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Ciudad de México
Del 21 al 27 de marzo del 2022
Edición No. 02
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¡NIDO DE AVIADORES! Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General
*Pagó el ISSSTE más de 2 millones de pesos a personal sin la capacidad para atender a pacientes de Covid-19 durante 2020 *Entre las anomalías se encuentra el pago indebido a enfermeras y enfermeros, médicos y personal administrativo pese a que renunciaron y/o que no contaban con los títulos para desempeñar el cargo *Los pagos indebidos se realizaron a personal que no cuenta con expediente de contratación ni con el perfil del puesto requerido conforme al Profesiograma del ISSSTE Redacción/La Opinión de México Ciudad de México.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) provocó una sangría a las arcas del pueblo por 2 millones 168 mil 349 pesos con 89 centavos, producto de pagos indebidos a personal no acreditado en material de salud, informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En su tercera entrega de informes individuales publicada el domingo 20 de febrero, el máximo organismo fiscalizador del país, auditó las asignaciones al personal médico y paramédico para afrontar la emergencia sanitaria de Covid-19. La auditoría de cumplimiento número 2020-1-19GYN-19-02772021 277-DS, la ASF determinó cuatro resultados, de los cuales, uno no se detectó irregularidad y los 3 restantes generaron 2 recomendaciones, 2 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 2 pliegos de observaciones. El fallo emitido el 1 de febrero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las asignaciones en la contratación de personal médico para atender la pandemia de Covid-19, y comprobar en que fueron gastados. Entre las anomalías detectadas se encuentra que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no cuenta con el registro contable de cada transferencia de recursos realizada al ISSSTE, equivalente a 2 millones 168 mil 349 pesos con 89 centavos.
SE BURLA DE LA FGR Manuel Godínez/La Opinión de México
Ciudad de México.- Pese a que la autodenominada Cuarta Transformación prometió respetar la ley, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dejó claro que las resoluciones del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República (FGR) no serán tomadas en cuenta. El 16 de octubre de 2020, se publicó una circular en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para comunicar a las dependencias y entidades de la administración pública federal, a las empresas productivas del Estado, órganos autónomos, entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, que la empresa Tecno Limpieza Delta, S.A. de C.V., había sido sancionada.
Aún con la restricción de la Fiscalía, la empresa se embolsó un total de 32 millones 369 mil 097.06 pesos gracias a dos dependencias del Gobierno de la Ciudad de México. A través del expediente 002/2020, se detalló que la sanción administrativa al proveedor, fundamentada en el quinto punto de la resolución dictada el 25 de septiembre de 2020, consistía en una inhabilitación temporal por un período de dos años. La empresa, supuestamente ubicada en el número 92 de la calle España, colonia San Nicolás Tolentino, alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, tiene prohibido “participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”.