar una fecha para un desenlace. “El Pleno no resuelve si hay o no juicio político. La Asamblea lo que resuelve es si aprueba o no el informe (…). Si es que se recomienda el juicio político, la Asamblea podrá aprobar la recomendación, pero depende de que alguien presente la solicitud”.
Saquicela insistió en que, independientemente de que se apruebe o no el informe, cualquier legislador puede solicitar juicio político al Primer Mandatario si lo respaldan 46 legisladores.
La sustanciación implicará que el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) consulte a la Corte Constitucional. “Puede ser que quede en el tema de la resolución del Pleno”, aseguró el titular de la Asamblea Nacional.
