Los daños patrimoniales reducen frecuentemente el bienestar social. Este hecho plantea una meta de política pública muy clara: la minimización del monto de los daños y perjuicios que se observan en una sociedad. en el ámbito de la política de competencia en particular, el nivel de daños y perjuicios generados puede controlarse a través de instrumentos de naturaleza prospectiva o retrospectiva.
