Contrarrevolución en la justicia

¿Despertó la acción penal del MP y la CICIG una revolución en la justicia? Por la tradición conservadora del sistema y su debilidad para operar con independencia, lo ocurrido entre 2007 y hasta mediados de 2021 fue disruptivo. La Comisión de la ONU junto con los fiscales y jueces locales rompieron un contrato no escrito que desestabilizó el estatus de los grupos de poder.

Durante ese periodo los fiscales presentaron 122 investigaciones por corrupción a gran escala operada por 72 estructuras ilícitas; 680 personas enfrentaron cargos u otro tipo de proceso legal, de los cuales

200 eran funcionarios públicos -incluyendo cinco expresidentes- y casi 60, accionistas y altos ejecutivos de corporaciones. Los tribunales dictaron más de 400 condenas.

La suma de los miedos de estos grupos derrotó el proyecto de construcción del Estado de derecho, sacrificando el orden constitucional y ciertas garantías civiles, incluyendo la libre emisión del pensamiento.

La contrarrevolución en la justicia ha consistido en forzar el control de todas las instituciones de contrapeso del Estado, acudiendo a veces a procedimientos viciados; aplicar el derecho penal del enemigo y desmantelar la lucha contra la corrupción, a pesar de los costos para la gobernanza y la reputación internacional del gobierno y sus aliados.

El control de las instituciones empezó en 2020 como un acto de desobediencia del Congreso a la resolución de la CC sobre el procedimiento para integrar las Cortes del OJ, después de que la FECI identificó un patrón de tráfico de influencias operado por agentes estatales y no estatales. De hecho, esas Cortes designadas en octubre de 2014 arribarán en 2023 al cuarto año de gestión fuera del mandato constitucional.

Durante el primer cuatrimestre de 2021 quedó semi-integrada la CC, la “joya de la corona” del sistema de justicia. Para evitar testigos incómodos sobre la conducción del máximo tribunal constitucional, el Congreso se negó a juramentar a la magistrada independiente Gloria Porras, designada por el CSU de la USAC, y un año después la propia CC ordenó repetir la elección, estableciendo requisitos al margen de la Constitución.

En mayo de 2022 Consuelo Porras fue ratificada por el presidente Giammattei como fiscal general. Este proceso tampoco escapó a las dinámicas irregulares, con lo cual siguió acumulándose el déficit de legalidad y legitimidad que califica los estados de derecho capturados. Por otro lado, el proceso discurrió en un clima social y político de amenazas y polarización inducida que inhibió la participación de profesionales con méritos en el servicio público y privado. Ese mismo año la alianza oficial retuvo el control de la Contraloría General de Cuentas y tomó la oficina del Procurador de los Derechos Humanos mediante una elección en el Congreso también con

vicios de procedimiento.

La persecución contra operadores de justicia se inició en 2019 con la ex fiscal general Thelma Aldana (2014-2018). A principios de 2021 la magistrada Gloria Porras se refugió en Washington. En julio, el fiscal anticorrupción, Juan Francisco Sandoval, siguió el mismo camino tras su irregular destitución como jefe de la FECI (otros trece fiscales de esa fiscalía también se han exiliado). En febrero de 2022 fueron capturadas Leily Santizo (ex mandataria de la CICIG), Siomara Sosa (ex fiscal de la FECI) y Virginia Laparra (directora de la FECI Quetzaltenango).

En ese mismo mes la CSJ le retiró el antejuicio al juez Pablo Xitumul, que había dictado sentencias condenatorias contra altos mandos militares por casos de graves violaciones de los derechos humanos. En abril la emblemática jueza anticorrupción, Erika Aifán, también buscó refugio en Washington. En noviembre otro juez icónico, Miguel Ángel Gálvez, se asiló en España. En febrero de 2023 el juez Carlos Ruano también enfrenta un proceso que lo puede dejar desprotegido. En total, 30 operadores de justicia se han visto obligados a salir de Guatemala y quince más están siendo perseguidos judicialmente en el país. Entre tanto, casi 90 personas que fueron conducidas bajo cargos de liderar o integrar redes políticas y económicas de corrupción y crimen han sido beneficiadas por el sistema judicial. Los beneficios incluyen el cierre de casos, rechazo de antejuicios y anulación de delitos, así como de sentencias, órdenes de captura y acuerdos de colaboración eficaz. La actitud de los fiscales ha sido no apelar las resoluciones de las judicaturas.

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