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Lasso dice que frenó un 'macabro plan' para viabilizar el regreso de Rafael Correa a Ecuador
"He puesto por delante al Ecuador, por encima de cualquier interés personal. Al firmar el Decreto, he reducido voluntariamente mi programa de Gobierno" para que los ciudadanos elijan un nuevo presidente y asambleístas. Así lo manifestó el presidente de la República, Guillermo Lasso, en una entrevista otorgada a CNN tras decretar la disolución de la Asamblea de Ecuador, este 17 de mayo de 2023.
El mandatario afirmó que con la 'muerte cruzada' ha puesto "fin a una crisis política que ha detenido al país". Su decisión se adoptó en medio del juicio político que enfrentaba por el presunto delito de peculado, del que se declara inocente, y que respondía a un "macabro plan para tomarse el control de las instituciones del Estado para producir impunidad y visibilizar el retorno de un expresidente (Rafael Correa) que ha sido sentenciado por corrupción por la Corte
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Nacional de Justicia y que no quiere cumplir con la pena establecida de ocho años".
"Venían por mí, luego por la fiscal, luego por el contralor, por el procurador y por más instituciones del Estado", dijo.
Ante ello, invocó el recurso constitucional que lleva a convocar elecciones para el Legislativo y el cargo de presidente. "El artículo 148 de la Constitución de la Re- pública me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna", dijo al asegurar que no esquivó el juicio político ni cometió ningún pecado, "yo quise ir a defenderme porque soy inocente, porque no he cometido peculado y porque de manera abusiva pretendían destituir me sobre la base de unos contratos suscritos en el Gobierno anterior".
La decisión de firmar la "muerte cruzada" fue "un proceso de reflexión de varias semanas, por no decir de varios meses, mirando una actitud belicosa de los opositores, quienes se dieron por plantear un juicio político acusándome de un delito que no existe en el Código Penal ecuatoriano, que es peculado por omisión y sobre todo, sin fundamentos, sin pruebas ni testigos", enfatizó al comentar que "los ciudadanos de a pie en la calle" decían que había que "terminar con esa Asamblea de tan baja calidad, con una popularidad no mayor al 4%".
Sobre las apelaciones ante la Corte Constitucional, entidad que deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad o no del Decreto 471, el presidente Lasso señaló que "la Ley es clara. Es una facultad del Presidente. Se puede revisar la Constitución y se puede ver que la redacción no tiene espacio para ser interpretada".