Sube el tono de la conflictividad social

En el primer día de campaña electoral se ha visto también un incremento en la conflictividad social, con el bloqueo de carreteras en al menos 11 puntos de Occidente por parte de los 48 cantones de Totonicapán, una de las estructuras sociales con mayor poder de convocatoria y organización del país.

El Consejo de los 48 cantones expuso que son varias las causas que han llevado a tomar estas acciones de hecho, todas enfocadas en que su punto de vista no ha sido tomado en cuenta por las autoridades del Ejecutivo y el Congreso de la República, en donde se les han formulado varias veces ofrecimientos que luego son incumplidos por las autoridades correspondientes.

La primera de las peticiones fue que se controle el alza en los precios de productos de la canasta básica. Luego demandan que se retiren de discusión en el Legislativo varias iniciativas de ley sobre aspectos fiscales, además de exigir la nulidad del reglamento para las consultas comunales, por considerar que se restringe el derecho de los pueblos y se favorece a las empresas extractoras.

La razón para que suba el tono de la conflictividad social en el país proviene directamente de la falta de atención a las demandas que exponen las comunidades o grupos sociales de diverso tipo. Se ha comprobado, una y otra vez, que existe falta de voluntad para resolver o al menos atender los temas sociales que se plantean.

En términos generales, las instituciones del Estado han dejado de preocuparse por la problemática social, lo que deja expuesto al resto de la sociedad a los efectos que pueden darse por protestas como estas, que sin duda afectan también a otros sectores poblacionales.

En el caso de los bloqueos se sabe que limitan el derecho a la libre locomoción de las personas, pero no hay que dejar fuera del análisis el hecho de que muchas veces, por no decir siempre, lo que sucede es que se obliga practicamente a quienes protestan a hacerlo de esta manera, pues de otra forma ni siquiera son escuchados.

Ese es el argumento de los organizadores. No se trata de un problema surgido hace poco tiempo. De hecho, hace meses vienen discutiendo y sus visitas al Congreso son varias. Reciben promesas para evitar el conflicto del momento, pero al no resolverse la temática de manera franca y definitiva, lo que se hace es aumentar el malestar.

Jos Alejandro Ar Valo Alburez

Guatemala según el FMI

BIEN PERO INSUFICIENTE.

El 14 de este mes, la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo la declaración final con las conclusiones preliminares de su visita anual al país, manifestándose en términos favorables sobre la economía guatemalteca, porque continuó mostrando resiliencia, con un crecimiento que supero su potencial, manteniendo la estabilidad macroeconómica y financiera a pesar del contexto mundial desfavorable: ralentización del crecimiento de nuestros socios comerciales, el alza importada de precios y el endurecimiento de las condiciones monetarias. Después de un repunte considerable en 2021, el crecimiento de Guatemala se moderó en 2022; y en 2023 el crecimiento continuará desacelerándose hasta alcanzar un 3.4 por ciento, en torno al crecimiento potencial.

Además de una política monetaria y fiscal prudente (bajos déficits fiscales, amplias reservas internacionales y baja razón deuda pública/PIB), la afluencia de remesas y el dinamismo del crédito bancario ayudaron a impulsar el consumo interno. El incremento de la recaudación tributaria es aplaudido, siempre que sirva para abordar las necesidades de inversión en programas sociales, infraestructura, educación y salud, con enfoque multianual, señalaron.

La estrategia “Guatemala no se detiene” es un buen paso en la planificación a mediano plazo, pero requiere una visión estratégica gradual que garantice la conectividad, dentro del país y con el extranjero, que fomente la competitividad. La misión aconsejó la aprobación de la reforma a la Ley de Bancos y Grupos Financieros, alineada con los estándares internacionales y dote a las autoridades de herramientas actualizadas para dar seguimiento a los riesgos y vulnerabilidades que puedan afectar el sistema financiero de Guatemala y que permita responder cuando fuese necesario.

Es necesario aumentar los esfuerzos para mejorar la gobernanza, la certeza jurídica y garantizar instituciones anticorrupción responsables e independientes para mejorar el clima empresarial y atraer más inversiones. La aprobación de legislación de Antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo conforme a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/ FATF), es particularmente urgente.

Deben seguirse adoptando medidas para ampliar el mercado laboral formal, fortalecer la productividad y atraer inversiones a través de mayor acceso a la tecnología y la innovación, invirtiendo en capital humano y reduciendo la incertidumbre en materia de normativa. En lenguaje suave, un tanto complaciente pero incisivo, el FMI también planteó la agilización de los proyectos e inversiones gubernamentales, así como que las Alianzas Público-Privadas (APP) deben simplificarse y agilizarse.

HUGO MAUL R.