SUPLEMENTOS ESPECIALES EL PAIS
DESARROLLO
SOSTENIBLE
Bienestar social, crecimiento económico y cuidado ambiental
Es tiempo de tomar medidas
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un llamado universal a poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Se trata de 17 Objetivos con 169 metas asociadas y sus respectivos indicadores, que marcan la agenda 2016 - 2030 para el desarrollo sostenible, según la concepción de la ONU.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el 32% de los 17 Objetivos están clasificados en verde, lo que significa que probablemente se alcanzarían, el 46% en amarillo y el 22% restante en rojo, es decir, se alejan de la meta.
La situación en América Latina y el Caribe parece algo mejor respecto al promedio global aunque con varios retos por resolver.
El panorma global muestra otra realidad desde el análisis de la ONU. De las 169 metas contenidas en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, “solo 15% están en camino, mientras que muchos van en reversa”, sostuvo António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, durante un encuentro que reunió a los líderes de diferentes naciones.
Al menos dos mil billones de dólares tendrían que invertir los gobiernos y el sector privado en “soluciones basadas en la naturaleza” hasta 2050 para conseguir limitar el aumento de la temperatura de la Tierra por debajo de 1,5 grados, alertó la ONU.
SE PRECISA ASIGNAR
US$ 500.000 MILLONES ANUALES PARA FINANCIAR PROYECTOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. En el marco de la semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones, que tuvo lugar en Nueva York los días 18 y 19 de setiembre de 2023, se celebró la cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Incitando a la acción con su expresión de que “Ha llegado la hora” de tomar medidas concretas para materializar los compromisos de enriquecer el porvenir de la humanidad, se firmó una declaración política en la que los líderes reconocen que los ODS no se alcanzarán sin un impulso masivo a la inversión necesaria para lograr transiciones energéticas, alimentarias y digitales justas y equitativas, para transformar la educación y la protección social en los países en desarrollo.
GENERACIONES FUTURAS
Se define el desarrollo sostenible como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. En la
Agenda 2030, los ODS se encuenteran interrelacionados, de modo que el éxito de uno afecta el de otros. Así responder a la amenaza del cambio climático repercute en la forma que gestionamos nuestros recur-
sos naturales; lograr la igualdad de género o mejorar la salud ayuda a erradicar la pobreza; y fomentar la paz y sociedades inclusivas reducirá las desigualdades y contribuirá a que prosperen las economías.
El foco del documento es la implementación y, sobre todo, el financiamiento al desarrollo, para el que urge a asignar US$ 500.000 millones anuales. En esa línea, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) se ha comprometido a destinar el 40% de sus aprobaciones a financiamiento verde para el año 2026.
TRIPLE IMPACTO. En línea con el cumplimiento de los ODS, se encuentra el movimiento que impulsa a empresas y organizaciones a asumir mayores responsabilidades sobre cuestiones medioambientales, sociales y de transparencia en su gobierno corporativo. Del mismo modo que la digitalización significó la mayor fuerza de rediseño organizacional en los últimos años, los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza por sus siglas en inglés), se presentan como factor central de la disrupción organizacional.
Aun antes de que el Covid–19 cambiara rotundamente el día a día de las empresas y la sociedad, el movimiento ESG ya estaba ganando creciente influencia en los principales mercados ante los grandes desafíos de nuestro tiempo. El eje de la estrategia ya no pasa sólo por la búsqueda de rentabilidad, sino por un desarrollo donde el rédito se genere sin comprometer los recursos. Es un modelo basado en tres conceptos clave: valor económico, mirada social e impacto ambiental.
MONITOR
CON 320 GRÁFICAS
Y MÁS DE 1000
VARIABLES
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son la columna vertebral del trabajo de Naciones Unidas en Uruguay. A nivel local, el organismo internacional está implementando 136 proyectos y actividades claves, con fondos disponibles por un monto que supera los US$ 9,4 millones.
A su vez, Uruguay ha desarrollado un Visualizador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para promover una comunicación efectiva de la información disponible.
El director técnico del Instituto Nacional de Estadística, Diego Aboal, destacó que la creación del visualizador para los ODS, mejora sustancialmente la presentación de los avances en cada uno de los objetivos.
“Realmente es un paso muy importante, que refleja el monitoreo de 250 indicadores globales para el seguimiento de las metas” dijo Aboal.
El visualizador se integra de 320 gráficas y más de 1000 variables, las que tienen un acceso fácil e intuitivo para acceder a las mismas. Este trabajo ha tenido una coordinación de muchos organismos estatales para recoger la información y lograr finalizar el trabajo del visualizador.
Por su parte, la gerenta de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, Claudia Romano, sostuvo que publicar variables, metas e indicadores permite ir dando cuenta de los informes voluntarios y el compromiso que el Estado uruguayo tiene con la Agenda 2030 y los ODS.
Compromiso con la reducción de gases de efecto invernadero y la conservación de los bosques nativos para proteger la naturaleza.
Unir lo ambiental a lo económico es posible en Uruguay
La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, sostuvo que unir lo ambiental con lo económico no solamente muestra “la responsabilidad que tenemos como hacedores de política con nuestras poblaciones, sino también la responsabilidad en el sentido que hoy hay un nuevo paradigma en la forma en que hay se relacionan económicamente los distintos actores, en la forma en que se comercializa”. “Si como responsable de la política económica —agregó— uno quiere más crecimiento y más empleo para su país no tiene otra opción que incorporar lo ambiental en lo económico”.
Las afirmaciones de Arbeleche fueron realizadas en el marco de la Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizada en el pasado mes de marzo en República Dominicana.
En su intervención Arbeleche resaltó el compromiso del gobierno con la incorporación del cuidado del ambiente en la política económica y en las políticas públicas. Explicó que la administración que asume en marzo de 2020 en la Ley de Presupuesto quinquenal, ya incorporó un artículo en donde hablaba de la
internalización de la política ambiental en la política económica.
Ante el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, Uruguay también impulsó la idea de aprobar instrumentos financieros innovadores que distingan a los distintos países según la contribución que hacen a los bienes públicos globales, ya sea la mitigación de gases de efecto invernadero o la conservación de la naturaleza.
En ese sentido, Arbeleche afirmó que Uruguay trabajó para la emisión del bono que se realizó en octubre del año 2022 de manera conjunta entre el Ministerio de Economía, el Ministerio de Ambiente y también los ministerios sectoriales de Industria y Energía, y de Ganadería y Agricultura. De esa manera el país emitió un bono en el que por primera vez aparece el instrumento de un incentivo positivo en el caso del cumplimiento determinadas metas vinculadas al cambio climático. En el caso del bono
de Uruguay se eligió la reducción de gases de efecto invernadero y la conservación de los bosques nativos para proteger la naturaleza. Con la internalización e incorporación de estos indicadores en el bono que emite Uruguay, se logra que el cumplimiento de las metas ambientales sean vinculantes en lo financiero, es decir, que haya una consecuencia concreta, señaló Arbeleche.
También en 2023 se aprobó un Préstamo Soberano Sostenible con el Banco Mundial, que está vinculado al cumplimiento de los objetivos de reducción de la intensidad de las emisiones de metano en la producción de carne vacuna, respecto a los compromisos de Uruguay en el Acuerdo de París.
A FONDO. Ante los desafíos planteados a nivel global, es notorio que se han presentado ciertas dificultades a superar. Para Uruguay y el mundo, la década comenzó con el enorme desafío planteado por la pandemia de Covid19, seguido por la guerra en Europa entre Ucrania y Rusia, y más recientemente por el conflicto bélico entre Israel y Hamás. También Uruguay afrontó los efectos de un déficit hídrico que ha sido el de mayor duración y severidad en los últimos 100 años. Sólo por este fenómeno climático el gobierno ha estimado pérdidas directas en la fase primaria agropecuaria por US$ 1.809 millones.
2022 AÑO EN QUE URUGUAY EMITIÓ UN BONO SOBERANO INDEXADO AL CAMBIO CLIMÁTICO.
En tanto, el coordinador residente de las Naciones Unidas en Uruguay, Pablo Ruiz Hiebra, en declaraciones de prensa expresó: “Los ODS han sufrido mucho a nivel internacional por la pandemia y la guerra en Ucrania, que han supuesto un paso atrás muy importante en la implementación de la Agenda 2030, pero comparativamente Uruguay va bastante bien”.
Inversiones en agua potable y saneamiento en el interior
Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible, así como el saneamiento para todos, es la sexta meta es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Uruguay. Éstos integran la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible aprobada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el año 2015.
La Agenda 2030 tiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre los que se encuentra el relacionado con la utilización y gestión del agua potable. En nuestro país, actualmente, hay dos grandes proyectos que OSE tiene en carpeta, relacionados con la propuesta de dicha Agenda.
Uno de ellos es el Plan Universal de Saneamiento cuyos destinatarios son quienes viven en el interior del país. En la primera etapa del proyecto se construirá la infraestructura necesaria para atender 61 localidades del interior del país.
Las obras a realizarse comprenderán 850 km de redes de colectores de saneamiento, 55.000 conexiones domiciliarias, y obras intradomiciliarias de las nuevas conexiones.
Además se construirán 42 nuevas plantas de tratamiento de líquidos residuales, y la complementación de tres plantas de tratamiento existentes, su operación y mantenimiento por los primeros dos años de puestas en funcionamiento.
El gobierno explicó que el promedio de cobertura habrá aumentado entre 10 y 12% para 2027, una vez que hayan sido finalizadas las obras. En esos trabajos proyectados se invertirán más de US$ 320 millones.
En sus planes a largo plazo, el Poder Ejecutivo se había planteado dos grandes desafíos; uno de ellos consistió en fortalecer el sistema de agua del área metropolitana, y el otro era hacer crecer la cobertura del saneamiento en el interior del territorio. En esta etapa, se
GESTIÓN DE RESIDUOS
CON PLAN ESTRATÉGICO
INTEGRAL
SEQUÍA IMPACTÓ EN CRISIS HÍDRICA HISTÓRICA
En el periodo 20232024, la gestión del agua potable y las inversiones asociadas están marcadas por la sequía, que obligó al gobierno a declarar en junio de 2023 la emergencia hídrica vinculada a sistemas de abastecimiento de agua potable en el área metropolitana de Montevideo. Entre 2020 y principios de 2023, Uruguay vivió una de las mayores sequías de los últimos 100 años. La sequía, a diferencia de las inundaciones, es un fenómeno más prolongado y gradual en el tiempo. Esta prolongada evolución aumenta el riesgo tanto para la población como para las actividades económicas. La sequía evidenció la baja resiliencia del sistema de agua potable.
Es propósito de Uruguay mejorar la gestión de los residuos, específicamente a través de la implementación del Plan Nacional de Gestión de Residuos. Más de U$S 30 millones se destinarán para ejecutar este plan estratégico, con aportes desde el gobierno central por US$ 17 millones, adi-
está por firmar el contrato con el Consorcio adjudicatario.
Se estima que las inversiones del ente en saneamiento tienen un impacto positio en la salud de la población de las zonas en donde se harán las obras.
El otro emprendimiento es el denominado Plan Neptuno o Arazatí, que prevé tomar agua del Río de la Plata y así terminar con la dependencia que tiene el área metropolitana, que es provista por una sola fuente hídrica. Este último emprendimiento se ha suspendido por orden judicial. Este plan se financia con inversión privada pero la operación está totalmente a cargo de funcionarios del organismo.
Implica laconstrucción de una toma de agua bruta en la zona de playa Arazatí (departamento de SanJosé) y una planta potabilizadora próxima a latoma de agua bruta.
También está planificado crear una reserva de agua dulce en las proximidades de esta última y una tubería aductora de agua tratada que atravesaría el Río Santa Lucía hasta el recalque de Melilla y desde allí hasta los tanques de Cuchilla Pereira (estos dos últimos pertenecen al sistema de abastecimiento metropolitano,en el departamento de Montevideo).
Como parte de los componentes del proyecto se incluye la construcción de un sitio para la disposición final de los lodos deshidra-
cionales a los fondos aportados por las intendencias, con el objetivo de mejorar los sistemas de gestión de residuos domiciliarios y permitir el cierre de los vertederos a cielo abierto. En este marco, el Poder Ejecutivo ya firmó convenios con 12 intendencias (Rocha, San José, Paysandú, Colo-
nia, Río Negro, Rivera, Florida, Durazno, Maldonado, Lavalleja, Flores y Tacuarembó), a las que se sumaron otras tres intendencias en 2024 (Canelones, Soriano y Montevideo). A través de estos convenios se busca la adecuación ambiental de los sitios de disposición final y el fortalecimiento
tados que se generan como consecuenciadel proceso de potabilización (monorrelleno).
Es una obra que posibilita tener una fuente alternativa al Río Santa Lucía lo cual se considera que es estratégicamente importante.
Se calcula que se va a incrementar en un 30% la capacidad de producción y transporte de agua potable al sistema metropolitano, que es el que abastece a más de la mitad de la población del país.
Las autoridades estiman que el proyecto es “fundamental” para el país, tras la traumática experiencia sufrida el año pasado con la ocurrencia de la histórica sequía. Luego de esta situación quedó claro que Uruguay necesita una fuente alternativa de agua potable.
Por otra parte, se destaca el impacto de las obras de infraestructura en la economía, ya que son emprendimientos que generan un gran derrame, en diversos sectores de la sociedad, beneficiando a muchas empresas y personas.
Mientras tanto, el año pasado OSE ejecutó US$ 117 millones de inversiones en infraestructura para agua y saneamiento. Adicionalmente a los proyectos a ejecutarse previstos en el presupuesto de OSE, para 2024 se prevé el inicio de inversiones adicionales en agua y saneamiento a través de otros instrumentos que totalizarían US$ 39 millones en el año.
de capacidades en cada departamento para avanzar en una estrategia integral. Entre las acciones a ejecutar, se destacan: el cierre definitivo de los vertederos a cielo abierto, la instalación de estaciones de transferencia y mejoras logísticas, la mejora en equipamiento e infraestructura en sitios
de disposición final y la incorporación de elementos de gestión para la mejora en la calidad del servicio de gestión de residuos. Como principal resultado se destaca la clausura del vertedero de Ciudad del Plata, el cual se transformó en una estación de transferencia de residuos.
El Plan Universal de Saneamiento comprenderá 850 km de redes de colectores.
El Banco de la transición climática
La estrategia de sustentabilidad de Itaú lanzada en 2019, es el resultado de un proceso continuo de identificación y evaluación de los riesgos y desafíos globales. Estos temas se agrupan hoy en nueve compromisos de impacto positivo, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que orientan la búsqueda de un desempeño más sostenible, negocios que generen impacto positivo y la mitigación de potenciales impactos negativos en la sociedad y en el medio ambiente.
El CEO de Itaú en Uruguay, Agustín Tafernaberry, expresó: “El sistema financiero tiene un importante papel para promover el crecimiento económico y fomentar prácticas que conduzcan a una sociedad más sostenible. Creemos que los ODS pueden impulsar transformaciones positivas porque ayudan a dirigir esfuerzos y priorizar iniciativas”.
Itaú ha incorporado el concepto de triple impacto en su gestión mediante la adopción ge-
neralizada de criterios ESG. Se trata, por ejemplo, de analizar los riesgos y las oportunidades en relación con los proyectos que financia, dando prioridad a los que tienen impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad.
Itaú busca ser el banco de la transición climática para sus clientes, ofreciendo soluciones y productos innovadores. “Estamos formándonos para entender el impacto y apoyar a empresas y organizaciones en el reto de des-
carbonizar las operaciones para 2050. Queremos ofrecer a nuestros clientes opciones que les permitan dar un paso más en los retos que plantea el cambio climático liderando desde el ejemplo, tanto como Banco como de
cada colaborador”, destacó Tafernaberry.
En 2023, Itaú en Uruguay logró reducir las emisiones de Alcance 2 en 98 toneladas de C02 en el consumo anual de electricidad y en el consumo de agua potable un 36% respecto al año anterior.
El Banco también visualiza “una gran oportunidad en la creciente emisión de bonos sostenibles, bonos verdes y bonos sociales” como forma de financiar proyectos que cumplan criterios ESG en el país.
En 2023, Itaú participó en la estructuración e implementación del primer Bono de Impacto Social del país en el que aportó 200.000 dólares, convirtiéndose en el mayor inversor privado en esta iniciativa. “Este tipo de instrumentos financieros no solo responden a una creciente demanda de inversores institucionales y particulares que buscan alinear sus inversiones con sus valores sociales y medioambientales, sino que también refuerza nuestro compromiso con el desarrollo sostenible”, concluyó.
Medio ambiente no es motivo de preocupación para uruguayos
La situación ambiental y los problemas conexos con ésta, no aparecen de manera espontánea en los uruguayos cuando se les pregunta por los temas que los preocupa más, sus prioridades pasan por la seguridad, el desempleo o la situación económica”, dijo a El País el sociólogo Martín André, director de Estudios Corporativos de Equipos Consultores.
Sin embargo, no sienten el cuidado del medioambiente como una preocupación ajena. “Cuando se les pregunta qué problemas ambientales perciben como más urgentes, surgen temas bien definidos, y mayoritariamente se da una respuesta concreta”.
En consecuencia, el cuidado del medioambiente y la necesidad de que el sistema sea sostenible “no son cuestiones desconocidas, hay percepciones y valoraciones sobre el tema”, indicó André.
Los temas que los encuestados consideran como más problemáticos son los que tienen que ver con la disposición y gestión de los residuos y la contaminación del agua.
El orden se repite en la encuesta realizada este año. Hay que recordar que en 2023 hizo eclosión la emergencia hídrica, que se venía atravesando desde hacía más de un año. Fue así que la crisis tuvo una inevitable influencia en los sondeos realizados entonces.
Mientras tanto, en 2024, una de las cosas que se observa es que el tema hídrico “cae un poco y aparece la contaminación de las plantas de celulosa, luego de varios episodios que han tomado estado público”.
Puede concluirse que los temas contextuales toman cierta relevancia, en un panorama que se mantiene estable.
CONSUMO Y PRODUCCIÓN
RESPONSABLE
DATOS TÉCNICOS DE LA ENCUESTA
En el Monitor Ambiental 2024 se recogen “Percepciones, valoraciones y conductas relacionadas al cuidado del ambiente”.
El universo de estudio fueron todas las personas de 18 años y más, residentes en localidades mayores a 2.000 habitantes en todo el territorio nacional. Los encuestados se seleccionaron en base a una muestra estratificada, probabilística, multietápica de hogares, que utiliza cuotas de sexo y edad para la elección final del entrevistado.
El tamaño muestral fue de 704 casos, con un margen de error de +- 3.7%. Se tomaron 176 puntos muestrales en todo el país.
El Objetivo 12 del Pacto Mundial pretende cambiar el modelo actual de producción y consumo para conseguir una gestión eficiente de los recursos naturales, poniendo en marcha procesos para evitar la pérdida de alimentos, un uso ecológico de los productos químicos y disminuir
Por otra parte, respecto a los temas medioambientales que preocupan, surgen matices según sea la zona a la que pertenece la persona encuestada.
De esto surge que la basura es el problema más importante que perciben los habitantes de Montevideo. Por su parte, las inquietudes por la calidad del agua para consumo humano, aparece en Canelones, mientras que la preocupación por el uso inadecuado de agroquímicos, se presenta entre los consultados que viven en el interior del país.
Esta información queda en evidencia a la hora de segmentar los resultados por determinadas variables.
La mayor parte de los encuestados declaran que la situación ambiental no es ni buena ni mala. Pero cuando se toma en cuenta la variable edad, quienes la perciben como mala o muy mala en términos relativos, son los más jóvenes, quienes tienen hasta 30 años. No obstante, resulta alentador que quienes señalan esto “no creen que la situación esté empeorando, no son pesimistas”, sostuvo el entrevistado. En otro orden, 8 de cada 10 en-
la generación de desechos. El interés por la sustentabilidad y por aquellos bienes y servicios que aporten al cuidado del ambiente es cada vez más creciente entre los consumidores. Un estudio de Boston Consulting Group (BCG) estableció que un 80% de las personas hoy en día
tienen a la sostenibilidad como un componente de su proceso de toma de decisiones de compra de bienes y servicos. Sin embargo, sólo un 20% está comprando un producto sostenible porque lo prefiere sobre otro y solo el 4% está dispuesto a pagar más por ello. Además, el nivel de personas
cuestados declara estar realizando su mejor esfuerzo personal para respetar al medio ambiente.
Cuando se pregunta cuáles son estas acciones que se hacen a nivel individual para colaborar con la sostenibilidad, los consultados destacan dos acciones concretas. Una tiene que ver con la racionalización en el uso de la luz eléctrica, y la otra con el uso conciente de la bolsa de tela para hacer las compras en sustitución de la otrora muy utilizada bolsa de plástico. Esta variable se mantiene estable en sus resultados, desde el año pasado.
A su vez, mayoritariamente se entiende que “la responsabilidad es del otro”. En este sentido, “diversas perspectivas sociológicas coinciden en que hay un repliegue hacia la individualidad, lo cual se puede traducir en un recelo o desconfianza hacia las acciones y actitudes del resto”, explicó André.
Cuando se pregunta que hace el Estado en cuanto al cuidado del medio ambiente, los más críticos son los más jóvenes, que consideran que se podrían hacer más esfuerzos en este sentido.
que está dispuesto a pagar un precio un 20% superior o más por carne vacuna y leche entera de productores que compensen o disminuyan sus emisiones es del 14% y el 11%, respectivamente. A nivel regional, la tendencia se ve confirmada con la disposición a cambiar de marca o proveedor
por un producto más sustentable, dice el estudio. “El 52% de los consumidores estarían dispuestos a cambiar su proveedor de carne vacuna y el 54% su marca favorita de leche entera, si estos compensaran o disminuyeran sus emisiones de gases de efecto invernadero”, indica el reporte.
Hace muchos años que Equipos Consultores alimenta con datos el Monitor Ambiental.
Durante décadas, las empresas midieron su capital ético aplicando la responsabilidad social empresaria. Esta consistía, básicamente, en realizar donaciones a ONG que trabajan en temas medioambientales, en ayuda a sectores necesitados o en la inclusión. Pero hace poco más de 10 años que un grupo de personas visualizaron la posibilidad de que las empresas no se limitaran a un rol filantrópico —que finaliza cuando al emprendimiento le va mal económicamente— sino en canalizar una ayuda más global a la sociedad. Estos teóricos propusieron que las empresas lleven a cabo “un cambio sistémico para generar cambios de triple impacto: social, económico y ambiental”, dijo a El País Bebo Gold, ex director ejecutivo de Sistema B durante cinco años.
La idea es que los empresarios se pregunten “qué puedo hacer yo desde la fuerza del mercado, para ir hacia una economía de triple impacto que incida positivamente en las personas, la comunidad y el medio ambiente”, explicó el asesor del Consejo Empresarial Sistema B. Gold indicó que en Uruguay “no queremos ser los certificadores del impacto que generan estas empresas, queremos dialogar con ellas para aprovechar la fuerza del mercado para solucionar estos tres temas”.
El “movimiento B” surgió en Latinoamérica, los cofundadores son dos chilenos, un argentino y una colombiana. Estos empiezan a invitar a los empresarios a ser parte de un cambio sistémico en la gestión de las firmas.
“La idea es trabajar con empresas, inversores, líderes de opinión, y la academia para generar el cambio”, puntualizó el fundador y director de NETO, y mentor de proyectos de triple impacto. Añadió que “no es solo un cambio empresarial, también es un cambio cultural que engloba varias áreas”. Se invita a las empresas a integrarse al Consejo Empresarial de Sistema B, y a que acompañen los intereses y necesidades de triple impacto que hay a nivel país. También se las ayuda, a través de la herramienta, a migrar hacia un modelo de negocios de impacto, lo que les va a permitir lograr la certificación, la cual tiene una validez de tres años.
En un grupo de práctica impulsado por Sistema B, un grupo de abogados preocupados por el tema, presenta ante los parlamen-
Sistema B, el vector de cambio de las empresas
tos de diversos países, una base para elaborar proyecto de ley para identificar a las empresas de Beneficio de Interés Colectivo (BIC). Una iniciativa de estas características ya fue aprobada en cinco países de Latinoamérica.
A nivel fiscal aún no hay beneficios, “pero está genética de empresas está buscando la posibilidad de que por ser BIC, una firma tenga la oportunidad de acceder a los beneficios como los que otorga la Comap (Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones)”.
En nuestro país solo está instrumentada la ley de Donaciones Especiales que otorga el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas). Esto consiste en que determinadas ong obtengan, a través de un espacio fiscal, que donadores puedan descontar dinero por esta donación. La Comap también beneficia a las empresas que incorporan equipamiento sostenible como paneles solares, por ejemplo.
La repercusión que ha tenido en nuestro país el Sistema B, “ha sido muy positiva, que se haya aprobado la ley llevó casi cuatro años, ahora se trata de conseguir beneficios fiscales”, precisó Gold.
“NO ES SOLO UN CAMBIO EMPRESARIAL, TAMBIÉN ES CULTURAL Y ENGLOBA A VARIAS ÁREAS”.
Colombia tiene cuatro mil empresas de este tipo, mientras que en Uruguay la Auditoría Interna de la Nación está colaborando para identificarlas. La incorporación de buenas prácticas lleva a ser una “empresa BIC” y a cambiar el modelo de negocios por uno de triple impacto, lo cual colabora en el camino a la sostenibilidad.
Ser sostenible implica no dejar gente atrás, incluir a los discapacitados, igualdad de género, a nivel ambiental si se reciclan y clasifican los residuos, entre otros. “Hacer las cosas bien y ganar dinero se ha dicho que no va de la mano, pero es posible”, afirmó Gold. Enfatizó que esta propuesta no se trata de una moda, sino que se ha transformado en una tendencia a nivel del gobierno y del empresariado en diversas partes de todo el mundo.
Buenas prácticas de empresas con foco en ambiente y bienestar social
El megaproyecto para construir una planta de hidrógeno verde en Paysandú, es una iniciativa que está en línea con la conservación de los recursos naturales, un desarrollo bajo en emisiones de carbono y la resiliencia frente a los eventos climáticos.
En noviembre de 2023 el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) publicó la Hoja de Ruta de Hidrógeno Verde en Uruguay, documento que contiene los lineamientos para consolidar una potente industria basada en el hidrógeno verde, que se estima que podrá generar al año 2040 una facturación de US$ 1.900 millones anuales y más de 30.000 puestos de trabajo de calidad.
Cuando el hidrógeno se produce con electricidad renovable, se obtiene hidrógeno verde, energético que no proviene de fuentes fósiles y puede ser utilizado para descarbonizar aplicaciones como el transporte carretero, marítimo y aéreo, en los cuales la electromovilidad no es viable tecnológicamente, así como también favorecer la descarbonización de las industrias intensivas en energía.
A su vez, cuando al hidrógeno verde se lo combina con anhídrido carbónico biológico (CO2 biogénico), abundante en Uruguay, se obtiene metanol verde a partir del cual se puede obtener gasolina, gasoil y jet de aviación, denominados combustibles sintéticos, los cuáles son idénticos a los combustibles convencionales y pueden ser utilizados en los mismos motores, pero no generan emisiones de carbono. La combinación del hidrógeno verde con nitrógeno (N2) permite obtener amoníaco también verde, el cual es un insumo determinante para la producción de fertilizantes nitrogenados.
En mayo de 2023, se seleccionó el proyecto H24U en el marco del Fondo Sectorial de Hidrógeno Verde de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). Dicho proyecto surge del consorcio conformado por las empresas Saceem y CIR e implementará la primera iniciativa a nivel comercial de transporte de carga con hidrógeno vede como energético.
El proyecto prevé una inversión de más de US$ 43 millones y un apoyo de fondos no reembolsables por US$ 10 millones. En febrero de 2024, el Estado uruguayo firmó un memorando de entendimiento con la empresa HIF Global, que prevé construir una planta de hidrógeno verde en Paysandú, siendo este el paso previo a la firma de un contrato de inversión. De concretarse, sería la mayor inversión privada en la historia del país, que se aproximaría a los US$ 6.000 millones y se crearían unos 3.000 puestos de trabajo. El proyecto apunta a la producción de combustibles sintéticos a partir de la captura de CO2 provenien-
Inversión histórica
DESARROLLO DEL HIDRÓGENO VERDE Y EL COMPROMISO CON EL CUIDADO DE LA NATURALEZA
te de la combustión de biomasa y destilación de alcohol de cereales. Para ello, se prevé instalar un electrolizador alcalino y nueva infraestructura de generación eléctrica renovable, a partir de fuentes solares fotovoltaicas y eólicas.
USO DE AGUA. La producción de hidrógeno requiere de agua en la electrólisis y en el proceso industrial. La Hoja de Ruta publicada presenta una primera aproximación a los requerimientos de agua para producir hidrógeno verde y derivados, estimación que resulta en una demanda adicional de agua menor al 1% del total de los permisos de uso de agua otorgados en la actualidad. Esta estimación representa un uso de agua “significativamente menor al agua utilizada para riego y otras actividades productivas”. Más allá de esa estimación, los proyectos de producción de hidrógeno verde deberán ser evaluados
30.000 SON LOS PUESTOS DE TRABAJO QUE PROYECTA GENERAR EL DESARROLLO DEL HIDRÓGENO VERDE.
por su impacto ambiental y en particular en su consumo de agua.
FASES. Una primera fase de la Hoja de Ruta del hidrógeno verde y sus derivados abarca hasta 2025 y plantea generar las condiciones necesarias para el desarrollo de esta actividad tanto a nivel de regulaciones necesarias como en el desarrollo de los primeros proyectos pilotos, enfocados en la producción de combustibles sintéticos para el transporte de carga y fertilizantes verdes. Una segunda fase, que se extiende hasta 2030, se enfoca en la expansión nacional de proyectos de mediana escala, de entre 100 y 200 MW, y la puesta en funcionamiento de los primeros proyectos para exportación de fertilizantes y combustibles. La tercera fase, que va hasta 2040, apunta a la ampliación del mercado local y un crecimiento de las exportaciones, agregando la comercialización de hidrógeno y amoníaco verde.