U n a re v i s t a a c tu a l D a n i e l d e l R ío . C Ó M O P R E S TA R EL S E RV I C IO S O C IAL A T R AV É S D E LA B A R R A M E X I C AN a ISSN 2007-3550
EDITORIAL:
Por qué Luis Raúl González Pérez debe presidir la CNDH ENCUESTA:
¿Qué está fallando en la enseñanza del Derecho? DEBATE:
Las escuelas de Derecho al banquillo GRANDES ABOGADOS DE LA HISTORIA:
Clarence Darrow: un activista con la ley en la mano Gerardo Laveaga ENTREVISTA:
Perla Gómez Gallardo Un año al frente de la CDHDF POSICIONES:
Las reformas al matrimonio en el Distrito Federal: ¿eficiencia o retórica? Ángel Gilberto Adame
Jesús López Benítez:
“La justicia militar funciona... y funciona bien” Año 16, núm. 187 Noviembre 2014 $40.00
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EDITORIAL
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Por qué Luis Raúl González Pérez debe presidir la CNDH
uando Jorge Carpizo impulsó la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), tenía en mente dar una sacudida al sistema gubernamental e investigar los abusos que soldados, marinos, policías, agentes de migración y toda suerte de servidores públicos cometían contra los ciudadanos. Su gestión fue deslumbrante. Como buen abogado, se apoyó en la Constitución y la ley para fundamentar sus posturas y, aunque ésa no era su intención, contribuyó a que el gobierno fuera más creíble y legítimo. Al concluir su encargo, fue sustituido por Jorge Madrazo, quien continuó la línea de su maestro, aunque sin el entusiasmo que caracterizaba a Carpizo. Como Madrazo venía de ser director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se dijo entonces que la CNDH estaba en manos de la UNAM; que no debía seguir ahí. Por ello se nombró a Mireille Rocatti. Pero a Rocatti se le vio tibia y se le identificó no con la UNAM sino con grupos políticos del Estado de México, lo que devino en debilidad institucional. En su afán de devolver la Comisión a la UNAM, se le dio a José Luis Soberanes, quien perdió el rumbo. Los gastos se dispararon y los resultados se desvanecieron. Muchos políticos, sin embargo, lo hallaron cómodo. El doctor en Derecho daba un manotazo por aquí y otro por allá, pero pocos le prestaban atención. Tan cómodo resultó, que fue reelegido. Duró en el cargo 10 años y nadie pensó que su posición fuera de la UNAM, pues sus vínculos con asociaciones católicas fundamentalistas le dieron otro perfil. El propio Carpizo llegó a confrontarlo por su frivolidad, sus dispendios y su falta de compromiso. Al concluir su gestión, Soberanes temía que salieran a la luz sus despilfarros y se embarcó en una campaña para dejar en su sitio a Raúl Plascencia, su visitador y hombre de mayor confianza. Plascencia prometió cargos y canonjías. Y cumplió. Hoy, a unos días de que el Senado designe al sucesor de Plascencia, los activistas exigen que la Comisión se entregue “a una persona valiente y comprometida” que ponga de rodillas al Estado mexicano. Pero la Comisión, al igual que otros organismos autónomos, no es una organización de la sociedad civil (OSC). De éstas ya hay muchas
en México y, aunque son indispensables para denunciar arbitrariedades, tienen un papel distinto del que se espera de la CNDH. Ésta no compite con Human Rights Watch. El día que lo intente, deberá desaparecer o transformarse en una OSC, sin pretender recibir recursos públicos. Algunos senadores, cuyos amigos y parientes recibieron chambas y prerrogativas de Plascencia, insisten en que éste debe ser reelegido. “Más vale malo conocido que bueno por conocer”, aducen. Pero los ruidosos errores de Plascencia y la innegable campaña que el periódico Reforma y otros medios han lanzado en su contra, así como la timidez con la que enfrentó algunos casos, lo hacen inviable. En el convulso escenario que hoy vive México, Luis Raúl González Pérez es, sin duda, el más completo de los candidatos. El actual abogado general de la UNAM es un servidor público que se ha caracterizado por su institucionalidad y su valor. No es un hombre de estridencias, como puede serlo Emilio Álvarez Icaza, con quien González Pérez ya compitió hace cinco años por la presidencia de la CNDH, pero tampoco es un hombre de complacencias: es un jurista comprometido con la defensa de los derechos humanos. Sus libros, sus artículos, sus posicionamientos, su visión y su trayectoria profesional así lo avalan. “¿Se devolverá entonces la Comisión a la UNAM?”, se preguntarán algunos. La respuesta es que González Pérez no es la UNAM y, frente a otros candidatos —éstos sí con visibles nexos con otros grupos políticos—, es el que mejor se desempeñaría en el cargo. A juzgar por lo que se halla en juego, es quien mayor neutralidad garantiza. Si el Senado vuelve a colocar a un sujeto cuya misión sea distribuir canonjías, difícilmente sacará a la CNDH del marasmo en que ésta vive inmersa. Volverá a equivocarse. En la Comisión no se requiere un activista ni un gestor de los intereses de los partidos políticos sino un abogado sensato, capaz de retomar la misión de la CNDH y, así, devolverle su prestigio. Luis Raúl González Pérez reúne las cualidades humanas y técnicas que lo perfilan como el mejor candidato.
Ángel M. Junquera Sepúlveda Director
El Mundo del Abogado / Noviembre 2014
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OPINIÓN poo
DIRECTORIO DIRECTOR GENERAL Ángel M. Junquera Sepúlveda director@elmundodelabogado.com DIRECTOR ADMINISTRATIVO Carlos Alamán Bueno CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN F. Javier Sánchez Campuzano Gonzalo Linage Arechaga Andrés Sánchez Abbott ABOGADO GENERAL Manuel E. Forcada Warren CONSEJO EDITORIAL Fabián Aguinaco, Elisur Arteaga, Mario Becerra Pocoroba, Humberto Benítez Treviño, Néstor de Buen, Ernesto Canales, José Ramón Cossío, Óscar Cruz Barney, Miguel Estrada Sámano, Héctor Fix Fierro, Segundo García, Jorge García de Presno, Sergio García Ramírez, José Antonio González Fernández, Fernando Hegewisch, Mauricio Jalife, Ana María Kudisch, María de la Luz Lima Malvido, Ignacio Morales Lechuga, José Luis Nassar, Alejandro Ogarrio, Luis Ortiz Hidalgo, Alberto Pérez Dayán, Javier Quijano, Luis Rodríguez Manzanera, Jorge Enrique Roel, Andrés Roemer, Rafael Ruiz Mena, Ignacio Soto Borja, Diego Valadés, Clemente Valdés, Juan Velásquez, Manuel Villalpando, Claus von Wobeser, Arturo Zaldívar, Jesús Zamora Pierce y Alberto Zínser DIRECTOR EDITORIAL Luis Arturo Pelayo Gutiérrez editor@elmundodelabogado.com DIRECTORA DE ARTE Marcela Velázquez Aíza FOTOGRAFÍA Aristeo Becerra Maldonado COLABORADORES Ernesto Corzo, Víctor Corzo, Diana Reyes y Cecilia Vallejos CORRECCIÓN DE ESTILO Julio Ulises Gallardo Sánchez ADMINISTRACIÓN Melchor Tinoco e Hilda Castro VENTAS DE PUBLICIDAD Marimar Islas mislas@elmundodelabogado.com Pilar García Lovera pilar@elmundodelabogado.com SUSCRIPCIONES suscripciones@elmundodelabogado.com Teléfonos y Fax: 5559-2250, 5575-6321 y 5575-4935 info@elmundodelabogado.com www.elmundodelabogado.com Certificado de circulación, cobertura y perfil del lector 00302-RHY, emitido por Romay Hermida y Cía., y registrado en el Padrón Nacional de Medios Impresos de la SEGOB. El Mundo del Abogado, una revista actual, año 16, núm. 187, octubre de 2014, es una publicación mensual editada por Revista El Abogado, S.A. de C.V., Santa Catalina 416, Col. Insurgentes San Borja, Del. Benito Juárez, México, D.F., C.P. 03100, Tel. (55) 5559-2250, www.elmundodelabogado. com, info@elmundodelabogado.com. Editor responsable: Luis Arturo Pelayo Gutiérrez. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo núm. 04-2004092013405300-102. ISSN núm. 2007-3550. Licitud de Título núm. 10899, Licitud de Contenido núm. 7548, ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX núm. PP09-0601. Impresa por Grupo Infagon, Alcaicería 8, Col. Zona Norte Central de Abastos, México, D.F., C.P. 09040. Tel. 5640-9265. Este número se terminó de imprimir el 31 de octubre de 2014 con un tiraje de 13,900 ejemplares. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de la editorial.
RHY
16 años líderes
de ser en la opinión
jurídica en México
Índice Noviembre 2014 REPORTAJE 12 La Gran Familia: perspectivas jurídicas Andrés Eduardo Torres Hernández
54 Perla Gómez Gallardo Un año al frente de la CDHDF DEBATE 26 Las escuelas de Derecho al banquillo
48 Vigésimo aniversario luctuoso de José Francisco Ruiz Massieu 58 Jornadas Jurídicas en Homenaje a Xavier Gómez Coronel
ENCUESTA 34 ¿Qué está fallando en la enseñanza del Derecho?
GRANDES ABOGADOS DE LA HISTORIA 18 Clarence Darrow: un activista con la ley en la mano Gerardo Laveaga
DERECHO EN EL MUNDO 42 Extradición vis-à-vis derechos humanos Víctor Emilio Corzo Ernesto Eduardo Corzo
ENTREVISTAS 22 Jesús López Benítez: “La justicia militar funciona... y funciona bien”
POSICIONES 50 Las reformas al matrimonio en el Distrito Federal: ¿eficiencia o retórica? Ángel Gilberto Adame López
38 Daniel del Río Cómo prestar el servicio social a través de la Barra Mexicana
60 LIBROS
44 Alejandro Poiré, Michael Koby y Chip Paucek El Derecho estadounidense para abogados mexicanos
LAS LEYES DEL ESTILO 64 De dónde vienen los vinos Martha Jauffred
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PORTAFOLIO Fuente: TFJFA
¿Conoce usted los derechos y las obligaciones de los contribuyentes?
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l pasado 8 de octubre, el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), Manuel Hallivis Pelayo, y la procuradora de la Defensa del Contribuyente, Diana Bernal Ladrón de Guevara, firmaron un convenio de colaboración entre ambas instituciones con el fin de realizar una serie de actividades para difundir ampliamente los derechos y las obligaciones de los causantes, y los medios legales para su defensa. El convenio incluye la impartición
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Diana Bernal Ladrón de Guevara y Manuel Hallivis Pelayo
de cursos para promover la cultura de la legalidad tributaria, el civismo fiscal y el uso del juicio contencioso administrativo en línea, como medios para lograr una justicia pronta, completa y oportuna. En el marco de la firma de dicho convenio entre el TFJFA y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el magistrado presidente del órgano jurisdiccional afirmó que el acuerdo fusiona esfuerzos en la búsqueda permanente de nuevas áreas de oportunidad para que la administración
y la procuración de justicia sirva mejor a nuestros usuarios y justiciables, y es una oportunidad para organizar foros, coloquios, conferencias, congresos nacionales e internacionales, así como para elaborar material informativo sobre temas relativos a los servicios que prestan ambas partes en el ámbito de sus respectivas competencias. La procuradora de la Defensa del Contribuyente afirmó que el convenio de colaboración firmado permitirá fortalecer el intercambio de información entre los servidores públicos de ambas partes, para realizar actividades académicas en las que el tribunal tiene una gran experiencia, dijo, y porque a la procuraduría le interesa mucho ese aspecto para promocionar el Derecho y la cultura fiscal, mediante tareas en los campos de investigación, difusión y capacitación, y, de manera muy especial, para trabajar en el juicio en línea, orgullo internacional del TFJFA. El Auditorio Antonio Carrillo Flores del tribunal fue el escenario donde este órgano jurisdiccional y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente firmaron el convenio. El presídium estuvo integrado por la magistrada Nora Elizabeth Urby Genel, presidenta de la primera sección de la Sala Superior; Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados; la titular de la procuraduría, Diana Bernal Ladrón de Guevara; el senador Arturo Zamora Jiménez; el magistrado presidente del TFJFA, Manuel Hallivis Pelayo; Javier Laynez Potisek, procurador fiscal de la Federación; Manuel Granados Covarrubias, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y el magistrado Víctor Martín Orduña Muñoz, presidente de la segunda sección de la Sala Superior. u
ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS PENALES La Academia Mexicana de Ciencias Penales, a la que pertenecen los suscriptores de esta comunicación, ha tenido conocimiento de que en disposiciones transitorias de la iniciativa de Ley de la Fiscalía General se prevé la desaparición del organismo denominado Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), que sería absorbido por la mencionada Fiscalía. Este organismo fue establecido hace cuarenta años. Forma parte de las instituciones aplicadas a la educación superior, la investigación científica y la difusión de la cultura en el ámbito de su competencia. Deseamos expresar nuestra profunda extrañeza por esta medida, que implica la desaparición de un organismo que ha prestado servicios eminentes al país y cuenta con amplio reconocimiento nacional e internacional. Hace años experimentamos una situación igual, que privó a México de su Instituto de Ciencias Penales durante tres años. Afortunadamente este error se corrigió y renació el Instituto para continuar prestando, como hasta hoy, los valiosos servicios que brinda al desarrollo de las ciencias penales y a la política del Estado en materia de justicia penal. Atentamente sugerimos que se reconsidere esta propuesta en el curso del proceso legislativo. A nuestro juicio, representa un notorio retroceso en el desempeño de un organismo que es preciso fortalecer y favorecer. Esto no se logra con su absorción en la nueva Fiscalía. Dr. Sergio García Ramírez, Dra. Olga Islas de González Mariscal, Dr. Luis de la Barreda Solórzano, Lic. Victoria Adato Green, Dr. René González de la Vega, Dra. Ruth Villanueva Castillejas, Dr. Julio Hernández Pliego, Dr. Miguel Ontiveros Alonso, Dr. Rodolfo Félix Cárdenas, Dr. Pedro Pablo Carmona Sánchez, Dra. Elisa Speckman Guerra, Ing. Miguel O. Aguilar Ruiz, Dr. Ricardo Franco Guzmán, Dr. Jesús Zamora Pierce, Dr. Rafael Moreno González, Dra. Ma. de la Luz Lima Malvido, Dr. Moisés Moreno Hernández, Magda. Ma. Elena Leguizamo Ferrer, Magdo. Marco A. Díaz de León, Dr. Fernando García Cordero, Magdo. Ricardo Ojeda Bohórquez, Dr. Luis Rodríguez Manzanera, Dr. Sergio Correa García, Mtro. Luis Fernández Doblado, Magdo. Jorge Ojeda Velázquez, Dra. Mercedes Peláez Ferrusca. Responsable de la publicación: Victoria Adato Green
PORTAFOLIO Diana Reyes
Presentan libro de Góngora Pimentel
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l pasado 23 de octubre, en el Auditorio Luis Méndez de la Escuela Libre de Derecho, se llevó a cabo la presentación del primer tomo de la obra El origen de los derechos humanos, escrito por Genaro Góngora Pimentel en coautoría con Alejandro Santoyo Castro. En la mesa del presídium estuvieron presentes para comentar la obra Ubaldo Orozco Pérez, José Luis Nassar Daw, Gerardo Laveaga Rendón y Eduardo Luis Feher. Durante su intervención, Ubaldo Orozco destacó que la obra es una aventura del pensamiento, llena de sabiduría, que toma como eje la memoria del ex ministro, quien comparte sus experiencias, sus reflexiones, sus anécdotas, sus sentimientos y sus emociones —conjugados con jurisprudencia— en el contexto de la naturaleza humana y del país. Nassar Daw declaró que el libro explica los derechos humanos a través de la experiencia y las vivencias de un hombre que ha ocupado todos los escalafones en la administración de justicia. La obra contiene una gran cantidad de conocimientos jurídicos y culturales, producto del
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El Mundo del Abogado / Noviembre 2014
análisis de la vida cotidiana, así como una denuncia pública sobre la corrupción. En su turno, Gerardo Laveaga —quien escribió el prólogo de la obra— indicó que se trata de una colección de anécdotas y reflexiones de Góngora, que también son las memorias de un juez, un magistrado, un ministro y un presidente de la Corte. Expresó que los derechos humanos son progresivos y se adoptan por acuerdo social. Aseguró, asimismo, que el papel de la Suprema Corte de Justicia como contrapeso político había comenzado en la gestión de Genaro Góngora Pimentel. Por su parte, Luis Feher expresó que derechos humanos son dos palabras que en los últimos tiempos casi todos los países han ajustado a su legislación con el objeto de proteger a sus poblaciones de posibles violaciones. Entre las cualidades de la obra destacó que se trata de un texto claro, valiente y bien ejemplificado. Las experiencias, las vivencias y las referencias históricas hacen que sus páginas transcurran con suave velocidad. Algunas frases de los autores que invitan a la reflexión son las siguientes:
“Las actuaciones de las autoridades públicas deben ceñirse a la buena fe”; “La Constitución confiere a los ciudadanos el derecho de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político a través del voto”; “Los maestros deben ser considerados y preparados para ser artistas, planificadores e investigadores, en las aulas y en los centros educativos a los que pertenecen”; “Los seres humanos tenemos la obligación de no actuar contra la naturaleza” (en referencia del derecho humano al medio ambiente). u
PORTAFOLIO Diana Reyes
Presentan El nuevo amparo penal
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l pasado 17 de octubre, en el marco de la XIII Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación, se llevó a cabo la presentación del libro El nuevo amparo penal. La nueva Ley de Amparo frente al procedimiento penal acusatorio oral y los derechos humanos. Jerarquía constitucional y debido proceso, del magistrado Ricardo Ojeda Bohórquez. La mesa de invitados para comentar la obra contó con la presencia de Alfonso Pérez Daza, consejero de la judicatura federal, y Constancio Carrasco Daza, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El autor expuso que la publicación de la Ley de Amparo del 3 abril de 2013 y la reforma constitucional del 6 de junio de 2014 generó su interés por escribir la obra, ya que surgieron múltiples criterios en los tribunales colegiados y en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. También refirió que en su libro se comenta el nuevo modelo de procedimiento penal acusatorio oral, con base en lo que ya se tenía en los estados, en los cuales ya operaba este sistema. Subrayó que es lamentable no entender que en materia penal el derecho humano de libertad tiene limitaciones y restricciones en la Constitución mexicana; el amparo y la suspensión no son para proteger a delincuentes. “Cuando se violente una regla al debido proceso hay que observar si esa violación a un derecho humano secundario incide en una violación directa a un derecho humano primario, como es la libertad, para poder conceder un amparo liso y llano; de no ser así, el amparo siempre será para efectos desde que se reponga el procedimiento”, declaró. Por su parte, Alfonso Pérez Daza dijo que combinar la teoría con la práctica es
Ricardo Ojeda Bohórquez
una virtud, y plasmar ese conocimiento en el arte de la escritura es un privilegio que ha conseguido el autor. Señaló que el Poder Judicial de la Federación es una pieza vital para garantizar los derechos humanos, por lo cual El nuevo amparo penal juega un papel de suma importancia. Resaltó que la obra será para beneficio de estudiantes, postulantes y académicos interesados en el nuevo sistema de justicia penal en México, pues se coloca como un referente de obligada consulta en razón de que analiza con detalle los artículos relativos al juicio de amparo penal, además de exhibir los temas susceptibles de confusiones o controversias en los órganos encargados de aplicar justicia. A su vez, Constancio Carrasco consideró que el libro de Ojeda Bojórquez plantea muy bien la reflexión en torno a si la impartición de justicia, por reducirla a la materia penal y de manera integral, está cumplimiento con los parámetros mínimos que exige una sociedad en un Estado de Derecho y de convivencia civil pacífica.
La reforma de junio de 2008 al artículo 20 constitucional determinó los objetivos en el proceso penal acusatorio, principios constitucionales imperativos de justicia. Puntualizó que el libro tiene un mérito añadido, al fijar una posición desde el plano jurídico, ya que el autor plantea una postura de frente a las interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la jurisprudencia interamericana. Al terminar el evento, hubo quien aseguró que Ojeda Bohórquez se está perfilando como próximo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. u
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PORTAFOLIO Diana Reyes
Javier Quijano Baz ingresa a la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación
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l pasado 7 de octubre la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación reunió, en el Club de Industriales, a distinguidos juristas, legisladores, académicos, políticos, periodistas y escritores, con el propósito de hacer oficial el ingreso de Javier Quijano Baz como académico de número, sitial 36. El presídium estuvo integrado por miembros de la Junta de Gobierno de la academia: María del Carmen Platas Pacheco, presidenta; Francisco Javier Gaxiola Ochoa, miembro de la Comisión de Honor; Óscar Vásquez del Mercado, secretario; Jorge Orozco Laine, tesorero, así como Óscar Cruz Barney, miembro de número. Como invitado de honor asistió Luis Martí Mingarro, integrante de la Real
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Óscar Vásquez del Mercado, Francisco Javier Gaxiola Ochoa, María del Carmen Platas Pacheco y Javier Quijano Baz
Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Javier Quijano Baz disertó sobre “Los privilegios de la abogacía”. Al pronunciar su discurso magistral fijó una postura firme sobre las ventajas de la colegiación profesional. Precisó que, por definición, la abogacía implica la defensa de los intereses privados o particulares, por lo cual sostuvo que deben quedar excluidos de los colegios los jueces, magistrados, notarios, corredores públicos, agentes del Ministerio Público o funcionarios del Estado. De igual forma, señaló que quienes se oponen a la colegiación presentan como obstáculo la violación del derecho fundamental de libertad de asociación; no
obstante, quienes están a favor argumentan que la organización de la profesión en los colegios no es contraria a la libertad de asociación, sino que constituye un medio de regulación ética, a través de la actuación de los colegios. El nuevo miembro de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación abogó por que en un futuro, cuando se dé un auténtico pluralismo democrático, tengamos la oportunidad y el privilegio de participar en la creación de un sistema de colegiación profesional que nos permita alcanzar la dignidad y las prerrogativas de otras naciones que ya implementan esta medida. “La independencia profesional es imprescindible para que la abogacía
pueda cumplir su función social. La tutela y los derechos del cliente sólo pueden salvaguardarse a partir de la autonomía intelectual y la libertad de defensa del abogado, garante de los intereses jurídicos que se le confieren; en su actuación ante los tribunales, los abogados deben ser libres e independientes, sujetarse al principio de buena fe y gozar de los derechos relativos a la dignidad de su función”, puntualizó. Óscar Cruz Barney realizó una serie de reflexiones sobre la disertación. Destacó que el discurso de Quijano Baz estuvo centrado en tres privilegios de la abogacía: independencia, libertad y colegialidad del abogado. Asimismo, expresó que la Academia de Jurisprudencia y Legislación recibe a uno de los abogados más destacados del foro iberoamericano y que su nombre se identifica con el ejercicio pleno, certero y profesional de la aboga-
cía en México. Hizo énfasis en el hecho de que es uno de los 11 mexicanos que han sido condecorados por el Ministerio de Justicia en España con la Orden de San Raimundo de Peñafort. Durante su intervención, María del Carmen Platas Pacheco expuso la semblanza del galardonado, afirmando que las grandes influencias de Quijano Baz se centran en las figuras de Adolfo Aguilar y Quevedo, Salvador Rocha Díaz y Everardo Hegewisch, quienes contribuyeron a forjar su vocación de abogado postulante. Describió la personalidad de Quijano Baz como la de un bibliófilo y dijo que los libros han sido sus compañeros discretos y consejeros certeros. También aseguró que para la academia es un honor contar con la presencia de Quijano Baz, de quien esperan la generosidad profesional que lo caracteriza, así como sus grandes aportaciones. u
Javier Quijano Baz
Bernardo Sepúlveda
recibe el Premio Nacional de Jurisprudencia 2014 El Mundo del Abogado felicita a Bernardo Sepúlveda Amor por haber sido acreedor al Premio Nacional de Jurisprudencia 2014, que otorga la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Como secretario de Relaciones Exteriores, Sepúlveda Amor fue el principal impulsor del Grupo Contadora. Fue embajador de México en el Reino Unido y actualmente se desempeña como uno de los 15 magistrados de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya.
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PORTAFOLIO Diana Reyes
Décimo aniversario de la maestría en Derecho de la empresa de la UP
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l 16 de octubre pasado, con motivo del décimo aniversario de su maestría en Derecho de la empresa, la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana llevó a cabo una ceremonia para conmemorar los logros obtenidos y la evolución que ha tenido el posgrado. En el evento estuvieron presentes el director de la Facultad de Derecho, José Antonio Lozano Díez; el director del posgrado en Derecho, Eduardo Preciado Briseño; la directora de la maestría en Derecho de la empresa, Yolanda García Pimentel, y, como orador invitado, el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Miguel Ángel Margáin González, así como integrantes del claustro de profesores del posgrado, egresados, estudiantes y miembros de diversos colegios y asociaciones de abogados. En su mensaje de bienvenida, Lozano Díez dijo que cuando se planteó el “mé-
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José Antonio Lozano Díez
todo del caso” para impartir la maestría, no fue bien visto, pues se consideraba que quizá podría servir para otro sistema jurídico; no obstante, la planta de profesores se capacitó en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE Business School), donde se desarrolló la construcción de casos reales de las áreas académicas en cada una de las etapas de la vida de la empresa. Declaró que la primera generación fue muy entrañable, y después de 10 años siguen estando orgullosos de sus egresados, quienes obtuvieron un enfoque de la educación jurídica distinto, acorde con las transformaciones que se han gestado en nuestro país; destacó que las relaciones a nivel profesional y de amistad han sido muy importantes, pues afirmó que la comunidad que conforman egresados y profesores es lo más valioso que ha dado el programa.
Por su parte, Miguel de Erice Rodríguez, presidente de la primera promoción de la maestría, en representación de la comunidad de egresados, puso énfasis en una serie de reflexiones sobre la importancia de participar en un proyecto académico que brinda la oportunidad de demostrar el alto nivel de calidad jurídica que puede alcanzar una institución, lo cual les ha permitido destacar frente a otros colegas; asimismo, reconoció el compromiso y la labor de la maestra Yolanda García, fundadora del posgrado en Derecho de la empresa, a quien agradeció sus esfuerzos a nombre de la generación. Durante su intervención, Miguel Ángel Margáin González dijo que la maestría es un programa innovador y argumentó que uno de los pilares en los que se sostiene la administración del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) es la innovación, y que por ese motivo debe estar protegida para garantizar un crecimiento económico efectivo. Entre los proyectos de posgrado se prevé la implementación de una maestría enfocada a la formación de habilidades para los abogados desde el punto de vista directivo (management), además de la actualización de las tendencias internacionales que afectan al Derecho empresarial y corporativo. La cita se dio en el Salón Fuente del restaurante El Lago, recinto en el que inicialmente se impartieron las clases. En la actualidad la maestría en Derecho de la empresa se imparte en la sede de Santa Fe. El programa de posgrado permitió a la Universidad Panamericana iniciar labores en la zona poniente de la ciudad y dio origen a la idea de cimentar un campus en ese lugar. u
REPORTAJE Andrés Eduardo Torres Hernández
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La Gran Familia: perspectivas jurídicas
El pasado 15 de julio salió a la luz un descomunal operativo desplegado, de manera conjunta, por diversas autoridades federales y estatales, en la ciudad de Zamora, Michoacán. ¿El objeto? La liberación de aproximadamente 600 personas, presuntamente privadas de manera ilegal de su libertad en el albergue conocido como La Gran Familia. El caso despertó reacciones opuestas, pero ¿cuál es la verdad detrás de la historia y su importancia jurídica?
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l caso de La Gran Familia ocupó la atención de la opinión pública de manera inmediata, no sólo por las crudas descripciones de maltratos y vejaciones de las que, al parecer, los internos eran víctimas, sino por la magnitud del operativo que se desplegó para la detención de los probables responsables y la inmediata intervención de una gran parte de la intelectualidad mexicana. Conforme transcurrieron los días, las opiniones se polarizaron y desde diversas trincheras surgieron posturas a favor y en contra de la labor de Rosa María Verduzco, mejor conocida como Mamá Rosa. Por un lado, la opinión pública mayoritaria condenó a Rosa Verduzco. Bastaron los cruentos testimonios difundidos por las autoridades ministeriales y las fotografías de personas que acudieron a comprobar por sí mismos el estado del albergue. No tardaron en aparecer antecedentes de este mar de acusaciones. Habitantes de Zamora, Michoacán, y medios de comunicación locales, señalaron que siempre existieron estas vejaciones y que era por todos conocido que al cuidado de Mamá Rosa los niños eran víctimas de violencia, pasaban hambre y eran explotados. Desde los testimonios de las madres que enviaban a sus niños con la intención de “aleccionarlos” y no volvían a verlos, hasta los recuentos de jóvenes que, equivocado el camino, fueron acogidos sin distingo en la “familia” de Verduzco. En contraste, y en menor medida, hubo quienes defendieron su labor y acusaron a las autoridades por su omisión. Férreos defensores del principio de presunción de inocencia pedían concentrarse no sólo en los barrotes y la comida en descomposición. Al final de cuentas, tras 60 años de labor altruista, Rosa María Verduzco merecía, por lo menos, el beneficio de la duda. Periodistas e intelectuales calificaron como atroz el linchamiento mediáti-
co y recordaron que, desde 1948, Mamá Rosa brindó un hogar y, más importante aún, un apellido a infinidad de niños huérfanos, abandonados, delincuentes… Los alimentó, les dio un oficio. Los medios, decían, omitieron intencionalmente las fotos de las aulas y de los instrumentos musicales. En medio del mar de declaraciones cruzadas, las autoridades judiciales determinaron que, por su edad —83 años—, condición física y psicológica, Rosa Verduzco resultaba inimputable. El Ministerio Público entonces determinó el no ejercicio de la acción penal. No faltaron estridentes reacciones ante tal conclusión. En contraste, medios de comunicación y autoridades delegaron a segundo —o tercer— plano el destino de los niños rescatados. Algunos cuantos medios reportaron la reubicación de infantes en otros centros o casas hogar a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Otros tantos con más suerte pudieron volver con sus familiares; sin embargo, muchas preguntas quedan en el aire. Si volteamos a ver la historia reciente sobre este tipo de servicios subrogados, desafortunadamente encontraremos casos emblemáticos y abusos reiterados, como en Casitas del Sur o en Villa de las Niñas. ¿Qué hacer con estos albergues? ¿La sociedad civil debe seguir llevando mano en el cumplimiento de una obligación que, en principio, debe atender el Estado? ¿Existe un error en los modelos para dar atención a niños huérfanos o abandonados? ¿Cómo es que el propio DIF, de acuerdo con múltiples testimonios, enviaba niños al albergue de Rosa Verduzco y nunca dio seguimiento a las denuncias planteadas por los familiares que, incrédulos, no podían volver a ver a sus hijos? ¿Tenemos un problema derivado de un vacío legal, o bien por una deficiencia en la ejecución de la norma?
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REPORTAJE Andrés Eduardo Torres Hernández
Crónica El 15 de julio de 2014, en conferencia de prensa,1 el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, de manera conjunta con el gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, y el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón Lucio, dieron los primeros esbozos oficiales de lo que aconteció en Zamora, Michoacán: el operativo tenía por objeto librar una orden de cateo contra el albergue por la supuesta privación ilegal de la libertad de diversos menores. Sin embargo, a decir del gobernador Jara Guerrero, una vez librada dicha orden de cateo, lo que se encontró en el internado los tenía desconcertados: más de 500 niños en muy malas condiciones. El procurador informó, en dicha conferencia de prensa, que se inició una investigación derivada de cinco denuncias presentadas por los familiares de niños y jóvenes, por la presunta comisión del delito de privación ilegal de la libertad, así como la solicitud del gobierno de Michoacán, el cual había recibido ya diversas denuncias similares. Tras un intento fallido por averiguar lo que ocurría en el interior del albergue, la procuraduría solicitó una orden de cateo ante un juez de distrito especializado. El resto es conocido por todos: un operativo descomunal de fuerzas federales y locales en el que, incluso, tuvo participación el ejército mexicano. Como resultado, dicho operativo arrojó la liberación de 596 personas —438 de ellas menores de edad— que presuntamente permanecían contra su voluntad, en condiciones insalubres, hacinadas, y víctimas de violencia y explotación. Tomás Zerón Lucio indicó que durante la investigación previa se tuvo conocimiento de declaraciones de testigos y víctimas que afirmaban como cotidianos los abusos físicos y psicológicos hacia los menores por parte de Rosa Verduzco y algunos funcionarios de la casa hogar. Indicó que los menores que ahí se encontraban eran obligados a pedir dinero en casas y calles, eran alimentados con comida en mal estado y debían dormir en el suelo, “entre plagas […] abusos sexuales y la prohibición de poder abandonar las instalaciones. Los bebés que llegaban a nacer dentro de la casa hogar eran registrados como hijos de la fundadora sin permitir que los padres biológicos pudieran llevar ninguna tutela o decisión sobre los menores, argumentando que los dejaría ir al cumplir la mayoría de edad”. En ese momento se informó que la situación jurídica de Rosa María Verduzco y de las ocho personas que laboraban para ella se definiría una vez que fueran recabadas las declaraciones correspondientes. En los medios de comunicación, durante ese día y el siguiente, recibimos todo tipo de testimonios y grabaciones que parecían reforzar las declaraciones del procurador. Como muchas veces se acostumbra en asuntos mediáticos, la opinión pública condenó a Rosa Verduzco, incluso antes que las autoridades competentes. Se
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publicaron fotografías de las condiciones de hacinamiento, miseria, alimentos descompuestos y cuartos en estado deplorable. El 17 de julio de 2014 diversos medios de comunicación reportaron que durante la rendición de su declaración ministerial, Rosa Verduzco presentó problemas de salud, por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital en Zamora, Michoacán. Horas después, fue llevada nuevamente a la casa hogar por una ambulancia de la Procuraduría General de la República (PGR). En el ínterin concedió una entrevista al periodista Leon Krauze,2 férreo defensor de la causa de La Gran Familia. En dicha entrevista, Rosa Verduzco narró, desde su perspectiva, cómo había sido el operativo. Cuestionada sobre los alimentos en descomposición, Mamá Rosa declaró: “Vivimos en dos mundos diferentes, la gente que tiene un nivel de vida muy alto piensa que tomar un refresco vencido es algo muy malo, pero yo llevo comiendo así 80 años”. Posteriormente, en un boletín de prensa del 21 de julio de 2014,3 la PGR informó que las investigaciones contra quienes resultaran responsables en el caso del albergue se encontraban abiertas y avanzando. Sin embargo, el procurador estremecería a la opinión pública al hacer del conocimiento de la ciudadanía que un “peritaje médico-psicológico realizado a Rosa del Carmen Verduzco, directora del albergue, señala que su condición física y psicológica le imposibilitan llevar el control administrativo de dicho albergue, ya que presenta síntomas característicos de trastornos seniles. Por ello, y a pesar de acreditar diversas conductas propias de hechos delictivos, puntualizó en los términos de la ley, esta institución está obligada al no ejercicio de la acción penal por considerarla inimputable.” En pocos días supimos de innumerables testimonios que acusaban a Rosa María Verduzco, y a los dirigentes del albergue, de abusos de carácter sexual, violencia contra los “internados” y privación de su libertad. Se dijo entonces que quienes nacían ahí eran registrados como hijos de Mamá Rosa, de tal forma que los padres biológicos perdían cualquier posibilidad de tutela sobre éstos. En el mismo sentido, quienes eran llevados por sus familiares pasaban al cuidado “legal” del albergue, mediante contratos —a todas luces ilegales— en los que se cedía la potestad de niños y jóvenes. De acuerdo con distintos medios de información,4 los internos tenían prohibido salir del albergue, incluso una vez que adquirían la mayoría de edad. El propio procurador Jesús Murillo Karam afirmó en conferencia de prensa5 que las condiciones en las que fue encontrado el albergue eran deplorables. Las cerca de 500 personas que permanecían retenidas de manera ilegal en dicho inmueble eran víctimas de trata de personas con fines de mendicidad forzosa, se encontraban incomunicadas y sufrían, al menos cinco de ellas —de conformidad con peritajes médicos, psicológicos y especializados—, abuso sexual y violación.
Al margen En contraste, diversos intelectuales, políticos y periodistas salieron en defensa de Rosa María Verduzco, a quien consideraron como una persona altruista y que de manera desinteresada brindó un hogar, comida, vestimenta y educación a niños en todo el país, quienes de otra manera habrían vivido en el abandono total. Mediante una carta publicada el 18 de julio de 2014 en el sitio electrónico de Letras Libres6 y difundida por diversos medios de comunicación, un grupo de 25 intelectuales7 y todos los miembros de El Colegio de Michoacán hicieron un llamado a las autoridades y a los medios de comunicación con el objeto de que se respetara la obra y la persona de Mamá Rosa. Asimismo, señalaron que desde hace 66 años Rosa María Verduzco “ha dedicado su vida a recoger, atender y educar niños abandonados para insertarlos en la sociedad, dándoles internado, educación básica, enseñanza de oficios y hasta una licenciatura en música. Han sido más de 7,000, muchos de los cuales ahora son adultos, padres o abuelos que pueden dar testimonio del trato que recibieron”. Cuestionaron la magnitud del operativo policiaco con el que se ingresó al inmueble y acusaron a los medios de un linchamiento desmedido e inmerecido. En concreto, Enrique Krauze publicó, en “Historia de una injusticia”8 que el linchamiento mediático contra Rosa Verduzco había destruido un proyecto de más de 60 años durante los cuales se venía brindado un hogar, alimento, educación e incluso un nombre a todos los niños que, desprotegidos, tocaban la puerta de su casa hogar, huérfanos, delincuentes y más. Consideró grave que las descuidadas valoraciones de distintos medios presentaron el asunto como cosa juzgada. Sin embargo, olvidaron presentar en las imágenes las aulas y los instrumentos musicales: “Se dice que una imagen habla más que mil palabras. También es verdad que una imagen desvirtuada o sacada de contexto puede mentir más que mil palabras”. Incluso el ex presidente Vicente Fox Quesada manifestó su desacuerdo con la ligereza con que se hicieron juicios sobre Rosa Verduzco, a quien consideró una persona “buena y de carácter”9 y a la que conoce desde hace 40 años. Señaló, en entrevista para el noticiero Ciro Gómez Leyva por la Mañana, su indignación por el desmedido operativo desplegado por las autoridades, e hizo un llamado para analizar detenidamente el caso, de tal forma que se aclarara todo aquello que se estaba informando. Otros periodistas, como Denise Maerker,10 señalaron que “ni Mamá Rosa, ni La Gran Familia se entienden sin la descomposición que ha vivido Michoacán (y el país)”. En su opinión, la omisión del Estado en brindar un hogar, educación y alimento a un grupo de niños y jóvenes es igualmente responsable de lo sucedido, y si bien toda responsabilidad debe ser deslindada e investigada, sería un error hacer juicios sin considerar el contexto que rodeó a La Gran Familia. El resultado preliminar de las investigaciones, conforme a lo informado por la PGR,11 fue que de las nueve personas que declararon como probables responsables, incluida ahí Rosa Verduzco, únicamente seis fueron ingresadas al Centro de Readaptación Social número 4, en el noroeste de Tepic, Nayarit, y a disposición de un juzgado de procesos penales federales, en Jalisco.
Haciendo a un lado las bromas que han suscitado los concursos de jueces a los que convocó el Consejo de la Judicatura Federal, los resultados deben inquietar a todos aquellos preocupados por el Estado de Derecho en México. La primera convocatoria estaba dirigida a los secretarios de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aspiraran a convertirse en jueces de amparo. La segunda, a secretarios de tribunales de circuito y de juzgados de distrito que quisieran llegar a ser jueces en el nuevo proceso penal acusatorio. A la primera convocatoria acudieron casi 60 candidatos y sólo aprobaron dos. A la segunda, más de 1,300, y sólo aprobaron cinco. ¿Son muy torpes los secretarios del Poder Judicial o los exámenes estaban mal elaborados? De acuerdo con algunos candidatos a ser jueces del nuevo proceso penal acusatorio, en el examen había preguntas hasta de Derecho agrario. “Y para eso —admitió uno de ellos— yo no me preparé…” Más allá de quién obtenga las dos cadenas de televisión que están por licitarse, no podemos perder de vista que el mercado televisivo, que sólo ha estado en manos de dos empresas, genera 3,500 millones de dólares anuales en publicidad: Televisa obtiene 70 por ciento y Televisión Azteca el 30 por ciento restante. Para la licitación, el precio base de cada una de las cadenas será de 70 millones de dólares, más una fianza de 34.5 millones. Ahora bien, si se piensa, que en 2016 ya debe haberse dado la transición digital y que Carlos Slim —inhabilitado en esta puja— acabará por controlar la televisión de paga, los ganadores tendrán todo en su contra. Si bien será hasta el primer semestre de 2015 cuando se conozca el fallo de la licitación para las dos nuevas cadenas de televisión abierta, hay enorme movimiento en el sector. De acuerdo con la revista Forbes, quienes aspiran a comprar estas dos cadenas son Francisco Aguirre, Manuel Arroyo, Germán Larrea, la familia Maccise, Ariel Picker, Olegario Vázquez Aldir y Mario Vázquez Raña. Por lo pronto, todos tendrán que hacer méritos ante el gobierno federal y no criticarlo en sus respectivos grupos.
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Posteriormente, el 24 de julio de 2014, se informaría que, tras valorar los elementos recabados, el Ministerio Público determinó dictar auto de formal prisión en contra de estas seis personas, por la probable comisión de diversos delitos, entre los que destacan: privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro agravado y trata de personas con fines de mendicidad forzada.12 Por otro lado, se ordenó la libertad con reservas de ley para una de las implicadas, mientras que en relación con la otra se ordenó su libertad absoluta, con base en las declaraciones de diversas víctimas y testigos. Para el caso de Rosa Verduzco, la PGR informó que, con motivo de su condición física, el Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal por inimputabilidad, en términos de un peritaje médico practicado cuyas conclusiones fueron las siguientes: “De las anteriores se desprende que Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, por su condición física, su coordinación motriz, se encuentra sumamente mermada, toda vez que cualquier esfuerzo físico le produce, dicho coloquialmente, así lo dice el dictamen, sofocación, lo que trae como consecuencia problemas en la respiración y arritmia, las cuales por su condición patológica y su avanzada edad le impiden trasladarse de un lugar a otro, por lo que se infiere que ella tiene que permanecer largos periodos de tiempo en reposo, lo que afecta de manera directa su desempeño en cualquier actividad. ”Segunda, de acuerdo a su condición física y patológica se observa que presenta un deterioro físico, orgánico y cerebral, lo que corroboró, con la entrevista psicológica y según las consideraciones del cardiólogo, que existe un grave riesgo de un síndrome coronario agudo o de un evento vascular cerebral. ”Finalmente, en sus conclusiones —y aquí ya no cito textual, resumo—, la perito psicóloga y criminóloga infiere que las facultades cognitivas e intelectuales de la señora Verduzco Verduzco se encuentran disminuidas, que la condición mental y física de la señora la incapacita e imposibilita para llevar el control tanto administrativo y de dirección relativo al personal, de trabajadores y alumnos o internos de la casa, y dada la disfunción cognitiva aunada a la avanzada edad que presenta, corroborada con la valoración clínico-psicológica, se considera que la señora Verduzco padece síntomas característicos de trastornos de la senilidad. Ésta es la razón principal por la que la ley obliga a esta institución a no ejercer acción penal en su contra”. Aun cuando a la fecha no hay una versión oficial sobre el destino y la situación jurídica del albergue, diversos medios de comunicación informaron el cierre de éste. Asimismo, los menores de edad que fueron encontrados ahí se trasladaron a distintas instituciones del DIF estatal y algunos más regresaron con sus familiares.
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Diversas organizaciones de la sociedad civil13 han levantado la voz, diciendo que México está rezagado en materia de derechos de los niños y ha incumplido sus obligaciones en el marco de la firma de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, hace 24 años. Afirman que el Estado ha abandonado paulatinamente sus obligaciones respecto de niñas y niños sin cuidados parentales. Organizaciones internacionales también levantaron la voz. Derivado de los acontecimientos registrados en el albergue La Gran Familia, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef )14 en México pidió llevar a cabo la revisión de los procesos de institucionalización y cuidados alternativos de niños privados de su medio familiar. Lo anterior, tomando como referencia la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México en 1990, y las directrices de Naciones Unidas sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños, indicó la representación del Unicef. En ese sentido, el Unicef manifestó que es necesario que México cuente con un sistema nacional de registro de albergues y casas de cuidado, el cual proporcione información actualizada sobre cuántos niños y niñas están institucionalizados y cuál es su situación. Asimismo, se requiere una efectiva supervisión de estos centros, estándares de cuidado definidos por las autoridades, revisión de la situación de cada niño que se encuentra privado de cuidados parentales para promover soluciones alternativas y, por último, un sistema de apoyo a familias en situación de vulnerabilidad, como un mecanismo de prevención. Por último, el Unicef recordó que las últimas observaciones formuladas a México por el Comité de los Derechos del Niño en 2006, dejaron manifiesta la preocupación del comité por la falta de información sobre el número y las condiciones de vida de los niños que han sido separados de sus padres y viven en instituciones de asistencia social. El comité recomendó reforzar las medidas vigentes para evitar la separación de los niños de sus familias y adoptar medidas eficaces para evaluar el número y las condiciones de vida de los niños que viven en instituciones, incluyendo las administradas por el sector privado. En respuesta a lo anterior, el presidente de la República envió al Congreso de la Unión, el 1° de septiembre de 2014, una iniciativa preferente para emitir la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,15 mediante la cual se buscaría redefinir las competencias en los tres niveles de gobierno de la República, así como profundizar en el ejercicio y la tutela de los derechos de los niños. Resulta relevante conocer que el propio presidente manifestó que ésta era la primera vez que hacía uso de su facultad para enviar iniciativas preferentes. A los pocos días, el Senado de la República, tras una discusión al vapor, aprobó en lo general16 la Ley General de los Derechos de
Al margen Niñas, Niños y Adolescentes, así como una reforma a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Aun cuando los senadores manifestaron que mediante dicha reforma se cumpliría con los estándares más altos a nivel internacional en la materia, al momento de redactarse esta crónica aún se encuentra pendiente la aprobación de la Cámara de Diputados, por lo que propiamente no podemos hablar de una nueva ley. Para algunas autoridades, el asunto está concluido y sólo basta con el llamado a modificar las políticas públicas en materia de infancia para evitar que se repitan casos como el de La Gran Familia o Casitas del Sur. Sin embargo, ¿cuál es la situación existente en México respecto de estos albergues? ¿Cómo se regulan estos centros? ¿Quién es el encargado de vigilar a estas casas hogar? Continúa leyendo este artículo en www.elmundodelabogado.com:
Boletín de prensa 127/14, disponible en http://www.pgr.gob.mx/Prensa/2007/bol14/Jul/b12714.shtm. 2 http://noticias.univision.com/article/2034517/2014-07-22/mexico/noticias/mama-rosa-habla-en-exclusivapara-univision. 3 Boletín de prensa 129/14, disponible en http://www.pgr.gob.mx/Prensa/2007/bol14/Jul/b12914.shtm. 4 El Universal, Silvia Otero, “Rescatan a casi 500 niños de albergue en Michoacán”, martes 15 de julio de 2014, disponible en http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/liberan-500-menores-zamora-1023557.html. Excélsior, David Vicenteño, “Rescata PGR a 458 niños de albergue en Zamora”, miércoles 16 de julio de 2014, disponible en http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/07/16/971063. 5 Boletín de prensa 130/14, disponible en http://www.pgr.gob.mx/Prensa/2007/bol14/Jul/b13014.shtm. 6 Letras Libres, “En defensa de Rosa Verduzco”, 18 de julio de 2014, disponible en http://www.letraslibres. com/blogs/blog-de-la-redaccion/en-defensa-de-rosa-verduzco. 7 Roger Bartra, Verónica Murguía, Lydia Cacho, Margarita de Orellana, Miguel Carbonell, Cristina Pacheco, Lázaro Cárdenas, Elena Poniatowska, Christopher Domínguez, Alberto Ruy Sánchez, Malva Flores, Guillermo Sheridan, Fernando García Ramírez, Javier Sicilia, Hugo Hiriart, Guillermo Soberón, Enrique Krauze, Isabel Turrent, Jean Marie Le Clezio, José Woldenberg, Andrés Lira, Gabriel Zaid, Jean Meyer, Fausto ZerónMedina y Verónica Murguía. 8 Letras Libres, “Historia de una injusticia”, 20 de julio de 2014, disponible en http://www.letraslibres.com/ blogs/blog-de-la-redaccion/historia-de-una-injusticia. 9 En entrevista para Radio Fórmula, disponible en http://www.radioformula.com.mx/notasimp. asp?Idn=426385. 10 El Universal, Denise Maerker, “A Mamá Rosa le ganó el tiempo... y la alcanzó Michoacán”, 22 de julio de 2014, disponible en http://www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2014/07/107950.php. 11 Boletín de prensa 130/14, disponible en http://www.pgr.gob.mx/Prensa/2007/bol14/Jul/b13014.shtm. 12 Boletín de prensa 132/12, disponible en http://www.pgr.gob.mx/Prensa/2007/bol14/Jul/b13214.shtm. 13 Abraham Rosas Gámez, “México está rezagado en derechos de la infancia, denuncia REDIM; la asistencia social no es la solución, dice”, Sinembargo.mx, 10 de agosto de 2014, disponible en http://www.sinembargo.mx/10-08-2014/1081075. 14 “Es necesario revisar procesos de institucionalización y cuidados de niños privados de su medio familiar: UNICEF”, 18 de julio de 2014, disponible en http://www.unicef.org/mexico/spanish/PR_pronunciamientocuidadosalternativos2014.pdf. 15 Sala de Prensa de Presidencia: http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/envia-el-presidentepena-nieto-al-congreso-iniciativa-de-ley-general-para-la-proteccion-de-ninas-ninos-y-adolescentes/. 16 Comunicado 211, Senado de la República: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/ boletines/15660-se-aprueba-en-lo-general-ley-general-de-los-derechos-de-ninas-ninos-y-adolescentes.html. 1
Aunque la clase la política la mira con franca admiración, algunos defensores de los derechos laborales han alzado la ceja: la infatigable Mariana Benítez, subprocuradora jurídica de la PGR, dio a luz y, menos de tres semanas después, ya estaba despachando de nuevo en su oficina. ¿Quién dice que no se puede ser esposa, madre de familia y ejecutiva exitosa al mismo tiempo? La inseguridad sigue creciendo en todo el país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. En 2013 los delitos aumentaron 12 por ciento en relación con el año anterior. Destaca, como otros años, la cifra negra: 93 por ciento de los delitos no se denuncian, ya por miedo a las represalias de los delincuentes, ya por considerar que se pierde el tiempo al denunciarlos. De acuerdo con esta encuesta, 84 por ciento de las personas confía en la Marina; 42 por ciento en el Ministerio Público y 33 por ciento en la policía de tránsito. Un dato preocupante es que el secuestro ha repuntado. En 2013 hubo 131,946 secuestros denunciados, lo que implica un alza de 25 por ciento en relación con 2012. ¿Qué estamos haciendo mal? De acuerdo con otras estadísticas —las del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública—, las cinco entidades donde más delitos se cometen por cada 100,000 habitantes son Baja California Sur, Baja California, Tabasco, Morelos y Quintana Roo, en este orden. El Distrito Federal ocupa el sexto lugar. Donde menos delitos se cometen, por otra parte, es en Chiapas, Nayarit y Veracruz. El estado más seguro, según esta información, es Campeche. Quién lo hubiera dicho. Al declarar inconstitucional la disposición del artículo 69 del Código de Elecciones de Chiapas, que prohibía las expresiones de un partido político que denigraran a otro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación abonó al derecho de la libertad de expresión. En una contienda, decidieron los ministros, los electores deben conocer lo bueno y lo malo de aquellos por los que van a votar. Claro que el tiro puede salir por la culata al que denoste al otro, pues los votantes bien podrían decidir no apoyar a quien se expresara de modo desaseado. En la votación de nuestro Máximo Tribunal el ministro Alberto Pérez Dayán se quedó solo: “No concibo los insultos en una democracia”, declaró compungido. El Mundo ElElMundo Mundo deldel Abogado delAbogado Abogado / Noviembre / Octubre / Agosto 2014
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GRANDES ABOGADOS DE LA HISTORIA Gerardo Laveaga
Clarence Darrow: un activista con la ley en la mano Ahora que en México está a punto de echarse a andar el sistema penal acusatorio y que comenzarán a privilegiarse los resultados sobre la retórica, vale la pena recordar a uno de los más aguerridos defensores de los derechos humanos ante los tribunales.
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i primer encuentro con Clarence Darrow fue durante la representación que hizo la Compañía Nacional de Teatro de Heredarás el viento (Ciudad de México, 1978). Yo cursaba entonces la preparatoria y quedé gratamente impresionado no sólo por la historia sino por aquel litigante bravucón que, en la pieza teatral, encarnaba Augusto Benedico. “¿Esto significa ser abogado?”, pensé. La idea me cautivó. Darrow —que en la pieza teatral lleva el nombre de Drummond para permitir licencias literarias al autor— había aceptado defender a un maestro de secundaria, acusado de enseñar a sus alumnos la teoría de Darwin. El auténtico juicio se llevó al cabo en 1925 y, luego de sortear un sinnúmero de dificultades, entre las que se contaba la simpatía del juez John Raulston por el fiscal William Jennings Bryan, el profesor fue condenado a pagar una multa. Aunque, en términos técnicos, se había perdido el caso, las contradicciones en las que el defensor hizo incurrir a Jennings Bryan y las irregularidades
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Para Carlos Castresana del proceso —que más tarde tuvo que ser revocado por el Tribunal Superior de Tennessee—, hicieron triunfar la causa de Darwin… y la de Darrow. Muchas veces, durante su vida profesional, este hombre ganó perdiendo. La obra de teatro me llevó a la película lnherit the Wind (1960), en la que Spencer Tracy hace el papel de Darrow, y la película, a su vez, me dio pie para averiguar más sobre quien, en palabras de Darien McWhirter, “fue un abogado radical en los tiempos en que Estados Unidos necesitaba, de modo apremiante, un abogado radical”. ¿Cuál fue el principal atractivo que hallé en Darrow? Sin duda, el hecho de que fuera un estudioso de las normas que sustentaban al sistema y, a la vez, un luchador comprometido a combatir las injusticias. Darrow era un activista, sí, pero que no vociferaba ni ponía en entredicho la ley: jugaba con las mismas reglas y en la misma cancha de quienes se empeñaban en mantener el statu quo. No tengo nada contra quienes organizan marchas de protesta pacíficas y, de hecho,
admiro a muchos de ellos, pero, como yo mismo soy abogado, me identifico más con Darrow que con aquellos que actúan al margen de la legalidad. Clarence Seward Darrow nació en Kinsman, Ohio, en 1857, el mismo año en que México estrenó una Constitución liberal. Fue hijo de un abolicionista y de una promotora del voto femenino, lo cual explica, de algún modo, su inconformidad con el establishment. Se graduó en la Law School de la Universidad de Michigan, litigó en Andover, un pequeño pueblo de Ohio, y, en cuanto fue admitido en la barra de su estado, se mudó con su mujer y su hijo a Chicago. En esta ciudad se involucró en algunos círculos políticos de corte liberal. Su amistad con algunos de ellos le ayudó a abrirse paso como litigante. Más tarde, aceptó trabajar en la Chicago and Northwestern Railway, compañía de la que se convirtió apoderado legal. Aquí confirmó su vocación que, desde luego, no era defender los intereses de los accionistas de los ferrocarriles. El descubrimiento lo llevó a renunciar a su cargo, para convertirse en representante de los dirigentes sindicales de la compañía, que habían sido arrestados por promover la huelga de 1894. Si bien fue derrotado en aquella aventura judicial —ganó un pleito pero perdió el que mantuvo a sus clientes en la cárcel—, desde ese momento se posicionó como un temerario abogado sindicalista: la voz que, desde la trinchera jurídica, exigía a los jueces que hicieran valer los derechos de los obreros a través de juicios justos. El sindicalismo se hallaba en proceso de consolidación y Darrow creía que era algo por lo que valía la pena arriesgarse. Esto, no hay que decirlo, lo confrontó con las grandes compañías, las cuales lo veían como un obstáculo al que había que eliminar. Estaban pendientes de cada una de sus palabras, de cada uno de sus pasos, y esperaban impacientes la oportunidad de sorprenderlo en un error. Cada vez que un
Twitter: @GLaveaga
Al margen Si bien la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con atractivos programas para difundir y hacer valer los derechos humanos en su interior, le ha fallado uno de ellos: el de igualdad de género. Éste debe comenzar por el lenguaje. Hay que recordar a todos los militares que no se dice la coronel, la mayor o la sargento, sino la coronela, la mayora o la sargenta… Como en todo buen órgano colegiado que se precie de serlo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación están a flor de piel las rivalidades entre sus integrantes. Esto se hará más visible en los próximos días, cuando los 11 ministros tengan que elegir a su presidente. Si bien la elección será hasta enero, desde ahora se han formado los bandos a favor… y en contra de los candidatos. El ministro A ha dicho que puede ser cualquiera de ellos, salvo B; el ministro C ha dicho que dará su voto a todos menos a D, y E, por su parte, está en campaña para que no llegue F. Como van las cosas, un caballo negro podría dar la sorpresa. El fiel de la balanza —que no se pierda de vista— será el ministro presidente, Juan Silva Meza. Clarence Darrow
dirigente sindical era llevado a juicio, Darrow se esmeraba por representarlo. Halló un nicho que pocos abogados se habrían atrevido a explorar a principios del siglo XX. Cuando se intentó juzgar a Thomas Kidd por “conspiración”, la cual consistía en pertenecer a un sindicato y en haber encabezado una huelga, Darrow consiguió su absolución. La pregunta que obligó al jurado a darle la razón fue: “¿Tenemos derecho a formar un sindicato para defender nuestros intereses laborales, sí o no?” Incluso para los miembros más conservadores del jurado, aquél era un derecho que nadie podía cuestionar. Representó los intereses de los sindicatos mineros y, en su defensa, hizo ver las atroces condiciones en que trabajaban éstos y sus hijos menores de edad. Fue básicamente un litigante, y de este ejercicio profesional devino su prestigio y su influencia. Esta calidad, sin embargo, no le impidió ayudar a fundar el Partido Popular en Illinois, lanzarse por una curul en el Congreso en 1896 (campaña en la que tampoco tuvo éxito), considerar seriamente la posibilidad de aceptar la candidatura para ser alcalde de Chicago y oponerse, como miembro de la Anti-imperialist League, a la anexión de Filipinas. En 1911, sin embargo, cuando —ya a punto de alcanzar la absolución— los hermanos McNamara se declararon culpables de dinamitar el edificio de Los Ángeles Times, Darrow quedó frustrado. Corrijo: desilusionado.
Qué bueno que la Suprema Corte de Estados Unidos desechó la demanda que se había interpuesto contra el ex presidente Zedillo por la matanza de Acteal, ocurrida en 1997, durante su mandato. Lo que sucedió ahí fue espantoso, pero no se le puede imputar al ex mandatario. Si así fuera, cada homicidio que ocurre en el país tendría que cargársele al presidente en turno, ya por hacer, ya por no hacer… La carrera hacia 2016 tiene sus altas y sus bajas. Ese año deberá estar operando el sistema penal acusatorio y hay entidades federativas muy adelantadas, como Chihuahua, el Estado de México, Guanajuato, Morelos y Puebla. Hay otras, sin embargo, que no tienen para cuándo, como Baja California Sur, Guerrero, Hidalgo y Oaxaca. La más atrasada de todas es, con mucho, Sonora. Nadie espera que el sistema adversarial esté funcionando plenamente en 2016 —se trata de un cambio cultural que va a llevar más tiempo—, pero sí que estén puestas bases sólidas para instrumentarlo.
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Sus enemigos hallaron la ocasión que tanto habían estado buscando y lo acusaron de sobornar a los testigos. Se le sometió, incluso, a dos juicios, de los cuales salió absuelto. Ese día perdió el entusiasmo, si no por las causas sindicales sí por sus líderes. ¿Estaba dedicando su vida a que los criminales quedaran impunes? Las empresas podían ser corruptas y abusivas, sí, pero los líderes sindicales dejaban mucho que desear. Siguió patrocinando a quienes él consideraba “víctimas del sistema”, pero resolvió que ya era hora de buscar nuevos horizontes. Pronto los halló. La oposición a la pena de muerte fue el primero de ellos. No era un tema que le fuera ajeno: ya una vez
en Estados Unidos, cuyo semen no correspondía con el que se había encontrado en el cuerpo de presuntas víctimas. Cuando, en 1924, Nathan Leopold y Richard Loebe, dos jóvenes adinerados, secuestraron y asesinaron a un menor “sólo por la emoción que eso implicaba”, Darrow destacó que ambos estaban perturbados de sus facultades mentales. No sé si en verdad lo creería, pero obtuvo cadena perpetua en lugar de la horca. En esta trinchera, por cierto, cosechó más victorias que en ninguna otra. Sólo perdió un caso: el del asesino de Harrison. Para entonces, se le consideraba el mejor litigante de Estados Unidos; era un hombre rico y —qué paradoja— la izquierda
Spencer Tracy, como Clarence Darrow, en Heredarás el viento
había intentado salvar de la ejecución al asesino del alcalde Carter Harrison, y aunque no lo consiguió, sabía que aquello era un campo de oportunidades. No pretendía que un asesino o un secuestrador quedaran impunes, pero la pena de muerte le parecía un castigo atroz: ¿qué tal si había habido un error judicial cuando se condenaba a una persona a la pena máxima? Sus argumentos volvieron a citarse en 2010, cuando —luego de una prueba de ADN— se comenzó a excarcelar a los “violadores”
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radical lo consideraba el campeón de sus causas. A esto contribuía el contraste entre su aspecto desaliñado y su agudeza mental, con la que arrasaba a sus adversarios en juicio. En 1925 exploró su segundo nuevo horizonte: la defensa de los afroamericanos. Cuando, en Detroit, 11 de ellos fueron acusados de asesinar a uno de los hombres blancos que pretendían echarlos de su casa, “porque no querían negros en su barrio” —el caso del doctor Ossian
Sweet—, Darrow logró que se les declarara inocentes: se habían defendido del linchamiento que pretendían hacer los habitantes blancos de aquel barrio —adujo— y lo que se estaba pretendiendo castigar era la raza. “Si hubiera sido al revés y un hombre blanco se hubiera defendido del ataque de una pandilla de afroamericanos violentos, ¿se le habría castigado?” Hoy se le recuerda como uno de los abogados más prominentes de Estados Unidos. Su casa natal fue inscrita en el Registro Nacional de Lugares Históricos, un puente “memorial” lleva su nombre en Chicago y se han escrito muchos libros y artículos sobre sus casos. Además de Heredarás el viento, hay otras películas que lo presentan como adalid de la justicia. Por ejemplo, Compulsion (1956), donde lo interpretó Orson Wells. En distintas obras de teatro, tanto Henry Fonda como Leslie Nielsen y Kevin Spacey (el mismo actor que se ha hecho famoso en House of Cards) lo caracterizaron en diversos momentos de su carrera. A mediados de este año, por cierto, hubo un escándalo cuando Spacey enfrentó a un espectador, en el teatro Old Vic de Londres, a quien comenzó a sonarle su teléfono, mientras él interpretaba a Darrow. Ahora que en México está a punto de echarse a andar el sistema penal acusatorio y que comenzarán a privilegiarse los resultados sobre los discursos rimbombantes —que tantas injusticias han solapado—, vale la pena recordar a uno de los más aguerridos defensores de los derechos humanos ante los tribunales. Darrow demostró que, cuando están bien concebidas, las instituciones funcionan. Y si en México hay instituciones que merecen funcionar, éstas son las judiciales. Los triunfos de Darrow, aunque formalmente no pasaron de los tribunales, enviaron señales y mensajes al ámbito político y al cultural, al religioso y al económico: se puede mejorar el mundo con la ley en la mano. u
REPORTAJE
El Centro Universitario Columbia inaugura su sala de juicios orales Acorde con su misión de ofrecer una formación integral y de vanguardia, esta casa de estudios con más de 60 años de trayectoria instaló en su plantel una sala de juicios orales que acercará a sus alumnos de Derecho a la práctica real, tomando en cuenta la investigación, la presentación y la solución de casos relacionados con el Derecho penal, civil, laboral y familiar.
L
a inauguración de la sala de juicios orales del Centro Universitario Columbia habla de la visión y el compromiso que tiene la universidad por capacitar a sus próximos egresados de la licenciatura en Derecho y de la maestría en Derecho con especialidad en juicios orales. En el evento tomaron la palabra Raquel García Inclán, juez civil del Juzgado 34 del Tribunal del Distrito Federal, y Alfonso Díaz Pauli, fiscal desconcentrado en Tláhuac, quienes recalcaron la importancia de la oralidad en el proceso penal y en el nuevo sistema adversarial, y celebraron la iniciativa y el compromiso del Centro Universitario Columbia con sus alumnos y con la sociedad. El director general de la universidad agradeció la presencia de todos los invitados y de sus colaboradores, resaltando que este esfuerzo y sus logros son para beneficio de todos sus alumnos y para refrendar la calidad académica otorgada por la Alianza para la Educación Superior. También mencionó que como parte de los valores agregados que ofrece la universidad a sus alumnos se encuentra el fomento a la investigación y la práctica de los conocimientos adquiridos, e invitó a sus alumnos a tomar los talleres que serán impartidos en la sala de juicios orales en relación con el nuevo sistema adversarial.
El Centro Universitario Columbia refrenda su compromiso con la educación superior al ofrecer en sus instalaciones las licenciaturas en contaduría, administración, psicología social, mercadotecnia, informática administrativa y Derecho, en tan sólo tres años. Dentro de sus instalaciones cuenta con una división de posgrado que ofrece maestría en habilidades directivas y maestría en Derecho con especialidad en juicios orales. Este modelo educativo ofrece una atractiva propuesta a sus alumnos al brindarles un posgrado escalable (tres posgrados en uno). Comprometidos con la educación de calidad a costos accesibles, cuenta con un gran número de convenios de becas, con lo cual acerca la educación superior a todo aquel que tenga deseos de superarse. u
Eliseo Hernández, del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Ampudia, Raquel García, Alfonso Díaz Pauli, fiscal desconcentrado en Tláhuac, y Georgina Ramírez
Xochicalco núm. 195, Col. Narvarte, México, D.F. Tels.: 5591-9093 y 5530-9169 www.universitariocolumbia.mx contacto@universitariocolumbia.mx Inicio de clases: enero, mayo y septiembre
Raymundo Ampudia y Malacara, rector del Centro Universitario Columbia, y su equipo de directivos, con María del Carmen Arteaga, directora de área del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y Alejandro Gómez, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
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ENTREVISTA Psfdgfgfgf F. Noriega Alejandro
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Jesús López Benítez: “La justicia militar funciona... y funciona bien”
En el marco de la guerra contra la delincuencia organizada, la presencia militar en las calles para apoyar las tareas de seguridad pública ha tenido una creciente importancia en nuestro país. El procurador general de Justicia Militar, Jesús López Benítez, nos habla de la realidad de la justicia militar en este contexto.
¿
Dónde se ubica, hoy, la justicia militar en México? Nos encontramos ante un reto. México necesita fuerzas armadas disciplinadas y leales, con valores que les permitan ser un sostén del Estado y, al mismo tiempo, constituirse en un apoyo de la población. Podemos preguntarnos: ¿cómo logra la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) estar en todos lados? ¿Cómo cumplen los soldados, con abnegación y sin objeciones, las complejas tareas que les encomiendan? Y la respuesta se encontrará en la disciplina castrense. El recurso humano de la SEDENA lo obtenemos de la sociedad. Un policía y un soldado vienen del mismo lugar; pero en el caso del segundo hay una diferencia fundamental: a éste le damos una inducción intensa que fortalece los valores que trae de casa. Para ello, la justicia militar desempeña un papel fundamental, porque forja disciplina. ¿Cuál fue la formación del procurador general de Justicia Militar? Ingresé al instituto armado a los 16 años. Hoy es muy distinto porque, derivado de nuestras obligaciones internacionales, sólo
en el Constituyente de 1917, que nosotros incorporamos porque nuestro Código de Justicia Militar data de 1934. Lo que se pretende, y estamos trabajando en eso, es ofrecer una propuesta para convertir a la PGJM en una fiscalía militar y, simultáneamente, migrar la consultoría jurídica y la representación de la secretaría a otro órgano especializado.
¿Cuál es la estructura del fuero de guerra? El fuero de guerra deviene directamente de nuestra Constitución, puesto que el artículo 13 dispone: “Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar”. Tiene dos vertientes: cuando la Constitución se refiere a “faltas” nos encontramos frente al Derecho disciplinario militar. Éste es el Derecho cotidiano de los se puede entrar al ejército una vez que uno cuarteles, por el que el superior sanciona ha cursado el bachillerato. Yo concursé la al inferior: puede amonestarlo o arrestarlo. convocatoria a esa edad y obtuve una posi- Al personal de tropa se le puede graduar ción en el Heroico Colegio Militar. Estudié hasta por 15 días; a oficiales hasta por 8; a cuatro años y egresé como subteniente del jefes hasta por 48 horas, y a generales hasta arma de infantería; posteriormente, por por 24; esto, claro, sin detrimento de que el medio de distintas promociones, obtuve general secretario puede imponer arresto la jerarquía de capitán segundo. Y en ese hasta de 15 días a cualquier elemento de la punto busqué cursar la licenciatura en SEDENA. Además, en este rubro también Derecho. contamos con órganos disciplinarios como Un abogado militar se forma en las insti- los consejos de honor, que pueden resolver tuciones civiles, así que solicité autorización graduar arrestos hasta por 15 días en prisiopara estudiar en horas no laborables. Aunnes militares, cambios de cuerpo o, incluso, que implicó muchos sacrificios —trabajaba pueden proponer la baja del elemento. por la mañana y estudiaba por las tardes y Asimismo, cuando la Constitución alude los fines de semana— concluí mis estudios a “delitos” nos encontramos frente al Dereexitosamente y busqué reclasificarme, de cho penal militar. En este rubro intervienen un arma a un servicio, ingresando al servila PGJM, el cuerpo de defensores de oficio cio de Justicia Militar como mayor. y los tribunales militares. Si se realiza una conducta típica, se inicia una averiguación ¿Cuáles son las responsabilidades de la previa que puede culminar con una consigProcuraduría General de Justicia Militar? nación y, posteriormente, con un proceso Actualmente, la Procuraduría General de penal militar. Justicia Militar (PGJM) lleva la representaMientras que el Derecho penal militar ción social militar; asimismo, funge como conlleva la ponderación necesaria para santitular del Ministerio Público Militar, consul- cionar las conductas más graves del ejercicio tor jurídico y representante de la secretaría. castrense, el Derecho disciplinario militar se Esto se deriva del diseño de la propia caracteriza por la inmediatez: hay una falta y Procuraduría General de la República (PGR) prosigue una reacción inmediata. No habría
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ENTREVISTA Alejandro F. Noriega
tiempo en los escenarios del Derecho disciplinario para iniciar una averiguación previa. En contraposición al orden común, ¿qué diferencias se encuentran en el proceso penal militar? El Código de Justicia Militar de 1934 contempla un procedimiento mixto. Una vez que la PGJM realiza la consignación ante el tribunal militar y éste gira una orden de aprehensión, la policía ministerial militar la cumplimenta e interna al infractor en una de las tres prisiones con las que cuenta la SEDENA. Hasta aquí, todo es similar al proceso penal del orden común. La diferencia radica en que en el proceso penal militar la audiencia del juicio se desahoga de manera pública y oral. Adicionalmente, a diferencia del orden común, muchos de nuestros procesos
penales son resueltos con la intervención de un consejo de guerra.
Nos atendremos a él en tiempo y forma, en acatamiento a los plazos constitucionales. Como adelanté, por cuanto a la PGJM, ¿Qué es el consejo de guerra? ya trabajamos en una propuesta para El consejo de guerra es un tribunal de conactualizar el diseño de nuestra institución. ciencia que resuelve, en asuntos de Derecho Sin embargo, paralelamente enfrentamos penal militar, cuando la pena señalada para otros desafíos. el infractor excede de un año. Se integra Por ejemplo, el criterio de oportunicon cinco militares de arma, superiores en dad o los mecanismos alternativos de jerarquía al imputado y con la experiencia solución de controversias. En el primer suficiente para evaluar las circunstancias del caso, el sistema de justicia adversarial sucaso. Al igual que en el nuevo sistema de justi- pone que el fiscal puede decidir no ejercia adversarial, no conocen del asunto hasta la cer la acción penal en algunas ocasiones. audiencia y resuelven, exclusivamente, sobre Esto puede traer algunas complicaciones la culpabilidad o la inocencia del imputado. para la justicia militar. En el orden común, los tipos penales ¿Qué implicaciones tendrá para la justicia protegen bienes jurídicos como la vida, militar la implementación del sistema de el patrimonio, la integridad física y otros justicia adversarial? más. Nuestro caso es distinto: el Derecho penal militar, en seguimiento del mandato constitucional del artículo 13, protege en su totalidad un solo bien que permea todo nuestro ordenamiento: la disciplina. La futura fiscalía militar deberá determinar hasta dónde se puede flexibilizar la obediencia castrense, sin relajar la disciplina militar. Por ejemplo, en el orden común, la reparación del daño puede ser suficiente para determinar que es innecesario el ejercicio de la acción penal. Pero en el Derecho militar, ¿cómo reparamos el desacato?, ¿cómo cuantificamos, en el fuero de guerra, el daño que provoca una insubordinación? El tema es muy complejo, pues las fuerzas armadas son una garantía del Estado mexicano. La sociedad necesita medios que aseguren su lealtad y su obediencia.
El general de Brigada del Servicio de Justicia Militar, Jesús Gabriel López Benítez, es licenciado en Derecho y maestro en Administración Militar para la Seguridad y la Defensa Nacionales en el Colegio de Defensa Nacional. Se ha desempeñado como juez por ministerio de ley en el juzgado segundo militar, agente adscrito a la Procuraduría General de Justicia Militar, jefe de la asesoría jurídica del Estado Mayor de la Defensa Nacional, subprocurador general de Justicia Militar, juez primero militar, director general de Justicia Militar y procurador general de Justicia Militar, cargo que desempeña actualmente.
¿Qué nos puede decir de las recientes reformas al Código de Justicia Militar? El 13 de junio de 2014 el presidente de la República promulgó una reforma al Código de Justicia Militar. Esta modificación derivó de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en litigio promovido por los familiares de Rosendo Radilla Pacheco,
así como de la posterior resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esencia, la reforma confirma que los tribunales militares no conocerán de asuntos en que haya víctimas civiles. El proyecto original del artículo 37 del Código de Justicia Militar puntualizaba una obligación tajante para la PGJM: “Cuando de las diligencias practicadas en la investigación de un delito se desprenda que éste no atenta contra la disciplina militar, en términos del artículo 57 de este código, inmediatamente y bajo su más estricta responsabilidad, el Ministerio Público Militar deberá remitir la indagatoria a la autoridad civil que corresponda, absteniéndose de ordenar ulteriores actuaciones”, circunstancia que se logró ajustar durante el proceso legislativo. La reforma clarifica el ámbito de nuestra competencia y, de esa manera, evita suspicacias indebidas con la justicia militar. Por nuestra cuenta, derivado de la sentencia del Tribunal Interamericano y con independencia de esta reforma, a partir de 2012 iniciamos la declinación de competencia remitiendo a la autoridad competente más de 1,000 asuntos; algunos estaban sujetos a un proceso penal militar, y varios más se encontraban en etapa de investigación. De estos expedientes, algunos fueron remitidos a la PGR y varios se encuentran ya consignados ante tribunales civiles. ¿Qué papel tuvo la SEDENA en las reformas al Código de Justicia Militar? Gracias a la apertura del Senado de la República, el proyecto legislativo fue enriquecido por académicos, por la sociedad civil y por representantes de las fuerzas armadas. Tanto la SEDENA como la Secretaría de Marina participamos activamente en los foros de discusión promovidos por el Poder Legislativo. Nuestra principal preocupación giraba en torno a una interpretación demasiado extensiva de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algunas organizaciones buscaban, por ejemplo, que
cuando acontecieran violaciones de derechos humanos resolviera exclusivamente un juez civil; incluso, cuando sucedieran en el seno de las fuerzas armadas. Otros proponían que, ante el surgimiento de una de estas violaciones en una investigación del Ministerio Público Militar, éste se abstuviera de conocer y remitiera las actuaciones a la autoridad civil. Nuestra posición fue que, con independencia de la competencia de las autoridades civiles, la PGJM no puede claudicar de sus responsabilidades. Una violación de derechos humanos que implique la participación de las autoridades civiles puede, simultáneamente, requerir la intervención de la justicia militar. No son excluyentes. Afortunadamente, el equilibrio que resultó en la reforma fue muy razonable, ya que se adicionó que el Ministerio Público Militar, cuando advierta violaciones a derechos humanos de civiles, independiente de la remisión de la indagatoria a la autoridad civil, podrá seguir actuando en la investigación de los delitos militares. ¿Cómo operó la reforma con lo ocurrido en Tlatlaya, Estado de México? Los elementos de las fuerzas armadas nos encontramos obligados a conducirnos con apego irrestricto a los derechos humanos. Y en seguimiento de la instrucción del comandante supremo de las fuerzas armadas y del general secretario de la Defensa, cualquier inobservancia debe ser sancionada con absoluta contundencia. En este caso, el personal militar repelió una agresión letal por parte de personas armadas, el 30 de junio de 2014, en el poblado de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México. Al revisar los informes del incidente, la propia SEDENA encontró serias irregularidades en la aplicación de los protocolos de actuación. Mientras conducíamos las investigaciones militares, los medios divulgaron una nota insinuando que había algún tipo de encubrimiento, lo cual es absolutamente fal-
so: la SEDENA es la principal interesada en erradicar este tipo de acontecimientos que afectan directamente a la población, minan el prestigio de nuestra institución y ponen en entredicho el conjunto de nuestras actividades en todo el territorio nacional. Con independencia del desfase de nuestra investigación con la prensa, por lo que al fuero de guerra respecta, la justicia militar ejerció acción penal en contra de ocho de nuestros elementos, por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos en contra de la disciplina militar: desobediencia e infracción de deberes militares según su comisión o empleo en el caso del oficial, e infracción de deberes militares en el caso del personal de tropa. A finales de septiembre, todos fueron aprehendidos, puestos a disposición del Juzgado Sexto Militar e internados en la prisión adscrita a la Primera Región Militar. Por encontrarse inmiscuidos civiles presuntamente miembros de la delincuencia organizada, en acatamiento a las recientes reformas al Código de Justicia Militar, se actualizó adicionalmente la competencia de la PGR por delitos de su competencia. Sobra decir que hemos colaborado irrestrictamente con las autoridades civiles para que se esclarezcan estos hechos y se determine la verdad jurídica del acontecimiento. ¿Qué sigue para la justicia militar? Necesitamos acercarnos a la población e informar oportunamente acerca del funcionamiento de la disciplina militar. En algunos círculos de la opinión pública existe la percepción de que tendemos a proteger o solapar las faltas de nuestros elementos: esto es erróneo. Nosotros conocemos bien a nuestra gente y no negamos que tengamos elementos que, sin supervisión, hagan cosas incorrectas. Pero eso no significa que eso exista como una regla o como una política institucional. La sociedad no debe albergar dudas: la justicia militar es rigurosa y severa con quien incumple sus responsabilidades para con la patria. u
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DEBATE
Las escuelas de Derecho al banquillo ¿Las escuelas de Derecho en México están a la altura de los desafíos que presenta el siglo XXI? ¿Qué deben conservar y qué deben cambiar? ¿Cuáles son los elementos necesarios para alcanzar el éxito dentro de la profesión? Las presidentas y el presidente de las sociedades de alumnos de cinco prestigiadas escuelas de Derecho de la Ciudad de México intercambian puntos de vista sobre los aciertos y los errores que, en su opinión, caracterizan a la enseñanza del Derecho en nuestro país.
Pamela Pilar Gilabert Fragoso, Fernanda Moreno Salas, Juan Araujo Garrido, Diana Nava Muciño y María Gutiérrez Smith
Diana: Entremos de lleno al tema: ¿consideran ustedes que nuestras escuelas nos dan las herramientas necesarias para enfrentar los retos que se presentan día con día en el país? ¿Nuestras escuelas nos están preparando para los desafíos que se perfilan en el siglo XXI? En el caso de la Escuela Libre de Derecho, me gustaría destacar las medidas que se adoptaron recientemente con la
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finalidad de dar una visión actual, moderna y completa de los retos que enfrentamos en la actualidad, con la intención de formar un criterio completo y general de los alumnos. Hace cinco años se modificó el plan tradicional de estudios y fueron agregadas diversas materias centrales en la formación de los estudiantes, con el objetivo de dar nuevas perspectivas del Derecho, como el análisis económico. De igual forma,
fueron incluidas diversas clínicas para una formación práctica de los alumnos y también se agregaron materias sobre temas de actualidad y que seguirán vigentes durante los próximos años, como el Derecho de las telecomunicaciones. Juan: Independientemente de que la carrera de Derecho, como todas, siempre requiere actualizaciones, creo que las uni-
versidades se están quedando cortas. Por ejemplo, en el contexto de la reforma de juicios orales, estamos en pañales en argumentación: no sabemos hablar en público. Los planes de estudio deben incorporar economía, matemáticas, filosofía, genética, biología... porque si no, nos vamos a quedar rezagados en poco tiempo. Hace falta que los profesores nos enseñen a pensar, a tener un criterio, a hacer investigación científica y jurídica. Pamela: Coincido en que las escuelas de Derecho en ocasiones no nos ayudan a ser autodidactas. La sociedad siempre avanza más rápido que el Derecho, y si no aprendemos a aprender, podemos ir quedándonos a la zaga.
nos de dos grandes herramientas, que nos distinguen de la generación de tan sólo un año atrás: por un lado, el conocimiento de las normas por derogarse, las razones del cambio, así como el estudio de las nuevas normas, y por otro lado, una nueva perspectiva de estudio de todo lo anterior, que nos brinda el nuevo plan de estudios. María: Desde luego. No es lo mismo hablar de juicios orales, que del sistema que operaba antes. A nosotros se nos inculca más la oralidad, cómo presentarnos ante un público, mientras que los alumnos anteriores estaban acostumbrados a que sólo presentaban su demanda por escrito. A nosotros nos están inculcando tener más carácter, lo cual me parece acertado.
Fernanda: Yo también estoy de acuerdo. Con las reformas constitucionales que estamos viviendo, no basta con los conocimientos que nos transmite el profesor. Debemos desarrollar una actitud de interés por actualizarnos.
Juan: Hay una concepción muy diferente entre los abogados que nos dan clase y entre los abogados con los que trabajamos. El Derecho ya no sólo funciona a través de leyes, sino también de la jurisprudencia. En mi trabajo me dedico a revisar opiniones legislativas sobre iniciativas de leyes en el Congreso. Ahí se sigue teniendo la perspectiva de reformar la ley pensando que de ese modo se van a modificar las cosas. Hay un abuso de reformas: una reformitis. Lo que necesitamos es que se apliquen las leyes, que se aplique la jurisprudencia, lo cual no nos enseñan en la escuela. Diana: ¿Pueden prepararnos las escuelas para la práctica?
María: Si esto lo decimos nosotros, que pertenecemos a universidades de prestigio, me inquieta lo que podrían decir los alumnos que no tienen esta suerte. Diana: ¿Creen que existe una brecha generacional entre nosotros y quienes salieron de la carrera hace cinco o 10 años, por el ciclo de reformas que hemos vivido? Por ejemplo, yo les puedo platicar acerca de la generación de egresados de este año de la Escuela Libre de Derecho, de la que formo parte, que es la primera generación del nuevo plan de estudios. Esta nueva generación tiene una gran formación en materias como derechos humanos y argumentación, que fueron materias impartidas desde los primeros años, incorporadas con dicho plan de estudios. De esta manera, como alumnos vivimos en el aula el proceso legislativo de las recientes reformas estructutrales, beneficiándo-
go, no porque conozcas la teoría significa que sepas la práctica. Hay una diferencia importante en saber toda la teoría y salir a un despacho y hacerlo.
María Gutiérrez Smith (Universidad Iberoamericana)
Fernanda: La brecha es innegable, pero el secreto de la actualización radica en la práctica. Por eso hablaba del interés por actualizarnos. Aunque haya una brecha generacional, eso no significa que quienes salieron antes de la escuela hayan quedado excluidos del nuevo conocimiento; llegan a este conocimiento por la práctica y el estudio. Pamela: Las personas que actualmente ejercen han aprendido de una forma mucho más empírica que nosotros. En la escuela aprendemos la teoría; sin embar-
María: Yo trabajo en un despacho de litigio. Cuando ingresé allí, descubrí que no tenía idea de muchas cosas. Entiendo que ni en el Derecho ni en ninguna otra disciplina puedes aprender todo en cuatro años. Por eso se debe hacer una selección de lo más importante. Las universidades, como sucede con la mía, deben procurar que el alumno trabaje desde los primeros semestres, para que pueda involucrarse en el mundo de la práctica. Una universidad que no te permite tener un trabajo —casi tendría que decir: “que no te obliga a tener un trabajo”—, no me da confianza. Además, esto tiene que reforzarse con talleres de oralidad, de argumentación, de análisis y de casos prácticos. Fernanda: Yo pienso que la teoría que se imparte en nuestras universidades es muy buena, pero hace falta que el alumno viva la experiencia por sí mismo. Es muy importante que el estudiante de Derecho comience a trabajar desde los primeros semestres, porque así puede reforzar sus
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DEBATE nuevos conocimientos. Una, como alumna, nota rápidamente quiénes de nuestros compañeros trabajan y quiénes no. Se advierte una enorme diferencia. Pamela: Coincido. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una sala civil en el Tribunal Superior de Justicia cuando estaba en tercer semestre. Nunca imaginé cómo era una demanda hasta que pude ver los expedientes y pude darme cuenta cómo se estructuran. En nuestras universidades tenemos que realizar prácticas en algún despacho. En La Salle se está impulsando el proyecto Despacho Probono. La idea es que los alumnos podamos ayudar gratuitamente a las personas y, al mismo tiempo, aprendamos a redactar las demandas por una causa social.
En mi opinión, en muchas materias que nos forman, nos enseñan los elementos de existencia y validez que debe cumplir cada acto, el proceso para su creación, modificación y extinción, pero no nos enseñan cuál será el impacto de ese acto y sus consecuencias jurídicas en la sociedad. Yo entiendo que estamos en escuelas de Derecho, pero considero que es vital saber la injerencia de los actos en los que participamos como abogados, en la sociedad y en el mundo.
se puede examinar todo lo referente a las materias más técnicas o especializadas, como una materia de Derecho energético o marítimo. Creo, también, que debemos entrar al Derecho por otros caminos que incentiven la imaginación de los abogados, que suelen ser muy cuadrados. Materias optativas como Derecho y cine, Derecho y psicoanálisis, Derecho del arte, problemas socioeconómicos contemporáneos... Me parece que serían muy importantes.
Juan: Las universidades están estructuradas para enseñar la teoría. Pero les falta incentivar a los alumnos para estudiar otras cosas además del Derecho. Como lo dije, hacen falta herramientas económicas, matemáticas, filosóficas y científicas. En un entorno tan competitivo como el que nos ha tocado vivir, cada vez es más difícil prescindir de ellas.
María: En la Ibero tenemos una materia llamada “México contemporáneo”, que nos ayuda a enfocar, desde una perspectiva económica y social, las nuevas reformas...
María: Si vas a una clase de teoría del Derecho de primer semestre no vas a saber qué implica un robo, hasta que lo ves en la práctica. Entonces llegas a conocer las consecuencias de los actos jurídicos, las repercusiones que éstos tienen en otros ámbitos de la vida de las personas.
Pamela Pilar Gilabert Fragoso (Universidad La Salle)
Juan: Por supuesto, no hay forma de aprender si no practicas. Lo que tiene que darte la carrera es saber argumentar, prepararte oralmente, saber redactar, formar el criterio, tener una estructura mental que te permita resolver un problema. Al igual que María, yo desconfiaría de una universidad que no privilegia la práctica. Diana: ¿Creen ustedes que las escuelas nos dan las herramientas para vislumbrar la injerencia que tiene el Derecho en la sociedad a través de actos jurídicos, actos administrativos y leyes?
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Fernanda: La práctica, combinada con la aproximación multidisciplinaria es vital para conocer las consecuencias de cualquier acto jurídico. En un mundo competitivo y globalizado como en el que vivimos es ingenuo pensar que se puede ser un buen abogado si lo único que sabes es 10, 50 o 100 artículos de cierta ley…
Diana: En la Escuela Libre de Derecho hay una materia que se llama “Análisis de problemas socioeconómicos selectos”, que ofrece una visión general de muchos aspectos que tienen que ver con energía, telecomunicaciones, competencia económica... Desde luego, no es una materia tan especializada, como podría ser llevar un curso sobre minería, por mencionar un ejemplo, pero permite tener una perspectiva general de la población, la inflación, el desempleo y otros temas importantes, sin los cuales no se entiende el Derecho.
Pamela: Estoy de acuerdo. Diana: ¿Qué materias agregarían a los planes de estudio para tener una formación integral? Juan: No se pueden tener todas las materias que quisiéramos en la carrera, desde luego, pero pienso que en las optativas
Diana Nava Muciño (Escuela Libre de Derecho)
Fernanda: Creo que se podrían tener materias generales como sociología o problemas sociales, para poder involucrarnos más con la sociedad. También materias sobre derechos humanos y ética. Pamela: Yo tampoco creo que la especialización técnica resuelva todo. Claro que las perspectivas más amplias dependen del perfil de cada alumno, de sus intereses, de si quiere abocarse al Derecho privado, al público o al social. En lo personal, soy fanática del Derecho comparado, por lo que, si por mí fuera, me encantaría estudiar las características culturales de las sociedades y sus legislaciones. Diana: ¿Creen ustedes que nuestras escuelas estén preocupadas por la formación ética? Fernanda: El tema de la ética es muy complejo. Los valores ya los traes desde casa, y aunque el profesor te diga que debes ir por el camino del bien, si tú no lo ves así, será muy difícil cambiar tu perspectiva. Lamentablemente, nuestra carrera está muy viciada; siempre que se menciona a un abogado, la gente piensa en una persona corrupta, cuando debería vérsele como alguien que ayuda a los demás. María: La Ibero tiene cuatro materias de “formación”. También tenemos bioética. Sin embargo, creo que es necesario reforzar la formación ética. El objetivo primordial de toda universidad debería ser que sus alumnos sean mejores profesionistas. Uno de mis objetivos dentro de la Sociedad de Alumnos es incentivar los valores en el seno de la carrera de Derecho, porque cuando sales a la práctica te das cuenta de que todo es un asco. Y los alumnos pueden saber mucho, pero también es posible que utilicen ese saber para realizar actos negativos. La ética debe ser un tema que se respire, más que se memorice, y esto se puede lograr a través de talleres.
Pamela: No estoy tan segura. Yo también creo que los valores se dan a través de la familia. Hablando sobre mi universidad, quiero destacar el sistema lasallista, empezando porque nuestro lema es que somos profesionales con valores. Cada semestre tomamos una materia de humanidades y esto nos ayuda a ir un paso adelante en el área de la ética. Juan: A mí me encanta el ITAM. Sin embargo, el objetivo de mi escuela es que te conviertas en un profesional exitoso. Tenemos materias en las que se estudian los problemas sociales de nuestro país, y otras, como filosofía. Sin embargo, la visión de la ética en la profesión depende del profesor. En general, a los maestros, en especial a los corporativistas y a los mercantiles, no les importa la ética. Hay profesores litigantes que, más allá de sus ideales, te enseñan la realidad de este país, en el que la ética pasa a segundo término.
que decirte qué está bien o qué está mal, sería importante que, al principio de la carrera, te dijeran cuál es el papel del abogado y cuáles sus responsabilidades sociales, así como el perfil de egresado. Esto ayudaría a que los alumnos pudieran decidir si coincide con su visión de la profesión y de lo que pueden esperar a futuro… Pamela: Hay abogados que anteponen el interés general al particular, y otros que anteponen su interés particular al general. Pero todo depende del área del Derecho en el que te desenvuelvas y no sólo de tu perfil como persona. María: La ética no es algo que puedas aprender sentado en un salón; es algo que se tiene que vivir. Y, para eso, lo más importante es el ejemplo. No es un trabajo sólo de las universidades, sino de todos los abogados. En la medida en que los abogados sean éticos, la siguiente generación de abogados será más ética. Fernanda: Eso suena muy romántico. Creo, en efecto, que, al final, todo depende de los valores que ya tiene cada persona. Pero aunque a los alumnos se les inculque la mentalidad social y de ayuda, si sus valores no están bien cimentados, la práctica acabará corrompiéndolos. Diana: En su opinión, ¿qué características definen el perfil de un abogado?
Juan Araujo Garrido (Instituto Tecnológico Autónomo de México)
Diana: ¿Qué deberían hacer las escuelas? ¿Promover materias como ética o filosofía o, simplemente, proporcionar al alumno las herramientas para tomar decisiones, sin importar el interés general como último fin? Juan: Yo creo que en la universidad deben recordarte tu papel como abogado: más
María: Dedicado, ético, perseverante en su forma de pensar para no corromperse, porque el Derecho es una carrera de servicio, para ayudar a la gente. Fernanda: Carácter: es muy importante para defender tus propios principios y para representar a sus clientes. Creatividad: porque un abogado debe buscar siempre diferentes medios para solucionar los conflictos. Además de dedicación, inteligencia y siempre estar actualizados. Y no deben
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DEBATE ser viscerales ni tomar las cosas personales. En esta carrera es muy importante separar la vida profesional de la personal.
dicación, porque aunque te guste mucho, si no eres dedicada y perseverante, no vas a lograr nada.
Pamela: Honestos, asertivos, justos, con visión en todos los sentidos de la palabra.
Pamela: Además del amor al Derecho y a la profesión, hay que entender las necesidades de los demás y las tuyas propias para obtener satisfacción con lo que se busca. Un abogado debe entender qué necesita la sociedad para atender esa necesidad y así sentirse satisfecho con su trabajo.
Juan: Creo que los abogados debemos entender cómo pueden repercutir nuestras acciones. Necesitamos ser empáticos, congruentes, dedicados al trabajo; ser éticos y nunca perder el rumbo. Debemos tener pasión por nuestra profesión. Diana: ¿Cuál es la clave del éxito en esta profesión? María: Yo estudio Derecho porque me gusta. Cursé la materia en preparatoria y me gustó. Y la clave del éxito es ésa: que te guste tu carrera; hacer lo que te gusta. Cualquiera que sea tu visión del éxito, ya sea económico o profesional, si haces lo que te gusta, vas a conseguirlo. Las grandes obras de la humanidad existen porque fueron hechas con pasión. Fernanda: Que te guste tu carrera es de vital importancia, porque a eso te vas a dedicar el resto de tu vida. Yo agregaría de-
Juan: Estoy de acuerdo. La única razón por la que estudias una carrera debe ser porque te gusta, porque te apasiona. Si te apasiona, nunca perderás de vista la verdadera razón por la que decidiste estudiar Derecho. Diana: Yo considero que para hablar de éxito debemos distinguir lo que significa para cada persona, pudiendo reducirse a un juicio, a la aprobación de una ley, a la celebración del contrato más cuantioso, por ejemplo, o a la satisfacción que brinda el ejercicio de la profesión que se ama. En mi opinión, el éxito es la satisfacción brindada por realizar actividades que te gusten y que te permitan desarrollarte como persona, en cumplimiento de fines
generales como la justicia y la paz, que nos nutren a todos. En esos términos, considero que la clave del éxito es ejercer la profesión de abogado con amor, con ética y, sobre todo, con lealtad a nuestros principios y a las razones que originaron las normas y el Derecho, como la justicia. Diana: ¿Qué factores externos inciden para tener éxito personal y profesional en esta carrera? María: Sin duda, la preparación. Otro factor son las relaciones que fomentas, pero, más allá de las relaciones de amistad o de poder, aquellas que vas creando por tus capacidades y tus virtudes profesionales: aquellas que se dan cuando alguien busca a un abogado y la gente que te conoce puede recomendarte con confianza. También es importante la disposición de aprender y seguir aprendiendo constantemente. En suma, actualizarse. Fernanda: El camino fácil es tener los contactos necesarios para abrirte paso en esta profesión. Otro factor es el hambre de salir adelante. Ésta te orilla a prepararte mejor, a hacer mejor las cosas y, como dice
DEBATE
María, a que los clientes te recomienden como profesionista. Así se forja un camino de éxito y el prestigio. Pamela: La constancia en el estudio, además del amor a la carrera. Juan: En México, es mucho más fácil tener éxito si cuentas con las relaciones necesarias. Pero esto aplica para cualquier profesión. En nuestro país, de la población que empieza a estudiar primaria sólo un porcentaje bajísimo obtiene un título profesional. Es decir que las oportunidades son muy pocas, lo que implica que, aunque te esfuerces, las circunstancias sociales y económicas van a incidir en tu éxito. Los factores sociales y económicos empiezan por definir tu éxito como profesionista. Diana: ¿Qué debilidades y qué fortalezas encuentran en cada una de sus escuelas en la formación de abogados? En la Escuela Libre de Derecho, una fortaleza es el filtro, que hace que seamos una comunidad pequeña, una familia muy unida. La debilidad es que somos muy individualistas; te enseñan a ser “el mejor”,
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pero no necesariamente a buscar el interés general ni a llevar a cabo actividades de impacto general. Sería importante que las autoridades escolares entendieran que la excelencia académica no consiste sólo en obtener buenas calificaciones sino también en ayudar a tus compañeros y generar conciencia social, Juan: Una fortaleza del ITAM es que te da una estructura y una disciplina impresionantes. Su defecto es, quizás, la falta de sentido humanitario que sí tienen otras universidades. Se enfoca en formar profesionistas exitosos y nada más. María: La Ibero tiene cosas positivas, como inculcar una profesión ética. Su defecto es el filtro para la admisión, ya que acepta a mucha gente que no tiene ningún interés en la profesión y que estudia sin pasión. El proceso de admisión debería ser menos relajado y con mayor exigencia para lograr la excelencia de los egresados. Fernanda: Los catedráticos de la UNAM son tanto una debilidad como una fortaleza, porque así como los hay muy buenos,
Fernanda Moreno Salas (Universidad Nacional Autónoma de México)
también los hay muy malos... Otro aspecto es la disciplina: no hay una cultura de la disciplina, no hay mayores exigencias para los alumnos. Pamela: En La Salle una virtud es su sentido humanista, su visión global, ser parte de una comunidad internacional. ¿El defecto? Que también hay alumnos que se pueden titular sin el menor esfuerzo. Se necesita un filtro más fino para lograr la titulación, pues el Derecho es una carrera que implica enormes responsabilidades. u
¿Qué vas a hacer cuando termines la carrera de Derecho? En un mundo global necesitas estar bien informado El Mundo del Abogado te ofrece una mirada al mundo del litigio, la judicatura, la investigación, el servicio público, el notariado, la enseñanza del Derecho y muchos otros donde te están esperando
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ENCUESTA
¿Qué está fallando en la enseñanza del Derecho? Directivos de reconocidas instituciones académicas, así como presidentes de los más importantes colegios de abogados, hablan de los cambios que se deben hacer para mejorar la enseñanza del Derecho en nuestro país. Ricardo Sodi Cuéllar Director de la Facultad de Derecho, de la Universidad Anáhuac Norte Se debe privilegiar la enseñanza por “competencias”, lo que permitirá a los estudiantes desarrollar las habilidades prácticas para el ejercicio profesional. Para lograr lo anterior se debe reforzar el marco teórico conceptual de la carrera y potencializar armónicamente las prácticas profesionales. Los futuros abogados no sólo deben conocer sino también saber hacer. Algunas reformas que se han implementado en la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac son las siguientes: 1) Inclusión de las materias “Practicum” en el plan de estudios, que permiten que los estudiantes realicen prácticas profesionales externas que los acerquen al ejercicio profesional. 2) Reforzamiento de materias que generen habilidades y competencias en los alumnos para la oralidad judicial, como argumentación jurídica, oratoria y expresión corporal. 3) Permitir que los alumnos se formen en las tendencias internacionales del desarrollo jurisprudencial y que adquieran las competencias para ser profesionales globales, con materias como inglés jurídico, sistemas jurídicos contemporáneos y derechos humanos con perspectiva internacional. Cuando menos los egresados deben ser bilingües inglés-español. Por eso varias asignaturas, particularmente en materia corporativa y de negocios, se deben impartir en inglés. 4) Asimismo, la formación ética y en valores debe ser considerada una premisa fundamental de cualquier profesionista. 5) Finalmente, los abogados deben tener una sólida formación humanista y una cultura general aceptable.
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Alfonso Pérez-Cuéllar M. Presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México Los estudiantes deben vincularse como aspirantes en los colegios de abogados a partir del sexto semestre (tercer año de la carrera), lo cual deberá ser requisito de titulación en caso de aprobarse la reforma sobre colegiación y certificación para profesionistas, misma que fue presentada en el Senado de la República en febrero de 2014. Este requisito significará un proceso constante de actualización académica y profesional, que permitirá una enseñanza mucho más homogénea. Asimismo, el ejercicio de la abogacía requiere un programa de prácticas profesionales en los despachos, ya que bajo el régimen actual la titulación y la expedición de la cédula profesional no acreditan por sí mismos que el egresado cuenta con las habilidades y la experiencia suficientes para defender los intereses de terceros ante los tribunales. Este acercamiento con la práctica de la profesión ha resultado eficaz en otras carreras, como medicina, en la que los estudiantes fortalecen sus habilidades atendiendo casos reales bajo supervisión, para poder brindar un mejor servicio a los usuarios finales. También es indispensable reforzar las habilidades de lectura de comprensión, así como las de oratoria y argumentación, especialmente ante los nuevos procesos orales que ya están implementados y los que seguirán cobrando vigencia en distintas materias, sin dejar atrás la debida expresión escrita, para lo cual es conveniente la reinstalación de la tesis de licenciatura en los casos en que se haya suprimido. Finalmente, los estudios de corte humanístico y de ética deben apuntalarse en los programas de estudios, ya que la formación de profesionistas debe tener un enfoque que no tiene que estar limitado a los aspectos técnicos y prácticos de la carrera, que aunque son indispensables, no pueden quedar aislados de los primeros.
Iliana Rodríguez Santibáñez Directora del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México Las reformas en la enseñanza del Derecho deben centrarse en hacer del estudiante un sujeto activo del aprendizaje, y no un receptor pasivo. Para eso los planes de estudio deben observar las últimas tendencias evolutivas del Derecho en el plano nacional e internacional, para estar a la vanguardia del conocimiento, e introducir técnicas didácticas que generen un diálogo socrático académico, y abandonar el esquema del profesor adentrado en su soliloquio o monólogo ante un público contemplativo. Asimismo se requieren profesores altamente comprometidos con la docencia, que sean éticos, que dominen y se mantengan actualizados en su materia. Que sean exigentes, que muestren pasión por su carrera, que incorporen técnicas didácticas como el método de casos, el trabajo colaborativo, el planteamiento de problemas, o el proyecto orientado al aprendizaje, entre otras técnicas que involucran a los alumnos en el aprendizaje. La transformación en la enseñanza del Derecho debe tender a que los profesores abandonen su isla y trabajen colegiadamente con los profesores de sus áreas de especialidad o de aquellas donde tengan un impacto transversal, para incentivar cambios o reformas en los planes de estudio. Finalmente, la enseñanza del Derecho no debe ignorar que el desarrollo del conocimiento puede agilizarse a través del uso de herramientas tecnológicas que generan espacios virtuales de aprendizaje. En la era de la digitalización y la globalización, la enseñanza del Derecho tiene un reto ante sí: interesar a la generación millenium que es “multi task” y tiene otras formas de abstracción del conocimiento.
José Antonio Lozano Díez Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana Desde mi óptica son varios los aspectos que están fallando en la enseñanza del Derecho en México en nuestros días; sin embargo, me gustaría resaltar cuatro que por su importancia merecen ser señalados: 1) El crecimiento demasiado rápido de oferta de escuelas y facultades de Derecho que no ha dado la posibilidad de construir claustros académicos de calidad. 2) La visión de sí mismas de diversas escuelas y facultades de Derecho como negocio, dejando en segundo término, o de plano al margen, otras finalidades. 3) El enfoque de la educación como información y no como formación del criterio jurídico. 4) El olvido en la formación de valores éticos inherentes a la profesión, dejando el ejercicio profesional como actividad eminentemente mercantil.
José María Aramburu Alonso Director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle
La enseñanza del Derecho se debe perfilar a fortalecer la columna vertebral de nuestra carrera, entiéndase Derecho civil, obligaciones, mercantil y penal; disminuir el número de materias y horas teóricas y aumentar las clínicas, la práctica y la oralidad en sus cátedras. Esto implica buscar en su enseñanza un equilibrio adecuado entre teoría y práctica y, con eso, elevar los niveles académicos y la participación de nuestros jóvenes en la vida laboral actual. Adicionalmente, la enseñanza del Derecho debe estar acompañada de promoción de actividades deportivas, culturales, cívicas y de desarrollo espiritual, para lograr una formación integral en los alumnos, elementos indispensables en este proceso. La enseñanza del Derecho debe evolucionar e innovar, mediante programas y procesos de actualización, investigación, flexibilidad y acreditación permanente de los planes y programas de estudio, ofertas de intercambio e internacionalización. También es preciso que existan en nuestros programas académicos materias como Derecho energético, Derecho de las telecomunicaciones, Derecho marítimo, Derecho informático, Derecho y acceso a la información personal, entre otras, ya que son las materias en las que se observa un claro movimiento laboral, presente y futuro. Éstos son objetivos, metas y perspectivas generales de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle en los próximos años.
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José Manuel Villalpando Secretario académico de la Escuela Libre de Derecho Considerando que no puede hablarse de una “educación integral” en el campo del Derecho, lo que debe enseñarse y lo que deben saber los futuros abogados es todo aquello que les proporcione un conocimiento científico, teórico y cultural del Derecho, es decir que el contenido de la enseñanza del Derecho debe ser eminentemente formativo, dejándose, de preferencia, el aspecto práctico al desempeño laboral que se realice durante la vida como estudiante o como profesional. Por otro lado, ante la magnitud de todo aquello que comprende la profesión, la función pedagógica debe centrarse en proporcionar las habilidades y las destrezas necesarias para que, en su momento, el abogado sea capaz de resolver cualquier situación particular. La finalidad de la enseñanza del Derecho es estimular el aprendizaje. Por eso, el objetivo no debe ser que los estudiantes aprendan Derecho, sino que aprendan cómo aprender el Derecho. Con respecto a los planes de estudio, no hay forma de idear programas únicos y universales para la carrera de Derecho, pero sí es posible acudir a la ciencia de la educación para conocer las características esenciales que éstos deben tener. Los planes y programas deben elaborarse con cuidado, eligiéndose lo sustancial y realmente importante, y evitándose el recargo y el afán enciclopedista; pero al mismo tiempo deben establecerse criterios que permitan valorar y decidir aquello que es sustancial e importante. Un primer paso hacia esta definición es no considerar la inclusión o la exclusión de materias por ser anticuadas o de actualidad, sino tomar en cuenta lo formativo o informativo de su contenido.
José Juan Méndez Cortés Presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa Es fundamental que los alumnos dediquen más tiempo al aprendizaje del Derecho. Si queremos abogados conocedores de su profesión, es indispensable que éstos utilicen buena parte de su tiempo aprendiendo. Asimismo, el sector productivo del país debe involucrarse más en el desarrollo de juristas. No sólo otorgando becas y estímulos para que los alumnos con potencial encuentren oportunidades de desarrollo pleno sin importar su condición económica, sino también en la creación y el apoyo de las instituciones de enseñanza, investigación y difusión del Derecho. También, el Estado debe hacer un esfuerzo enorme para vigilar que las instituciones donde se enseña Derecho tengan un mínimo de calidad. Actualmente existe un sinnúmero de escuelas que se presentan como formadoras de juristas y que, incluso, cuentan con validación de estudios por parte de la SEP o de la UNAM, pero que no forman verdaderos profesionistas. Por ello, el Estado debe cumplir con su deber de verificar la calidad de las instituciones de educación superior y sancionar a aquellas que no cumplan con mínimos aceptables que garanticen la calidad de sus egresados. Sobre los planes de estudios, debe reforzarse la gran importancia y las implicaciones que tiene el principio pro persona adicionado al artículo 1 de la Constitución. Asimismo, es necesario hacer énfasis en el estudio del Derecho comparado, que también permite encontrar soluciones ya existentes e implementadas en problemas comunes, en especial el Derecho aplicable en Estados Unidos, al que por su cercanía y su importancia económica global es imposible negar su absoluta trascendencia para México. Otra asignatura pendiente es la argumentación jurídica. Un abogado sin capacidad argumentativa, simplemente no es abogado. Basta revisar la bibliografía nacional existente sobre el tema para constatar esta carencia. Finalmente, pienso que es necesario establecer un plan de estudios homogéneo, aprobado y consensuado, que sea aplicado de manera general por todas las instituciones educativas. Dicho plan debe ser revisable periódicamente.
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Juan Pablo Pampillo Baliño Profesor de la Escuela Libre de Derecho Vivimos una crisis en la enseñanza del Derecho que me parece que podríamos enfrentar recordando algunas características de la tradición universitaria medieval, pues nos falta precisamente: a) peritia docendi, es decir, conocimientos y pedagogía por parte de los maestros; b) virtus fortitudinis, o sea, la virtud de la perseverancia en los alumnos; c) subtilitas interpretandi, la capacidad de aprender algo más que datos, asimilando conocimientos y ejerciendo un discernimiento crítico, y, por último, d) facundia discendi, que significa el gozo de aprender —más allá del terrorismo académico— y compartir los saberes.
Leticia Bonifaz Directora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE El principal reto es mantener el equilibrio entre la teoría y la práctica, porque una carga excesiva de teoría no permite que después el egresado se enfrente al mundo real; pero, por otra parte, cursos eminentemente prácticos también son incompletos, porque el sustento teórico es indispensable para la comprensión de infinidad de problemas y el planteamiento de nuevas soluciones. La clave para formar buenos abogados también está en la enseñanza de la argumentación, porque, ya sea de manera oral o escrita, la presentación de los argumentos en el planteamiento de los casos, en la defensa de los mismos o en la elaboración de sentencias, va a ser clave para la solución de controversias. Asimismo, es indispensable que se incluyan en la currícula materias complementarias de otras ciencias sociales, pero relacionándolas con el Derecho y no como algo distinto y aislado. Se debe buscar que el estudiante pueda dialogar con quienes cultivan otras disciplinas.
ENTREVISTA Julio Copo
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Daniel del Río
Cómo prestar el servicio social a través de la Barra Mexicana La Fundación Barra Mexicana es una asociación civil instituida en el año 2000, con el propósito de facilitar, coordinar, impulsar y promover el trabajo pro bono de los abogados en el país. Su presidente, Daniel del Río, nos explica cuáles son las actividades que realizan y cuál es la motivación que tienen para ofrecer este servicio a la sociedad.
¿
Cuál es el objetivo de la Fundación Barra Mexicana (FBM)? Nuestro trabajo es evaluar las necesidades jurídicas de organizaciones sin fines de lucro, emprendedores sociales y personas físicas en situación de pobreza y canalizarlos a despachos y abogados de primer nivel y de diversas especialidades, para su atención y su defensa. ¿Cuál es la estructura de la FBM? Con el apoyo y el patrocinio de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, la FBM trabaja a través de un consejo operativo, integrado por el presidente de la Barra, Gabriel Ortiz, así como por Celia Gómez, Juan Carlos Izaza, Carlos Pérez de la Sierra, Julio Copo y un servidor, quien a su vez preside la fundación. Todos son abogados con amplia experiencia en la prestación de servicios jurídicos pro bono. Adicionalmente, en la parte operativa contamos con Carla Aguilar, quien es su directora y ha dedicado más de 13 años de trabajo a la fundación, junto con su
equipo de trabajo, integrado principalmente por estudiantes de distintas universidades que prestan su servicio social. ¿Cómo llegan los beneficiarios a la fundación? Normalmente llegan por recomendación de organizaciones de la sociedad civil, de otro beneficiario o de un abogado, quienes saben de la calidad de los servicios que ofrecemos en la fundación. No sólo se trata de una representación legal gratuita —fundamental para nuestros usuarios—, sino que además se ofrece apoyo, comprensión y un trato muy humano. Además, uno de los principales objetivos de mi presidencia ha sido ampliar esta red para incluir a otras instituciones de servicios jurídicos gratuitos, el Poder Judicial local y federal, las organizaciones sin fines de lucro y las asociaciones del nivel de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, el Centro Mexicano para la Filantropía, la Consejería Jurídica del Distrito Federal y el Servicio de Administración Tributaria, entre otros.
¿Qué ofrece la fundación? Contamos con un grupo de abogados especializados en todas las materias, líderes en su ramo, quienes asumen la prestación de servicios jurídicos gratuitos como parte de su deber social y que desean poner todo su conocimiento y sus capacidades al servicio de quienes más lo necesitan. Es la pasión que se fundamenta en la ayuda al prójimo lo que nos impulsa a seguir fortaleciendo los pilares de nuestra fundación. Asimismo, trabajamos con organizaciones internacionales como el Vance Center for International Justice, de la Barra de la Ciudad de Nueva York, y Appleseed para fortalecer y diseminar la cultura en materia de trabajo pro bono en México y en Latinoamérica, y también mediante la encomienda de asuntos pro bono internacionales a firmas y abogados con las especialidades necesarias para su atención oportuna. Lo anterior significa tener una red dedicada solamente a ofrecer una atención a los más necesitados con gente capacitada y experimentada para lograr resultados satisfactorios. ¿Cómo trabaja la fundación? Principalmente mediante dos programas. El primero es el Programa de Orientación Legal, mediante el cual se ofrece atención y representación jurídica gratuita en materia civil, laboral, penal, mercantil, ambiental, migratoria y amparo, entre otras, a personas físicas en situación de pobreza. El segundo es el Programa Corporativo, con el cual se proporciona asesoría y representación jurídica a organizaciones de la sociedad civil con el objeto de fortalecer su infraestructura legal y permitirle dedicar sus ingresos a la atención de sus beneficiarios. Mediante el programa corporativo brindamos varios servicios: asesoría legal gratuita para que las organizaciones de la sociedad civil se constituyan legalmente; regularización societaria y asesoría para la elaboración de asambleas con la finalidad
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ENTREVISTA Julio Copo
de regularizar la vida corporativa de las asociaciones civiles; asesoría para la constitución como organizaciones donatarias autorizadas ante la Secretaría de Hacienda, lo que les permitirá ofrecer a sus donantes recibos deducibles de impuestos; trámite y registro de marcas, patentes y proyectos ante autoridades en materia de propiedad intelectual; revisión y actualización de contratos laborales; asesoría en el cumplimiento de disposiciones jurídicas específicas, como la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y en general, cualquier asunto jurídico relacionado con la administración y la operación de organizaciones sin fines de lucro. ¿La fundación tiene algún otro proyecto adicional? A principios de este año celebramos un convenio de colaboración con la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, con el fin de que, a través de ella, podamos ofrecer servicio jurídico de primer nivel a las instituciones de asistencia privada que así lo requieran. Estamos en proceso de replicar este modelo con organizaciones como el Centro Mexicano para la Filantropía y el Sistema de Administración Tributaria para atender a organizaciones donatarias autorizadas. La atención específica a organizaciones sin fines de lucro nos permite fortalecer la estructura corporativa de la organización, lo que a su vez se traduce en que éstas puedan dedicar los recursos que tienen disponibles a la atención directa de los beneficiarios. En resumen, queremos darles todas las herramientas necesarias para que hagan lo que mejor saben hacer y destinen a su objeto los recursos que les sea posible. Además, estamos diseñando un programa para presentarlo a la Consejería Jurídica del Distrito Federal, similar a las jornadas notariales, con el cual podamos brindar
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asesoría jurídica gratuita en las 16 delegaciones del Distrito Federal de manera itinerante, con el apoyo de abogados, tanto agremiados como no agremiados. Al mismo tiempo, también estamos creando un Banco de Horas para la fundación, en el que abogados y despachos cumplan con un número determinado de horas anuales para la atención de asuntos pro bono. Durante el primer trimestre del año visitamos a las principales firmas de abogados en el Distrito Federal con las que definimos una cantidad de horas determinadas que estén a entera disposición de los asuntos de la fundación. Con mucho orgullo les comparto que ya tenemos a más de 20 firmas que se han comprometido con este esquema de trabajo. ¿Cuál ha sido el reto más importante al llegar a la presidencia de la fundación? La fundación ha operado bajo el mismo esquema durante 14 años, por lo que consideré necesario cambiar la manera de operar a efecto de incrementar, por una parte, el número de abogados que participen en la prestación del servicio social, y por la otra, el número de personas beneficiadas. El trabajo pro bono es uno de los ejes más importantes de la propuesta de Gabriel Ortiz como presidente de la Barra, por lo que recibí de él y de su equipo todo el apoyo para actualizar estas estructuras desgastadas y para impulsar y regenerar las bases con el fin de establecer líneas de trabajo más efectivas y lograr una fundación más ejecutiva que promueva la participación de todos los abogados en México en la prestación del servicio social. Asimismo, es necesario aprender a medir nuestro impacto, a presentar resultados concretos a nuestros patrocinadores, a generar indicadores confiables que nos permitan comparar nuestro progreso año con año y que también nos permitan convertir a la fundación en un referente mexicano a nivel internacional. Debemos
entender desde dentro que los resultados de las victorias individuales, en conjunto, son índices generales que nos muestran lo relevante del trabajo que hacemos a favor de la sociedad. ¿Qué hace diferente a la FBM de otros servicios pro bono? Uno de nuestros elementos más valiosos es el capital humano con el que contamos. Los casos son atendidos por los mismos abogados, juristas y árbitros que representan a empresas mexicanas y multinacionales e instituciones de gobierno; abogados con una profunda experiencia en cada una de sus áreas de especialidad, que permiten ofrecer al beneficiario la seguridad de que su asunto se encuentra en buenas manos. No se trata de demeritar el valiosísimo y necesario trabajo que hacen otras instituciones análogas, pero el plus de la fundación reside precisamente en la calidad de nuestro servicio. Tenemos a los mejores abogados de México atendiendo y participando en estos asuntos. ¡Somos muy afortunados! ¿Cómo se realiza el seguimiento de los asuntos? Gracias al sistema Quolaw —un administrador de expedientes en línea que fue donado por una empresa argentina— logramos generar, acceder y almacenar toda nuestra información de manera remota. El uso de Quolaw nos ha permitido digitalizar los expedientes, administrarlos de manera más eficiente, llevar un seguimiento puntual del desarrollo de los asuntos y permitir a los abogados reportar cualquier avance a través de esta plataforma. ¿Existe algún reconocimiento especial a los abogados que participan en el trabajo pro bono? Sí, en la Barra Mexicana tenemos el Premio Pro Bono, instituido en 2006. A la fecha se ha entregado en nueve ocasiones y es una distinción otorgada anualmente al barrista que se distingue por una participación ejem-
plar en la prestación de servicios a través de la fundación. Es un reconocimiento a la labor eficiente, aquella que sobresale en la solución de los asuntos de la fundación. Cada año, en enero, se integran siete miembros en lo que llamamos una junta general, la cual designa a la persona que recibirá el Premio Pro Bono. La ceremonia es emotiva y amena, y permite hacer una reflexión con respecto al gran trabajo que se realiza año con año para llevar justicia a las personas que nunca imaginaron que sus casos pudieran ser defendidos por abogados tan experimentados. Es un pequeño homenaje que hacemos sólo para recordar la gran labor que juntos hacemos día a día y de lo que, como abogados, somos capaces de lograr en beneficio de muchas personas más ¿De qué forma y con qué otros organismos internacionales colabora la FBM? Trabajamos de manera muy cercana con el Vance Center for International Justice de la Barra de Abogados en Nueva York, para intercambiar experiencias y aprendizajes. Precisamente, el pasado mes de abril tuvimos la fortuna de contar con casi una decena de miembros del consejo de esa organización, así como con sus directivos, en un desayuno para fortalecer el trabajo pro bono en México. También colaboramos continuamente con la revista Latin Lawyer, con la que desde hace ya varios años participamos en las encuestas para medir el desarrollo y el fortalecimiento de las iniciativas pro bono en la región. En una ocasión fungimos como jurado para un premio que otorgó esa revista. Estas alianzas internacionales revisten a nuestra fundación. No solamente estamos instaurando principios importantes en nuestro país, sino que trascendemos fronteras para seguir ampliando información, organización y diferentes métodos de trabajo que nos complementan y cada vez nos fortalecen más.
¿Cómo percibe la sociedad mexicana la profesión de abogado hoy en día y por qué debe apoyar la causa que realiza la fundación? Nuestra profesión ha sido caricaturizada en nuestro país desde siempre; sin embargo, es responsabilidad de cada abogado enaltecer su labor no sólo con la palabra sino con el ejemplo. Puedo afirmar que los miembros de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados somos individuos respetables y honrosos, quienes desde nuestras trincheras ponderamos nuestra profesión
de manera noble y digna. Precisamente, la fundación es uno de los sostenes fundamentales del ejercicio de nuestro trabajo. Ofrecer ayuda sin beneficio económico hace posible que el ejercicio de los mejores abogados de nuestro país sea accesible a todos los mexicanos. Ésa es nuestra visión: ayudar, en materia legal, a quien lo necesite. Quienes quieran acercarse a la Fundación Barra Mexicana pueden encontrarnos en los teléfonos 5514-0475 y 5525-4459, y en el correo electrónico serviciosocial@fbma.org.mx. u
Daniel del Río es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, con maestría en administración de negocios en la Universidad de Tulane, Nueva Orleans. Ha sido reconocido por Chambers Global, Chambers Latin America y Legal 500 como abogado líder en México en materia de fusiones y adquisiciones en los últimos años y por The International Who’s Who of Mergers and Acquisitions Lawyers. Best Lawyers también lo ha nombrado como uno de los mejores abogados de México en relación con su trabajo en el área corporativa y de fusiones y adquisiciones, así como en el ámbito inmobiliario. Es socio encargado de las áreas corporativa y de fusiones y adquisiciones de la firma Basham, Ringe y Correa. Asimismo, es presidente de la Fundación de Los Amigos de Juan Pablo —capítulo México—; miembro del consejo de la IBA Trust Foundation, y director de la Fundación Basham, Ringe y Correa.
PORTAFOLIO DERECHO EN EL MUNDO Diana VíctorReyes Emilio Corzo y Ernesto Eduardo Corzo
Extradición vis-à-vis derechos humanos
N
izar Trabelsi —nacional de Túnez— es un supuesto terrorista aprehendido en Bélgica dos días después de los ataques a las Torres Gemelas, en Nueva York, en 2001. Durante el arresto de Trabelsi se encontraron pasaportes falsos, armas automáticas y municiones, fórmulas y sustancias químicas para elaborar explosivos, y un plano detallado de las instalaciones de la embajada de Estados Unidos en París. Se le acusó de conspiración, intento de destrucción mediante explosivos, posesión de armas de combate y de pertenecer a una milicia privada. Durante el juicio, Trabelsi se declaró culpable y eventualmente fue condenado a 10 años de prisión, en septiembre de 2003, por la tentativa de atacar la base militar belga Kleine Brogel, que alojaba a soldados estadounidenses en Europa. De acuerdo con la sentencia original de la corte belga, Trabelsi “intentó cometer uno de los delitos más graves desde la independencia de Bélgica; a pesar del tiempo transcurrido desde su arresto, él nunca ha demostrado ningún remordimiento, el peligro que representa se ha mantenido intacto y su caso no presenta circunstancias atenuantes”. A cinco años de que terminara de compurgar su sentencia en Bélgica, Estados Unidos presentó una orden de arresto en contra de Trabelsi bajo los cargos de conspiración y apoyo a Al-Qaeda para hacer explotar la base militar belga a fin de atacar a los ciudadanos norteamericanos alojados en ella. Washington presentó una petición formal de extradición en abril de 2008 asegurando que no iba a someter a Trabelsi a la justicia militar e, inclusive, si recibía la pena máxima de cadena perpetua, éste tendría la posibilidad de que fuera
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reducida mediante el perdón presidencial. Los abogados del Departamento de Justicia que solicitaban la extradición establecieron que el perdón presidencial solamente era una posibilidad teórica en el caso de Trabelsi, ya que no existe ningún caso en que un terrorista haya obtenido ese perdón. Trabelsi objetó la solicitud de extradición y logró que la Corte Europea de Derechos Humanos suspendiera el proceso mientras analizaba su caso. Sin embargo, Bélgica no acató la orden de la Corte y extraditó a Trabelsi a Estados Unidos. La Corte Europea de Derechos Humanos encontró que la posibilidad de que se le impusiera la pena máxima de cadena perpetua iba en contra del artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, ya que, aunque existía la posibilidad del perdón presidencial, este procedimiento no se equipara a un mecanismo de revisión para analizar objetivamente, con un criterio preestablecido, si el prisionero ha cambiado y progresado de manera que su detención ya no se justifique o que responda a algún fin penológico. En consecuencia, Bélgica es responsable de exponer a Trabelsi al riesgo de un trato contrario a la Convención Europea. Además, la Corte no encontró justificación alguna para que Bélgica no siguiera la orden cautelar de suspender la extradición a Estados Unidos. Por eso la encontró responsable de truncar el derecho de Trabelsi al permitir que fuera trasladado a Virginia. En este escenario, la Corte Europea de Derechos Humanos en Estrasburgo decidió, el 4 de septiembre, que Bélgica, al extraditar a Nizar Trabelsi a Estados Unidos, violó sus obligaciones según el
artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, el cual establece que “nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”. La Corte Europea ordenó a Bélgica compensar a Trabelsi con 60,000 euros por su responsabilidad internacional y con 30,000 euros adicionales para cubrir los costos legales. La decisión previno que Trabelsi — actualmente en custodia en una prisión de Virginia— vaya a ser juzgado por tribunales de Estados Unidos. Análisis del caso La presente sentencia resulta relevante porque nos permite ver la forma en que toman las decisiones los Estados cuando existe una ponderación entre derechos humanos y cooperación internacional en materia penal. En otras palabras, los hechos del caso Trabelsi evidencian cómo las decisiones de realpolitik en muchas ocasiones llegan a prevalecer sobre otras consideraciones jurídicas, inclusive sobre algunos puntos finos considerados dentro de la materia de los derechos humanos. Rol de los tribunales internacionales Erróneamente se cree que las cortes internacionales deben erigirse como tribunales de alzada que reviertan las decisiones de las cortes nacionales. Sin embargo, dependiendo del caso en comento, el rol de éstas sólo puede llegar a tener dicho efecto cuando la decisión que tomen las cortes nacionales haya quedado en firme y no exista alguna otra instancia —a nivel nacional— que pueda revertirla. En este sentido, la Corte Europea de Derechos Humanos especificó que una de las “principales características de la maquinaria de protección establecidas por la Convención es la subsidiariedad con los sistemas nacionales de protección de los derechos humanos”. Dicho de otra forma, “la Corte se ocupa [solamente] de supervisar la implementación de las obligaciones de los
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Estados contratantes bajo la Convención”, por lo que ésta “no debe asumir el rol de los Estados contratantes, cuya responsabilidad [es] asegurar que los derechos y libertades fundamentales codificados en la misma sean respetados y protegidos a nivel doméstico”. Naturaleza jurídica de la extradición Uno de los argumentos que resulta interesante rescatar es el empleado por el gobierno de Bélgica para desestimar las preocupaciones iniciales de la representación del señor Trabelsi vis-à-vis su posible sentencia a cadena perpetua en Estados Unidos. En específico, los representantes belgas señalaron que cualquier valoración “tiene que ser analizada en contra del escenario de una extradición, y se debe tener en mente que la extradición del quejoso ha sido solamente requerida para propósitos de enjuiciamiento ante las cortes de Estados Unidos y no existe certeza de que el quejoso vaya a ser encontrado culpable de los cargos en contra de él”. Básicamente, la postura que maneja el gobierno belga subyace en una simplificación de la naturaleza del procedimiento de extradición donde ésta es visualizada como un mero trámite en el cual las autoridades receptoras simplemente se limitan a ejecutar la petición del Estado requirente. Esta caracterización es interesante porque es la premisa de la figura de la “entrega” y no la de un proceso de “extradición” (para mayores referencias sobre el particular, véase la sección “Derecho en el mundo”, de la edición de septiembre de 2014, de El Mundo del Abogado), la cual parte del principio de confianza mutua y sólo existe en el marco de la Euro Orden o en el esquema operativo de los tribunales penales internacionales. Como se puede apreciar, esta valoración no corresponde a la naturaleza de la extradición donde el Estado debe realizar
y materialmente imposible —por su confinamiento en solitario, virtualmente aislado del mundo exterior— que éste desahogara de manera efectiva su recurso ante la Corte. Bélgica, justificando la ponderación donde otorgó preferencia a sus obligaciones de cooperación internacional en materia penal con Estados Unidos, señaló que “la extradición fue decidida con base en la sentencia emitida por el Consejo de Estado”, donde se explicó, “con pleno conocimiento de la jurisprudencia de la Corte [Europea de Derechos Humanos]”, las razones por las cuales se consideraba que los argumentos del quejoso eran infundados. Asimismo, indicó que sus autoridades quedaron satisfechas con las garantías otorgadas por las autoridades estadounidenses, y determinaron que el quejoso —al tener vínculos con grupos yihadistas radicales, mostrar un proselitismo activo en prisión, sus múltiples intentos de escape y el riesgo un análisis para determinar si existen las de que una Corte decretara su libertad— condiciones mínimas en el tercer Estado representaba una amenaza a la ley y al para que se respeten los derechos del extraditable y se cumplan las restricciones orden público de Bélgica, por lo que “el gobierno no hubiera deseado correr el que el primero imponga como condiciones para conceder la entrega del fugitivo. riesgo de incumplir su compromiso de entregar al quejoso a Estados Unidos ya sea Por esta razón, la Corte concluyó que, porque éste hubiera escapado o puesto en ante la “posibilidad de que haya consecuencias en el Estado requerido que sean libertad”. No en pocas ocasiones surge el choque incompatibles con el artículo 3 de la Conde obligaciones internacionales en que vención, el Estado contratante no debe funcionarios estatales se encuentran extraditar. Es un asunto de garantizar la ante la disyuntiva de decidir cuál de éstas efectividad de la salvaguarda establecida honrarán y cuál no. La teoría indica que las en el artículo 3 en vista de la naturaleza obligaciones erga omnes (esto es, de deseria e irreparable del supuesto riesgo rechos humanos) deben prevalecer sobre que sufriría [la persona]”. aquellas vis-à-vis (esto es, derivadas de los tratados). Sin embargo, la actuación de las Violación a las medidas cautelares autoridades belgas demuestra cómo en la Aun cuando medidas cautelares fueron práctica las ponderaciones de política extedictadas por la Corte para evitar que el señor Trabelsi fuera extraditado a Estados rior y realpolitik conllevan mayor peso, y cómo las posibles represalias que un tercer Unidos, Bélgica procedió a entregarlo a las autoridades estadounidenses, violando Estado pueda adoptar representan —en así “de manera irreversible el derecho de el mundo real— mayor riesgo que una simple condena ante una corte regional de petición individual del quejoso”, ya que derechos humanos. u ahora era legal —por su extradición—
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ENTREVISTA Luis Arturo Pelayo
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El Derecho estadounidense para abogados mexicanos Alejandro Poiré Michael Koby Chip Paucek Los abogados mexicanos que deseen tener una perspectiva internacional en el ejercicio de la profesión y quieran litigar tanto en México como en Estados Unidos (a través del examen del Colegio de Abogados de California), tienen a su disposición la doble maestría en Derecho Estadounidense y Práctica Jurídica Transnacional, del Tecnológico de Monterrey y de la Universidad Washington en San Luis. Sus autoridades académicas nos ofrecen los detalles del programa.
P
osiblemente nuestros lectores no están familiarizados con la Universidad Washington en San Luis. ¿Qué nos pueden decir acerca de esta institución? Michael Koby: Probablemente la universidad no es tan conocida como otras que destacan por sus actividades deportivas. Sin embargo, la Universidad Washington en San Luis (que se encuentra en Misuri, por lo que no hay que confundirla con el estado de Washington) es una gran institución a nivel académico, ubicada en el número 14 entre las mejores universidades de Estados Unidos, mientras que su Escuela de Derecho es la número 18 entre 200 escuelas de todo el país.
Alejandro Poiré: Desde una perspectiva académica, para el Tecnológico de Monterrey es muy importante establecer alianzas con las mejores universidades en el mundo. Por eso tenemos convenios con universidades como Harvard o Princeton. Sin embargo, la Universidad Washington es un excelente aliado por muchas razones, comenzando por su excelente nivel académico en áreas como medicina, ciencia política, negocios, trabajo social o ingeniería, áreas que al Tecnológico de Monterrey le interesan mucho. En el ámbito del Derecho está muy consolidada no sólo por su calidad académica, sino también por la perspectiva internacional que ofrece a los abogados.
El Tecnológico de Monterrey es ampliamente reconocido por sus programas de ingeniería y administración, por citar un par de ámbitos. ¿Cuál es su posición frente a otras instituciones que tienen una larga tradición en el ámbito de las ciencias sociales? Alejandro Poiré: El Tecnológico de Monterrey no sólo se distingue por su capacidad tecnológica, su presencia en todo el territorio nacional y su perspectiva internacional, sino también por su compromiso con el desarrollo del país y de los servidores públicos. Desde hace algunos años el Tec de Monterrey ha hecho gran énfasis en sus programas de humanidades y ciencias sociales. Un ejemplo de esto es la Cátedra Alfonso Reyes, que se ha constituido como un espacio privilegiado para el encuentro y la reflexión con las voces más influyentes del pensamiento humanista contemporáneo. También ha realizado un gran esfuerzo por consolidar la formación ética de sus alumnos, independientemente del programa académico y el campus en el que estudien. Y el espíritu emprendedor que caracteriza a la institución también está impregnado de esta formación en valores. Por último, también contamos con programas en Derecho, economía, política pública y gobierno, que tienen un impacto muy importante en el desarrollo y la profesionalización de los servidores públicos. Por eso contamos con la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Y esta maestría en Derecho responde precisamente a esa necesidad de profesionalización de los abogados, desde una perspectiva internacional. ¿En qué consiste el programa? ¿Hay algún área de especialización? ¿A quién va dirigido? Michael Koby: En realidad es una maestría en Derecho (Master of Laws, LL.M), cuyo programa está dirigido a abogados de cualquier parte del mundo que no han recibido formación en Estados Unidos y que
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ENTREVISTA Psfdgfgfgf Luis Arturo Pelayo
Michael Koby Decano de Programas Internacionales de la Escuela de Derecho de la Universidad Washington en San Luis
Alejandro Poiré Decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey
Chip Paucek Director ejecutivo y cofundador de 2U Inc.
desean desarrollar su conocimiento sobre el Derecho internacional y la práctica jurídica transnacional, incluida la práctica en Estados Unidos y América Latina, pero que no pueden dejar de lado sus compromisos profesionales ni personales, y no pueden asistir presencialmente ni reubicarse en Estados Unidos. La parte académica que le corresponde a nuestra universidad se refiere al sistema legal norteamericano. No es un programa de especialización, como tal. Algunos de los cursos que contempla son: contratos, propiedad intelectual, sistema legal estadounidense, responsabilidad profesional y Derecho internacional de los derechos humanos. El programa se puede cubrir en dos o tres años, los cursos son en inglés y se desarrollan a través del campus virtual @WashULaw, con opción a una estancia presencial en la universidad. Y una de las grandes ventajas es que al finalizar el programa los alumnos pueden ser elegibles para rendir el examen del Colegio de Abogados de California.
¿Cómo funciona esta plataforma tecnológica? ¿No es despersonalizada? Chip Paucek: Este sistema rompe el esquema tradicional en el que un gran grupo de estudiantes sólo observa al profesor mientras éste imparte la clase. Con esta plataforma virtual los cursos se realizan a través de un soporte que proporciona 2U. Somos una empresa asociada a las mejores universidades para crear programas dinámicos en línea que permitan a los estudiantes de todo el mundo tener la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Las sesiones se llevan a cabo en una plataforma de video en directo y en grupos muy reducidos, de no más de 15 estudiantes, para facilitar una colaboración estrecha. De hecho, al convivir constantemente con los compañeros se logra una mayor interacción que la que se tiene en un salón de clases ordinario. Las clases se desarrollan como un seminario y todos los estudiantes pueden ser vistos y oídos por los demás. Los profesores crean contenido cada semana y pueden
compartir documentos, videos, e incluso dividir a los alumnos en salones privados para sesiones de trabajo en grupos pequeños. Los profesores también pueden ceder el control de la clase a un estudiante. Y como las clases son en línea, los alumnos pueden participar desde cualquier lugar del mundo, sin importar si están de viaje o deben reubicarse por motivos personales o profesionales.
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¿Hay posibilidades laborales reales para los abogados mexicanos que participen en este programa? Alejandro Poiré: Además de la oportunidad de presentar el examen del Colegio de Abogados de California, que ya se señaló, es importante mencionar que este programa ofrece algo que muy pocos tienen: la posibilidad de construir una red mundial de contactos, ya que se tiene una relación muy cercana con los compañeros, gracias a lo cual pueden surgir numerosas posibilidades laborales con abogados de todas partes del mundo. u
Diana Reyes
Lanzamiento de la doble maestría en Derecho (LLM) y Práctica Jurídica Transnacional en línea
E
l pasado 25 de septiembre la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, en conjunto con la Escuela de Derecho de la Universidad Washington en San Luis, hicieron la presentación de la maestría en Derecho Estadounidense y Práctica Jurídica Transnacional, con doble titulación. Este programa se realiza en línea a través de la plataforma virtual 2U Inc. y cuenta con la opción de una estancia presencial. Está dirigido a los abogados que desean desarrollar su conocimiento sobre el Derecho internacional, pero que no pueden dejar de lado sus compromisos profesionales ni personales; las clases en línea son impartidas por un distinguido cuerpo docente, y al finalizar el programa los alumnos pueden cursar el examen del Colegio de Abogados de California. En el anuncio de la maestría estuvieron presentes Michel Koby, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Washington en San Luis; Chip Paucek, director ejecutivo y cofundador de 2U Inc., así como Alejandro Poiré, decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Durante su presentación, Michel Koby señaló que la Universidad Washington en San Luis busca ser el mejor lugar para estudiar Derecho en Estados Unidos, ya que su programa presencial es reconocido tanto por su rigor académico como por la experiencia que adquieren los estudiantes. Michel Koby refirió que cuando se creó el programa en línea se buscaba que los alumnos recibieran la misma excelencia educativa, manteniendo los estándares académicos. Añadió que actualmente 135 estudiantes de 34 países están inscritos en el programa y forman parte de la comunidad de esta institución educativa, que se ha establecido como líder en la impartición de cursos en línea. Reconoció el posicionamiento que tiene la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, la cual también está comprometida con la excelencia educativa, y señaló que se trata de una alianza única e innovadora, de gran beneficio para los interesados. Por su parte, Chip Paucek declaró que la plataforma 2U Inc. permite que las instituciones puedan ofrecer educación de alta calidad a alumnos de cualquier parte del mundo; precisó que la interacción es similar a la de una clase presencial, en la que se propicia el debate y la colaboración entre estudiantes y docentes. Más de 97,000 personas han tomado clases vía 2U; además, la tasa de inserción laboral posgraduación ha sido de 92 por ciento. Finalmente, Alejandro Poiré destacó que para propiciar una transformación orientada hacia el bienestar es necesaria la profesionalización. Añadió que muchas de las reformas que se están dando en México tienen que ver con una mayor presencia de actores estadounidenses, con lo cual empresas mexicanas tendrán mayores oportunidades de expansión. El decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública puntualizó que la tecnología es la clave para los nuevos modelos de educación, y esta maestría en línea pretende generar un contacto directo, una red personal y un entorno más íntimo que el de un salón de clases. Expresó que la alianza creada con la Universidad Washington y la plataforma 2U Inc. son de gran orgullo para el Tecnológico de Monterrey y ofrece la oportunidad de abrir un nuevo mercado laboral. Para mayor información, visite: http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/egap/ egap/homepage. http://onlinelaw.wustl.edu/dual/tec/overview/.
REPORTAJE
Vigésimo aniversario luctuoso de José Francisco Ruiz Massieu Con motivo del vigésimo aniversario del fallecimiento de José Francisco Ruiz Massieu, el pasado 28 de septiembre, la Universidad Americana de Acapulco (UAA) llevó a cabo una ceremonia in memoriam para rendir honores al fundador de esa universidad.
E
n el homenaje con motivo del vigésimo aniversario luctuoso de José Francisco Ruiz Massieu, destacó la participación de Mario Melgar Adalid, patrono general de la UAA; Arturo Nozari Morlet, director fundador de la Facultad Libre de Derecho, Humanidades y Ciencias Económico Administrativas, A.C., antecedente de la UAA, así como Mario Mendoza Castañeda, actual rector de la UAA. En representación de la familia, estuvieron presentes Maricela Ruiz Massieu y sus hijos. Asimismo, estuvo presente Rafael Álvarez Cordero, amigo y promotor de programas sociales de atención médica para los guerrerenses, así como funcionarios, colaboradores, alumnos y egresados, quienes recordaron con cariño y respeto al prócer guerrerense. Mario Melgar tuvo a su cargo el discurso de salutación, durante el cual dijo: “Los aniversarios son propicios para el recuerdo y la reflexión compartida. No es ciertamente éste el momento para el análisis de una vida y una obra que con creces merece el paso de Ruiz Massieu por la academia, el periodismo, la política y la vida íntima: la dedicada a su familia y a sus muchos amigos. Es ocasión para refrendar la gratitud y el reconocimiento de esta institución académica a quien hizo posible su establecimiento al haberla diseñado, impulsado, construido y fundado como un adelanto de lo que Acapulco necesitaría para formar
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egresados en este puerto y en esta región de la geografía guerrerense. ”Han pasado 20 años desde su desaparición física y aún subsiste entre nosotros la perplejidad ante un hecho ominoso que privó a México de las luces, el talento, la energía, la inteligencia, la experiencia, la voluntad y la valentía de las que estuvo dotado el fundador de esta institución. ”Se ha dicho que la muerte de José Francisco es un punto de inflexión en la vida de México. Es realmente el quiebre entre un México antes de su triste partida y el que surgiría después. No sé qué hubiera pasado con México de haber contado en estos años de cambios y arribo de una nue-
va política —la que el propio José Francisco vaticinó y dio pautas para su diseño—; no sé qué hubiera pasado en el país con las truncadas contribuciones de Ruiz Massieu que ya no llegaron a la tribuna, a los medios de comunicación, a los diarios oficiales a manera de leyes renovadoras; no sé precisar qué hubiera pasado. De lo que no tengo duda es de que México sería un país mejor. ”La muerte violenta de José Francisco, que siempre hemos lamentado, trae aparejada la necesidad de acabar con la violencia que tanto daña al país, a sus proyectos de reivindicación social y política, a la búsqueda de condiciones de igualdad
y al respeto a los derechos de todos los mexicanos. ”Aprovecho esta sentida ocasión para expresar nuevamente mi pésame a la familia Ruiz Massieu y, particularmente, a sus hijas Claudia y Daniela. Estoy seguro de que José Francisco estaría completamente satisfecho al saber que su legado encontró la mejor recepción posible en sus dos queridas hijas. Claudia, como destacada política guerrerense que sigue los pasos de su padre y cuya vocación por la política y el servicio público le permite ahora, como ocurre ya desde hace algunos lustros, dar lo mejor de sí misma a las mejores causas de la nación, y Daniela, quien igual que su padre ha destacado como reconocida universitaria, en las aulas y en la dirección académica”. Posteriormente, mediante un video se presentaron los principales logros de la trayectoria académica y política de José Francisco Ruiz Massieu y la consolidación de la Universidad Americana de Acapulco, la cual, a lo largo de 23 años, ha conseguido preparar a más de 3,000 profesionales en distintas áreas y ser considerada la mejor universidad de Guerrero. Este homenaje coronó sus actividades culturales con la presentación de la Orquesta Filarmónica de Acapulco bajo la batuta del reconocido director Eduardo Álvarez, que deleitó la reunión con un repertorio compuesto por tres obras clásicas: La chacona de Buxtehude y Carlos Chávez, Capricho bohemio de Rachmaninoff, y Marcha, pompa y circunstancia de Edward Elgar, además de Música de Guerrero y Huapango de José Pablo Moncayo. Finalmente, se llevó a cabo la mesa redonda “Visión de José Francisco Ruiz Massieu sobre Guerrero a 20 años”, con la participación de connotados académicos y políticos, como el embajador Florencio Salazar Adame, Humberto Santos Bautista, Raúl Calvo Barrera y David Cienfuegos Salgado. La mesa estuvo bajo la coordinación del rector Mario Mendoza Castañeda. u
Vida y obra
J
osé Francisco Ruiz Massieu, originario de Acapulco, Guerrero, cursó la licenciatura en la Facultad de Derecho de la UNAM; paralelamente, hizo la licenciatura en ciencias históricas en la Universidad Iberoamericana y realizó sus estudios de posgrado en Essex, Inglaterra. Fue docente en la Escuela de Ciencias Sociales del Instituto Politécnico Nacional, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde fundó el Departamento de Derecho. En 1979 obtuvo el Premio Nacional de Administración Pública convocado por el Instituto Nacional de Administración Pública, con su trabajo “La empresa pública. Un estudio de Derecho sobre México”. Sus múltiples textos sobre municipio, descentralización, federalismo y política, entre otros temas, se convirtieron en consulta obligada de estudiantes, administradores públicos y políticos. Publicó más de un centenar de libros, artículos, prólogos y presentaciones. En 1972 salió a la luz su primera obra: Régimen jurídico de las empresas multinacionales. Posteriormente, Normación constitucional de partidos políticos, Nueva administración pública federal y Estudios jurídicos sobre la nueva administración pública mexicana. Ya como gobernador constitucional de Guerrero, publicó Ideas a tiempo: las perspectivas de la democracia, que incluye sus propuestas y sus críticas sobre la democracia de esa época y sus perspectivas para un futuro mejor. En la administración pública federal fungió como secretario general de Gobierno del Estado de Guerrero, oficial mayor y subsecretario de la Secretaría de Salud, de donde salió postulado para contender por la gubernatura guerrerense, y director general del INFONAVIT. Se desempeñó como secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional y como diputado de la fracción priísta de la LVI Legislatura. José Francisco fue un gobernante innovador. Durante su gestión se creó la primera Secretaría de Desarrollo Social a nivel nacional, la primera Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría de la Mujer y la Procuraduría de la Montaña; se crearon centenares de leyes y decretos para sustentar la vida y la convivencia entre los guerrerenses, siempre buscando el desarrollo político, económico y social del estado. En materia educativa, promovió la creación de la Universidad Americana de Acapulco, en 1990, y de la Universidad Loyola; fortaleció la infraestructura de la Universidad Autónoma de Guerrero y apoyó el Sistema de Tecnológicos, impulsando la creación de un plantel en cada una de las siete regiones del estado. José Francisco Ruiz Massieu, siempre entusiasta, quiso lo mejor para México, En su vigésimo aniversario luctuoso lo recordamos por su obra académica, política y social.
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POSICIONES ﾃ］gel Gilberto Adame Lﾃｳpez*
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Ilustraciﾃｳn: inmagine
reformas al matrimonio en el Distrito Federal: ¿eficiencia o retórica? Las
Asistir a un curso prenupcial impartido por el Gobierno del Distrito Federal, leer votos matrimoniales en la ceremonia del matrimonio civil y obtener un certificado ante el Registro de Deudores Alimentarios Morosos son algunas de las disposiciones vigentes en el Código Civil desde el 28 de julio de 2014, de las cuales el autor nos ofrece su valoración crítica. El Mundo del Abogado / Noviembre 2014
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POSICIONES Ángel Gilberto Adame López
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esde el inicio del año 2000, fecha en que la Asamblea de Representantes del Distrito Federal se transformó en un virtual congreso local, el Código Civil, en particular la materia familiar, ha sido objeto de múltiples modificaciones. De esta vorágine no ha escapado la regulación de las uniones de pareja, alterando así la naturaleza que tuvieron a partir de octubre de 1932. La tendencia consistió en eliminar del matrimonio el fin de la procreación, simplificar los requisitos para su celebración, permitirlo entre personas del mismo sexo —primero con un intento, aún vigente, en las llamadas sociedades de convivencia— y facilitar al máximo posible los medios para concluirlo. Además, se crearon y se reforzaron los derechos y las obligaciones en otro tipo de vínculos, llevándolos al nivel del matrimonio, en particular en las ya citadas y en el concubinato. Independientemente del rigor jurídico que las anteriores reformas hubieran tenido, es de reconocerse que éstas fueron congruentes con un programa concreto. Por eso resulta incomprensible que el actual gobierno hubiere presentado una iniciativa, el 4 de diciembre de 2013, que va a contracorriente con esta lógica. Entre otros puntos, dicha iniciativa tuvo por objeto reformar de nueva cuenta el matrimonio. En la exposición de motivos se expresa lo siguiente: “El matrimonio sigue siendo una institución fundamental en nuestra sociedad. La complejidad de la vida moderna, por una parte, y el desconocimiento de los futuros contrayentes sobre aspectos importantes acerca del matrimonio y la vida en pareja han tenido, entre otras consecuencias, el debilitamiento de la institución matrimonial porque los cónyuges ven frustradas sus expectativas o no encuentran satisfechas sus demandas de realización personal”. A esa “desinformación” se atribuye que “los juicios en materia familiar van en aumento [ya que] en los últimos cuatro años, los divorcios se han multiplicado hasta en
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37.2 por ciento”. Todo indica que el nuevo propósito busca paliar esa falta de información y, en consecuencia, disminuir la cantidad de procesos jurídicos. Cabe apuntar que el texto en comento es omiso en mencionar en qué porcentaje aumentaron los matrimonios a partir de la amplitud y la sencillez que se le otorgó. Además, no aclara qué clase de parejas son las que se están separando con más frecuencia, es decir, si se trata de parejas maduras, jóvenes o del mismo sexo; y mucho menos aporta datos sobre cómo se están desenvolviendo las otras uniones legalmente reconocidas. Por último, no asume una necesaria autocrítica sobre si las consecuencias de los cambios ocurridos en sólo 14 años han contribuido a incrementar la ignorancia. En un mundo donde datos y conceptos fluyen más rápido que nunca, ¿es posible afirmar que antes las personas no se separaban porque estaban mejor enteradas de lo que significaba el matrimonio? ¿No sería que, al ser el divorcio un procedimiento que requería el consentimiento de ambos cónyuges, cuando éste no se lograba, se prefería dejar las cosas como estaban a iniciar un procedimiento largo, costoso y en ocasiones contraproducente? Además, no podemos asegurar que la concepción que hoy tenemos de “familia” sea la misma que se tenía en el siglo pasado, ni tampoco se puede aducir que siga “siendo el núcleo de la sociedad”. La realidad que llega diariamente al hogar por internet, la justa aceptación de los derechos de los homosexuales, la diversidad, las diferentes maneras de pensar, entre otros factores, presentan como simplista una aproximación al problema basada únicamente en mayor asesoría. El proceso legislativo que siguió la citada iniciativa fue un verdadero desastre. Ésta fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea de Representantes y se le sometió a dictamen el 18 de diciembre de
2013. En contra de las más elementales normas de información, ésta lleva casi un año de retraso en subir a su portal una narración sobre cómo se desarrollan sus sesiones. Así, es imposible saber qué se dijo en el seno de las discusiones, los argumentos y las razones jurídicas que llevaron al dictamen que, en lo que se refiere al matrimonio, es idéntico a la propuesta inicial. En un afán de solventar este punto, acudí directamente a la sede legislativa a revisar el acta correspondiente, donde me respondieron que “sólo me sería entregada previa orden del órgano de transparencia local”. Con esa opacidad, el dictamen se presentó al pleno el 10 de junio de 2014, junto con otros 35 asuntos. En el Diario de los Debates se describe que el acto se inició con una intervención de la diputada María de los Ángeles Moreno Uriegas, quien cuestionó al presidente: “la c. diputada maría de los ángeles moreno uriegas
(desde su curul): ‘Con mucho respeto: no hay pantalla táctil, no hay orden del día y tampoco hay acta, estamos votando otra vez sin tener los documentos a la vista.’ el c. presidente: ‘En este momento se está fotocopiando el orden del día que se está distribuyendo ahorita, derivado de los acuerdos que se hicieron en la Comisión de Gobierno’”. Este breve diálogo muestra la manera en que se trabaja en la Asamblea de Representantes. Cuando inició la discusión los legisladores ni siquiera sabían los temas que iban a tratarse, entre los que se incluyeron aspectos concernientes al matrimonio, el concubinato, la pensión alimenticia, el Registro Civil, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y la nueva forma de integrar el nombre y los apellidos en el acta de nacimiento. ¿Cómo puede aducirse desinformación de la población cuando los diputados aceptan que se discuta una cuestión que desconocían? Al llegar el turno del tema a que me refiero, aún no se había distribuido la
propuesta. Es decir, la mayoría nunca supo qué votó. Todos los legisladores presentes —ya que había 20 ausentes— optaron por dispensar la distribución y también su lectura. El único orador fue un diputado, quien sólo hizo mención de lugares comunes sin ahondar en la naturaleza de las nuevas disposiciones. Al no haber opositores se procedió al sufragio, que arrojó como resultado 39 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones. El decreto se publicó en la Gaceta Oficial el 28 de julio. En esencia, se aumentaron dos requisitos previos para contraer matrimonio y se agregó una solemnidad para su celebración. La primera condición, que se halla en el artículo 97, exige a las parejas asistir a un curso prenupcial impartido por personal profesional capacitado por el Registro Civil, en el que se tocarán temas como la violencia familiar, las capitulaciones matrimoniales, la planificación, la salud sexual, el respeto a la equidad de género, entre otros. Encuentro intrusiva la idea del Estado de incidir en las decisiones de las relaciones personales, como son la elección sobre si desean o no tener hijos y bajo qué criterios culturales y religiosos serán educados, por poner sólo un ejemplo del sinfín de situaciones que pueden derivar de ello. Sumado a lo anterior, habría que reflexionar sobre qué se entiende por “personal profesional capacitado”. El segundo requisito, contemplado en el mismo artículo, establece que será necesario obtener un certificado que aclare si alguno de los contrayentes se encuentra inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Si uno de ellos aparece registrado, esto no constituye un impedimento para que la unión se celebre ni anula la posterior acción del cónyuge informado para reclamar alimentos. Además, hay una redundancia en las formas operativas para obtener este documento, pues lo solicita la misma institución que lo expide, lo cual causa un embrollo burocrático.
La solemnidad que se añade a la ceremonia consiste en la lectura obligatoria de votos, los cuales, según la exposición de motivos, serán únicamente para manifestar “sus más personales reflexiones y sus íntimos compromisos y expectativas al contraer matrimonio”, sin constituir compromisos jurídicos vinculantes. Para efecto de llevar a cabo la redacción de los mismos, se señala que podrán asesorarse por personal del Registro Civil, lo anterior conforme al reformado artículo 102. Si bien es cierto que en una ceremonia religiosa se leen votos a manera de compromiso ante el cónyuge, no existe una definición de los mismos ni de cuál será su contenido. En el caso que nos incumbe, no se indica si el juez del Registro Civil puede modificarlos o prohibirlos cuando en ellos se exprese algún aspecto que para él no sea conveniente. Añado, por último, que tampoco se contempla una sanción en caso de que se incumpla con el contenido de los mencionados compromisos. Cabe decir que, conforme al segundo artículo transitorio del mencionado decreto, éste entrará en vigor al día siguiente de su publicación; sin embargo, el artículo siguiente da un plazo de 90 días al jefe de Gobierno para hacer las modificaciones al reglamento del Registro Civil. Esta disparidad entre la expedición teórica y su aplicación práctica genera un inexplicable vacío, que puede provocar que quienes se casen el día de hoy incurran en nulidad matrimonial. Para efectos de investigación, acudí a las oficinas del Registro Civil y me encontré con que el personal no está consciente de ese riesgo, ni de las transformaciones que sufrió el Código Civil. Una vez más, atestiguamos los vicios que puede acarrear una lectura superficial de las necesidades sociales, pues las decisiones que se toman para atenderlas no suelen ir acompañadas de la planificación que garantice su eficacia. u * Licenciado en Derecho por la UNAM y notario 233 del Distrito Federal.
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El Mundo del Abogado / Noviembre 2014 El Mundo del Abogado / Octubre 2014
ENTREVISTA Diana Reyes
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Perla Gómez Gallardo Un año al frente de la CDHDF Abogada litigante desde muy joven, Perla Gómez Gallardo obtuvo el título de licenciatura en Derecho a los 22 años; a los 25 terminó la maestría y a los 29 el doctorado, todos con mención honorífica; en ambos posgrados recibió la Medalla Alfonso Caso al Mérito Universitario con promedio de 10, y a los 36 fue elegida presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) —siendo la primera mujer en presidir a la institución—, donde recientemente cumplió un año de gestión, del que nos habla en esta entrevista.
¿
Qué representa ser la primera mujer, además de ser abogada litigante, en presidir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal? Siempre destaco el privilegio de tener una formación en una institución pública. No sería lo que soy sin haber accedido a la educación en la máxima casa de estudios, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y a la investigación en la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuando defiendes derechos te enfrentas a otra realidad. Ese compromiso social lo adquirí en la universidad. Por otro lado, al decir que llega una mujer prefiero pensar en el objetivo al cual llegamos: acentuamos la igualdad en todos sus términos, pues en el seno de la institución no hay registros de discriminación, y fomentamos políticas de equidad donde el género no sea el término, sino la equidad del acceso en las mismas condiciones, sin prejuicios.
Necesitamos un eje estratégico de gestión de igualdad de género que ni siquiera se tenga que mencionar; simplemente que se actúe de manera espontánea. Pero por desgracia no hemos logrado esa igualdad. Tenemos una agenda muy delicada en materia de género: violencia intrafamiliar, feminicidio, trata de personas, libertad del trabajo sexual, aspectos que desde una visión femenina dan otro enfoque; sin embargo, las diferencias del estilo no deben variar por ser hombre o ser mujer, sino en función del perfil y el trabajo que se realiza entre todos y todas. A 21 años de la creación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ¿cómo describiría la evolución de este organismo hasta el día de hoy? Es la Comisión que lleva la mayor cantidad de atenciones en todo el país, por el número de población que vive y transita en el Distrito Federal. Hasta octubre pasado
atendimos a alrededor de 35,000 personas; en comparación con otras, ésta ha tenido una visión progresista con los gobiernos capitalinos que siempre han mostrado gran apertura hacia los derechos humanos. ¿Cuáles son las principales violaciones a los derechos humanos que han detectado en el Distrito Federal? Recibimos el mayor número de quejas de las personas en reclusión. Es un tema muy sensible pero eso no quiere decir que no existan otros derechos que pudieran ser vulnerados. La Comisión también se enfoca en otro tipo de derechos sobre los que las personas no presentan quejas inmediatamente; por ejemplo, los niños y las niñas, los adultos mayores o las personas en situación de calle. Aunque no representan el mayor número de quejas, son el tipo de población al que nos tenemos que acercar, porque pudieran no tener la misma accesibilidad que tendrían personas en reclusión, por tener un interés inmediato en su liberación o por un debido proceso. ¿Cuáles son los principales retos que advierte en materia de defensa de los derechos humanos? En la Ciudad de México, un reto actual y fundamental es la anunciada nueva Constitución. Éste será el fundamento que deberá incluir todos los derechos adquiridos que se han tenido sin la existencia de dicha Constitución. Enfrentamos un fenómeno peculiar: tenemos una gran variedad de leyes que han otorgado diversos derechos y ahora debemos encontrar una forma para que la Constitución plasme en su parte dogmática todo el aspecto progresista de derechos humanos, sin un solo retroceso. Ésa es la primera clave, que se plasme la visión que tiene esta Constitución desde lo que implican los derechos adquiridos. Otro desafío implica el hecho de la visualización y la prevención. Además de
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ENTREVISTA Diana Reyes
ver y atender las violaciones, tenemos que anticiparnos para detectar patrones de conducta con el fin de evitar que puedan detonar nuevas violaciones.
Este año hemos tenido especial cuidado en plasmar una fuerte dosis de rigor a las recomendaciones. La parte más difícil que tiene una Comisión en la defensa de derechos es la emisión de recomendacio¿Qué programas están implementando o nes a la autoridad. Es importante que sean en qué líneas están trabajando con mayor aspectos cumplibles, exigibles y siempre dedicación? desde la perspectiva de la víctima. Como eje y signo distintivo de nuestra Otras dos características de nuestra gestión tenemos la prevención, porque actuación diaria es la transversalidad en el implica una articulación estratégica que enfoque de género —tanto en el interior se puede realizar tanto con la sociedad como en el exterior—, como una acción civil como con las autoridades. La parte de de equidad, no sólo de llevar a cabo una visibilización involucra poner en el centro política, sino de instrumentar una acción de atención de la sociedad aspectos que integral hacia toda la institución. Y la otra probablemente no indignan o no interesan es la transparencia como eje rector para la a muchos porque no se les ha dado el difusión de nuestras actividades. enfoque adecuado. Todo lo anterior con el afán de articular Hay muchos temas en los tipos de derela continuidad institucional de las buenas chos que prevalecen en nuestra ciudad: el de- prácticas que se han llevado a cabo, porque recho a la cultura, a las relaciones lésbico, gay, representan el desarrollo de 21 años de travesti, transexual, transgénero, bisexual e una institución. Finalmente las personas intersex, sin prejuicios, en un ambiente plural que conforman la institución son las que le y sin discriminación, por ejemplo. dan esa fortaleza.
Perla Gómez Gallardo es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada y maestra en Derecho con mención honorífica en la UNAM, y con doctorado con mención honorífica gracias a la tesis “Revisión epistemológica de los alcances y límites de la libertad de expresión y del derecho de acceso a la información frente a los derechos de la personalidad tratándose de figuras públicas”.
¿Es posible separar la actuación de un organismo defensor de los derechos humanos de ideologías y fines políticos? Vivimos en una sociedad plural y uno de los objetivos de la Comisión es mostrar una visión incluyente mediante la cual todas las voces sean escuchadas. Pero nuestra base siempre será una perspectiva progresista de derechos humanos, conforme a la cultura del respeto, la pluralidad y su reconocimiento; sin que un derecho pase por encima de otro o se tengan que jerarquizar, salvo en los casos concretos por definir. Más que ideologías o tendencias, que son válidas en cualquier sociedad plural y democrática, hemos cuidado al máximo que la Comisión no sea una arena en la que intereses políticos quieran dirimir sus diferencias. ¿Cuál es la incidencia de las recomendaciones emitidas por el organismo? En los 21 años que tiene la Comisión existen diferentes tipos de recomendaciones: desde las que van dirigidas a una persona en específico, que requieren una indemnización o una reparación, hasta las recomendaciones estructurales. Por ejemplo, una de las más antiguas que se sigue incumpliendo es la referente a la parte de infraestructura en los reclusorios, así como a aspectos de dignidad y a la forma en la que se trata a los reclusos. Hay políticas públicas que se deben atender no sólo con presupuesto, sino con planeación para anticipar los escenarios que se vayan presentando: temas de accesibilidad, de no repetición de casos, por ejemplo, o de debido proceso o de tortura. Son prácticas que no están generalizadas por la autoridad, pero que requieren un reconocimiento. Un logro relevante fue que todas las recomendaciones que se han emitido durante este primer año de gestión han sido aceptadas por las diversas autoridades a las que nos hemos dirigido. Esta situación ha sido posible fundamentalmente porque
hemos sido muy precisos a la hora de conformar dichas recomendaciones y, hay que decirlo, también por la sensibilidad que ha mostrado el actual gobierno del Distrito Federal, lo que beneficia a las víctimas. El sentir de una parte de la sociedad mexicana es que las comisiones de derechos humanos defienden a los delincuentes y dejan a un lado a las víctimas. ¿Cómo plantea la CDHDF cambiar este paradigma social? Entre las virtudes que debe tener cualquier ombudsman están la paciencia y la reiteración. Hay que decirlo de manera categórica: defender derechos humanos no tiene que ver con proteger a los delincuentes, sino con procurar que no haya más infractores de la ley, y que no se inventen culpas. Tenemos que cambiar la percepción que existe y vamos por buen camino. Algo que queremos destacar en relación con las víctimas es que son la parte sustancial en la defensa de los derechos humanos; pero si la autoridad infringe el derecho del presunto responsable, lo que hace es violar el derecho de una persona; en ningún contexto y en ninguna sociedad civilizada se puede permitir, por ejemplo, que bajo tortura se le haga responsable de un delito. Tenemos que equilibrar dos aspectos: no deseamos la construcción de culpables y sí queremos que la víctima tenga un derecho a la justicia. Y que quien se equivoque tenga un debido proceso. El verdadero reto es que la sociedad se convenza de que la institución le sirve. Por mi parte yo estoy convencida de que la mejor forma de discurso son los resultados. A un año de gestión hemos efectuado acciones que se pueden fiscalizar, y seguiremos trabajando en función de resultados, con el objetivo primordial de fortalecer a la institución. Por otro lado, hay políticas públicas que se robustecen con las recomendaciones en temas de accesibilidad o en materia de género; otra muy interesante que ahora estamos posicionando es la materia de
derechos humanos laborales. A pesar de la limitante que tenemos en el Poder Judicial, de que no podemos pronunciarnos sobre sentencias, sí podemos ver un debido proceso y mejores prácticas para la atención integral de las autoridades a los trabajadores al servicio del Estado. A un año de ocupar el cargo de presidenta del organismo, ¿qué evaluación hace de su gestión? Durante el primer año de mi gestión, el diagnóstico que pudimos hacer es que se trata de una institución fuerte. Nunca se han interrumpido los trabajos de la Comisión, lo que habla de su consolidación institucional, donde las personas continúan desarrollando sus labores con el mismo compromiso y la misma responsabilidad de siempre. Hemos avanzado de manera firme. Una de las directrices que nos marcamos desde el inicio fue abatir el rezago de expedientes en las visitadurías, toda vez que había casos hasta de 2007 que no habían sido concluidos. Le pedí al equipo de trabajo que asumiera un compromiso institucional para que los rezagos no fueran mayores de dos años y, en casos excepcionales, se vayan documentando como corresponde. Hasta el cierre de octubre, logramos abatir ya en más de 40 por ciento ese rezago. Una decisión importante ha sido reconocer el trabajo de las personas, y ofrecerles mejores condiciones laborales, por lo cual se emitió el nuevo estatuto para el servicio profesional, se regularizaron las prestaciones que pudieran fomentarse en mejores términos, y se ha destacado el tema de la profesionalización y los resultados. Además, más de 60 integrantes de la Comisión fueron promovidos a mejores puestos. Consideramos que éste es un mensaje positivo, porque se reconoce el esfuerzo de la gente. El mensaje en el seno de la comunidad de la Comisión es que sus trabajadores son el pilar institucional. Algo que destaco mucho en la CDHDF es que en el área de defensa, que está
constituida por siete titulares, cinco son de la institución, personas que han laborado entre siete, 18 y 20 años, periodo que permite una forma de profesionalización y de reconocimiento al trabajo. Este año hemos logrado acercar a la Comisión a la gente. A través de las diversas unidades del Ombudsmóvil, atendemos a las personas en todas las delegaciones y acudimos a centenares de colonias, donde lo mismo se recogen quejas que se otorgan orientaciones. De hecho, vamos a adquirir otras cuatro unidades el Ombudsmóvil y al final de la presente gestión queremos que haya una por cada delegación política del Distrito Federal. ¿Cuáles son los proyectos que desea implementar a futuro? Seguir fortaleciendo a la institución. Mi compromiso es dejar la Comisión en mejores condiciones, con una ética de trabajo fortalecida. Los derechos humanos dignifican a cualquiera que los emprende, por eso quiero implementar una incidencia real, inteligente, estratégica y prudente. No deseo la declaración fácil ni el golpeteo frívolo. Seguiré trabajando en incidencia, prevención y rigor técnico. Como abogada y litigante, sé cómo se emite una recomendación: se acorta el margen de discrecionalidad y no hay más que atenderla o someterse al escrutinio público. Como abogada tengo muy claro que vamos a ser un actor estratégico y prioritario cuando se marque la ruta para crear la Constitución. Es una oportunidad histórica la eventualidad de posicionar los derechos humanos en el ordenamiento jurídico. Seguiremos trabajando con el propósito de que no nos vean como el enemigo a vencer, sino como un aliado, para demostrar a la sociedad que las instituciones son para los derechos humanos. En la CDHDF sí hay una incidencia estratégica. Además, es un ente útil en el contexto actual: es la voz de las personas. u
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REPORTAJE Fotografías: BNA
Jornadas Jurídicas en Homenaje a Xavier Gómez Coronel La Barra Nacional de Abogados, A.C., y su Facultad de Derecho, llevaron a cabo las Segundas Jornadas Jurídicas en Homenaje al Maestro Xavier Gómez Coronel (1950-2013), del 22 de septiembre al 4 de octubre pasados, mismas que se realizarán en sus respectivas subsecuentes versiones durante septiembre de cada año.
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n las Segundas Jornadas Jurídicas en Homenaje al Maestro Xavier Gómez Coronel participaron académicos universitarios, abogados postulantes, funcionarios públicos e investigadores, todos de alto nivel y reconocimiento, quienes expusieron tópicos de actualidad en el orden jurídico nacional y de gran importancia para el desarrollo y el devenir histórico de nuestro país. Asistieron a las conferencias magistrales, integrantes del Claustro de Catedráticos, alumnos y egresados de licenciatura, maestrías y doctorado de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. El programa académico estuvo integrado de la siguiente manera: Rafael Castillo Ruiz, destacado abogado postulante y académico universitario, así como consejero y miembro distinguido de la Barra Nacional de Abogados (BNA), quien desarrolló el tema “El lenguaje del abogado”; Juan Velásquez, destacado abogado postulante y académico universitario, así como consejero y miembro distinguido de la BNA, con el tema “La pena de muerte en México”; Eduardo López Betancourt, destacado
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académico universitario y presidente del Consejo Consultivo de la BNA, quien en su ponencia se refirió a la “Federalización de la justicia en México”; Consuelo Sirvent Gutiérrez, destacada académica universitaria, catedrática del doctorado de la Facultad de Derecho de la BNA, con el tema “Sistemas jurídicos contemporáneos: el problema árabe-israelí”; Miguel Carbonell, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien desarrolló el tema “El control de convencionalidad: un desafío para los abogados mexicanos”; el diputado Eduardo Santillán Pérez y el diputado Vidal Llerenas Morales, integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quienes debatieron sobre “Legalización
de la marihuana”; Carlos Daza Gómez, destacado abogado postulante y académico universitario, así como presidente del Colegio de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM, quien desarrolló el tema “La dogmática dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales”; Sandra Yáñez Gómez, en representación del maestro Marco Antonio Baños Martínez, consejero del Instituto Nacional Electoral, quien presentó el tema “Retos del sistema electoral mexicano”; Napoleón Conde Gaxiola, investigador y destacado académico universitario, catedrático del doctorado
de Derecho de la BNA; María del Carmen Padrón Alvarado, vicerrectora académica de la FDBNA; Madeleine Gómez Coronel Yslas, directora ejecutiva de la FDBNA; Luz Marina San Vicente Rodríguez, directora de la FDBNA; Leticia Castro Medina, directora de la División de Estudios de Posgrado de la FDBNA; Georgina Arjona López, directora académica de la FDBNA; M. Mariano Gómez Hernández, presidente de Relaciones Institucionales de la BNA; Sinuhé Reyes Sánchez, abogado general de la BNA; Juan Francisco Solorio Cardiel, miembro de la Junta de Gobierno de la FDBNA; Tomás Caparroso Franco, miembro de la Junta de Gobierno de la FDBNA; Juan Manuel Rubiell Lozano, miembro de la Junta de Gobierno de la FDBNA, así como doña Madeleine Yslas de Gómez Coronel. u
de la Facultad de Derecho de la BNA, desarrollando el tema “La importancia de la hermenéutica en el Derecho”; Everardo Moreno Cruz, destacado abogado postulante y académico universitario, así como consejero y miembro distinguido de la BNA, quien desarrolló el tema “El proceso penal mexicano y el Código Nacional de Procedimientos Penales”; Jesús Parets Gómez, director del Registro Público del Derecho de Autor del INDAUTOR, así como catedrático del doctorado de la Facultad de Derecho de la BNA, quien presentó el tema “El acceso abierto de contenidos protegidos”; María de los Ángeles Fromow Rangel, titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación, así como consejera y miembro distinguida de la BNA, con el tema “La implementación del
sistema de justicia penal”; Segundo García Hinojosa, destacado abogado postulante y académico universitario, quien desarrolló el tema “Constitucionalidad de la delimitación de los salarios caídos”; Marco Antonio Pérez de los Reyes, investigador y destacado académico universitario, con el tema “Historia del Derecho mexicano”; Alberto del Castillo del Valle, investigador y destacado académico universitario, quien presentó el tema “Derechos humanos” y explicó el funcionamiento de la Biblioteca virtual VLex, a la cual tienen acceso todos los integrantes de la comunidad académica de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados (FDBNA). Destacó la participación en los diferentes presídiums de las siguientes autoridades institucionales: Xavier F. Gómez Coronel Yslas, presidente de la BNA; Gustavo Escalante Patiño, rector de la Facultad
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LIBROS
Paralelamente, tenemos las obligaciones contraídas por nuestro país con la firma de diferentes tratados internacionales que dan lugar a todo un nuevo sistema jurídico que sin duda nos obliga a replantear todos los criterios de interpretación tanto de las normas penales sustantivas como de las procesales para conseguir su correcta aplicación y evitar fracasos. Esta obra la integran tres libros. En el primero, Enrique Díaz-Aranda establece los fundamentos y los mandatos a los que se debe ajustar el Derecho penal mexicano para cumplir con lo dispuesto en nuestra Carta Magna y los instrumentos internacionales. Después expone la teoría del delito funcionalista social a partir de tres categorías fundamentales: conducta típica, antijurídica y culpable, las cuales aplica a casos reales con el fin de que el lector pueda entender de manera sencilla
y breve cómo emplearlos en el nuevo sistema. En el segundo libro, Claus Roxin desarrolla la tentativa, la frustración, el delito putativo, las formas de autoría, la participación, la complicidad, los aparatos organizados de poder y los fines de la pena. Es bien conocida la gran influencia que este autor ha tenido en el mundo, así como las valiosas y originales aportaciones doctrinales que ha realizado para solucionar precisamente dichos problemas complejos. Por su parte, la ex juez del Tribunal de Juicio Oral, Catalina Ochoa Contreras, quien también fue juez penal en el proceso penal mixto, estructura el tercer libro apegada al programa de la materia de Derecho procesal penal difundido por la SETEC y lo aplica al Código Nacional de Procedimientos Penales, para explicar sus conceptos y compartir sus experiencias en la práctica judicial. Además, advierte sobre los problemas en cada etapa procesal y ofrece las alternativas para solucionarlos conforme a las nuevas reglas del sistema acusatorio.
grandes rasgos la terminología básica que utilizarán en su actividad profesional. Asimismo, para la sociedad en general resulta indispensable tener noción elemental del lenguaje jurídico, ya que el Derecho, que es la fuente de este lenguaje especializado, al contrario de otras ciencias, repercute en casi todas las acciones o situaciones del ser humano. Aún más, en los últimos tiempos se ha registrado una progresiva actividad en materia de derechos humanos, acompañada de nuevos términos, que es indispensable conocer. En el contexto de estas necesidades, este libro describe, de manera general, las características del lenguaje jurídico, su origen y su evolución, los términos de uso
común en la comunidad jurídica, las imprecisiones normativas y terminológicas en las que suele caerse, los temas y términos recientes, así como el lenguaje no jurídico utilizado por especialistas en Derecho.
Lineamientos prácticos de teoría del delito y proceso penal acusatorio Enrique Díaz-Aranda, Claus Roxin y Catalina Ochoa Contreras Straf, México, 2014
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a reforma constitucional del 18 de junio de 2008 será recordada como el inicio de la transformación del sistema de justicia penal y de seguridad pública en México, a la cual se le han sumado la reforma del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos y el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales del 5 de marzo de 2014.
El lenguaje jurídico Miguel López Ruiz México, 2013
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l empleo incorrecto del lenguaje jurídico, así como el uso de rasgos de estilo ajenos a la materia, ocasionan problemas de diversa índole. Por ejemplo, la inclusión de una definición errónea o de un término con un significado distinto podría dificultar la interpretación; o, en el caso de las resoluciones judiciales, un razonamiento elaborado con lenguaje pretencioso, inusual e impreciso podría ocultar un argumento falaz, tendencioso o parcial. Para quienes se inician en el estudio del Derecho es muy importante conocer a
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Occidente, se dio a la tarea de recopilar los perfiles de algunos de los más disparatados ególatras que han pasado por el mundo. Precisemos: de los ególatras con poder político. En bien logradas y breves estampas, nos cuenta los excesos de Alejandro Magno, Nerón y Napoleón. Su mirada no se detiene ante regímenes de izquierda o de derecha, y vemos desfilar también a Stalin, Hitler, Mao, Franco y los hermanos Castro. Los personajes más interesantes del libro, sin embargo, son aquellos déspotas de los que hemos oído hablar poco en México. Por ejemplo, Saparmyrat Niyazov, el reyecillo de Turkmenistán que se hizo erigir una estatua de oro en medio de la capital y, no contento con ello,
cambió el nombre de los meses del año, para bautizarlos con el suyo y el de su madre. O ante Paveli, protegido del papa Pío XII y aliado de Hitler, que emprendió en Croacia sangrientas cruzadas para “convertir” al cristianismo a musulmanes y judíos. A algunos les reconoce méritos —como a Atatürk y a Ho Chi Minh—, pero ningún político que haya promovido o tolerado el culto a su persona sale indemne. Al final de la lectura, los abogados quedamos convencidos de que el Derecho debe ser un freno para estos maniáticos que tanto daño han causado. Es claro que el Derecho depende del ejercicio político y éste, a su vez, de la distribución de fuerzas en una sociedad. Pero cuando las instituciones están bien diseñadas y señalan, contundentes, periodos para gobernar, esquemas de rendición de cuentas y castigos para los abusos, es más fácil evitar a los megalómanos.
negro, y unos jeans que se ajustaban perfectamente a su cuerpo. Todo fino, caro y de buen gusto, como ella. Su cuerpo tiritaba de miedo y de frío debido a la lluvia que había caído desde las siete de la mañana. Estaba a punto de lograr su cometido: lanzarse desde lo alto del puente. Poseedor de una prosa ágil y envolvente, así como de un ritmo cinematográfico, el autor convierte la más solitaria y personal de las decisiones —la idea del suicidio— en una encrucijada que reúne en torno a la protagonista una serie de personajes memorables: policías al margen de la ley, jefes de bomberos alcoholizados, abogadas angelicales y despiadadas, veteranos camarógrafos a punto del retiro y reporteros en busca del éxito. Todos ellos han sido convocados por un destino incierto que parece darles una última oportunidad para redimirse o condenarse
Puerta Santa Fe es una historia reveladora sobre la condición humana, con personajes que se abren paso entre las profundidades de sus miedos, sus culpas y sus soledades en busca de la vida, en cualquier lugar donde ésta pueda encontrarse.
Historia mundial de la megalomanía Pedro Arturo Aguirre Debate, México, 2014
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l abogado Pedro Arturo Aguirre, a quien ya conocemos por sus trabajos sobre los sistemas electorales y sus propuestas para modernizar los sistemas de control democrático en
Puerta Santa Fe Francisco J. Cortina Océano, México, 2014
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espués del éxito de su primera novela, La chica IBM. Historia de un secuestro, publicada en 2011, el abogado Francisco J. Cortina nos ofrece la novela Puerta Santa Fe, la historia de Fernanda Bendiksen, una joven de 22 años de tez pálida, delgada, de cabello rubio y ensortijado. Aquella mañana de un lunes de junio se encontraba en el borde más alto del puente vehicular conocido como Puerta Santa Fe, una exclusiva zona de corporativos, centros comerciales y rascacielos, caracterizada por el éxito, los grandes negocios y la buena vida. Vestía una blusa blanca a la moda, un pequeño chaleco
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LIBROS de explicar los alcances de la justicia constitucional federal —el juicio de amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad— y de explorar las posibilidades de consolidar el constitucionalismo en los estados, el local en México, coeditado por Porrúa y la Universidad Anáhuac. Su propósito es di- antiguo senador de la República revisa los tratados internacionales y la jurisdicción rigir nuestra atención hacia un tema poco de la Suprema Corte en el contexto. Para explorado en materia jurídica: el constiapuntalar su trabajo, incluye cuadros tucionalismo de las entidades federativas. comparativos entre las constituciones de “¿Cómo se controla y garantiza en éstas la supremacía constitucional?” Su conclusión todos los estados de la República. Lo más interesante del libro, sin es inquietante: el federalismo judicial no embargo, es el momento en que aparece. existe en nuestro país. Cuando el gobierno federal ha arremetido No hablamos del control constituciocontra las entidades como hacía mucho nal en materia federal, del que tanto se no se veía —ahí está, como muestra, la ha dicho, sino —repetimos— en materia reconfiguración del INE para controlar las local. “Desde que en 1857 se adoptó en definitiva el sistema federal —dice Ricardo elecciones desde el centro—, un jurista Sodi Cuéllar en la presentación del libro— alza la voz para recordar que los estados están siendo postergados, que no se les las entidades federativas han sufrido los puede menospreciar. Y no es cualquier embates de un centralismo de fondo con jurista: es el presidente del partido políuna disminución sostenida y creciente en las facultades residuales que les correspon- tico en el poder. ¿Se trata de una abierta disidencia con lo que han hecho, a últimas de”. Con los señores feudales que hemos fechas, diputados y senadores, al despojar tenido como gobernadores, habría que precisar si estos embates han sido positivos a los estados de sus atribuciones? ¿Qué nos ha querido expresar, si no, el antiguo o negativos… gobernador del Estado de México con Así, luego de examinar el temor del este bien logrado trabajo? federalismo en la Constitución mexicana,
La dimensión del control constitucional local en México César Camacho Quiroz Porrúa/Universidad Anáhuac, México, 2014
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ésar Camacho Quiroz ha combinado con buen éxito sus tareas políticas con su vocación académica. Tanto es así, que cuando concluyó su doctorado en Derecho, en el ámbito político se dijo que se estaba preparando para ser procurador general de la República o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A nadie le asombró, sin embargo, que terminara al frente del Partido Revolucionario Institucional. En un nuevo alarde de su dualidad, Camacho acaba de publicar el libro La dimensión del control constitucional
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Martha Jauffred
De dónde vienen
los vinos
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la cultura del vino sólo pueden acceder los verdaderos bon vivant, quienes saben todo lo que contiene una copa de este néctar, pues es un hecho irrefutable que el “conocer es apreciar”. El mundo del vino es inagotable: nunca se termina de descubrir en él nuevos sabores y aromas. El primer acercamiento a este fascinante universo consiste, precisamente, en distinguir las regiones del mundo que lo producen, ya que cada una de ellas determina muchas características de esta bebida. Desde el tipo de tierra que nutrió a la vid, así como la cepa de las uvas con las que fue elaborado, hasta el olor de las barricas en las que se añejó. Por eso la enología es un mundo aparte con sus propias reglas que le permiten entablar una batalla con la naturaleza para obtener esta bebida, ya que las uvas reaccionan sensiblemente a los cambios climáticos dando buenas o malas cosechas. Así tenemos que Francia, por ejemplo, es un país que cuenta con un sinfín de microclimas que cubren todo su territorio, lo que le permite que ahí se produzcan vinos de gran calidad, los cuales son muy apreciados en el orbe entero. A estas regiones deben su
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nombre vinos como Burdeos, Borgoña, Beaujolais, Valle del Ródano, Provenza, Languedoc y Roussillon, Valle del Loira, Champaña y Alsacia. Otra virtud de Francia es la gran variedad de uvas que se dan en su territorio. En Alsacia, por ejemplo, predominan los blancos en variedades de cepas como la pinot gris o muscat, entre otras. En Burdeos, las uvas más comunes son la cabernet sauvignon o merlot. Mientras que en Borgoña se cultivan la pinot noir y la gamay, sólo por citar algunos ejemplos. En Italia los vinos se clasifican por la zona de la que provienen. Así tenemos vinos del norte, como los de Lombardía o Piamonte; vinos del centro, como los producidos en Toscana y la Romagna, y vinos del sur, que incluyen a los de Calabria. Alemania, por su parte, produce excelentes uvas blancas en las zonas septentrionales de su territorio. La mayoría de los vinos alemanes son, por lo general, bajos en alcohol, ácidos y reconocidos como los mejores del mundo. Las uvas riesling definen la cepa clásica alemana. De los vinos más famosos de este origen podemos mencionar Rheinpfalz, Nahe, Mittelrhein, Ahr, Mosel-Saar-Ruwer, Baden-Württemberg y Hessische. España también tiene lo suyo pues cuenta con más de 60 regiones vitivinícolas, todas con denominación de origen controlado, por lo cual es lógico que el vino español goce de gran prestigio. Al norte, en León, Castilla y Navarra, se obtienen los vinos de Rioja, de carácter fuerte, de gran cuerpo y de color rojo rubí. Al este de Cataluña, el clima mediterráneo beneficia la obtención de tintos y rosados. Bordeando la península, hacia el sur, encontramos la región de Jerez, de donde proviene la bebida del mismo nombre. El vino del Nuevo Mundo Y aunque la enología es parte de la cultura europea por excelencia, en el continente americano también se producen vinos singulares. Es el caso de Chile, cuyos viñedos gozan de ventajosas condiciones climáticas, por lo que los mejores vinos de Sudamérica provienen de esta nación. La zona de mayor importancia, enológicamente hablando, es la central, donde se encuentran los valles de Maipo y Aconcagua. Argentina también elabora buenos vinos, especialmente en la comarca de Mendoza. México no se queda atrás. Ya se han hecho de renombre las Bodegas de Santo Tomás, la casa Pedro Domecq y la casa L.A. Cetto, originarios de Baja California. Por su parte, Estados Unidos es el mayor productor de vino fuera de Europa. Si bien 95 por ciento de sus viñedos se encuentran en California, en Oregon, Washington y Nueva York también se obtienen vinos de notable calidad. u