SOL YUCATÁN | EDICIÓN N.º 82 | 04 DE OCTUBRE 2021

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EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

ESTADO FEMINICIDA

Ciudad de Mérida, Yucatán

Del 4 al 10 de octubre del 2021

Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General

Edición No. 82

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*En lo que va de la administración de Mauricio Vila Dosal se han registrado 24 feminicidios: 4 en el 2019, 12 en el 2020 y 8 en estos nueve meses del 2021. Así mismo, 27 asesinatos de mujeres y 26 suicidios. Muchos otros son ocultados o negados por las autoridades * En el 80 por ciento de ese tipo de asesinatos, la víctima es sometida a una serie de vejaciones, lesiones, tortura y agravios, que son más que suficientes para ser calificaPAGS. 3 y 4 dos como feminicidios, pero la mayor parte quedan en la impunidad.

LA ESTAFA DE COVID EN MÉRIDA

*El coronavirus ha sido un negocio redituable para al menos dos empresas que han trabajado con Renán Barrera de manera discrecional. Sólo con dos contratos entregados por adjudicación directa, el ayuntamiento panista otorgó siete millones 082 mil pesos

Redacción/Sol Yucatán

Mérida.- Pese a las denuncias donde se exhibió que el gobierno municipal de Renán Barrera Concha había cometido una serie de irregularidades aprovechando la llegada PAG. 5

SEGURIDAD FANTASMA *El gobierno del Estado dio contratos directos por 30 millones de pesos a la empresa Actualización y Competencias en Tecnologías y Humanidades por la renta de los sistemas de vigilancia. Una

EDITORIAL

CORPORATIVO

empresa con poca experiencia en materia de seguridad Redacción/Sol Yucatán

Mérida.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de

Yucatán, comandada por Luis Felipe Saidén Ojeda, encontró una fuente de trabajo para llenar los bolsillos de una empresa con poca experiencia en materia de seguridad.

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¡3 RADIODIFUSORAS!

*Ha demostrado no solamente ser el líder informativo en la Península de Yucatán, sino que también compite informativamente en el ámbito nacional con los grandes consorcios periodísticos, a los cuales, en diversas ocasiones, les ha marcado el paso

*Nuestro Director General, Pedro Daniel Rodríguez Hernández, con un gran esfuerzo y rindiendo un verdadero homenaje al periodismo, cumple con su palabra y anuncia la adquisición de dos nuevas frecuencias de radio PAG. 2

*“Quien hace periodismo está comprometido a servir al prójimo, con la verdad, a no fallar”, ésas fueron las palabras de nuestro Director General al hacer el anuncio al Corporativo y comprometerse a seguir hacia adelante en busca de la verdad

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Mérida, Yucatán. Del 4 al 10 de octubre del 2021

EDITORIAL

/Redacción Sol Yucatán

¡3 RADIODIFUSORAS!

Grupo Sol Corporativo se ha consolidado con el paso del tiempo. Ha demostrado no solamente ser el líder informativo en la Península de Yucatán, sino que también compite informativamente en el ámbito nacional con los grandes consorcios periodísticos, a los cuales, en diversas ocasiones, les ha marcado el paso o simplemente informado antes que cualquiera de algún hecho nacional y/o internacional.

Este consorcio informativo nació con profesionalismo y carácter firme. Inició con un medio electrónico en Quintana Roo y se fue expandiendo poco a poco, pero de manera inesperada, hasta que salió su primera edición impresa y de ahí se posicionó en Yucatán hasta obtener su versión en papel en Campeche y apun-

*Ha demostrado no solamente ser el líder informativo en la Península de Yucatán, sino que también compite informativamente en el ámbito nacional con los grandes consorcios periodísticos, a los cuales, en diversas ocasiones, les ha marcado el paso *Nuestro Director General, Pedro Daniel Rodríguez Hernández, con un gran esfuerzo y rindiendo un verdadero homenaje al periodismo, cumple con su palabra y anuncia la adquisición de dos nuevas frecuencias de radio *“Quien hace periodismo está comprometido a servir al prójimo, con la verdad, a no fallar”, ésas fueron las palabras de nuestro Director General al hacer el anuncio al Corporativo y comprometerse a seguir hacia adelante en busca de la verdad

talando su fuerza informativa con La Opinión de México, nuestro periódico nacional.

El crecimiento es sólido y es por ello que nuestro Di-

DIRECTORIO

rector General, Pedro Daniel Rodríguez Hernández, con un gran esfuerzo y rindiendo un verdadero homenaje al periodismo, cumple con

EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

Director General: Pedro Daniel Rodríguez Hernández Subdirector General: José Enrique González Ortiz Coordinación Editorial: José Arturo González Cámara / José Sánchez López Coordinador de Finanzas: Víctor Manuel Sima Ku CORRESPONSALES NACIONALES Veracruz: Sayda Chiñas Córdoba / Tijuana: Isaí Lara Tonathiu / Guerrero: Cuauhtémoc Albarrán / Chihuahua: Héctor Dáyer López / Tamaulipas: Oscar Pineda Tapia / Oaxaca: Roberto Polo Hernández / Sinaloa: Jesús Herrera Guanajuato: Eduardo Estrada Téllez / Puebla: Ana de la Fuente Laudo / Michoacán: Marcos Hernández Palafox / Ciudad de México: José G. Sánchez / Estado de México: Manuel Godínez / Cuernavaca: Alejandro Melgoza COLUMNISTAS Rafael Loret de Mola / Ricardo Ravelo Galó / José Sánchez López / Francisco Medina / Mouris Salloum George / Pablo Cabañas / Héctor Moctezuma de León / Edgar González Martínez / Sergio Gómez Montero /Moisés Sánchez Limón / Sócrates Campus Lemus / Gregorio Ortega Molina / Glen Rodrigo Magaña / Fernando Irala / Octavio Campos Ortiz / Alberto Woolrich / Aletia Molina / Miguel Rocha Valencia / Miguel Tirado Rasso / Armando Rojas/ Roberto Fuentes Caricaturistas: Salvador del Toro “Chavo del Toro” / Armando Barrera Vera Redacción: Monitoreo: René Alberto Herrera Pech Transparencia: Gerardo Briceño / Lesmy Aurelia González Velázquez Reportero: Didier Madera Diseño gráfico y Diagramación: Edwin J. Hidalgo Sandoval / Daniel E. Tuz Solís Relaciones públicas: Paola Pacheco Orendain Ventas: Mario Cabrera Pech Circulación Marcos Sánchez Vázquez

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Desafío

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su palabra antes de tiempo y demostrando que ésta vale más que cualquier cheque en blanco, al anunciar a sus colaboradores la adquisición de dos nuevas frecuencias de radio.

Hace un par de semanas, Rodríguez Hernández daba la noticia que paralizó a más de uno: la adquisición de la frecuencia 100.5, desde la cual se transmitirán los noticieros de Grupo Sol Corporativo.

Hoy tiene el enorme placer de confirmar que a la 100.5 se le unen la 102.1 y 88.1, respectivamente.

Estas tres frecuencias estarán enlazadas como una sola y llevarán ahora la voz de nuestros medios impresos –Sol Quintana Roo, Sol Yucatán, Sol Campeche y nuestro periódico nacional La Opinión de México– a Yucatán y a Quintana Roo, en donde nuestra señal estará presente y tendremos el gusto de informar con veracidad y de manera oportuna.

Nuestra expansión es cada día mayor y el alcance de nuestros medios informativos, incomparable.

Sin embargo, hay que dejar muy en claro que la mística continuará siendo la misma, que nuestra línea editorial no cambiará y que seguiremos denunciando a quienes dañan a los municipios, el estado, el país o simplemente los actos de corrupción existentes.

Grupo Sol Corporativo ahora está en la radio, con un grupo de jóvenes profesionales que en breve darán las noticias más relevantes de los 11 municipios de Quintana Roo y de nuestro hermano estado de Yucatán.

Nuestros noticieros tendrán dos ediciones de lunes a viernes con duración de hora y media cada uno; mientras que los sábados y domingos solamente habrá una edición.

“Quien hace periodismo está comprometido a servir al prójimo, está comprometido con la verdad, está comprometido a no fallar”, ésas fueron las palabras de nuestro Director General al hacer el anuncio al corporativo y comprometerse a seguir hacia adelante, en busca de la verdad.

A partir de ahora, Grupo Sol Corporativo redoblará esfuerzos para que sus medios informativos continúen siendo los número 1, gracias a los miles de lectores –y próximamente radioescuchas– que han entregado toda su confianza a nuestro equipo de trabajo.

Lo difícil no es llegar a la cima, sino mantenerse en ella y eso, con esfuerzo y una dirección ejemplar, sin compromisos, sin colores y con la única responsabilidad de servir, lo ha logrado esta gran familia llamada Grupo Sol Corporativo.

Las voces de los quintanarroenses podrán escucharse sin censuras. Nuestras tres frecuencias estarán abiertas para la denuncia real, comprobable, porque reiteramos las palabras de nuestro Director General: El periodismo y la verdad son la bandera que enarbola esta Casa Editorial.

*Cuentos de Generales *El Comandante “Total”

Por Rafael Loret de Mola

Pasaron ya siete años desde los terribles acontecimientos en Iguala con la desaparición de 42 normalistas más un infiltrado militar, y veintisiete con nueve meses agregados desde la incursión neozapatista en Guerrero, la entidad gobernada por el cacicazgo Salgado al que dio visto bueno el órgano electoral pese a las irregularidades electorales extendidas a casi todas las entidades en donde se estrenan gobernadores más mafiosos que políticos. Y todo queda igual; gatopardismo lópezobradorista.

Entre generales vuelan los cuentos y las versiones sobre los sucesos. Algunos revelan que, en 1994, en la supuesta guerra de once días contra los rebeldes de la sierra integrantes del EZLN, ambos bandos estaban cargados de improvisados. Manuel Camacho Solís, fallecido en junio de 2015 y uno de los actores principales de las negociaciones en la Catedral de San Cristóbal de las Casas por parte del gobierno salinista, me reveló, tiempo después de este hecho, su sorpresa al encontrarse con elementos embozados portando rifles de palo y vistiendo ropas de manta barata: --De verdad –insistióno tenían en donde caerse muertos.

Y entre los corrillos militares algunos de éstos se sinceran aduciendo que las tropas enviadas a la sierra en busca del sub “Marcos”, ahora aparentemente “Galeano” si de verdad vive, eran bastante erráticos por su inexperiencia y el temor a sostener una batalla en serio... que solo se dio a medias y por breve espacio antes del armisticio unilateral ordenado por el entonces presidente de la República. Nadie ha sido capaz de investigar este suceso y las connotaciones de sus protagonistas, por la parte oficial digo, ante las evidencias de una colusión inaceptable. Ya les conté mi versión al respecto.

Y en cuanto a la delirante búsqueda de los desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa la mayor mentira es seguir sosteniendo que están vivos para tratar de que pase el tiempo sin comprometer a las huestes de uniformados comprometidas, considerando al jefe de las mismas el general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda quien a sus setenta y tres años debe carcajearse de cómo burló

al gobierno estadounidense bajo el cobijo putrefacto de la 4T. Este es uno de los casos que hundirán, tarde o temprano, al merolico de las mañaneras; ¿o chachalaca?

Nunca se procedió, igualmente, contra los responsables de la masacre de Tlatlaya, en el Estado de México, en junio de 2014, que pudo resolverse siguiendo los hilos del botín de 80 millones de dólares escondidos en una casa de seguridad allí mismo y, sin duda, la verdadera motivación para proceder como lo hicieron asesinando a mansalva a veintidós civiles, entre ellos mujeres y niños, bajo el pretexto de que eran narcotraficantes cuando quienes tenían esta condición eran, precisamente, los mílites superiores y quien tuvo sobre su mesa el dinero incautado y nunca investigado; precisamente Cienfuegos, el liberado bajo la ceguera oficiosa de la Fiscalía persecutora de científicos y académicos e incapaz de mirar hacia arriba, como dijo haría AMLO en sus orígenes como mandatario, para combatir la corrupción mayor: la de los asesinos del sistema... como el citado y el hombre “de confianza” del mandante-mandatario, Manuel Bartlett y otros más. ¿Cómo podrá salvar la historia quién ha mentido tanto a los mexicanos y protegido a los peores hijos del sistema con quienes ha negociado abiertamente? ¡Déjese de falacias, Andrés Manuel!

LA ANÉCDOTA En plena revolución – más bien “la bola” como la llaman quienes cuentan la epopeya-, un generalito, de esos que surgieron al fragor de las batallas y sin academias militares, se encontró con una de las nóminas destinadas al pago de los mandos. Como había aprendido a leer y contar minuciosamente repasó el listado y asombrado dijo: --¡Ah, jijos! ¿Quién es este cabrón “total” que gana mucho más que yo?

Bien harían los corifeos de AMLO en homenajear a su antecesor en materia de ignorancia, engañifas y manipulaciones mañaneras. ¿Comenzamos con Jesús Ramírez Cuevas y su entenada “lady mentiras”, Ana Elizabeth García Vilchis?

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ESTADO FEMINICIDA EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

*En lo que va de la administración de Mauricio Vila Dosal se han registrado 24 feminicidios: 4 en el 2019, 12 en el 2020 y 8 en estos nueve meses del 2021.

Así mismo, 27 asesinatos de mujeres y 26 suicidios.

Muchos otros son ocultados o negados por las autoridades * En el 80 por ciento de ese tipo de asesinatos, la víctima es sometida a una serie de vejaciones, lesiones, tortura y agravios, que son más que suficientes para ser calificados como feminicidios, pero la mayor parte quedan en la impunidad.

cidios son perpetrados por parejas, exparejas o conocidos de las víctimas a diferencia de otros estados, por lo que las autoridades responsables deben de quitar de raíz el problema de violencia familiar, haciendo que se cumpla lo que está establecido en la ley antes citada, la cual incluye prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género Cada una de estas áreas tiene programas y protocolos que deben cumplirse, pero lamentablemente en Yucatán no ha sido posible hacerse de manera estructural para dar cobertura a la mayor parte de las poblaciones y de las mujeres de mayor riesgo en el interior del estado y sobre todo en las zonas mayas.

En la entidad prevalece el abuso infantil, hasta ahora no ha habido una política pública fuerte que de resultado para prevenirlo. La académica mencionó que en la asociación les llegan muchos casos de violencia sexual infantil, en violencia

familiar. Yucatán ocupa el séptimo lugar a nivel nacional.

La agenda gubernamental es ciega a la perspectiva estructural de lo que implica la política pública con perspectiva de género, también de no existir una vinculación adecuada entre las instancias responsables de proteger a las mujeres, así como un sistema de justicia inoperante frente a la violencia, todo esto conforma los problemas estructurales en el estado, no el feminicidio, éste es la parte final.

Estos problemas son responsabilidad de las autoridades, principalmente del Ejecutivo, quien se ha mostrado indiferente pues han observado una falta de liderazgo y compromiso por parte del gobierno del Estado para la dirección de una agenda de género.

El Sistema Estatal para la Prevención, atención, erradicación y sanción de la violencia, ha sido inoperante debido a que en las reuniones el gobernador nunca se ha presentado, tampoco

*Tres sexenios de negar, ocultar y tergiversar feminicidios. Ivonne Ortega, Rolando Zapata y Mauricio Vila. Sólo en los dos períodos priístas se registraron más de 100 feminicidios Redacción /Sol Yucatán Mérida.- Mauricio Vila Dosal minimiza la exigencia de tantas familias y mujeres para que haya un pronunciamiento por los horrendos feminicidios en Yucatán. Hasta ahora el Gobernador no ha tenido una sola palabra de aliento hacia familiares de mujeres asesinadas y, en el colmo, la secretaria de Gobierno, María Dolores Fritz Sierra, se limita a reconocer que no han podido evitar la muerte y el sufrimiento de mujeres.

De acuerdo al Observatorio Nacional de Feminicidios en lo que va de la administración de Mauricio Vila Dosal se han registrado 24 feminicidios: 4 en el 2019; 12 en el 2020 y 8 en estos siete meses del 2021.

Así mismo 27 asesinatos de mujeres y 26 suicidios de mujeres, pero esta cifra es dudosa porque puede haber quedado en la clasificación de feminicidios, informó el Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán.

En el 80 por ciento de ese tipo de asesinatos, la víctima es sometida a una serie de vejaciones, lesiones, tortura y agravios, que son más que suficientes para ser calificados como feminicidios, pero la mayor parte quedan en la impuni-

dad.

Muchos otros son ocultados o negados por las autoridades y mientras el Gobierno se niega a que sea emitida la alerta de género, “porque sería enviar un mensaje de riesgo al turismo y con ello se afectaría la economía del Estado”.

Gina Villagómez Valdés, Doctora en Antropología Social e integrante del Frente por los Derechos de las Mujeres, resaltó que si bien el feminicidio no es el principal problema en Yucatán, no por eso se le debe restar importancia, lo que sí lo es, es la violencia familiar, en comunidades y la falta de atención estructural en las zonas más vulnerables y alejadas donde los servicios institucionales no llegan, donde las mujeres se encuentran en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad, particularmente a raíz de la pandemia.

Los feminicidios son consecuencia de una serie de violencias que tienen que ver con lo que se le llama violencia estructural, como lo son la pobreza, desigualdad, falta de acceso al recurso y sobre todo falta de acceso a políticas públicas que atiendan los elementos que esté comprendida en la Ley de Acceso de una Vida Libre de Violencia.

En Yucatán, los femini-

En la administración de Rolando Zapata se registraron 42 feminicidios, muchos quedaron impunes.

Con Ivonne Ortega Pacheco se contabilizaron 63 feminicidios. lo ha hecho el titular de la Secretaría de Salud, ni el de la SSP, ni otras instancias, siempre mandan a las mujeres en cosas de mujeres, los titulares de las dependencias nunca se han involucrado con el Sistema, por lo tanto, no hay una vinculación entre ellos. ¿Es necesario un feminicidio más para saber que estamos a la deriva en política pública para las mujeres de Yucatán?, En 106 municipios solo en 14 existen centros municipales de atención contra la violencia, y además, hay poca vinculación con respecto a ese problema con los presidentes municipales, el ejecutivo se justifica que por la autonomía municipal no los puede obligar aunque si se pone de acuerdo en otros tipos de acciones.

Además, cómo es que el gobierno no puede otorgar órdenes de protección que lo necesitan cuando están en riesgo.

Sin embargo, se ha dado el caso en otras mujeres que

han pedido órdenes de protección y no se les ha dado, pero eso sí, cuando hay un feminicidio enseguida informan que la víctima no pidió protección.

CRONOLOGÍA En el Estado de Yucatán en promedio se registran al año seis feminicidios consumados y una cifra similar de intento de ellos; en los últimos seis años han sido registrados 49, de los cuales el 70 por ciento se cometieron durante la administración de Rolando Zapata Bello y los restantes en el régimen del actual mandatario Mauricio Vila Dosal.

Las cifras anteriores fueron reveladas en el informe “Yucatán Feminicida”, en el que se señala que la Entidad no está exenta de la violencia que se comete contra la mujer, de manera generalizada en todo el país.

En opinión del maestro Jorge Fernández Mendiburu, asesor de “El Equipo Indignación” y profesor del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, advierte que se ha ejercido un “uso arbitrario del poder y la fuerza pública para reprimir la legítima manifestación, lo que confirma que Yucatán es un Estado con violencia feminicida, institucional y también al interior del hogar.

Asimismo, el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, reconoció que en los últimos cinco años el feminicidio en México ha crecido 137 por ciento, es decir, cuatro veces más que el homicidio.

En opinión de la presidenta de la organización “Igualdad Sustantiva Yucatán”, Kelly Ramírez Alpuche, considera que se debe abogar por la educación con perspectiva de género y visibilizar la violencia de género como un problema sistemático, que va más allá de cuestiones sociales, ya que las medidas políticas no son las adecuadas.

Continúa...

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por ciento “para atender la violencia de género”.

FLAGELO DESDE EL 2007

En el fraccionamiento Bicentenario de Umán ocurrió el feminicidio de Cristina Rosalía Cob Gómez. El cuerpo fue arrojado a la aguada “La Quebradora”.

El feminicidio sigue sin ser atendido por Mauricio Vila Dosal, “quien es insensible y hace oídos sordos a los reclamos de seguridad y justicia hacia las mujeres”.

Vila Dosal minimiza la exigencia de tantas familias y mujeres para que haya un pronunciamiento por los horrendos feminicidios en Yucatán. Hasta ahora el Gobernador no ha tenido una sola palabra de aliento hacia familiares de mujeres asesinadas y, en el colmo, la secretaria de Gobierno, María Dolores Fritz Sierra, se limita a reconocer que no han podido evitar la muerte y el sufrimiento de mujeres.

Por su parte, Renata Demichelis Ávila, coordinadora de la Oficina de “México Elementa Derechos Humanos”, advirtió que en Yucatán existe el discurso gubernamental de que “en el Estado no pasa nada”, pese a las contundentes estadísticas.

Esto sucede en un país donde nueve mujeres son asesinadas a diario, en un país donde no sólo las mujeres son victimadas en las calles, sino en sus mismos hogares por hombres que dicen amarlas, añadió, lo que demuestra que tras esos feminicidios hay una falta de políticas públicas de prevención de la violencia contra las mujeres.

Pese a la pandemia, que es cuando las mujeres pasan confinadas más tiempo con sus agresores, no se implementó un programa emergente, lo que contribuyó a que se incrementaran las agresiones y los feminicidios.

En el 2017, durante la administración del priista Rolando Zapata Bello, ya había recibido 10 recomendaciones de instancias federales y trataron de que se emitiera la Alerta de Género.

En respuesta, Zapata Bello dijo entonces que se implementarían acciones, programas y estrategias para acatar las recomendaciones y de esa manera evitó que se activara la alerta, pero no llevó a cabo nada concreto que solucionara realmente la situación.

La alerta de género se

aplica cuando se comprueba que el Estado no brinda la seguridad necesaria, lo que ocurre en Yucatán y Quintana Roo, pero como el turismo nacional e internacional representa su principal fuente de ingresos, el que aparezcan como “Estado inseguro” repercute en sus economías, de ahí su reticencia a admitir que se implemente dicha alerta.

Entre los casos más dramáticos ocurridos, figura el de Fernanda Gual, maestra de danza y estudiante de la Escuela Bancaria Modelo.

Fue victimada por su novio, Enrique Novelo, en el fraccionamiento Residencial Pensiones. Luego de dispararle se suicidó de un tiro en la cabeza.

Organismos activistas de Mérida, en base a diversas quejas, habían denunciado a Enrique Novelo por violentar a su ex pareja e incluso lo habían catalogado como “potencial feminicida”, pese a ello las autoridades no tomaron ninguna acción preventiva y Fernanda terminó muerta.

El 25 de agosto del 2020, cinco días después del feminicidio de la joven Fernanda, fue muerta otra mujer llamada Norma, de 33 años de edad, en su

domicilio en la calle 65-G entre 10 y 8 del fraccionamiento Villas de Oriente, municipio de Kanasín. El cuerpo presentaba rastros de violencia. Fue detenido Isidro, pareja sentimental de la víctima, quien la asfixió con su blusa.

Sin embargo, el Juez de la causa determinó que si bien el cuerpo presentaba huellas de violencia, no se trató de un feminicidio, sino de un homicidio simple, “toda vez que no se contó con una mecánica de lesiones para conocer la causa de las mismas, además de que no se comprobó que hubiera un lazo sentimental con la víctima”.

Las autoridades argumentaron: “las detenciones se hicieron para garantizar el libre ejercicio de los derechos ciudadanos y evitar el vandalismo, por ello las mujeres fueron detenidas y trasladadas a la cárcel pública”.

Horas antes, el Gobernador Mauricio Vila Dosal había anunciado la campaña permanente “Queremos un Yucatán sin violencia contra las mujeres” y, además, que en el presupuesto 2020, la Secretaría de la Mujer tendría un incremento de sus recursos en un 10

De acuerdo con la organización “Yucatán feminicida”, desde 2008, cuando gobernaba Ivonne Ortega Pacheco (2007-2012) se contabilizaron 63 feminicidios, 107 asesinatos violentos de mujeres, siete procesos penales y dos sentencias.

En la administración de su sucesor Rolando Zapata Bello, las cosas no fueron mejores, pues si bien evitó que la Secretaría de Gobernación declarara la alerta por violencia de género, su ciclo quedó marcado por 42 feminicidios, de los cuales queda la inmensa mayoría por resolver.

Los casos que se judicializaron como feminicidio fueron los siguientes: Martha Eugenia Ávila Martínez, cuyo cuerpo fue hallado en los terrenos de Conkal y se consideró el primero que llegó al sistema de juicio oral en Yucatán.

El segundo, que continúa en juzgados, es el de una mujer chiapaneca asesinada por su pareja, quien le asestó ocho puñaladas cuando discutían en una lonchería cerca del Hospital O’Horán.

Otro, el de una mujer, cuyo cuerpo fue encontrado en un basurero de Progreso, el 30 de enero pasado y que al parecer era una persona afectada de sus facultades mentales.

Otro más de una pareja asesinada en el fraccionamiento “Los Tamarindos”, en Mérida, que fue secuestrada y cuyos cuerpos se encontraron abandonados en un baldío.

También el de una mujer encontrada flotando, cuyo cuerpo estaba atado, cerca del muelle de Telchac.

Uno más fue el de Cristina Rosalía Cob Gómez, que tuvo lugar en el fraccionamiento Bicentenario de la ciudad de Umán, donde fue asesinada por José Daniel al calor de las copas, celos y de la pasión. En un comunicado que emitió la FGE en el año 2018, en el mes de mayo, declararon que la causa de la muerte de Cristina fue estrangulamiento.

El asesino la asfixió hasta privarla de la vida para después arrojar su cuerpo en una aguada de Umán, conocida como “La Quebradora”. A decir de los conocidos de ambos, mencionan que él era cliente frecuente en el sitio donde la mujer trabajaba como mesera.

Cabe señalar que el presunto criminal fue exonerado en juicio, por lo que, de una u otra forma, el feminicida de Rosalía anda libre por las calles.

No figuró en el rubro de feminicidios el caso de Daniela del Rosario Núñez Rosado, muerta por su ma-

rido Daniel Chuc Cuxim, en la localidad de Peto, de quien se estableció que ejercía violencia física y sexual contra la mujer.

Tampoco el de un sujeto que asesinó a su esposa a puñaladas, al encontrarla con otro hombre a las afueras de Plaza Fiesta. La mujer había terminado su turno de afanadora en dicha plaza. El marido atacó al presunto amante de su mujer y cuando ésta intervino le asestó de puñaladas, mientras el otro individuo logró huir.

Y otro más, que no revistió para las autoridades las características del feminicidio, fue el de Emma Gabriela Molina Canto, quien fue interceptada por sus asesinos cuando descendía de su auto y se disponía a entrar a su domicilio, en la calle 28 entre 35 y 39 del fraccionamiento San Luis, cerca de la Preparatoria No. 1 de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Sus tres hijos fueron secuestrados por su padre en 2012, en un violento operativo realizado en Mérida, a plena luz del día. Las autoridades no intervinieron y los niños fueron llevados a Tabasco, Cancún y el Distrito Federal, y a Emma Gabriela la encarcelaron mediante acusaciones falsas.

Así, sin la protección solicitada y pese a que la señora Ligia Canto había advertido que matarían a su hija si no la protegían, la tarde del 27 de marzo Emma Gabriela fue asesinada afuera de su casa.

Dos sujetos, tabasqueños, la apuñalaron delante de sus hijos y, a la mañana siguiente, a las 8 horas, la señora Canto recibió el mensaje telefónico: “Tú eres la siguiente”.

Aun así, con todos esos elementos, el asesinato fue calificado no como feminicidio, sino como homicidio calificado, y la señora Ligia Canto sigue sin protección.

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LA ESTAFA DE COVID EN MÉRIDA Redacción/ Sol Yucatán

Mérida.- Pese a las denuncias donde se exhibió que el gobierno municipal de Renán Barrera Concha había cometido una serie de irregularidades aprovechando la llegada de la pandemia de Covid-19, este siguió entregando a manos llenas el presupuesto público.

El coronavirus ha sido un negocio redituable para al menos dos empresas que han trabajado con el panista de manera discrecional.

Solo con dos contratos entregados por adjudicación directa, el gobierno municipal gastó siete millones 082 mil pesos.

El primero de marzo de 2021, bajo el concepto de “acompañamiento de Herramientas de Entrega– Recepción, Herramientas Laborales ante COVID y Análisis de Diseño de Resultados”. Es decir, una entrega técnica que no ha dejado resultados tangibles en la lucha contra el coronavirus en la capital, donde se han reportado alrededor de 40 mil contagios.

HUB de Innovación, Sustentabilidad y Fabricación Digital S. de R.L. de C.V., representada por Juan Carlos Contreras Carrillo, ganó el contrato ADM/SI/ JUR/PS/42/2021, que le resultó una ganancia de un millón 572 mil pesos para pagar el impreciso servicio.

Como ha ocurrido constantemente, el gobierno de Barrera Concha borró los detalles de dicha adquisición, pese a que habían presumido que estaría en la propuesta técnica.

“La descripción completa y detallada de la prestación del servicio adjudicado se encuentra descrita en la propuesta de “El Proveedor” de fecha 18 de febrero de 2021, dicho documento forma parte integral del presente contrato”, asevera el apartado, pero no se anexó la información.

Antes de pedir licencia en busca de su reelección, el presidente municipal Renán Alberto Barrera Concha, le entregó a la empresa Distribuidora y Comercializadora de Mérida S.A. de C.V., un millonario contrato para la compra de cubrebocas.

El 15 de febrero del 2021, mediante el contrato ADM/SI/JUR/ ADQ/29/2021, el panista adquirió 631 mil 580 cubrebocas tricapa plisado con ajuste nasal y bandas elásticas a las orejas. Cada pieza tuvo un costo unitario de 4.75 pesos, sin considerar los impuestos de 480 mil

pesos.

Cabe resaltar que en el contrato menciona que se pagaron 3 millones 480 mil 005.80 pesos, pero en el contrato de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) reportaron el pago de cinco millones 510 mil pesos.

“El Proveedor” se obliga a vender y entregar la adquisición de los cubrebocas requeridos por la Dirección de Administración para la contingencia del coronavirus (COVID)-19) a “El Ayuntamiento” adjudicados por medio de adjudicación directa por excepción consistente, detalló el municipio en el contrato.

En la décima clausula, menciona que los cubrebocas presuntamente se entregaron en las oficinas de la Subdirección de Administración y de Proveeduría de la Dirección de Administración del Ayuntamiento de Mérida, ubicada en la calle 90 sin número, al cruce con la Avenida Jacinto Canek y 59 diagonal.

Además, cabe aclarar que el documento oficial de la compra de cubrebocas no está firmado por las tres personas que testificaron el negocio.

Ahí, aparece el Secretario Municipal de Mérida, Alejandro Iván Ruz Castro;

*El coronavirus ha sido un negocio redituable para al menos dos empresas que han trabajado con Renán Barrera de manera discrecional. Sólo con dos contratos entregados por adjudicación directa, el ayuntamiento panista otorgó siete millones 082 mil pesos

Renán Barrera Concha el apoderado legal de Administración, Aquiles Sánchez Peniche; el apoderado legal de la empresa, Daniel Medina Rojas.

Por último, se descubrió que tanto la empresa Hub de Innovación Sustentabilidad y Fabricación Digital, S. de R.L. de C.V., ni la Distribuidora y Comercializadora de Mérida, conforman el padrón de empresas del Registro Público del Comercio (RPC), dependiente de la Secretaría de Economía (SE).

El monto ejercido en los dos contratos señalados, equivale al presupuesto que

gastó el alcalde durante su tercera campaña de reelección, en la cual, el Instituto Nacional Electoral (INE) denunció que fue el candidato que más dinero gastó en la elección intermedia de 2021.

El jueves 27 de mayo de 2021, el INE reveló que el panista erogó 7 millones 222 mil 678 pesos, de los cuales, 4 millones 552 mil 320 pesos se fueron a propaganda en la vía pública, además, 661 mil 119 pesos fueron para productos (gorra, pluma, playera, bolsas y cubrebocas) con la imagen de Renán Barrera Concha.

OTRO FRAUDE A pesar de que Adriana Josefina Loeza Ramírez carece de una empresa consolidada, el director del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay), Felipe Alberto Canul Moguel, le ha comprado diversos productos para atender la pandemia contra el Co-

vid-19, y hasta el momento a esta persona física le han pagado más de 120 mil pesos, con recursos públicos.

En los documentos en poder de Sol Yucatán, en ninguno de los 14 contratos aparece el nombre de la iniciativa privada que ella representa, pero si el monto que se le ha asignado en diversas adquisiciones, e incluso se desconoce si tiene la capacidad técnica para abastecer lo adquirido durante la contingencia.

Aunque, la única referencia que de ella se tiene es que en el pasado proceso electoral, fue la segunda secretaria de la casilla ubicada en la escuela primaria estatal “María Luisa Pérez Mijangos”, ubicada en la colonia San Pedro Cholul.

Comprometido con sus principios de no someter a licitación pública las compras, el Incay emplazó 14 contratos por adjudicación directa a Josefina para que surtiera de guantes, termómetros infrarrojos, atomizadores y despachadores de jabón a precios elevados.

En una orden de compra asignada con el número 0000000647, Loeza Ramírez vendió el 29 de abril de 2020, tres piezas de guantes de nitrilo para ser utilizados por el personal.

Con base a la nota de compra, cada par de guantes quedó en 754 pesos, es decir, dos mil 262 pesos.

Un mes después, el 29 de mayo, Adriana Josefina

ofreció un termómetro infrarrojo con un valor de seis mil 458.30 pesos, y a pesar del costo tan elevado del instrumento, no se menciona la marca ni las características, con tal de no justificar el valor del mismo.

Posteriormente, el 1 de junio de 2020, la dependencia compró 15 termómetros infrarrojo corporal para uso del Instituto, el cual, servirá para medir la temperatura debido a la contingencia de Covid-19.

Cada pieza tuvo un costo de seis mil 458.3 pesos, dando un total de 96 mil 874.50 pesos, según la requisición de compra 000000778 en poder de Sol Yucatán.

Al principio de la pandemia por Covid-19, en México se ofertaban a precios altos los termómetros, pero los más caros, se ofrecían hasta en cuatro mil pesos la pieza.

Una semana después, el 10 de junio de 2020, en la nota de compra 0000000796 el sobrecosto seguía dando de sí: tres dispensadores de jabón y tres dispensadores de gel, le implicaron un gasto a los yucatecos de 986 pesos cada despachador comprado para “combatir” los contagios de la letal patología de rápida transmisión, aun cuando no se permitía tener al personal en oficinas.

Por si fuera poco, el mismo día, hubo una compra similar, la cual, no se entiende la doble adquisición: un dispensador de jabón y nueve dispensadores de gel para uso del Incay durante la contingencia.

Estas piezas también costaron 986 pesos cada una, con base al ticket 0000000795, el cual, refiere que todo el dinero sale de la partida presupuestal emergente de “gastos por contingencia”.

El 15 de diciembre de 2020, el negocio de Josefina Loeza volvió a ofrecer sus productos de marca desconocida: 20 piezas de dispensadores de gel y 20 atomizadores industrial.

Por las 40 piezas, se pagaron dos mil 803.72 pesos.

Sin explicación alguna, se dejó de justificar la compra de productos para “combatir” el coronavirus, y lo peor de todo, el gobernador Mauricio Vila Dosal no pide cuentas claras al respecto.

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CORRUPCIÓN EN LA SEGEY Redacción /Sol Yucatán

Mérida.- Los derechos humanos de cientos de estudiantes y profesores son violentados por la corrupta y soberbia actitud del titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey), Liborio Vidal Aguilar, y lo peor de todo, ignora las denuncias de los afectados ¿Por qué Vila Dosal nombró como titular de la Segey a Vidal Aguilar, un político que apenas terminó su bachillerato? Esa es la pregunta del millón de dólares que se formulan los miles de maestros que estarán bajo su rectoría.

Una de las primeras maniobras para favorecer al nuevo titular de la Segey fue quitarle al Instituto Para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán (Idefeey), el manejo de 70 millones de pesos que estaban destinados al programa de rehabilitación de escuelas para que lo distribuya según sus intereses.

Por cada obra que autorice y se pague con ese recurso, los beneficiados deberán entregarle como una especie de moche el veinte por ciento del monto asignado.

Para la rehabilitación de escuelas le dieron 30% más de presupuesto a la SEGEY y los contratos ya fueron asignados a empresas de los Millet Encalada.

Son muchos millones de obra a valor de primera plus internacional. Pero como es práctica de las constructoras y contratistas de los hermanos Millet terminarán por no entregar nada en obras.

El pacto de Mauricio Vila y Liborio Vidal es real. Lo que se roben de la SEGEY, que tiene el mayor presupuesto del Estado a la fecha, más los moches de otras obras, sobre todo del IVEY, van a un fondo de campaña “Mau, Vila Presidente”, con Liborio para la gubernatura y Vila para la presidencia, y Renán a la fregada.

Roger Torres Peniche ha operado como puente, a cambio de que Liborio garantice la Secretaría de Gobierno que Vila no le cumplió.

Ya se enteró la gente de Renán Barrera y están en un encarnizado enfrentamiento.

Con el inicio del ciclo escolar, numerosas son las anomalías que ha permitido, y además, se niega a resolver los problemas correspondientes a su antecesora, Loreto Villanueva Trujillo, por lo que la situación en la Segey va de mal a peor.

Tan sólo en tres años, nada se pudo resolver de los numerosos problemas que prevalecen en dicha dependencia, situación que empeoró ante la aparición de Covid-10, y ahora, en el segundo trienio de la actual administración estatal, la solución a las anomalías se ven cada vez más lejanas.

Desafortunadamente, a Vila Dosal no le interesa la salud de los yucatecos y mucho menos su educación, pues en todo momento ha antepuesto sus intereses personales, así

como también el bienestar de su familiares y amigos.

La presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia de Yucatán (Aepafy), Paula Lira Moguel, denunció la deplorable situación que prevalece en el sistema educativo estatal.

Destacó que la violación a los derechos humanos, inclusión escolar de los alumnos regulares y con Necesidades Educativas Especiales (NEE) se da en escuelas públicas, “son acciones indignantes, lamentables e injustas que prevalecen desde hace más de 40 años, sin respetar el derecho constitucional y consagrado de niños, adolescentes y jóvenes a su derecho a educación pública gratuita, obligatoria e inclusiva.

A la larga lista de anomalías, recientemente se incorporaron los chantajes en torno a la decisión de los padres de familia y tutores sobre el regreso a clases presenciales o si continúan con sus clases a distancia, virtuales o en casa.

Remarcó que la Segey presiona y obliga a los padres de familia para no decidirse por clases a distancia virtuales y les da a escoger entre modalidad presencial o nueva modalidad “tutoriales”.

Cabe destacar que esta última modalidad es para no respetar y aceptar la decisión por las clases virtuales, por lo que se establece la forma individual para que a corto plazo todos acepten clases presenciales.

Al aceptar la modalidad “Tutoriales”, los padres son los que van a ir a las escuelas a buscar fotocopias y/o cuadernillos de las tareas así como regresar en fechas que les indiquen a llevar tareas ya hechas.

También tienen la responsabilidad de los Diagnósticos Escolares de los Alumnos, cuando es un deber de la Segey.

Destacó que por desconocimiento de madres, padres de familia y tutores sobre los derechos de los hijos, se ven obligados a aceptar las “propuestas” de la Segey.

Más que por la salud y la educación de los menores de edad, el regreso a clases presenciales es para activar la economía, en especial de las tiendas, tienditas o cooperativas escolares.

Ejemplificó el caso de una madre de familia, cuyo hijo de ocho años de edad tiene trastorno Espectro Autista, quien estudia en la escuela primaria estatal “Jacinto Leonardo Rosado Avilés”.

De acuerdo con los oficios 03 y 14 dirigidos a Vidal Aguilar, el menor de edad es discriminado y recibe un trato indigno, e incluso, la actual directora del plantel continua sin respetar la decisión de la madre de familia para que su hijo prosiga con sus clases a distancia virtuales.

Resaltó que los padres que optaron por las clases a distancia, tienen que pagar el internet en las escuelas públicas, cobrando al menos 20 pesos mensuales.

En otros planteles, se responsabilizan a los padres de

Liborio Vidal Aguilar

Loreto Villanueva Trujillo.

*Le quitaron al Instituto Para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán el manejo de 70 millones de pesos que estaban destinados al programa de rehabilitación de escuelas para que Liborio Vidal lo distribuya, según sus intereses *Los derechos humanos de cientos de estudiantes y profesores son violentados por la corrupta y soberbia actitud del titular de la dependencia, y lo peor de todo, ignora las denuncias de los afectados

Alfredo Fernández Arceo, Alcalde de Valladolid familia para que paguen para mantenimiento y funcionamiento de las escuelas, piden artículos de limpieza y de oficina, etcétera.

Ahora, también cobran fotocopias/cuadernillo de tareas, piden gel antibacterial, kits de higiene para alumnos(as), entre otros artículos, cuando es responsabilidad del Estado proporcionar todo el material de prevención.

BASES LABORALES Para este año, la Segey ofertará 287 bases para igual

Liborio Vidal Cañetas número de profesores, ya que para satisfacer la demanda, Vidal Aguilar beneficiará a sus amistades y familiares, al mismo tiempo que aceptará a recomendados, denunciaron maestros afectados.

Lamentaron la actitud gubernamental, pues consideraron de absurdo que sólo se acepte a menos de 300 mentores cuando anualmente son cientos los maestros que se pensionan, jubilan o que desafortunadamente pierden la vida.

La estrategia es que el gobierno sea quien regule las

respectivas bases a familiares y conocidos, así como a los recomendados, quienes impartirán clases en Mérida, pues al resto los mandan al interior del Estado, a las pequeñas y alejadas comunidades.

Cabe destacar que actualmente, la mayoría de los profesores están inconformes con la imposición del vallisoletano, pues los favores políticos le beneficiaron para ocupar el cargo.

Vidal Aguilar es “un gran “chapulín”, pues antes de pertenecer al Partido Acción Nacional (PAN) estuvo en el Revolucionario Institucional (PRI), en el Verde y en el de Revolución Democrática (PRD).

PAGO DE DEUDA

¿Por qué Vila Dosal nombró como titular de la Segey a Vidal Aguilar, un político que apenas terminó su bachillerato? Esa es la pregunta del millón de dólares que se formulan los miles de maestros que estarán bajo su rectoría.

Uno de sus más cercanos ex colaboradores, quien pidió el anonimato, reveló a Sol Yucatán el secreto qué prevalece detrás del nombramiento del dueño de Bodegas Mayoristas del Sureste Sociedad Anónima (Bomsa).

“Vidal Aguilar es un mercenario político y empresarial, su actuar se rige bajo la premisa maquiavélica de que el fin justifica los medios, y su único fin es el dinero y el poder político. Ya fue alcalde de Valladolid, diputado local, diputado federal, subsecretario de Gobierno con Dulce María Sauri Riancho y secretario de Desarrollo Social con Ivonne Ortega Pacheco”, expresó.

Agregó que “en los pasados comicios federales intentó, de nueva cuenta, llegar a la Cámara Baja del Congreso de la Unión bajo las siglas del PAN y su candidatura fue impugnada porque no cumplía con el perfil de “representante indígena”.

El informante aseguró que la imposición del controvertido político como titular de la Segey obedece a un solo motivo: el gobierno del Estado le debe a Bomsa cerca de 30 millones de pesos y no tiene recursos para saldar esa deuda.

Es sólo la punta del iceberg, esa es una cifra muy conservadora, tomando en cuenta que Liborio es de altos vuelos, seguramente hay mucho más dinero de por medio, indicó.

Precisó que el ex alcalde de la Sultana de Oriente, a través de Bomsa, vendió al Ejecutivo estatal aires acondicionados, refrigeradores, frigobares y pantallas, entre otros artículos que se asignaron a distintas dependencias.

“No da un paso sin huarache, todo ese equipo lo entregó a crédito con altos intereses, pero lo más delicado del caso es que sus mismos proveedores se lo fiaron a él, es decir, no puso un solo peso de su bolsa”, apuntó.

Desde luego que no hay plazo que no se cumpla y cuando el adeudo llegó a niveles insostenibles sus provee-

dores lo presionaron para que el gobierno del Estado saldara esa deuda.

Manifestó que a Vila Dosal no le quedó otra alternativa que negociar con Vidal Aguilar y en primera instancia le ofreció la candidatura a diputado federal por el Primer Distrito, con cabecera en Valladolid, con la plena seguridad de que ganaría por amplio margen.

Sin embargo, a los asesores panistas, entre ellos el actual secretario de Desarrollo Social, el también ex priísta Roger Torres Peniche, se les pasó un detalle: el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que en esa demarcación los aspirantes debían contar con el requisito de ser indígenas, lo que a todas luces Vidal Aguilar no cumplía y por eso literalmente “fue bajado de la candidatura”.

Por ende, al mandatario estatal no le quedó otra alternativa que colocarlo en una dependencia donde fluyan los recursos económicos.

Dijo que una de las primeras maniobras para favorecer al nuevo titular de la Segey fue quitarle al Instituto Para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán (Idefeey), el manejo de 70 millones de pesos que estaban destinados al programa de rehabilitación de escuelas para que lo distribuya según sus intereses.

Por cada obra que autorice y se pague con ese recurso, los beneficiados deberán entregarle como una especie de moche el veinte por ciento del monto asignado.

Destacó que Vidal Aguilar grita a los cuatro vientos que gracias a él, el PAN ganó por vez primera la alcaldía de Valladolid.

Sin embargo, especificó que el nuevo presidente municipal Alfredo Fernández Arceo fue acusado de violación, ya que cuando fue director del Instituto Tecnológico de la Sultana de Oriente abusó de varias alumnas, incluso circularon en las redes sociales videos donde sostenía a la fuerza relaciones sexuales con las estudiantes.

Manifestó que las influencias y lazos con políticos panistas es tal que el actual regidor de Mérida, Liborio Vidal Cañetas, hijo del ex alcalde de Valladolid, está casado con una de las hijas de María Fritz Sierra, secretaria general de Gobierno Con la asignación de Vidal Aguilar, reinició una nueva ola de quejas por parte del magisterio, ante el manejo indiscriminado de plazas.

El pasado 30 de abril, la Segey emitió un “aviso” en el que da a conocer con “bombo y platillo” que “ofertará” la ridícula cantidad de 287 bases.

De acuerdo con el escrito, en primaria se ofrecerán 121 plazas, 74 para secundaria, 24 para maestros de inglés en primaria, cinco para educación primaria para adultos, cuatro en educación física preescolar, en indígena preescolar y en tele secundaria, cada uno, y tres como psicólogo preescolar.

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SSY DIO 11 MILLONES A “SPLASH WASH” Redacción /Sol Yucatán

Mérida.- De manera cínica y descarada, el secretario de Salud de Yucatán (SSY), Mauricio Sauri Vivas, benefició a la empresa “Splash Wash Mantenimiento y Limpieza Especializada” para que brindara el servicio de custodia de las diversas instalaciones, para lo cual, a dicha iniciativa privada se le entregó un monto superior a 11 millones de pesos.

En numerosas ocasiones, a través de las redes sociales fueron numerosas las quejas y críticas sobre el comportamiento del personal de esta compañía y ante tales hechos, el funcionario simplemente se deslindó de la problemática.

El pasado 20 de marzo, el titular de la SSY, firmó el contrato abierto para la prestación del servicio de vigilancia, beneficiando a la empresa “Splash Wash Mantenimiento y Limpieza Especializada”, de Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, cuyo documento fue signado por el gerente de dicha iniciativa privada, Abraham Moisés Safar Jasso.

De acuerdo con el contrato SSY-LP-YUCRM-04/20, en poder del Sol Yucatán, para el servicio correspondiente del 1 de abril al 31 de julio de 2020 se depositó un pago de 11 millones 165 mil 635.20 pesos.

Aunque no se especifica el número de personal que brindará sus servicios, la labor la realizan en diversos

inmuebles, tal el caso del edificio principal, así como las tres jurisdicciones, el Hospital General – Escuela “Dr. Agustín O’Horán”, el Centro Materno Infantil y el Hospital Psiquiátrico “Yucatán”, entre otros edificios.

Entre las quejas más frecuentes destaca la prepotencia de los guardias de seguridad, el exceso de burocratismo del personal, entre otras anomalías cometidas en contra de los familiares de pacientes, así como de personas que acuden a la dependencia a realizar algún trámite, etc.

DENGUE Por otra parte, es notable el desinterés de Sauri Vivas por la salud de los yucatecos, tal como destaca con el Covid-19 y ahora es notable con el dengue y la influenza.

Desde hace poco más de cuatro meses, en Yucatán no se registra caso alguno de dengue, pero es latente el riesgo de un brote de dicha patología.

Recientemente, el dengue reapareció en Campeche, pues en esta semana se confirmaron dos nuevos casos, luego de poco más de cuatro meses de ausencia y hace 15 días fueron dos los contagiados en Quintana Roo, por lo que es mayor el riesgo de un posible brote de dengue en Yucatán, reveló la Secretaría de Salud federal.

Actualmente, el Estado lleva poco más de cuatro meses sin esta letal patología y en lo que va del año sólo hay un infectado.

Mauricio Sauri Vivas

*De manera descarada Mauricio Sauri Vivas benefició a una sola empresa para que brindara el servicio de custodia de sus instalaciones Debido al riego que prevalece, en Yucatán continúa la labor de fumigación para el control del vector, el mosco Aedes aegypti, y sólo en una ocasión ya se efectuó la estrategia de descacharrización masiva en Mérida.

Hasta el momento, la patología está presente en 25 entidades federativas, entre ellas está Campeche, Quintana Roo y Yucatán, por lo que esta enfermedad está ausente en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Querétaro y Tlaxcala.

En la Península de Yucatán, tal padecimiento transmitido por mosco Aedes aegypti y el Aedes albopictus apareció a mediados de marzo pasado,

por lo que en la semana epidemiológica número 15, específicamente, en Campeche; en la 19 se detectó el primer caso en Yucatán, y ahora, en la 20, en Quintana Roo. En lo que va del año, en el país hay dos mil 227 casos confirmados acumulados de dengue, con una disminución del 78.5 por ciento, con respecto el mismo período del año anterior, cuando la suma fue de 10 mil 357 contagiados. Desafortunadamente hay ocho defunciones.

La patología está distribuida en 25 entidades federativas y tan sólo en la semana epidemiológica número 37 fueron 121 nuevos casos, de los cuales, dos son de Campeche.

La mayor incidencia se registra en Veracruz, con 427 contagiados, el 19.2 por ciento; seguido de Morelos, con 377 infectados, el 16.9 por ciento; Guerrero, con 260 positivos, el 11.7 por ciento; Oaxaca, con 214 enfermos, el 9.6 por ciento y Michoacán, con 131, el 5.9 porcentual.

Hasta el momento, hay siete casos confirmados en Campeche, seis en Quintana Roo, y uno en Yucatán, en éste último caso, con una disminución del 99.3 por ciento. El total de caso de la región representa el 0.63 por ciento del país.

De acuerdo con el “Panorama Epidemiológico de Dengue”, Campeche está en el lugar 19 de la tabla nacional, Quintana Roo está en el sitio 21, y Yucatán está en el peldaño 24.

INFLUENZA

En el caso de la influenza, en la semana pasada se registró el primer caso de 2021, pero en esta ocasión hubo una tregua, de al menos una semana.

A mediados de septiembre, la influenza reapareció en Yucatán, tras una ausencia de un año y cinco meses, reveló la Secretaría de Salud federal, al establecer que este primer caso es de tipo B. Asimismo, cabe destacar que es alto el riesgo de una coepidemia de Covid-19 e influenza, aunque afortunadamente, en el país aún no se registra caso alguno de tipo A H1N1.

En lo que va del año, en la República Mexicana se han registrado 23 casos

confirmados acumulados de esta mortal enfermedad, distribuidos en nueve entidades federativas, de los cuales, 19 corresponden a la actual Temporada de Influenza Interestacional.

Tan sólo en Quintana Roo hay 11 contagiados, seguido de Tabasco, con cinco, y el resto se distribuye en Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán.

La Temporada de Influenza Interestacional corresponde de la semana epidemiológica 21 a la 39, y hasta la 37, en el país hay 19 casos, de los cuales, 11 son de Quintana Roo, cinco de Tabasco, y el resto, de Guerrero, Tlaxcala y Yucatán.

Del total de casos positivos por laboratorio, 18 son de influenza B, el 95 por ciento, y uno a influenza A no subtipificable, el cinco porcentual.

Asimismo, la mediana de edad es de 23 años y en cuanto a la distribución por sexo, se muestra un predominio en hombres, el 58 por ciento.

Tan sólo en la semana epidemiológica número 37, fueron dos casos confirmados, correspondientes a Tabasco y Yucatán, ambos de tipo B. Cabe destacar que en Yucatán, el caso más reciente se registró en la semana epidemiológica número 12 del año pasado, es decir, a finales de marzo de 2020.

Afortunadamente, en lo que va de la temporada de calor, no hay defunción alguna a consecuencia de la influenza.

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FRAUDE DE NOTARIOS Redacción /Sol Yucatán

Mérida.- Los notarios públicos de Yucatán pierden credibilidad debido a la ambición y la corrupción que los ciega, ya que actúan con dolo en contra de ejidatarios y familias de escasos recursos, al manipular documentos a favor de empresarios.

Aunque se trata de un problema que afecta a todo el país, en el Estado es más notable, pues a los notarios públicos eran vistas como las personas más honestas.

Tan sólo en los últimos tres años, la mafia agraria – inmobiliaria los ha corrompido de tal manera, que han despojado de sus tierras a numerosos ejidatarios, así como también a familias de escasos recursos, para beneficiar a sus clientes, grandes empresarios que toda costa pretenden apoderarse del patrimonio de terceras personas.

Como buscan que “todo sea legal”, sobornan a los notarios públicos para que manipulen los documentos a favor de los clientes, tal como ya se detectó a diversas ocasiones, algunos de los cuales ya fueron publicados en Sol Yucatán.

Tan sólo el pasado miércoles 22, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) canceló las operaciones de poco más de mil fedatarios del país, de los cuales, 16 son yucatecos, entre ellos hay diversos notarios que han ocupado cargos públicos, tal el caso de Ángel Prieto Méndez, quien fuera presidente del Poder Judicial de Yucatán.

Asimismo, destaca Luis Enrique López Martín, quien fuera ex oficial mayor del Congreso estatal, entre otros, que en varias ocasiones ya fueron sancionados, debido a malos manejos.

El SAT presentó una relación de mil 22 “Fedatarios Públicos que incurren en alguna causal de cancelación del esquema de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) por canales remotos, conforme a la regla 2.5.25 de la RMF”.

Entre ellos hay 16 que operan en Yucatán: 1.-Fernando Castellanos Pacheco, Notaría 6.

2.-Fernando Villanueva Jorge, Notario 46.

3.-Fernando Vales Tenrei-

sellar documentos para validar Asambleas inexistentes y de esa manera ayudar a que se cometan acciones fraudulentas, serán citados a declarar y en su caso, de resultar responsables se notificará a la Secretaría de Gobernación, en donde incluso podrían perder su licencia para ejercer.

Carlos Tomás Goff Rodríguez ro, Notario 19.

4.-Guibaldo Vargas Madrazo, Correduría Pública Número 8.

5.-Hugo Wilbert Evia Bolio, Notario 69.

6.-Rafael José Ramos Vázquez, Notario 41.

7.-Angel Francisco Prieto Méndez, Notario Público Número 52 8.-Sergio Alberto Paredes Pino, Corredor Público Número 7.

9.-Álvaro Roberto Baqueiro Cáceres, Notario Público 55.

10.-Jorge Eduardo Correa Mena, Notario Público Número 43.

11.-Luis Enrique López Martín, Notario Público Número 23.

12.-Luis Alfonso Vera Abad, Notario Público Número 100.

13.-Roger Alfredo Méndez Lara, Notario Público Número 83, quien está involucrado en la ilegal venta de 189 hectáreas de los terrenos ejidales de Seyé, en un millón 800 mil pesos, sin asamblea ni autorización de los campesinos.

14.-Pedro Vicente Solís Cano, Notario Público Número 63.

15.-Luis Alfredo Pérez Orozco, Notario Público Número 13.

16.-Enrique José Mendoza Cámara, Notario Público Número 5.

De acuerdo con el SAT, los fedatarios inscribían a personas físicas y morales, vía remota, al RFC. La dependencia federal detalló que hay una alta probabilidad de que los registros que hicieron los más de mil 425 fedatarios, de los mil 766 que contaban previamente, fueran empresas fantasma.

“Destacamos que según los resultados de nuevos modelos de redes neuronales que contienen información como la factura electrónica y la declaración informativa de operaciones con terceros, se obtiene una probabilidad mayor a 70.1 por ciento de que los inscritos por fedatarios sean factureras o empresas fantasma con los que se inscriben en las oficinas del SAT”, se informó.

Del total, destacó el SAT, 744 presentaron aviso de renovación de vigencia durante los meses de junio y julio de 2021, pertenecientes principalmente a la Ciudad de Mé-

Raúl Alberto Pino Navarrete

Alejandro José Monsreal Rodríguez

*Cómplices del despojo de cientos de hectáreas a campesinos: Carlos Tomás Goff Rodríguez, de la Notaría Pública número 97, con sede en Tekax; Roger Alfredo Méndez Lara, de la Notaría Pública número 83; Alejandro José Monsreal Rodríguez, de la Notaría Pública número 15, ambas de Mérida, y Raúl Alberto Pino Navarrete, titular de la Notaría número 76 *El SAT canceló operaciones de 16 fedatarios de Yucatán. Entre ellos hay notarios que han ocupado cargos públicos, como Ángel Prieto Méndez, quien fue presidente del Poder Judicial del Estado y Luis Enrique López Martín, ex oficial mayor del Congreso estatal *Pierden credibilidad debido a la ambición y la corrupción que los ciega, ya que actúan con dolo en contra de ejidatarios y familias de escasos recursos, al manipular documentos a favor de empresarios

Fernando Castellanos Pacheco xico, Jalisco y Nuevo León.

En cambio, mil 22 fedatarios públicos no presentaron su aviso y adicionalmente más del 50 por ciento no cumplió con la entrega de la documentación de las inscripciones que realizaron por lo que serán notificados y cancelados.

De los 744 funcionarios que no presentaron su aviso de renovación, 403 no cumplen con los requisitos, por lo cual también serán cancelados, aseguró el SAT.

Jorge Correa Mena Los que cumplieron fueron 210 que serán renovados y 131 fedatarios se encuentran pendientes de entregar información adicional. Es decir, sólo el 11.8 por ciento cumplió con todos los requisitos y tenían al corriente su documentación del SAT. Los contribuyentes personales morales inscritos por fedatarios ofrecen principalmente servicios en el sector energético y financiero y otros prestan servicios de casa de

Angel Prieto Méndez cambio e instituciones bancarias como provisión de servicios de tarjetas de crédito, monederos electrónicos y vales en general, los cuales representan 31.6 por ciento de sus ventas.

SEYÉ, CLARO EJEMPLO Ejidatarios de Seyé desenmascararon al ex comisario José Francisco Burgos Pech, ya que en complicidad con fedatarios participó en la ilegal venta de 189 hectáreas de los terrenos, en un millón 800 mil pesos, sin asamblea ni autorización de los campesinos.

El Registro Público de la Propiedad reveló que Burgos Pech vendió 27 predios, de siete hectáreas cada uno, localizados en distintos puntos del tramo Acanceh-Cuzamá, afectando a mil 653 ejidatarios.

Fernando Vales Tenreiro Para ello simuló efectuar una asamblea, el 26 de enero del 2020, con la finalidad de vender las 189 hectáreas a la Inmobiliaria “Montebello 310, Sociedad Anónima de Capital Variable”, en un millón 800 mil pesos.

Para ello, se contó con la complicidad de Carlos Tomás Goff Rodríguez, encargado de la Notaría Pública número 97, con sede en Tekax, quien al parecer es el principal operador de la inmobiliaria, pues está señalado en al menos ocho títulos de propiedad De igual forma está implicado Roger Alfredo Méndez Lara, de la Notaría Pública número 83, Alejandro José Monsreal Rodríguez, de la Notaría Pública número 15, ambas de Mérida.

Ante tal anomalía, la titular del Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 34, Lilia Isabel Ochoa Muñoz, dijo que todo el Notario que se preste a firmar y

CELESTÚN Y TEKAX NO SE QUEDAN ATRÁS Por su parte, los ejidatarios de Celestún denunciaron a Raúl Alberto Pino Navarrete, titular de la Notaría número 76, quien a pesar de no estar presente en una reunión, firmó un documento oficial en contra de los pobladores de este municipio portuario.

En abril pasado, Carlos Tomás Goff Rodríguez, encargado de la Notaría 97, con sede en Tekax, fue suspendido de sus funciones notariales por 180 días, luego de detectar diversas irregularidades.

Cabe mencionar que no es la primera vez que el dicho notario ha sido suspendido de sus funciones por irregularidades detectadas en la notaría a su cargo, ya que en enero de 2019 él junto con otro notario fueron suspendidos, pero Goff Rodríguez fue nuevamente reinstalado.

En enero del 2019 fue anunciada la suspensión y remoción de 21 fedatarios públicos implicados con la mafia inmobiliaria que operó impunemente durante la administración estatal de Rolando Zapata Bello.

De los 21 fedatarios públicos sancionados, dos son notarios públicos que fueron suspendidos de sus funciones de manera temporal, por un periodo de 180 días, y los demás son escribanos de diversos municipios.

Los notarios suspendidos son: -Carlos Tomás Goff Rodríguez, titular de la Notaría Pública Número 97 -Mario Enrique Montejo Pérez, titular de la Notaría Pública Número 74 Goff Rodríguez fue mencionado en varias ocasiones por su participación en escrituraciones y procedimientos al margen de la ley.

Durante 12 años participó en estos hechos y, pese a existir denuncias en su contra, nunca se procedió contra él.

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KANASÍN, LAVADERO DE DINERO Redacción/ Sol Yucatán

Kanasín.- Kanasín se convierte en el segundo municipio más saqueado por la mafia agraria – inmobiliaria, anomalías en la que están involucrados empresarios y políticos de Yucatán, así como de otras entidades federativas, quienes buscan el enriquecimiento a corto plazo al despojar de sus tierras a familias de escasos recursos.

De manera fortuita, en el fraccionamiento Gran San José se destapó la cloaca de corrupción, fraude, despojo de tierras ejidales y presunto lavado de dinero con el que financió su campaña política el panista Edwin Bojórquez Ramírez, alcalde de Kanasín.

La constante investigación ha logrado documentar información que arroja evidencias contundentes que exhiben la presunta corrupción de personajes como Bojórquez Ramírez y el regidor Jorge Adrián Itzá Mex, asesor jurídico del comisario ejidal, Gaspar Cauich Paredes y del ex comisario Martín Javier Gómez Cauich.

Itzá Mex es un presunto ladrón de tierras ejidales, operador del cartel de las mafias agrario-inmobiliarias de las que provienen Esteban José Correa Bolio y Rafael José Correa Bolio, del Grupo Tabasco Patrimonio Kanasín.

En dicha corporación también está Pedro Solís Millet, quien es íntimo amigo del gobernador Mauricio Vila Dosal.

Todos ellos son quienes proveen de recursos monetarios al hoy alcalde de Kanasín, derivados de lavado de dinero y de la explotación de las tierras ejidales, con el cual pudo financiar su campaña electoral .

En 2016, por orden judicial fueron suspendidos los complejos habitacionales

fraudulentos provenientes del despojo de tierras ejidales.

El Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 34 mandó oficios a todas las dependencias gubernamentales de Yucatán, en los cuales estableció que por encontrarse en proceso el juicio agrario con número de expediente TUA34-1919/2014, quedaban suspendidas todas las acciones que tuvieran relación con la compra, venta, donación, enajenación, construcción y expropiación, etc.

Sin embargo, la constructora Crear Hogares, Sociedad Anónima de Capital Variable, de Pedro Solís Millet continuó la construcción de Cielo-Alto.

Lo mismo ocurrió con la Constructora San Marino Sociedad Anónima Promotora

Edwin Bojórquez Ramírez

la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), el 2 de marzo del mismo año, Sucovisa solicitó a la dependencia la Autorización de Impacto Ambiental para llevar a cabo el proyecto denominado “Construcción de desarrollo

fraccionamiento Arboledas Gran San José, con una afectación territorial de 33 mil 700 metros cuadrados bajo el pretexto de la reactivación económica de la entidad.

En realidad, sólo dio continuidad al saqueo de las tie-

Éste grupo de criminales de cuello blanco lavó varios cientos de millones de pesos en ese municipio, derivado de un megafraude institucionalizado con la presunta participación de autoridades yucateca como la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello, así como de empresas fantasmas de Vila Dosal.

De las dos mil hectáreas de Kanasín involucradas en esta cascada de corrupción, alrededor de mil fueron enajenadas en transacciones de compra-venta entre diversos compradores, en tanto que de las mil restantes la mayor parte pasaron en poder de “Patrimonio Kanasín”, empresa creada ex para lavar dinero.

Sáiz Pineda simuló una venta de 136 hectáreas a “Pa-

*Es el segundo municipio más saqueado por la mafia agraria – inmobiliaria, en la que están involucrados empresarios y políticos de Yucatán, así como de otras entidades federativas, quienes buscan el enriquecimiento a corto plazo al despojar de miles de hectáreas a gente humilde. *Todos ellos proveen de recursos monetarios al alcalde de Kanasín, Edwin Bojórquez, derivados de lavado de dinero y de la explotación de las tierras ejidales, con el cual pudo financiar su campaña política electoral Ivonne Ortega Pacheco de Inversión (SAPI) de C.V., administrada por Esteban José Correa Bolio, integrante de Patrimonio Kanasín.

En marzo de 2018, el entonces titular de la Canadevi Yucatán, Armando Valencia Castillo, informó que la empresa Sucovisa S.A. de C.V., pidió autorización para construir 108 viviendas en Kanasín, en la franja donde está la colonia San Camilo.

Según información de

habitacional multifamiliar en régimen de condominio”.

La afectación territorial está ubicada en la calle 4-1, en los terrenos 329 y 330 por 35 y 39 de la colonia San Camilo II, en Kanasín. Se trata de la construcción de 108 viviendas en una superficie

rras ejidales de Kanasín, así como de la zona arqueológicas X'tolok, Todos los desarrollos señalados ocupan tierras involucradas en el megafraude de Patrimonio Kanasín - Grupo Tabasco, en el cual Correa Bolio es parte de los desa-

Rolando Zapata Bello

Pedro Solís Millet

total de 16 mil 264 metros cuadrados.

En esa misma zona, Esteban José Correa Bolio, a través de la constructora San Marino, desarrolló el fraccionamiento Paraíso Oriente, con un área total de 13 mil 81.10 metros cuadrados. El cual se encuentra en la colonia Flor de Mayo, de Kanasín.

A principios de julio de 2020, mientras la gran mayoría de los ciudadanos se encontraban atemorizados tanto por el Covid-19 como por el terrorismo psicológico aplicado por represión de las instituciones gubernamentales de Yucatán, Vila Dosal anunció la construcción del

rrolladores inmobiliarios que son padrinos de Bojórquez Ramírez.

Recapitulando para los que desconocen el tema y la magnitud del mismo, por medio de asambleas ilegales, los falsos ejidatarios José Manuel Sáiz Pineda, ex Secretario de Administración y Finanzas del ex gobernador de Tabasco Andrés Granier Melo, y sus socios yucatecos Lorenzo de Jesús Medina González, Esteban José Correa Bolio y Rafael Correa Bolio, se adjudicaron poco más de dos mil hectáreas en Kanasín, las cuales adquirieron con dinero robado al erario público tabasqueño.

Juan Manuel Ponce Díaz trimonio Kanasín” por 250 millones de pesos, a pagar en un lapso de 10 años.

Entre las empresas que se asociaron para conformar “Patrimonio Kanasín” figuran Bienes Raíces Supreme, S.A. de C.V., propiedad de Esteban Correa Bolio y Lorenzo de Jesús Medina González, accionistas de la Unión de Crédito Integral del Golfo, S.A. de C.V.; Desarrollo RDG, cuyos socios son Rodrigo Díaz Gutiérrez y Rommel Daniel Sánchez Angulo.

También está Grupo Ho-

gare, S.A. de C.V., de Juan Manuel Ponce Díaz y nuevamente Rommel Daniel Sánchez Angulo.

LAS ASAMBLEAS Las tres asambleas claves se llevaron a cabo en 2009, 2010 y 2011. En la asamblea del 1 de marzo del 2009 este grupo delictivo se hizo de mil 63.40 hectáreas, con las parcelas de la 195 a la 286.

En la asamblea del 26 de diciembre de 2010 se hicieron de 737.86 hectáreas y en diciembre del 2011 de 350 hectáreas más.

Por todas estas superficies pagaron 41 millones de pesos, es decir, a menos de dos pesos por metro cuadrado.

En la asamblea ejidal del 1 de marzo de 2009 se propuso el cambio de destino de una superficie de mil 200 hectáreas, con la presencia de 496 ejidatarios de un total de 944, es decir, el 67.48 por ciento.

Al final se hizo el cambio de destino de mil 63.40 hectáreas en 92 parcelas, de la 195 a la 286, que fueron entregadas a dos grupos.

Además de Correa Bolio aparecen en el primer grupo Jeny Alejandra Chan Rosado, Mercedes de los Ángeles Pérez Albornoz, Gustavo Fidel Niquete Güémez, Augusto Gallegos Julián, Abel Ramón Ordaz Rosado, Carlos Correa Negrete y Eduardo Ancona Cámara.

En esta asamblea, los que más tierras recibieron fueron Correa Bolio, quien se hizo de las parcelas 198, 199, 200, 208, 209, 222, 223 y 225, con una extensión total de poco más de 116 hectáreas.

Mientras que Jeny Alejandra Chan Rosado recibió las parcelas de la 195 a la 197, de la 202 a la 207, de la 210 a la 219, la 221, 224, 226, 227, 230, de la 234 a la 237 y de la 239 a la 241, con una extensión de poco más de 213 hectáreas.

Continúa...

www.solyucatan.com.mx Pág. 10 Mérida, Yucatán. Del 4 al 10 de octubre del 2021

Asimismo, Chan Rosado, una de las prestanombres usadas por Lorenzo Medina González y Esteban Correa Bolio, acudió después a solicitar ante el Registro Agrario Nacional (RAN) que se hiciera la inscripción de los acuerdos, pero fue rechazada porque ese trámite es obligación de las autoridades del comisariado.

Entonces al presidente del comisariado ejidal, al secretario y al tesorero, Primitivo Chan y Pech, Fernando Chan Cahuich y Felipe Baas y Ek, respectivamente, no les quedó más remedio que solicitar el registro tras haber recibido grandes sumas de dinero por parte de Patrimonio Kanasín Por su parte, el primer grupo se comprometió a entregar una contraprestación de 18 millones 800 mil pesos, aunque se mencionó que tres millones de pesos ya se habían pagado en una asamblea anterior del 27 de julio de 2008 y seis millones 608 mil pesos más, supuestamente se erogó en la asamblea del 21 de diciembre del mismo año. Al final, sólo se entregaron en la asamblea nueve millones 192 pesos.

El segundo grupo ofreció una contraprestación de un millón 353 mil pesos, por

lo que en dicha asamblea se entregó al comisario ejidal y su consejo de vigilancia un total de 10 millones 545 mil pesos. A cada uno de los 944 ejidatarios les debió tocar 11 mil 170 pesos, pero a cambio de sus firmas sólo les entregaron despensas.

En este segundo grupo está conformado por Mauricio Martínez Zapata, Giovanni Rafael Castaldi Fitzmaurice, Rubén Castellanos Ríos, Sergio Mauricio Menéndez Martínez, Hernán Felipe Hevia Novelo, Jorge Alberto Heredia Trujillo, Francisco Antonio Rivero Laviada, Hortencia Margarita Salazar Domínguez, Guillermo José Ortiz Abraham, José Antonio Abraham Canto, Alberto Delgado Bechara, Abraham Elías Salomón Nechar, Hernán Alberto Conde Barahona, Raúl Alfredo Sánchez Cámara, Miguel Enrique Cámara Cámara y Manuel Jesús Gil Santos, quien es director del jurídico municipal del Ayuntamiento de Kanasín.

También está Alberto García Cárdenas, ex asesor jurídico de los comisarios de Kanasín, Primitivo Chan y Benito Canul, además de Alejandro Hadad Pinelo, Jorge Armín Escalante y Zapata, Adán Enrique Avilés Sierra, Cristina Andrea Ocampo Es-

pinosa y María Virginia Salas Salazar.

El 26 de diciembre del 2010 se llevó a cabo otra asamblea con la que se hizo el cambio de destino, asignación y reconocimiento de dominio pleno a los posesionarios de un total de 737.86 hectáreas, la mayoría de las cuales se entregaron a un grupo encabezado por José Manuel Sáiz Pineda, quien ya aparecía como “ejidatario”.

En dicho acto se crearon entonces 57 parcelas nuevas, de la 393 a la 449, y en el acta aparece la relación directa de las transacciones con la empresa “Patrimonio Kanasín”, de la cual es socio fundador Lorenzo de Jesús Medina González.

En el octavo punto del orden del día se propone a la asamblea el cambio de destino de una superficie de uso común a parcelas, de 628.25 hectáreas, las que cubren más de siete mil lotes que se menciona “son irregulares y están ocupando tierras del ejido sin contribución alguna al mismo Sin embargo, el ejido carece de recursos económicos e infraestructura para actuar legalmente, ya sea para regularizar las detentaciones ilegales o para exigir la devolución de la misma.

José Magdaleno Capetillo Caballero, Jorge Alberto Flores Flores, José Enrique Fernández Martín y Jorge Orlando de Jesús Castillo Trelles.

“PATRIMONIO KANASÍN” La mayor parte de las parcelas mencionadas y las que se crearán en una asamblea posterior, forman parte de las que se mencionan en el acta constitutiva de la empresa “Patrimonio Kanasín”, creada para comercializar las tierras y lavar el dinero robado por el Grupo Tabasco. Cabe destacar que Lorenzo de Jesús Medina González es socio fundador de esta empresa.

En el quinto punto del orden el día se señala que “la asamblea de socios otorga en este acto, a los señores Francisco Humberto Cob Baeza y Carlos Roberto Gutiérrez Peraza, un poder para que de manera mancomunada celebren contratos de promesa de venta (y no contratos de venta) con terceras personas, ya sean físicas o morales respecto a las siguientes parcelas: De la 393 a la 402, la 410, 411, 412, de la 416 a la 424, de la 427 441, de la 450 a la 453 y de la 460 a la 465”.

La mayoría de estas par-

Esteban Correa Bolio

Mauricio Martínez Zapata

También se menciona lo siguiente: “por lo que los ejidatarios José Manuel Sáiz Pineda, Juan José Sáiz Zarza, Lorenzo de Jesús Medina González, Marvi Javier Carrillo Góngora, Antoni Israel de Guadalupe Osorio Loría y Francisco Humberto Cob Baeza, han propuesta pagar una contraprestación de 17 millones de pesos, más los gastos de mediación, asesoría y comercialización”.

De igual forma, se crean nuevas parcelas y se asignan a los falsos ejidatarios antes mencionados, para que se encarguen “de regularizar mediante contratos de compra venta la detentación irregular que hoy existe en tierra de uso común y en casos de negativa recuperar las tierras”.

A este grupo se le asignan 37 parcelas, de la 393 a la 401, de la 410 a la 412, de la 416 a la 424, de la 427 a la 441. A otro grupo que se dice son ya posesionarios se les asigna las restantes 20 parcelas para un total de 105.5 hectáreas, que van de la 403 a la 409, de la 413 a la 415, la 425, 426 y de la 442 a la 449.

Este segundo grupo está conformado por Mario Eduardo Fajardo López, Manuel Jesús Sánchez Fuente, Eduardo Ancona Cámara,

celas que regularizaría la empresa “Patrimonio Kanasín” corresponden a las que se crearon en la asamblea del 26 de diciembre de 2010 y a la asamblea del 11 de diciembre de 2011.

Hay pruebas contundentes documentadas por este medio con ayuda de ejidatarios de Kanasín, que demuestran que Rafael Acosta Solís, quien aparece como “avecindado” de Tixpéual, es quien se encarga de la regularización de terrenos del ejido de Kanasín que, entre otros, compró la empresa “Patrimonio Kanasín” a José Manuel Sáinz Pineda.

El acta del 26 de diciembre de 2010 se registró ante el RAN por una sentencia del Tribunal Agrario (TUA 34-290/2012), promovido por el comisario Marcelino Uicab Uicab, quien por mera “coincidencia” señala como domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos el predio 246 de la calle 49, entre 30 y 32 de la colonia San Antonio Cucul.

Esta dirección corresponde a la Oficina para Asuntos Jurídicos de la Península, donde despacha Rafael Acosta Solís todo lo relacionado con “Patrimonio Kanasín”, quien promovió el recurso

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para obligar a que se inscribiera el acta y los acuerdos tuvieran validez y así cerrar otro círculo de corrupción.

En la asamblea ejidal del 11 de diciembre del 2011, el Grupo Tabasco se apropió de otras 350.46 hectáreas, de las cuales 136 quedan en manos de Lorenzo de Jesús Medina González, quien paga una contraprestación de seis millones de pesos y las restantes 214 quedan en manos del grupo encabezado por el “ejidatario” José Manuel Sáinz Pineda, su padre Juan José Sáinz Zarza, Lorenzo de Jesús Medina González, Marvi Javier Carrillo Gón-

ta que llevaba a bordo ocho millones de pesos en efectivo y que las autoridades confirmaron pertenecía al ex titular de Finanzas en el sexenio de Andrés Granier Melo.

El 23 de noviembre de 2007, la aeronave Cessna 340 de seis plazas, con matrícula XBC50, arribó al aeropuerto de Mérida y elementos del Ejército se abocaron a su revisión, debido a que se había dado “el pitazo” que la avioneta estaba cargada de droga y dinero.

En la aeronave se hallaron 23 paquetes de billetes, que sumaban la cantidad de ocho millones de pesos.

gora, Antonio Israel de Guadalupe Osorio Loría y Francisco Humberto Cob Baeza, quienes se menciona ya han pagado la contraprestación requerida en las asambleas de 26 de diciembre de 2010 y del 8 de enero de 2011.

En total se crearon 51 parcelas, que van del número 450 al 500, nueve de las cuales pertenecen a las 136 hectáreas, y 42 más que pertenecen a las 214 hectáreas.

En esta acta se hace mención a las asambleas del 1 de marzo de 2009 y del 26 de diciembre de 2010; en el primer caso se menciona como antecedente de la regularización de tierras y que 200 familias ya habían empezado sus trámites para obtener sus títulos de propiedad.

Tan sólo el ex tesorero de Tabasco lavó 246 millones de pesos mediante la venta de 131 hectáreas, en connivencia con la empresa “Patrimonio Kanasín”, con la cual pactó una sociedad a diez años, pues ese es el lapso en el que se liquidaría el pago de las superficies afectas.

Tanto el dinero, como la aeronave y los detenidos, identificados como Gerardo Beauregard y Héctor Partida, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, iniciándose la averiguación previa AP/PGR- /YUC/MERIV/319/2007.

Las investigaciones del caso arrojaron que el dinero sí pertenecía a Sáinz Pineda y que fue enviado a su socio Martín Alberto Medina Sonda, autor intelectual del asesinato de su esposa Emma Gabriela Molina Canto.

Los dos detenidos eran empleados de Medina Sonda y fueron liberados posteriormente, pero de ahí se reveló que el mismo Sáinz Pineda tuvo que pedir favores de “arriba”, de la cúpula del gobierno Felipe Calderón Hinojosa.

Para ésta calaña de gente operan Jorge Adrián Itzá Mex, el actual regidor panista, quien recibe regalías para el alcalde, para que la mafia agraria – inmobiliaria continúe con el despojo de tierras, fraude y daños al medio ambiente, todo ello, con el apoyo de elementos policíacos comandados por el nuevo director de seguridad pública, Luciano Moo Arceo, imitación barata de mercenario Jorge Eduardo Correa Mena.

UN VERDADERO GRUPO CRIMINAL Como olvidar el pasaje ocurrido en noviembre de 2007, publicado por múltiples medios nacionales, donde se da cuenta de la incautación de una avione-

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EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO Del 4 al 10 de octubre del 2021

Edición No. 25

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Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas

María Luisa Sahagún Arcila

*Alejandro Moreno da contratos estratosféricos a su allegada María Sahagún Arcila, quien se quedó con más de 51 millones de pesos que el INE había entregado al PRI para sus prerrogativas *Por dos años consecutivos ha sido la encargada de brindar los cursos de “Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer”, los cuales han tenido un costo anual superior a los 25 millones de pesos cada uno *Esta empresa sólo había recibido contrataciones menores para capacitación, con montos menores, pero tras la llegada del ex gobernador a la dirigencia priista en 2020, su suerte cambió

CIUDAD DEL CARMEN, SUMIDO EN EL CRIMEN *Unidades oficiales desaparecidas, casi mil elementos policiacos asignados a otras funciones, abusos denigrantes en el penal de Kobén, así como una creciente actividad delictiva en Ciudad del Carmen con una ola de ejecuciones Redacción/Sol Campeche Campeche.- Unidades oficiales desaparecidas, casi mil elementos policiacos asignaEDITORIAL

CORPORATIVO

dos a otras funciones distintas a la protección ciudadana, abusos denigrantes en el penal de Kobén, así como una creciente actividad delictiva en Ciudad del Carmen con una ola de ejecuciones, son los resultados que dejó la pasada administración estatal en materia de seguridad pública, y aunque hasta el momento algunas de estas irregularidades han sido reveladas por la gobernadora Layda Sansores San Román en sus conferencias denominadas “Martes de Jaguar”

¡3 RADIODIFUSORAS!

*Ha demostrado no solamente ser el líder informativo en la Península de Yucatán, sino que también compite informativamente en el ámbito nacional con los grandes consorcios periodísticos, a los cuales, en diversas ocasiones, les ha marcado el paso

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¡CURSOS MILLONARIOS! EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

Redacción / Sol Campeche

Campeche.- El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, lucra con los recursos de este instituto político para beneficiar a sus allegados con contratos estratosféricos, tal es el caso de la ex funcionaria del gobierno del Estado, María Luisa Sahagún Arcila, quien se quedó con más de 51 millones de pesos que el Instituto Nacional Electoral (INE) había entregado a este organismo para sus prerrogativas en el ámbito del “liderazgo político de las mujeres”.

El sesgo de “Alito” Moreno para con su colega campechana es más que evidente, María Luisa Sahagún Arcila fue ex funcionaria de la administración de Fernando Ortega Bernés, estando al frente de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental (SAIG) de 2013 a 2015, y desde este último año se alejó de la política local para emprender una faceta como empresaria mediante la empresa Integra Estrategias Globales, S.C. Sin embargo, esta empresa sólo había recibido contrataciones menores para capacitación, con montos de cientos de miles de pesos, pero tras la llegada de Alejandro Moreno Cárdenas a la dirigencia del PRI en 2020, su suerte cambió.

MILLONARIOS EN DOS AÑOS Por dos años consecutivos, María Luisa Sahagún Arcila ha sido la encargada de brindar los cursos de “Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer”, los cuales han tenido un costo anual superior a los 25 millones de pesos, de acuerdo con documentos públicos de la Plataforma Nacional de Transparencia.

En 2020, apenas había asumido “Alito” la dirigencia priista le entregó el primero de estos contratos, con el folio C/SFA/015-2020, por 25 millones 681 mil 891 pesos; los diversos cursos y diagnósticos fueron realizados entre el 15 de enero y el 31 de diciembre de ese año.

Pero eso no fue todo, en

Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas 2021 volvió a repetir, ahora con el contrato C/SFA/0282021, también para la “Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer”, pero en esta ocasión el costo de los servicios de María Luisa Sahagún Arcila fue de 25 millones 409 mil 209 pesos.

Además de los cursos, el servicio incluye módulos como “Negociación política, Técnicas de negociación; Comunicación digital; Redes Sociales con enfoque político; Persuasión y propaganda política; Manejo de debate político; Oratoria y disertación política; Defensa y protección de los derechos políticos electorales de las mujeres, así como Herramientas para el diseño de programas de acceso a la justicia para las mujeres”.

En una segunda cláusula, nombrada “Rubro B2. Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados”. Y la cláusula tres del contrato, nombrada “Rubro 3. Divulgación y Difusión”, la empresa de la exfuncionaria del gobierno de Campeche supuestamente ofreció la impresión de mil ejemplares de una carpeta titulada “Diagnóstico sobre el importe de los recortes presupuestales en los programas y proyectos para la igualdad de género”, así como mil ejemplares del trabajo “Paridad hecha en el PRI”, y 10 mil ejemplares de la carpeta denominada “Protocolo del Partido Revolucionario Institucional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de género”.

El monto total asciende a 51 millones 91 mil 100 pesos y se presume que al ser una

empresa que no había accedido a tales cantidades, podría tratarse de un desvío de recursos partidistas perpetrado por el propio Moreno Cárdenas.

Para entregar tal cantidad de recursos, “Alito” ha usado al

María Luisa Sahagún Arcila ral (INE) por el que se distribuye el financiamiento público federal, así como las prerrogativas postal y telegráfica de los Partidos Políticos Nacionales para el ejercicio 2021”.

En esa normativa, el Parti-

*Alejandro Moreno da contratos estratosféricos a su allegada María Sahagún Arcila, quien se quedó con más de 51 millones de pesos que el INE había entregado al PRI para sus prerrogativas *Por dos años consecutivos ha sido la encargada de brindar los cursos de “Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer”, los cuales han tenido un costo anual superior a los 25 millones de pesos cada uno *Esta empresa sólo había recibido contrataciones menores para capacitación, con montos menores, pero tras la llegada del ex gobernador a la dirigencia priista en 2020, su suerte cambió Organismo Nacional de Mujeres Priístas (ONMPRI).

PARTIDO SE QUEDA SIN CENTAVOS El origen de estos recursos es de financiamiento público, ya que se trata de partidas otorgadas por el INE, en concordancia con lo publicado en Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se publica el “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electo-

do Revolucionario Institucional recibió este año, en el rubro “Monto a destinar para el liderazgo político de las mujeres”, la cantidad de 25 millones 409 mil 210 pesos, que fueron desviados prácticamente en su totalidad a María Luisa Sahagún Arcila, mientras que el partido se quedó solamente con ocho centavos tras haber pagado las capacitaciones de Integra Estrategias Globales, S.C. Los responsables de firmar este contrato para el “empo-

deramiento y liderazgo de las mujeres priistas”, con el folio C/SFA/028-2021, fueron, por parte del partido, Montserrat Arcos Velázquez, presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), y Susana del Rocío Romero Arizmendi, administradora del contrato de ese organismo partidista.

Como representante legal del PRI firmó este contrato Israel Chaparro Medina, y por parte de Integra Estrategias Globales, S.C., lo hizo Román Manuel Cen Romero, quien tiene como única experiencia en la administración pública la de haber sido subdirector de Informática en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

PAGO DE FAVORES Si bien, María Sahagún fue funcionaria de la administración de Fernando Ortega Bernés y no de la de Alejandro Moreno, sí existe un vínculo entre ellos, que deja entrever un presunto pago de favores que se está realizando actualmente con el presupuesto del PRI. Y es que en la elección a la gubernatura del estado de 2015, en la cual quedó como ganador “Alito” Moreno en medio de acusaciones de fraude y compra de votos, uno de los funcionarios clave en el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) fue precisamente el hermano de María Luisa Sahagún Arcila, quien en ese entonces todavía era titular de la SAIG. Se trató de Ángel Sahagún Arcila, quien fue designado en 2014, previo a ese proceso

electoral, integrante del Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Desde ese cargo, Ángel Sahagún Arcila operó a favor de la candidatura de “Alito” Moreno que era abanderado por el PRI y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), lo que generó la queja de los partidos que en ese entonces eran oposición, al señalar que era obvio el favoritismo y la cercanía con el candidato oficialista del gobierno de Fernando Ortega.

Luego de que terminó el sexenio 2009-2015, María Sahagún Arcila se retiró de la política campechana e inició su empresa Integra Estrategias Globales, S.C., la cual se ubica en una de las zonas más exclusivas de la capital del país, en la colonia Polanco, sobre la lujosa avenida Presidente Masaryk.

Esta empresa presuntamente se dedica a la consultoría, asesoría y capacitación en materia legal, administrativa, contable-financiero, de gobernanza y tecnologías de la información.

Integra Estrategias Globales, S.C., se presenta en su portal de internet como un “equipo multidisciplinario con una formación sólida y amplia de experiencia que brinda servicios de calidad y genera soluciones conforme a las necesidades de nuestros clientes”.

El “equipo multidisciplinario y de profesionales” que presume esta compañía está compuesto por –de acuerdo con el sitio web del negocio– María Luisa Sahagún Arcila, por Román Manuel Cen Romero (quien firmó el contrato como “representante legal”) y por Manuel Jiménez.

El negocio no había prosperado desde 2015 a la fecha, pero esto cambió luego de que Alejandro Moreno Cárdenas asumió la dirigencia del PRI, pues en apenas dos años han obtenido más de 51 millones de pesos en sólo dos contratos de este instituto político.

Se presume que María Sahagún Arcila es amiga íntima de Alejandro Moreno, por lo que estos pagos millonarios pueden tratarse de un desvío de los recursos entregados por el INE.

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CORRUPCIÓN NARANJA EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

Redacción/ Sol Campeche

Campeche.- El domingo 26 de septiembre Biby Rabelo de la Torre tomó protesta como alcaldesa de Campeche en un acto protocolario que estuvo marcado por el desaire a la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, al no invitarla a ella ni a ningún representante del Gobierno del Estado, pues el evento se convirtió en un desfile exclusivo para las figuras del partido Movimiento Ciudadano (MC), bajo la sombra de Eliseo Fernández Montufar, quien pretende continuar moviendo los hilos al interior del Ayuntamiento capitalino, para asegurar que continúen los negocios “naranja” con cargo al erario.

La nueva alcaldesa no ha podido desmarcarse de su antecesor, Fernández Montufar, quien no sólo busca designar a sus propios directores en las dependencias municipales, al reclamar cotos de poder dentro de la administración campechana, sino que también impuso a Biby Rabelo contratos a modo dentro de su campaña, para beneficiar a compañías de publicidad del cártel empresarial de Jalisco, ligadas al gobernador emecista Enrique Alfaro Ramírez, así como a proveedores que apapachó durante los tres años que estuvo al frente de la Comuna.

Cabe destacar que entre el desfile de personajes políticos que acudieron a la toma de protesta de Biby Rabelo se encontraron varias figuras ligadas con la peor corrupción priista, pese a que el MC presume de ser un “cambio total”, tal es el caso de la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, quien fue fotografiada con la nueva presidenta municipal y con el candidato perdedor de la gubernatura, pese a que sobre la yucateca pesan serias acusaciones por supuestos desvíos de recursos Redacción/ Sol Campeche Campeche.- Unidades oficiales desaparecidas, casi mil elementos policiacos asignados a otras funciones distintas a la protección ciudadana, abusos denigrantes en el penal de Kobén, así como una creciente actividad delictiva en Ciudad del Carmen con una ola de ejecuciones, son los resultados que dejó la pasada administración estatal en materia de seguridad pública, y aunque hasta el momento algunas de estas irregularidades han sido reveladas por la gobernadora Layda Sansores San Román en sus conferencias denominadas “Martes de Jaguar”, no se ha señalado quien sería el verdadero culpable de este caos Al ex secretario de Seguridad Pública, Jorge Argáez Uribe, le podrían fincar responsabilidades administrativas de salir a flote más actos de negligencia.

En las primeras semanas de esta administración estatal, la nueva secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz Martínez, ha detectado serias deficiencias en infraestructura y equipo en los destacamentos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), pero podría convertirse en cómplice si los hallazgos no llevan hacia una denuncia en la Contraloría del Estado contra el ex

públicos en la construcción de hospitales durante su gestión en aquel estado.

GRUPO JALISCO CONTROLÓ LA CAMPAÑA

Tal como ha revelado Sol Campeche, la pasada campaña electoral de Movimiento Ciudadano en los estados de Campeche, Nuevo León, Chihuahua y Sonora, estuvo controlada por el Grupo Jalisco del mandatario Enrique Alfaro, a través de empresas como Indatcom S.A. de C.V., La Covacha Gabinete de Comunicación S.A. de C.V., y Eu Zen Consultores S.C., las cuales se embolsaron un total de 19 millones 189 mil pesos con los candidatos a gobernador, de acuerdo con el Sistema de Rendición de Cuentas y Resultados de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).

En el caso de la entidad, Eliseo Fernández Montufar entregó 2 millones 951 mil 258 pesos para estas empresas, mediante un pacto con Enrique Alfaro para el control de la publicidad y propaganda en redes sociales; no obstante, el acuerdo “en lo oscurito” también se extendió a la campaña de Biby Rabelo de la Torre.

Corrupción emecista, Biby Rabelo con la gobernadora yucateca Ivonne Ortega

para la realización de mensajes para radio y televisión, con el aviso de contratación FAC15891.

Dichas empresas han sido señaladas por diversas irregularidades en el ámbito electoral, además de pertenecer a los socios Ismael Sánchez Anguiano, Rafael Valenzuela Cardona y Carlos Delgado Padilla, que han lucrado con el erario jalisciense desde hace varios años de la mano de Enrique Alfaro.

En el caso de Indatcom S.A. de C.V., fue vinculada en 2016 con la filtración de la Lista Nominal de Electores que había sido entregada a Movimiento Ciudadano, por lo cual el INE multó al instituto político con

*La nueva alcaldesa no logra sacudirse la sombra de Eliseo Fernández Montufar, pues los negocios sucios del ex alcalde pesan sobre la nueva administración, ya que él fue quien decidió los gastos de campaña de Biby Rabelo con el Grupo Jalisco. Busca designar a sus propios directores en las dependencias municipales *La campaña de Biby benefició a contratistas predilectos de Eliseo. Desairó a la gobernadora Layda Sansores, pero apapachó a íconos de la corrupción como a la ex gobernadora yucateca Ivonne Ortega Pacheco El control de Eliseo Fernández sobre la campaña de Biby Rabelo fue a tal grado que los contratos fueron firmados por su hermana, Elisa Fernández Montufar, por lo que fue él quien decidió a quiénes iba el dinero público y de a cómo tocaba la tajada.

Información de la fiscalización del INE demuestra que la hoy alcaldesa campechana también pactó con Enrique Alfaro y sus empresas, en el caso de Indatcom S.A. de C.V., con el aviso de contratación FAC13415 por 420 mil pesos para propaganda en internet.

Mientras que a La Covacha Gabinete de Comunicación S.A. de C.V., le entregó 34 mil 800 pesos

34.1 millones de pesos.

Asimismo, Indactom y La Covacha son implicadas en campañas de desinformación, fake news e infodemia pagada con el erario; entre sus principales funciones está promover a los políticos naranja, pero también inflar sus redes sociales con comentarios favorables e insultar a los contrarios con sus “fábricas de bots”.

Biby Rabelo de la Torre recurrió a estos servicios con un costo total de 454 mil 802 pesos, pero lo relevante son los vínculos de interés político y la sospecha de desvío de recursos que se realiza mediante estas empresas, que también han cau-

sado polémica en Nuevo León, pues estuvieron detrás de la campaña de Samuel García Sepúlveda, la cual se ha vinculado con lavado de dinero.

DINERO PARA LOS “CUATES” DE ELISEO

De igual manera, la campaña de Biby Rabelo benefició a contratistas predilectos de Eliseo Fernández Montufar, tal es el caso de Víctor Manuel Cruz Valladares, a quien se le pagaron 23 mil pesos con el folio FAC13371, por el uso de un vehículo, aunque no se especifica si fue por la renta o algún otro servicio.

Este proveedor es uno de los implicados en los 492 contratos que la administración municipal de Eliseo se ha negado a hacer públicos, lo que fue visto como un presunto desvío de recursos para la campaña de la candidata de MC a la diputación federal por el primer distrito, que resulta ser la madre de este supuesto empresario, Claudia Valladares Guzmán.

De igual forma ocurre con José Felipe García León, quien facturó lonas para la campaña de Biby, por un costo de 37 mil pesos con el aviso de contratación FAC34131, pero resulta ser otro de los proveedores predilectos de Eliseo, con al menos 12 contratos que suman más de dos millones de pesos en el Ayuntamiento de Campeche, que ahora gobernará Rabelo de la Torre.

Con esas conexiones inicia Bibiy Rabelo su nueva administración municipal, aunque no lo quiera, a la sombra de Eliseo; el ex alcalde perdedor de la gubernatura se mantiene en la polémica pues pesan las acusaciones de opacidad en el manejo del erario campechano y todo parece indicar que la alcaldesa será la encargada de cubrir los indicios de corrupción que dejó Fernández Montufar.

CIUDAD DEL CARMEN, SUMIDO EN EL CRIMEN

titular de la dependencia, ya que todo parece indicar que la deplorable situación sólo se está manejando mediáticamente sin que se llame a cuentas a quienes tenían a su cargo la corporación policial.

Ha salido a la luz que se encontraron instalaciones catastróficas en la SSP, con 108 unidades varadas que se deben rescatar en los municipios, y de las últimas 83 nuevas patrullas que fueron adquiridas por el ex gobernador Carlos Miguel Aysa González, 23 están sin placas para que puedan circular.

Durante los primeros días del nuevo gobierno, se detectó que mil 163 policías no fueron identificados en el pase de revista que se realizó, además de que dicha cifra no concuerda con el pago de nómina de mil 500 elementos policíacos, por lo que se sospecha que hay 337 “policías fantasma” Tras varios días se localizó que cuatro de 10 policías estatales estaban asignados a actividades diferentes a las que fueron contratados, algunos sirven a ex funcionarios e incluso realizan tareas de jardinería o limpieza en viviendas particulares.

IRREGULARIDADES VEHICULARES

Otra de las irregularidades detectadas ha sido en el parque vehicular policiaco, pues la administración de Carlos Miguel Aysa González reportó 718 unidades, pero sólo se han localizado 570 en los municipios, de los cuales 110 ya están para baja, y en Ciudad del Carmen hay siete vehículos Renault eléctricos que están parados para el área turística, porque no tienen base para cargarlos, incluso hay dos en Sabancuy.

Cabe mencionar que esto es

*Unidades oficiales desaparecidas, casi mil elementos policiacos asignados a otras funciones, abusos denigrantes en el penal de Kobén, así como una creciente actividad delictiva en Ciudad del Carmen con una ola de ejecuciones

Argáez Uribe, resultados deplorables parte del negociazo vehicular que emprendió Alejandro Moreno Cárdenas, que solapó y continuó Carlos Aysa e incluso en meses pasados algunas ambulancias de Campeche aparecieron en un remate de autos en el Estado de Yucatán.

En los últimos años se compraron decenas de vehículos para la SSP, la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), pero la mayoría de estas unidades no han sido puestas en operación por lo que se presume que pudo tratarse de desvío de recursos.

De acuerdo con información de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental (SAIG), tan sólo en el primer trimestre del 2021 se adquirieron 123 unidades, entre autos sedán, camionetas, motos, cuatrimotos y hasta camiones colectivos para traslado de pasajeros, a un costo total de 61 millones 668 mil 123 pesos, en nueve contratos; mientras en 2020 se

compraron 81 vehículos a un costo de 35 millones 544 mil 897 pesos mediante 13 contratos diferentes.

Al respecto, las nuevas autoridades del estado han revelado que en algunas dependencias pudo presentarse el “lavado de combustible”, ya que se asignaron vales de gasolina que se repartían entre los servidores públicos, pero una mínima cantidad eran para poner los vehículos al servicio de la ciudadanía. Esos vales eran cambiados por efectivo y se embolsaban el dinero, por lo que se han iniciado investigaciones pertinentes.

OLA DELICTIVA El responsable tiene nombre y apellido, aunque la gobernadora Layda Sansores y la secretaria de la SSP, Marcela Muñoz, no han dejado en claro si se abrirán investigaciones contra él, pero se trata del ex titular de Seguridad Pública, Jorge Argáez Uribe, quien generó el desastre criminal que vive la entidad.

Muestra de ello es que el ex secretario solapó el autogobierno de presos en los penales campechanos, especialmente en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Francisco de Kobén, donde se han cometido una serie de abusos contra las personas privadas de la libertad. En un video presentado por la nueva administración se evidenció que en el último motín que hubo en esta cárcel, los policías y la propia directora, Claudia Góngora Rosado, golpean a los internos pese a que es-

tos se encuentran esposados y en el suelo.

Se detectó que en los dos Ceresos, el de Campeche y Ciudad del Carmen, existe autogobierno criminal, deficiencia en la atención médica y alimentación deplorable, lo que ha detonado una serie de motines en los últimos años. Tan sólo en Kobén han sido cuatro motines y 26 agresiones entre internos en los últimos 12 meses.

Mientras todo esto ocurría, Argáez Uribe pregonó la mentira de que Campeche era “el estado más seguro del país”; no obstante, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que el ex titular de la SSP entregó cifras altamente violentas y una ola delictiva sin precedentes en la entidad.

En el último tramo del desgobierno de Aysa González, de enero a agosto del 2021, se cometieron en la entidad mil 470 presuntos delitos, 14.93 por ciento más que en los primeros ocho meses del 2020, cuando se contabilizaron mil 279, según las cifras del SESNSP. Los delitos más marcados son los llamados de alto impacto, como los asesinatos, con un aumento de 25.49 por ciento con respecto al año pasado; los feminicidios, con 66 por ciento más; los delitos sexuales, con exceso de 31.01 por ciento, y los robos totales, con 9.57 por ciento adicional. En cuanto al homicidio doloso, de enero a agosto se abrieron 64 carpetas de investigación, con 74 víctimas, y son la mayor cantidad en los últimos siete años.

Además, el último mes del gobierno de Aysa ha sido el más sangriento, extraoficialmente se reportaron 20 ejecuciones durante agosto, principalmente en Ciudad del Carmen; situación que parece no mejorar con las nuevas autoridades,

CORRUPCIÓN DE IVONNE PESA SOBRE BIBY

Llamó la atención en la toma de protesta de Biby Rabelo, la presencia de la ex gobernadora yucateca Ivonne Ortega Pacheco, quien es señalada por el presunto desvío de 112 millones de pesos destinados a la construcción del hospital de Tekax, el cual inició desde 2006, pero bajo la gestión “orteguista” quedó a medias y lo mismo ocurrió con el nosocomio que se construía en Ticul.

Asimismo, Ivonne Ortega es relacionada con la mafia agraria que ha despojado a cientos de campesinos de sus tierras, pues es señalada por el informe “Tres décadas de privatización y despojo de la propiedad social en la Península de Yucatán”, realizado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), como una de las principales acaparadoras de terrenos ejidales.

También bajo su administración se solicitaron préstamos millonarios al Banco Interamericano de Desarrollo para remodelar el Centro Histórico de Mérida, pero dicha reconstrucción nunca llegó.

Adicionalmente, edificó el museo del Mundo Maya que en un inicio debió tener un costo de construcción de 143 millones de pesos, finalmente terminó con un sobrecosto mayor a los 770 millones de pesos.

Pese a todo ello, Ivonne Ortega Pacheco fue el nuevo “fichaje” de Movimiento Ciudadano en 2020, de la mano de Dante Delgado, fue una de las invitadas principales a la toma de protesta de Biby Rabelo de la Torre, lo que marca la línea que seguirá el gobierno “emecista” en la capital del estado de Campeche, al tener como ejemplo a la ex gobernadora yucateca, símbolo de la corrupción y el despilfarro. pues el pasado 28 de septiembre, en menos de 24 horas ocurrieron otras dos ejecuciones en esta localidad.

El primer asesinato de alto impacto fue en la colonia irregular Ilusión, sobre la calle Monterrey entre Guadalajara y Jalisco, donde dos personas dispararon a quemarropa a una persona durante la madrugada; y más tarde, en las primeras horas de la mañana, fue ejecutado un trabajador de la empresa petrolera “All In Services”, quien fue interceptado por sicarios sobre la avenida Isla de Tris, la principal vialidad de Carmen.

El hombre de 28 años, identificado como Marco Olán Mayo, fue acribillado a bordo de su vehículo de la marca Volkswagen, tipo Jetta.

Las detonaciones fueron contra la ventana del piloto, cuando conducía sobre la Isla de Tris con Santa Isabel, el vehículo perdió el control y se estrelló contra un muro, al interior de la unidad quedó el cuerpo acribillado del trabajador.

Esto es sólo una muestra del complicado panorama de seguridad pública que fue dejado en el estado por los responsables Alito Moreno, Carlos Aysa y el ex secretario de la SSP, Jorge Argáez Uribe.

Ejecución en Ciudad del Carmen el pasado 28 de septiembre en la avenida principal.

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Campeche, Campeche

EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO Del 4 al 10 de octubre del 2021

Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General

Edición No. 25

$ 5.00

CORRUPCIÓN NARANJA

*La nueva alcaldesa no logra sacudirse la sombra de Eliseo Fernández Montufar, pues los negocios sucios del ex alcalde pesan sobre la nueva administración, ya que él fue quien decidió los gastos de campaña de Biby Rabelo con el Grupo Jalisco. Busca designar a sus propios directores en las dependencias municipales *La campaña de Biby benefició a contratistas predilectos de Eliseo. Desairó a la gobernadora Layda Sansores, pero apapachó a íconos de la corrupción como a la ex gobernadora yucateca Ivonne Ortega Pacheco

Redacción/Sol Campeche Campeche.- El domingo 26 de septiembre Biby Rabelo de la Torre tomó protesta como alcaldesa de Campeche en un acto protocolario que estuvo marcado por el desaire a la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, al no invitarla a ella ni a ningún representante del Gobierno del Estado, pues el evento se convirtió en un desfile exclusivo para las figuras del partido Movimiento Ciudadano (MC), bajo la sombra de Eliseo Fernández Montufar, quien pretende continuar moviendo los hilos al interior del Ayuntamiento capitalino

NARCOTRÁFICO: EL TERRITORIO, SITIADO POR EL CRIMEN

NARCOTRÁFICO

*Se han cumplido tres años de Gobierno y la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de pacificar el país sigue incumplida.

De nada sirve la avasallante militarización del país, jamás vista en sexenios anteriores; tampoco ha dado resultados que la Guardia Nacional, el ensayo militar del mandatario, esté presente en el territorio. *Ninguna de estas dependencias puede intervenir y usar la fuerza frente al crimen organizado. Esta suerte de inacción oficial hundió a Michoacán en una crisis de seguridad y mantiene a Guanajuato cercado por el crimen organizado, en medio de matanzas y balaceras. Ante el crimen, el Gobierno de la Cuarta Transformación no hace nada. *Sólo administra un problema

que, sin resolverse, permite que los cárteles mantengan sitiado buena parte del territorio nacional.

Ricardo Ravelo/Sol Quintana Roo

Ciudad de México.- El ingreso del Cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán, particularmente en los municipios de Aguililla y Tepalcatepec, ha colocado a las autoridades estatales en la impotencia, rebasados por las circunstancias, sin capacidad de reacción y sin posibilidades de recuperar la paz del territorio.

En Michoacán la guerra entre cárteles, que no es nueva, se ha agudizado. Los grupos criminales se pelean el control del Estado, pero más allá de eso se disputan la ruta del Pacífico más importante, en la que participan cinco grupos criminales.

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EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

MUELLE FISCAL, BOTÍN DEL ALCALDE DE PROGRESO Redacción /Sol Yucatán

Progreso.- El Muelle Fiscal de Progreso se convirtió en 2020 en el botín de la secretaria de Fomento Turístico (Sefotur), Michelle Fridman Hirsch, así como del alcalde Julián Zacarías Curi, al “invertir” tres millones de pesos para la iluminación del inmueble, para fomentarlo como atractivo turístico durante la contingencia de Covid-19.

Aparte del diezmo que cobraron por la obra, ambos funcionarios se beneficiaron con los intereses obtenidos, ya que por varios meses, el monto destinado se quedó en el banco, pues debido a la pandemia no se podía trabajar El 12 de febrero de 2020 se firmó el convenio de colaboración de “iluminación del Muelle Fiscal de Progreso, para el mejoramiento de la imagen turística del puerto”, documento signado por la titular de la Sefotur así como del edil emanado del Partido Acción Nacional (PAN), además del director general de la Administración Portuaria Integral (API), Agustín Jorge Arrollo Toledo, y el secretario municipal José Alfredo Salazar Rojo.

Para ello, la dependencia estatal destinó dos millones de pesos, mientas que la Comuna otorgó un millón de pesos, cuya vigencia del proyecto venció el 31 de agosto del año en curso.

La Sefotur sólo se comprometió a entregar el respectivo recurso, mientras que el Ayuntamiento entregará a la dependencia estatal un reporte fotográfico de los resultados del proyecto.

Al concluir la obra sería entregada a la API, instancia que se encargaría de adquirir el seguro, para salvaguardar la integridad del proyecto.

El proyecto fue hecho con maña, pues a pesar de

Michelle Fridman Hirsch la advertencia de la pandemia de Covid-19, decidieron firmar el documento el 12 de febrero de 2020 y Sol Yucatán tiene una copia del respectivo convenio.

En México, el primer infectado de Covid-19 apareció el 27 de febrero de 2020 y 16 días después, el 12 de marzo se registró el primer caso en Yucatán.

A nivel nacional, en abril de dicho año inició la interrupción temporal de la actividad escolar, laboral y recreativa, así como la movilidad en el espacio público, la cual duró dos meses y posteriormente, sólo se autorizaron el desarrollo de algunas obras.

Además, el convenio concluyó el 31 de agosto de este año, es decir, justo en el último día de su administración, aunque fue reelecto como presidente municipal.

Como oportunamente se publicó, Zacarías Curi se embolsó poco más de dos millones de pesos, cuando a finales de 2018 aprobó la rehabilitación de la parte poniente de la Avenida 33, pues erogó 11.7 millones de pesos cuando su antecesor, por el costado oriente pagó solamente 9.5 millones de pesos.

Incluso, la obra original correspondiente al programa del Ramo 33 tendría un costo de 10.1 millones de pesos, pero debido a los “imprevistos” se tuvo que

anexar cerca de dos millones de pesos y en ningún momento se dio detalles de los gastos excesivos.

El plan con maña fue guardar el dinero sobrante para usarlo en su campaña de reelección como alcalde, pues sólo así se explica millonario derroche de recursos.

La avenida 33 es una de las más atractivas de este municipio portuario, la cual llevaba años sin mantenimiento total, por lo que en 2018 se decidió trabajar en esta importante vía y el 6 de junio se emitió el fallo para la respectiva obra.

La empresa Construcciones y Pavimentaciones del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable, resultó adjudicada para la rehabilitación de la parte oriente, proyecto con un costo de nueve millones 541 mil 792.93 pesos.

Julián Zacarías Curi de los dos malecones e inauguraron la segunda etapa de mejoras del malecón tradicional.

La obra está ubicado en la calle 19, abarca 466 metros, de la 60 a la 70, del asta bandera y la Casa del Pastel, al Museo de Geología.

La primera etapa de remozamiento del malecón se hizo de septiembre de 2019 a febrero de 2020 y abarcó 170 metros, desde la calle 78 a la 80, donde efectuaron obras sencillas pero fue millonaria la inversión destinada.

También se remozó la calle 80, de la 19 a 25 y la Casa de la Cultura, con la finalidad de demostrar que hacen bien las cosas, cuando en realidad, Zacarías Curi sólo buscaba fortalecer su candidatura para su reelección.

El pasado 24 de marzo,

*El proyecto fue hecho con maña, pues a pesar de la advertencia de la pandemia de Covid-19, Julián Zacarías y Michelle Fridman decidieron firmar el contrato por 3 millones de pesos el 12 de febrero de 2020. Sol Yucatán tiene una copia del respectivo convenio La obra inició el 11 de junio de 2018 y concluyó el 13 de octubre del mismo año, por lo que tuvo una duración de 124 días, con más de 6,800 habitantes beneficiados.

Para no quedar mal con su nuevo cargo, Zacarías Curi emitió una convocatoria para la rehabilitación de la parte poniente de esta vía ubicada en la cabecera municipal, a la cual participaron cuatro empresarios.

EL MALECÓN Asimismo, el malecón tradicional de Puerto Progreso se convierte en el “negocio redondo” para el gobernador Mauricio Vila Dosal y el alcalde Julián Zacarías Curi, pues los trabajos ahí realizados les han dejado una jugosa ganancia, con la cual financiaron la pasada campaña electoral.

Durante el evento protocolario, en el cual Vila Dosal y Zacarías Curi recibieron los distintivos Blue Flag para 500 metros de playas

Vila Dosal dio el banderazo de inicio de la segunda etapa de “la construcción, mantenimiento y conservación del malecón tradicional”, labor que duró 112 días, es decir, poco menos de cuatro meses.

En aquella ocasión, el hoy ex secretario de Obras Públicas (SOP), Virgilio Crespo Méndez, quien ahora es el director del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública (Inccopy), informó que la obra abarcó 500 metros, de la 60 a la 70, con un techo financiero de 25 millones del programa Fideicomiso de Infraestructura.

Por su parte, el entonces titular del Inccopy, Roger José Echeverría Calero, anunció que la constructora AEI del Carmen debía entregar los trabajos el 12 de julio.

De acuerdo con el comunicado del Ayuntamiento, Crespo Méndez precisó que “a lo largo de 466 metros lineales del malecón” se hizo una ciclovía que

funciona en ambos sentidos, estaciones para bicicletas, repavimentación con estampado de olas y banquetas de concreto.

También se realizó el suministro y colocación de 142 palmeras kerpis en la zona peatonal, siete palmas de coco y plantas uva de mar en la playa, iluminación urbana y arquitectónica, 19 bancas, 17 botes de basura, señalización, cableado subterráneo, drenaje pluvial y 156 bolardos con iluminación para delimitar y dar seguridad.

El 24 de septiembre de este año, el titular de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo (Sefoet), Ernesto Herrera Novelo, aseveró que “se mantiene firme y sigue hacia adelante el proyecto para la ampliación del canal de navegación en el Puerto de Progreso, que se realizará con recursos privados y que respaldan tanto el Gobierno de la República como el de Yucatán”.

Indicó que hasta el momento, cinco empresas nacionales y extranjeras, de países como Bélgica, Holanda y Catar, han manifestado su deseo de realizar estos trabajos.

Cabe recordar que se trata de obras que se ejecutarán al 100 por ciento con recursos privados; por su parte, las autoridades federales, estatales y mu-

nicipales tienen las responsabilidades de revisar las opciones, dejar listo el escenario, supervisar los procesos y otorgar los permisos correspondientes, expuso.

Herrera Novelo informó que ese día se continúa con la evaluación de propuestas de las cinco firmas interesadas, considerando sus capacidades, experiencias previas, solvencia y situación jurídica; se espera que, una vez que concluyan la valoración, se pueda tener la draga a finales de noviembre próximo.

“El proceso sigue, está firme, la ampliación va para adelante, para lo que necesita Yucatán y para lo que necesita México, específicamente Progreso”, dijo el funcionario, quien destacó que la inversión que hará la compañía que obtenga la concesión será de cuatro mil 200 millones de pesos, aproximadamente.

El titular de Sefoet precisó que las labores permitirán a la entidad y al puerto contar con un calado más competitivo a nivel mundial, para recibir embarcaciones de mayor tamaño; actualmente, pueden ingresar navíos con cargas de 36 mil a 40 mil toneladas, pero con estas mejoras, se logrará llegar a 100 mil.

En el tema turístico, los cruceros que arriban ahora cuentan con capacidad para 2,500 viajeros; con las ampliaciones, la cifra aumentará a entre siete mil y ocho mil, por lo que el secretario manifestó que “esos barcos que, hoy, ya llegan a Cozumel, la intención es que puedan entrar aquí, a Puerto Progreso”.

“El acuerdo y convenio firmado, entre la Administración Portuaria Integral, la Secretaría de Marina y el Gobierno del Estado, está firme. La obra se realizará; indudablemente, el interés de la Federación, el interés del estado, es que la ampliación del Puerto de Progreso se realice”, puntualizó.

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FRAUDE CON CASAS EN EL CONO SUR Redacción /Sol Yucatán

Cono Sur, Tekax, Yucatán.- Con el cuento de que las incluiría en un programa de vivienda de calidad, Meili Be Quintal, quien en el 2019 trabajó como Promotora de Prospera y su oficina estaba en el Ayuntamiento de este municipio, robó más de 150 mil pesos a humildes familias indígenas de Salvador Alvarado, San Isidro y Benito Juárez, ubicadas en el Cono Sur del Estado.

Lo anterior fue denunciado públicamente a Sol Yucatán por los afectados, quienes dijeron que conocían a esta mujer porque fue funcionaria de Prospera y despachaba desde el Ayuntamiento que en el 2019 y hasta la fecha encabeza el no menos corrupto alcalde Diego Ávila.

La necesidad de una vivienda digna las hizo caer en el engaño de Meili Be Quintal, quien fue promotora de Prospera en Tekax.

que dijo que era la licenciada encargada del programa de vivienda y que esperáramos un poco, pero ya después tampoco nos contestan”, indicó.

Asimismo, dijo que fueron al Ayuntamiento pero ahí tranquilamente les dijo el alcalde que era muy difícil ayudarlas, que no conocía a esa mujer, pero las y los afectados afirman que ahí tenía su oficina cuando fue promotora de Prospera.

“No sabemos qué hacer, no tenemos dinero para ir a la Fiscalía, ojalá que alguien nos pueda asesorar para denunciar a esta mujer, hay quienes hicieron dos pagos con la ilusión de tener una casita para los suyos y hasta de otro programa de abejas les cobró a algunos apicultores”, refirió.

Sol Yucatán ya trató de

LISTA DE AFECTADOS DE SALVADOR ALVADO

Margarita Canul Ek, Daysi Jimena Pech Moo, Paula Canul Ek, Antonia Matú Canché, Gregoria Martín Guillén, Natalia Verónica Canul Canul, Adriana Leonel Matú Canul, Naybi Guillén Matú, María Dolores Teh Dzul, Cristina Canul Pech, Adriana del Carmen Pérez Canché, Concepción Matú Canché, Dolores Cutz Matú, Maricela García Uc, Marlene Tee Dzul, Irma Yolanda Pat Cocom, Lidia Beatriz Teh Canul, Tomasa Ek Couoh, Adelita Moo García, Rafael Moo Pat, María Fabiola Chan Pech, Justino Teh Dzul, Onorio Guillén, Miguel Ángel Canul Ek, Magaly Pérez Euán, Rufina Canché Moo, Ana María Uc Estrella, Leidy Araceli Uc Matú, Martina Matú Canché, Luis Fernando Canul Teh, Sobeyda Cocom Chablé, María Asunción Matú Canul, Miguel Alberto Canul, Fernando Canul Tee, María Rosalba Estrella Cajum, Wilbert Esteban Tec Canul y Sonia Noemí Quijada Flores. * Con el cuento de que las incluiría en un programa de vivienda de calidad, Meili Be Quintal, quien en el 2019 trabajó como Promotora de Prospera y su oficina estaba en el Ayuntamiento de este municipio, robó más de 150 mil pesos a humildes familias indígenas

También defraudó a habitantes de San Agustín y ofreció un número de celular del que no contestan. Borró sus fotos de redes sociales.

“Nosotros la conocíamos porque era la encargada de Prospera y varias veces visitó el pueblo, por eso no desconfiamos de ella cuando regresó diciéndonos que ya la habían cambiado a Mérida, que ahora su oficina estaba en el gobierno del Estado y que ayudaría a bajar programas, que ya estaba uno que era de dar viviendas dignas pero que la gente tenía que dar mil 500 pesos”, dijo en entrevista Rita Margarita Canul Ek, una de las afectadas.

Hubo algunas abuelitas que tuvieron que conseguir el dinero para poder darlo en dos partes, como doña Tomasa.

“Yo fue a prestar, porque siempre he querido tener una

casita para mis nietos, para que no sufran y vivan entre el agua que inunda el pueblo cada vez que llueve, pero ya esa señora se llevó el dinero

y no ha regresado, nos engañó”, dijo con profunda tristeza la abuelita.

En el centro de Salvador Alvarado se reunieron 37

Con sacrificio, mujeres y hombres consiguieron mil 500 pesos cada una y se lo entregaron a Meili Be Quintal.

Meili Be Quintal defraudó a familias de Tekax. Anda huyendo porque hizo lo mismo en otros pueblos. Hay más implicados. amas de casa y jefes de familia para denunciar haber sido víctimas de Meili Be Quintal.

“Nos dio su número de celular 9971 169247 y al principio si nos mandábamos mensajes y todo iba bien, pero al paso del tiempo nos empezó a decir que por la pandemia se había retrasado todo, pero que si nos llegarían los apoyos, sin embargo, ya han pasado casi tres años y nada”, agregó.

Pero todo parece indicar que la delincuente no trabaja sola, porque también les dio el número telefónico 9996 471980, supuestamente del gobierno del Estado.

“Nos dio el otro número, dijo que era de su oficina en el gobierno estatal, al principio me contestó una mujer

comunicarse a los dos números pero en ninguno contestan, típico de quienes se dedican al fraude y lamentablemente no sólo fueron 37 familias de Salvador Alvarado, también hubo otras más en San isidro y San Benito, en esta misma localidad de Tekax, por lo que piden la ayuda de los lectores de este medio de comunicación para localizar a la delincuente y exigirle que les devuelva su dinero.

También pidieron a habitantes de otras comunidades que no se dejen sorprender por Meili Be Quintal.

Para que nadie pudiera ubicar a Meili Be Quintal borró todas sus fotos de redes sociales.

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EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

YUCATÁN, NADA SEGURO Redacción /Sol Yucatán

Mérida.- A pesar que el gobierno panista del Estado se jacta en decir que Yucatán es el estado más seguro del país, en 2020 se convirtió en la tercera entidad federativa con la mayor tasa de víctimas delictivas, con una edad de al menos 18 años de edad, anomalía que se registró durante la contingencia establecida para disminuir la prevalencia del Covid-19.

Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que durante las noches, en los yucatecos es mayor el temor hacia los agentes policíacos.

Pese a la millonaria inversión que el gobierno del Estado utiliza para la seguridad, los resultados son negativos, tal como lo demostró el Inegi, corroborando la información proporcionada por la Secretaría de Gobernación (Segob) así como de asociaciones especializadas en el tema.

Ante los adversos resultados obtenidos durante la administración de Mauricio Vila Dosal, todavía pretende afirmar que es el Estado más seguro, con menor incidencia delictiva, e incluso, el más transparente, cuando la realidad es otra, tal como lo establece la información oficial de diversas instancias federales.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2021, durante el año pasado, Yucatán se ubicó entre las 11 entidades federativas que reportaron un aumento en la tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes, de cerca del cuatro ciento, ubicando muy por debajo de Campeche.

Sin embargo, se posicionó en el tercer sitio nacional en personas mayores de 18 años de edad.

En la presentación se estima que fueron 21.2 millones de víctimas de al menos 18 años de edad, lo cual representa una tasa de preva-

*Aunque el gobierno panista del Estado se jacta en decir que Yucatán es el estado más seguro del país, en 2020 se convirtió en la tercera entidad federativa con la mayor tasa de víctimas delictivas *Pese a la millonaria inversión que se utiliza para la seguridad, los resultados son negativos, tal como lo demostró el Inegi, corroborando la información proporcionada por la Secretaría de Gobernación así como de asociaciones especializadas en el tema

lencia delictiva de 23 mil 520 víctimas por cada cien mil habitantes durante 2020, cifra estadísticamente inferior a la estimada en 2019.

Es decir, hubo una reducción del 5.3 por ciento, ya que en el año anterior fue de 24 mil 849.

De acuerdo con la estadística, fueron ocho entidades federativas que tuvieron un notable aumento anual, encabezado por Nayarit, con 30.1 por ciento, seguido de Baja California Sur, el 23.2 por ciento, y Campeche, el 22.6 porcentual.

Mientras que del otro extremo de la tabla está Aguascalientes, con 19.2 por ciento, Sinaloa, el 16.2 por ciento, y el Estado de México, el 15.6 por ciento.

En el caso de Yucatán, el aumento es del 3.7 por ciento, pues en 2019 fueron 15 mil 437 por cada 100 mil habitantes y en 2020 fueron 16 mil 11, mientras que en Quintana Roo, hubo una disminución del 3.6 porcentual.

EL TERCER LUGAR El Inegi reveló que durante 2020, Yucatán ocupó el tercer lugar de la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes para población de 18 años y más.

En el primer lugar está

Campeche, con un aumento del 36.5 por ciento, ya que en 2019 fue de 18 mil 595 y al año siguiente fue de 25 mil 390, seguido de Sonora, que fue del 29.1 por ciento, al pasar de 25 mil 646 a 33 mil 96.

Mientras que Yucatán se ubicó en el tercer sitio, con un incremento del 20.7 por ciento, ya que la tasa de 2020 fue de 21 mil 348, mientras que durante el año anterior fue de 17 mil 686.

En todo momento, Vila Dosal ocultó la información, e incluso, al ver que los resultados no le favorecen, dejó de mandar los boletines de prensa sobre los logros obtenidos en materia de seguridad.

De igual forma, el Inegi informó que la tasa de Cancún es de 28.4 por cada 100 mil habitantes para una población de al menos 18 años de edad, mientras que en Mérida es de 22.8 y en Mérida es del 20.5.

cuencia durante el período de marzo y abril de 2021, cifra estadísticamente menor a la estimada en la edición anterior de la encuesta.

La sensación de inseguridad en los ámbitos más próximos a las personas disminuyó estadísticamente, con 65.5 por ciento y 41.9

De acuerdo con el Inegi, el propósito de esta encuesta es generar información a nivel nacional, por entidad federativa y áreas metropolitanas de interés sobre el fenómeno de la victimización delictiva durante 2020, así como la percepción social respecto de la seguridad pública y el desempeño de las autoridades en el periodo de marzo y abril de 2021, para proveer información a la sociedad y a quienes toman decisiones de política pública en estas materias.

presentó una reducción en su frecuencia, al pasar de 27 por ciento del total de los delitos ocurridos durante 2019 a 22.5 por ciento en 2020.

En 2020, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 277.6 mil millones de pesos, es decir, el 1.85 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Lo anterior equivale a un promedio de siete mil 155 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito.

La cifra negra, es decir

porcentual de la población de al menos 18 años que se siente insegura en su municipio o demarcación territorial y en su colonia o localidad, respectivamente.

La percepción de los yucatecos respecto de la situación que guarda la inseguridad pública en el Estado es del 27.2 por ciento, la de los campechanos es del 53.2 por ciento, y la de los quintanarroenses es del 75.8 porcentual.

Asimismo, la Encuesta estimó que a nivel nacional, el 38.6 por ciento de la población de más de 18 años se sintió segura al caminar por la noche en los alrededores de su vivienda, en las mujeres fue el 31.1 por ciento, mientras que en hombres fue el 47 porcentual.

La percepción de los yucatecos respecto a la percepción de seguridad al caminar solo en los alrededores de su vivienda es del 58.4 por ciento, la de los campechanos es del 46.4 por ciento, y la de los quintanarroenses es del 32.2 porcentual.

La Envipe permite hacer estimaciones estadísticas sobre la victimización que afecta de manera directa a las personas y a los hogares en los delitos de robo total de vehículo, robo parcial de vehículo, robo en casa habitación, robo o asalto en calle o transporte público. Asimismo, robo en forma distinta a las anteriores (como carterismo, allanamientos con robo en patio o cochera, abigeato), fraude, extorsión, amenazas verbales, lesiones y otros delitos distintos a los anteriores (como secuestros y delitos sexuales). Delitos como narcotráfico, delincuencia organizada, robo de combustible y trata de personas, entre otros de este tipo, no son susceptibles de medirse en una encuesta de victimización.

La tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en 2020 fue de 30 mil 601, cifra estadísticamente menor a la estimada en 2019 que fue de 33 mil 659.

El delito de robo en la calle o transporte público

el nivel de delitos no denunciados o denunciados que no derivaron en carpeta de investigación, fue de 93.3 por ciento a nivel nacional durante 2020.

La Envipe 2021 estima que los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son por circunstancias atribuibles a la autoridad, tales como considerar la denuncia como pérdida de tiempo con 33.9 por ciento y la desconfianza en la autoridad con 14.2 por ciento.

La percepción de inseguridad de la población de 18 años y más en las entidades federativas en marzo y abril de 2021 se ubicó en 75.6 por ciento.

Durante el mismo periodo, la sensación de inseguridad en los ámbitos más próximos a las personas fue de 65.5% en su municipio o demarcación territorial y 41.9% en su colonia o localidad. Dichas estimaciones fueron estadísticamente menores a las registradas en 2020.

INSEGURIDAD PÚBLICA En torno a la Percepción sobre Inseguridad pública 2013–2021, la Envipe estima que el 75.6 por ciento de la población de 18 años y más considera que vivir en su entidad federativa es inseguro a consecuencia de la delin-

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EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

PROCURADURÍA AGRARIA CORRUPTA Redacción /Sol Yucatán

Izamal.- El ejidatario que fue “levantado” y privado de la libertad por la policía municipal y la estatal, durante el desarrollo de una Asamblea donde se pagaría el derecho de vía del Tren Maya, afirma que Rita Chuil, titular de la Procuraduría Agraria, dio la orden junto con el Comisario Ejidal William May Gorocica y la Fonatur, por lo que formuló la denuncia penal correspondiente.

El agraviado José Elías Canché Pisté también denunció al Visitador Agrario Roberto Buenfil, así como al Secretario, Tesorero y Comité de Vigilancia Víctor Lugo González, Santos Guillermo Castro Rejón y Fidencio Ucán.

Asimismo, en la denuncia penal se señala al director de Seguridad Pública Municipal, Carlos Castro Rosado y al policía estatal con sede en este municipio, Víctor Montalvo.

“Yo llegué al salón donde se llevaría a cabo la Asamblea como a las 09:30 horas, estaba programada a las 10:00 horas y conmigo iba un grupo importante de compañeros ejidatarios, entonces, cuando pretendíamos firmar la asistencia nos dimos cuenta que no era la lista de asistencia sino la de la aprobación de la Asamblea, por lo que no estuvimos de acuerdo y decidimos no firmarla y en eso se me acerca por la espalda el policía Víctor Montalvo y me dice que deje de estar

Los ejidatarios de Izamal exigen a Rita Chuil que agilice la investigación contra el Comisario Ejidal William May Gorocica. alterando el orden porque tenía instrucciones de calmarme, cuando yo lo único que hacía era prevenir a los campesinos que represento de que no cayeran en otra de las corruptelas de May Gorocia, la Procuraduría Agraria y la Fonatur”, dijo José Elías a este medio de comunicación.

Enseguida, el comisario ejidal William May Gorocica hizo uso de la palabra como a las 10:30 horas, prosiguió.

“Ahí es, cuando al llegar al punto dos de la Asamblea, mesa de debates, los ejidatarios escogen a su presidente y la mayoría de los ejidatarios presentes no lo aprobaron y pese a ello, el comisario William May Gorocica impone a su

directiva como la mesa de debates, fue entonces que me molesté y empecé a gritar junto con mis compañeros de que no estábamos de acuerdo y en ese momento me agarran por la espalda,

so, uno de ellos se cayó y enseguida también caí de espaldas golpeándome la cabeza”, agrega.

Posteriormente lo suben a una patrulla de la policía municipal y los uniforma-

*El ejidatario José Canché Pisté denuncia penalmente a la titular de la dependencia, Rita Chuil, por el levantón y privación de la libertad de manos de la policía estatal y municipal, durante una asamblea ejidal en Izamal *También denuncia a dos Visitadores, al Comisario Ejidal William May Gorocica y a su equipo de trabajo me jalan mis dos manos hacia la espalda, alcanzo a ver al policía Víctor Montalvo y enseguida llegan más policías, eran como seis y me sacan por la fuerza, inclu-

A pesar de que desde la ciudad de México ordenaron una auditoría a William May Gorocica, Rita Chuil no ha movido un solo dedo.

dos enfilan hacia la ciudad de Mérida.

“Cuando me llevaban a Mérida esposado, uno de los policías recibe una llamada a su celular cuando

íbamos a la altura del tramo carretero Izamal-Kimbilá y veo que detienen la marcha de la patrulla, siendo en esos momento que les pregunté el por qué me detenían y me respondieron que ellos solamente recibieron instrucciones de la policía estatal y me regresaron a las instalaciones de la policía de Izamal y ahí me recibió el director Carlos Castro Rosado y me dijo que hiciera lo que quisiera, que ya estaba libre y me dio mi celular que me habían quitado sus elementos pero me soltaron porque mis compañeros ejercieron presión en todo momento”, reveló.

El agraviado recalcó que son años los que están luchando con sus compañeros ejidatarios, debido a

que el comisario William May Gorocica está vendiendo las tierras sin el consentimiento de los campesinos y se ha enriquecido ilegalmente.

“Nosotros estamos en contra de la corrupción y ahora no sólo es William May Gorocica sino que también la Procuraduría Agraria que encabeza Rita Chuil se ha involucrado, al igual que Fonatur y quiero decirle al Presidente de la República que nosotros no estamos en contra del proyecto del Tren Maya, pero si en contra de que se lleven a cabo acciones sin claridad de los responsables de Fonatur, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional y Comisariado Ejidal, por lo que seguiremos luchando contra los corruptos y nuevamente iremos a la Ciudad de México para informar al titular de la Procuraduría Agraria el comportamiento de Rita Chuil, porque fue ella quien dio la orden para mi detención arbitraria e ilegal”, afirmó.

Cabe señalar, que José Elías también acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y canalizarán la queja al mismo organismo a nivel nacional, por lo que, Sol Yucatán seguirá de cerca el desenlace de las acciones que emprenda la Fiscalía a cargo del licenciado en Derecho Eyder Enrique Alcocer Vega, Fiscal en Jefe del Ministerio Público, que fue quien recibió la denuncia penal por hechos que pudieran ser constitutivos de delito.

José Elías ha denunciado ante este medio de comunicación, la corrupción de Rita Chuil, titular de la Procuraduría Agraria.

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INAH FRENA A ESTAFADORES DE TIERRAS EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

En Texán y Anexas hay pirámides mayas que no han sido explotadas y por ello los que compraron terrenos perderán su dinero.

Ejidatarios y el INAH recorrieron las tierras y confirmaron que nadie podrá construir en esa zona llena de vestigios arqueológicos.

*Rafael Acosta Solís y sus patrones, que se robaron 2 mil 700 hectáreas para venderlas en terrenos, tendrán que devolver el dinero porque la Institución ya reconfirmó que las tierras ejidales están llenas de zonas arqueológicas y nadie podrá construir sobre de ellas

En las zonas arqueológicas de Texán también hay cenotes que fueron sepultados por el huracán "Gilberto".

Redacción /Sol Yucatán Texán y Anexas, Hunucmá.- Rafael Acosta Solís y sus patrones, los empresarios que se robaron 2 mil 700 hectáreas para venderlas en terrenos, tendrán que devolver el dinero porque ya reconfirmó el INAH que las tierras ejidales están llenas de zonas arqueológicas y por lo tanto nadie podrá construir sobre de ellas.

Lo anterior, en base a la denuncia que efectuó Rodolfo Koyoc, Comisario

Ejidal, ante dicha dependencia, la cual quedó asentada bajo el expediente número DIAC/346/21.

El documento que obra en poder de este rotativo, revela que el mismo Instituto Nacional de Antropología e Historia, señala que la ubicación de estos predios esta en zona de monumentos arqueológicos.

Fue el primero de septiembre pasado cuando le recibieron la denuncia en el INAH y a los pocos días, personal especializado en el tema realizó un recorrido

por esta comisaría, percatándose que muchas de las piedras talladas que cercaban una de las pirámides y cenote fueron saqueadas, sólo quedaron documentadas en fotografías.

Por lo anterior, Carlos Cortés, arqueólogo asistente, también detectó que Rafael Acosta Solís y los empresarios que representa pasaron maquinaria pesada por estas tierras llenas de vestigios arqueológicos que se encuentran documentados en el Atlas de México, por lo que, quien construya podría ir a prisión, afirmaron autoridades del pueblo.

Según trascendió durante el recorrido que también llevó a cabo Sol Yucatán.

“Quienes compraron terrenos en Texán perderán su dinero por ser tierras ejidales llenas de vestigios arqueológicos, incluso, hay

Los ejidatarios pretenden pedir ayuda para hacer de Texán un lugar turístico que ayude en la economía de las familias más necesitadas.

pirámides y piedras talladas, eso me dijo el arqueólogo”, refirió Rodolfo Koyoc.

El funcionario invitó a los ejidatarios a trabajar y promover el turismo en esta zona.

“Nos dijo que nos pusiéramos a trabajar para impulsar el turismo, ustedes van a armar este proyecto, que vean ustedes dónde hay partes interesantes de vestigios y ahí lleven a la gente que los visite”, señaló.

“Ya hablé con un señor que era mi patrón y me va a echar la mano para venir a ver la zona donde se encuentra una pirámide y un cenote que quedó sepultado con un huracán, porque queremos que la gente venga a visitarnos, por eso nos oponemos a que Rafael Acosta Solís y los empresarios nos quiten nuestras tierras, por eso acudimos a

las instancias legales para quitarle el nombramiento de asesor ante el Tribunal Unitario que él solito con la complicidad de ex comisarios se había adjudicado”, agregó.

Asimismo, Rodolfo Koyoc insistió en que defenderán con sus propias vidas las tierras que les heredaron sus antepasados mayas y que les han servido para trabajarlas y sacar adelante a sus familias.

“No nos vamos a dejar, en el gobierno municipal de Hunucmá, un funcionario dio un permiso a una constructora para entrar a nuestras tierras y empezar a construir

pero les cerramos el paso, pero nos da mucho gusto que el INAH vino y una vez más nos confirmó que en nuestras tierras hay muchos vestigios y zonas arqueológicas, por lo que, aquellas personas que compraron terrenos van a perder su dinero o en su defecto tendrán que pedirle a Rafael Acosta Solís o a sus empresarios que se los devuelvan, nosotros no tenemos nada que hacer ahí, incluso, también están coludidos los ex comisarios y sería bueno que también respondan ante la justicia”, concluyó diciendo a Sol Yucatán este ejidatario responsable del Comisariado Ejidal.

Piedras talladas que utilizaban los antiguos mayas para lavar ropa u otras actividades, están siendo saqueadas de las tierras.

Las tierras de Texán están llenas de vestigios arqueológicos, afirmó el INAH y por ello nadie podrá construir sobre ellas.

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SEGURIDAD FANTASMA Redacción /Sol Yucatán

Mérida.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán, comandada por Luis Felipe Saidén Ojeda, encontró una fuente de trabajo para llenar los bolsillos de una empresa con poca experiencia en materia de seguridad.

La arrendadora ganadora de contratos desde 2018, año en que inició el gobierno del

zonados y generar un ahorro al erario del estado.

En los últimos 21 meses, donde 19 de ellos se han acompañado de la pandemia de Covid-19 en México, la dependencia de Saidén Ojeda derrochó el dinero a través de nueve contratos entregados por adjudicación directa.

Por los nueve contratos, todos en poder de Sol Yucatán, la empresa de seguridad, recibió un monto total de 30 millones 425 mil 647.16 pe-

ral, así como para evitar la obstaculización de procesos y de la investigación.

En todos los casos, también argumenta que la renta de dichos dispositivos podría incrementar de 125 a 140, “sin que estos dispositivos generen un costo adicional.

Curiosamente, hubo tres contratos que se replicaron en el costo de las rentas. Todos fueron buenos por un millón 458 mil 942.15 pesos.

Aunque el contrato de más de 10 millones es por hasta 140 dispositivos, la empresa rentó la misma cantidad de productos, pero por menos de dos millones de pesos.

“Dispositivos para uso en personas consideradas imputadas dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con el objetivo de implementar actualizaciones de dispositivos de rastreo GPS que incorporan nueva tecnología mucho más confiable y segura para el cabal cumplimiento de los fines de la imposición de esta medida cautelar. El arrendamiento

EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

De acuerdo con la página Quién es Quién Wiki, la cual se dedica a reportar todos los contratos que han recibido empresas registradas como proveedoras de las distintas dependencias gubernamentales.

El 17 de junio de 2015, la empresa vendió a la Consejería Jurídica de Yucatán, una serie de cursos de capacitación en los municipios de Yucatán, por un costo de 637 mil 931 pesos.

Además, elaboraron el proyecto para la iniciativa de ley de medidas cautelares para el estado de Yucatán, por un valor de 85 mil 241.40 pesos, firmados el 11 de octubre de 2012.

Un año después, el 7 de agosto de 2013, se firmó el contrato de 90 mil 301.7 pesos, el cual, sirvió para la elaboración de la iniciativa de la Ley de Justicia del estado de Yucatán.

Por los tres contratos referidos, ninguna empresa tuvo la oportunidad de competir para presentar una propuesta diferente a la referida.

*El gobierno del Estado dio contratos directos por 30 millones de pesos a la empresa Actualización y Competencias en Tecnologías y Humanidades por la renta de los sistemas de vigilancia. Una empresa con poca experiencia en materia de seguridad

panista Mauricio Vila Dosal, no tiene ningún contrato con dependencias fuera del estado de Yucatán.

Entre las dependencias que se han involucrado en la adquisición de sus servicios, también está la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán.

Según datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la empresa Proceso, Actualización y Competencias en Tecnologías y Humanidades, S.A. de C.V., fue la encargada de rentar los sistemas de vigilancia a la dependencia de seguridad.

Sin explicar la razón del porqué el sector de seguridad de Vila Dosal prefiere rentar los sistemas de seguridad a precios altos, antes que hacer una compra a precios más ra-

sos en 2020 y parte de 2021.

Con la implementación de los nuevos sistemas de justicia en el país, el estado encontró la manera de gastar dinero público con el pretexto de garantizar la seguridad en la entidad.

El 2 de abril de 2020, se expone en el contrato GEYSSP-123/2020, la dependencia pagó 10 millones 546 mil 383.60 pesos por 125 o (hasta) 140 dispositivos.

“Arrendamiento de dispositivos electrónicos de rastreo, en lo sucesivo para uso en personas consideradas imputadas dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con el objetivo de implementar actualizaciones de dispositivos de rastreo GPS para garantizar la seguridad de la víctima, de los testigos o de la comunidad en gene-

se realizará por 125 dispositivos, mismos que podrán aumentar a 140 (sin costo extra)”, según el objeto del documento.

El contrato del 2 de enero de 2020, asignado con el folio GEY-SSP-090/2020 se valió para tomar 641 mil 934.55 pesos.

Por este precio, si hubo una baja considerable de entrega de productos, pasando de cuarenta o hasta 55 dispositivos al día, “en caso de requerirse un número mayor a lo anterior señalado se compromete a tener a disposición 15 extra, sin costo alguno”.

El 5 de abril de 2021, refiere que el documento asignado como GEYSSP-188/2021, fue el más costoso de los que se firmaron en los últimos dos años.

Por 12 millones 753 mil 978.15 pesos, la dependencia de seguridad estatal rentó una serie de entre 125 y 140 dispositivos de rastreo GPS, que según las autoridades podrá garantizar la seguridad de las víctimas, testigos y testigos en general.

Cabe aclarar que el documento en formato PDF del contrato público, fue eliminado de la base de datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, con lo cual, se estaría violando la Ley de Transparencia, la cual, obliga a los organismos a dar acceso a la información pública que le sea requerida, en los términos de la Ley General, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

MEDIDAS CAUTELARES El uso de los dispositivos es para personas consideradas como imputadas dentro del sistema penal, con lo que se garantiza la seguridad de la víctima, de los testigos, y la comunidad en general.

Cabe destacar que el uso del brazalete electrónico data de 2014 y se determina como una de las medidas cautelares aplicables en Yucatán, el cual, primeramente estaba a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE) y ahora le compete a la SSP. De acuerdo con la Ley, el uso del brazalete electrónico lo puede determinar un juez, y sólo se aplica a personas que incurrieron en delitos no graves, además que no viola la intimidad ni privacidad de quien lo porta.

Asimismo, con los brazaletes electrónicos se permite que puedan estar en libertad las personas mientras dura su proceso, si así lo determina el juez.

Toda la información emitida por los brazaletes es monitoreada por personal de la Unidad Modelo de Investigación Policial (UMIP) perteneciente a la SSP. Los beneficios de usar esto como medida cautelar, es que el inculpado continúa su proceso jurídico en libertad sin afectar su entorno laboral y familiar mientras concluye el proceso.

De igual forma, el benefi-

cio del brazalete electrónico garantiza que el inculpado no pueda extraerse de la acción de la justicia.

Uno de los requisitos para que se implemente la medida cautelar del brazalete electrónico, es que a la persona que se le ponga, cuente con acceso a internet en su hogar, para que así exista la conexión y se pueda monitorear en tiempo real.

El brazalete electrónico está pensado para que la persona no acuda a determinados lugares, y no vaya a tomar acciones contra la víctima y testigo, y se está monitoreando la localización

en tiempo real de la persona.

El encargado del monitoreo de personas con brazaletes electrónicos es la Unidad de Medidas Cautelares, que está en coordinación con otras instancias, para que si la persona infringe la prohibición, se comunique al juez, se revise la medida y en todo caso imponer una medida cautelar más grave.

La respuesta de Medidas Cautelares es en tiempo real, pues existe monitoreo del lugar donde está la persona ya que tienen principalmente “a asegurar que no exista alteración a los derechos de las víctimas”.

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EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

NARCOTRÁFICO

NARCOTRÁFICO: EL TERRITORIO, SITIADO POR EL CRIMEN *Se han cumplido tres años de Gobierno y la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de pacificar el país sigue incumplida. De nada sirve la avasallante militarización del país, jamás vista en sexenios anteriores; tampoco ha dado resultados que la Guardia Nacional, el ensayo militar del mandatario, esté presente en el territorio

Ricardo Ravelo/ Sol Yucatán Ciudad de México.- El ingreso del Cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán, particularmente en los municipios de Aguililla y Tepalcatepec, ha colocado a las autoridades estatales en la impotencia, rebasados por las circunstancias, sin capacidad de reacción y sin posibilidades de recuperar la paz del territorio.

En Michoacán la guerra entre cárteles, que no es nueva, se ha agudizado. Los grupos criminales se pelean el control del Estado, pero más allá de eso se disputan la ruta del Pacífico más importante, en la que participan cinco grupos criminales.

La disputa se centra entre el CJNG, La Familia Michoacana, lo que queda de Los Caballeros Templarios, Los miembros del Cártel Valencia Cornelio, Sinaloa y el Cártel del Golfo.

Además del tráfico de estupefacientes, los cárteles se disputan, además, el control de la minería, las grandes extensiones de tierras sembradas de aguacate –un producto de exportación bastante codiciado–, cuyos productores deben pagar su derecho de piso, los impuestos del crimen, algo que ni las autoridades locales o federales han podido frenar.

La violencia ha paralizado Michoacán. Grupos de autodefensas afirman que, pese a las peticiones al Gobierno para pacificar el territorio, nadie pone orden en el Estado; la Guardia Nacional tiene presencia en el Estado, pero no pueden actuar con el uso de la fuerza. Lo mismo ocurre con los efectivos militares. La impotencia social está en su plenitud.

Al cumplirse tres años de Gobierno –primer tramo gubernamental– el crimen organizado y su expresión más violenta –el narcotráfico– sigue imparable; la mayor parte de las policías municipales están cooptadas por los grupos delictivos y, a lo largo y ancho del país, un total de 19 cárteles controlan los territorios, asesinan, secuestran, cobran derecho de piso con abierta impunidad, pues ninguna autoridad federal ni local ha podido poner freno este flagelo perturbador.

En total, son veinte los Estados donde se concentra más de 60 por ciento de la violencia criminal; los territorios más críticos son Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Sinaloa, Sonora, Quintana Roo y Baja California.

En estas entidades dominan tres cárteles, los cuales han afianzado su poder en los tres años que lleva la administra-

ción de Andrés Manuel López Obrador. Se trata del Cártel de Sinaloa –el más poderoso del planeta– el Cártel Jalisco, cuya expansión sigue imparable, así como el Cártel del Golfo y Los Zetas –éstos últimos ahora se autodenominan Cártel del Noreste. Todos ellos siembran terror y violencia por todas partes, a pesar de que el gobierno de López Obrador ha desplegado a elementos de la Guardia Nacional en toda la República y entregó el control de la seguridad del país a las Fuerzas Armadas. Es decir, cuando más militarizado está el territorio, mayor es la violencia criminal.

Y es que cuando han transcurrido tres años del llamado “Gobierno del Cambio”, el de la “Cuarta Transformación”, la situación en materia de seguridad sigue siendo una asignatura pendiente.

Hasta ahora no existe una política criminal definida, lo que ha generado fuertes críticas al presidente López Obrador, pues en el trienio de la Cuarta Transformación sólo dos capos menores han sido detenidos: Santiago Mazari, “El Carrete”, quien era jefe del Cártel de Los Rojos, y José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, a quien le atribuían la violencia que azotó por varios meses el Estado de Guanajuato.

Sin embargo, la caída de Yépez Ortiz no pacificó el territorio, por el contrario, la crisis de inseguridad se agudizó con la incursión a sangre y fuego del CJNG, cuyos operadores tomaron el control del Estado, del negocio del “huachicol”, los secuestros y el cobro de piso, azote de empresarios y comerciantes.

LA GUERRA DE LOS GRUPOS CRIMINALES

En los últimos diez años, la dinámica de los cárteles de la droga ha cambiado: Ahora se han convertido en verdaderas empresas del crimen con una veintena de actividades criminales –independientes del tráfico de enervantes– y su estructura también presenta modificaciones, pues los cárteles se han fraccionado en células poderosas y violentas cuyos ramajes están enlazados con otros grupos criminales activos en todo el continente.

Y es que después de la guerra fallida implementada entre 2006 y 2012 por Felipe Calderón, así como la corrupción desastrosa que prohijó el gobierno de Enrique Peña Nieto, lejos de ser combatido, el crimen se extendió a lo largo y ancho del país e incluso se internacionalizó: Muchos cárteles ahora

operan en Argentina, Uruguay, Brasil , Chile, Costa Rica y Guatemala, según establecen informes oficiales.

No es todo: Los cárteles cuentan con amplios ramajes en Europa, particularmente en España, Italia y Reino Unido, y desde esos países operan el tráfico de drogas hacia los mercados de Asia y África, por citar sólo esos continentes.

Un ejemplo de la expansión y de que la guerra contra el narcotráfico no ha dado resultados en los últimos tres sexenios es la expansión del Cártel de Sinaloa, el grupo criminal más boyante del mundo, de acuerdo con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Tras la captura de su líder, Joaquín Guzmán Loera –sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos–, dicha organización criminal se dividió en cuatro frentes y cambió sus operaciones: Ahora es más dinámica, menos visible y ejerce un mayor control territorial en el país.

De igual forma, su poderío está mejor cimentado con las alianzas que ha tejido con los cárteles del Golfo, La Familia Michoacana, entre otros grupos criminales poderosos.

En los últimos veinte años, la dinámica del narcotráfico ha variado en todo el país: Un dato que sobresale es que ahora los cárteles gobiernan a través de sus aliados en buena parte de los municipios del país, por lo que sus cotos de poder son amplios y no menos poderosos.

Hasta antes del año 2000, cuando el PRI era hegemónico, el crimen cooptaba a los políticos en turno. Las negociaciones se concretaban con un poder único –el Presidente de la República–, pero tras la derrota del PRI ocurrida después de que gobernó durante setenta años consecutivos, trajo consigo la dispersión de las redes criminales.

Ahora el narcotráfico impone a sus candidatos, financia campañas y en varios Estados y municipios ha colocado a los funcionarios municipales y controla también las comandancias de la policía en los más de 2 mil municipios que existen en toda la República.

De acuerdo con informes de la DEA y de la Fiscalía General de la República (PGR), más de la mitad del territorio nacional está controlado por catorce cárteles, en su mayoría violentos, que están relacionados con altos mandos de las policías estatales y municipales –las más contaminadas del país– y cuyos efectivos fungen como sicarios, halcones o protectores de redes de secuestradores o narcomenudistas.

*Ninguna de estas dependencias puede intervenir y usar la fuerza frente al crimen organizado. Esta suerte de inacción oficial hundió a Michoacán en una crisis de seguridad y mantiene a Guanajuato cercado por el crimen organizado, en medio de matanzas y balaceras. Ante el crimen, el Gobierno de la Cuarta Transformación no hace nada *Sólo administra un problema que, sin resolverse, permite que los cárteles mantengan sitiado buena parte del territorio nacional Esos mismos informes establecen, además, que el Estado de Tamaulipas –donde dos exgobernadores (Tomás Yarrington y Eugenio Hernández) están presos por brindar protección al narcotráfico durante sus respectivos gobiernos– es la entidad con mayor número de grupos criminales asociados.

En esa entidad, el narcotráfico tiene una poderosa hegemonía, a tal grado que el actual mandatario –Francisco Daniel García Cabeza de Vaca– es investigado dentro y fuera del país por sus vínculos con el narcotráfico: Se afirma que recibió dinero del Cártel de Los Zetas para financiar su campaña a la gubernatura.

Según las denuncias que pesan en su contra, ha invertido más de cien millones de pesos en propiedades –casas, ranchos y departamentos– que rebasan por mucho sus ingresos como funcionario público. Es por ello que se han encendido los reflectores en su entorno, pues se sospecha que ha lavado dinero proveniente del crimen y de la corrupción institucional.

En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo investiga por blanqueo de activos; según el titular de esta dependencia de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, se interpondrá una denuncia ante la FGR para que se ahonde en las investigaciones y el mandatario panista sea enjuiciado por narcotráfico y lavado de dinero. De hecho, el mandatario tamaulipeco ya es investigado.

LOS CÁRTELES A lo largo de dos décadas, los cárteles se han transformado. También han surgido nuevos grupos que se caracterizan por ser más violentos. En Tamaulipas, por ejemplo, han surgido El Grupo Operación Zeta, Fuerza Especial Zeta, Metros, Rojos, Dragones, Ciclones, Fresitas, Pelones, Talibanes, entre otros, que han arrebatado el monopolio de la violencia a los cárteles hegemónicos –Los Zetas y al Cártel del Golfo– cuyas redes se extendieron por años en toda la entidad y aún operan en el corredor Tamaulipas-Nuevo León-Coahuila, uno de los más sangrientos.

Ya desde los tiempos de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández –dos de los exgobernadores priistas con escandalosas historias de riqueza,

poder, impunidad y ligas con el narcotráfico– el crimen organizado tenía amplios dominios en la vida política, social y empresarial, pero en la actualidad el crimen organizado es amo y señor de las cárceles y controlan el tráfico de todo tipo de sustancias que cruzan hacia Estados Unidos con el apoyo de la policía del Estado.

En Tamaulipas, este escenario de total control criminal minimizó la figura del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, cuyo Gobierno ha resultado un fracaso por sus fallas y desatinos en el combate al narcotráfico. Durante su mandato, las redes del delito se han incrementado, imparable la violencia que azota a todo el territorio.

Tanto de día como de noche –y este es un verdadero escenario de guerra– la metralla no cesa en diversos municipios, los más sangrientos, los que se ubican en el límite fronterizo con Estados Unidos: Miguel Alemán, Camargo, Ciudad Mier, entre otros, donde las balaceras ya son parte de la realidad cotidiana.

Los informes oficiales señalan también, que después de Tamaulipas en la lista de territorios incendiados por la criminalidad le siguen Chihuahua y Guerrero, con seis bandas locales cada uno. Sin embargo, un informe del Cisen titulado Presencia de la Delincuencia Organizada en Guerrero, elaborado en 2019, señalaba entonces que en Guerrero operaban 300 organizaciones criminales y cuyas cabezas son personajes que tenían (o tienen) líneas de parentesco con autoridades estatales y municipales.

En sus partes medulares, el informe sostiene que la crisis de inseguridad se agudizó por las disputas y enfrentamientos armados entre los cárteles del Golfo, Pacífico, La Familia Michoacana, Los Zetas y los Beltrán Leyva.

Poco después, los decibeles de la guerra aumentaron cuando a la confrontación por el territorio se sumaron dos de los cárteles más violentos: Guerreros Unidos y Los Rojos, los que convirtieron al Estado de Guerrero en un territorio de muerte, el cementerio de la impunidad.

Justamente estos dos cárteles que se disputan el control del Estado son señalados como los responsables de la desaparición y muerte de los 43 estudiantes

de Ayotzinapa, en septiembre de 2014. Se han cumplido siete años de este hecho y el caso sigue envuelto en la impunidad y el misterio.

Ambos grupos criminales operan desde entonces con protección oficial, policíaca y militar, según ha quedado en evidencia en las investigaciones federales implementadas tras la desaparición de los estudiantes.

El informe incluye algunos datos históricos que explican la imparable violencia en ese Estado: Sostiene, por ejemplo, que en 2008 los Beltrán Leyva abrieron fuego por el control territorial –uno de los más codiciados porque se ubica en la ruta del Pacífico– al enfrentarse a los hombres del Cártel del Golfo y de Los Zetas, por aquel tiempo todavía aliados.

Tras la muerte de Arturo Beltrán, en 2009, durante un enfrentamiento con marinos en su condominio de Cuernavaca, Morelos, el grupo de sicarios conocido como Los Pelones continuaron al servicio de Héctor Beltrán, “El H”, quien se enfrentó a Édgar Valdez Villarreal, La Barbie –detenido en México debido a un percance de tránsito– quien posteriormente fue extraditado a Estados Unidos. Desde el pasado 11 de junio purga una condena de 49 años de prisión y debe pagar 192 millones de dólares.

Pero cuando los hermanos Beltrán se vieron mermados en Guerrero sobrevino una avalancha de células criminales.

Surgieron Los Rojos y el Cártel de la Sierra, ambos ligados a lo que resta del Cártel de Los Beltrán, quienes están confrontados con La Familia Michoacana, grupo criminal que sobrevive.

La caída y extradición de La Barbie no dejó vacío el territorio. En su lugar se afincó el grupo Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), uno de los más violentos. Esta organización enfrentó una guerra interna y se dividió. Así surgieron dos grupos: Uno encabezado por Carlos Antonio Barragán, “El Melón”, Benjamín Flores Reyes, llamado “El Padrino” (capturado por agentes en 2010) y Moisés Montero, “El Coreano”, quien fue identificado como expolicía ministerial tras su detención en 2011.

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EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

EL ESTRANGULADOR DE TACUBA Redacción/ Sol Yucatán Ciudad de México.- El veracruzano Gregorio Cárdenas Hernández, mejor conocido hace muchos años como “Goyo” Cárdenas, “El estrangulador de Tacuba”, pasó a ser reconocido como personaje en la farándula de asesinos nacionales, gracias a la cantidad de materiales que se produjeron en torno a los acontecimientos que tuvieron lugar en la calle Mar del Norte, Tacuba, antes Distrito Federal y hoy ciudad de México.

La Difusión Cultural de la UAM expresó lo anterior en su revista “Casa del Tiempo” (2005) y agregó que por victimar a cuatro mujeres, estuvo preso en el Palacio Negro de Lecumberri e internado en el hospital psiquiátrico “La Castañeda”.

Durante su estancia en prisión escribió un ensayo y tres libros: “Celda 16”, “Pabellón de Locos” y “Una Mente Turbulenta”, logró titularse como abogado y llegó a litigar numerosos asuntos.

En el año 1942, años de los asesinatos de las cuatro mujeres jóvenes, “se generó un debate muy interesante en nuestro país, que giraba en torno a la salud mental del homicida, su personalidad y su imputabilidad, se recogieron múltiples dictámenes médicos sobre “Goyo” Cárdenas.

El homicidio múltiple del joven veracruzano (nació en Orizaba, 9 septiembre 1916) convocó a numerosos especialistas de diversas disciplinas del país y en el seno de la Sociedad de Neurología y Psiquiatría de México, se abrió un largo debate sobre el estado de salud mental de Gregorio Cárdenas Hernández.

Obviamente, no se ponían de acuerdo los supuestos especialistas y, por su mediocridad, el homicida fue cruelmente castigado con 34 años de prisión en lugar de los 20 que como máximo señalaba la ley.

Los estudiosos rastrearon antecedentes hereditarios, de

la abuela materna se decía que tenía rasgos de personalidad explosivos del tipo temperamental.

Se llegó a reportar que “Goyo” (26 años de edad) padeció de pesadillas angustiosas, cefaleas y vértigos y que durante su vida consultó a numerosos médicos. Se dijo también que padecía reacciones depresivas aunque llevaba una vida de trabajo activo y en apariencia normal.

Pero su caso (concluía la UAM) “resultaba interesante por varias razones: Primero porque inauguró una lista interminable de debates sino, probablemente, los multihomicidios en México; la segunda, es porque puso en el centro de los debates la cuestión de la inimputabilidad penal, lugar donde convergen la medicina y el derecho donde se emprende el juicio de la mente.

La tercera es porque “Goyo” Cárdenas se convirtió en una celebridad en la sociedad mexicana, ya que en torno a su vida se escribieron libros, se filmaron documentales y películas (que jamás reportaron beneficio alguno a la familia Cárdenas, como por ley debía ser).

DIPUTADOS “OVACIONARON” LIBERTAD DE “GOYO” Sobre “Goyo” Cárdenas, El estrangular de Tacubaya, se montaron obras de teatro no autorizadas, y eso porque logró salir libre y fue ovacionado por los priístas de la Cámara de Diputados cuando fue presentado como una persona rehabilitada.

Sin embargo, a la UAM le faltó mucha investigación sobre “Goyo” Cárdenas porque el caso no sólo resultaba interesante por cuatro razones, claro que no, eran muchas más, como el asunto de una de las víctimas, quien, dada por desaparecida “sin lugar a dudas” por el Ministerio Público.

No solamente reapareció viva sino que por extraño destino, compartió, de cierta manera, con una víctima del Movimiento Estudiantil de

1968, el señalamiento histórico de tener acta de nacimiento y acta de defunción en vida.

Efectivamente, el joven alumno Carlos Cristóbal Fortanel Hernández asistió al mitin del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas y fue arrestado por militares y policías. Cientos de personas fueron llevadas a la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla y, durante la confusión inicial, nadie avisó a la familia que Fortanel Hernández estaba sano y salvo.

Como no llegó por la noche sus parientes se alarmaron y fueron al Servicio Médico Forense, el 3 de octubre de 1968, donde, por el nerviosismo, “reconocieron, sin lugar a dudas”, el cuerpo de un joven que no era Carlos Cristóbal Fortanel Hernández.

El 4 de octubre de 1968, el alumno Fortanel Hernández fue liberado y se presentó en su domicilio de la Colonia Cosmopolita, calle Islas Shetland, en los precisos momentos en que el convoy fúnebre se disponía a partir hacia un cementerio.

La familia había recibido el “acta de defunción” del muchacho y de inmediato fue al Servicio Médico Forense para devolver el cadáver “identificado sin lugar a dudas”… Pero nadie corrigió el error grave y hasta fechas recientes Carlos Cristóbal Fortanel Hernández seguía apareciendo como “víctima del tiroteo en la Plaza de las Tres Culturas”.

Más o menos lo mismo sucedió en 1942, cuando se dio a conocer que cuatro jóvenes fueron descubiertas sin vida en el jardín de siniestra

*El veracruzano Gregorio Cárdenas Hernández, mejor conocido hace muchos años como “Goyo” Cárdenas pasó a ser reconocido como personaje en la farándula de asesinos nacionales *Hasta se montaron obras de teatro no autorizadas, y eso porque logró salir libre y vitoreado por los priístas de la Cámara de Diputados, cuando fue presentado como una persona rehabilitada *El hermano de Raquel, Óscar, sufrió tremenda impresión al enterarse había sido asesinada por Gregorio Cárdenas”, que enfermó de gravedad y murió, por lo que hubo dos velorios en la misma casa y de la misma familia

casa en Tacuba: Rosa Reyes Quiroz, María de los Ángeles González, Raquel Martínez León y Graciela Arias Ávalos.

Asustada por los adjetivos calificativos que se publicaban a diestra y siniestra en el periodismo de la época (como apuntaba Enrique Loubet junior, el asesino siempre era “el torvo asesino”, los puñales eran “largos, filosos, descomunales”.

La escuadra .45 era “pavorosa”, el camión era “pesado camión materialista”, conducido por “un cafre del volante que se dio a la fuga”, y las suicidas eran “bellas y otoñales mujeres”).

EL ATAQUE DEL ESTRANGULADOR EN TACUBA Una hermana de Raquel Martínez León, Eva, fue al anfiteatro de la Novena delegación, Tacuba, antes que se llevaran los restos de “su hermana” –quien en 1942 había sido asesinada con otras jóvenes y fuero descubiertas en el jardín de siniestra casa en Tacuba- al Hospital Juárez para la autopsia de ley.

Sin estar muy segura pero “casi convencida” de que era Raquel, Eva “reconoció, sin lugar a equivocación, el calzado de la joven y su vestido, yo se los compré en un mercado de la Colonia Guerrero”.

—Sí es Raquel, hace días que no llega a casa— afirmó Eva, quien no podía imaginar que su hermano, Óscar al parecer, iba a sufrir tan tremenda impresión al enterarse que “Raquel fue asesinada por Gregorio Cárdenas”, que enfermó de gravedad y murió, por lo que hubo dos velorios en la misma casa y de la misma familia.

Y mucho después de que “Goyo” Cárdenas ingresó al Palacio Negro de Lecumberri (sin saber que pasaría 34 años tras las rejas en lugar de los 20 que correspondían) Raquel Martínez León retornó sana y salva a su domicilio, con el pretexto de que “escribió varias cartas que nunca tuvieron contestación, para

explicar que vivía con su novio en el norte del país”.

Así, Raquel Martínez León tuvo acta de nacimiento y acta de defunción, simultáneamente, en vida, mientras la supuesta “Raquel” que se fue a la tumba con ese nombre, jamás fue legalmente identificada.

El famoso reportero policial, Eduardo “El Güero” Téllez Vargas —de quien tuve el honor de ser amigo y discípulo— menciona el asunto de “Goyo” Cárdenas en un libro de editorial Diana, cuyo autor José Ramón “Garmabella” fue engañado por el diarista, acostumbrado, desafortunadamente, a exagerar sus crónicas.

Por ejemplo, en esa obra titulada “Reportero de Policía”, Téllez Vargas relata en “sus memorias”—que deberían ser sagradas para quien se respete— que Blanca Estela Pavón y Pedro Infante Cruz formaron una gran pareja cinematográfica durante la segunda mitad de la década de los cuarenta.

Por ello, al saberse que el 26 de septiembre de 1949 se había extraviado un avión, procedente de Tapachula, Chiapas, con escala en Oaxaca y cuyo destino era la Ciudad de México, “la noticia causó honda conmoción tanto en los medios políticos como entre la gente del pueblo, pues se desconocía la suerte que habían corrido el secretario de Agricultura, Gabriel Ramos Millán y Blanca Estela Pavón”.

En un convoy de la Cruz Roja salió el reportero policial, “que en ese momento no llevaba encima más que un simple traje de calle”. (¿Un “simple traje de calle” para incursionar por la nieve del Popocatépetl, en busca de los restos del avión caído?)

Total, que en el Popocatépetl le prestaron buen equipo a Téllez Vargas y, dijo, “en la madrugada del día siguiente, después de luchar contra la nieve, la ventisca y las rocas, llegamos hasta el sitio donde había caído el avión”.

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Hoy Escriben

EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

ENTRE SEMANA Andrés Manuel y la prensa mentirosa A mis gemelos astrales Yaz y Moy en su cumpleaños

“MAYO” ZAMBADA, EL CAPO INVISIBLE

Ricardo Ravelo Galó La DEA anunció que ahora ofrece 15 millones de dólares a quien aporte información que permita su captura; asegura la agencia norteamericana que le sigue los pasos y que se ha intensificado su búsqueda. En México, sin embargo, ha sido un capo invisible aunque se asegura que el pasado 6 de junio fue el negociador y gran elector para favorecer a MORENA. Así, tanto FGR como Sedena cierran los ojos y fingen no darse cuenta dónde se encuentra el jefe del cártel de Sinaloa.

Autoridades estadunidenses, que aseguran le siguen los pasos a Ismael “El Mayo” Zambada, aumentaron la suma de recompensa que ofrecían por su cabeza.

Antes, la oferta era de cinco millones de dólares, pero como aseguran que las operaciones de búsqueda se han intensificado, ahora ofrecen diez millones de dólares más. Con este aumento la suma total asciende a quince millones de dólares para quien aporte información para dar su paradero.

Zambada García, quien antes de incursionar en el hampa se desempeñaba como empleado de una mueblería en Culiacán, Sinaloa, es uno de los capos sobrevivientes de la llamada “vieja guardia” junto con Rafael Caro Quintero, quien retomó actividades en el narcotráfico en el año 2013, luego de que las autoridades judiciales lo liberaron.

Su liberación ocurrió luego de que sus abogados –seguramente con el apoyo de algunos jueces corruptos –interpusieron un recurso legal para solicitar la liberación de Caro Quintero. Argumentaron que su cliente había sido juzgado, tras su detención, por una autoridad incompetente que lo acusó indebidamente del homicidio del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, a quien los miembros del cártel de Guadalajara, poderoso entonces, asesinaron por venganza.

El alegato se centró en que la Procuraduría General de la República (PGR), por ser una instancia del ámbito federal, no podía investigar ni procesar a Caro Quintero por un homicidio. Aquella argucia funcionó y el juez del caso, seguramente pagado por el narcotráfico, liberó al exjefe del cártel de Guadalajara.

Después de dieron cuenta que había sido un error, que la PGR sí era autoridad competente. Entonces ordenaron la reaprehensión del capo, pero hasta ahora nadie –eso dicen – sabe dónde está.

Lo mismo ocurre con Zambada

García, actual jefe del cártel de Sinaloa, quien relevó a “El Chapo” Guzmán tras su detención, en 2014.

De acuerdo con las denuncias interpuestas por los candidatos perdedores de la coalición PRI-PAN-PRD, “El Mayo” Zambada y otros miembros del cártel de Sinaloa, como los hijos de “El Chapo” Guzmán, operaron en favor del partido MORENA durante la elección del 6 de junio.

Los contrincantes de MORENA le atribuyen al narcotraficante facultades de negociador; aseguran que fue el gran elector aquel 6 de junio para que al menos en Sinaloa, Nayarit, San Luis Potosí y Michoacán ganaran los abanderados del partido del presidente.

Las pruebas de la intervención del crimen organizado en las elecciones no las quiso recibir el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se las ofreció el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien las entregó a la Fiscalía General de la República y luego viajó a Estados Unidos para entregar la carpeta ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Hasta ahora nadie conoce pormenores de esas pruebas que, aseguran los denunciantes, confirman cómo el cártel de Sinaloa operó en favor de MORENA. Lo que sí denunciaron los representantes de los partidos que compitieron en alianza es que, días previos a la elección, fueron secuestrados decenas de representantes de casilla y de los partidos opositores a MORENA. Esto se asegura que ocurrió en Sinaloa, el feudo de “El Mayo” Zambada, quien por cierto vive en esa entidad muy quitado de la pena. La impunidad plena.

Asegura la DEA que busca al jefe del cártel de Sinaloa, pero resulta muy extraño que nadie lo ubique, ni la inteligencia militar tan sofisticada que, dicen, tenemos en México.

Lo cierto es que la política criminal de López Obrador, con base en la línea que ha trazado Estados Unidos –el que manda en estos temas –es que no se persiga a los cárteles, no se use la fuerza ni se detenga a narcotraficantes. Ahora la estrategia es bloquear zonas estratégicas, como puertos y aduanas, por donde trafican con drogas, armas y dinero.

Sobre todo lo que más preocupa al gobierno norteamericano es el tráfico de fentanilo a través de los puertos.

Pero algunas fuentes consultadas nos dicen que de nada ha servido que los marinos ahora estén en las aduanas y puertos, pues desconocen las operaciones y todo el funcionamiento aduanero. Ahí los ganones siguen siendo los altos funcionarios a cargo de las aduanas.

Mientras la política antimafia no cambie, el jefe del cártel de Sinaloa, por quien ahora Estados Unidos ofrece una recompensa de quince millones de dólares, ni se inmuta. Sigue viviendo en la impunidad, produciendo queso, leche, carne, ganado de alto registro y traficando con drogas.

Un sueño de los hombres y las mujeres del poder, sin duda alguna, es controlar a la prensa. Con los medios de comunicación en un puño, los gobiernos que se asumen democráticos transitan hacia estancos de dictadura. He ahí a VenezueMoisés Sánchez Limón la, Cuba y Nicaragua.

SIN LÍNEA *Guanajuato: narcoterrorismo innegable

José Sánchez López

ESTÁ más que probado que la política de “abrazos no balazos” del inquilino de Palacio que no paga renta pero que cobra como presidente, solamente funciona en su disparatada cabecita.

Como muchas otras estrategias, por no decir que todas, las ocurrencias de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR son un fracaso.

Su argumento para justificarse es culpar de todas sus fallas a la...

CONCATENACIONES Dos siglos de independencia Se cumplen, este 27 de septiembre, dos siglos de que con la entrada del Ejército Trigarante a la capital de la hasta entonces Nueva España, se inició la etapa del México independiente.

Fernando Irala

Habían transcurrido once años desde la arenga del cura Hidalgo, que marcó el inicio de la lucha. Fue una contienda...

DEL ABSURDO: AMLO el pequeño stalinista

Francisco Medina

Entre 1935 y 1948 el régimen de Stalin se dedicó a perseguir, encarcelar, torturar y asesinar a los científicos rusos que según él y sus aparatos de inteligencia, eran espías al servicio de Gran Bretaña, Estados Unidos e Israel. Además de la creación de la «Comisión extraordinaria de lucha contra el sabotaje y la contrarrevolución», comúnmente conocida como Checa.

Inspirados por el ejemplo jacobino de la Revolución...

LOS CAPITALES Impresionante el déficit de la balanza comercial de México

El saldo de la balanza comercial de agosto se ubicó en (-)$3,902 millones de dólares (mdd), y en los primero ocho meses del año, el déficit alcanzó (-)$6,870 mdd, cifra que contrasta con el superávit de $14,200 mmd que se reportó...

Edgar González Martínez

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EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

Ciudad de Mérida, Yucatán

Del 4 al 10 de octubre del 2021

Edición No. 82

$ 5.00

FRAUDE DE NOTARIOS Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General

*Cómplices del despojo de cientos de hectáreas a campesinos: Carlos Tomás Goff Rodríguez, de la Notaría Pública número 97, con sede en Tekax; Roger Alfredo Méndez Lara, de la Notaría Pública número 83; Alejandro José Monsreal Rodríguez, de la Notaría Pública número 15, ambas de Mérida, y Raúl Alberto Pino Navarrete, titular de la Notaría número 76 *El SAT canceló operaciones de 16 fedatarios de Yucatán. Entre ellos hay notarios que han ocupado cargos públicos, como Ángel Prieto Méndez, quien fue presidente del Poder Judicial del Estado y Luis Enrique López Martín, ex oficial mayor del Congreso estatal *Pierden credibilidad debido a la ambición y la corrupción que los ciega, ya que actúan con dolo en contra de ejidatarios y familias de escasos recursos, al manipular documentos a favor de empresarios PAG. 8

Carlos Tomás Goff Rodríguez

KANASÍN, LAVADERO DE DINERO *Es el segundo municipio más saqueado por la mafia agraria – inmobiliaria, en la que están involucrados empresarios y políticos de Yucatán, así como de otras entidades federativas, quienes buscan el enriquecimiento a corto plazo al despojar de miles de hectáreas a gente humilde.

*Todos ellos proveen de recursos monetarios al alcalde de Kanasín, Edwin Bojórquez, derivados de lavado de dinero y de la explotación de las tierras ejidales, con el cual pudo financiar su campaña política electoral PAGS. 9 y 10

SSY DIO 11 MILLONES A “SPLASH WASH” *De manera descarada Mauricio Sauri Vivas benefició a una sola empresa para que brindara el servicio de custodia de sus instalaciones Redacción/Sol Yucatán De manera cínica y descarada, el secretario de Sa-

lud de Yucatán (SSY), Mauricio Sauri Vivas, benefició a la empresa “Splash Wash Mantenimiento y Limpieza Especializada” para que brindara el servicio de custodia de las diversas instalaciones, para lo cual, a dicha iniciativa privada se le entregó un monto superior a 11 millones de pesos.

PAG. 7

MUELLE FISCAL, BOTÍN DEL ALCALDE DE PROGRESO *El proyecto fue hecho con maña, pues a pesar de la advertencia de la pandemia de Covid-19, Julián Zacarías y Michelle Fridman decidieron firmar el contrato por 3 millones de pesos el 12 de febrero de 2020. Sol Yucatán tiene una copia del respectivo convenio

INAH FRENA A ESTAFADORES DE TIERRAS

PAG. 15 *Rafael Acosta Solís y sus patrones, que se robaron 2 mil 700 hectáreas para venderlas en terrenos, tendrán que devolver el dinero porque la Institución ya reconfirmó que las tierras ejidales están llenas de zonas arqueológicas y nadie podrá construir sobre de ellas

CORRUPCIÓN EN LA SEGEY

PAG. 6 Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán el manejo de 70 millones de pesos que estaban destinados al programa de rehabilitación de escuelas para que Liborio Vidal lo distribuya, según sus intereses

PROCURADURÍA AGRARIA CORRUPTA

Redacción/Sol Yucatán Progreso.- El Muelle Fiscal de Progreso se convirtió en 2020 en el botín de la secretaria de Fomento Turístico (Sefotur), Michelle Fridman Hirsch, así como del alcalde Julián Zacarías Curi, al “invertir” tres millones de pesos para la iluminación del inmueble, para fomentarlo como atractivo turístico durante la contingencia de Covid-19. PAG. 11

PAG. 14

*El ejidatario José Canché Pisté denuncia penalmente a la titular de la dependencia, Rita Chuil, por el levantón y privación de la libertad de manos de la policía estatal