CONGCOOP

CAMPESINADO EN MOVIMIENTO

FRENTE INDÍGENA CAMPESINO POR LA TIERRA Y EL TERRITORIO -UNA ALIANZA POR LA TIERRA Y EL TERRITORIO-

Frente a las condiciones de inequidad y desigualdad en el campo guatemalteco, que se expresan en los terribles índices de pobreza, pobreza extrema y exclusión de los productores a pequeña escala, trabajadores agrícolas y pueblos indígenas.

Cuyos orígenes están en la brutal concentración agraria, debilidad y mediocridad de las autoridades públicas de agricultura, asuntos agrarios y ambiente, aunado a -o como consecuencia de- la ausencia de políticas de Estado que procuren mejores condiciones para los productores a pequeña escala en el país, sumado a la indolencia y voracidad con que son acaparados nuestros bienes naturales: tierra, agua, bosque y subsuelo, por corporaciones empresariales nacionales e internacionales en connivencia, con autoridades de Estado, generalmente involucradas en corrupción, impunidad y depredación de naturaleza y personas. La

crisis de institucionalidad pública se agrava con un parlamento dedicado a proteger el pillaje de los dineros nacionales y un Organismo Ejecutivo inoperante.

Ante esta situación, Hemos decidido: a. Iniciar el proceso de construcción de una alianza de organizaciones campesinas e indígenas, vinculadas a la producción agrícola y afectadas por la situación agraria del país. b. Los objetivos centrales de nuestra alianza son: 1. Desarrollar acciones unificadas de propuesta y movilización para obtener acceso a la tierra, asistencia técnica, crédito y transferencia tecnológica para los hombres y mujeres del campo.

2. Detener los crímenes y la indebida persecución penal en contra de los miembros de nuestras organizaciones.

3. Trabajar contra y revertir el acaparamiento de la tierra y el agua, para lograr mejores condiciones de vida en el campo, impulsando simultáneamente procesos locales, regionales y nacionales de desarrollo rural.

4. Contribuir a la instauración de un proceso constituyente, plurinacional, multisectorial y popular que transforme la Constitución Política de la República, hacia un Estado de amplia base Plurinacional popular que erradique las prácticas corruptas y clientelares de la gestión pública y la transforma-

ción del Estado. Un Estado en donde el bien común de la ciudadanía este al centro de su acción.

Nuestras reivindicaciones inmediatas: I. Acceso a la tierra, agua y bosque en forma equitativa para hombres y mujeres campesinas.

II. Cese a la represión y asesinatos en contra de los miembros de las organizaciones indígenas, campesinas y comunitarias.

III. Inicio de procesos, locales y regionales de Desarrollo Rural, que tengan como sujeto prioritario a la familia campesina e indígena y estén basados en producción agroecológica, forma de producción resistente a los efectos del cambio climático. 1

Asociación de Mujeres Guatemaltecas “Mamá Maquín”; Comité Campesino del Altiplano (CCDA); Central Campesina Chortí “Nuevo Día”; Comité de Unidad Campesina (CUC) y Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC).

A las organizaciones sociales y populares proponemos: Trabajar de manera conjunta, con todas las organizaciones sociales, populares y democráticas, en la construcción de una agenda política por la transformación profunda del Estado, erradicación de corrupción e impunidad y que promueva la expulsión del control de la administración pública al funcionariado, corrupto e incompetente que hasta ahora a administrado la cosa pública.

Cualquier agenda social deberá partir de reconocer los derechos igualitarios para hombres, mujeres, pueblos indígenas y otras identidades y asumir la superación de las causas estructurales que generan desigualdad, inequidad y exclusión de la población indígena, campesina y pobladores urbanos como cuestión fundamental de la agenda política inmediata y de futuro.

En calidad de secretaria tecnica.

1. Nota: En los asuntos vinculados a Desarrollo Rural y Acceso a Tierra, como Movimiento Indígena Campesino por la Tierra y el Territorio contamos con varias propuestas que ponemos a disposición de los administradores del Estado.

NUESTRA TIERRA NUESTRO TERRITORIO Tenemos doce razones para movilizarnos y reivindicar tierra y territorio:

cedentarios -medianos propietarios-.

Entre todas estas categorías, poseemos el treinta y cinco por ciento (35%) de la tierra cultivable. Sin embargo, el tres por ciento (3%). Los denominados productores comerciales, ocupan el sesenta y cinco por ciento (65%) de la tierra cultivable.

Es decir, en el país existe una enorme desigualdad en el acceso a tierra para cultivo 84.0 en el índice de Gini, muy cercanos a desigualdad absoluta.

1.

Los productores a pequeña escala alimentamos a la sociedad: el cuarenta por ciento de la dieta total de las familias guatemaltecas, depende de nosotros. De nuestra producción. Del total de los granos de consumo popular surtimos el setenta por ciento del consumo nacional. Es decir, que generamos el alimento de la sociedad. Somos el soporte de la dieta nacional.

4.

2.

Generamos más empleo que cualquier otro emprendimiento humano en el país: quinientos mil empleos permanentes. Todo aquello en apenas el doce por ciento de la tierra que Guatemala dedica a la agricultura y del cual el treinta y siete por ciento, está dedicado a cultivos de agroexportación y pasto, es decir, al agronegocio.

Somos pueblos cuya base cosmogónica se afinca en la tierra, de la cual venimos, es el centro de nuestra existencia y de ella proviene la historia material e inmaterial de nuestros pueblos. Todas las experiencias que contamos a nuestros hijos provienen de nuestra relación con la naturaleza y el cosmos.

3.

Mas de la mitad de los productores a pequeña escala -alrededor de seiscientas mil familias- no

tenemos tierra o la poseemos en cantidad insuficiente. Nos ubicamos en la categoría que el Estado nacional

denomina: Campesinos de infrasubsistencia -pobreza extrema-, subsistencia -pobreza- y una porción de ex-

El país cuenta con dos instrumentos de política para el acceso campesino a la tierra: la Política Agraria -Acuerdo Gubernativo 3722014- y la Reforma Agraria Asistida por el Mercado, pactada en los Acuerdos de Paz. La primera emitida por Otto Pérez Molina y asumida por el gobierno actual, tiene un presupuesto anual de entre dos y cuatro millones de quetzales -incluye cooperación internacional- dedicados a socializar (sic) la política, a cargo

2 Guatemala, octubre de 2018 de la institucionalidad pública de los asuntos agrarios. Es decir, que la política Agraria simplemente no se aplica. No tiene ni presupuesto razonable ni entidad ejecutora.

El “modelo de reforma agraria asistida por el mercado” está agotado es insuficiente y corrupto. Así lo reconoce el gobierno en el texto sobre política agraria. En veinte años ha beneficiado a diecinueve mil familias, de una presa que roza las seiscientas mil familias. Los que lograron acceso no tuvieron asistencia técnica adecuada, líneas de comercio, crédito ni asesoría en organización productiva. Esta entidad, ahora promueve “el acceso” vía arrendamiento por el plazo de un año y sin opción de compra. Ha abandonado la prioridad: promover el acceso definitivo del campesino a la tierra.

5.

Desalojos, crimen y uso indebido del derecho penal. En el transcurso de este, gobierno se ha producido mas de diez desalojos violentos de familias indígenas/ campesinas, de sus tierras ancestrales y en posesión histórica, con cauda de heridos, desolación y mucha tristeza de niños y familias campesinas. Esto ante la inoperante institucionalidad agraria y un mediocre Sistema de Dialogo. Las tierras campesinas han sido usurpadas “legalmente” bajo el amparo de documentos, sin legitimidad ni legalidad, por terratenientes locales o corporaciones de capital nacional y extranjero, que actúan en connivencia con autoridades de gobierno y sistema judicial.

Este año once dirigentes territoriales de nuestras organizaciones han sido asesinados por sicarios, armados y financiados por terratenientes y/o corporaciones, cuya motivación criminal, es “despejar” el camino para la apropiación de nuestras tierras y territorios, para fines de explotación irracional y lucrativa en favor de intereses privados y mafiosos. Los asesinados han sido defensores de nuestro legado natural.

6.

Uso indebido del Derecho Penal en contra de nuestra dirigencia. La persecución criminal “se complementa” con acciones penales en nuestra contra, así seiscientos cincuenta (650) dirigentes comunitarios y nacionales están sujetos a órdenes de captura, doscientos (200) más ya están en prisión. Sometidos a proceso por delitos espurios montados por bufetes de abogados al servicio del capital y en connivencia con fiscales y jueces venales.

7.

El acaparamiento y reconcentración de la tierra. Lejos de establecerse políticas de acceso campesino/indígena a la tierra y protección a la propiedad ances-

tral y campesina. Los subsecuentes gobiernos, han permitido que del año dos mil para acá, se dé un proceso de reconcentración de la tierra, que pasa ya de las cien mil hectáreas -de tierra campesina y ancestral- que ha pasado a manos privadas, particularmente para la siembra de azúcar, hule, banano y palma aceitera. Los métodos de transferencia incluyen la coacción.

8.

Durante las últimas décadas hemos asistido al robo y contaminación de nuestras aguas.

Nuestros ríos son desviados hacia los fundos palmeros, cañeros o bananeros. Según el ex Ministro de Ambiente de este gobierno, se trata de treinta y cinco ríos (35) ¡son mucho más! sin embargo, pese a reconocer el problema los ministerios concernidos, permanecen impasibles, sin intervenir, menos resolver el problema.

El asunto se agrava, por la contaminación, de las aguas, que se generan cotidianamente con agrotóxicos, y químicos utilizados por las empresas extractivas del monocultivo y de la minería.

Los cultivadores de palma aceitera y azúcar derivan sus desechos a los ríos cercanos a sus fundos y envenenan nuestras aguas de consumo cotidiano. Además, por la extracción excesiva de agua del subsuelo, secan nuestros pozos comunitarios.

Nuestras aguas son secuestradas, además, por generadores de energía, que se apropian de nuestros ríos para generación de energía, a través de la instalación de hidroeléctricas, acaparando ganancias con nuestros bienes naturales, sin beneficio alguno para nuestro pueblo.

9.

Los depredadores de naturaleza y acaparadores de agua, tierra y subsuelo, niegan la autoridad de nuestros dirigentes naturales, desprecian nuestra autoridad ancestral, idioma y nuestras costumbres.

Hacen cómplice a la autoridad del Estado, no pagan los tributos municipales ni nacionales. Destruyen nuestros caminos y cercan las veredas para impedirnos el paso, en la búsqueda de leña y agua.

10.

Para resolver nuestros problemas, desde el año mil novecientos noventa y seis a la fecha, hemos propuesto políticas públicas para el agro y el desarrollo rural, además de múltiples proyectos de ley, entre otras: Ley de Desarrollo Rural Integral, Propuesta para la Reforma Agraria Integral, en alianza con otros sectores: Reformas a la Constitución de la República, Ley Electoral y de Partidos Políticos, Reconocimiento de las Nacionalidades, Código Agrario y Procesal Agrario,

Creación de Tribunales Agrarios, Ley de Aguas. Todas nuestras iniciativas han sido desechadas sin debate, por diputados y agentes del Organismo Ejecutivo. Que en su cargo se corresponden con los intereses de los depredadores y acaparadores de la tierra y el agua.

11.

Hemos acudido a las autoridades del Estado, organismos internacionales, compradores de productos los productos de exportación, con nuestras demandas. Nadie ha actuado con severidad en contra de los depredadores de nuestro territorio.

Nos piden diálogo y convivencia, -mientras que- nuestra riqueza, nuestro alimento y el futuro de nuestros hijos es negado por el lucro. Nuestros hijos, como afirmamos anteriormente, se quedan sin estudio y sin salud y al cumplir una edad juvenil, se ven precisados a migrar para conseguir trabajo pues en nuestras comunidades los monocultivos de palma, caña, banano, hule y otros que han acaparado la tierra y el agua, no ofrecen empleo y el escaso que ofrecen es de mala calidad.

12.

La institucionalidad pública a cargo del ambiente, agricultura, agro y producción de alimento, son incompetentes, inoperantes y mediocres. Durante este gobierno se han dedicado únicamente a usufructuar salarios, provistos por nuestros impuestos y no son capaces de articular política alguna en favor de los campesinos y pueblos indígenas. Al contrario cuando proponen mediar, es para favorecer intereses de los depredadores y concentradores de la tierra y el agua y algunos de los trabajadores de aquellas instituciones, han delatado a compañeros dirigentes que posteriormente han sido capturados, ese también es el caso de la comisión estatal de diálogo. Instrumento inservible e infiltrada por agentes de seguridad del Estado.

Recopila información de nuestras organizaciones y luego la entrega a los militares.

Mujeres y acceso a tierra La Organización de Mujeres Guatemaltecas “Mamá Maquín” fue fundada en territorio mexicano el 15 de agosto de 1990 con el objetivo de ayudar a las mujeres mayas sobrevivientes de la estrategia de “tierra arrasada” perpetrada por el ejército de Guatemala en la década de 1980. La principal preocupación era al momento de finalizar la guerra el retorno libre y organizado al país de las y los refugiados.

Inmediatamente se hizo evidente la necesidad de la participación activa de las mujeres en los espacios de toma de decisión y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres a manera de garantizar el acceso equitativo a la tierra.

Sin embargo, desde siempre la lucha de las mujeres por la tierra y otros derechos se ha enfrentado a grandes obstáculos: el machismo en la familia, el patriarcado institucionalizado, la discriminación, el racismo y la exclusión promovida desde el Estado hacia las comunidades, todo lo cual ha contribuido a desvalorizar el aporte de las mujeres, mediante el trabajo productivo y reproductivo al desarrollo social y de la organización de la vida de las familias y en la protección del territorio.

Las organizaciones indígenas campesinas continuaremos luchando como lo hemos hecho hasta el día de hoy, a pesar de las condiciones adversas que nos rodean, como el femicidio, la represión al movimiento campesino y la criminalización a los hombres y a las mujeres organizadas por el acceso a tierra y por la defensa del territorio. Lo cual es fundamental, ya que estas han sido por tantos años las demandas de nosotras las mujeres indígenas campesinas, las cuales hemos defendido a la Madre Tierra que nos da de comer.

También las mujeres hemos diversificado la tierra con semillas nativas y criollas para alimentar

a las familias y fortalecer la soberanía alimentaria, a pesar de ello, seguimos siendo nosotras las más excluidas de los beneficios de la economía y de la participación política. En Mamá Maquín este año 2018 trabajamos con emprendimientos productivos, gracias a los cuales las mujeres han negociado un pedazo de terreno, una media cuerda junto a sus esposos para su establecimiento, con el entendido de que se trata un acuerdo verbal y no de carácter legal (escrituración).

Hemos comenzado además a implementar un sistema de fichas, herramientas que sirven para registrar la producción del trabajo, esto con el fin de evidenciar cuantitativamente lo que se vende, el grado de autoconsumo e intercambio de las mujeres campesinas, por lo que, de acuerdo con una muestra de 24 de casos correspondientes a 7 comunidades de Ixcán, Quiché y Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, se ha determinado que las mujeres han logrado generar un promedio de Q1,200.00 al mes cada una, produciendo en media cuerda yuca, cilantro, cebollín, chipilín, colinabo, entre otros cultivos y actividades agropecuarias complementarias en beneficio de las comunidades y de la economía regional.

Dicha muestra evidencia que las mujeres generamos economía y que contribuimos con nuestro trabajo al sostenimiento de este país, desde el cuidado de las familias hasta el cultivo de la tierra, cuyo derecho nos ha sido negado históricamente. Nuestra lucha es también por el reconocimiento de nuestros derechos mediante la visibilización del aporte de las mujeres indígenas y campesinas al bienestar de Guatemala. Las mujeres demandamos tierra, cuidamos y protegemos al territorio que es el cuerpo la Madre Tierra al igual que lo hacemos con nuestro territorio cuerpo el cual queremos libre de violencia.

Por estas razones y porque queremos elevar nuestra calidad de vida y hacer sostenibles nuestros campos y dar un mejor aporte a la economía del país. Nos proponemos trabajar para fortalecer la economía familiar campesina y de los pueblos, basados en procesos de producción agroecológicos, que minimicen los impactos del cambio climático. Lo único que solicitamos es apoyo de sociedad y Estado para resolver la difícil situación del campo.

Particularmente nuestro acceso, a la tierra, agua y bosque y el respeto irrestricto a nuestros derechos humanos.

Cultivos de mujeres campesinas. Fotografía: Organización de Mujeres Guatemaltecas Mamá Maquín.

A

Guatemala, octubre de 2018 3

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Autoridades Indígenas. Fotografía: Archivo CUC.

Necesitamos un proceso constituyente

La Constitución es la ley fundamental y la más importante de un país. En ella se establecen los derechos de las personas y los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas u otros grupos sociales; la forma del gobierno, la estructura y organización del Estado y todas las leyes que se aprueben deben de respetar lo que dice la Constitución.

La redacción de una constitución es la expresión de una correlación de fuerzas en un momento de la historia; es decir, que no depende únicamente de quienes redactan la constitución, sino de qué fuerzas, sectores, clases o pueblos representan los redactores de una nueva constitución Desde que Guatemala existe como país, ha tenido seis constituciones y en ninguna ha participado el Pueblo, ya que han sido redactadas por las élites del país.

La constitución que usamos ahora, fue aprobada en 1985, después que fue redactada por militares y políticos de derecha, que en su mayoría eran hombres, adultos y ladinos. La constitución actual está hecha para favorecer a las élites empresariales y sus intereses.

La Constitución actual tiene varias limitaciones, por ejemplo, no dice nada sobre los derechos de los Pueblos Indígenas; no reconoce los derechos específicos de las mujeres, la juventud, la niñez y los derechos de la mayoría de las personas, ni dice nada sobre cómo garantizar el desarrollo económico y social para la mayoría de la población, ni hace

favor de unos cuantos y en el cual se respete y desarrollen las formas de gobierno, organización social y normativa de los pueblos que habitamos estas tierras.

Esta nueva organización social debería tener, al menos, las siguientes características:

• Permitir el acceso a la salud inte-

Mujeres autoridades indígenas. Fotografía: Archivo CUC.

referencia a los diversos derechos específicos en lo que se ha avanzado en la legislación internacional.

Tampoco reconoce los derechos de la Madre Tierra.

La actual constitución permite que los alcaldes y diputados se puedan elegir todas las veces que quieran, a pesar de que traicionen sus promesas de campaña y no contempla la posibilidad de la revocatoria del mandato para el cual fueron electos; no garantiza la participación de las mujeres, ni de los Pueblos Indígenas. Además, permite a empresarios financiar las campañas electorales, lo que favorece la corrupción. También permite que el ejército, cuya función es garantizar

la seguridad de las fronteras, siga involucrado en la seguridad interna y lo que le da el poder para reprimir a la población. La aplicación de la justicia no contempla las prácticas de las autoridades ancestrales y así, hay toda una serie de limitaciones en la actual constitución.

Las movilizaciones del 2015 hasta la crisis de la actualidad, ponen en evidencia que es necesaria una transformación profunda del Estado.

El nuevo Estado debe ser expresión del reconocimiento y respeto de la diversidad que hay en Guatemala, donde sus instituciones y normativas sean para el beneficio de la mayoría de la sociedad y no solo a

gral para mujeres y hombres. Un sistema de salud que recupere e incorpore las prácticas de medicina ancestral y natural.

• Una educación de calidad, con pertinencia cultural y para toda la vida, que permita fortalecer la capacidad crítica y creadora del ser humano.

• Con posibilidades reales de trabajo digno que se realice en condiciones sanas y dentro de relaciones cordiales, justas y respetuosas en armonía con la naturaleza.

• Una sociedad que recupere de los pueblos originarios su historia, sabiduría, conocimientos, ciencias, resistencias, y también la historia de las luchas campesinas; que se funde en el respeto a los derechos colectivos de los Pueblos indígenas, lo que incluye el derecho a decidir sobre sus propias formas de desarrollo y disponer de sus tierras, territorios y bienes comunes.

• Con una nueva organización social y política donde convivan las comunidades, los pueblos, las mujeres, los jóvenes y la niñez,

todas y todos en armonía y en respeto pleno a los derechos.

Una sociedad sin violencia, discriminación, machismo; donde las mujeres y hombres de todas las edades seamos iguales en derechos y oportunidades; una sociedad donde el poder no se concentre en unos cuantos.

Una sociedad con una democracia plena, participativa y protagónica para todas y todos sus habitantes.

Todo lo anterior sería posible al construir un nuevo Estado plurinacional que permita una nueva organización política donde todos los pueblos y sectores sociales estaremos plenamente representados; la reconstitución de los pueblos y nacionalidades y el cambio en las formas de poder político y económico.

La crisis que enfrenta el Estado actual no es coyuntural, tampoco se soluciona con una simple reforma a algunos artículos de la Constitución de la Republica. La crisis es de naturaleza política y estructural porque ya se agotó una forma de gobierno en base a la violencia, exclusión, corrupción e impunidad.

Por eso la urgente necesidad de unificar esfuerzos organizativos y alianzas necesarias entre organizaciones, comunidades, pueblos y personas de los distintos sectores sociales para ir profundizando la consciencia social sobre la necesidad de la fundación de un Estado Plurinacional, como obra política de los pueblos y organizaciones sociales, los diversos colectivos y las personas comprometidas con la transformación profunda del Estado actual.

Para alcanzar este objetivo histórico es importante dejar claro que debe ser un proceso que se irá alcanzando y desarrollando por fases, donde los sujetos fundadores del nuevo Estado Plurinacional construirán las alianzas necesarias en las acciones políticas y de movilización social e igualmente desarrollarán la estrategia y el programa político como guía para la unidad acción y para evitar la dispersión.

Estas fases, deben comprender, al menos dos procesos:

a)

Un proceso destituyente en el cual grandes sectores de la población comprenden que el actual Estado no nos representa y por lo mismo, no están dispuestos a tomar en cuenta, aceptar ni reconocer las actuaciones arbitrarias y autoridad del actual Estado. Este proceso permite conformar una fuerza social que tiene la capacidad de cuestionar las prácticas corruptas, sesgadas y autoritarias de los poderes estatales, y con ello convocar a amplios sectores de la sociedad para dar lugar a un cam-

4 Guatemala, octubre de 2018 bio de mando y en las normas, que puede ser municipal, parlamentario o nacional hasta abarcar a todo el orden establecido.

b) Un proceso instituyente en el

cual se generan nuevos referentes para amplios sectores de la población que reconoce y toma en cuenta las decisiones y representatividad de esos nuevos referentes; en otras palabras, se reconoce la “autoridad” de esos nuevos referentes que han conformado una fuerza social que tiene la capacidad de convocar a amplios sectores de la sociedad para crear un nuevo orden social, un nuevo poder y nuevas normas, que pueden ser municipales, parlamentario o nacionales hasta constituir un nuevo Estado Plurinacional, con amplia participación popular y que representa la diversidad de sectores que conforman nuestra sociedad.

Estos procesos no son lineales e

incluso se pueden dar simultáneamente. También significa que debe de comprenderse que habrá momentos de crecimiento y otros de disminución, pero en su conjunto el proceso debe transitar una ruta estratégica para lograr una importante acumulación de fuerzas.

Esta acumulación de fuerza es fundamental para poder construir un Estado Plurinacional ya que de lo contrario nuestros planteamientos podrán ser correctos pero no se podrán concretar. Por eso, el nuevo Estado plurinacional, será la construcción de un instrumento ordenador de la sociedad, alejado del sistema capitalista neoliberal, en otras palabras será la construcción de la nueva patria plurinacional, donde se creen condiciones para la superación de la corrupción, la impunidad, la violencia, la explotación, el racismo y el patriarcado. Un nuevo Estado que represente los intereses del pueblo, consciente de su historia y su papel a cumplir.

La fundación del Estado Plurinacional, consolidará la autonomía y autodeterminación de los pueblos originarios, que se expresará en formas de autogobierno autónomos con sus propios órganos de participación democrática y protagónica.

Para ir erradicando el paternalismo y el asistencialismo, que son prácticas discriminatorias de herencia colonial, los pueblos indígenas y la sociedad ejercerán el derecho a elegir la forma de desarrollo que pretenden alcanzar, surgido desde los consensos que le dan legitimidad a su proyecto. La autonomía permitirá la defensa de los derechos de todo ser viviente y los derechos a la madre tierra.

El estado Plurinacional dotará a los pueblos originarios y la sociedad en general del derecho que tienen a los diferentes medios de comunicaciones para socializar la riqueza política, económica y cultural, que será la fortaleza de la nueva patria Plurinacional.

En el Estado Plurinacional, la juventud y las mujeres que han sido marginados durante mucho tiempo, contarán con las condiciones y espacio para ejercer plenamente todos sus derechos; erradicando el patriarcado; con una sociedad y Estado que no se centre únicamente en los adultos en el cual la juventud gozará de todos sus derechos y condiciones para desarrollar el deporte, el arte, la investigación científica y la participación democrática en todas las decisiones.

Para llegar a una Asamblea Constituyente Plurinacional, Popular y Multisectoral y redactar una nueva constitución es necesario que desarrollemos este Proceso Constituyente.

Al definir un Proceso Constituyente Originario, nos planteamos que no se trata de apoyar cualquier cambio a la constitución o cualquier convocatoria a una asamblea nacional constituyente.

Cuando le agregamos que debe ser un Proceso Constituyente Originario Plurinacional, ponemos como definición fundamental que en el proceso deben de participar los Pueblos Indígenas como constituyentes de una nueva nación que concebimos como Plurinacional.

Al establecer que debe ser un Proceso Constituyente Multisectorial establecemos que deben de participar los distintos sectores que componemos la sociedad guatemalteca. Finalmente, al definir que impulsamos un Proceso Constituyente Originario, Plurinacional, Multisectorial Y Popular, concebimos que debe contarse con una amplia participación popular en la Asamblea Constituyente, porque hasta ahora han sido los grupos empresariales y militares los que han llenado los espacios de toma de decisión y es necesario romper el dominio que históricamente han tenido las élites dominantes sobre las decisiones del país.

Represión hacia los pueblos que luchan por la tierra “No más represión en Guatemala”

Alta Verapaz, UVOC. Fotografía: Rony Morales

POR EL DERECHO A LA VIDA, POR LA DEFENZA A LA MADRE TIERRA Y El TERRITORIO, organizaciones campesinas e indígenas nos hemos unido como Frente ante esta coyuntura de represión y criminalización hacia el movimiento indígena y campesino, y la amenaza de perder nuestras tierras y territorios ancestrales por culpa de los proyectos extractivos y la falta de solución a la demanda agraria e inversión en el área rural.

Los pueblos indígenas y campesinos que estamos en la lucha por la madre tierra debemos recordar, que aquellas agresiones a nuestros territorios, incluidos número de asesinatos que sufren miembros las organizaciones campesinas, son causadas muchas veces por las empresas transnacionales, en búsqueda de un “desarrollo” -dicho de forma políticamente

correcta-, irrespetando los estándares internacionales de protección a los derechos humanos. Dicho de otra forma más clara, se está desarrollando un contexto de violaciones sistemáticas de derechos, especialmente sobre los territorios ignorando la obligación de consulta a los pueblos ante cualquier gran proyecto de desarrollo a ejecutar en sus tierras.

En departamentos como Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal, Huehuetenango, Jalapa, Chiquimula, Sacatepéquez o ciudad de Guatemala hay una lista de las violaciones colectivas, desalojos de territorios, órdenes de captura y de asesinatos que quedan impunes. En la misma línea hoy en día, y no es cosa del pasado como pudiera parecer, se siguen dando casos de pueblos desaparecidos o en práctico proceso de extinción como consecuencia de los impactos de las actuaciones del Estado.

La Criminalización y detenciones de nuestros líderes y lideresas son las formas de represión que muchas empresas nacionales e internacionales, personas individuales o colectivos utilizan como estrategias para defender los intereses económicos de las élites, de finqueros, empresarios y profundizar el proyecto militar de control y miedo para someter el territorio por medio del saqueo y el despojo. Y finalmente neutralizar y desarticular la lucha de resistencia comunitaria por la defensa del territorio y el descontento social.

Una de las tantas formas de la represión son la criminalización y “judialización”. Esto quiere decir que se estigmatiza, se acusa, se persigue penalmente y se encarcela a quienes defienden la tierra y territorio, los derechos colectivos por considerarlos nocivos para el desarrollo. Muchas veces la criminalización se hace en contra de dirigentes sociales, otras veces no. El mensaje para ambos casos es el mismo “que nadie se atreva a seguir organizándose, a pensar, opinar y defender lo propio”.

Un ejemplo de casos de desalojos y criminalización son los reportados por UVOC en Santa Inés, comunidad poqomchí, donde se realizaron tres capturas el 5 de enero del 2017, además lo sucedido en el valle de Polochic, Lanquín, Samococh, Monte Olivo, La Cumbre en Tactic, valle del Polochic, Ch’ab’il Ch’och’, las muertes de los líderes campesinos de –CODECA- y CCDA, además que las comunidades de El Estor, Izabal

siguen siendo asediadas por la empresa minera –CGN-.

Las instituciones que administran la justicia y la protección de la ciudadanía del país deben considerar que la vida en la tierra tal y como la conocemos, depende de que se reconozca a los pueblos indígenas y las comunidades locales como custodios de la tierra y territorio de nuestro planeta. Asegurar estos derechos es el eje central para construir un mundo justo y equitativo desde la salud a la educación, la participación a la paz, el crecimiento a la diversidad cultural.

Para los defensores de derechos Humanos: existen amenazas a las comunidades del Valle del Polochic, desalojos que van a favor de los monocultivos de derecha empresariales que usurpan el Estado y ostentan el poder en Guatemala. Los desalojos son una política peligrosa para la vida humana de las comunidades rurales, y en la actualidad es una práctica constante.

Desalojan a miles de familias campesinas e indígenas que solo buscan ejercer su derecho a disponer de un espacio de tierra para cultivar y ganarse honradamente su sustento diario

Con base en lo anterior las organizaciones campesinas e indígenas exigimos 1. Cese a la represión y criminalización de las comunidades en defensa de la tierra y su territorio.

2. Al gobierno rectificar sus políticas a fin de solucionar efectivamente las demandas de tierra de las y los campesinos, por medio de una Reforma Agraria Integral.

3. A las instituciones encargadas de la aplicación de la Justicia EXIGIMOS detener la tala de árboles y la ola de despojos, destrucción ambiental, desalojos y persecuciones a los defensores de Derechos Humanos.

4. A la comunidad nacional e internacional solicitamos sus muestras de apoyo y estar atentos a cualquier medida que viole nuestros derechos.

5. Al pueblo de Guatemala lo instamos a que alce su voz para rechazar la corrupción, los desalojos violentos y la represión sistemática, así como el despojo de nuestra tierra y nuestros recursos.

DIRECTORIO Esta es una publicación del Frente Indígena Campesino por la tierra y el territorio.

Fotografía: Comité de Unidad Campesina “ CUC”, Coordinación de ONG y Cooperativas “CONGCOOP”, Asociación de Mujeres Guatemaltecas “Mamá Maquín”, Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas “UVOC”.