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1 1 0 2 Economía Política Seguridad Justicia Conflictividad social Paquete de propuestas
Guatemala , VIERNES 11 de marzo de 2011
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El 2011
se asoma para Guatemala
como un año convulso
He seleccionado cinco variables básicas de análisis –economía, política, seguridad, justicia, conflictividad social- y, en todas, encuentro manifestaciones de pérdida severa de la gobernabilidad. Más preocupante aún, es que al identificar los vasos comunicantes entre dichas variables, observo una tendencia de crisis sistémica: las debilidades y amenazas de unas transmiten señales de inestabilidad a las otras, presentando finalmente un cuadro en extremo inquietante.
1. RESUMEN DE TENDENCIAS
Quiere decir que para los guatemaltecos este es un año lleno de desafíos y nubarrones. Quizá el más riesgoso en el cuarto de siglo de vida democrática, pues, a diferencia de otros periodos críticos (el Serranazo del 93 o el Jueves Negro del 2003), esta vez la sociedad parece haber agotado sus reservas morales, cívicas y políticas. Estamos ante un test de supervivencia de un sistema que muestra signos de agotamiento. Es, sin duda, en el campo político, en torno a la contienda electoral, donde están los mayores riesgos de
volatilidad. La crisis de legalidad ha invadido definitivamente el campo de las elecciones y antes que la ciudadanía serán magistrados de dudosa independencia quienes decidan los candidatos elegibles. Como ven, estos escenarios no traen buenos augurios. Por esa razón, al final del análisis de variables, me permití agregar una propuesta de “futuribles”, es decir, el trazo de un horizonte que, de manera factible, podríamos perseguir como sociedad, siempre que cumplamos ciertos requisitos. • JOSE RUBÉN ZAMORA
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Economía
Se incuba una crisis financiera, mientras se esperaba el despegue
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l punto de partida, es que en 2011 la economía mundial seguirá mostrando un crecimiento lento. La rígidez de la zona del Euro, la fragilidad de las economías de Portugal, Irlanda y Grecia y el Tsunami que puede derivarse de la crisis política del Medio Oriente y el norte de África siguen representando una amenaza a la economía mundial. La tasa de interés internacional se mantendrá cerca de cero y la inflación crecerá dentro de márgenes relativamente modestos, de un dígito. Estos son signos de una demanda todavía modesta y de un consumo interno que se va recuperando con lentitud.
histórico del 2.3 al 2.5 por ciento, que podría ser calificado de modesto o de crecimiento lento.
Las autoridades monetarias continuarán aplicando una política restrictiva, teniendo como objetivo fundamental la estabilidad macroeconómica. A partir del segundo semestre, el Gobierno Central experimentará problemas severos de liquidez, resultante de una presa de gasto acumulado, buscando fines electorales, que se ha desbordado y carece de soportes sanos de financiamiento.
Puede esperarse al final una tasa de inflación interanual de 5 – 6 por ciento, gracias a las enormes reservas en moneda dura y la política monetaria restrictiva, un tipo de cambio cuasi fijo, que podría situarse en Q8.05 por US$1. Razonablemente podría, entonces, registrarse una revaluación del tipo de cambio real, que, excluyendo los commodities, mermaría, haría perder, las competitividad del aparato productivo.
Es altamente probable que, manteniendo un relativo control del Congreso, el Gobierno siga acudiendo a emisiones y colocaciones de papeles del Estado para financiar un déficit fiscal que no tendrá precedentes desde Lucas García, que alcanzará el 3.6-3.8% del PIB. Solo en el gobierno del general Romeo Lucas (197882) se conoció un agujero presupuestario de esa proporción. Después de dos años de contracción severa, el crédito al sector privado permanecerá estacando. Mi estimación más optimista es que su expansión puede llegar al 5 por ciento. En contraposición, se inducirá una tasa de interés doméstica más alta que las tasas de interés de las plazas financieras internacionales. Esto se traducirá en ingresos importantes de capitales especulativos, conocidos también como capitales turistas o golondrina, que conllevan riesgos moderados de mal holandés, dado el boom que están experimentando los commodities. Las implicaciones de este encadenamiento de hechos, ensombrecen un año en el cual el país tuvo que haber preparado las bases del despegue económico. El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se situará en el margen
Ahora bien, cuando se examinan las fuentes de crecimiento la inquietud puede ser mayor, debido a que no se vislumbra generación de inversiones reales y productivas que ofrezcan crecimientos sostenido al empleo, a la producción, a los salarios reales, a las exportaciones y a las importaciones y al mercado interno. La economía, en buena medida será una economía de papel, orientada a privilegiar inversiones financieras y especulativas de corto plazo.
El déficit fiscal alcanzará entre el 3.6 y el 3.8 por ciento del PIB, es decir, que entramos en una zona que ya se califica de serio riesgo para la estabilidad financiera del país. A esto se suma, que el déficit fiscal será financiado a través del crecimiento de deuda interna al menos de ocho millardos de quetzales que, va a capturar los recursos que la economía real requeriría para dinamizarse. La banca privada, las grandes empresas y los capitales especulativos provenientes del exterior se orientarán hacia estos papeles que colocará el Estado. Las pequeñas y medianas empresas –sobretodo las acreedoras del sector público- no soportarán la presión de la deuda flotante y ocurrirán quiebras o bien el traspaso de estas compañías a capitales de dudosa procedencia. Al final del período, también para financiar el elevado Deficit Fiscal, la deuda externa se habrá incrementado en más de un millardo de dólares, es decir, que habrá alcanzado un nivel récord de US$6.7 millardos.
2. ESCENARIOS PARA LA ECONOMÍA
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4 Política
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Las elecciones pierden su capacidad de disolver conflictos políticos y salir de gobiernos agotados
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as elecciones de este año están marcadas por dos signos inquietantes. Por un lado, la polarización política entre las dos principales fuerzas en contienda, el PP y la UNE; por otro lado, la dudosa legalidad de la inscripción de varios candidatos, incluyendo a Sandra Torres (UNE), Zury Ríos y/o Álvaro Arzú (PU) . La primera batalla política se va a escenificar en el campo judicial. Es altamente probable que el Gobierno y sus aliados, obtengan mayoría en la integración de la próxima Corte de Constitucionalidad (CC). Si esto es así, los nuevos magistrados serán condicionados a avalar la inscripción de Sandra Torres, y el debate en los medios sobre la legalidad de esa candidatura desgastará de una manera notable al sistema político electoral, y, prematuramente, dañaría irremediablemente la legitimidad de ese gran árbitro del sistema que ha sido la CC, cuya nueva gestión de 5 años quedaría marcada por el desprestigio, la pérdida de legitimidad, confianza y credibilidad.
ros desgastes. Esta vez, sin embargo, los comicios resultan un problema en sí mismos, por la legalidad de las candidaturas y la violencia criminal que previsiblemente se exacerbará. Las extorsiones asociadas al financiamiento de campaña volverán más inseguras las inversiones, y la guerra del narco por el control de territorios, hará que esta vez la disputa de gobiernos municipales adquiera un tono extremadamente violento. Ante este cúmulo complicaciones, se anticipan dos escenarios: uno en el cual los líderes de los partidos en contienda desarrollan una efectiva labor de cabildeo con los factores reales de poder (grandes empresarios y la comunidad internacional clave) dando garantías de que las reglas del juego se van a respetar, a la vez que tejen alianzas amplias, con lo cual el clima político baja de temperatura. De manera que sin bloques cerrados la polarización se mitiga. La comunidad internacional vería con buenos ojos estos acercamientos y los alentaría a fin de que se preserve el orden constitucional.
Por otra parte, se empleará la amenaza de inhabilitación del candidato opositor Otto Pérez Molina. Esta amenaza tendrá dos sentidos: neutralizar a la oposición para que “si corre Sandra, corre Otto”, o bien, hacerla efectiva, con lo cual la tensión política podría colocar al país en un escenario de desestabilización extrema o de pre golpe de Estado.
En este escenario, las elecciones serían solo una fórmula de contención de daños para resituar a las fuerzas políticas en el 2012. El nuevo Gobierno, asumiría bajo el compromiso de alentar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que rehaga el contrato social de 1985. Esta sería la alternativa, a un escenario turbulento (que se
La conflictividad político-electoral, antes que atraer la participación ciudadana, continuará desalentándola. A pesar de que el partido oficial, aprovechando las concentraciones de población inducidas por los programas sociales, ha promovido un empadronamiento masivo (lo propio, aunque a menor escala, han hecho los otros partidos), eso no necesariamente se va a traducir en concurrencia masiva el día de las elecciones.
3. DILEMA ELECTORAL: ENTRE LA TRANSICIÓN Y EL COLAPSO
Puede haber otra fuente de problemas: el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sigue sin verificar en el Renap las boletas de más de 1 millón de nuevos empadronados, y el tiempo se agota. Al TSE, le queda emprender una verificación a marchas forzadas, para al menos disminuir la cantidad de votantes que estando empadronados no podrán ejercer el sufragio; de lo contrario, por decreto, puede incorporarlos al padrón alimentando las dudas sobre un fraude, o, esperar que el día de las elecciones decenas de miles no puedan votar y haya protestas violentas en las mesas. Las elecciones siempre resultaron un recurso político para procesar confrontaciones y salir de gobiernos que irremediablemente acumularon seve-
Acuerdo: elecciones para un Gobierno de transición hacia Asamblea Constituyente
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describe en el próximo párrafo) pero tendría la desventaja de prolongar la incertidumbre política, al menos uno o dos años más, lo cual inquietaría a los mercados y quizá fatigaría a la población, muy profundamente desconfiada de un sistema político agotadísimo y de los propios políticos. El escenario de la turbulencia significa el curso exacerbado de los signos ominosos vistos hasta ahora. La violencia invade el clima electoral; grupos paramilitares y activistas de cada partido, incrementan sus actividades de intimidación y sabotaje de los rivales; las llamadas campañas negras alcanzan una difusión sin precedentes y, todo ello, alimenta los miedos de los grupos de poder que, a su vez, eleva los niveles de polarización, y desalienta la participación ciudadana.
Este escenario puede, aun con dificultades, soportar la prueba y llegar a elecciones complicadas pero legalmente sancionadas. No obstante, hay un escenario, derivado de este, de pérdida de gobernabilidad y que estaría inducido por el juego de exclusiones (o inhabilitaciones) y, simultáneamente, inclusiones forzadas (inscripciones de candidatos con tachón legal); en este escenario la comunidad internacional queda rebasada, a pesar de las advertencias sobre los costos del aislamiento internacional, y el sistema entraría en riesgo de colapso, que es la antesala de un golpe de Estado.
Sin acuerdo: gana la crisis de legalidad de candidaturas, polarización y violencia
Inscripciones fo rz de candidatos adas y polarización Violencia pol sabotajes y camítica, pañas negras exacerba das Inhabilitación de candidato de oposición que ll escenario pre goeva a lpe
Seguridad
La violencia se incrementará y EE.UU. va a esperar al próximo gobierno
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currirá una saturación de violencia criminal en los tres niveles en que esta se presenta (delincuencia común, bandas de secuestros y extorsiones, y crimen organizado transnacional), debido a que seguirán intensos los flujos económicos, que son la fuente de lucro de esa violencia, y porque, en contrapartida, no existe capacidad alguna de recuperar la gestión de los aparatos de seguridad pública en el último año del gobierno de Colom. Eso se traducirá en altas tasas de homicidios y otros delitos graves que rebalsarán a las instituciones de seguridad y justicia.
4. EL ESCENARIO DE LA VIOLENCIA QUE TRITURA A LA SOCIEDAD
Aprieta geopolítica anti narcóticos
Saturación del teatro de criminalidad
rivales, si sus estrategias de ablandamiento, sean judiciales o mediáticas, son inefectivas para sus propósitos electorales.
Continuarán ataques esporádicos tipo terrorista, promovidos por maras para forzar el pago de extorsiones. Es un dato documentado por los especialistas, que las maras reúnen alrededor de Q30 millones en extorsiones de autobuses, y que sus líderes aumentaron su “esperanza de vida” de 21 a 29 años (tras la paz armada entre Salvatruchas y de La 18). Como ocurrió en Río de Janeiro, las pandillas han ido adquiriendo armamento y capacidades de sabotaje y de atentar contra objetivos civiles masivos, hasta convertirse en asunto de seguridad nacional.
Serán especialmente riesgosos los territorios infectados por la guerra abierta entre grupos tradicionales de narcos versus Zetas y sus aliados locales: Zacapa, Jutiapa y Jalapa; Izabal; Quiché, Huehuetenango y San Marcos. Esta es la primera vez, durante el periodo deSe incrementa la mocrático, que unas elecviolencia e invade la ciones se llevarán a cabo política electoral, en medio de una guerra contribuyendo a la entre cárteles, y que ocuingobernabilidad de rre cuando la inoculación de las ganancias de la droeste periodo ga en la economía legal es ya profunda.
El proceso electoral mismo, será fuente de tensiones extremas entre el PP y la UNE. La asistencia y la vigilancia internacionales podrían resultar insuficientes para contener los desbordes de la polarización. A nivel de municipios y departamentos, candidatos a cargos de elección popular serán blanco de ataques violentos, y el móvil será fundamentalmente la violencia criminal, es decir, intereses de los narcos por asegurar territorios; marginalmente obedecerá a violencia política propiamente dicha. Esta será un tipo de violencia en principio descentralizada, es decir, producto de enfrentamientos locales, pero esta vez, a diferencia de otros momentos, ciertos mandos políticos centrales podrían acudir al recurso extremo de la eliminación física de
Como la fuerza pública carece de capacidad real de contención sobre el narcotráfico, la intervención de fuerzas extranjeras, como la DEA estadounidense, será cada vez más directa en los operativos. De todos modos, el involucramiento progresivo del Ejército en estas operaciones le devolverá su centralidad en la seguridad nacional, perdida desde hace una década. Estados Unidos empieza a poner en marcha su estrategia regional de seguridad, adoptando a El Salvador como aliado-pivote. Esa estrategia con visión geopolítica, dejará a Guatemala en medio de varios fuegos, pero será hasta que asuma el próximo Gobierno en 2012, que Washington decidirá el grado de incorporación del país a su estrategia. Por ahora la administración de Obama mantiene una distancia prudente del gobierno de Colom, al punto de no haberlo recibido en la Casa Blanca.
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Desde hace al menos una década, la exacerbación de la lucha política se ha decantado a través de la judicialización. Los procesos penales tienen amplia materia, dada la tradición de impunidad (delitos contra la vida, corrupción, evasión fiscal, fraudes financieros, etcétera) con que han operado los principales actores políticos y económicos. Sin embargo, la falta de independencia del Ministerio Público y de las Cortes vuelve, otra vez, manipulables los procesos.
Justicia
Solo la intervención imparcial de la CICIG ofrece oportunidades de salvar la politización de la justicia, y este 2011 será clave para afirmar su fidelidad al mandato. Razonablemente, la CICIG espera un mayor compromiso de la sociedad guatemalteca y sobre todo de sus elites con el Estado de Derecho, para hacer sostenibles sus avances. Pero esa relación de correspondencia se entrampa, a medida que ciertas críticas contra la Comisión arrecian y van teniendo mayor resonancia mediática. Por eso, también, en este año tendrá la mayor importancia el aprendizaje sobre cómo debatir libremente y evaluar el trabajo de la CICIG. Ante esto, el mayor compromiso de la ONU con la Comisión, incluyendo el traslado de recursos financieros internos, contribuirá a fortalecer su labor contra la impunidad.
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Si la CICIG y el MP logran presentar casos sólidos, obtendrán condenas que mitigarán los riesgos de gobernabilidad, pero si las instancias de justicia se ven saturadas y sobrepasadas y los procesos son procesalmente forzados o están descuidados, fuerzas que sobre el tablero parecen rivales (redes clandestinas que han competido entre sí hasta ahora) ganarán espacios para retomar la ofensiva y podrían aliarse tras el propósito común de refrendar su impunidad.
Los casos de alto impacto, test del Estado de derecho
l año electoral volverá materia inestable la tensión entre casos de alto impacto e impunidad. En 2011 se efectuarán juicios penales contra el ex presidente Alfonso Portillo y varios de sus ministros; contra el ex ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, y parte de sus colaboradores (quizá en países de Europa, específicamente Francia y España); y contra ex financistas y ex ministros del actual Gobierno, y a estos se podrían agregar otros casos ahora en proceso, también de alto impacto.
5. FORTALEZA O COLAPSO: LAS DOS VÍAS ABIERTAS PARA EL ESTADO DE DERECHO
Fortaleza del Estado de Derecho Juicios exitosos casos de alto impacto
CICIG - MP soportan con documentos políticos, contundentes y rigurosos sus casos judiciales
Colapso del Estado de Derecho Redes criminales se coluden y derrotan la justicia
Descrédito del Sistema de Justicia y de CICIG, la nave insignia contra impunidad
Se trata, por lo demás, de redes que poseen capacidad para afectar la gobernabilidad y el procesos electoral: tienen poder político y económico, además acceso a medios de comunicación, capacidad operativa y acceso al cabildeo internacional. Si este boicot tiene éxito, profundizaría el escepticismo de la comunidad internacional, acerca de las posibilidades reales de reconstruir el Estado de Derecho en el país. También se abrirán procesos judiciales por la masacre Dos Erres (Petén) y otros casos del conflicto armado, que mantienen alerta a los militares veteranos agrupados en Avemilgua. Pero si a estos casos se agregan otros, como el de Otto Pérez, por el caso Bámaca, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó su reapertura, entonces la causa de impunidad de Avemilgua podría potencializarse, aunque sus medios (inteligencia, organización partidaria y manejo de opinión pública) se caracterizan por la precariedad. Si los procesos judiciales se extienden a dirigentes políticos de primera línea y que aspiran a la Presidencia de la República (caso Otto Pérez) se podría desencadenar un cuadro de ingobernabilidad generalizada, al extremo de llevar el sistema político al colapso. Por lo demás, la otra candidata fuerte, Sandra Torres, es potencial blanco de demandas judiciales, aunque en este caso el manejo del “momento” es externo, difícilmente se le tocará en año electoral, mientras ella es Primera Dama.
Conflictividad social La plataforma para interconectar conflictos con vistas al 2012
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n 2011, estará a prueba la capacidad de las organizaciones populares aglutinadas en torno al Frente Nacional de Lucha (FNL), de interconectar conflictos –en torno a explotación de recursos naturales y prestación de servicios- que están localizados territorialmente y se manifiestan de manera aislada, y, por lo tanto, que han carecido de contundencia para convertirse en factor de ingobernabilidad.
Esta potencial interconexión de conflictos, podría estar facilitada por la conversión del FNL en un sujeto político, como la fuerza más sustantiva del Frente Amplio, que integran las fracciones bastante debilitadas de la antigua guerrilla desmovilizada tras la firma de los Acuerdos de Paz, y, que participarán en las elecciones tratando de incrementar su cuota de poder político en los gobiernos municipales y el Congreso. Si esa previsión se cumple, el 2011 sería el año de agitación y consignas reivindicativas, para crear una plataforma con organización a nivel nacional, que, en 2012, con un nuevo Gobierno, estaría en capacidad de movilizarse a nivel nacional. La reglamentación de las Consultas Populares, antes que ayudar a procesar los conflictos, se volverá fuente de conflicto, pues será rechazada por las organizaciones comunitarias y sus representantes. En varias regiones, habrá condicionamiento de los candidatos a cargos de elección, a adoptar las posiciones de rechazo a la explotación minera y de hidrocarburos, así como a asegurar beneficios a las comunidades derivados los proyectos hidroeléctricos. Pero más allá, las fuerzas sociales se van a dispersar jalonadas por los diferentes proyectos políticos y sus ofertas. Eso ocurrirá, especialmente con los ex patrulleros civiles y agrupaciones mayas, pero también con organizaciones
de amplia base territorial, como los maestros y algunas asociaciones campesinas, que han permanecido durante los últimos años afines al gobierno de la UNE y que respaldarán la eventual candidatura de Sandra Torres.
6. EL POTENCIAL DE INTERCONECTAR LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL
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uatemala tiene que abandonar su estrategia explícita y consciente, que en términos prácticos, ha girado en mantener la estabilidad macroeconómica, que tuvo su lógica y sustento, tras el caos macroeconómico de finales de los años ochenta y principios de los noventa. Nos hemos estancado en ella y es tiempo de ir mas allá y concebir una nueva estrategia deliberada y consciente, con su correspondiente paquete de políticas públicas de corto plazo, que permitan reencontrar la senda del crecimiento económico acelerado y sostenido. Muchos países lo han hecho con gran éxito en las últimas décadas. Crecimiento económico, que es indispensable para lograr un desarrollo con equidad, en un contexto de decencia y civilización. Es esencial desarrollar una economía de vanguardia y reconstruir el aparato público, de suerte que adquiera eficacia y eficiencia. En lo relativo a la economía, con políticas de vértigo y reglas estables, hay que impulsar, con convicción y compromiso, los motores claves del desarrollo económico, que permiten anticipar, transformarán el rostro del país: van desde el forestal, turismo, agroindustria de exportación, la explotación de minerales metálicos (oro, plata, zinc, mármol) y no metálicos (petróleo), la generación de energía eléctrica, la rápida planificación y construcción de al menos dos grandes ciudades, para 2.5 millones de habitantes, que serían una mezcla de centros de convenciones, centros tecnológicos, instalaciones de carga y fábricas localizadas a los lados de eficaces pistas de modernos aeropuertos. Estas ciudades deberían de contar con infraestructura de calidad mundial y nuevas legislaciones capaces de atraer y cristalizar grandes inversiones locales y extranjeras. Asimismo, se deberían planificar centros urbanos de menor escala (de alrededor de 30 mil familias cada uno), de suerte que se puedan reubicar poblaciones rurales remotas –por ejemplo de quienes habitan el corredor seco– y construir masa crítica urbana para llevarles infraestructura social y de soporte a la producción. De otra manera, la hambruna seguirá siendo una constante. Esto implicaría, políticas de Estado de relocalización o reubicación de poblaciones marginadas y aisladas. Es importante señalar, que el impulso de la explotación de minerales metálicos, no metálicos y las hidroeléctricas, debe tener en consideración un encuentro amistoso con el medio ambiente, los ingresos derivados de estas actividades que correspondan al fisco deben destinarse prioritariamente al municipio donde ocurra la explotación del recurso en cuestión, luego debe privilegiarse fiscalmente el departamento donde esté dicho municipio, y finalmente, alguna proporción debe llegar al resto de la Nación. Estas inversiones masivas en estos sectores claves y estratégicos, deben de realizarse en el marco de alianzas público-privadas, no solo porque se requieren inversiones cuantiosas, sino que más aún, es fundamental tecnología de punta.
Paquetede propuestas El final del ciclo político y económico, oportunidad de la gran reforma También deben de mejorarse las negociaciones con los inversionistas extranjeros, para que queden más recursos en las comunidades locales, departamentales y nacionales. Para que estas comunidades puedan, verdaderamente, ser socias del desarrollo, de la riqueza, del progreso económico y social y de un país más seguro. Para tener una idea clara, de lo que estas inversiones pueden significar fiscalmente para el Estado de Guatemala, en un arreglo como el de Perenco en Petén, que es susceptible de ser mejorado y donde por cierto las reservas de petróleo no pasan de ser una miada de gato, pues el oro negro está en otras áreas del país; en siete años, Guatemala podría estar recibiendo más de 180 millardos de quetzales de ingresos fiscales, solo provenientes del petróleo, cuando hoy día, el fisco tiene ingresos fiscales totales de 38 millardos de quetzales. Sin embargo, para lograr avanzar en este campo, como sociedad tenemos que dar un salto cualitativo, abandonar la polarización, la radicalización y la intransigencia, la cultura del no se puede, atrincherados como Leonidas en las mismas Termópilas, y, aprender a definir como sí se pueden hacer las cosas, en base al consenso, el diálogo, el debate y la negociación. Debemos aprender a desarrollar los diez mandamientos, para que las cosas y los proyectos sí se puedan realizar. Se deben impulsar sistemas de riego, prioritariamente en el altiplano (400 pozos gigantescos), de manera de estar en condiciones de exportar cuando en los mercados del norte del mundo es invierno, y, por lo tanto, los precios de los productos son altos, pues los productores de estos países durante el invierno no pueden producir, ni competir. En adición, el Estado debe diseñar y ejecutar un sistema maestro de riego a nivel nacional, que en buena medida podría ir acompañado de una extensa red hidroeléctrica, como única ruta para expandir su área sembrada de exportaciones no tradicionales. Luego, lo obvio: el Gobierno, los grupos políticos y la sociedad en su conjunto, deben acordar, atraer y fomentar inversión privada local y extranjera; la eliminación de los déficits globales; la despolitización de los macroprecios (tasa de interés, tipo de cambio, etcétera); el ataque a fondo a la pobreza extrema, no solo por razones éticas y morales,
sino que para prevenir y enfrentar crisis políticas, militares y sobre todo criminales. Es imposible un orden político estable, alejado de tensiones, mientras la población se debate entre la marginación y la miseria. Se debe impulsar agresivamente una reforma radical del presupuesto del Estado, que busque expandir el acceso a la educación a los sectores marginados, mejorando cualitativa y cuantitativamente, el nivel y la calidad de la educación. A la vez, hay que implantar, con sentido de urgencia, la formación agresiva de capital humano, buscando atajos en el avance educativo/tecnológico, de suerte que Guatemala pueda estar en posición de desarrollar ventajas comparativas basadas en la educación, la organización social y el conocimiento. De entrada, se deben enviar 6 mil profesionales a realizar estudios de posgrado en universidades de calidad mundial, que regresen a enriquecer las elites y los liderazgos de todos los sectores. Este programa debe ser sostenido en el tiempo. El Estado y sus instituciones debe de reconstruirse y modernizarse. La cleptodictadura que sufrimos los guatemaltecos, que elegimos cada cuatro años, donde cogobiernan un Presidente ladrón –todos lo han sido–, el crimen organizado y algunos financistas de campaña, debe transformarse en una democracia genuina, en una democracia de verdad. La promoción del desarrollo exige más riqueza, pero también muchas y nuevas manos. En la medida que los estratos pobres de la población y las sociedades indígenas también participen, la difusión de la riqueza y un verdadero capitalismo tenderá a potencializarse. Las remesas y la economía del delito, que son las fuentes por excelencia, de liquidez de la economía, no pueden, ni deben, ni resultan las apuestas estratégicas implícitas e inconscientes y tienen un enorme costo, no solo en valores y principios, en generar una cultura que privilegia la corrupción y el dinero fácil, sino que pudrirá por décadas nuestro tejido social. No se puede contrarrestar y derrotar la economía del delito, si no existe una alternativa real para la gente, que conlleve oportunidades en todos los campos.
7. ETAPAS DE UN FUTURO DESEABLE Y FACTIBLE
No se puede derrotar al narcotráfico, cuando los capos y los cárteles, son los únicos discípulos rigurosos de Lord Maynard Keynes, y ofrecen pleno empleo a las comunidades, paquetes tecnológicos a los pequeños productores y hasta resuelven la inseguridad en las localidades. Pero como los grandes desplazamientos de una sociedad, no son resultado de actos únicos y puros, se requiere de una intensa lucha política, que culmine en un contrato social explícito. Esta es la oportunidad que ofrece el escenario de elegir un próximo gobierno, cuyo compromiso sea la modernización de la política y la economía y la reconstrucción del Estado. Estas reformas tienen un chaleco de fuerza en la Constitución, por lo que un cambio concertado a través de una Asamblea Nacional Constituyente, resulta el paso lógico. El oxígeno de una reforma constitucional, tras la modernización de la política y la economía y la reconstrucción de un Estado también moderno, facilitaría al mismo tiempo, la definición de un modelo económico con múltiples motores y socios extendidos, pero a la vez libraría el cuello de botella de la seguridad y la justicia, que es por donde hace agua el Estado y la convivencia social. Situaría, también, en otro escenario la conflictividad social que amenaza en transformarse en un foco voluminoso de ingobernabilidad, desde el primer año del próximo gobierno. La reforma constitucional debe pasar, al menos, por la construcción de un poder control autónomo e independiente, política y financieramente, orientado a mantener la rendición rigurosa de cuentas de los funcionarios y dignatarios públicos. Solo el fortalecimiento del órgano contralor del Estado, es la clave para el surgimiento de un orden colectivo más decente. Se debe reinstitucionalizar el presupuesto de gastos del Estado, de suerte, que el Estado y sus instituciones, no puedan canalizar recursos fiscales a través de oenegés, fideicomisos ni organismos internacionales para escapar de la fiscalización. Se debe establecer procesos de elección de magistrados a todas las Cortes y a Fiscal General, alejados de la política, de los partidos y del crimen organizado. Esta reforma, debe incluir mecanismos para la revocatoria de sus mandatos. Se debe tomar en cuenta, que los diputados al Congreso sean electos a mitad del período presidencial, y, que todos los diputados tengan relación vinculante con sus electores. A la Superintendencia de Administración Tributaria, se le debe otorgar autonomía real, política y financiera. Al Banco Central, se le debe garantizar plena autonomía e independencia y se debe establecer como obligación constitucional el equilibrio de las finanzas públicas. Se debe implantar una reforma, que permita realizar una cirugía mayor en las Fuerzas de Seguridad del Estado. No podemos continuar con unas Fuerzas de Seguridad infiltradas por delincuentes y ladrones, mientras los buenos oficiales viven desmoralizados y marginados. Por último, se debe impulsar una iniciativa diplomática unificada de México a la Argentina, destinada a la liberalización de la droga en todo el hemisferio, y, consecuentemente, que todos los recursos que se destinan a la guerra contra el narcotráfico, se orienten a políticas agresivas y eficaces para la prevención del consumo de drogas, para combatir la adicción y para rehabilitar a los adictos.