Sol Yucatán | Edición n.º 115 | 23 de mayo de 2022 by Grupo Sol

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EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

¡DEPREDADORES!

Ciudad de Mérida, Yucatán

Mauricio Vila Dosal.

Del 23 al 29 de mayo de 2022

Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General

Rolando Zapata Bello.

Edición No. 115

$ 5.00

Miguel Quintana Pali.

*Grupo Xcaret construyó y modificó el entorno natural del parque temático Xibalbá, ubicado en Valladolid, sin tener autorización de Semarnat: Primero destruyó y luego pidió permiso *Miguel Quintana Pali “armó” el parque basado en engaños ambientales; prometió no afectar el ecosistema de la región, pero reconoció que dañó ocho cuerpos de agua *No reportó el trabajo en los cenotes donde se instalaron luces y cables eléctricos, estatuas y perforación de cuerpos de losas PAGS. 3 y 4

CAMALEÓNICA ESTAFA LE ROBAN AL PUEBLO

*La emisión de actas de nacimiento, de matrimonio, de divorcio, de defunciones y de reconocimiento se convierte en un verdadero negocio ya que cada documento le cuesta a la dependencia cerca de tres pesos, pero al público en general le cobra hasta 100 pesos por cada uno

*En 2021 autorizó un polémico contrato a favor de una empresa de la Ciudad de México, a la que entregó cerca de nueve millones de pesos para la promoción turística de Yucatán, cuyos “beneficios” no se han visto *La vicegobernadora, con tal de apoyar a sus familiares y amigos, hace hasta lo imposible para asignarles proyectos y convenios, y PAG. 11 en esta ocasión recurrió a un prestanombres

PAG. 15

*Tan sólo en 2019, pagó 3.3 millones de pesos para la adquisición de poco más de un millón de fojas, por lo que PAG. 2 la venta de dicha documentación superó los 60 millones de pesos, dinero que nunca se explicó para que se utilizó

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Mérida, Yucatán. Del 23 al 29 de mayo de 2022

EDITORIAL

Redacción /Sol Yucatán

*LA 88.1 FM, DE GRUPO SOL CORPORATIVO, LLEGA A MÉRIDA*

Nuestro Director General, Pedro Daniel Rodríguez Hernández, da una muestra más de liderazgo con la salida al aire en Mérida de la estación de radio 88.1, en frecuencia FM, La Adictiva, que dará cobertura informativa en esta ciudad y todo el sur del Estado, con una programación atractiva y periodismo de investigación. Continuando con el sólido crecimiento, nuestro Director General ya consolidó cinco estaciones de radio en frecuencia FM, en el Estado de Quintana Roo, con la gran noticia de que la señal de las radiodifusoras llegan hasta el sur del estado de Yucatán, lo que pone a temblar al gobierno de Mauricio Vila y políticos corruptos, porque serán denunciados todos sus robos en las tres estaciones. La estación 88.1, con sede en el municipio de José María Morelos, tiene una cobertura hasta las regiones de Peto, Tzucacab, Tekax, Oxkutzcab, Maní y Teabo y ahora en Mérida, así como en la región sureste del estado de Campeche. La 102.1, con sede en el municipio de Fe-

*Nuestro Director General, Pedro Daniel Rodríguez Hernández, da una muestra más de liderazgo con la salida al aire en Mérida de la estación de radio 88.1, en frecuencia FM, La Adictiva, que dará cobertura informativa en esta ciudad y todo el sur del Estado *La 88.1 con sede en el municipio de José María Morelos, tiene una cobertura hasta las regiones de Peto, Tzucacab, Tekax, Oxkutzcab, Maní, Teabo y ahora en Mérida, así como en la región sureste del estado de Campeche *En pleno control del Gobierno estatal sobre los medios de comunicación, la radio de Grupo Sol llega sin censura para informar al pueblo sobre todos los casos de corrupción en el gobierno del Estado, alcaldes, magistrados, diputados y todas las denuncias ciudadanas

de Belice. En pleno control del Gobierno estatal sobre los medios de comunicación en Yucatán, la radio de Grupo Sol llega sin censura para informar al pueblo sobre todos los casos de corrupción en el gobierno del Estado, alcaldes, magistrados, diputados y todas las denuncias ciudadanas. Los noticieros informativos de Grupo Sol Corporativo vienen a reforzar la cuestión editorial de sus periódicos impresos, como Sol Quintana Roo, Sol Yucatán, Sol Campeche, La Opinión de México y sus digitales La Opinión de Tabasco, Sol Chiapas, La Opinión de Puebla y Sol Belice. Grupo Sol hace de nuevo el compromiso con los ciudadanos de la PenínsuEL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO la de Yucatán para no bajar la guardia y mantener una línea editorial clara y verDirector General: dadera, y abre las puertas de sus medios Pedro Daniel Rodríguez Hernández informativos a todos los ciudadanos. Por el modelo libre de periodismo Subdirector General: José Enrique González Ortiz practicado, se ganó la antipatía del GoCoordinación Editorial: José Arturo González Cámara / José Sánchez López bierno, pero tiene la solidaridad y preCoordinador de Finanzas: Víctor Manuel Simá Kú ferencia de los yucatecos, y de la mano de nuestro Director General van a paso CORRESPONSALES NACIONALES firme en la recuperación del periodismo Veracruz: Sayda Chiñas Córdoba / Tijuana: Isaí Lara Tonathiu / Guerrero: Cuauhtémoc auténtico. Albarrán / Chihuahua: Héctor Dáyer López / Tamaulipas: Oscar Pineda Tapia / Oaxaca: En medio de una profunda crisis de Roberto Polo Hernández / Sinaloa: Jesús Herrera Guanajuato: Eduardo Estrada Téllez medios de comunicación, Grupo Sol / Puebla: Ana de la Fuente Laudo / Michoacán: Marcos Hernández Palafox / Ciudad de Corporativo apuesta a su profesionalisMéxico: José G. Sánchez / Estado de México: Manuel Godínez / Cuernavaca: Alejandro mo para seguir siendo líder en periodisMelgoza mo de investigación en la Península. COLUMNISTAS Buscando cubrir una necesidad en Rafael Loret de Mola / Ricardo Ravelo Galó / José Sánchez López / Francisco Medina / Mouris los usuarios de internet, nuestro CorpoSalloum George / Pablo Cabañas / Héctor Moctezuma de León / Edgar González Martínez / rativo está en el mundo de las nuevas tecSergio Gómez Montero /Moisés Sánchez Limón / Sócrates Campus Lemus / Gregorio Ortega nologías: en Instagram, Twitter, Tik Tok, Molina / Glen Rodrigo Magaña / Fernando Irala / Octavio Campos Ortiz / Alberto Woolrich / Facebook y su página web, con videos Aletia Molina / Miguel Rocha Valencia / Miguel Tirado Rasso / Armando Rojas/ Roberto Fuentes y transmisiones en vivo en tiempo real. Caricaturistas: Salvador del Toro “Chavo del Toro” / Armando Barrera Vera No trabajamos para políticos, solamente hacemos periodismo real, profeRedacción: sional y documentado, por eso dejamos Jefe de información: Josué Isaías Massa Tec en claro que no somos un medio como a Monitoreo: René Alberto Herrera Pech los que están acostumbrados. Grupo Sol Transparencia: Gerardo Briceño / Lesmy Aurelia González Velázquez Corporativo no se hinca ante ningún serReporteros: Didier Madera / Eyder Joel Núñez Euán vidor público: Somos el único medio que Diseño gráfico y Diagramación: Daniel E. Tuz Solís / Edwin J. Hidalgo Sandoval incomoda al poder por decir la verdad. Relaciones públicas: Paola Pacheco Orendain La multiplicación de la oferta inVentas: Mario Cabrera Pech formativa y de entretenimiento con Circulación: José Molina Gutiérrez pasquines ha degenerado el periodismo auténtico, en la que la excelencia no ha sido la apuesta fundamental, sino todo lo Dirección de las oficinas: Calle 31 por Calle 21, Nº 211, local B, Colonia México Oriente, C.P. 97125, Mérida, contrario. Yucatán. Tel. Oficina: 999 285 9235 ó 999 291 6663. El crecimiento sin precedente que Horarios de oficina: De Lunes a Viernes de 8:00 am. a 4:00 pm. y Sábados de 9:00 a 2:00 pm. tiene Grupo Sol Corporativo se ha dado gracias a un ritmo profesional, ético y Edición Semanal dinámico que ha impuesto nuestro DiCirculación en el estado de Yucatán Certificado de licitud de título y contenido: En trámite rector General, Pedro Daniel Rodríguez Sol Yucatán pertenece a la casa editorial Grupo Sol Hernández, para llevar de primera mano la información a nuestros miles de raImpreso en Calle 60 No. 521 entre 65 y 67 Col. Centro C.P. 97000 Mérida, Yucatán dioescuchas y lectores en nuestros periówww.solyucatan.com dicos impresos. Correos electrónicos: publicidad.solyucatan@gmail.com / gruposolqr@hotmail.com / laopiniondemexico@hotmail. Para Grupo Sol Corporativo no exiscom / gruposolqr@hotmail.com te la palabra NO y es por ello que la evita totalmente, porque la directriz marcada ha sido siempre positiva y de crecimienCANCÚN to, hechos que hoy se pueden ver a la luz SM. 20, M. 18 L. 31, Calle Venado Nº 26 pública y, por ello, sus medios informaTel. Oficina: 998 60 4 74 79 y 998 60 4 74 80 tivos han logrado el empoderamiento CHETUMAL periodístico. Dirección de las oficinas: Av. Álvaro Obregón Nº 500 esquina Av. Revolución, Fraccionamiento “La Herradura”, Ninguno de los medios de comuniChetumal, Quintana Roo. Tel. Oficina: 28-5-61-25 y 28 5-57-97 Horarios de oficina: De Lunes a Viernes de 8:00 am. a 4:00 pm. y Sábados de 9:00 a 2:00 pm. cación del Grupo Sol Corporativo pertenece a partido político alguno, ni se venEdición Semanal de para seguirle la comparsa a ningún Circulación en el estado de Quintana Roo Certificado de licitud de título y contenido: En trámite personaje político, porque tenemos ética Sol Yucatán pertenece al Corporativo Grupo Sol y profesionalismo suficiente para denunciar de frente y todo bien documentado. Impreso en Calle 60 No. 521 entre 65 y 67 Col. Centro C.P. 97000 Mérida, Yucatán La consolidación de Grupo Sol Corwww.solquintanaroo.com porativo como periódico independiente Correos electrónicos: gruposolqr@hotmail.com y combativo es ya un hecho: ¡Ni los ataques cibernéticos nos pararán! Presencia en CDMX lipe Carrillo Puerto, refuerza la presencia de la estación de radio en las comunidades del centro del estado de Quintana Roo y el sureste de Yucatán. La 100.5, con sede en Felipe Carrillo Puerto, con cobertura estatal en Quintana Roo, fortalece la señal de la radio en la Península. La 90.1, abarca toda la zona de Ciudad del Carmen, Tulum y Cozumel. La 93.1 abarca Chetumal, Bacalar y parte

DIRECTORIO

OFICINAS EN YUCATÁN

OFICINAS EN QUINTANA ROO

Manuel alejandro Godínez López Te. 5550531909

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OTRAS INQUISICIONES Por Pablo Cabañas Díaz

EL CÓNSUL DE PEÑA NIETO El Gobierno de Enrique Peña Nieto, nombró a Fidel Herrera Beltrán como su cónsul en Barcelona, España, puesto en el que estuvo del 19 de octubre de 2015 al primero de enero de 2017, fecha en que renunció al cargo. En enero de 2021, la justicia de Andorra confirmó que, en el contexto de una operación contra el blanqueo de capitales y de una investigación de carácter internacional contra el fraude financiero, decidió confiscar hasta dos mil millones de euros que al parecer pertenecían a 23 inversionistas mexicanos. El dinero incautado estaba depositado en cuentas bancarias que, a su vez, formaban parte de los fondos del Banco Privado de Andorra (BPA), una entidad financiera intervenida desde 2015 por la supuesta ilegalidad de sus operaciones. En el centro de las pesquisas hay un hombre clave: Juan Collado, abogado de confianza del ex presidente Enrique Peña Nieto, y quien fue detenido en julio de 2019 por numerosos delitos, entre ellos delincuencia organizada y apropiación de recursos ilícitos. Herrera raramente aparecía en eventos diplomáticos, donde los rumores hacían eco de su nombramiento. La entonces embajadora mexicana en España, Roberta Lajous, dio órdenes de que no se le fotografiara con él. El Ayuntamiento de Barcelona pidió explicaciones al ministerio español de Exteriores de por qué se habían aceptado sus credenciales. ¿ Qué actividades realizaba en Barcelona? Su misión no estaba en Barcelona, sino en Andorra que vivía bajo un intenso escrutinio cuando Herrera se convirtió en cónsul. Siete meses antes, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) había declarado a Banca Privada d’Andorra una institución financiera extranjera de principal preocupación por el lavado de dinero. El banco fue acusado de blanquear al menos dos mil millones de dólares desviados de la compañía petrolera pública de Venezuela, Petróleos de Venezuela, y de aceptar dinero del crimen organizado y de personajes corruptos. La medida de FinCEN amenazó a todo el sistema bancario andorrano y obligó al gobierno a intervenir, congelando las cuentas del banco e incorporando nueva dirección. El banco reunía en 2012, a 174 misteriosos clientes mexicanos con 243 millones de dólares. Cuando la BPA fue intervenida por blanqueo, en 2015, las autoridades del país europeo investigaban 80 fortunas mexicanas. En enero de 2017, Herrera renunció abruptamente a su cargo y abandonó Barcelona. No se dio ninguna razón oficial, pero unos días antes una comisión investigadora había revelado que en Veracruz se estaban pagando el precio completo por medicamentos para el tratamiento del cáncer que en realidad eran falsificaciones sin valor medicinal. Se dijo que Herrera y Javier Duarte, su sucesor como gobernador, estaban bajo investigación. Herrera negó rotundamente su participación en el escándalo y nunca enfrentó cargos por ese caso. En la actualidad hay más información sobre estos hechos, esos expedientes permanecen bajo reserva y podrían dar un giro a varios asuntos en que se encuentran en litigio en México.

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Mauricio Vila Dosal.

Redacción/ Sol Yucatán

Mérida.- Grupo Xcaret construyó y modificó el entorno natural del parque temático Xibalbá, ubicado en Valladolid, sin tener autorización de Semarnat: Primero destruyó y luego pidió permiso. Cuando la Semarnat se presentó para realizar el estudio de impacto ambiental las obras ya habían empezado, incluso los cenotes ya habían sido modificados con construcción de túneles y otras obras. La dependencia encontró que la mayoría de la flora, fauna, suelo, subsuelo, etcétera presentes en el área de influencia del proyecto, se encontraban modificados, con la autorización que ya les había dado el gobierno del Estado. Miguel Quintana Pali “armó” el parque basado en engaños ambientales; prometió no afectar el ecosistema de la región y luego, en 2021, en una nueva MIA reconoció que dañó ocho cuerpos de agua en las comunidades de Yacolba,

Rolando Zapata Bello.

X'Tut Y Sisbichén. El Grupo Xcaret modificó el ecosistema con la construcción de corredores de piedra y cemento que sirven como andadores externos, túneles internos de un metro y medio a ocho metros de ancho, construidos en “reforzada con malla de acero electrosoldada y con acabado rústico o martillado (granulado) o grava”. Además de plataformas de contemplación/descanso “construidas con piedra caliza excavada en el sitio por medios mecánicos (martillos neumáticos)”; terrazas, escaleras y terrazas en voladizo donde se pretende dar servicio de restaurante. No reportó el trabajo en los cenotes donde se instalaron luces y cables eléctricos, estatuas y perforación de cuerpos de losas. Dentro del segundo anexo de la Manifestación de Impacto Ambiental, Xenotes Mágicos, S.A. de C.V., reconoce que las obras fueron sancionadas por Profepa, pero no aclara que éstas no fueron declaradas en los permisos originales.

Grupo Xcaret dañó ocho cenotes ubicados en una propiedad de 400 hectáreas en Valladolid, Yucatán.

Trabajos realizados sin autorización en el subsuelo

Miguel Quintana Pali.

Estos son los cenotes Tres Bocas, Zopilotes, Estalagmitas, Tres Labios, Guayas, Vaquería, Pastizales y Pilón.

Tienda-Taquilla Zopilotes

*No reportó el trabajo en los cenotes donde se instalaron luces y cables eléctricos, estatuas y perforación de cuerpos de losas

En los ocho cuerpos de agua se intentó instalar túneles para un “recorrido en kayak”, similar al que existe en el hotel de Playa del Carmen, en Quintana Roo. Además de lo ya señalado, se edificó un poblado maya y, muy cerca de allí, una reconstrucción de las haciendas henequeneras y un área de capilla católica. En el expediente de la Semarnat, desde el 18 de marzo de este año, la obra figura como suspendida por un pedido de “calidad de datos”. Para el 28 de abril fue suspendida por segunda vez por el ecocidio generado. Dentro del informe, los asesores ambientales de Xcaret minimizaron el área dañada comparándola con la extensión total del predio, una comparación desproporcionada. Como informamos en nuestra edición anterior, el “Desarrollo Ecoturístico Xibalbá”, ubicado en el municipio de Valladolid, Yucatán, fue autorizado por el gobernador Mauricio Vila Dosal y su antecesor, Rolando Zapata Bello. Ambos mandatarios se convirtieron

en cómplices del ecocidio, pues durante la construcción del parque fueron 17 las obras sancionadas por dañar cenotes, subsuelo y manto freático. A pesar de ello, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no multó a la compañía, propiedad de Miguel Quintana Pali, y solamente realizó una serie de recomendaciones para subsanar los daños, lo que despierta sospechas de corrupción y colusión con las autoridades ambientales. De acuerdo con el informe de la Semarnat, las condiciones de la flora y fauna de la zona se encuentran modificadas, por lo que ha disminuido la riqueza y abundancia de especies naturales de la región. Es importante subrayar que la empresa pretendió obtener la autorización para la operación de obras ya ejecutadas, es decir áreas previamente impactadas, tal como quedó demostrado a partir del reporte fotográfico de los inspectores. Continúa...

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Zona de Armón

Cenotes donde se hicieron trabajos sin reportarlos

Área ya modificada antes de obtener permiso de la Semarnat

Los funcionarios de la Profepa intentaron justificar el daño ambiental bajo el argumento de que se “trata de un área en la que ya se han realizado modificaciones por las obras existentes, por lo que, sobre las obras ya construidas, solo se adicionarán instalaciones con fines de ambientación, de las cuales no derivarán impactos ambientales adicionales”. Es decir, como ya se impactó el lugar, ya no habrá más daño ecológico, solo adiciones, tales como la construcción de un camino, antena de comunicación y módulo de baños en áreas previamente afectadas, así como por otras obras y actividades asociadas al proyecto. El documento señala que la pérdida de vegetación durante la etapa de preparación del sitio por el desmonte ocasionó que la fauna que se encontraba en dicha área se desplace a otras zonas para encontrar refugio y ali-

mentación. Asimismo, la generación de ruido (por el movimiento de la maquinaria durante la preparación del sitio) provocó un desplazamiento de las aves, entre las cuales se encontraban siete especies en peligro de extinción. En lo referente a las especies de fauna que se asocian a este tipo de vegetación, la mayoría fueron ahuyentadas o desplazadas de manera previa, como resultado de las actividades constructivas del “Desarrollo Ecoturístico”, ya que la mayoría de las especies con capacidad de movimiento buscan zonas mayormente conservadas y alejadas del tránsito de personal y maquinaria. En los cenotes analizados dentro del proyecto, se encontró solamente un ejemplar del pez Typhlias pearsei, una especie endémica de la Península de Yucatán, considerada en peligro de extinción, pero debido a las obras realizadas

Zonas destruidas dentro del proyecto

Obras sancionadas

en los depósitos de agua, la magnitud de la amenaza a su hábitat aún no se comprende en su totalidad. En lo referente a la superficie de la zona de los trabajos de Xibalbá, la bibliografía de dicha región reportaba 191 especies de vegetación, conforme a los recorridos de campo se identificaron únicamente 98, esto quiere decir que el área se encontraba previamente modificada. De acuerdo con el reporte de la Semarnat las áreas desprovistas de vegetación, también son resultado de las diversas obras y actividades autorizadas por el gobierno estatal que se han desarrollado de manera previa en la región. Finalmente, según las recomendaciones emitidas por la Profepa para el desarrollo de las obras faltantes, se aplicarán las medidas y programas diseñados para evitar o minimizar los efectos derivados de la actividad turística en los cenotes, es-

perando mantener la integridad del sistema ambiental. Sin embargo, como quedó plasmado en el informe y en el reporte fotográfico, los efectos negativos por los trabajos realizados por el Grupo Xcaret son irreparables. Tan solo la pérdida de vegetación tiene un carácter permanente e irrecuperable. Cabe recordar que el proyecto Xibalbá cuenta con una superficie total de 400,946 hectáreas, de las cuales se requirieron 4,422 para las obras que fueron sancionadas y observadas por la Profepa. En relación a las obras nuevas que se pretenden realizar (camino, antena y módulo de baños), y las obras construidas que forman parte del proyecto (Pueblo Maya, Armón, caminos internos), ocuparán una superficie de 3,628 hectáreas. La superficie total de afectación de las obras, considerando las sancionadas, las existentes y nuevas, será de 8,050 hectáreas.

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DELINCUENTE DE CUELLO BLANCO PROGRESO

*La Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) denuncia al alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, por no reportar dónde quedaron más de ocho millones de pesos del dinero del pueblo *Desaparecieron los registros en contabilidad de los pagos mensuales del Impuesto Sobre la Nómina, por el periodo correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Julián Zacarías Curi.

Redacción /Sol Yucatán Progreso.- La Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) denuncia al alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, por no reportar dónde quedaron más de ocho millones de pesos del Ayuntamiento. De acuerdo con la evaluación de la ASEY a la cuenta pública 2019 del ayuntamiento de Progreso, el polémico edil no justificó el gasto de ocho millones 919 mil pesos, recursos que fueron originalmente destinados a obra pública para beneficio del municipio. De hecho, como resultado de la fiscalización, el órgano auditor realizó 20 observaciones al Ayuntamiento, de las cuales, apenas cuatro fueron solventadas. Incluso, tan solo con la revisión de los importes de la Ley de Ingresos para el ejercicio 2019, se detectó que los ingresos autorizados y los ingresos recaudados no coincidieron. En este mismo tenor, durante la revisión de los movimientos de los auxiliares contables, se detectó que desaparecieron los registros en contabilidad de los pagos mensuales del Impuesto Sobre la Nómina, por el periodo correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. Mediante el oficio número DFT/EXT/302/2020, el 25 de septiembre de 2020, Zacarías Curi proporcionó documentación con la intención de justificar la sospechosa omisión,

*Lo más deleznable de las denuncias de la ASEY contra Zacarías Curi es el desfalco al municipio a través de contratos para obras sociales que, en la mayoría de los casos, su ejecución no tuvo justificación ni comprobación

pero después de su revisión y análisis el órgano auditor determinó que no era suficiente para justificar la ausencia de los registros contables. OBRAS SOCIALES, GRAN BOTÍN Lo más deleznable de las denuncias de la ASEY sobre el ayuntamiento de Progreso, bajo la administración de Zacarías Curi, es el desfalco realizado al municipio a través de contratos para obras sociales que, en la mayoría de los casos, su ejecución no tuvo justificación ni comprobación. Un ejemplo es el contrato número MPYDDUOP-12-2019, con el objeto “Ampliación de red eléctrica en la localidad de Flamboyanes en el municipio de Progreso, Yucatán”, por un millón 37 mil pesos, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pagado con recursos del FISMDF 2019 y con un periodo de ejecución del 13 de septiembre al 27 de octubre del 2019. En este caso, preocupa la ausencia de documentación como: plano de construcción final validado por la CFE, así como registros resolutivos de la misma, para constatar la ubicación y ejecución de la obra, así como demás documentación comprobatoria que justifique el destino final del gasto. Adicionalmente, no hay evidencia de la ejecución de los pagos por trámites ante la CFE, mismos que debieron ser realizados por

el ayuntamiento de Progreso por un monto de más de 54 mil de pesos. De igual forma, el munícipe no proporcionó documentación comprobatoria de la ejecución de los trabajos. Otro pretexto de Julián Zacarías para desfalcar al

municipio lo encontró en el contrato número MPYDDUOP-14-2019, cuyo objeto fue la “Ampliación de red eléctrica en la localidad de Chicxulub en el municipio de Progreso, Yucatán”, y por el que desvió 975.2 mil pesos, recursos

provenientes del FISM-DF 2019. Como en el ejemplo anterior, en esta ocasión el ayuntamiento de Progreso tampoco presentó los planos de construcción final validados por la CFE, así como el mapa con direcciones donde se identifique cada poste con sus respectivos dispositivos. De igual forma, tampoco se encontraron los documentos resolutivos de la CFE, para constatar la ubicación y ejecución de la obra y demás documentación comprobatoria que justifique el destino final del gasto. Adicionalmente, no hay evidencia de los pagos por trámites ante la CFE, mismos que debieron ser realizados por la entidad fiscalizada. Otro desfalco realizado con el pretexto de obra pública, fue la obra MPYDDUOP-19-2019, cuyo objeto fue la presunta “Rehabilitación del campo termoeléctrica del municipio de Progreso, Yucatán”. Por

dicho proyecto, el ayuntamiento de Progreso desvió un millón 442.6 mil pesos, también provenientes del FISM-DF 2019. En esta ocasión, el munícipe utilizó el mismo modus operandi para ocultar el desfalco: ausencia del contrato de obra, opacidad en presupuesto contratado, así como la falta de documentación del finiquito de obra y planos finales para constatar la ubicación y ejecución de la obra. Cabe destacar que a pesar de estas denuncias, no se le impusieron multas a Julián Zacarías Curi. Incluso se le permitió participar y ganar, por segunda ocasión, la alcaldía de Progreso. Por supuesto, al presidente municipal de Progreso todas estas denuncias y señalamientos le resbalan, ya que está respaldado y tiene la protección del gobernador Mauricio Vila Dosal para hacer lo que hace, ya que la relación entre ambos data de años atrás.

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ALCALDE DESAPARECE 16 MDP PETO

Edgar Calderón Sosa. carece de los documentos correspondientes. Tan sólo en “Inversión Pública”, la diferencia es de 30 millones 238 mil 400 pesos, seguido de “Servicios Generales” es de 12 Redacción /Sol Yucatán Peto.- Poco más de 16 millones de pesos “desapareció” como arte de magia de las arcas del Ayuntamiento de Peto, cuyo alcalde, Edgar Calderón Sosa, como “buen mago” que nunca revela sus secretos, se niega a entregar los respectivos documentos correspondientes a 2019 a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY). Por ende, el proceso de investigación continúa, sin embargo, se mantiene en la congeladora, ya que hasta el momento no hay denuncia alguna en contra del ex presidente municipal. De acuerdo con la “Auditoría del H. Ayuntamiento de Peto, Yucatán: Cuenta pública 2019”, hay una notable diferencia en las cuentas, de poco más de 16 millones de pesos, aparte de otros rubros. Entre los resultados de la fiscalización efectuada en la comuna del Sur del Estado se estableció que hubo 44 observaciones, de las cuales, cinco fueron solventadas, 22 quedaron parcialmente resueltas y 17 están sin solución alguna. En esta última variable están las cuentas públicas, por lo que hay un incumplimiento a la Ley de Ingresos así como a la de Egresos. “Con la revisión de los importes de Ley de Ingresos para el ejercicio 2019, se detectó que los ingresos autorizados y los recaudados, no coinciden”, por lo

que la diferencia es de cuatro millones 177 mil 200 pesos. El monto del ingreso autorizado 105 millones 823 mil 500 pesos, mientras que en lo recaudado, la cantidad es de 101 millones 646 mil 300 pesos. Tan sólo en “Aportaciones”, la diferencia es de tres millones 125 mil 400 pesos; dos millones 900 mil 800 pesos en “Participaciones”; un millón 535 mil 400 pesos en “Derechos”; 554 mil 800 pesos en “Impuestos”, 213 mil pesos en “Aprovechamientos”; 28 mil 500 en “Productos”, y 300 pesos en “Convenios”. “La entidad fiscalizada no proporcionó documentación alguna, por lo que esta observación se tiene por no solventada”, se determinó en el documento. En cuanto al Cumplimiento del Presupuesto de Egresos”, se determinó que “Con la revisión del presupuesto de egresos y el pagado según el Estado, Analítico del Ejercicio del Presupuesto (EAEP), se detectó que no coinciden los importes; la entidad fiscalizada no proporcionó las Actas de Cabildo en donde se autorizan las modificaciones del presupuesto del ejercicio fiscal 2019”. La diferencia es de 12 millones 11 mil 400 pesos, pues sólo en el presupuesto de egresos modificado, la cantidad es de 98 millones 303 mil 300 pesos, mientras que el pagado fue de 86 millones 291 mil 900 pesos. Y lo peor de todo, se

cias, asignaciones, subsidios y ayudas”, y un millón 54 mil 100 pesos por Bienes muebles e inmuebles”. De acuerdo con la ASEY, en la observación número cuatro se especi-

*Edgar Calderón Sosa, como buen mago se niega a entregar los respectivos documentos correspondientes a 2019, a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán *Tampoco hay documentación de depósitos de cuentas bancarias por 15 millones 895 mil pesos, así como 26 millones 238 mil 400 pesos del FISM *Otro desfalco: No hay comprobantes del pago de 15 millones 69 mil pesos al Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán millones 408 mil 100 pesos. Asimismo, por “Materiales y Suministros” fue por un millón 912 mil 900 pesos; un millón 476 mil fue en un millón 476 mil pesos; un millón 375 mil 800 pesos en “Transferen-

ficó que “la entidad fiscalizada no proporcionó documentación alguna, por lo que esta observación se tiene por no solventada”. También se determinó que “con la revisión de los estados de cuenta bancarios, pólizas de ingresos

y constancia de participaciones, se detectó que la entidad fiscalizada no proporcionó los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), de los ingresos por concepto de ministraciones correspondientes a los recursos de participaciones 2019, por tres millones 126 mil 600 pesos. De igual forma, no se presentaron los CFDI por seis millones 960 mil pesos, de los meses de enero, febrero, marzo, de junio a octubre y diciembre, por concepto de “Sueldo al personal de base G Corriente. Con la revisión de los movimientos auxiliares contables, pólizas de registro y estados de cuenta bancarios de septiembre, se constató que la comuna realizó retiros por medios de cheques, por 190 mil 100 pesos. El Ayuntamiento no realizó ni registró en contabilidad de los pagos mensuales del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al trabajo Personal, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre. Incluso, con la revisión de los auxiliares contables de sus pasivos derivados de las obligaciones fiscales, declaraciones provisionales, o definitivas de impuestos federales con su documentación original del gasto, se detectó incongruencias entre lo declarado y lo registrado contablemente del Impuesto Sobre la Renta (ISR), de enero a diciembre.

Asimismo, con la revisión de los contratos de apertura de las cuentas bancarias y los estados de cuenta, se detectó que no proporcionó la notificación a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), ni la apertura de una cuenta bancaria específica y productiva en la que recibió y manejó la totalidad a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Tampoco hay documentación de depósitos de cuentas bancarias por 15 millones 895 mil 300 pesos, así como 26 millones 238 mil 400 pesos del FISM. No hay comprobantes del pago de 15 millones 69 mil al Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY). La ASEY detectó un subejercicio por 24 mil 800 pesos en la cuenta bancaria de los recursos del FISM, por lo que el edil “no cumplió con el principio de anualidad, no proporcionó evidencia de la provisión y ejecución del recurso, o en su caso, el reintegro de dichos recursos a la Tesorería de la Federación. En fin, son numerosas las irregulares que cometió el concejal, al no entregar los respectivos documentos, por lo que la evidencia es notable, y se busca la pronta solución a las anomalías parcialmente resueltas, pero hasta el momento, se ignora el avance de las investigaciones.

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AUTORIZAN FRAUDES TIZIMÍN

Mario Alberto González González.

*El empresario José de los Ángeles Salazar G. Cantón se embolsó un millón 250 mil pesos sólo por elaborar un proyecto de construcción Redacción /Sol Yucatán Tizimín.- El cinismo de algunos alcaldes para desviar recursos públicos no tiene límites. Tal es el caso del expresidente municipal de Tizimín, Jorge Alberto Vales Traconis, quien en 2018 prácticamente desfalcó a su municipio por 1.2 millones de pesos para un servicio que, por donde se vea, no tiene pies ni cabeza. El cómplice del exedil en esta ocasión se trató del empresario José de los Ángeles Salazar G. Cantón, quien solo por elaborar un proyecto de construcción, se embolsó un millón 250 mil pesos. Lo más indignante es que el dinero provino del Ramo 33, un fondo, en teoría, destinado las comunidades más vulnerables. De acuerdo con el contrato número FAISM-096PE-009-2018, celebrado el 5 de marzo de 2018, el ayuntamiento de Tizimín aprobó el fallo a favor de la empresa Constructora Progreso Yucateco, S. de R.L. de C.V., para llevar a cabo la obra denominada “Elaboración de proyectos ejecutivos de obra ejecutada con infraestructura 3%”. Si bien los primeros focos rojos aparecen desde el ambiguo nombre de la obra, con la justificación ya no quedan dudas de que estamos ante un franco desvío de fondos: “el Municipio requiere los servicios profesionales de un especialista en construcción para la elaboración de proyectos procedentes del

Ramo 33 (FAISM 2018) del municipio de Tizimín, Yucatán”. Es decir, 1.2 millones de pesos, provenientes de un fondo destinado a los sectores más vulnerables, terminaron en los bolsillos de un empresario para que diseñe un proyecto para los sectores más vulnerables. Cabe señalar que un proyecto ejecutivo arquitectónico es un conjunto de estudios que abarca los estudios preliminares, de factibilidad, proyecto arquitectónico, estructural, obra civil e instalaciones. Dichos estudios se ven reflejados en planos, memorias de cálculo y memorias descriptivas que crean las especificaciones y recomendaciones para el desarrollo y correcta ejecución de la obra. En otras palabras, es la colección de documentos que describen a detalle la obra a construir, así como los procesos a seguir durante su construcción. Es decir, son las instrucciones detalladas para lograr que la obra se construya tal y como fue concebida por el diseñador y aprobada por el propietario. Asimismo, estas instrucciones pueden ser gráficas, es decir mediante dibujos mejor conocidos como planos, modelos tridimensionales a escala, ya sean maquetas físicas o digitales creadas por medio de computadoras. De acuerdo con directorios arquitectónicos, consultados en Internet, en 2022 el precio de estos proyectos ejecutivos se encuentra en un rango de pre-

*Lo más indignante es que el dinero provino del Ramo 33, un fondo, en teoría, destinado a las comunidades más vulnerables *La empresa Constructora Progreso Yucateco carece de página oficial, no cuenta con redes sociales y tampoco figura en los principales directorios empresariales y de construcción cios que va de los 18 mil pesos a los 100 mil pesos, dependiendo del tipo de construcción, la extensión de terreno, la duración de

la obra, etcétera. Sin ir más lejos, actualmente en México el promedio de precios oscila entre los 25 mil pesos y los 80

mil pesos. Por lo que es un auténtico despropósito la suma pagada al empresario José Salazar G. Cantón. Un millón 250 mil pesos por un estudio arquitectónico es absurdo por dónde se vea. Por otro lado, la empresa Constructora Progreso Yucateco, S. de R.L. de C.V., carece de página oficial, no cuenta con redes sociales y tampoco figura en los principales directorios empresariales y de construcción. El único dato disponible es que la etérea compañía fue constituida el 18 de marzo de 2015. De igual forma, el domicilio fiscal de la compañía se encuentra en la calle 24 por 15 y 19 de la colonia Montecarlo, en Mérida, Yucatán. Sin embargo, a través de una consulta en Google Maps se puede constatar que en dicha dirección no existe ningún edificio con la capacidad que la constructora declara tener en el documento. Por si no fuera suficiente (y para agregarle más ambigüedad a esta licitación), la sexta cláusula del contrato señala: “La empresa se compromete a guardar absoluta confidencialidad con respecto a los servicios que preste con motivo del presente contrato”. En el mismo tenor, el especialista en construcción, José Salazar G. Cantón, contó con 100 días para realizar el proyecto ejecutivo, iniciando el mismo día de la firma del contrato, el 5 de marzo de 2018, para finalizar el 12 de junio del mismo año, lo

que nos habla de un acuerdo previo entre el munícipe y el empresario. Por otro lado, así como no se especifican los trabajos u obras a realizar o entregar, tampoco hay evidencia documental o fotográfica de la finalización de los trabajos realizados, por lo que no se sabe en qué consistieron exactamente y mucho menos si estuvo justificada la millonaria inversión. Finalmente, la simulación fue consumada por las firmas del entonces presidente municipal, Jorge Alberto Vales Traconis; la secretaria de la comuna, Gabriela Alejandra Gutiérrez Marfil; el director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Edgar Rolando Coronado Febles; y el subdirector de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Christian Oswaldo Poot Reyes. Así como por el “contratista”, José de los Ángeles Salazar G. Cantón. Como en otras ediciones hemos documentado, el entonces munícipe, Jorge Vales Traconis, encontró en el área de la construcción la excusa perfecta para desviar dinero destinado a obra pública e infraestructura. Tan solo en la evaluación del ejercicio fiscal de 2018 del ayuntamiento de Tizimín, la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) estimó una posible afectación de 16 millones 296 mil pesos a la hacienda pública. Sin embargo, a pesar de semejante desfalco, la dependencia no aplicó ninguna multa al carismático exalcalde.

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EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

LOS POBRES, CARNADA PARA ROBAR TEABO

Redacción /Sol Yucatán

Teabo.- Teabo se convierte en el noveno municipio donde el director del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), Carlos Francisco Viñas Heredia, cometió actos de corrupción durante 2019, a costa de las familias pobres de la entidad, tras la autorización de un proyecto al prestanombres Raúl Armando Balam Chin, a quien le entregó cerca de tres millones de pesos, para la construcción de 46 cuartos del tamaño de un baño. Los cuartos, que no llegan ni a cuatro por cuatro, tienen un costo promedio cada uno de 25 mil pesos, en total suma un millón 150 mil pesos, lo muestra un desfalco de casi dos millones de pesos. Esto demuestra la corrupción como un modus vivendi del director del IVEY A lo largo de ese año, el nefasto funcionario aprobó

el momento no hay denuncia alguna en su contra. El 13 de septiembre de 2019, en la sala de juntas del IVEY, se presentó el acta de fallo del procedimiento de Contratación de Obra Pública bajo la modalidad de

suscribió numerosos contratos, y hasta el momento ya se detectó 10 documentos, de obras correspondientes para apoyar a familias de escasos recursos. Hasta el momento, Sol Yucatán ya detectó 10 anomalías cometidas en nueve municipios, con la construcción de mil 210 viviendas, por un monto por 63.9 millones de pesos. Por lo pronto, ya subió al portal de transparencia la información correspondiente a 2019, por lo que la dependencia está desfasada en dos años, con tal de minimizar la grave anomalía de desvío de recursos así como el favoritismo y el compadrazgo que lo caracteriza. Pese las arbitrariedades cometidas, el funcionario continúa en el puesto, y hasta

licitación pública de carácter nacional, número LO931034978-E35-2019, cuyo objeto fue la “Construcción de 46 acciones en el municipio de Teabo”. La dependencia desechó la propuesta de una empresa pero aprobó la de la persona física, quien carece de un establecimiento fijo así como de referencias, e incluso, no tiene antecedentes en Internet. El contrato se firmó el 17 del respectivo mes, y por ende se le asignó un presupuesto por tres millones 484 mil 777.62 pesos. Asimismo, el IVEY le asignó un presupuesto del 30 por ciento, correspondiente a 901 mil 235,59 pesos, para realizar en el sitio de trabajo la construcción de bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de cons-

Carlos Francisco Viñas Heredia.

trucción e inicio de los trabajos así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos. Al contratista le dieron un plazo de ejecución de la obra objeto por 90 días naturales, por lo que el trabajo inició el 18 de septiembre, para concluir con la labor el 18 de diciembre de 2019. En cuanto al resultado de la “Evaluación”, se estableció que “Análisis y revisión posterior al acto de apertura de las proposiciones técnicas – económicas, se obtuvieron los siguientes resultados mismos que derivan del dictamen técnico–económico”. De tal manera, fue evidente la violación a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como su reglamento en vigor. La ambición de Viñas Heredia carece de límites, pues en el transcurso de esa semana firmó otros documentos, por lo que el 18 de septiembre se presentó el acta de fallo del procedimiento de Contratación de Obra Pública bajo la modalidad de licitación pública de carácter nacional, número LO-931034978-E45-2019, cuyo objeto fue la “Construcción de 28 acciones en el municipio de Celestún”. En la convocatoria participaron dos licitantes, ambos empresarios, pero se privilegió a Horizonte Constructora, SA de CV, quien otorgó 220 mil pesos, por el “favor” que le hicieron los corruptos funcionarios del IVEY. El monto fue por dos millones 254 mil 734.92 pesos, y el IVEY le otorgó un anticipo por el 30 por ciento del monto del contrato, que corresponde al importe de 676 mil 420.48 pesos. Posteriormente, el 20 de septiembre se firmó el res-

*Este municipio se convierte en el noveno municipio donde el director del IVEY, Carlos Francisco Viñas Heredia, utiliza a los pobres para actos de corrupción con contratos de obra a amigos

*Entrega casi 3 millones de pesos al prestanombres Raúl Armando Balam Chin para la construcción de 46 cuartos el tamaño de un baño, donde hubo un desfalco de cerca de 2 millones de pesos *Hasta el momento Sol Yucatán ya detectó 10 anomalías cometidas en nueve municipios, con la construcción de mil 210 cuartitos por un monto por 63.9 millones de pesos pectivo contrato, donde se determinó que el plazo para la entrega de las obras es de 90 días naturales, por lo que el trabajo inició el 23 de dicho mes, y concluyó el 21 de diciembre del mismo año. HISTORIAL Por lo pronto, ya se detectaron 10 convenios anómalos, como oportunamente se publicó, en los cuales se detectó las arbitrariedades y favoritismo, pues dos de ellos fueron designados a “Diseño y Construcción de pisos”, SA de CV, con un presupuesto de 41 millones 80 mil 52.36 pesos. Para la “Construcción de 288 acciones de vivienda en Tixcacalcupul”, según al acta con número LO931034978-E171-2019, el IVEY apostó a favor de la empresa Icon Peninsular, SA de CV, la cual le otorgó un monto por 12 millones 900 mil 963.98 pesos. Mientras que para la “Construcción de 195 acciones de vivienda en Tekax”, de acuerdo con el acta con número LO-931034978-E89-2019, se benefició a Diseños y Construcción de Pisos, SA de CV, a la cual se le autorizó el monto de 12 millones 148 mil 979.10 pesos. Asimismo, para la construcción de 49 casas en Dzemul, y con base al Acta de Fallo del Procedimiento de

Contratación de Obra Pública bajo la modalidad de licitación pública de carácter nacional número LO931034978-E107-2019, se privilegió a la Promotora y Desarrolladora de Vivienda Ercom, SA de CV, con un presupuesto de tres millones 170 mil 67.58 pesos. De igual forma, para desarrollar 221 acciones de vivienda en Valladolid, a favor de la empresaria Mar-

el desarrollo de 138 acciones de viviendas en Motul, en el cual se determinó que la empresa ganadora fue Desarrolladora y Arrendadora Tierra Maya, SA de CV. En Chemax, la empresa Constructora y Urbanizadora Puma, SA de CV, desarrolló 69 acciones de vivienda, para igual número de familias, por un monto por tres millones 117 mil 101.59 pesos, por medio del contrato con número

garita Peniche Aranda, de Diseño y Construcción de pisos, SA de CV, se otorgó el contrato número LO931034978-E73-2019, y se le asignó un techo financiero de 12 millones 860 mil 41.7 pesos, el cual fue autorizado el 25 de junio. En un segundo contrato autorizado en Valladolid, el 13 de septiembre de 2019 se firmó el contrato de obra pública bajo la modalidad de licitación pública de carácter nacional, con número Lo931034978-E29-2019, con el objeto de construcción de 137 acciones de vivienda en el municipio, a cargo de la empresa Promotora Inmobiliaria AG, SA de CV, a la cual se le asignó cinco millones 108 mil 41.23 pesos El 6 de septiembre de 2019 se firmó el contrato con número LO931034978-E73-2019, para

LO-931034978-E145-2019, signado el 29 de noviembre de 2019. Tan sólo en Tekax y Valladolid, a Diseños y Construcción de Pisos se le adjudicó un presupuesto por 25 millones nueve mil 20.8 pesos. El 27 de noviembre de 2019, el IVEY se presentó el acta de fallo del procedimiento de Contratación de Obra Pública de Invitación a cuando menos tres personas, número IO-931034978-E136-2019, cuyo objeto fue la “Construcción de 39 acciones en el municipio de Peto”, por lo que se benefició a Saraí Ojeda Hernández, a quien se le entregó dos millones 505 mil 102.17 pesos. En todas estas convocatorias, la ganancia de Viñas Heredia ascendió a cerca de 6.4 millones pesos, dinero libre de impuesto.

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PODER JUDICIAL SIN ESCRÚPULOS EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

*El magistrado presidente, Ricardo de Jesús Ávila Heredia tiró a la basura más de 1.3 millones de pesos para la supuesta adquisición de uniformes que debieron estrenarse en 2020, pues debido al Covid-19, los trabajadores no se presentaron al Tribunal a labora *Según consta en el documento, ninguna de las tres empresas licitantes estuvo presente en el evento, lo que de antemano despierta sospechas sobre la legitimidad del proceso *Grupo Integra Comunicación y Negocios, a pesar de haberse constituido en 2012, no figura en los principales directorios empresariales o de confección, carece de página web oficial y no cuenta con redes sociales que corroboren su existencia

Ricardo de Jesús Ávila Heredia

Redacción /Sol Yucatán Mérida.- La austeridad ha sido la gran ausente del Poder Judicial del Estado (PJE), pues su titular, Ricardo de Jesús Ávila Heredia, derrochó más de 1.3 millones de pesos en 2019 para la supuesta adquisición de uniformes del personal de la institución. Para ello se contrató a una empresa de dudosa reputación, tanto legal como moral. De acuerdo con el acta de fallo de la licitación pública número PODJUDCJ-06/2019, celebrado el 15 de octubre de 2019, Ávila Heredia aprobó la contratación de los servicios de la empresa Grupo Integra Comunicación y Negocios, S.A. de C.V., para la confección de uniformes por un millón 394 mil 93.80 pesos. A pesar de ello, según consta en el documento, ninguna de las tres empresas licitantes estuvo presente en el evento, lo que de antemano despierta sospechas sobre la legitimidad del proceso. Asimismo, en el acta tampoco se detallan los motivos por los cuales Grupo Integra ganó sobre las otros dos, cuando todas estuvieron ausentes. Sobre las otras dos compañías concursantes, poca información se pudo encontrar al respecto. Una fue Grupo Roma Trans-

formación, S. de R.L. de C.V., sobre la cual no hay constancia en directorios empresariales; la otra fue WPE Textil, S. de R.L. de C.V., que ya ha sido señalada por sobreprecio y favoritismo, como en el contrato GEY-SSP-075/2019, donde recibió 1.3 millones de pesos por la SSP. Sin embargo, la iniciativa privada ganadora Grupo Integra tampoco se queda atrás en cuanto a elementos turbios. Por ejemplo, a pesar de haberse constituido en el año 2012, no figura en los principales directorios empresariales o de confección, carece de página web oficial y no cuenta con redes sociales que corroboren su existencia. Incluso, según se pudo constatar a través de solicitudes de transparencia, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado es su único cliente, pues solo esa dependencia ha contratado sus servicios a partir de 2012. De igual forma, tampoco se pudo encontrar información sobre su apoderado legal, aunque en los contratos celebrados con el PJE aparecen dos representantes en las diferentes licitaciones donde ha concursado: Juan Felipe Arjona Contreras y Landy de Jesús Cámara Baas. Sobra decir que no hay registros de ambos en internet.

UNIFORMES DE LUJO Otra irregularidad presente en esta licitación es la ausencia del contrato. Si uno solicita la documentación en el portal de transparencia del PJE, están disponibles para su consulta las actas referentes a la convocatoria, las bases, la junta de aclaraciones y el respectivo fallo, pero no hay constancia de la celebración y firma del contrato. De igual forma, en el acta de fallo no hay especificaciones sobre los trabajos contratados. Según consta en el nombre de la licitación, el servicio fue la “confección de uniformes para el personal del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Esta-

do”, pero no se detalla ni la cantidad, volumen o tipo de prendas a elaborar. Empero, en la consulta de la convocatoria se pudo descubrir que la licitación constó de dos partidas, una para uniformes de dama y otra para la de los caballeros. En total, la suma de ambas partidas da como resultado tres mil 762 prendas de vestir, entre blusas, faldas, camisas y pantalones, lo que da un promedio de 370 pesos por prenda. Sumado al sobreprecio de la vestimenta, hay que recordar que si la licitación fue celebrada a finales de 2019, los uniformes debieron estrenarse en 2020, lo que representó un gasto innecesario y tirado a la basura, pues debido a las restricciones derivadas de

la pandemia por Covid-19, los trabajadores no se presentaron al recinto a laborar. Es decir, que dichos uniformes no fueron utilizados durante dicho año, aunque curiosamente, durante el 2020 sí lanzaron convocatorias para la adquisición de material de oficina, así como para la compra de tres automóviles de lujo. Como anteriormente documentamos, durante el primer año del Covid-19, Ricardo de Jesús Ávila Heredia derrochó más de 800 mil pesos en la adquisición de vehículos de lujo, para su servicio personal, los cuales también estuvieron estacionados por casi un año, debido a las medidas para cortar la cadena de

trasmisión de la pandemia. Acostumbrado al derroche de recursos, Ávila Heredia afirma que la dependencia carece de recursos para autorizar un aumento salarial a los trabajadores, y en todo momento los pisotea, para coartar sus derechos, pues como magistrado, constantemente viola las leyes y las utiliza para su conveniencia. Finalmente, recordemos que Ávila Heredia tiene un salario mensual de 155 mil 502.8 pesos, adicionalmente recibe 20 mil 787 pesos en vales de despensa y de gasolina, alimentos y telefonía, lo que suma un ingreso mensual de 176 mil 289.8 pesos, que supera en 64 mil 167.8 pesos a lo que percibe el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador.

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FAVORECE A EMPRESARIO IZAMAL

Fermín Sosa Lugo.

Redacción / Sol Yucatán Izamal.- El polémico ex alcalde de Izamal, Fermín Humberto Sosa Lugo, protagonizó un acto de corrupción al favorecer al contratista y ganadero, Erick Araujo Castro, con 2.5 millones de pesos para la construcción y repavimentación de calles, obra de precaria calidad efectuada en 2020. En este caso, el edil no requirió de exorcismos públicos para delinquir, pues de manera previa llegó a un acuerdo con el empresario, quien se comprometió con el reembolso de al menos el 10 por ciento del monto total del proyecto, A lo largo de su administración, diversas fueron las protestas en contra del munícipe, tanto de ejidatarios así como de colonos, por las arbitrariedades cometidas, y es que aún sigue en investigación la auditoría en contra del Ayuntamiento, para corroborar las anomalías que cometió. Araujo Castro es un contratista que ha prestado sus servicios de corrupción, al menos con el presidente municipal de Izamal, pero lo más sorprendente de todo, también en 2020 recibió un apoyo gubernamental. Es decir, apareció en la lista de “Beneficiarios del Programa de Mejoramiento Genético y Repoblamiento Ganadero, 2020”, de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). El “administrador único” vive en Mérida, carece de una oficina y fue contratado porque “tiene capacidad jurídica para contratar, reúne las condiciones técnicas y económicas y dis-

pone de la organización y elementos suficientes para obligarse a la ejecución de los trabajos relativos a la obra objeto de este contrato”. Al investigar se constató que no hay más vínculos con otros alcaldes y/o dependencias del gobierno del Estado. El 26 de octubre de 2020, ambos implicados suscribieron el contrato de obra pública con base a precios unitarios y tiempo determinado número MIY/ FAIS-05URB/2020, referente a la obra de construcción y repavimentación de diversas calles de la ciudad así como de Kimbilá, comisaría de Izamal. Por ende, el Ayuntamiento le asignó una partida por dos millones 499 mil 823.52 pesos, recurso que proviene del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. De tal manera, fue el ganador de la licitación pública efectuada días antes, aunque no se especificó fecha alguna, mucho menos el número de licitante, ni la propuesta del electo. El municipio otorgó un anticipo por el 30 por ciento del monto del contrato, que corresponde al importe de 749 mil 947.06 pesos para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos. Además, el plazo de ejecución del trabajo objeto fue de 60 días naturales,

*El polémico exalcalde de Izamal, Fermín Humberto Sosa Lugo dio millonario contrato a una empresa no constituida legalmente, por lo que el único documento que presentó para acreditarse fue su acta de nacimiento *Por si fuera poco, la única constancia de su existencia como prestador de servicios, además del documento que nos atañe, es su registro en el catálogo de proveedores del municipio de Tekax de 2019 *A lo largo de su administración, diversas fueron las protestas en contra del munícipe, tanto de ejidatarios así como de colonos, por las arbitrariedades cometidas, y aún sigue en investigación la auditoría en contra del Ayuntamiento

por lo que la obra inició el 27 de octubre, para terminar el 25 de diciembre. El contratista construyó 11 calles y repavimentó siete más, todas ellas de pésima calidad, pues actualmente tiene baches, están fuera de nivel, etc. Anteriormente, en agosto de 2020, Sosa Lugo derrochó cinco millones 654 mil 877.74 pesos en obras “fantasma”, ya que hasta el momento no hay evidencia o documentación que acredite la realización de dichos trabajos, en específico, la construcción y rehabilitación de las calles del “Pueblo Mágico”. De acuerdo con el contrato con número MIY/ FAIS-02URB/2020, el 3 de agosto se firmó el fallo de la licitación pública a favor del empresario Julio Alejandro Chan Peralta, con el objeto de “Construcción y rehabilitación de las calles en las localidades de Izamal, Citilcum, Kimbilá del municipio de Izamal, Yucatán”. A propósito del “contratista”, Julio Alejandro Chan Peraza, su nombre no figura en las bases de datos empresariales o de construcciones, tanto locales como nacionales. Además, no cuenta con una empresa constituida legalmente, por lo que el único documento que presentó para acreditarse, según consta en el acta, fue su acta de nacimiento. Por si fuera poco, la única constancia de su existencia como prestador de servicios, además del documento que nos atañe, es su registro en el catálogo de proveedores del municipio de Tekax de 2019. Por otro lado, su domicilio fiscal está registrado en el exclusivo frac-

cionamiento Gran Santa Fe, ubicado en Caucel, en Mérida. La residencial de élite es tan excluyente que no se permite la entrada a cualquier persona (incluso la entrada de taxis está restringida), por lo que resulta extraña la ubicación de una constructora en ese domicilio. Al empresario “ganador” le otorgaron 50 días naturales como plazo de ejecución de los trabajos, iniciando las obras un día después de firmarse el contrato, es decir, el 4 de agosto, para finalizar el 22 de septiembre de 2020. Si bien, hay registros del inicio de los trabajos gracias a un comunicado emitido a finales de agosto del año en cuestión, no hay constancia documental o fotográfica de la finalización y entrega de las obras, así como tampoco del cumplimiento de los objetivos planteados en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fismdf-Ramo 33). En dicho acto de corrupción, firmaron el exalcalde Fermín Humberto Sosa Lugo, la secretaria, Rita Elida del Rosario Kuk Cob, el tesorero municipal, Didier Sánchez Rodríguez, así como el “administrador único”, Julio Chan. Cabe mencionar que Sosa Lugo planeaba reelegirse en las elecciones del 2021, pero finalmente declinó por “motivos familiares”, motivo por el cual se designó al también priista Warnel May Escobar, quien resultó ganador y actualmente ejerce su segundo trienio como presidente municipal de Izamal

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EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

¡CHANTAJISTA!

Campeche, Campeche

Del 23 al 29 de mayo de 2022

Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General

Edición No. 58

$ 5.00

*El exgobernador Alejandro Moreno Cárdenas se hunde en nuevo audioescándalo, en el que se queja de aspirar a 300 millones de pesos, y solo obtenido “migajas” de 25 millones del dueño de Cinépolis, para financiar ilegalmente las campañas nacionales del PRI *Alejandro Ramírez Magaña, dueño de la cadena cinematográfica, después de viralizarse los audios, intenta deslindarse a través de un comunicado, del financiamiento de las campañas electorales prianistas en 2021, tanto para la gubernatura en Campeche, como para diversos cargos de elección popular en todo el país *El oligarca forma parte del Consejo Mexicano de Negocios y es socio de Claudio X. González en diversas organizaciones que han respaldado la alianza prianista de “Sí por México” y “Va por México”

BENEFICIA A ALLEGADOS

*Al proveedor Juan Gabriel Caamal Chab le entregó casi tres millones de pesos por trabajos de rehabilitación en el edificio administrativo del Centro de Estudios en Seguridad Pública *A la poblana Asistencia Técnica al Marmolero S.A. de C.V. le ha entregado 8 millones 626 mil 414.66 pesos producto de una adjudicación directa y una invitación restringida

¡CHANTAJISTA! solcampeche.mx

Campeche, Campeche. Del 23 al 29 de mayo de 2022

Redacción/ Sol Campeche

Campeche. – Se va armando el rompecabezas sobre los verdaderos negocios sucios del exgobernador campechano Alejandro Moreno Cárdenas, quien no solamente ha sido exhibido en las últimas semanas como un mapache electoral, sino también como un extorsionador de empresarios y un operador financiero de la oligarquía mexicana, al manejar cientos de millones de pesos provenientes de oscuros intereses. En el más reciente audio escándalo de “Alito” Moreno, ahora se le escucha reclamar porque durante las pasadas elecciones no obtuvo todos los millones que deseaba de uno de los hombres más ricos de México, se trata de Alejandro Ramírez Magaña, dueño de la cadena Cinépolis e integrante del Consejo Mexicano de Negocios (CMN). Ramírez Magaña es uno de los más férreos opositores del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ha sido uno de los principales financiadores del grupo opositor del PRIAN, agrupado en torno a “Sí por México” y la coalición partidista “Va por México”. Y aunque los audios son contundentes, trató de desligarse de los ilegales financiamiento de campañas del PRI. Junto con Claudio X. González, de Kimberly Clark,

Alejandro Ramírez se ha dedicado a violar la ley electoral y a incurrir en otros delitos al desviar dinero hacia las campañas priistas y panistas por todo el país, principalmente hacia las manos de Alejandro Moreno Cárdenas, esto debido a los jugosos negocios que tuvieron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y que perdieron con la llegada de la 4T. El ex mandatario campechano, “Alito” Moreno, ha sido reducido a un empleado más de estos multimillonarios, regateándoles sus millones de pesos para sus campañas y transformando a su partido en una careta para la defensa de los intereses económicos de un reducido grupo de potentados. LAMENTOS DE EXTORSIONADOR

EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

*El exgobernador Alejandro Moreno Cárdenas se hunde en nuevo audioescándalo, en el que se queja aspirar a 300 millones de pesos, y sólo obtenido “migajas” de 25 millones del dueño de Cinépolis, para financiar ilegalmente las campañas nacionales del PRI *Alejandro Ramírez Magaña, dueño de la cadena cinematográfica, después de viralizarse los audios, intenta deslindarse a través de un comunicado, del financiamiento de las campañas electorales prianistas en 2021, tanto para la gubernatura en Campeche, como para diversos cargos de elección popular en todo el país

Y es que, en el audio filtrado por el actual gobierno campechano, se escucha a *El oligarca forma parte del Consejo Mexicano de Nego“Alito” despotricar contra el dueño de Cinépolis porque cios y es socio de Claudio X. González en diversas organisólo le entregó 25 millones zaciones que han respaldado la alianza prianista de “Sí por de pesos, y no los 300 millo- México” y “Va por México” nes que esperaba del magnate Alejandro Ramírez. res para que entreguen gratis Al hablar con un interlomaterial propagandístico para cutor no esclarecido Moreno las pasadas campañas priistas. Cárdenas se queja: “Oye, a Cabe mencionar que, hasver. Te voy a poner un ejemta el momento, Moreno Cárplo, si tú fueras… ¿Sabes denas sólo es investigado por cuántas salas de cine tiene la Fiscalía General del Estado Cinépolis? Que lo dijo él (…) (FGE), pero por presuntos ¿Cuántas crees, Pepe? 6 mil. delitos de defraudación fiscal tiene en Asia, tiene en China, en la compra de terrenos; no obstante, cada día se amplía más la evidencia de otro tipo de hechos ilícitos, por podrían ser la asociación delictuosa, el lavado de dinero para campañas políticas, la malversación Alejandro Ramírez Magaña. de dinero público y diversos delitos electorales. tiene en África, tiene todo. Mientras tanto, estos auImagínate, güey”. dios escándalos pintan de En el audio de poco más cuerpo entero a “Alito” Mode un minuto, el dirigente reno, tal cual es, un títere de nacional del PRI puntualiza: los más oscuros intereses eco“Oye, y que te dé 25 millones nómicos, ya que el dueño de de pesos. O sea, lo valoramos. Cinépolis, Alejandro Ramírez, Eso dio, 25 millones de pesos. y su aliado Claudio X. GonzáÉl me dijo: ‘Hay 12 diputados lez, son identificados como los de Michoacán, que es mi es- operadores de un “golpe blantado, ¿cuánto quieres que les do” contra el presidente Andé? Queda un mes de cam- drés Manuel López Obrador, paña. ¿Uno o dos millones?’, quien les arrebató la influencia me dijo. Dos millones, son 24. y los negocios que tenían con Eso sí, los llamó a todos y se los gobiernos prianistas. los dio. El lunes de los dio. Eso hay que reconocerlo”, reMILLONES EN JUEGO vela el propio “Alito”. No conforme con esa Detrás del enojo de Alesuma el ex gobernador cam- jandro Moreno están los inpechano se queja: “Pero ese tereses de los hombres más hijo de su (grosería) es como ricos del país quienes pugpara que dé 300. No sé. A lo nan por retornar al control que voy, ellos tienen desarro- del presupuesto nacional, tan llo, es un rezago”, se lamenta sólo en el caso del dueño de Alejandro Moreno Cárdenas Cinépolis, durante el pasado “Tienen varios negocios, sexenio priista se estima que las plazas, tienen comida, tie- amasó contratos por casi 100 nen, entonces ¿sabes cuánto millones de pesos, motivo por vale? O sea, no estuvo mal. A el cual actualmente se ha conlo que yo voy es… ¿Sí me en- vertido en uno de los principatiendes? No, no, debió haber les financiadores de “Va por dado para todos”, finaliza un México”. enojado “Alito”. El pasado sexenio AlejanEsta transcripción corres- dro Ramírez Magaña fue el ponde al último audio que se presidente del Consejo Mexiha filtrado del ex mandatario cano de Negocios (CMN), campechano, a quien también además ha sido cofundador se le ha escuchado hablar de junto con Claudio X. Gonzápagos millonarios para aseso- lez de la asociación “Mexicares políticos extranjeros, así nos Primero”, que se dedicó a como extorsionar a proveedo- influir en la educación pública

del país, y al menos desde 2006 fue un acérrimo opositor de Andrés Manuel López Obrador. Por ello, Ramírez Magaña ha estado siempre cercano a los mandatos panistas y priistas, de 2012 a 2018 se estima que obtuvo del gobierno de Enrique Peña Nieto más de una treintena de contratos que sumaron más de 100 millones de pesos, esto a través de la empresa Comercializadora Publicitaria TIK, S.A. de C.V., la cual es filial de la cadena Cinépolis. Uno de los principales frentes mediante los cuales Alejandro Ramírez lucró con el dinero público fue mediante el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), con servicios de proyección de “cine minutos” y diversas campañas de apenas 60 segundos en las diferentes salas de cine del país, por los cuales cobró hasta 12.5 millones de pesos por cada contrato. En la Plataforma Nacional de Transparencia existe registro de al menos dos diferentes contratos firmados por el CPTM y la empresa de Alejandro Ramírez, uno en 2016 con el expediente 44/2016 y otro en 2018 con expediente 46/2018, ambos por 12 millones 500 mil pesos a favor de Comercializadora Publicitaria TIK, S.A. de C.V. El objetivo de ambas contrataciones fue la: “La Contratación de espacios publicitarios en complejos ci-

nematográficos de Cinépolis, para la implementación de las campañas institucional y cooperativas del CPTM en el mercado nacional”, los dos procedimientos fueron por asignación directa. Pero existe registro de al menos otros 30 contratos con esta misma empresa por parte del gobierno federal del ex presidente Peña Nieto. Entre las dependencias federales que adquirieron publicidad en los cines de Alejandro Ramírez Magaña se encuentra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Inegi entre otras que hoy en día aún mantienen negocios con la filial de Cinépolis, pese al choque entre el dueño de esta empresa de entretenimiento y el gobierno federal. Aunque la noche del miércoles 18 de mayo la empresa Cinépolis emitió un comunicado en el que se deslinda de cualquier relación con Alejandro Moreno Cárdenas, y afirman que no le entregaron 25 millones de pesos en las pasadas elecciones, las filias del dueño Alejandro Ramírez son de conocimiento público, así como sus inversiones en presuntas agrupaciones filantrópicas de corte derechista, en las cuales también está presente el artífice de la alianza PRIAN, Claudio X. González.

solcampeche.mx Campeche, Campeche. Del 23 al 29 de mayo de 2022 EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

Redacción/ Sol Campeche Campeche.- La extitular del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche (INIFEEC), Rossina Saravia Lugo, incurrió en el presunto desvío de recursos públicos para la remodelación de planteles en comunidades rurales mediante una proveedora que se encuentra bajo sospecha de ser prestanombres, al ser una trabajadora del Colegio de Bachilleres de Campeche (Cobacam) quien con un salario de apenas de 5 mil pesos mensuales, recibió contratos millonarios por parte de esta dependencia. Se trata de la supuesta proveedora de obra pública Wilma Vianey Calderón Delgado, quien de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) tiene una plaza en el Cobacam como “Encargada de Orden”, o prefecta, en el plantel de la localidad de Nunkiní, en el municipio de Calkiní. Resulta por demás llamativo que dicha persona cuente con un salario neto de 5 mil 422 pesos mensuales, pero sea una de las proveedoras más beneficiadas durante la gestión de Rossina Saravia Lugo en el INIFEEC, específicamente en su último tramo, ya que justo antes de entregar el cargo facilitó cinco contratos a Wilma Vianey Calderón, que sumaron en total 3 millones 824 mil 424.79 pesos, seis de estos fueron adjudicaciones directas y sólo uno mediante licitación. Además, las fechas de los procedimientos a favor de Calderón Delgado dan cuenta del evidente manejo irregular en la entrega de dinero público para la remodelación de escuelas, pues dos contratos fueron firmados un mismo día, otros dos en una misma fecha, y el restante un día antes del cambio de gobierno. Existen indicios de que éstas contrataciones fueron parte de una operación para desviar parte del presupuesto del INIFEEC antes de que concluyera el sexenio priista, lo cual fue orquestado por la ex titular al echar mano de un presunto prestanombres como Wilma Vianey Calderón Delgado. Cabe señalar que Rossina Saravia Lugo forma parte de un grupo político priista que por años ha lucrado con el sector educativo en Redacción/ Sol Campeche Campeche. – La secretaria de Obras del estado, Karla Gelisle Sánchez Sosa, no ha realizado ninguna infraestructura de trascendencia desde que inició su gestión a mediados del pasado mes de septiembre del 2021, en cambio sólo se ha dedicado a entregar lucrativos contratos a personas cercanas a ella, quienes acaparan los pocos trabajos en los que se han invertido recursos públicos. Desde la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas (SEDTUOP), en noviembre pasado la funcionaria liberó un contrato por casi 3 millones de pesos para favorecer a un allegado suyo y ex colaborador del Colegio de Arquitectos de Campeche A.C., donde Karla Sánchez era la presidenta hasta antes de ocupar el cargo. Con el expediente SEDUOPI-SSOP-ICM3-080-2021, el 23 de noviembre Sánchez Sosa entregó 2 millones 965 mil 378.54 pesos al proveedor Juan Gabriel Caamal Chab, para la “Rehabilitación del edificio administrativo del Centro de Estudios en Seguridad Pública de la ciudad de San Francisco de Campeche, municipio de campeche (rehabilitación). El plazo de ejecución era hasta el 22 de3 diciembre del año pasado, pero los documentos correspondientes a los avances físicos de la obra son inexistentes, hecho el cuál es beneficioso para ambas partes de este trato. Y es que, de acuerdo con su currículum, la hoy secretaria de obras se desempeñaba como presidenta del Colegio de Arquitectos de Campeche A.C. hasta el mes de septiembre del 2021, por lo que se ha dedicado a beneficiar a este grupo de constructores particularmente a los que más cercanos a ella han sido como es el caso del proveedor Juan Gabriel

“BLANQUEADOR” ECONÓMICO

la entidad, al ser sobrina de Cindy Saravia López, ex rectora de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) investigada por actos de corrupción por la promoción de plazas para académicos allegados a ella o que eran sus familiares directos; Rossina Saravia es a su vez sobrina política del cónyuge de la ex rectora, Ramón Méndez Lanz, ex presidente del Congreso del Estado durante dos legislaturas consecutivas de 2015 a 2021. El caso de las contrataciones sospechosas en el INIFEEC es reflejo de los malos manejos de recursos durante el pasado sexenio priista, que abarcaron todos los ámbitos de la administración estatal que encabezaron Alejandro Moreno Cárdenas y su sustituto Carlos Miguel Aysa González; uno de los principales mecanismos para desvío de dinero fue precisamente el sector educativo mediante las obras públicas. CONTRATOS EXPRÉS Tal como demuestran los contratos, Wilma Vianey Calderón Delgado recibió una serie de contrataciones seguidas una de otra durante los últimos meses de la administración de Rossina Saravia Lugo al frente del INIFEEC, con los cuales amasó más de 3.8 millones de pesos. Los movimientos irregulares iniciaron el 14 de mayo del 2021, justo cuando se encontraba en marcha el proceso electoral en el cual el

Rossina Saravia Lugo PRI campechano se jugó su subsistencia, curiosamente, ese mismo día la proveedora Calderón Delgado recibió dos contratos seguidos, ambos por adjudicación directa. El primero de estos procedimientos fue con el expediente INIFEEC-OP-FAM-018-2021, por un monto de 526 mil 25.86 pesos para la “Rehabilitación de espacios educativos en el Jardín de Niños Miguel Hidalgo, ubicado en la localidad de Profesor Graciano Sánchez, en el municipio de Champotón”, con plazo de ejecución de 60 días del 24 de mayo al 22 de junio. El mismo 14 de mayo también recibió 531 mil 702.84 con el expediente INIFEEC-OPFAM-019-2021, para la “Rehabilitación de espacios educativos, obra complementaria y obra exterior del Jardín de Niños Pablo García, en la localidad de San Pablo Pixtún, en el municipio de Champotón”, obra que

*Wilma Vianey Calderón Delgado, una humilde trabajadora del Cobacam con un salario de 5 mil 422 pesos mensuales, con cargo de prefecta, es presuntamente la promitente contratista a la que en todo Campeche le otorgaban obra pública *Recibió jugosos contratos en obra pública durante el año electoral de 2021, la mayoría sin licitación, varios entregados el mismo día, y todos otorgadas con la venia de la dependencia y la autoridad estatal, en los municipios cuyos alcaldes eran de extracción priista también tuvo el mismo plazo de ejecución de 60 días naturales del 24 de mayo al 22 de junio del año pasado. Pero eso no fue todo, el 16 de julio esta misma proveedora volvió a recibir doble contrato en un mismo día, e incluso por un monto mucho mayor ya que con el expediente INIFEEC-OP-FAMR-087-2021 le entregaron 823 mil 332.92 pesos, por la “Rehabilitación de edificio “A” y obra exterior en la Telesecundaria No. 107, ubicada en la localidad de Lagón Dulce, municipio de Palizada”, con un plazo de 60 días , del 19 de julio al 16 de septiembre. Asimismo, el expediente INI-

BENEFICIA A ALLEGADOS de ser un completo desconocido a recibir casi 3 millones de pesos, y se encamina para ser uno de los más apapachados de esta administración. IRREGULARIDADES

Karla Sánchez Sosa. Caamal. De acuerdo con el portal del Colegio de Arquitectos, Caamal Chab es agremiado de esta agrupación, pues aparece en el listado de directores responsables de obras acreditados por esta A.C. Hay que señalar que antes de esta obra, Juan Caamal no había figurado en los proyectos de obra pública del estado ni había recibido contrato alguno con ninguna otra institución, pero de la mano de la secretaria Karla Sánchez Sosa pasó

Desde que inició su gestión al frente de la Secretaría de Obras, Karla Sánchez sólo ha multiplicado las irregularidades, al entregar también contratos sin licitación de por medio, tal es el caso de la compañía Asistencia Técnica al Marmolero S.A. de C.V., otra de sus favorecidas, la cual recibió más de 6 millones de pesos para trabajos de la escuela de béisbol del estado y un segundo contrato por más de 2 millones de pesos. Tal como revela la información pública de la dependencia, Asistencia Técnica al Marmolero S.A. de C.V. ha desplazado a los constructores locales, ya que apenas en los primeros meses del gobierno estatal morenista dicha compañía sumó un total de 8 millones 626 mil 414.66 pesos producto

de una adjudicación directa y una invitación restringida. Lo más llamativo de todo, es que ambos contratos fueron entregados en el mes de diciembre para esta empresa foránea, que es originaria del estado de Puebla de acuerdo con el Registro Público del Comercio (RCP). Sánchez Sosa muestra beneficios hacia proveedores seleccionados por ella misma, entregando a esta empresa los expedientes IO904012996-E90-2021, contrato firmado el 1 de diciembre del año pasado por 2 millones 475 mil 664.43 pesos para la “Construcción de puente en la carretera Calkiní - Tankuche - Isla Arena, km 64+900; localidad: Isla Arena, municipio de Calkiní”, el cual fue por invitación restringida. Asimismo, por 6 millones150 mil 750.23, le entregaron por adjudicación directa el contrato AO904012996-E98-2021, para la “Implementación del bachillerato tecnológico de educación y promoción deportiva con especialidad en

FEEC-OP-FAMR-088-2021, por 522 mil 854.72 pesos, el cual no fue publicado en el portal de transparencia, incurriendo con ello en violaciones a las normas de acceso a la información pública. Estos cuatro procedimientos fueron firmados mediante adjudicación directa, por lo que existió un acuerdo previo entre la titular Rossina Saravia y la supuesta proveedora para bajar recursos millonarios para remodelación de planteles educativos. Además, se sumó un quinto contrato pero por invitación restringida, con el expediente INIFEEC-OP-PRFAM-029-2021, pero por 1 millón 420 mil 508.45 pesos, para la “rehabilitación de la Primaria José María Morelos y Pavón, en la localidad de Las Golondrinas, municipio de Candelaria”, el cual se firmó el 14 de septiembre del 2021, justo un día antes del cambio de gobierno, por

lo que también pudo constituir una fuga de dinero público de último momento, pactado entre Rossina Saravia y su presunta prestanombres Wilma Vianey Calderón Delgado. En total, fueron entregados 3 millones 824 mil 424.79 pesos a favor de esta presunta constructora, cuya dueña en realidad resulta ser una trabajadora del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche, con el puesto de “encargada de orden” en el plantel de Nunkiní. No obstante, su nombre también ha sido usado para la repartición de obra en diferentes municipios de la entidad, lo que sólo hace levantar más sospechas de que en realidad sea ella la verdadera contratista y al tiempo trabaje como prefecta de una preparatoria rural. USÓ EMPRESAS FANTASMA El nombre de Wilma Vianey Calderón resulta ser recurrente en la entrega de contratos para diversas obras públicas en el estado, principalmente durante el año pasado cuando hubo proceso electoral en la entidad, y curiosamente, todas las dependencias o municipios que recurrieron a sus servicios estaban vinculados con el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Entre los municipios que le entregaron contratos se encuentra Hopelchén, donde el 21 de julio del 2021 obtuvo 2 millones 323 mil 749 pesos con el expediente HAH-DOP-FISE-27/2021 para la rehabilitación de alumbrado público en la localidad de Bolonchén de Rejón. De igual manera en el municipio de Calkiní cobró 1 millón 163 mil 48.83 pesos con el contrato CLK-DOP-R23-IR-008/2021, para la “Ampliación de la red de energía eléctrica de la calle 13 colonia El Divino Niño de la localidad de Calkiní”, firmado el 13 de septiembre del año pasado. En el municipio de Carmen, el 18 de junio del 2021 firmó el contrato MCC-DOP-FISE-LIR-002-21 por 2 millones 802 mil 563.74 pesos, para la “Rehabilitación de alumbrado público las colonias Boquerón del Palmar y asentamiento colonia San Nicolás”. Leer reportaje completo en solcampeche.mx

*La secretaria de Obras, Karla Gelisle Sánchez Sosa, beneficia a allegados como es el caso de integrantes del Colegio de Arquitectos de Campeche, asociación de la cual era presidenta hasta antes de asumir su cargo *Al proveedor Juan Gabriel Caamal Chab le entregó casi tres millones de pesos por trabajos de rehabilitación en el edificio administrativo del Centro de Estudios en Seguridad Pública *A la poblana Asistencia Técnica al Marmolero S.A. de C.V. le ha entregado 8 millones 626 mil 414.66 pesos producto de una adjudicación directa y una invitación restringida béisbol en el estado de Campeche (obra exterior)”, con lo que se sumaron más millones al proyecto de Probeis para cumplir con el capricho presidencial del sexenio. Los contratos han sido adjudicados avalados la Subsecretaría de Control de Obras, a cargo de Freddy Noz Estrella; la Subdirección de Control de Obras de Comunicación, a cargo de Matilde Uribe Contaya; la Subdirección de Contrataciones, a cargo de Norvel de Jesús Chuc Góngora; y por el residente de obras, Jorge Orlando Martínez Baeza. Con ello, la gestión de Karla Sánchez entrega granes recursos a grupos de interés cercanos a ella, y se perfila como “madrina” de los particulares apapachados hasta el momento. Cabe mencionar que con el contrato entregado a Asistencia Técnica al Marmolero S.A. de C.V. para la escuela de béisbol, ya suman casi 100 millones de pesos a este proyecto inacabable. El último de estos procedimientos es para Asistencia Técnica, por 6.1 millones de pesos, pero anteriormente el nuevo gobierno morenista destinó 38 millones 476 mil 665.64 mediante dos contrataciones para

continuar con el fracasado proyecto de la Escuela Regional de Béisbol, ordenada por capricho presidencial para imponer el deporte favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador, esto mediante dos procedimientos de este nuevo gobierno. Uno de estos trabajos fueron entregados a la empresa Proyectos y Servicios Peninsulares S. de R.L. de C.V., por 37 millones 76 mil 425.73 pesos, por lo que la construcción debió iniciar el 22 de diciembre y tendrá una duración de 95 días naturales. Así como el expediente IO904012996-E92-2021 para Rafael Mejía Durán, por 1 millón 400 mil 239.91 pesos. Con ello, el gobierno del estado invertirá en total 38 millones 476 mil de pesos a una obra que debió haberse terminado el sexenio pasado. El sexenio anterior, la escuela regional de béisbol ya había consumido 54 millones 500 mil 997.91 pesos, que fueron entregados en tres etapas de construcción por 52 millones 620 mil 465.21 pesos, y adquisiciones de equipamiento por 1 millón 880 mil 532.70 pesos. Leer reportaje completo en solcampeche.mx

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EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO Del 23 al 29 de mayo de 2022

Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General

Edición No. 58

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“BLANQUEADOR” ECONÓMICO

*La extitular del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche (INIFEEC), Rossina Saravia Lugo, utilizó a una trabajadora del Colegio de Bachilleres para realizar una empresa fantasma y desviar millonarios recursos para campañas electorales *Wilma Vianey Calderón Delgado, una humilde trabajadora del Cobacam con un salario de 5 mil 422 pesos mensuales, con cargo de prefecta, es presuntamente la promitente contratista a la que en todo Campeche le otorgaban obra pública *Recibió jugosos contratos en obra pública durante el año electoral de 2021, la mayoría sin licitación, varios entregados el mismo día, y todos otorgadas con la venia de la dependencia y la autoridad estatal, en los municipios cuyos alcaldes eran de extracción priista NARCOTRÁFICO

DEA BUSCA ACABAR CON IMPUNIDAD DE CAPOS MEXICANOS Ricardo Ravelo/Sol Campeche

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CAMALEÓNICA ESTAFA Mérida, Yucatán. Del 23 al 29 de mayo de 2022 Pág. 11

EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

Redacción /Sol Yucatán

Mérida.- Para delinquir a como dé lugar, la titular de la Secretaría de Fomento Turístico, Michelle Fridman Hirsch, disfrazó a un artista como empresario para entregarle, en 2019, cerca de dos millones de pesos para la elaboración del Programa de Aldeas Mayas de Yucatán, el cual fue suspendido a consecuencia del Covid-19. La vice gobernadora, con tal de apoyar a sus familiares y amigos, hace hasta lo imposible para asignarles proyectos y convenios, y en esta ocasión recurrió a un prestanombres.

Sol Yucatán, pues a mediados de 2021 autorizó un polémico contrato a favor de una empresa de la Ciudad de México, a la cual le entregó cerca de nueve millones de pesos para la promoción turística de Yucatán, cuyos “beneficios”, hasta el momento son intangibles e imperceptibles. Fridman Hirsch se ha caracterizado por contratar a empresas que han sido denunciadas, por diversos celitos, sin embargo, en esta ocasión es la iniciativa privada Cerebro AD Media Sociedad Anónima de Capital Variable la que ha interpuesto querellas en contra de quienes no le pagado. El 3 de junio de 2021, el

El documento, de tan sólo dos hojas, fue firmado por el encargado de dicha compañía, con sede en la Ciudad de México, Víctor Jiménez Roucas, así como por cuatro funcionarios de la Sefotur, además de la representante de la Secretaría de la Contraloría General, Julissa Canché Sosa.

Fenómeno similar ocurrió el 4 de abril de 2018, cuando en la licitación pública con número SFT-L3-2018 se benefició a la empresa Media Más SA, a la cual se le asignó un monto por 14 millones 399 mil 997.07 pesos.

bado”, al mismo tiempo que no hubo observaciones. Por ende, “el licitante participante cumplió con el análisis cuantitativo y cualitativo de su propuesta técnica”, por lo que se siguió con el análisis económico. Incluso, la dependencia estatal el monto propuesto, dado que “los precios ofertados por el licitante son aceptables, ya que se encuentran dentro del marco presupuestal de la convocante”. La propuesta económica se dividió en dos partes, primeramente en la adquisición del servicio de planeación, implementación, ejecución, monitoreo y administración

También La supuesta licitación pública correspondió a la adquisición del servicio de planeación, implementación, ejecución, monitoreo y administración de medios para las campañas de promoción turística del Estado de Yucatán, el cual convocó el Fideicomiso, a través de la Sefotur. En el resultado del dictamen técnico se determinó que “Se revisó la documentación legal y técnica presentada por el licitante, resultando: apro-

de medios para las campañas de promoción turística del Estado. Mientras que segundo lugar está la adquisición del servicio de elaboración de diseño gráfico de imagen y material promocional para la Sefotur. El documento fue firmado por tres representantes de la Sefotur, así como de la Secretaría de la Contraloría General, y de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

MEDIA MÁS SA

Michelle Fridman Hirsch.

*Sefotur entregó a Luis Enrique García Pérez, un escritor y licenciado en artes escénicas de Hermosillo, cerca de dos millones de pesos para la elaboración del Programa de Aldeas Mayas de Yucatán, que fue suspendido a consecuencia del Covid-19 *En 2021 autorizó un polémico contrato a favor de una empresa de la Ciudad de México, a la que entregó cerca de nueve millones de pesos para la promoción turística de Yucatán, cuyos “beneficios” no se han visto * La vicegobernadora, con tal de apoyar a sus familiares y amigos, hace hasta lo imposible para asignarles proyectos y convenios, y en esta ocasión recurrió a un prestanombres Bajo el amparo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Sefotur omitió todos los datos y detalles de Luis Enrique García Pérez, quien es un escritor y licenciado en artes escénicas de Hermosillo, Sonora. Al prestador de servicios se le pagó un total de un millón 880 mil pesos, distribuido en cinco exhibiciones, durante el período que duró el contrato. Numerosas son las irregularidades que prevalecen en el documento en poder de Sol Yucatán, pues no hay una metodología, no hay un plazo determinado para la realización del servicio, etc. Por ende, es notable la violación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Yucatán. El contrato fue firmado por la corrupta funcionaria y el prestador de servicio, así como por el subsecretario de desarrollo turístico sustentable, Carlos Javier Ávila Pedraza, y el director de administración y finanzas, Hernán Castillo Rivas, ambos de la Sefotur. Diversas son las arbitrariedades cometidas por la polémica funcionaria, las cuales, en diversas las ha publicado

Fideicomiso para la Promoción y Fomento al Desarrollo Turístico y Económico del Estado de Yucatán presentó el fallo de la supuesta licitación pública con número Fiprotuy-L2-2021, en la cual se benefició a dicha compañía, por un por un monto de ocho millones 902 mil 471.97 pesos. El objeto de la licitación es la contratación del servicio de agencias de diseño e implementación de estrategias

integrales de comunicación y acciones de marketing para la promoción turística del Estado de Yucatán en el mercado nacional e internacional. El evento se efectuó en la Sala de Juntas de la Sefotur, evento que se efectuó de acuerdo con el Artículo 24 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Yucatán, el cual, fue flagrantemente violado. Al dar a conocer la pro-

puesta adjudicada se determinó que es una empresa solvente y que cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos, establecidos en la convocatoria, por lo que el dinero se le dio en una partida única. En la respectiva acta del fallo, cuya copia está en poder de Sol Yucatán, nunca se especificó las acciones a realizar y mucho menos se determinó el plazo de duración del contrato, así como el impacto que habría, entre otros elementos fundamentales.

solyucatan.mx Pág. 12 Mérida, Yucatán. Del 23 al 29 de mayo de 2022

GASTÓ SIN REGISTRO EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

*A mediados de 2021, la delegación del IMSS en Yucatán autorizó el desvío de 8.2 millones de pesos para finalizar la construcción de un “elefante blanco” en el Hospital General Regional No. 1, mejor conocido como T1

*La empresa ganadora contó con 150 días naturales para llevar a cabo los trabajos, pero como ya es común en estos casos, no hay registro documental y/o fotográfico de la finalización y entrega del proyecto *La delegación ha mantenido un círculo cerrado y cercano de proveedores que se han convertido en indispensables para “tapar” el despilfarro del presupuesto destinado para la atención de miles de derechohabientes que han sido olvidados Redacción /Sol Yucatán Mérida.- A mediados de 2021, la delegación del IMSS en Yucatán autorizó el desvío de 8.2 millones de pesos para finalizar la construcción de un módulo de educación en el Hospital General Regional No. 1, mejor conocido como T1. Sin embargo, dicho edificio ha resultado ser, en realidad, un “elefante blanco”. De acuerdo con el acta de fallo número LO050GYR086-E2-2021, celebrado el 28 de junio de 2021, el órgano de administración del IMSS en Yucatán le otorgó la escandalosa suma de ocho millones 227 mil 450.80 pesos a la empresa Bausa Construcciones, S.A. de C.V., por supuestos trabajos de obra pública. Según consta en el documento, la presunta obra consistió en “Trabajos de obra civil e instalaciones para la terminación del módulo de educación del HGR No. 1 en Mérida, Yucatán”. Asimismo, la empresa ganadora contó con 150 días naturales para llevar a cabo los trabajos, iniciando estos el 6 de julio de 2021 (un día después de la firma del contrato), para finalizar a más tardar el 2 de diciembre del mismo año. Pero como ya es común en estos casos, no hay registro documental y/o fotográfico de la finalización y entrega del proyecto. Ahora bien, el documento consultado se encuentra plagado de sospechosas omisiones y anomalías. La primera de ella es la ausencia de información sobre la iniciativa privada ganadora. En el acta no se nombra a su administrador o representante, dirección fiscal, fecha de constitución o los motivos de su elección. Incluso, despierta suspicacia que no esté disponible el documento de firma de contrato para su consulta en el Portal Nacional de Transparencia (PNT). Aunque de acuerdo con el portal Com-

pranet, se tiene constancia que dicho acto se llevó a cabo el 5 de julio de 2021. Ante la ausencia de este contrato, se procedió a buscar más información en el acta de la junta de aclaraciones, celebrada el 8 de junio de 2021, pero más que respuestas, solo se encontraron más anomalías, como que ninguna de las empresas participantes se presentó en dicho evento. Después del segundo intento infructuoso por encontrar datos sobre Bausa Construcciones, se consultó la respectiva acta de presentación y apertura de proposiciones, efectuada el 16 de junio de 2021, y en esta ocasión, ¡tampoco se presentaron los licitantes para el acto! Sin embargo, sí pudimos constatar cuántas empresas participaron en la licitación, pero a pesar de ser del tipo mixta nacional, además de estar de por medio 8.2 millones de pesos, solo dos compañías concursaron: Grupo Rovilo, S.A. de C.V., y la ya mencionada, Bausa Construcciones. Sobre Grupo Rovilo, cuya propuesta fue desechada sin mayores explicacio-

nes, encontramos que su domicilio fiscal se encuentra en la Ciudad de México y que es una de las empresas consentidas del IMSS a la hora de asignar trabajos de obra pública. Pero la opacidad en torno a Bausa Construcciones continuaba, por lo que se solicitaron otros contratos celebrados por el IMSS y dicha compañía en los años 2020 y 2021, pero todos los documentos compartieron la misma oscuridad en cuanto a datos de la iniciativa privada. A estas alturas era más que evidente que alguna razón de peso tuvo la de-

Miriam Victoria Sánchez Castro, delegada del IMSS pendencia para ocultar la información, y no fue hasta que se encontró la adjudicación directa número AO050GYR086-E21-2019, del 19 de noviembre de 2019, que por fin encontramos datos relevantes sobre la escurridiza empresa. La iniciativa privada Bausa Construcciones fue constituida como sociedad el 31 de marzo de 2003, y su domicilio fiscal se asienta en la calle Nogales de la ciudad de Puebla, Puebla. Asimismo, según consta en el documento, su representante es el arquitecto José de

Jesús Mendoza Bautista. Si uno consulta los principales directorios de construcciones, podrá encontrar que Bausa Construcciones es una de las empresas favoritas del IMSS. Incluso se podría decir que la dependencia es su único cliente, ya que entre 2016 y 2021 celebró con la empresa por lo menos 37 contratos por los cuales facturó más 53.2 millones de pesos. Hasta aquí todo bien, es normal que una dependencia o empresa cuente con proveedores de confianza. Sin embargo, la situación se torna turbia al descubrir que José de Jesús Mendoza Bautista es un exfuncionario del IMSS, por lo que además de incurrir en desvío de fondos, la dependencia también cayó en un conflicto de intereses. Por si no fuera suficiente, entre las funciones de Mendoza Bautista estuvieron el celebrar y autorizar contratos en concursos públicos. Tal es el caso de la licitación pública número IO-019GYR118-N3-2012, llevado a cabo el 24 de octubre de 2012 y presidido por

el arquitecto en cuestión. Incluso, en internet aún hay constancia de su correo institucional cuando trabajaba para el IMSS, como gerente de Conservación y Servicios Generales del Centro Vacacional Atlixco, Metepec: jose.mendozaba@imss.gob. Recapitulando, además del obvio conflicto de intereses y la opacidad detrás de toda la licitación, al final, los 8.2 millones de pesos fueron derrochados en un “elefante blanco”, ya que la construcción del Módulo de Educación en Salud y Residencia Médica, del HGR No. 1 inició el 7 de noviembre de 2016 y tuvo una inversión de 83 millones de pesos. Además, en junio de 2017, durante una gira de trabajo del entonces director de Administración del IMSS, Patricio Caso Prado, este supervisó el avance de los trabajos y afirmó que tenían un avance del 72% por lo que la construcción del módulo finalizaría ese mismo año. Asimismo, este proyecto fue parte de uno más grande, presentado con bombo y platillo como fruto de la administración de Enrique Peña Nieto y contó con una inversión inicial de 163 millones de pesos para construir, además del módulo de educación, dos unidades de medicina familiar. Sin embargo, hasta el momento de la redacción de esta nota, aún no hay constancia de la finalización y entrega de dicho módulo, por lo que se trató en realidad de otro derroche millonario en un “elefante blanco”. Para finalizar, toda esta simulación fue aprobada y signada por los funcionarios públicos Juan Manuel Navarrete Balam, jefe del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria; Abdón de Dios Navarrete Rosado, jefe de Oficina de Costos y Contratos; José Alberto Heredia Pacheco, jefe de Oficina de Control de Obra y Finiquitos; y Juan Carlos Escalante Bellew, representante de la Jefatura de Servicios Jurídicos. Como Sol Yucatán ha documentado en ocasiones anteriores, la delegación del IMSS en Yucatán ha mantenido un círculo cerrado y cercano de proveedores que se han convertido en indispensables para “tapar” el despilfarro del presupuesto destinado para la atención de miles de derechohabientes que han sido olvidados.

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MUNÍCIPE DESFALCÓ 19 MDP MOTUL

Redacción /Sol Yucatán

Motul.- En contubernio, el dos veces alcalde de Motul, Roger Rafael Aguilar Arroyo y el empresario Saulo Josué Dzib Durán, desviaron recursos en 2020 durante las obras realizadas para la rehabilitación de calles de asfalto, donde se invirtieron 1.5 millones de pesos. De acuerdo con el contrato número MMY-FISMLP-006-2020, celebrado el 14 de octubre de 2020, el ayuntamiento de Motul autorizó la entrega de un millón 582 mil 883.65 pesos a la empresa Construmaya Peninsular, S.A. de C.V., para supuestos trabajos de obra pública en el munici-

pio. La simulación en esta ocasión fue aprobada y signada por el polémico presidente municipal, Roger Rafael Aguilar Arroyo, así como por el secretario Reinaldo Luis Canul y Guerra; por la compañía ganadora, firmó su representante único, Saulo Josué Dzib Durán. Curiosamente, en el contrato no se señalan los motivos por los cuáles el ayuntamiento de Motul falló a favor del empresario Dzib Durán, así como tampoco detalla las razones por las que fueron desechadas las propuestas de las otras compañías concursantes, ni mucho menos cuáles fueron estas. Asimismo, según consta en el documento, la obra

Roger Rafael Aguilar Arroyo.

*La ASEY detectó un desfalco a la Hacienda Pública por 19 millones 263 mil pesos, pero el órgano auditor no impuso ninguna multa al Edil y se le permitió reelegirse para el trienio 2021-2024 *En contubernio, Roger Rafael Aguilar Arroyo y el empresario Saulo Josué Dzib Durán desviaron recursos en 2020 en las obras realizadas para la rehabilitación de calles de asfalto *En el contrato no se señalan porque se falló a favor del empresario Dzib Durán, tampoco detalla las razones por las que descalificaron a los otros concursantes consistió en la “Rehabilitación de Calles de Asfalto, ubicada en la calle C-43 X 24 Y 26, C-32 X 23 Y 25, C-24 X 13 Y 15 Motul, Yucatán” y la empresa contó con 50 días naturales para llevar a cabo los trabajos, iniciando el 16 de octubre de 2020 para finalizar a más tardar el 4 de diciembre del mismo año. Sin embargo, de acuerdo con la evaluación de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) correspondiente al año 2020, el munícipe no proporcionó reporte fotográfico georreferenciado de las obras concluidas (rehabilitación de calles de asfalto), ni el acta de entrega-recepción. Más aún, según la fiscalización de la ASEY, el ayuntamiento de Motul tampoco entregó la constancia de situación fiscal que acredite los datos de identificación, ubicación y actividad económica del proveedor para cumplir con lo solicitado, ni documentación que justifique la obligación de pago y destino final del gasto. De igual forma, el costo total del trabajo fue financiado con recursos

provenientes del Ramo 33, en su vertiente Fondo para la Infraestructura Social Municipal, recurso que de acuerdo con la normatividad fueron administrados y ejercidos por el gobierno municipal. Finalmente, este caso de desvío de fondos por parte de Aguilar Arroyo, no ha sido el único que ha sido documentado, ya que anteriormente desfalcó las arcas públicas para realizar supuestas obras en la escuela primaria “Nicolás Bravo”, donde se invirtieron 1.4 millones de pesos. Tan solo en 2020, la ASEY detectó un desfalco a la hacienda pública por 19 millones 263 mil pesos, pero el órgano auditor no impuso ninguna multa al edil. Incluso, se le permitió reelegirse para alcalde de Motul para el trienio 2021 – 2024. HISTORIAL Es importante recordar que Roger Rafael Aguilar Arroyo fue el presidente municipal más polémico del trienio 2018-2021, pues públicamente se enfrentó contra varios ediles, en es-

pecial, el alcalde de Telchac Pueblo, a quien acusó de tirar “material radiactivo” en Motul. De igual forma, el también empresario pretendió imponer un toque de queda en el municipio, en 2020, a consecuencia de la presencia del Covid-19 e intentó negar el acceso a personas que no vivieran en esta población. Incluso, fue encarcelado durante su campaña como candidato a la alcaldía por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En 2018, fue detenido y enviado al penal, acusado de los delitos de robo calificado cometido con violencia, daño en propiedad ajena y lesiones, por supuestamente agredir a uno de sus ex trabajadores al que atacó para quitarle el dinero de su liquidación.

Ya como presidente municipal, nuevamente fue denunciado penalmente, en esta ocasión, por la regidora Yaline Campos Pech, quien fue víctima de violencia política y de agresiones por parte del alcalde, quien la “bloqueó” y la ha agredido físicamente. El polémico caso llegó al Congreso del Estado, donde la afectada expuso que desde meses atrás solicitó información respecto a unas obras “irregulares”, sin embargo, los datos le son negados en reiteradas ocasiones. Incluso, por instrucción directa de Aguilar Arroyo, le prohibieron el acceso al Palacio Municipal, en especial al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, en donde le informaban de subsidios “dudosos”.

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“POZOS” MILLONARIOS TICUL

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Ticul.- Ticul, la perla del Sur, ha sido invadida por las prácticas corruptas de las últimas administraciones. Prueba de ello, fue la construcción de un pozo en 2019 por dos millones de pesos. La escandalosa obra fue autorizada durante el primer trienio del alcalde panista Gerardo Montalvo Mata. Esta desproporcionada licitación tuvo lugar el 23 de mayo de 2019, cuando el ayuntamiento de Ticul, representado por el alcalde, Gerardo Montalvo Mata, y la secretaria municipal, Ana Laura Soberanis Yerves, aprobó el pago de dos millones 81 mil 238.53 pesos al contratista Limbergh Gabriel Gamboa Burgos para la construcción de un pozo profundo de agua potable. De acuerdo con el contrato con número LP/FISMDF/TIC/2019/02, el objeto específico de la obra fue la “Construcción de pozo profundo de agua potable en la calle 47 x 24 A y 26, del fraccionamiento Viva I, ampliación de agua potable en calles varias del fraccionamiento Viva I, en la localidad y municipio de Ticul, Yucatán”. De esta manera, según consta en el acta, para la ejecución de los trabajos se concedieron 60 días naturales, con fecha de inicio el 24 de mayo (un día después de celebrarse el fallo), para finalizar a más tardar el 22 de julio del mismo año. Como ya es costumbre en estos casos, los recursos públicos provinieron del Ramo 33, un fondo federal destinado a la infraestructura social de los municipios, que se ha convertido en un verdadero botín de alcaldes, exalcaldes y funcionarios de todos los niveles. A pesar de tratarse de una licitación pública nacional, nada se dice en el documento sobre las otras empresas concursantes, ni los motivos por los cuales fueron rechazadas sus propuestas. No hay un cuadro comparativo, técnico o económico que permita identificar la proposición más adecuada. Lo anterior solo arroja más opacidad sobre los motivos por los que adjudicaron la licitación al contratista Limbergh Gabriel Gamboa Burgos. Sobre éste, es poca la información disponible, pero a partir de los datos proporcionados en el contrato es posible identificar algunas irregularidades en torno a su figura como prestador de servicios. Por ejemplo, Gamboa

Rafael Montalvo Mata. Burgos señala como dirección fiscal la calle 31, número 32, entre 30 y 32, colonia Centro, Becal, Calkiní, Campeche. Sin embargo, en una consulta realizada, se pudo constatar que dicha dirección no existe. De hecho, en esa calle, los números domiciliarios empiezan a partir del 200. Tales son los casos de un súper Willys y una tienda Six, con los números 202 y 206, respectivamente. Lo más grave es que a pesar que el domicilio no corresponde a sus supuestas instalaciones, el ayuntamiento de Ticul avaló y pagó puntualmente por sus servicios, pues el contrato incluye dos y hasta tres sellos y firmas, y el visto bueno de los funcionarios. A propósito de simulaciones, no debemos pasar por alto que el alcalde Gerardo Montalvo Mata se presenta a sí mismo como licenciado en Derecho; sin embargo, a través de una consulta en el Registro Nacional de Profesionistas, no se encontró constancia de su cédula profesional. Asimismo, llama la

No hay registro de la cédula profesional del “licenciado” Rafael Gerardo Montalvo Mata en el Registro Nacional de Profesionistas

*Ticul, la Perla del Sur, ha sido invadida por las prácticas corruptas de las últimas administraciones. Prueba de ello, fue la construcción de un pozo en 2019 por dos millones de pesos *La desproporcionada licitación fue autorizada durante el primer trienio del alcalde panista Gerardo Montalvo Mata *Los recursos públicos provinieron del Ramo 33, un fondo federal destinado a la infraestructura social de los municipios, que se ha convertido en un verdadero botín de alcaldes, exalcaldes y funcionarios de todos los niveles

atención que en otro contrato (CLK-DOP-BANOBRAS-FISM-IR-009/2020) efectuado en Calkiní, Campeche, el 4 de enero de 2021, el contratista participó como “administrador único” de la empresa Instalaciones y Construcciones Limbergh Gabriel Gamboa Burgos, por lo que podríamos estar ante una compañía “simuladora”. Con relación a los servicios prestados, si bien la obra tuvo como fecha de finalización el 22 de julio de 2019, el pozo fue inaugurado el 25 de noviembre del mismo año. En el evento estuvieron presentes el presidente municipal, Rafael Montalvo, así como la secretaria municipal, Ana Laura Soberanis Yerves. Acerca del millonario costo de construcción del pozo, es importante señalar que el rango de precios para construir estas obras en pleno 2022 radica entre 11 mil y 100 mil pesos, de acuerdo con varias plataformas consultadas para cotizaciones. Ahora bien, si la propuesta Gamboa Burgos de dos millones para la cons-

trucción de un pozo fue la más económicamente conveniente para el municipio, ¿cuál habrá sido el presupuesto de los concursantes rechazados? GASTOS SIN SOLVENTAR Lamentablemente, este no fue la única licitación anómala durante el ejercicio de la cuenta pública de 2019 del ayuntamiento de Ticul. Ya que de acuerdo con la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) en el segundo año de la administración de Rafael Montalvo se detectó un desfalco al erario por 12 millones 991 mil pesos. Un ejemplo es el contrato número IR3/FISMDF/ TIC/2019/03, con el objeto “Construcción de calle 24 x 45 y 49 en la localidad y municipio de Ticul, Yucatán” por 408 mil pesos, pagado con recursos del FISM-DF 2019. En este caso, el ayuntamiento de Ticul no proporcionó comprobante fiscal, comprobantes de pago, planos de construcción final donde se localicen las calles y demás documentación que justifique el destino final del gasto. Lo mismo ocurrió con el contrato número IR3/ FISMDF/TIC/2019/07, con objeto “Ampliación de electrificación en la calle 24 entre 45 y 47, calle 47 entre 24 y 26, Fraccionamiento Viva I en la localidad y municipio de Ticul, Yucatán”, obra por la que pagaron 691 mil pesos, provenientes de recursos del FISM-DF 2019. Finalmente, a pesar de estas observaciones de la ASEY, el órgano auditor no le impuso ninguna multa a la administración de Montalvo Mata. Incluso, al “licenciado” se le permitió repetir como alcalde en el municipio para el periodo 2021 – 2024.

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LE ROBAN AL PUEBLO Mérida, Yucatán. Del 23 al 29 de mayo de 2022 Pág. 15

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Redacción /Sol Yucatán

Mérida.- La emisión de actas de nacimiento, de matrimonio, de divorcio, de defunciones y de reconocimiento, principalmente, se convierte en un verdadero negocio para el gobierno del Estado, ya que cada documento le cuesta al Ejecutivo local cerca de tres pesos, pero al público en general le cobra hasta 100 pesos por cada uno. Para el colmo, y en detrimento del bolsillo de los yucatecos, las actas tienen una vigencia, por lo que cada determinado hay que renovarlos, es decir, comprar más documentos, los cuales, anualmente presentan un alza considerable. Tan sólo en 2019, pagó 3.3 millones de pesos para la adquisición de poco más de un millón de fojas, por lo que la venta de dicha documentación superó los 60 mi-

llones de pesos, dinero que nunca se explicó para que se utilizó. De tal manera, se registra en una verdadera “caja chica” del gobierno del Estado, aunque no es tan redituable como lo es la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) o el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos (Cultur). La mayor ganancia se registra entre enero y febrero, por el inicio del año y las preinscripciones, así como en agosto y septiembre, con el comienzo del ciclo lectivo. Incluso, de manera extraordinaria hubo una alta demanda de certificados de defunción, a consecuencia del Covid-19, cuya pandemia se hizo presente en el Estado a partir de marzo de 2020. Para solidificar el acto de corrupción, la dependencia prefiere contratar em-

Celia Rivas.

del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del gobernador de aquel entonces, Rolando Zapata Bello. Mientras que como directora del Registro Civil, a los integrantes de la mafia agraria-inmobiliaria les proporcionó los certificados de defunción de los ejidatarios fallecidos. Al mismo tiempo, toleró todas las irregularidades que cometía Consejería Jurídica, quien administraba todo el dinero que generaba el Registro Civil, con la venta de las actas. Tras su asignación, por parte de Vila Dosal, el 21 de enero de 2019, en su primer día de gestión se realizó una

de diversos organismos no gubernamentales. Ante la mala fama que carga, Rivas Rodríguez optó por evitar contacto con medios de comunicación, y más a su favor, ante la orden directa que recibió de evitar todo contacto con reporteros, fotógrafos y camarógrafos. Incluso, le benefició en gran medida las restricciones de Covid-19, para mantenerse alejados a los comunicadores, y ya en 2021 renunció a su cargo. El Registro Civil es una micro caja chica, la cual genera varios millones de pesos mensuales, en beneficio del gobernador, pues el dinero se usa para diversos fines,

protesta en el inmueble ubicado en la calle 65 entre 64 y 66 del Centro Histórico de Mérida, por entorpecer la pronta solución al polémico caso de Crecicuentas, cuando fungía como titular de la FGE. Los afectados pidieron la pronta destitución de la “chapulina”, quien brincó del PRI al PAN, ya que la consideran como la responsable del atraso en la solución del millonario fraude cometido. En las protestas participaron los afectados del delito, así como representantes

entre ellos, el personal. En agradecimiento por “brincar” al Partido Acción Nacional (PAN), hoy es regidora en el Ayuntamiento de Mérida, por lo que es cómplice de corrupción de Renán Barrera Concha, pues ahora es una de las levanta-manos para aprobar todas las acciones a favor de munícipe panista. Actualmente, Rivas Rodríguez es una de las regidoras poco participativas en las sesiones de cabildo, y lo peor de todo, mantiene su postura de hermetismo, en este tercer trienio del edil

*La emisión de actas de nacimiento, matrimonio, divorcio, defunciones y de reconocimiento se convierte en un verdadero negocio ya que cada documento le cuesta a la dependencia cerca de tres pesos, pero al público en general le cobra hasta 100 pesos por cada uno *Tan sólo en 2019, pagó 3.3 millones de pesos para la adquisición de poco más de un millón de fojas, por lo que la venta de dicha documentación superó los 60 millones de pesos, dinero que nunca se explicó para que se utilizó *Para el colmo, las actas tienen una vigencia, por lo que cada determinado tiempo hay que renovarlos, es decir, comprar más documentos, los cuales, anualmente presentan un alza considerable presas de otras entidades, y mientras más pequeñas sean mejor, pues de esta manera, el nombre la compañía, y mucho menos el del propietario no aparece en Internet, lo que impide tener datos de ambos. Ejemplo de esta arbitrariedad es la iniciativa privada Formas Inteligentes, Sociedad Anónima de Capital Variable, cuyo representante legal fue Alejandro Beltrán Pérez. El 14 de marzo de 2019, la directora de Administración y Finanzas de la Consejería Jurídica, Sandra Carolina Jiménez Tejada, suscribió el Contrato cerrado para el Servicio de Impresión de Formas Administrativas denominadas Formato Único para la Dirección del Registro Civil del Gobierno del Estado de Yucatán, con Beltrán Pérez. La empresa radica en Monterey, Nuevo León, por lo que no tiene representantes en la entidad. El Ejecutivo local le solicitó un millón 100 mil hojas del certificado único del folio 2493302, en adelante, y cada documento mide 21.6 por 28 centímetros. El precio unitario es de tres pesos, por lo que el costo total fue de tres millones 828 mil pesos, con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, dinero que fue paga-

do a los 30, días hábiles posteriores a la fecha de entrega de los bienes, producto del servicio contratado. Cabe destacar que se desconoce si las hojas fueron impresas en el Estado o fueron enviadas desde el Norte del país. Asimismo, en el contrato con número CJLP-001-19-001 tampoco se especifica el número de licitantes, y mucho menos las propuestas, además que son numerosas y diversas las inconsistencias, por lo que es notable la violación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Sector Público Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Yucatán, así como su reglamento en vigor. El prestador de servicios entregó la respectiva documentación, y en contrato tuvo una duración de 292 días, a partir del 14 de marzo, hasta el 31 de diciembre de 2019. Cabe mencionar las múltiples facetas de corrupción de Celia Rivas Rodríguez, pues en su carácter de Fiscal General del Estado, frenó denuncias penales en contra de saqueadores de tierras, como legisladora no resolvió ningunas de las controversias ni la problemática que imperó en el Estado, en tanto estaba bajo el cobijo

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DEA BUSCA ACABAR CON IMPUNIDAD DE CAPOS MEXICANOS

Ricardo Ravelo/ Sol Yucatán

Ciudad de México.- La Agencia Antidrogas Norteamericana (DEA) emprendió una nueva búsqueda de varios capos mexicanos que se mantienen impunes y siguen dominando el tráfico de drogas a gran escala en todo el territorio nacional. No solo se trata de poner en marcha nuevas estrategias de búsqueda sino que reforzó los montos de las recompensas que ofrece por los capos emblemáticos, entre ellos, Rafael Caro Quintero, Ismael “El Mayo” Zambada y los hijos de Joaquín Guzmán Loera, conocidos en el mundo del hampa como “Los Chapitos”. Los hijos de Guzmán Loera –sentenciado en Estados Unidos a cadena perpetua tras su extradición en 2019– son Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar; la DEA también tiene registrados a Ovidio y Joaquín Guzmán López. Además, también persigue a Ismael Zambada Sicairas (se le conoce como Mayito Flaco), Alfonso Limón Sánchez y Alfonso Arzate García, todos ellos miembros del Cártel de Sinaloa. Los carteles con las fotografías de estos personajes –“los más buscados por la DEA” –comenzaron a desplegarse en toda la frontera con el estado de Baja California, en lo que se conoce como el paso Interestatal 5 hacia Tijuana y la garita de San Ysidro, uno de los cruces con mayor tránsito entre ambos países. En la imagen donde aparece Rafael Caro Quintero, por ejemplo, la DEA ofrece una recompensa de hasta 20 millones de dólares para quien aporte información que permita su captura. Caro Quintero, como se sabe, fue liberado por un error en 2013, pero desde entonces se ha mantenido prófugo de la justicia, pues las autoridades aducen que ignoran su paradero. Además de delitos contra la salud, otros y también la muerte de Enrique Camarena, agente de la DEA que en 1984 fue torturado en Michoacán por Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”. Además, la DEA ofrece 15 millones de dólares por Ismael el “Mayo” Zambada, a quien se le considera el verdadero líder del Cártel de Sinaloa. Es uno de los capos más longevos del hampa nacional, pero a lo largo de varias décadas se ha

mantenido impune. Suele manejarse con bajo perfil, de ahí que se haya mantenido aislado y sin ser ubicado. Por la cabeza de los hijos de Joaquín Guzmán Loera la DEA ofrece 5 millones de dólares por cada uno de ellos . De acuerdo con la agencia antidrogas norteamericana, los llamados “Chapitos” encabezan un ala del Cártel de Sinaloa y siguen operando el tráfico de drogas a gran escala desde Sinaloa hacia Estados Unidos. Mantienen amplios contactos en Centro y Sudamérica, donde cuentan con varios proveedores que se encargan de hacer llegar la droga –cocaína y precursores químicos– a México, con los cuales elaboran drogas sintéticas, las de mayor demanda por el consumidor de Estados Unidos. CAPOS EN LA IMPUNIDAD Después de haber sido detenidos por tráfico de drogas, lavado de dinero y asesinatos múltiples, varios capos del narcotráfico presos en Estados Unidos y México –Rey Zambada García, Vicente Zambada Niebla, hermano e hijo de Ismael “Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa están de regreso a sus andadas, pues las autoridades norteamericanas decidieron liberarlos En el caso de Héctor Luis Palma Salazar, cofundador del Cártel de Sinaloa, quien fue detenido en 1995, un juez del estado de Jalisco ordenó la pronta liberación del capo, pues ya no tiene cuentas pendientes con la justicia. Tampoco en Estados Unidos cuenta con expedientes abiertos. El único cargo que tenía pendiente era por el homicidio de un policía de Nayarit, pero el delito no le fue acreditado como tampoco el de tráfico de drogas, del que lo acusó la extinta Procuraduría General de la República. Ante la falta de pruebas, se ordenó su liberación. Un juez de alzada lo había liberado, pero la Fiscalía General de la República le imputó nuevos cargos, por lo que se mantiene preso en el penal de La Palma. Palma Salazar salió del penal de La Palma, en el Estado de México, el lunes 3 de mayo, de 2021, pero afuera del penal ya lo esperaban cientos de elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, quienes lo detuvieron y lo llevaron a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido),

*Con nuevas estrategias de búsqueda, aumento de recompensas y un amplio despliegue de carteles a lo largo y ancho de la frontera con México, la agencia antidrogas norteamericana, DEA, busca poner fin a la impunidad que envuelve a varios capos mexicanos, por quienes ofrece sumas millonarias por información que permita su captura *Se trata de Rafael Caro Quintero, Ismael el "Mayo” Zambada y cuatro de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el “Chapo”, quienes responden a los nombres de Iván y José Alfredo Guzmán Salazar; Joaquín y Ovidio Guzmán López. Todos ellos son identificados como el clan de “Los Chapitos”, quienes controlan un ala importante del Cártel de Sinaloa, lo que les permite mantener de pie el tráfico de drogas a gran escala desde México hacia Estados Unidos *Por Caro Quintero la DEA ofrece 20 millones de dólares; por Zambada García, 15, y por cada uno de los hijos de Guzmán Loera la recompensa es de 5 millones de dólares. Todos estos personajes viven en México en completa impunidad, por lo que la DEA se propone acabar con la protección que los ha mantenido libres y activos en el negocio de las drogas

donde se empezaron a revisar sus antecedentes. La FGR procedió a llevar a cabo una exhaustiva búsqueda de antecedentes penales con el fin de retener al “Güero” Palma en prisión. De igual forma se solicitó al gobierno de Estados Unidos información para determinar si el capo aún tiene cuentas pendientes con la justicia de aquel país. En tanto se obtienen las respuestas pertinentes, Palma Salazar fue sometido a una medida de arraigo domiciliario. Se encuentra bajo custodia de la FGR. Las versiones sobre la probable liberación de Palma Salazar comenzaron a correr luego de que las autoridades de Estados Unidos lo repatriaron a México, en el año 2016, luego de compurgar una pena en ese país por delincuencia organizada. El narcotraficante salió del penal del Altiplano la madrugada del martes 4 de mayo, pero fue reaprendido, como ya se dijo; ese día, la FGR no había dado información sobre el motivo de la detención, aunque algunas versiones que circularon sostenían que la FGR estaba

tratando de corroborar la causa penal 6/2018-lX, la misma por la que el secretario de Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales de Jalisco, a cargo de Víctor Francisco Chávez Romero, ordenó la pronta liberación del capo sinaloense. Sin embargo, la resolución judicial no implicó que no fuera detenido nuevamente si existía otra orden de aprehensión en su contra por alguna causa penal distinta o si hubiera una nueva solicitud de extradición hacia Estados Unidos. Compadre de Joaquín Guzmán Loera, socio suyo en el Cártel de Sinaloa, la FGR no ha podido acreditar que Palma Salazar es una pieza importante en el tráfico de drogas. Según la FGR, este personaje no solo es narcotraficante del Cártel de Sinaloa cuando estaba en libertad sino que continuó con sus operaciones desde el interior del penal federal de Puente Grande, Jalisco, después de que fue detenido, el 24 de junio de 1995. El capo ahora está bajo arraigo y a la espera de que las autoridades encuentren nuevas

causas en su contra. De no hallarle ningún delito pendiente, Palma Salazar tendrá que ser liberado, pues ya no tiene cuentas pendientes con la justicia mexicana ni estadounidense. LOS ZAMBADA, LIBRES EN EU

Según reportes consultados tanto en México como en Estados Unidos, Vicente Zambada –el “Vicentillo”– y su tío Rey Zambada Niebla, habrían quedado en libertad en Estados Unidos luego de diez años de haber estado en prisión por tráfico de drogas. Se sabe que tanto Vicente Zambada como Jesús Zambada García, el “Rey”, no están bajo la custodia del Buró de Prisiones de Estados Unidos (BOP), pues se afirma que ya fueron liberados. Según las fuentes consultadas, tanto el hijo de el “Mayo” Zambada como el hermano del capo, Rey Zambada, quedaron fuera del control juridiccional del BOP, aunque no se sabe la fecha en que habrían sido liberados ni dónde se encuentran actualmente. Su probable liberación, de ser confirmada oficialmente, se la ganaron luego de que se acogieron al programa de testigos protegidos en Estados Unidos y declararon todo lo que sabían sobre el historial criminal de Joaquín el “Chapo” Guzmán, quien fue enjuiciado en ese país y condenado a una cadena perpetua. Ambos cabecillas –el “Vicentillo” y Jesús Zambada– fueron testigos importantes en el llamado “Juicio del Siglo” que enfrentó el “Chapo” Guzmán, quien fue socio de los primeros en el Cártel de Sinaloa. Pero ambos testigos hundieron al exjefe del Cártel de Sinaloa, quien escapó de la prisión de Puente Grande en 2001 y se volvió a fugar del penal de La Palma en 2014 a través de un túnel, según sostiene la versión oficial. Las versiones sobre la posible liberación de el “Vicentillo” y Jesús Zambada comenzaron a circular en marzo de este año cuando trascendió que ambos ya estaban libres; se dijo también que el “Vicentillo” habría quedado bajo resguardo domiciliario, pese a que su liberación oficialmente estaba programada para el año 2024. Otros capos también han recuperado su libertad: Es el caso de Mauricio Poveda, “El Conejo”. Jesús Zambada García fue

detenido en la Ciudad de México la madrugada del 18 de marzo de 2009 en una casa de la calle Lluvia, en la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón. Agentes vestidos con uniforme militar lo aprehendieron en ese sitio y lo pusieron a disposición de las autoridades federales; por su parte, Vicente Zambada Niebla, el “Vicentillo”, se entregó a la justicia y permaneció incomunicado y maniatado. La mañana del 19 de marzo de 2009 fue presentado ante las cámaras de televisión como un peligroso capo. Este fue uno de los golpes más fuertes que recibió el Cártel de Sinaloa. Luego de permanecer once meses arrestado y sin ningún expediente abierto en su contra, el “Vicentillo” fue extraditado y recluido en una cárcel de Chicago. Más tarde fue enviado a una prisión de máxima seguridad en Michigan. Se asegura que los primeros dos años los pasó en una celda donde no tenía contacto con otros reclusos. Estas condiciones casi de aislamiento causaron serios problemas psicológicos al hijo de el “Mayo” Zambada. Jesús Zambada, su tío, fue arrestado el 20 de octubre de 2008 en la ciudad de México. En ese tiempo Sinaloa se había enfrentado a los hermanos Beltrán Leyva, quienes después de ser socios del Cártel pasaron a convertirse en sus enemigos acérrimos. Jesús Zambada controlaba las operaciones de tráfico de drogas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México; mantenía controlados a funcionarios de la extinta Procuraduría General de la República mediante sobornos, así como a altos miembros de Interpol e incluso cooptó a funcionarios de la embajada de Estados Unidos. Uno de sus enlaces era Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos por brindar protección, como secretario de Seguridad Pública federal durante el gobierno de Felipe Calderón, al Cártel de Sinaloa. De acuerdo con la investigación conocida como “Operación Limpieza”, realizada por la PGR, el Cártel de Sinaloa les pagaba medio millón de dólares a funcionarios ministeriales adscritos a la Siedo para que les proporcionaran información sobre investigaciones en contra de miembros del Cártel de Sinaloa, operativos y extradiciones.

solyucatan.mx EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

Redacción/ Sol Yucatán

Mérida, Yucatán. Del 23 al 29 de mayo de 2022 Pág. 17

solyucatan.mx Pág. 18 Mérida, Yucatán. Del 23 al 29 de mayo de 2022

EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

ENTRE SEMANA Revoltoso, falaz y picapleitos

TERRITORIO SIN LEY *Desde Tamaulipas la violencia y el terror pasaron a Nuevo León, donde los criminales perpetraron varios asesinatos y, después, tocó el turno al municipio de Villa Unión, Coahuila

Ricardo Ravelo Galó

*El corredor petrolero de Acayucan-Minatitlán y Coatzacoalcos, es la región más violenta del país desde hace más de una década *En Coahuila, Los Zetas se afincaron durante el gobierno de los hermanos Humberto y Rubén Moreira, quienes se habrían ligado al narcotráfico

Hoy Escriben

Ciudad de México.- El Cártel del Noreste ha puesto de cabeza al estado de Tamaulipas: comandos armados de ese grupo criminal incendiaron vehículos, secuestraron y descuartizaron a varias personas, presuntamente rivales suyos, y causaron un verdadero estado de alarma en Nuevo Laredo –cuna del crimen– convertida en un territorio sin ley durante varios días. Luego, la violencia y el terror pasaron a Nuevo León, donde también perpetraron varios asesinatos y, después, tocó el turno al municipio de Villa Unión, Coahuila, un bastión que hasta hace no muchos años estaba bajo el dominio de Los Zetas, otrora brazo armado del Cártel del Golfo, uno de los cárteles más beligerantes del continente. En esta demarcación se enfrentaron agentes estatales y municipales con hombres armados del Cártel del Noreste: Entre las bajas de ambos bandos, se contabilizaron 24 muertos, una verdadera carnicería. Ninguna autoridad federal pudo frenar esta barbarie. LAS BATALLAS DEL CÁRTEL DEL NORESTE

El Cártel de Los Zetas –fundado por Arturo Guzmán Decenas y Heriberto Lazcano Lazcano en 1997 para convertirse en el brazo armado del Cártel del Golfo tuvo como principales bastiones los estados de Tamaulipas (su cuna), Nuevo León y Coahuila. Luego, sus tentáculos llegaron a Veracruz, particularmente la zona sur –el corredor petrolero de Acayucan-Minatitlán y Coatzacoalcos–, la región más violenta del país: Lleva más de una década sumida en el caos y no hay autoridad que pueda pacificar ese territorio donde priva el pavor. En Coahuila, Los Zetas se afincaron durante el gobierno de los hermanos Humberto y Rubén Moreira, quienes se habrían ligado al narcotráfico y, en particular, a ese Cártel y convirtieron el Estado en un bastión para la ejecución de todo tipo de delitos, desde narcotráfico, secuestros y extorsiones hasta tráfico de personas y lavado de dinero, por citar sólo algunos de los más socorridos. En esa época, el Cártel de Los Zetas era encabezado por Heriberto Lazcano Lazcano, conocido como “El Z-1” y/o “El Lazca”, un militar que desertó junto con varias decenas de soldados de élite que se pasaron al Cártel del Golfo. MISTERIO POR MUERTE DE “EL LAZCA” Antes de que Lazcano fuera presuntamente asesinado –eso sostiene la versión oficial– el Cártel de Los Zetas se dividió y una ala importante la encabezó Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40”, quien junto con su hermano –Omar– logró expandirse hacia el Valle de Texas, donde echaron a andar un jugoso negocio de lavado de dinero basado en la compra de caballos de carreras. En este negocio se involucró un empresario veracruzano, Francisco “Pancho” Colorado, contratista de Petróleos Mexicanos y amante de los caballos y de las carreras. Solía apostar con capos como “El Mayo” Zambada o Lazcano hasta un millón de dólares por una justa. Colorado también fue importante financiero de campañas de candidatos priistas y panistas en Veracruz y no escatimaba recurso alguno con tal de mantenerse envuelto en la impunidad. Cuando se vio cercado por la justicia estadounidense, se entregó a las autoridades. Lo acusaron de lavado de dinero. Murió en una cárcel de Texas, según la versión oficial, de un infarto al miocardio. Pese a estas bajas, Los Zetas continuaron en jauja: “El Z-40” –Miguel Ángel Treviño Morales– fue detenido en Nuevo León en 2012, posteriormente Omar –su hermano– también fue

capturado cuando las autoridades norteamericanas detectaron la amplia red de lavado de dinero y procedieron a su desmantelamiento. Después, durante un enfrentamiento entre marinos y narcotraficantes, presuntamente fue abatido Heriberto Lazcano, “El Lazca”, cuyo cuerpo cayó perforado por las balas en la zona carbonífera de Sabinas, Coahuila. Cuando velaban a “El Lazca”, un comando armado se robó el cuerpo y la Marina logró rescatarlo. Surgieron dudas respecto de la identidad de Lazcano. No había parecido entre el jefe de Los Zetas y el cuerpo sin vida. El gobierno de Felipe Calderón entonces ofreció acreditar la identidad con exámenes de ADN que se practicarían a familiares del jefe de Los Zetas, pero los resultados nunca fueron dados a conocer. Pero todo quedó envuelto en un misterio absoluto. ¿Realmente murió Heriberto Lazcano? Nadie lo sabe. Es probable que su muerte forme parte de los secretos del Ejército Mexicano que nunca se conocerán, tal y como ocurrió con Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”. CÁRTEL DEL NORESTE, SE RENUEVA Tras estos hechos, que terminaron con el liderazgo hegemónico de Los Zetas, surgió en Tamaulipas el Cártel del Noreste, temible y sañoso como lo fue el llamado brazo armado del Cártel del Golfo. Lo encabezó hasta el 19 de marzo último Juan Gerardo Treviño Chávez, sobrino de Miguel y Omar Treviño Morales. “El Huevo”, según su ficha, es un narcotraficante sanguinario que no tenía límites en matar con saña. Siguió la vieja escuela de sus tíos y practicaba la decapitación y el descuartizamiento de sus víctimas, modalidades de muerte que pusieron de moda tanto Los Zetas como los kaibiles, sus aliados, surgidos del ejército de Guatemala. El Cártel del Noreste es el tercer grupo criminal más sanguinario, después de Los Zetas y del Cártel Jalisco Nueva Generación, que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes, cuyo asiento está en la zona del occidente de la República Mexicana. El Cártel del Noreste no está en la lista de grupos terroristas que en su momento planeó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que el Congreso los clasificara como tales y, de esa forma, poder combatirlos con todos los recursos internacionales. El gobierno de México, hasta ahora, se niega a clasificar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, pues el gobierno no quiere que organismos internacionales armados desaten la violencia en el territorio nacional y se lleve a cabo un baño de sangre, aunque esto ocurra todos los días con las masacres que se efectúan en todo el país.

En 1951 se estrenó en México la película El Revoltoso. ¿Le suena el título? Es una comedia que encaja en los tiempos políticos que corren; el personaje principal lo interpretó magistralmente Tin Tan, hábil para meMoisés Sánchez Limón terse y meter en problemas a medio mundo... ACTO DE RETRACTACIÓN Se dice y se dice bien que en la depravación de la justicia por la cuál atraviesa la Fiscalía General de la República, existe un adverso que es la honorabilidad, el conocimiento, la dignidad y el amor por México que tienen contados Agentes del Ministerio Público de la Federación. Éste generoso impulso para la justicia y la institución, siempre ha sido característico en togas de decoAlberto Woolrich Ortiz. ro y pundonor, se ha despertado dado el... VOCES DEL PERIODISTA Joe Biden e hijo, y los biolaboratorios en Ucrania La captura en Mariúpol “Ucrania” del general canadiense Trevor Cadieu, por las fuerzas armadas de la Federación Rusa pone en evidencia el involucramiento directo de las fuerzas de la OTAN en Ucrania, y la complicidad de EstaMouris Salloum George dos Unidos desde sus más altas jerarquías del... TEMAS CENTRALES Nacidos para perder La participación de partidos efímeros no ha aportado nada a nuestra democracia y sí, en cambio, ha resultado una onerosa experiencia.

Miguel Tirado Rasso.

La incorporación de nuevos partidos políticos en el escenario político electoral de nuestro país, no ha servido para mejorar nuestro sistema... LOS CAPITALES Destaca México en producción de transportes y metálica básica.

México ocupa el primer lugar de competitividad en la manufactura de Equipo de Transporte y Metálica Básica, y se equipara con China en la producción de varios sectores manufactureros. De acuerdo con el Informe “Situación Regional Sectorial” de Edgar González Martínez. BBVA México, en 2022 los servicios de...

solyucatan.mx EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

Mérida, Yucatán. Del 23 al 29 de mayo de 2022 Pág. 19

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EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

Ciudad de Mérida, Yucatán

Del 23 al 29 de mayo de 2022

Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General

Edición No. 115

GASTÓ SIN REGISTRO

$ 5.00

IZAMAL

FAVORECE A EMPRESARIO

*El polémico ex alcalde de Izamal, Fermín Humberto Sosa Lugo dio millonario contrato a una empresa no constituida legalmente, por lo que el único documento que presentó para acreditarse fue su acta de nacimiento *Por si fuera poco, la única constancia de su existencia como prestador de servicios, además del documento que nos atañe, es su registro en el catálogo de proveedores del municipio de Tekax de 2019. PAG. 10 *A mediados de 2021, la delegación del IMSS en Yucatán autorizó el desvío de 8.2 millones de pesos para finalizar la construcción de un “elefante blanco” en el Hospital General Regional No. 1, mejor conocido como T1

TIZIMÍN

AUTORIZAN FRAUDES

“POZOS” MILLONARIOS

PETO

ALCALDE DESAPARECE 16 MDP

*Edgar Calderón Sosa, como buen mago se niega a entregar los respectivos documentos correspondientes a 2019 a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán

*Ticul, la perla del Sur, ha sido invadida por las prácticas corruptas de las últimas administraciones. Prueba de ello, fue la construcción de un pozo en 2019 por dos millones de pesos PAG. 14

* Tampoco hay documentación de depósitos de cuentas bancarias por 15 millones 895 mil, así como 26 millones 238 mil 400 pesos del FISM *Otro desfalco: no hay comprobantes del pago de 15 millones 69 mil pesos al Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán PAG. 6

*El empresario José de los Ángeles Salazar G. Cantón se embolsó un millón 250 mil pesos sólo por elaborar un proyecto de construcción *Lo más indignante es que el dinero provino del Ramo 33, un fondo, en teoría, destinado las comunidades más vulnerables *La empresa Constructora Progreso Yucateco carece de página oficial, no cuenta con redes sociales y tampoco figura en los principales directorios empresariales y de construcción PAG. 7

MUNÍCIPE DESFALCÓ 19 MDP PODER JUDICIAL SIN ESCRÚPULOS MOTUL

*El magistrado presidente, Ricardo de Jesús Ávila Heredia tiró a la basura más de 1.3 millones de pesos para la supuesta adquisición de uniformes que debieron estrenarse en 2020, pues debido al Covid-19, los trabajadores no se presentaron al Tribunal a laborar *Según consta en el documento, ninguna de las tres empresas licitantes estuvo presente en el evento, lo que de antemano despierta sospechas sobre la legitimidad del proceso *Grupo Integra Comunicación y Negocios, a pesar de haberse constituido en 2012, no figura en los principales directorios empresariales o de confección, carece de página web oficial y no cuenta con redes sociales que corroboren su existencia

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