Sol Yucatán | Edición n.º 116 | 30 de mayo de 2022 by Grupo Sol

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EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

¡TRAFICANTES DE TIERRAS!

Ciudad de Mérida, Yucatán

Notario público número 76, Raúl A. Pino Navarrete

Del 30 de mayo al 5 de junio de 2022

Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General

Notario público número 15, Alejandro José Monsreal Rodríguez

Edición No. 116

$ 5.00

Notario público número 45, Mauricio Alberto de Jesús Tappan y Repetto

*Son 17 notarios públicos y cuatro escribanos quienes están en la mira del Gobierno Federal por su presunta participación en la falsificación de firmas en favor de lavadores de dinero y pseudoempresarios para despojar de las tierras a los campesinos. *Empresarios se han coludido con excomisarios ejidales y presidentes municipales, así como con notarios y funcionarios de las diversas dependencias de los tres órdenes de gobierno *Los abogados que operan en Yucatán para empresarios blanqueadores son: Rafael Acosta Solís, Alejandro Escoffie, Armando Ceballos Chávez, Elidé Silveira Hau, PAGS. 3 y 4 Xail González Alpuche y Flor Mendoza

ALTERÓ NORMAS BARRIL SIN FONDO *Miguel Quintana Pali burló a las autoridades presentando un estudio a su favor, que le encargó a la asociación civil Biocenosis, donde oculta el desastre ecológico que causaría la obra del parque temático Xibalbá, en Valladolid

*El estudio de impacto ambiental que pagó el Grupo Xcaret a la empresa para favorecerlo es claro: Omitieron detalles de las obras a realizar, como el uso de dinamita para abrir túneles y entradas a los cenotes, cambio de uso del suelo, entre otros PAG. 10

*Sobreprecios, adjudicaciones a diferentes compañías por el mismo servicio en el mismo período de tiempo, ausencia de objeto en los contratos otorgados, son tan solo algunas de las irregularidades encontradas

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Mérida, Yucatán. Del 30 de mayo al 5 de junio de 2022

EDITORIAL

Redacción /Sol Yucatán

DICTADURA PERFECTA: ASALTO AL PODER JUDICIAL

Los yucatecos no han dimensionado el peligro que significa la reforma al Poder Judicial que propuso Mauricio Vila Dosal, para retirar en forma disfrazada a los actuales magistrados del Tribunal Superior de Justicia y nombrar a los 15 nuevos magistrados, todos al servicio del Poder Ejecutivo. La situación es alarmante, ya que para aspirar a ser un magistrado ahora es necesario ser un súbdito del Gobernador en turno, para proteger los intereses del titular del Ejecutivo. Lo peor de todo es que Vila Dosal se encargará de convertir el Poder Judicial del Estado en una dependencia más del Ejecutivo local, y con la reforma que presentó, tendrá su segundo circo de títeres y marionetas, pues el primero es el de los petronilos que integran la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, lo cual consiguió en 2021 con una elección de Estado y un millonario derroche para la compra de votos. Nadie se traga el cuento de que los proponen por su carrera jurídica. Vila Dosal los palomea; además en la terna presentada, ya se

*Mauricio Vila Dosal estableció una dictadura perfecta en Yucatán. Con el control del Poder Legislativo, Poder Judicial y el Poder Ejecutivo ya tiene el carro completo en sus manos *Lamentablemente, esta acumulación de poder en una sola persona es peligrosa, porque se acaba la democracia y la justicia, y solo habrá más impunidad y corrupción *Para aspirar a ser un magistrado ahora solo se necesita tener la venia del Gobernador en turno, aunque se carezca de carrera jurídica

dio el dedazo para que la mayoría panista en el Congreso del Estado solo levante la mano para ratificar al ungido. Los hechos son claros: Para el establecimiento del primer Tribunal Superior de Justicia del Estado con magistrados sin perfil jurídico sólido, el Gobernador designó a la terna de candidatos que sustituirá en el cargo a Jorge Rivero Evia, quien solicitó su retiro anticipado. Los aspirantes son Juan José Galicia López, Mario Alberto Castro Alcocer y Julio César Puga Ceballos, todos ellos son funcionarios del

gobierno del Estado, por lo que carecen de experiencia en las áreas competentes a un magistrado y sin haber participado en la impartición de justicia. Mientras que Galicia López se caracterizó por bloquear información a través de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado (FGE), durante la administración de Rolando Zapata Bello. En el caso de Puga Ceballos, este apenas duró tres semanas como director del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes (Ceama). Por otro lado, Castro Alcocer es considerado como un pan sin sal, así como un abogado sin ton ni son, pues hasta el momento, en nada ha destacado. Es decir, hablamos de personas carentes de perfil, cuyo cargo de maEL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO gistrado les quedará enorme, y por ende, provocará un grave rezago en Director General: materia de derecho e impartición de Pedro Daniel Rodríguez Hernández justicia. Ante esta embestida del Poder Subdirector General: José Enrique González Ortiz Legislativo y Ejecutivo, los magisCoordinación Editorial: José Arturo González Cámara / José Sánchez López trados del Tribunal Superior de JusCoordinador de Finanzas: Víctor Manuel Simá Kú ticia se mantienen callados porque están amenazados con su haber de CORRESPONSALES NACIONALES retiro, siendo esto una grave ofensa Veracruz: Sayda Chiñas Córdoba / Tijuana: Isaí Lara Tonathiu / Guerrero: Cuauhtémoc a la investidura y su carrera judicial. Albarrán / Chihuahua: Héctor Dáyer López / Tamaulipas: Oscar Pineda Tapia / Oaxaca: Muchos se preguntan por qué los Roberto Polo Hernández / Sinaloa: Jesús Herrera Guanajuato: Eduardo Estrada Téllez / Puebla: Ana de la Fuente Laudo / Michoacán: Marcos Hernández Palafox / Ciudad de México: magistrados no hacen algo al respecJosé G. Sánchez / Estado de México: Manuel Godínez / Cuernavaca: Alejandro Melgoza to, pero con las reformas propuestas por Vila Dosal al Poder del Estado, COLUMNISTAS estos se encuentran atados de pies y Rafael Loret de Mola / Ricardo Ravelo Galó / José Sánchez López / Francisco Medina / Mouris manos, ya que prefieren retirarse anSalloum George / Pablo Cabañas / Héctor Moctezuma de León / Edgar González Martínez / ticipadamente, pues como reza el diSergio Gómez Montero /Moisés Sánchez Limón / Sócrates Campus Lemus / Gregorio Ortega cho: “Más vale que digan aquí corrió Molina / Glen Rodrigo Magaña / Fernando Irala / Octavio Campos Ortiz / Alberto Woolrich / que aquí quedó”. Aletia Molina / Miguel Rocha Valencia / Miguel Tirado Rasso / Armando Rojas/ Roberto Fuentes En consecuencia, Vila Dosal Caricaturistas: Salvador del Toro “Chavo del Toro” / Armando Barrera Vera pretende manejar la asignación de Redacción: los magistrados desde su agenda perJefe de información: Josué Isaías Massa Tec sonal, con base al nepotismo, amiMonitoreo: Fernanda Torres Vidal, Ivana Xahil Osorio Azcorra, Mar Ortiz , Carlos García guismo y favoritismo, haciendo a un Urdapilleta lado la experiencia y el grado acadéTransparencia: Gerardo Briceño / Lesmy Aurelia González Velázquez mico de cada uno de los aspirantes. Reporteros: Didier Madera / Eyder Joel Núñez Euán Para empeorar las cosas, el tituDiseño gráfico y Diagramación: Daniel E. Tuz Solís / Edwin J. Hidalgo Sandoval lar del TSJE, Ricardo Ávila Heredia, Relaciones públicas: Paola Pacheco Orendain Ventas: Mario Cabrera Pech permanece callado ante la terrible Circulación: José Molina Gutiérrez situación, más preocupado por justificar los escandalosos derroches que hace en nombre del Poder Judicial que en proteger a los magistrados Dirección de las oficinas: Calle 31 por Calle 21, Nº 211, local B, Colonia México Oriente, C.P. 97125, Mérida, Yucatán. que velan por la justicia. ¿Por qué le Tel. Oficina: 999 285 9235 ó 999 291 6663. teme a Vila Dosal? ¿Qué le sabrá el Horarios de oficina: De Lunes a Viernes de 8:00 am. a 4:00 pm. y Sábados de 9:00 a 2:00 pm. Ejecutivo del Estado? Edición Semanal Es un hecho: El Poder Ejecutivo Circulación en el estado de Yucatán y los diputados panistas del CongreCertificado de licitud de título y contenido: En trámite Sol Yucatán pertenece a la casa editorial Grupo Sol so del Estado tomaron por asalto al Poder Judicial del Estado, violentanImpreso en Calle 60 No. 521 entre 65 y 67 Col. Centro C.P. 97000 Mérida, Yucatán do los derechos de los magistrados y www.solyucatan.com proponiendo candidatos a modo para Correos electrónicos: publicidad.solyucatan@gmail.com / gruposolqr@hotmail.com / laopiniondemexico@hotmail. proteger al gobernador Mauricio com / gruposolqr@hotmail.com Vila Dosal cuando deje la gubernatura por las múltiples denuncias que hay en su contra por casos de corrupCANCÚN ción, empresas fantasma, tráfico de SM. 20, M. 18 L. 31, Calle Venado Nº 26 Tel. Oficina: 998 60 4 74 79 y 998 60 4 74 80 influencia, despojo de tierras y contratos a compañías favoritas. CHETUMAL Los yucatecos aún no lo dimenDirección de las oficinas: Av. Álvaro Obregón Nº 500 esquina Av. Revolución, Fraccionamiento “La Herradura”, Chetumal, Quintana Roo. Tel. Oficina: 28-5-61-25 y 28 5-57-97 sionan, pero Vila Dosal estableció Horarios de oficina: De Lunes a Viernes de 8:00 am. a 4:00 pm. y Sábados de 9:00 a 2:00 pm. una dictadura perfecta en Yucatán. Edición Semanal Con el control del Poder Legislativo, Circulación en el estado de Quintana Roo Poder Judicial y el Poder Ejecutivo Certificado de licitud de título y contenido: En trámite ya tiene el carro completo en sus Sol Yucatán pertenece al Corporativo Grupo Sol manos. Impreso en Calle 60 No. 521 entre 65 y 67 Col. Centro C.P. 97000 Mérida, Yucatán Lamentablemente, esta acumuwww.solquintanaroo.com lación de poder en una sola persona Correos electrónicos: gruposolqr@hotmail.com es peligrosa, porque se acaba la democracia y la justicia, y solo habrá Presencia en CDMX Manuel alejandro Godínez López Te. 5550531909 más impunidad y corrupción.

DIRECTORIO

OFICINAS EN YUCATÁN

OFICINAS EN QUINTANA ROO

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OTRAS INQUISICIONES Por Pablo Cabañas Díaz

PRI: CRISIS Y DERRUMBE La política del siglo XX en México, fue marcada por la Revolución mexicana que creó un discurso, un Estado y un partido político . Las izquierdas quedaron al margen de la política real, sin espacio ni oportunidad de expresar sus demandas. En muchos casos encerradas en su ortodoxia se colocaron detrás del partido del Estado. Como lo advirtiera Pablo González Casanova, “debido a la ventaja del discurso oficial, la oposición solamente aportaba críticas, articulaba descontento y proporcionaba al gobierno los elementos necesarios para reformular las políticas públicas”. El resultado fue la marginalidad de las izquierdas. El discurso oficial, nacionalista y revolucionario abarcó a la misma oposición de las izquierdas y penetró a la sociedad, que “hablaba en el lenguaje oficial y participaba de las metas del propio Estado”. Por eso, el sociólogo Pablo González Casanova en la segunda mitad del siglo XX, concluía que el “destino de una parte importante de la oposición era el PRI”. En los años ochenta, hubo un cambio de rumbo, el PRI, se volvió una organización conservadora que promovía y facilitaba los cambios que el proyecto neoliberal requería para implantarse en nuestro país . En el PRI, e incluso en sus gobiernos, existieron corrientes más comprometidas con los programas sociales y otras que, buscaban la expansión de los negocios y las finanzas, y que incluso se preocupaban más por defender los intereses privados en la política. La tensión fue permanente, pero los resultados favorables del modelo económico atenuaron el conflicto. Pero la tensión entre la viabilidad económica y el compromiso social se rompió y llevó, en 1987, a la más profunda crisis al PRI y que a nuestro parecer no pudo resolver en los años subsecuentes . Lo ocurrido en 1987 con la Corriente Democrática marcó al modelo económico neoliberal, y marginó de 1987 al 2018 los compromisos sociales. Es importante señalar que esa crítica fue elaborada por la izquierda priista, no por la izquierda opositora. La élite tecnocrática que llegó con Miguel De la Madrid se propuso restaurar la fórmula de menos política y más economía, por lo que se quitó a su base social, a la que calificó de populista. Esa base social fue la que desde los años treinta le había dado la razón de ser y el apoyo político al proyecto de la Revolución mexicana. Los gobiernos neoliberales fueron derrumbando sus fundamentos políticos e ideológicos. El nacionalismo revolucionario siguió otros caminos, fuera del PRI. Carlos Salinas en su Primer Informe de Gobierno, criticó al Estado “grande”, encargado de tareas sin fin, que a su parecer se volvió ineficaz e incapaz de cumplir con “los reclamos sociales” de los mexicanos. La prioridad era la economía con criterios técnicos y racionales, las demandas de la sociedad pasaron a segundo plano. Lo social era secundario. Las explicaciones y el manejo económico desde De la Madrid a Enrique Peña Nieto exhibieron al PRI como un partido que producía gobiernos al servicio de los grandes intereses económicos. La sucesión presidencial de 1988 originó la crisis orgánica e ideológica del priismo y obligó, como nunca antes, a separar a las corrientes que se habían formado desde la Revolución mexicana. La izquierda perdió frente al control tecnocrático. En las elecciones de 1988, los votos que casi le dieron el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas partieron del voto duro priista. Votaron por el hijo del general Cárdenas porque representaba a la Revolución Mexicana. La fortaleza del nacionalismo revolucionario volvió de nuevo en la elección del 2018. Peña Nieto dejó al PRI sin candidato propio, sin proyecto ideológico, y lo más grave con acuerdos que estaban en contra de los intereses económicos y políticos de sus bases históricas. Con la pérdida de Hidalgo y Oaxaca el próximo 5 de junio, tendrá el PRI , 10 gubernaturas menos y solo le quedarían el estado de México y Coahuila con lo que será un referente político del siglo XX, que se fue extinguiendo desde 2018.

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milla Castro, la escribanía número 1 en Dzoncauich, de Evelio Castañeda Oy y la escribanía número 1 con sede en Motul a cargo de Brigido Celis Oll, estos últimos tres con un caso de escrituración de compra-venta. Las investigaciones periodísticas de Sol Yucatán han permitido detectar que los pseudoempresarios y abogados como Rafael Acosta Solís, Alejandro Escoffié, Armando Ceballos Chávez, Elidé Silveira Hau, Xail González Alpuche y Flor Mendoza, entre otros, han querido “despistar” a

Mérida.- Son 17 notarios públicos y cuatro escribanos quienes están en la mira del Gobierno Federal por su presunta relación en la falsificación de firmas en favor de lavadores de dinero y empresarios que han despojado de tierras agrícolas a los campesinos; incluso, uno de ellos, fue citado por el Tribunal Unitario Agrario número 34, (TUA). Ejidatarios de Celestún han declarado ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA), en contra de traficantes de tierras en el Estado y del notario público Raúl A. Pino Navarrete; e incluso, solicitaron pruebas periciales en materia de grafoscopía y dactiloscopia con la finalidad de que la autoridad se dé cuenta que sus firmas fueron falsificadas. Pino Navarrete, al igual que los otros 16 notarios y los escribanos, han sido denunciados ante el Tribunal Unitario Agrario por los mismos motivos de falsificación de firmas y alteración de las huellas dactilares, y son señalados por las víctimas como cómplices de los lavadores de dinero que se dedican a despojar

Notario público número 76, Raúl A. Pino Navarrete

Notario público número 15, Alejandro José Monsreal Rodríguez

de sus tierras a los campesinos, por lo que caerán cabezas, tal como sucedió en Michoacán, en donde sentenciaron a un notario por la misma situación. La magistrada Lilia Isabel Ochoa Muñoz, cuando fue titular del Tribunal Unitario Agrario número 34 con sede en esta ciudad, en entrevista exclusiva con Sol Yucatán, señaló que llamaría a declarar a los notarios y a su vez notificaría a la Secretaría de Gobernación, toda vez que estos fedatarios podrían perder su licencia para ejercer en esta profesión. La función de cada uno de los titulares de estos despachos es revisar el origen de los predios, si fue de particular o a través de Asamblea de Ejidatarios para poder prestar un servicio, toda vez que se debe cumplir con todas las formalidades de la Ley Agraria, y que no exista ningún impedimento de los campesinos de cualquier ejido. Desde el año 2015, los empresarios, traficantes de tierras o lavadores de dinero se han coludido con excomisarios ejidales y presidentes municipales, también lo han hecho con

notarios y funcionarios de las diversas dependencias federales, estatales y municipales, lo cual confirmó este medio de comunicación y por señalar a solo uno de los alcaldes está el caso de William Jesús Gorocica Falcón, de Yaxkukul. En poco más de 23 ejidos como Seyé, Ixil, Baca, Samahil, Texán y Anexas en Hunucmá, Umán, Valladolid, Izamal, Yaxkukul, Acanceh, Chapab, Motul, Muxupip, Celestún, Chemax, Chocholá, Conkal, Halachó, Hocabá, Maxcanú, Cholul, San Ignacio de Progreso, Tamanché de Mérida, San Matías Cosgaya, entre otros, les han robado más de 110 mil hectáreas. El notario público número 15 con residencia en Mérida, Alejandro José Monsreal Rodríguez, ha realizado 24 escrituras de compra-venta, todas del ejido de Seyé. Monsreal Rodríguez ignora el origen de los predios e incurre en una falta de profesionalismo y ética, por lo que le corresponde a la Secretaría de Gobernación llevar a cabo las indagatorias para tomar las medidas competentes. Otro notario que ha co-

Notaria pública número 33, María del Carmen Baltazar Arceo

Notario público número 45, Mauricio Alberto de Jesús Tappan y Repetto

metido la misma falta en Seyé, es la licenciada María del Carmen Baltazar Arceo, quien también está relacionada con el caso de San Matías Cosgaya. También en la lista negra se encuentra Mauricio Alberto de Jesús Tappan y Repetto, titular de la Notaria 45, quien ha realizado tres contratos con tierras de Seyé, le siguen otros notarios como Ayisa Golib Ferrón con cinco casos de escrituras de compra-venta, de la Notaría 35, las dos ubicadas en Mérida y Manuel Emilio García Ferrón, notario número 89, en Motul quien ha realizado tres escrituras de compra-venta. La Notaría 97, con sede en Tekax, a cargo de Carlos Tomás Goff Rodríguez, con cuatro escrituras de compra-venta; notario número 98 con residencia en Hunucmá, Juan Carlos Monforte Méndez con dos asuntos; notario público número 84 con sede en Mérida, Mario Javier Canto Gómez, con dos casos; notario número 5 de Mérida, José Eduardo Navarrete Herrera, con dos escrituras de compra-venta. Los siguientes, tienen solamente un caso de escrituración de compra-venta:

Notario número 2, Héctor José Victoria Maldonado; notaria número 22, Judith Josefina Zumárraga Meléndez; notario número 29, Brigido Sánchez Aguilar; notario 68, Hernán Cetina Lizárraga; notario número 80, Luis Fernando Rodríguez Chavarría; la notaría número 83 también a cargo de Roger Alfredo Méndez Lara; así como José Luis Villalobos Bustillos de la notaría número 57 todos con sede en Mérida; notario público 93 en Valladolid, Miguel Jesús Sarabia Pérez. También están involucrados los siguientes escribanos: La número 1 con sede en Ucú, a cargo

Notario público número 89, Manuel Emilio García Ferrón

de Alberth Yadir de Jesús Córdova López con dos casos de escrituración de compra-venta, sin embargo, en ambos asuntos está coludido el expresidente municipal Pedro Pablo Paredes Pereira, quien recibió como pago por haber firmado la anuencia varios terrenos al igual que su hijo Pedro Porfirio Paredes Carrillo. La escribanía número 1, ubicada en Cenotillo, a cargo de Jorge Alberto Ala-

Notaria pública número 35, Ayisa Golib Ferrón

las autoridades para no ser investigados por este tipo de delitos, contratando los servicios de los notarios públicos localizados en distintos puntos de la geografía yucateca, aunque esta Casa Editorial los ha podido encontrar fácilmente. Todos estos abogados trabajan en coordinación con Acosta Solís, bajo las órdenes de pseudoempresarios traficantes de tierras para la compra de terrenos ejidales a precios irrisorios. Como el caso de Mario Millet que estafó a campesinos de Samahil con la compra de dos mil hectáreas a cuatro pesos el metro cuadrado. Continúa...

Notario público número 97, Carlos Tomás Goff Rodríguez

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el cese de sus funciones y clausura de protocolo de su notaría. También se integran 15 quejas presentadas en la Dirección del Archivo General de Notarías del Gobierno de Estado, las cuales son relativas al modus operandi

Notario público número 98, Juan Carlos Monforte Méndez

del notario que consiste, presuntamente, en suplantar personas que se hacen pasar por el legítimo propietario y falsifican las firmas para efectuar las compra ventas, de lo cual se dan cuenta las víctimas cuando ya están inscritas las escrituras en el Registro Público de la Propiedad. Las quejas y denuncias no han sido resueltas a pesar de que son desde el 2015 hasta el 2020, causando un detrimento patrimonial muy cuantioso a las víctimas. Existen actos que verdaderamente transgreden la ley y buena fe que un notario público debe de tener, pues en la queja registrada bajo el número 17/2017 y en la carpeta número 1003201734014 iniciada en la Fiscalía Regional de

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Notario público número 93, Miguel Jesús Sarabia Pérez

Morelia, ha quedado establecido que cuando fue protocolizada la supuesta compraventa de dos inmuebles, el propietario fue asesinado y el notario público Gálvez Hernández a pesar de estar enterado de los hechos convalidó las supuestas compraventas sin la firma

del vendedor, mencionando únicamente que no había acudido, según obra en documentos oficiales en poder de este medio de comunicación. También este notario cobró impuestos al fallecido y se anexó a la escritura la identificación oficial del vendedor la cual le fue robada al finado según consta en la carpeta de investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Homicidios que, por cierto, no ha logrado esclarecer el caso registrado en la capital michoacana a pesar de que hay probables responsables, según revelan los documentos oficiales. Ante tales hechos constitutivos de delito, la Fiscalía ha tardado más de cinco años en hacer un dictamen, cuando el titular de la institución ha presumido con bombo y

Notario público número 83, Roger Alfredo Méndez Lara

Luego de que el Gobierno del Estado a través del Diario Oficial diera a conocer presuntos actos de corrupción del notario público número 6 con sede en la ciudad de Uruapan, David Gálvez Hernández, ordenó

platillo tecnología de punta, lo que revela claramente que la justicia pronta y expedita es solo una falacia, y la pregunta que se hacen las víctimas es: ¿Cuándo la Fiscalía va a resolver todos estos hechos constitutivos de delito que están a punto de prescribir por la falta de atención? Asimismo, este notario ya había sido suspendido un año por actos similares donde se le comprobó que estaba inmiscuido en actos de suplantación de personas y falsificación de firmas. En aquella ocasión le clausuraron su notaría el 12 de diciembre de 2012.

Notario público número 29, Brigido Sánchez Aguilar

Notaria pública número 22, Judith Josefina Zumarraga Meléndez

El Gobierno Federal ya tiene conocimiento de quiénes son los fedatarios públicos que se han prestado para falsificar firmas y documentos en favor de los despojadores de tierras e investigará todos los casos. EN MICHOACÁN, EMPEZARON A CAER NOTARIOS

Notario público número 2, Héctor José Victoria Maldonado

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LLUVIAS, EXCUSA PARA SAQUEAR PROGRESO

*Con un goteo continuo, el alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, saquea las arcas del municipio bajo el pretexto de supuestas obras públicas *Un ejemplo es el derroche de 1.4 millones de pesos por medio de una empresa de dudosa legitimidad, para la construcción de pozos fluviales en octubre de 2020 *Curiosamente, Tygar México se encontraba construyendo el megaparque “Paseo de Henequenes”, en Mérida, durante el mismo periodo del contrato para la construcción de los pozos fluviales

Julián Zacarías Curi.

Redacción /Sol Yucatán Progreso.- Con un goteo continuo, el alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, saquea las arcas del municipio bajo el pretexto de supuestas obras públicas. Ejemplo de esto, es el derroche de 1.4 millones de pesos por medio de una empresa de dudosa legitimidad, para la construcción de pozos fluviales en octubre de 2020. Bajo la excusa de las intensas lluvias y la inundación de algunas colonias que provocaron los fenóme-

nos meteorológicos “Gamma”, y “Delta”, el polémico edil aprobó el pago de un millón 438 mil 614.25 pesos a la empresa Tygar México, S.A. de C.V., para la presunta construcción de pozos fluviales en el municipio. Según consta en el acta de fallo, celebrado el 7 de octubre de 2020, el objeto del contrato fue la “construcción de pozos pluviales en el municipio de Progreso y sus comisarías”, sin embargo no se especifican los detalles de las obras a realizar ni los domicilios donde se llevaron a cabo.

De igual forma, tampoco se detallan los motivos por los cuales la empresa Tygar México resultó ganadora de la licitación pública número MPY-LP-20-2020, representada por su administrador único, Iván Medina Gallegos. Por otro lado, en el documento tampoco se menciona cuáles fueron las otras compañías concursantes ni hay un cuadro comparativo con las propuestas que presentaron, aunque sí indica que la millonaria inversión provino del FISM-DF (Ramo 33). Acerca de la constructora ganadora, Tygar México, existen mínimos rastros sobre ella en internet. A pesar de constituirse en 2009 y celebrar millonarios contratos con diferentes dependencias del gobierno desde entonces, carece de página web oficial y tampoco tiene redes sociales.

Incluso, de acuerdo con la lista de proveedores del ayuntamiento de Progreso, el correo institucional de la empresa es tygarmexico@ hotmail.com, lo que despierta sospechas sobre la formalidad de dicha constructora. De igual forma, tampoco se halló demasiada información sobre su administrador único, Iván Medina Gallegos. Finalmente, el desfalco fue aprobado y signado por el alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi; el secretario municipal, José Alfredo Salazar Rojo; el director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Luis Alberto Castro Naal; y el subdirector de Obras Públicas, Omar David Ramos Povedano. Como dato curioso, los trabajos a realizar contaron con 70 días naturales e iniciaron el 8 de octubre de 2020, para finalizar a más

tardar el 16 de diciembre del mismo año. Lo contradictorio, es que para esas mismas fechas, Tygar México celebraba en la ciudad de Mérida otro millonario contrato con el Gobierno del Estado. De acuerdo con el acta de entrega-recepción del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán (Inccopy), Tygar México ganó la licitación para los trabajos del megaparque “Paseo de Henequenes”, cuyos trabajos iniciaron el 7 de octubre de 2020, el mismo día que ganó el contrato de los pozos pluviales en Progreso y un día antes de iniciar estas obras. Tan solo por el contrato del megaparque, Tygar México se embolsó la nada desdeñable cantidad de 27 millones 714 mil 711.97 pesos. Por lo que en total, la afortunada empresa ganó 29 millones 153 mil 326.22 millones de pesos.

Como comentario al margen, en ambos proyectos surgieron quejas por parte de los vecinos debido a la calidad de los trabajos realizados. En el caso del megaparque, los manifestantes denunciaron que la constructora destruyó uno de los pulmones verdes de la ciudad para terminar construyendo un megaestacionamiento. Mientras que en el caso de los pozos pluviales, para el año siguiente, los vecinos ya solicitaban que sean reparados. Incluso, debido a estos reportes ciudadanos, se tuvieron que llevar a cabo trabajos de mantenimiento en los primeros meses de 2022. Como se puede apreciar, la calidad de los trabajos queda supeditado a la voracidad de funcionarios y empresarios coludidos, cuyo principal interés es desviar el dinero destinado a las obras públicas hacia sus propios bolsillos.

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OBRAS “FANTASMA” PETO

Carlos Francisco Viñas Heredia.

*Los municipios de Yucatán se han convertido en un auténtico botín para el director del IVEY, Carlos Francisco Viñas Heredia, quien autorizó el desfalco de más de 10 millones de pesos para supuestos trabajos de obra pública en Peto

Redacción /Sol Yucatán Peto.- Los municipios del Estado se han convertido en un auténtico botín para el director del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), Carlos Francisco Viñas Heredia, quien en diciembre de 2019, autorizó el desfalco de más de 10 millones de pesos para supuestos trabajos de obra pública en Peto. Como Sol Yucatán ha documentado, gracias al Programa de Vivienda Social 2019, los municipios del interior de Yucatán se volvieron el negocio ideal para los corruptos funcionarios del IVEY. Prueba de ello es el contrato número IO-931034978-E180-2019, por medio del cual desviaron 10 millones 92 mil pesos 631.32 pesos, con ayuda de la presunta empresa Comercializadora y Suministros de Yucatán, S.A. de C.V. De acuerdo con el acta de fallo, celebrado el 13 de diciembre de 2019, la dependencia privilegió a la iniciativa privada ganadora con la obra “Construcción de 167 acciones de vivienda en el municipio de Peto, estado de Yucatán”. Asimismo, la presunta compañía contó con 15 días naturales para llevar a cabo los trabajos, específicamente, del 17 al 31 de diciembre de 2019. Por donde se vea, todo lo anterior es un sinsentido: 15 días para construir 167

acciones de vivienda es una labor titánica, por no decir imposible. Por otro lado, y haciendo cuentas, cada obra tuvo un costo promedio de 60 mil 434.91 pesos. Asimismo, en el documento no se especifica si se tratan de cuartos-dormitorios, cocinas, baños o pisos firmes, ya que llamarle “casas” a esas construcciones sería una burla para los hipotéticos destinatarios del programa. Por lo mismo, llama la atención que en la junta de aclaraciones, llevada a cabo el 5 de diciembre de 2019, ninguna de las tres empresas concursantes asistió. Esta irregularidad es muy grave ya que en dicho evento es donde los participantes reciben la información detallada de los trabajos por los cuales compiten y se analiza si cumplen con los requisitos para llevarlos a efecto. Por consiguiente, todo el proceso de licitación estuvo viciado desde su inicio. Además que las tres compañías concursantes (Comercializadora y Suministros de Yucatán, S.A. de C.V., Proyectos, Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de C.V., y Ansera, S.A. de C.V.), a pesar de cumplir con todas las características de empresas factureras, fueron privilegiadas con otros contratos del mismo programa. Por ejemplo, en el caso de Ansera, la presunta constructora también resultó beneficiada por el

*En el documento no se especifica si se tratan de cuartos-dormitorios, cocinas, baños o pisos firmes, ya que llamarle “casas” a esas construcciones sería una burla para los hipotéticos destinatarios del programa *En ninguno de los documentos consultados aparece información sobre la empresa ganadora, Comercializadora y Suministros de Yucatán, como es el caso del nombre de su administrador

“Acciones vivienda” de 60 mil 434.91 pesos

Programa de Vivienda Social 2019, ya que 15 días, el 28 de noviembre de 2019, ganó la licitación número IO-931034978-E141-2019 para la construcción de 141 acciones vivienda en el municipio de Hunucmá. Por esta presunta obra la constructora desfalcó al erario por siete millones 809 mil 438.92 pesos. Es decir, que para desviar fondos públicos, hubo para todos en el Programa de Vivienda Social 2019. Regresando al contrato que nos atañe, es importante señalar que hubo irregularidades en cada etapa del proceso, ya que desde el evento de presentación y apertura de proposiciones se pudo apreciar que se trataba de una farsa, ante la ausencia de los representantes de la Secretaría de la Contraloría General del Estado y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. De igual forma, en ninguno de los documentos consultados aparece información sobre la empresa ganadora, como es el caso del nombre de su administrador. El único registro de una persona física vinculada a la supuesta iniciativa privada se encuentra en el acta de fallo de la licitación pública número LO931045999-E9-2017, por la Japay, donde Lizbeth Ek firmó como representante de Comercializadora y Suministros de Yucatán. Por si no fuera suficiente, ya existía un contrato

previo para realizar la supuesta construcción de acciones vivienda en Peto. Nos referimos al contrato LO-931034978-E74-2019, celebrado el 27 de septiembre de 2019, donde el IVEY benefició al hijo del ex subdelegado de la Sedesol, Luis Enrique Duarte Niquete Alejandro Abraham Duarte Ordaz con la jugosa cantidad de 11 millones 532 mil 608.63 pesos. Según consta en dicho documento, el objeto de la obra fue también la “Construcción de 234 acciones de vivienda en el municipio de Peto, estado de Yucatán” y los trabajos tuvieron una duración de 90 días naturales, iniciando el 1 de octubre de 2019, para finalizar el 30 de diciembre del mismo año. Sin embargo, no existe documentación fotográfica o evidencia de la finalización y entrega de ambas obras. Asimismo, en ninguno de los dos documentos se detallan o desglosan en qué consistieron los trabajos, y mucho menos se especifican los lugares donde se llevaron a cabo. Finalmente, como ya es el modus operandi de Carlos Francisco Viñas Heredia, el funcionario se abstuvo de firmar el documento y en su lugar mando a uno de sus secuaces, José de la Cruz Pech Bacelis, jefe de Normatividad y Obra Pública, quien resultó embarrado con esta simulación, al aprobar y signar el contrato.

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EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

GOZA DE IMPUNIDAD VALLADOLID

Enrique Ayora Sosa.

Redacción /Sol Yucatán Valladolid.- En el segundo mes de su administración, el exalcalde de Valladolid, Enrique Ayora Sosa, autorizó una obra fantasma de rehabilitación del sistema de agua potable, para lo cual pagó 3.9 millones de pesos a la empresa Ingeniería Hidráulica del Caribe, Sociedad Anónima de Capital Variable. El concejal aprovechó la experiencia que tuvo como director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas durante el trienio de Alpha Tavera Escalante para conocer las compañías acostumbradas a delinquir con contratos a modo, por lo que en su administración fueron diversas las arbitrariedades que protagonizó. Pese a las anomalías, no hay denuncia penal interpuesta en su contra, aunque aún no se da a conocer los resultados de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY). El 1 de septiembre de 2018 tomó posesión como presidente, y en las primeras semanas empezó a signar convenios para obras y servicios, tal como ocurrió el 23 de octubre. Por ende, ese día con el representante legal de dicha compañía, Jorge Carlos Castillo Borges firmó el contrato de obra pública con base en precios unitarios y tiempo determinado, con número FISM-R33102-041-2018-LP, relativo a “Rehabilitación del sistema de agua potable de la localidad y municipio de Valladolid”. Para ello, se le asignó un techo financiero por tres millones 872 mil 442.29 pesos, recurso proveniente del Ramo 33 y del Fondo

de Infraestructura Social Municipal 2018. A dicha compañía, instalada en la colonia Xoclán Rejas, en Mérida, la comuna le otorgó un anticipo del 30 por ciento del monto del contrato, que corresponde al importe de un millón 161 mil 732.69 pesos, para que el contratista realizara en el sitio de los trabajos la construcción de bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos. El plazo de ejecución de los trabajos objeto del contrato fue de 60 días naturales, por lo que la obra objeto inició el 24 de octubre, para concluir el 27 de diciembre de 2018. En el documento no se especificó el número de licitantes que participación en la supuesta licitación pública, muchos menos se detalló en qué consistía la obra de agua potable, ni la ubicación de la misma. Por ende, fue notable la violación a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como su reglamento en vigor, al igual que la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. Lo más sorprendente de todo, a pesar que el documento está en la plataforma de transparencia, ninguna de las 12 fojas están firmadas, y muchos tienen el respectivo sello, por lo que se trata de un contrato apócrifo. Junto con Ayora Sosa y Castillo Borges, también aparecen los nombres del secretario del Ayuntamien-

*En el segundo mes de su administración, el exalcalde Enrique Ayora Sosa autorizó una obra fantasma de rehabilitación del sistema de agua potable por 3.9 millones de pesos a la empresa Ingeniería Hidráulica del Caribe *A pesar que el documento está en plataforma de transparencia, ninguna de las 12 fojas están firmadas, por lo que se trata de un contrato apócrifo *Aprovechó la experiencia que tuvo como director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas durante el trienio de Alpha Tavera Escalante para conocer las compañías acostumbradas a delinquir con contratos a modo

to, Ramón Isaí May Tuz y del director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Iván Agustín Pineda Alcocer. Tres días antes, Ayora Sosa sostuvo un vínculo con Sury Judith Manzanilla Granados, una arquitecta que en ocasiones funge como contratista pero cuyo principal negocio es atención de ferreterías y tlapalería de Veracruz, a quien en 2018 le autorizó 1.4 millones de pesos para la construcción de habitaciones. Todo parece indicar que el contrato que Manzanilla Granados consiguió con el edil fue el primero que tuvo con una administración gubernamental, pues no ha vuelto a aparecer en las páginas electrónicas de transparencia. De acuerdo con el sitio web méxicopymes, la Bodega de la Arquitecta Sury Judith Manzanilla Granados es una “empresa especializada en comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías”, creada en julio de 2010, la cual se ubica en el callejón Narciso Mendoza del barrio de San Pedro y San Pablo, de Soconusco, Veracruz. Sin embargo, en el contrato que firmó con el munícipe estableció que su oficina está en la calle Altamirano, número 716, de la colonia El Zapotal, en Acayucan, Veracruz. El pasado 20 de octubre de 2018, el edil suscribió el contrato de obra pública con base a precios unitarios y tiempo determinado número FISM-R33-102037-2018-LP, relativo a la “Construcción de cuartos dormitorios en las colonias Candelaria y Santa Ana, de la localidad de Valladolid”. De tal manera, a la contratista le otorgó un presu-

puesto por un millón 394 mil 689.30 pesos para el desarrollo de la respectiva obra. En cuanto al financiamiento, el costo total de los trabajos fue con recursos provenientes del Ramo 33 y del Fondo de Infraestructura Social Municipal. Incluso, el municipio le otorgó un anticipo por el 30 por ciento del monto del contrato, que corresponde a 418 mil 406.79 pesos. El plazo de ejecución de los trabajos objeto fue de 60 días naturales, por lo que las obras iniciaron el 22 de octubre, para concluir el 20 de diciembre de 2018. El edil dilapidó 1.7 millones de pesos para obras de rehabilitación en Tixhualactún, comisaría vallisoletana, tras privilegiar a su amigo contratista, José David Castro Mendoza, quien al final dejó un trabajo de precaria calidad. El 12 de agosto de 2019, Ayora Sosa firmó el contrato de obra pública con base a precios unitarios y tiempo determinado, con número FISM-R33-102-014-2019LP, cuyo nombre de la obra es “Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de la localidad de Tixhualactún”, en la que se benefició a Castro Mendoza, quien es una persona moral. Para ello, se le entregó un millón 722 mil 194 pesos, recursos provenientes del Ramo 33 y del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2019, y le otorgó un anticipo por el 30 por ciento del monto, es decir, 516 mil 658.20 pesos. El plazo de ejecución de los trabajos objeto fue de 90 días naturales, por lo que las obras objeto iniciaron 14 de agosto, para concluir el 11 de noviembre de 2019.

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TIZIMÍN

DESPILFARRA EL ERARIO Redacción /Sol Yucatán

Tizimín.- A tan solo 10 días de asumir el cargo como alcalde de Tizimín, el polémico Mario Alberto González González, consumó su primer desvío de fondos públicos a través de presuntas empresas de construcción, al autorizar el pago de 1.9 millones de pesos para la construcción de 35 baños. Como anteriormente ha documentado Sol Yucatán, el ex presidente municipal de Tizimín encontró en el ramo de la construcción el pretexto perfecto para desfalcar las arcas del municipio en provecho propio y de sus allegados. Tal es el caso del contra-

to número FAISM-096-SANITARIOS-035-2018, celebrado el 10 de octubre de 2018, cuyo objeto fue la “construcción de 35 baños con biodigestores en la localidad y municipio de Tizimín, Yucatán”. Según consta en el documento, la empresa ganadora resultó ser Saycosur, S.A. de C.V., representada por su administradora única, Nally Jannet de la Concepción Vargas Trejo, quien se embolsó un millón 999 mil 412.73, pesos gracias a un proceso plagado de irregularidades. Asimismo, en las 11 hojas que conforman el acta, por ningún lado se espe-

*A tan solo 10 días de asumir el cargo como alcalde de Tizimín, el polémico Mario Alberto González González consumó su primer desvío de fondos públicos a través de presuntas empresas de construcción

*El 10 de octubre de 2018, el presidente municipal de Tizimín autorizó el pago de 1.9 millones de pesos para la construcción de 35 baños públicos *Por si no fuera suficiente, el mismo día, Mario Alberto González también firmó otro contrato para la construcción de 50 cuartos dormitorio por la cantidad de tres millones de pesos

Mario Alberto González González. cifican los detalles de los trabajos a realizar, así como tampoco se mencionan los motivos por los cuales la contratista Nally Vargas ganó la jugosa licitación.

De igual manera, llama la atención que las otras empresas concursantes no sean mencionadas. Por otro lado, debemos señalar que el millonario desfalco se perpetró con dinero proveniente del Ramo 33, un fondo federal para la infraestructura de los municipios, que se ha convertido en la caja chica de alcalde, exalcaldes y funcionarios de todos los niveles, con la ayuda de empresarios corruptos que solo velan por sus intereses. En este caso, a pesar de tratarse de uno de los primeros cuestionables manejos del fondo público de Mario Alberto González, no deja de llamar la atención la sin-

vergüenza del edil a la hora de argumentar el derroche, ya que al hacer cuentas, cada baño terminó costando 57 mil 126 pesos. Por otro lado, el ayuntamiento de Tizimín tampoco proporcionó aclaración o justificación alguna de los trabajos realizados, por lo que no hay evidencia del beneficio a la población que habita la Zona de Atención Prioritaria (población objetivo del FISM-DF). Con relación a la duración de las obras, Saycosur contó con 52 días naturales, iniciando el día mismo de la firma del contrato, el 10 de octubre de 2018, para finalizar a más tardar el 30 de noviembre del mismo año. En lo relativo a Saycosur, esta empresa fue constituida cuatro años antes, el 23 de enero de 2014, frente al notario público número 89 Manuel Emilio García Ferrón, actualmente en la mira del gobierno federal

por su presunta participación en el despojo y tráfico de tierras en perjuicio de los campesinos de la región. De esta manera, la simulación fue aprobada y signada por Mario Alberto González González; Reyes Gaspar Aguiñaga Medina, secretario de la comuna; José Guadalupe Díaz Marrufo, director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano; y Karla Lidiand López Alcalá, subdirectora de Obras Públicas. Sin embargo, y por si no fuera suficiente, el mismo 10 de octubre Mario Alberto González también firmó otro contrato para la construcción de 50 cuartos dormitorio por la cantidad de tres millones de pesos. No hay duda que en cuanto a "desaparecer" el dinero público, el alcalde entrante no quiso perder el tiempo. En este caso nos referimos al contrato número FA I S M - 0 9 6 - V I V I E N DA-027-2018, con el objeto “Construcción de 50 cuartos dormitorios en la localidad y municipio de Tizimín, Yucatán” por tres millones 45 mil pesos, también pagado con recursos del FISM-DF.

Vale la pena señalar que, de acuerdo con la fiscalización realizada por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) a la cuenta pública 2018 del ayuntamiento de Tizimín, la dependencia detectó un posible desfalco de 16 millones 296 mil pesos al era-

rio. Y eso que apenas estaba empezando el nuevo presidente municipal. Dicen que lo que mal empieza, mal acaba. Si Mario Alberto González hizo esto apenas iniciando su trienio como alcalde, ¿qué no habrá hecho durante los años siguientes?

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20 MDP POR EL VOTO

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Redacción /Sol Yucatán Mérida.- No conforme con todos sus desmanes, ahora resulta que Ivonne Ortega Pacheco quiso meter mano en el proceso a las reformas del Poder Judicial del Estado. Pero bueno, ustedes se preguntarán cómo haría semejante cosa nuestra representante ciudadana, la que lucha por México, su gente y sus causas. Y esto… ¿cómo? ¿A 20 millones el voto? Así como lo leen. Se rumora que la exgobernadora le entró a la negociación con los blanquiazules para vender el voto de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso local. Todo con tal de votar a favor de la reforma al Poder Judicial en nuestro bello Estado. Les pongo un poco en el contexto de la historia, pues resulta que la exgobernadora especuló que la bancada priista votaría en contra de dicha reforma, quedando como la última pieza clave del rompecabezas para lograr la mayoría calificada en el Congreso local, el voto de la mártir diputada ciuda-

dana Vida Gómez Herrera, para aprobar dicha reforma. Pero bueno, a la dueña y señora del partido naranja en Yucatán, Ivonne Ortega, le brillaron los ojos y dijo de aquí soy. Toda esta operación política fue dirigida a través de su principal allegada, la número uno Vida Gómez. Como sabemos, la diputada no cobra barato por sus servicios, por lo que ella e Ivonne Ortega intentaron negociar la módica cantidad de 20 millones de pesos por el voto naranja. ¡Way!, pero, ¿cómo así?, ¡20 millones por alzar la manita! Ni que fuera de oro el voto. Claro, cabe aclarar que eran 20 millones por el voto a favor, más tres puestos en el Poder Judicial. Y usted se preguntará: ¿Quiénes son los beneficiados? Pues los principales aplaudidores y colaboradores políticos de la legisladora, ni más ni menos que los abogados Sergio Cuevas, Martha Góngora y Héctor Cabrera, los tres tomando

Vida Gómez Herrera.

*Así como lo leen, la exgobernadora Ivonne Ortega le entró a la negociación con los blanquiazules, para vender el voto naranja en el Congreso local y votar a favor de la reforma al Poder Judicial, pero… *Eran 20 millones por el voto a favor, más tres puestos en el Poder Judicial. ¿Quiénes eran los beneficiados?: Los principales aplaudidores y colaboradores políticos de la legisladora, los abogados Sergio Cuevas, Martha Góngora y Héctor Cabrera *Pareciera que Ivonne se esmera en demostrar su decadencia política. A la señora no le salió nada de lo que ya había planeado, ni sus 20 millones, ni sus tres huesos en el Poder Judicial, ni sus acuerdos políticos con los panistas

protesta como magistrados del Poder Judicial. ¿Qué tal? Y todo lo anterior, ¿por un voto? No bueno, si nos salieron bien sencillas y carismáticas las diputadas de Movimiento Ciudadano por Yucatán. Y ustedes se preguntarán cómo terminó todo. Pues me contaron que a la señora no le salieron bien las sumas de los votos en el Congreso del Estado, ¿qué raro?, con tanta experiencia, pero ese es otro tema… y menos se imaginó que la bancada del PRI en el Congreso local votara a favor de la reforma. Oops, lo hicieron de nuevo los tricolores. Qué tal, medio calladitos se ven más bonitos. Todo esto encendió la ira de la exgobernadora, y como ya sabemos que si no se hace lo que ella dice, se pone bastante molestita, no ha hecho otra cosa más que difundir noticias falsas a través de pseudocolumnistas acusados de acoso sexual. ¡Uy!.. nada nuevo. Ya que se pongan a hacer algo interesante. Y ustedes qué dijeron, está bueno el chisme. Pues no es chisme, es verdad.

Qué difícil esto de la política. Así que doña Ivonne quedó fuera de toda negociación política sobre el Poder Judicial, con destino a la chingada (el rancho) directo y sin escalas, y es que no les alcanzó ni para el Uber. Como decía mi abuelita… por ambiciosas les pasa. Pareciera que Ivonne se esmera en demostrar su decadencia política cada día más, y más, y más…. A la señora no le salió nada de lo ya había planeado, ni sus 20 millones, ni sus tres huesos en el Poder Judicial, ni sus acuerdos políticos con los azules. A eso se le suma que el partido naranja en Yucatán no más no levanta. Ay no qué feo, puros ridículos en la política. Es de sabios también saber cuándo soltar. Y así seguirá la mata dando, ya que con esto se suma una rayita más al tigre y a la lista negra de sus muy fallidos intentos por renegociar su ascenso y su regreso a la política del Estado de Yucatán. Acompáñenme a ver en qué termina esta triste historia… Seguiremos informando.

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ALTERÓ NORMAS EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

*Miguel Quintana Pali burló a las autoridades presentando un estudio a su favor, que le encargó a la asociación civil Biocenosis, donde oculta el desastre ecológico que causaría la obra del parque temático Xibalbá, en Valladolid

Miguel Quintana Pali. atmosférica por ruido provocará el desplazamiento de la fauna de la región. En el mismo tenor, la pér-

Redacción / Sol Yucatán Mérida.- Miguel Quintana Pali burló a las autoridades presentando un estudio a su favor, que le encargó a la asociación civil Biocenosis, donde oculta el desastre ecológico que causaría la obra del parque temático Xibalbá, en Valladolid. El estudio de impacto ambiental que pagó el Grupo Xcaret a la empresa para favorecerlo es claro: Omitieron detalles de las obras a realizar, como el uso de dinamita para abrir túneles y entradas a los cenotes, cambio de uso del suelo, entre otros. Por ende, es obvio que escondieron mucha información de las obras que iban a realizar, para poder obtener el permiso de la Semarnat, pero finalmente fue descubierto por las autoridades federales y clausuradas las obras. La intención de Quintana Pali fue conseguir la autorización de la Semarnat presentando un estudio falso, pero no le resultó porque descubrieron el grave crimen ecológico que iba a impactar la zona y clausuraron el proyecto. Sin embargo, como Sol Yucatán ha verificado, los trabajos en Xibalbá continúan. En el colmo de la sinvergüenza, muchos de los estudios ecológicos consultados para la Manifestación de Impacto Ambiental de la Semarnat fueron elaborados y/o pagados por el mismo Grupo Xcaret. Como muestra, en 2014, Miguel Quintana Pali le pago a la asociación civil Biocenosis por un estudio de impacto ambiental para el parque temático Xibalbá. El estudio, por supuesto, favorece al proyecto de Grupo Xcaret, minimiza los daños ecológicos que provocará en la zona y omite información de los trabajos a realizar. Sin embargo, no se puede tapar el sol con un dedo y a pesar de los intentos de Biocenosis por subestimar los daños al

medioambiente, ahí están en el documento, solo que minimizados con expresiones del tipo “aprovechamiento amigable”, “bajo impacto ecológico”, etcétera. Por ejemplo, de acuerdo con el estudio, el área de construcción del parque temático ya se encontraba previamente modificada por la “implantación y operación constante durante décadas de actividades agropecuarias extensivas”, por lo que el trabajo derivado del proyecto Xcaret incluso beneficiaría al suelo de la región. Esta explicación es totalmente burda porque la naturaleza sigue sus propios procesos y se regenera por sí sola ante la ausencia prolongada de actividad humana. La presunta investigación incluso va más lejos al afirmar que de continuar utilizándose el sitio tal como se encontraba antes de la llegada del proyecto, se pondría en riesgo el futuro no solo de la flora y fauna de la región, sino incluso la población en general. Por otro lado, el estudio pagado por Quintana Pali también dedica un exhorto a nombre de las necesidades sociales de la población, ya que justifica el proyecto de Grupo Xcaret al afirmar que es “estrictamente necesario revertir el uso del suelo de la región, sea tecnificando el campo, sea atrayendo capitales que promuevan la diversificación productiva, que generen empleos y dinámica económica”. Sin embargo, lo que el estudio a modo olvida profundizar son los daños irreversibles que le provocarán a la naturaleza en diferentes apartados: Respecto al agua, ya hay una modificación en la hidrología derivada de la creación de túneles artificiales mediante el uso de explosivos. El aire también resentirá la consumación del proyecto debido a la emisión de gases y polvos provenientes de vehículos y la maquinaria utilizada en el área del proyecto. De igual forma, la contaminación

dida de vegetación durante la etapa de preparación del sitio por el desmonte, ocasionó que la fauna que se encontraba en

Cavernas dinamitadas sin previo aviso

Utilizaron explosivos para crear túneles y accesos artificiales a los cenotes

*Por ende, es obvio que escondieron mucha información de las obras que iban a realizar, para poder obtener el permiso de la Semarnat, pero finalmente fue descubierto por las autoridades federales y clausuradas las obras dicha área, se desplace a otras zonas para encontrar refugio y alimentación. En lo referente a las especies de fauna que se asocian a este tipo de vegetación, la mayoría fueron ahuyentadas o desplazadas de manera previa, como resultado de las actividades constructivas del “desarrollo ecoturístico”, ya que la mayoría de las especies con capacidad de movimiento buscan zonas mayormente conservadas y alejadas del tránsito de personal y maquinaria. Asimismo, en los cenotes analizados dentro del proyecto, se encontró solamente un ejemplar del pez Typhlias pearsei, una especie endémica de la Península de Yucatán, considerada en peligro de extinción, pero debido a las obras realizadas en los depósitos de agua, la magnitud de la amenaza a su hábitat aún no se comprende en su totalidad. Otras consecuencias previstas del proyecto, pero minimizadas en el estudio, incluyen la pérdida del suelo, contaminación del manto freático debido a derrames de residuos sólidos, líquidos y peligrosos. El documento también menciona que el impacto ambiental más importante, de ca-

rácter irreversible, será la deforestación del área, aunque se justifican las obras argumentando que el suelo ya estaba modificado con anterioridad. El parque temático Xibalbá contempla viajes en tirolesa, recorrido flotante por ocho cenotes, entre otros espectáculos. Sin embargo, para lograr esto, se realizaron obras subterráneas para conectar cenotes diferentes, y lograr conjuntar un río subterráneo que alimente el proyecto turístico. Cabe recordar que Jesús Lizárraga, encargado de la Profepa en el estado de Yucatán, explicó que las obras de este proyecto fueron suspendidas, pues tras realizar una visita sorpresa notaron que no contaban con la documentación debida en el tema de cambio de uso de suelo. De acuerdo con un oficio de la Semarnat, las irregularidades incluían además el retiro de árboles y vegetación en polígonos no autorizados. "Se detectaron incumplimientos que dieron lugar a aplicar durante la inspección una clausura temporal parcial, al encontrarse ante un riesgo de daño a los recursos naturales debido a los hallazgos detectados", detalla el documento.

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Campeche, Campeche

EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO Del 30 de mayo al 5 de junio de 2022

Edición No. 59

$ 5.00

"MÁTALOS DE HAMBRE" Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General

SOLAPA DESVÍOS *La alcaldesa de Campeche pagó más de 10 millones de pesos para que una empresa queretana se hiciera cargo de todas les gestiones financieras de la comuna *El proveedor de servicios informáticos Management Technology Innovations jamás había laborado en el sureste, y en cambio cuenta con arraigo entre gobiernos panistas de Querétaro y de Movimiento Ciudadano en Nuevo León *Fue elegida por la vía del “fast track” en un procedimiento de licitación en el que fue el único concursante

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"MÁTALOS DE HAMBRE" Redacción/ Sol Campeche

Campeche.- Un nuevo audio del ex gobernador Alejandro Moreno Cárdenas ahora expone su papel ante la prensa, pues aunque ha mantenido medios pagados en la entidad, dejó ver su desprecio hacia los medios de comunicación con expresiones que hacen apología a “matar de hambre” a periodistas. Aunque el dirigente nacional del PRI pretende deslindarse de estos audios, y afirma que están alterados, durante su mandato en Campeche se caracterizó por un papel autoritario ante la prensa, con su discurso repetitivo en el cual señalaba a los “enemigos de Campeche” que sólo “critican y no proponen”. Asimismo, el uso de recursos públicos fue usado para mantener pagos millonarios, “chayote de oro”, a empresas editoriales prácticamente fantasmas, que subsistieron sólo por el dinero público, y las cuales pese a ser sus “aliados”, en el fondo “Alito” Moreno los despreciaba, tal como lo exhibe el nuevo audio escándalo. La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, dio a conocer el nuevo audio de su antecesor, “Alito” Moreno Cárdenas, en los que asegura que “a los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre”. En la grabación se escucha a “Alito” Moreno se refiere al dueño de medios locales Alexandro Arceo Azar, propietario del grupo empresarial Núcleo Comunicación del Sureste, que aglutina a la televisora por cable Telemar, a los

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Estos audios son parte de una serie de filtraciones que implican a Moreno Cárdenas en diversos delitos electorales y financieros, así como otros hechos ilícitos que podrían configurar asociación delictuosa, lavado de dinero y desvío de recursos públicos. Al respecto, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que ya abrió una investigación en contra de Alejandro Moreno sobre presuntas aportaciones ilegales a las campañas del PRI.

*“Alito” Moreno desprecia a la prensa en un nuevo audio filtrado en el que asegura que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino “matarlos de hambre” *Se expresa así de su primo político Alexandro Arceo Azar, dueño de los medios Tribuna, Crónica y Telemar, quien presuntamente recibía millones de Alejandro Moreno, pero no le devolvía los maletines *Tal como Moreno Cárdenas afirma en el audioescándalo, al final de su sexenio dejó morir a sus supuestos aliados de los medios de comunicación, al menos cuatro rotativos cerraron y echaron a sus trabajadores a la calle periódicos Tribuna y Crónica, así como estaciones de radio, quien además resulta ser su primo político y que recibió cientos de millones de pesos el pasado sexenio, pese a lo cual no era respetado por el ex mandatario. “Oye, este hijoep... de Alexandro Arceo, le voy a mentar la madre el lunes… dile que me traiga mi maletín”, se escucha expresarse a Alejandro Moreno de su primo político y supuesto aliado en ese entonces. También se escucha a Moreno dialogar con una persona no identificada sobre el

supuesto pago a propietarios de medios de información de Campeche, y sugiere que: “Yo siempre lo he dicho, el hijuep… que se pase, una verg… salvaje. Nomás te voy a dar un dato, a los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre”, dice “Alito” Moreno en el audio. Otra de las grabaciones hace referencia a la frivolidad del exmandatario, pues habla de tratamientos para aplicarse bótox con un presunto cirujano plástico al que le ofrece su avión personal para venir de paseo a Campeche.

NI EL CHAYOTE LOS SALVÓ Cabe mencionar que empresas de medios de comunicación se enriquecieron con el erario campechano durante el sexenio de “Alito” Moreno, pero tal como él mismo afirma en sus audios, los dejó “morir de hambre” al concluir su mandato y haber perdido la elección el pasado 2021, pues dichos medios están en quiebra y dejaron de publicar sus versiones impresas e incluso desmantelaron sus oficinas, optando por volverse sólo digitales, debido a la extrema cercanía que tuvieron con el régimen priista. Los medios implicados en el “chayote millonario” de Alito están vinculadas entre sí, se trata de Novedades de Campeche S.A. de C.V., que maneja el diario El Carmelita, de Ciudad del Carmen; Multimedios Campeche S.A. de C.V., que imprimía El Expreso; y Sistemas Peninsulares de Comunicación S.C., que sacaba El Sur. Todas estas empresas recibieron grandes porciones del dinero público durante los últimos seis años, pero ni eso

les resultó efectivo para mantenerse a flote ante la nueva realidad política del estado. Y es que el “chayote” fue de cantidades millonarias el pasado sexenio, pese a que persiste un velo de opacidad sobre los gastos que se ejercieron desde la Unidad de Comunicación Social del Gobierno del Estado, sí existe registro de estas empresas como los principales proveedores del régimen priista. De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, tan sólo en el caso de Novedades de Campeche S.A. de C.V. fue proveedor de varias dependencias y organismos estatales, desde el Congreso del Estado; la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhecam); el Tribunal Electoral del Estado (TEEC); el Instituto Electoral del Estado (IEEC); la Universidad Autónoma de Campeche (UAC); la Administración Portuaria Integral (API); la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado (Capae); la Secretaría de Educación (Seduc); así como los municipios de Campeche y Carmen. Se estima que los ingresos que obtuvo de estos negocios fueron de varios millones de pesos anuales, al igual que con Multimedios Campeche S.A.; sin embargo, contrario a la transparencia que debe caracterizar a los medios de comunicación, no existen datos certeros sobre la cantidad de dinero que les fue entregado a estas empresas informativas. Sólo para darse una idea, existe en la Plataforma Nacional de Transparencia registro de un contrato por adjudicación directa para Novedades

de Campeche S.A. de C.V. por parte del municipio de Carmen, que fue por 348 mil pesos sólo para una campaña de difusión de las actividades gubernamentales. Detrás de esa triangulación de recursos por parte de esas empresas de la información, está el nexo con el ex gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, quien los usaba para manipular la opinión pública en Campeche, usando millones de pesos del erario público. PLAN CON MAÑA

El origen de todo este entramado se remonta a la época antes de que asumiera el control del estado, cuando ideó convertirse en un empresario de los medios de comunicación, como una estrategia para tener el control aun cuando dejara la política. Bajo la idea de que siendo político puede hace rico, pero ser dueño de medios le daría un lugar que tendrán que respetar todos los políticos que vengan después. El objetivo era asegurarse un futuro a nivel económico, controlando la narrativa editorial en Campeche y así manipular la percepción de la ciudadanía; pero más allá, hubo una intención extra, saquear mes tras mes las arcas del gobierno del estado por medio de la onerosa facturación de esos medios. No obstante, las fantasías de “Alito” colapsaron la madrugada del 7 de junio, cuando la cabeza editorial de todos estos medios publicó el “triunfo” de Christian Castro Bello en portada, pese a que los resultados eran adversos y tenían conocimiento de ello, el “discurso de la victoria” fue contraproducente para la credibilidad de estas empresas que se presume son de su propiedad mediante prestanombres. Se presume que “Alito” Moreno adquirió la mayoría de la propiedad de los rotativos El Sur y Novedades de Campeche, el primero a Carlos Azar García, por 4 millones de pesos, y el segundo a Jaime Ruiz, por 15 millones de pesos; ambos periódicos que habían visto ya sus mejores épocas y que fueron perdiendo credibilidad e importancia tras el auge de las televisoras en los primeros años de la década del 2000. El siguiente objetivo fueron El Expreso y La Opinión, un combo editorial en el que el segundo era repartido gratuitamente. La estrategia con El Expreso fue diferente y así fue, “a la mala” a través de una demanda por daño moral y otra por “delito de odio”, fue que finalmente se terminó vendiendo este rotativo a supuestos prestanombres de “Alito” Moreno. La propiedad de estos medios de comunicación habría permitido a Moreno Cárdenas desviar millones de pesos durante seis años, pero la magia se acabó, al perder el control del presupuesto estatal, y con ello, ahora sí los dejó “morirse de hambre”, liquidando a sus empleados y cerrando instalaciones, pues eran subsidiados plenamente por el erario estatal, pero ya no más.

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Redacción/ Sol Campeche Campeche.- Al amparo del tráfico de influencias y el pago de “diezmos” para ser beneficiado con contratos de obra pública por toda la Península de Yucatán, la empresa “Construcciones Bench S.A. de C.V.”, ligada al empresario Benjamín Chan García y su familia, ha amasado un gran capital por trabajos de infraestructura deficientes. El último de estos contratos fue entregado por la actual administración estatal para la reconstrucción de un camino que conecta la localidad de Díaz Ordaz con La Cristalina y los Manantiales, en la región de Sabancuy, del municipio de Carmen, por un monto de 1 millón 168 mil 173 pesos, mediante el expediente IO904012996-E83-2021, con fecha del 11 de noviembre del año pasado. Sin embargo, el proveedor ha desarrollado múltiples obras dentro de la Península de Yucatán de forma recurrente, mediante la entrega de dinero de por medio para “mover influencias por debajo de la mesa”, pues siempre gana tanto las licitaciones públicas, como los procesos donde se invitan al menos tres personas. Destaca que en esta obra en los documentos anexos que la única firma que aparece es la de Construcciones Bench S.A. de C.V., a través de su representante Leidy García Ramírez, mientras los demás licitantes extrañamente decidieron omitir su firma.

SAQUEO DISFRAZADO

Benjamín Chan García y Fernando Chan García se distribuyen trabajos por toda la península generando el desplazamiento de otras empresas dedicadas al sector. Uno de los estados predilectos ha sido en Quintana Roo, donde la SICT ha apapachado a estos empresarios con múltiples obras. En 2020, Construcciones Bench, S.A. de C.V. obtuvo dos contratos en aquella entidad, el primero para la conservación mediante trabajos de rehabilitación del camino Noh Bec-Cacchoben del km 0 al km 12 en el municipio de Felipe Carrillo Puerto por un monto de $12’412,042.54 pesos. Igualmente la conservación del camino Dos Aguadas-Adolfo López Mateo en José María Morelos por un monto de $4’147,697.21 pesos. Según Compranet, se localizan hasta 10 contratos a favor de Construcciones Bench por más de 105 millones 947 mil pesos entre 2018 y 2020 por ejemplo la reconstrucción de la superficie de rodamiento mediante recuperación del pavimento existente en frio (0.20

*También es señalada por desplazar a los contratistas locales y por hacer obras que en su mayoría no son concluidas, por lo que la acusan de comprar con “diezmos” a los funcionarios del Centro SCT de Campeche *Detrás de esta compañía beneficiada por montos millonarios y licitaciones amañadas, está el empresario Benjamín Chan García, quien presume sus vínculos con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) m de espesor), riego de sello y reposición del señalamiento, del km 0+000 al km 6+000 (l=6.00 km), de la carretera Ramal-Palizada por $21 millones 110 mil 556.28 pesos. Debido a las supuestas influencias de estos empresarios, constructores de la entidad han solicitado la intervención de las autoridades campechanas y federales, ante las irregularidades que se dan en la delegación estatatal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a favor de la fa-

NIDO DE CORRUPCIÓN Es preciso mencionar que el Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Campeche ha estado implicado en escándalos desde hace más de una década, durante la administración de Alejandro Moreno Cárdenas la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó pagos en viáticos, suministros, y obra no ejecutada

“INFLUYENTES” Construcciones Bench junto con la compañía Caminos y Obras Industriales, S.A. de C.V., son parte de las empresas que tienen los hermanos Chan García, quienes constantemente reciben obras de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT),

Redacción/ Sol Campeche Campeche.- Envuelta en la polémica por solapar los desvíos millonarios de sus antecesores Eliseo Fernández Montufar y Paul Arce Ontiveros, la alcaldesa de Campeche Biby Rabelo de la Torre no tiene empacho en derrochar los recursos de la comuna campechana en todo tipo de gasto frívolo, pues destinó más de 10 millones de pesos para renovar los sistemas informáticos del Ayuntamiento capitalino, pese a que ya se contaba con tales herramientas digitales, e incurrió en una simulación de licitación pública en la cual sólo hubo un único participante. El pasado 29 de marzo del presente año, la administración municipal formalizó el contrato MCC-DA-SRM-2022-04 para la “Adquisición de un Sistema Integral de Gestión Gubernamental GRP (Goverment Resource Planning), denominado Sistema Único Municipal Administrativo (SUMA)”, por un monto de 10 millones 138 mil 930.43 pesos con la empresa Management Technology Innovations, S.C., representada por Luis Enrique León Blancas. La empresa proveedora de dicho servicio es originaria del estado de Querétaro, y fue la única que se presentó en un proceso de licitación simulado bajo el mismo número de expediente; además de que al iniciar la administración de Biby Rabelo ya había sido beneficiada con otro contrato, pero éste fue por invitación restringida. Todo parece indicar que se

milia Chan García, pues se ha marginado a los constructores campechanos. Acusan a la empresa Construcciones Bench, S. A. de C. V., de haber recibido 19 millones 281 mil 043 pesos, en el 2018 por una obra que no se ejecutó, con la licitación LO0099000998-E117-2018, con el número de contrato 201804CB A 082W002018, para la conservación periódica mediante trabajos de bacheo y carpeta asfáltica de 5 centímetros del kilómetro 149+000 al 154+000, del tramo límite de los Estados de Tabasco y Campeche, de la carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen.

por un monto de 855 mil 901 pesos en obras carreteras federales de 2018, en las que metió mano el ex gobernador y el entonces titular de la dependencia federal en la entidad, Eliasib Polanco. La ASF señaló el desvío de 855 mil 901 en la ampliación de la Avenida Costera, presumida como una de sus “megaobras” por Alejandro Moreno Cárdenas, aunque se trataba de un proyecto ajeno a su administración. La SCT permitió que el ex mandatario se colgara de este proyecto para hacerlo pasar como propio, con lo que se incurrió en diversas anomalías presupuestarias. Se hallaron 12 irregularidades en la obra de “Modernización y Ampliación de la Carretera Costera del Golfo (Campeche-Mérida), Camino Real a Mérida, Tramo del Km 0+000 al 5+800”. La auditoría manifestó que la revisión, “cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada

SOLAPA DESVÍOS

trató de un procedimiento simulado y de forma exprés, pues de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) la convocatoria fue lanzada el 9 de marzo, el 18 del mismo mes se realizó la junta de aclaraciones y el día 25 se presentaron las propuestas económicas. Sin embargo, Management Technology Innovations fue la única empresa que se presentó con un monto de 10 millones 138 mil 930 pesos IVA incluido, por lo que fue seleccionada de facto por la Dirección de Administración, a cargo de Carlos Manuel Rosado Zetina, y la Tesorería Municipal a cargo de Érika Asunción Chi Orlayneta. El contrato público señala que el proveedor deberá proporcionar el nuevo Sistema Integral de Gestión Gubernamental que atienda todos los requerimientos en materia de armonización contable, módulos y funcionalidades como Tesorería, para la administración de presupuesto y recursos financieros que se ejerzan mediante bancos, conciliación bancaria, cuentas por pagar, presupuesto de egresos y de ingresos. En el ámbito bancario se encargará de la impresión de cheques y reportes de los mismos, así como de las transferencias electrónicas y la conciliación bancaria. También le delegarán las gestión de órdenes de pago de gastos a comprobar, administración de bienes, proveedores,

chanos. El nuevo sistema informático pagado como si fuera oro por la alcaldesa Biby Rabelo, por un monto superior a los 10 millones de pesos, resulta ser un gasto ocioso, pues la administración municipal ya contaba con su propia área de informática que es la encargada de lanzar y mantener operativos cualquier tipo de sistema interno, pero la presidenta municipal prefirió entregar todos estos servicios a manos de particulares.

*La alcaldesa de Campeche pagó más de 10 millones de pesos para que una empresa queretana se hiciera cargo de todas les gestiones financieras de la comuna *El proveedor de servicios informáticos Management Technology Innovations jamás había laborado en el sureste, y en cambio cuenta con arraigo entre gobiernos panistas de Querétaro y de Movimiento Ciudadano en Nuevo León *Fue elegida por la vía del “fast track” en un procedimiento de licitación en el que fue el único concursante

depósitos en garantía, pagos de contratos de arrendamiento y honorarios, pagos de nómina y de fondos. Calendarización de presupuesto de egresos y de ingresos, así como todas las diversas modalidades de la gestión de cobros del Ayuntamiento de Campeche, padrones y toda aquella gestión contable, impuestos,

catastral y más. Con ello, Management Technology Innovations, S.C. tendrá el control prácticamente de toda la estructura municipal en cuanto a la gestión y flujo de los recursos, el cual podrá ser manipulado desde el estado de Querétaro, donde es originaria y cuenta con intereses ajenos a los de los ciudadanos campe-

EMPRESA PREDILECTA

Management Technology Innovations, S.C. ya había sido beneficiada con anterioridad por el gobierno de Rabelo de la Torre, el 3 de noviembre del 2021, cuando la nueva alcaldesa apenas llevaba un mes en el cargo, entregó 2 millones de pesos a esta misma compañía mediante un contrato de invitación restringida, pero en esta ocasión fue para otorgarle la administración del sistema denominado “Portal de Atención Ciudadana en Línea”. El pago fue realizado con el contrato MCC-DASRM-2021-02 por 2 millones de pesos IVA incluido, y deberá proveer los servicios de recepción de quejas ciudadanas, publicación de servicios ofertados, generación de expediente electrónico único, ventanilla única, gestión de cobro del impuesto predial y generación de entre-

que se establece en el apartado relativo al alcance”, “concluye que, en términos generales, la SCT no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables”. Se adjudicaron e iniciaron los contratos de obras públicas, sin contar con los proyectos totalmente terminados; se pagaron viáticos en gastos de operación, que no corresponden al objeto del proyecto de inversión, por 63 mil 402 pesos; en el suministro y siembra de palma real y el concreto para guarniciones se determinaron diferencias entre las cantidades pagadas y las ejecutadas por 424.5 mil y 259.8 mil pesos”, detalló. “Alito” y el ex delegado de la SCT habrían usado dinero de construcción de carretera para la campaña del hoy presidente nacional del PRI, pues además ese mismo 2019 la ASF emitió otro informe sobre la “Carretera Ciudad del Carmen-Campeche, Tramo: Champotón-Villa Madero, en el Estado de Campeche”, en el que determinó que también quedaron por aclarar 37 millones 563 mil 510 pesos, correspondientes a dicha construcción. Leer reportaje completo en solcampeche.mx

gables como licencia de uso del sistema, plan general de trabajo del proyecto, documentos operativos del proyecto, listas de asistencia a capacitaciones y manuales de usuarios. Todo ello da cuenta de que el desgobierno de Biby Rabelo ha declinado de sus obligaciones, pues ha preferido recurrir a particulares que se dediquen sacar adelante todos los sistemas de gestión pública que corresponden a la propia comuna. No es para menos señalar que Management Technology Innovations se presenta como una firma consultora especializada en ofrecer soluciones tecnológicas para la mejora de procesos en entidades gubernamentales, pero nunca había desempeñado labores en el Sureste del país, y por el contrario, su zona de brindar servicios había sido precisamente en la región del Bajío, en el estado de Querétaro, tanto con el gobierno estatal de esta entidad como con el municipio capital, así como con el Aeropuerto de Querétaro. Mientras que en el Norte del país es precisamente en Nuevo León, donde Rabelo de la Torre y su antecesor Eliseo Fernández Montufar cuentan con intereses partidistas, en sitio donde esta empresa ha encontrado su nicho, por lo que existe un vínculo con las administraciones panistas y de Movimiento Ciudadano en la entrega de contratos a esta empresa proveedora de servicios informáticos. Leer reportaje completo en solcampeche.mx

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Campeche, Campeche

EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO Del 30 de mayo al 5 de junio de 2022

Edición No. 59

$ 5.00

SAQUEO DISFRAZADO Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General

*La empresa Construcciones Bench S.A. de C.V. está ligada a actos ilícitos, como componendas políticas que utilizan para desviar recursos que se entregan para obra pública, pero que presentan serias irregularidades en Campeche y en toda la Península de Yucatán *También es señalada por desplazar a los contratistas locales y por hacer obras que en su mayoría no son concluidas, por lo que la acusan de comprar con “diezmos” a los funcionarios del Centro SCT de Campeche *Detrás de esta compañía beneficiada por montos millonarios y licitaciones amañadas, está el empresario Benjamín Chan García, quien presume sus vínculos con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) NARCOTRÁFICO

La guerra entre Cuauhtémoc Blanco y Graco Ramírez, en el pico más alto

MORELOS: NARCO Y PUGNA POLÍTICA Ricardo Ravelo/Sol Campeche

solyucatan.mx Mérida, Yucatán. Del 30 de mayo al 5 de junio de 2022 Pág. 11

EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

ATRAPADOS POR LA JUSTICIA PRIMERA PARTE

Redacción /Sol Yucatán

Mérida.- Los gobiernos panistas de Yucatán "sienten pasos en la azotea", pues Gobernación investiga a funcionarios de primer nivel de las administraciones de Mauricio Vila y Renán Barrera, al fiscal, Juan Manuel León León, ministerios públicos y jueces, por lo que en breve podrían ser detenidos y llamados a rendir cuentas. Mauricio Vila y Renán Barrera tienen denuncias ante la Fiscalía General de la República por la corrupción que prevalece en las dependencias de Yucatán. Fuentes al interior de la Fiscalía revelaron a Sol Yucatán que se van a revisar e investigar las cuentas públicas, para detectar cualquier desvío de recursos y las empresas fantasma que usaron para ese fin. No salen de una y a Vila Dosal y Barrera Concha les cae una nueva bomba sobre sus aspiraciones, de uno, la candidatura a la presidencia y del otro, la gubernatura, respectivamente. Funcionarios del gobierno del Estado están siendo cercados por la justicia antes los graves casos de corrupción, vínculos con empresas fantasma, tráfico de tierras, lavado de dinero y contratos a modo.

Mauricio Vila Dosal. Las autoridades del Gobierno Federal han armado voluminoso expediente para investigar a fondo a los colaboradores cercanos al jefe del Ejecutivo, quienes preparan su salida del gabinete para posiblemente huir del Estado. El Gobierno Federal se encuentra en Yucatán investigando las actuaciones de funcionarios de primer nivel en perjuicio de ejidatarios, como es el caso del fiscal general del Estado Juan Manuel León León, el abogado representante de lavadores de dinero y despojadores de tierras, Rafael Acosta Solís, ministerios públicos, jueces, entre otros, por lo que en breve

Denuncia contra Vila en la Fiscalía General de la República

Renán Barrera Concha.

*Los gobiernos panistas de Yucatán "sienten pasos en la azotea", pues Gobernación investiga a funcionarios de primer nivel de las administraciones de Mauricio Vila y Renán Barrera, al fiscal, Juan Manuel León León, ministerios públicos y jueces, por lo que en breve podrían ser detenidos y llamados a rendir cuentas *Las autoridades del Gobierno Federal han armado voluminoso expediente para investigar a fondo a los funcionarios cercanos al jefe del Ejecutivo, quienes preparan su salida del gabinete para posiblemente huir del Estado *Los desvíos de Mauricio Vila sumarían un total de 685 millones de pesos. Renán Barrera lleva a cuestas cerca de 10 denuncias penales y amparos en su contra

Jorge A. Barrera Concha.

Juan Manuel León León.

podrían ser detenidos y llamados a rendir cuentas. Obviamente, todo se maneja sigilosamente por lo delicado de la situación, ya que Vila Dosal y Barrera Concha no han podido responder a los señalamientos de corrupción y nexos con empresas fantasma. Desde el 26 de octubre de 2017, cuando Vila Dosal aún era alcalde de Mérida, se denunció a funcionarios municipales por el supuesto desvío de 85 millones de pesos, provenientes del fondo municipal asignado para el programa “Capital

Americana de la Cultura”, en contratos de eventos y páginas web inexistentes; las acusaciones se sumaron a las otras denuncias por el uso de empresas fantasma. De acuerdo con la denuncia, los desvíos de Mauricio Vila sumarían un total de 685 millones de pesos. Toda la documentación se entregó a la FGR. Asimismo, se le pidió a la entonces alcaldesa interina María Fritz Sierra que exija a la Contraloría Municipal que investigue esta situación y no sea cómplice de este desvío de recursos.

Es importante recordar que el gobernador de Yucatán ya había sido señalado anteriormente por las mismas irregularidades a través de contratos con servicios inexistentes de barrido y limpieza en la ciudad de Mérida, en la que habría cobrado cerca de 300 millones de pesos por medio de empresas que el propio SAT ya ha reconocido como inexistentes. Estos presuntos desvíos realizados por Vila Dosal se conformaron en tres tipos de empresas: Las que saben que son prestanombres y que cuando cobran los ingresos los transfiere a alguien más, el segundo tipo son aquellas que sí existen pero se dedican a otra cosa y por último, las compañías donde los socios ni cono-

cen, ni saben que son socios y que le están facturando en su nombre a las instituciones gubernamentales. En el caso anterior suelen ser personas de grupos vulnerables y se encuentran en condiciones de vida muy escasas y se encuentran ajenos al hecho de haber “cobrado” millones de pesos a través de lo que podría constituirse además como usurpación de identidad y cuatro de las iniciativas privadas privilegiadas por Vila Dosal ya fueron determinadas por el SAT como empresas fantasma. En 2018 también se presentaron denuncias ante la Auditoria Superior del Estado de Yucatán (ASEY), por probables faltas administrativas cometidas en su función como alcalde de Mérida (2016-2019), periodo en el cual se desviaron 219 millones de pesos. Sin embargo, en febrero de 2020 fue exonerado por el órgano auditor. Tomando en cuenta que es una dependencia estatal, esto se presta a dudas sobre una protección por parte del auditor superior Mario Can Marín, quien desechó las denuncias por empresas fantasma. Aunque supuestamente la ASEY es un ente autónomo, se sabe muy bien que sus auditores son nombrados a modo para aparentar que investigan, por lo que al final, solamente le dieron un “carpetazo” al asunto.

Denuncia penal contra Renán Barrera

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ENCARECEN GASTOS

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Mérida.- La ambición del secretario de Salud de Yucatán (SSY), Mauricio Sauri Vivas, carece de límites, pues en esta ocasión lucró con el uniforme de los trabajadores, ya que en 2021, a la empresa Toka Internacional, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, le pagó 8.7 millones de pesos para la adquisición de tarjetas electrónicas de canje, através de un contrato directo. Por ende, se convierte en el más corrupto de la historia reciente del Estado, ante los evidentes desvíos de recursos que ha autorizado en tan sólo tres años, así como del favoritismo a determinados empresarios, a quienes les autoriza adjudicaciones directas. El funcionario ha obtenido jugosas ganancias con los contratos a modo que a firmado a lo largo de más de tres años, tanto en vales de gasolina, medicamentos, adquisición de equipo e instrumental médico, vacunas, papelería, y ahora, con los uniformes. Lo peor de todo, minimiza la labor de los trabajadores de la dependencia a su cargo, los cuales, por necesidad tienen que tolerar el pésimo carácter del funcionario, por lo que es considerado el peor de todos los secretarios de las últimas cinco administraciones. Ante las numerosas arbitrariedades cometidas, opta por evitar contacto con los medios de comunicación, en especial, aquellos que lo cuestionan de temas polémicos. El 28 de mayo de 2021, el prepotente servidor público suscribió un contrato con la apoderada de Toka Internacional, SAPI de CV, María de los Ángeles Velázquez Brindis, correspondiente a la adquisición de tarjetas electrónicas para la adquisición de uniformes para los trabajadores de los Servicios de Salud de Yucatán. Para el pago del respectivo equipo, la SSY erogó ocho millones 673 mil 900 pesos, cuya fuente de financiamiento fue la partid 27101 del Ramo 33, es decir, son recursos federales. La duración del contrato con número SSY-LP-YUCRM-05/21 fue de siete meses, específicamente, del 31 de mayo al 31 de diciembre de 2021. Dicho contrato fue una adjudicación directa, para favorecer a dicha compañía, pues ni siquiera convocó

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*La Secretaría de Salud de Yucatán le pagó 8.7 millones de pesos a la empresa Toka Internacional para la adquisición de tarjetas electrónicas de canje, através de un contrato directo

*La empresa está instalada en la colonia Loma Bonita, en Zapopan, Jalisco, y no tiene una sucursal en el Estado, cuando hay numerosas empresas locales que darían el mismo servicio a menor precio *Anteriormente benefició a Servicios Broxel con 46 millones de pesos por el mismo concepto, sin especificar detalles de lo entregado por el proveedor una licitación pública, para disimular su intensión. Tal compañía está instalada en la colonia Loma Bonita, en Zapopan, Jalisco, y no tiene una sucursal en el Estado, lo que encarece aún más los costos, por lo que hay numerosas empresas locales que darían el mismo servicio a un precio menor, pero Sauri Vivas sólo pensó en sus intereses personales. En ningún momento se especificó el número de tarjetas, y mucho menos, de trabajadores, y aunque se menciona que la respectiva información está en dos anexos, nunca se presentó en el documento oficial. Tampoco se especificó la forma de cómo obtener las prendas de vestir, mucho menos en dónde las podrían adquirir o si la empresa las traería y se las entregaría, simplemente se trató de una acción irreal. Debido a las numerosas irregularidades detectadas en el documento, es notable la violación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como su reglamento en vigor. Cabe destacar que la ad-

Mauricio Sauri Vivas.

quisición de tarjetas electrónicas se ha vuelto una obsesión para Sauri Vivas, pues en 2020 dilapidó cerca de 46 millones de pesos para la distribución del instrumento utilizada para medidas de fin de año para los trabajadores del ramo. Aunque la dependencia pretendió trasparentar esta anomalía, no se detalló sobre el número de personas beneficiadas, a las cuales se les entregó el respectivo monedero electrónico para administrar el gasto de combustible. Simplemente se especificó el gobierno del Estado derrochó 46 millones 275 mil 274 pesos, dinero que se entregó a la empresa Servicios Broxel, SAPI de CV. Aunque la empresa dio una bonificación del uno por ciento, con un ahorro de 462 mil 752.74 por ciento, se desconoce el paradero del recurso. El 18 de noviembre de 2020, en el aula de la subdirección de recursos materiales de la SSY, se dio a conocer el fallo de la licitación pública nacional presencial LA-931007985-E29-2020 relativa a la adquisición de las respectivas micas, para apoyar a los trabajadores de la dependencia. Con base a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se favoreció a Servicios Broxel, presuntamente por presentar la propuesta más baja, de acuerdo con el análisis del cuadro comparativo de precios. “El licitante presentó la propuesta que reunió las mejores condiciones disponibles en cuanto a legales, técnicas y económicas, así como el precio, calidad y oportunidad más conve-

niente para los intereses de la SSY, y que cumplió con todos los requisitos que se establecieron en convocatoria de la licitación”, se estableció en el documento. La firma del respectivo contrato se realizó al día siguiente, en el cual, el licitante ganador entregó las tarjetas electrónicas el 4 de diciembre de 2020, las cuales fueron distribuidos a los médicos de la SSY. Con dolo, la dirección de transparencia de la dependencia no especificó el número de tarjetas emitidas y mucho menos la cifra de especialistas beneficiados, entre otros detalles. Con el respectivo documento, el beneficiado paga servicios como luz, gas, teléfono, televisión de paga, o compra de tiempo aire desde la app, al mismo tiempo que se garantizó que “con la bóveda virtual, (el beneficiario) mantiene protegido su dinero. Al solicitar la información correspondiente, Sauri Vivas ordenó que por ningún motivo se proporciones detalles al respecto, “para evitar malos entendidos”. En el caso de la empresa Dicipa, SA de CV, en 2019 se le autorizó el pago de 50 millones de pesos para la prestación del servicio para realizar pruebas de laboratorio con equipo en comodato en cuatro hospitales y 10 centros de salud de Yucatán. De acuerdo con el contrato SSY-LP-YUCRM-12/19, el servicio que se brindó a partir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 fue para los centros de salud y nosocomios de 10 municipios, y cuya forma de pago fue por transferencia. El trabajo se efectuó en cuatro hospitales, específicamente, el General – Escuela “Dr Agustín O’Horán”, Materno Infantil de Mérida, General “Sisal” de Valladolid, y el General “San Carlos” de Tizimín. Asimismo, mediante el contrato abierto se brindó el servicio a 10 centros de salud, tal el caso de Buctzotz, Mérida, Peto, Progreso, Sotuta, Tekax, Ticul, Tizimín, Umán y Valladolid. Bajo el pretexto de que fue “mejor propuesta económica”, la SSY la autorizó el respectivo contrato, firmado por Sauri Vivas, quien le otorgó 50 millones de pesos, libres de impuestos. Numerosas son las irregularidades cometidas por el corrupto funcionario, en especial, durante 2020, ante el recorte presupuestal registra ante la pandemia de Covid-19.

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BARRIL SIN FONDO Mérida, Yucatán. Del 30 de mayo al 5 de junio de 2022 Pág. 13

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Redacción /Sol Yucatán

Mérida.- Si algo tienen en común las dos últimas legislaturas del Congreso del Estado de Yucatán, es el utilizar los recursos públicos como si de un barril sin fondo se tratara, ya que tan solo en cinco contratos, todos plagados de irregularidades, derrocharon dos millones 836 mil 448.89 pesos. Contratos a empresas con diferentes giros comerciales, sobreprecios, adjudicaciones a diferentes compañías por el mismo servicio, en el mismo período de tiempo, ausencia de objeto en los contratos otorgados y licitaciones borradas de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), son tan solo algunas de las irregularidades encontradas en los servicios contratados por el Congreso del Estado. Por otro lado, debido a la opacidad en los cinco contratos consultados, no se puede comprobar que los servicios contratados hayan sido cumplidos con cabalidad, ya que incluso en una de las adjudicaciones, ni el objeto del contrato se menciona, e incluso uno fue borrado del PNT para su consulta, como anteriormente mencionamos.

Tal es el caso del contrato 03CONT2019, celebrado el 16 de enero de 2019. El objeto de esta licitación fue por servicios de limpieza general y la empresa ganadora fue Prevención Integral en Seguridad Privada del Sureste, S.A. de C.V., una compañía constituida en Puebla y que, al parecer, se dedica a ofrecer tanto servicios de limpieza como de seguridad privada. Por esta licitación, la iniciativa privada ganadora, propiedad de Carlos Ramón Madera Ambrosio, se embolsó la nada modesta cantidad de un millón 13 mil 376 pesos. Sin embargo, al no estar disponible el documento, no se sabe quién aprobó este contrato, ni cuáles fueron los motivos para el fallo a su favor. Lo turbio, de acuerdo con el contrato número SE-201801/P. 1, es que el 2 de marzo de 2018, el entonces titular de la Segey, Delio José Peniche Novelo, autorizó el pago de 12 millones 758 mil 361.48 pesos a la misma empresa, por la adquisición de servicios de seguridad en edificios de la dependencia. En esa ocasión, el servicio pagado, según consta en el acta, consistió en la contratación de elementos de seguridad para cubrir las escuelas,

Martín Chuc Pereira. sedes y bodegas que integran 36 edificios de la Segey, por lo que estaríamos hablando de una presunta empresa con una plantilla de al menos 95 trabajadores. Es decir, que el Congreso derrochó más de un millón de pesos por servicios de limpieza en una empresa cuyo giro es la seguridad privada, aunque de acuerdo con otros contratos consultados, la camaleónica compañía de Madera Ambrosio puede adaptarse a

darle mantenimiento a sus cajeros automáticos. Asimismo, TI and Systems también ganó la licitación número IA931050985-N14-2015, emitida por la Universidad Tecnológica Metropolitana, para la instalación de una planta automatizada de tratamiento y reciclaje para autolavados. Como es de esperarse, la compañía ganadora, a pesar de hacer de todo, carece de sitio web oficial, redes socia-

*Las dos últimas legislaturas del Congreso del Estado de Yucatán utilizan los recursos públicos como si de un barril sin fondo se tratara, ya que tan solo en cinco contratos, todos plagados de irregularidades, derrocharon más de 2.8 millones de pesos *Sobreprecios, adjudicaciones a diferentes compañías por el mismo servicio en el mismo período de tiempo, ausencia de objeto en los contratos otorgados, son tan solo algunas de las irregularidades encontradas en los servicios contratados por la Legislatura *Debido a la opacidad en los cinco contratos consultados, ni siquiera se puede comprobar que los servicios contratados hayan sido cumplidos con cabalidad las necesidades de las dependencias con tal de ganar las licitaciones. Otra licitación que despierta sospechas por su opacidad es la número ICTP/15/21, cuyo fallo se dio el 21 de enero de 2021. Según consta en el documento, el objeto fue la “Adquisición de materiales y útiles de impresión e informática” y la empresa ganadora fue TI and Systems, S. de R.L. de C.V., que recibió 479 mil 267.07 pesos por los presuntos servicios contratados. De nueva cuenta, el documento de la firma de contrato no está disponible para su consulta, por lo que tampoco se saben los detalles de los servicios contratados, ni la justificación del gasto, ni el cumplimiento de los trabajos. Por otro lado, el Congreso de nueva cuenta derrochó recursos públicos en una empresa que “le entra a todo”. Pues TI and Systems, fue privilegiada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de acuerdo a la licitación número IA-018TOQ023-N103-2015 con 209 mil 542 pesos por

les y no está presente en los principales directorios empresariales, tanto locales como nacionales. Para ocultar esta farsa, el Congreso también invitó a otras dos presuntas empresas para participar en la licitación: CM Linnos, S.A. de C.V. y Administradora de Productos y Servicios MG, S. de R.L. de C.V., de las cuales es mínima la información disponible. En este punto es importante señalar que los funcionarios que aprobaron y signaron esta simulación fueron: Jesús Jordán Pérez Marfil, director general de Finanzas; Karina Elizabeth Xamán Rodríguez, jefa de Contabilidad; Joaquín Fernando Durán Paredes, jefe de compras; y Martín Enrique Chuc Pereira, secretario general. MÁS ANOMALÍAS Otra licitación a modo celebrada por el Congreso es la número ICTP/07/21, cuyo fallo se llevó a cabo el 27 de enero de 2021, con el objeto “Servicio de licencias de software

y servicios informáticos”. En esta ocasión, la empresa ganadora, Absolut PC, S.A. de C.V., se embolsó 280 mil 655. 62 pesos. Al igual que en el caso anterior, para disimular el desvío se invitaron a otros dos concursantes: la persona física Luis Eduardo Pérez Pérez y la presunta compañía Comermid, S.A. de C.V. Sobra decir que sobre el primero no se encontró ningún rastro y sobre Comermid, solo se pudo hallar que su giro es la “prestación de servicios profesionales que permitan la gestión de proyectos, sociales y tecnológicos, así como otorgamos servicios de consultoría”. En esta ocasión, los cuatro funcionarios que salieron embarrados al signar este contrato fueron los mismos que en el anterior: Jesús Jordán Pérez Marfil, Karina Elizabeth Xamán Rodríguez, Joaquín Fernando Durán Paredes y Martín Enrique Chuc Pereira. Por si no fuera suficiente la voracidad de estos servidores públicos, dos días después, el 29 de enero de 2021, aprobaron otro desfalco a través de la licitación número ICTP06/20. En esta ocasión, el desvío fue por 573 mil 150.20 pesos por medio del empresario Enrique Antonio Montalvo Marcín. En el documento consultado, no se enumeran las razones del fallo a favor de Montalvo Marcín, ni cuáles fueron las otras empresas concursantes. El objeto del contrato fue por “servicio de fotocopiado, impresión y escaneos. Tuvo una duración del 29 de enero

al 31 de agosto de 2021 y el proveedor recibió 81 mil 878 pesos cada mes. En este caso, el Congreso también cayó en el compadrazgo, ya que en 2020, cuando las actividades se hicieron vía remota debido a las restricciones por la pandemia de Covid-19, Montalvo Marcín se embolsó 689 mil 504 pesos, por lo que el derroche resultó inútil. Asimismo, en el caso de la licitación ICTP-06/20, Martín Chuc Pereira y Jesús Jordán Pérez Marfil fueron los cómplices del desfalco, al aprobar y signar el fallo a favor de Montalvo Marcín. Finalmente, tenemos el caso de la licitación número ICTP/33/21, celebrado el 18 de octubre de 2021, durante los primeros meses de entrar en funciones la LXIII Legislatura. Si uno pensaba que con la entrada de los nuevos legisladores las cosas serían diferentes, con este ejemplo queda claro que las prácticas turbias no cambiaron. Para ilustrar lo anterior, en esta ocasión ni se molestaron en nombrar cuáles fueron los servicios contratados. De acuerdo con el documento consultado, la empresa ganadora, Publidacma del Sureste, S. de R.L de C.V. fue privilegiada con 490 mil pesos, pero en el objeto del contrato solo dice “Adquisición”. Para tratar de entender la naturaleza de este contrato se quiso consultar los giros empresariales de las iniciativas privadas concursantes, pero fue vano, ya que la información disponible sobre ellas es ínfima.

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LUCRA DIF CON NIÑOS Redacción /Sol Yucatán

Mérida.- En un evidente acto de lucrar con los alimentos de los necesitados, la directora del Sistema estatal para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) Yucatán, María Teresa Boehm Calero, suscribió un contrato a modo por 38.4 millones de pesos, para dotar de barritas integrales de cereal con fruta deshidratada y oleaginosa durante siete meses a los infantes bajo su custodia.. Durante 86 días escolares, correspondientes a 2022, la empresa Instantia GS, Sociedad Anónima de Capital Variable, surtirá a diario 55 mil 814 barritas alimenticias, para igual número de estudiantes. Sin embargo, las cifras del DIF no cuadran con los datos de las secretarías de Salud de Yucatán (SSY) y de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey), en torno a la matrícula y la problemática de desnutrición crónica infantil. Lo peor de todo, la dependencia no especificó la estrategia a realizar para la entrega del respectivo suplemento alimenticio, a sabiendas que dicho problema de salud pública se refleja más en los niños del Sur de Mérida y en sus comisarías, así como en numerosos municipios, en especial, los más pobres, los cuales están ubicados en la zona henequenera. Desde un principio, la funcionaria estuvo en medio de acusaciones por presuntos desvíos de recursos, inflación de precios y convenios con empresas fantasma, y a pesar de ello, el 31 de marzo pasado firmó su primer contrato millonario. Cabe resaltar que esa compañía, nunca había recibido contratos con dependencias públicas, lo que pone en duda su capacidad de entregar buenos productos o de ofrecer buenos precios a los mayoristas. A diario, la empresa deberá distribuir 55 mil 814 productos alimenticios, en todas las escuelas públicas de la entidad, sin embargo, de acuerdo con la Estadística Educativa de la Segey, en Yucatán hay 80 mil 299 alumnos de educación preescolar. De tal manera, hay una diferencia de 25 mil estudiantes a los cuales no se les entregará el respectivo alimento. Por lo que respecta a la SSY, la desnutrición es un grave problema que afecta más a los niños y senescentes, además que es más notable en las mujeres que en los hombres. Incluso, en lo que va del año, en el Estado ya se registraron 365 casos confirmados acumulados de desnutrición, cifra que es 65.9 por ciento superior a lo registrado en el mismo período de 2021, cuando la suma fue de 220. Ante la notable diferencia de cifras, el DIF Estatal se abstiene a esclarecer la si-

María Teresa Boehm Calero. tuación, por lo que palpable la corrupción que predomina en la dependencia. De acuerdo al contrato de adquisición de bienes No. DIF/077/2022, éste fue entregado a la empresa “Instantia GS S.A. de C.V.” con domicilio en la Ciudad de México, y cuyo propietario es Abud Alberto Kanan Maldonado, quien también es socio mayoritario de la empresa “Alimentos Los Adobes S.A. de C.V.”, radicada en Monterrey, Nuevo León. Y pese a que Alimentos Adobes S.A. de C.V sí se encuentra inscrita en el Registro Público del Comercio (SIGER) de la Secretaría de Economía, la empresa a la cual se entregó la millonaria cifra no aparece enlistada, lo que levanta la sospecha de ser solo una facturera, pese a promoverse en su página de mismo nombre, como parte de un grupo de compañías enfocado en la industria de alimentos saludables. Según establecen los antecedentes del contrato, éste se originó por requerimiento al departamento de compras, por parte de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Alimentación, de acuerdo a los lineamientos de la estrategia integral de asistencia social alimentaria correspondiente al año 2022, por lo que se emitió la convocatoria a licitación

pública número DIFLIC-BARRAS-03-22, para la “Adquisición y distribución de barras integrales de cereal con fruta deshidratada y oleaginosa, del programa de desayunos escolares, correspondientes al ejercicio fiscal 2022”. El proceso que arrancó el 16 de marzo de 2022 y culminó el día 30 del mismo mes, con el fallo a favor de Instantia GS, S.A. de C.V., estableció tres partidas para la distribución de las barras integrales a razón de 8 pesos cada una. La primera hace mención de 1 millón 700 mil barras integrales de avena con man-

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Dirección fiscal de la empresa Instantia GS, en la Ciudad de México

*La directora del Sistema estatal para el Desarrollo Integral de las Familias, María Teresa Boehm Calero suscribió un contrato a modo por 38.4 millones de pesos, para dotar de galletas durante siete meses a los infantes bajo su custodia *Esta compañía nunca había recibido contratos con dependencias públicas, lo que pone en duda su capacidad de entregar buenos productos o de ofrecer buenos precios a los mayoristas *Durante 2020, en pleno año de restricciones por el Covid-19, se contrató a la Comercializadora Ecourbana por casi 180 millones de pesos para desayunos escolares y despensas del programa de asistencia social alimentaria zana deshidratada y cacahuate sabor nuez, por un monto total de 13 millones 600 mil pesos. La segunda es por 1 millón 600 mil barras con sabor a vainilla con monto de 12 millones 800 mil pesos. Y la última, por 1 millón 500 mil barras sabor fresa a razón de 12 millones de pesos. Dando un total de 38 millones 400 mil pesos, los cuales, pese a la compra al mayoreo y la millonaria cantidad de piezas adquiridas, no generó ningún tipo de descuento, pese a que se contempla en el mismo desglose del contrato, que la supuesta empresa alimentaria, es capaz de otorgar-

los.

Dentro de las “declaraciones” del contrato, se anuncia que Instantia GS S.A. de C.V., es una persona moral constituida mediante la escritura pública número 2,536, otorgada ante la fe de la notaría pública Dolores Martina Lafuente Casillas, del estado de México, con fecha 15 de julio de 2014, y estar acreditada bajo el Folio Mercantil número 520,177 del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Distrito Federal (ahora Ciudad de México). Como representante legal de la empresa, se nombra a Abud Alberto Kanan Maldonado, quien hace mención

que su registro al Padrón de Proveedores del gobierno del estado de Yucatán, es el folio 11098, el cual manifiesta se encuentra vigente. Así también dice estar registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el RFC: IGS1407151U6. Como dirección de la empresa quedó anotada la calle Bosque de Ciruelos, número 140 piso 10, colonia Bosques de Las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Dejando establecido que la entrega de los bienes se realizaría durante las fechas comprendidas en las solicitudes realizadas por las áreas operativas de los programas alimentarios del DIF Yucatán. Sin embargo, no menciona un plazo de inicio-finalización. Lo más que queda anotado dentro de las cláusulas es el hecho de que la entrega de los bienes se hará en el lugar, horario y días requeridos por el área solicitante, con plazo máximo de 10 días naturales tras la recepción del pedido, y fijando un plazo de 15 días para que el DIF Yucatán, verifique la calidad del producto. Lo más que se puede intuir del contrato mediante su fecha de celebración y tratarse de parte del programa de desayunos escolares correspondiente al ejercicio fiscal 2022 del sistema para el Desarrollo

Integral de la Familia, es que su vigencia arrancó el primero de abril de 2022 y culminará el 31 de diciembre del mismo año. Más el documento mismo deja ver la opacidad con la que elaboró todo este entramado “alimentario” que se intuye más como un derroche presupuestario en barras infantiles, que un verdadero proyecto de brindar una buena alimentación a los niños que el DIF Yucatán apoya con desayunos escolares. Pone cifras del total de barras integrales de cereal con fruta deshidratada y oleaginosa a entregar, incluso divide las cantidades a pagar de acuerdo a 3 partidas correspondientes a 3 sabores: nuez, vainilla y fresa, que maneja; más no informa de cuántas barras entregará mes con mes, solo que esperará la solicitud correspondiente, para hacer entrega de las mismas. De acuerdo al “Calendario entrega bimestral para modalidad de clases híbrida” y el “Calendario entrega mensual para modalidad presencial de manera regular”, la entrega de las barras integrales adquiridas a razón de 38 millones 400 mil pesos, se darán en los meses de mayo, junio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En el caso de la modalidad de clases híbridas, pone los días 25, 26, 27 y 28 de abril, así como el día 2, 3, 4 y 6 de mayo como fechas de entrega para las dotaciones de mayo y junio. Para la entrega de dotaciones de septiembre y octubre, pone los días 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 12 de septiembre. Mientras que para las dotaciones de noviembre y diciembre, establece los días 24, 25, 26, 27 y 31 de octubre, así como los días 3, 4 y 7 de noviembre. A su vez, para la modalidad presencial de manera regular, establece los mismos días de abril y mayo para la entrega de dotación de mayo; para la dotación de junio da los días 18, 19, 20, 23, 24, 25 y 26 de mayo. Para la dotación de septiembre señala la primera y segunda semana de septiembre; mientras que indica los días comprendidos en las dos últimas semanas del mismo mes, para entregar la dotación de octubre. La dotación de noviembre se entrega a partir del día 17 hasta el 27 de octubre (días escolares), mientras que la de diciembre se entrega también a partir del día 17 hasta el día 30, pero de noviembre. Sin embargo, por más que se trate de aparentar un contrato en favor de los más vulnerables, el mismo tiene incongruencias por todas partes, que arrancan desde la adjudicación a una empresa que aparentemente prepara alimentos nutritivos, pero que tiene como administrador único a Abud Alberto Kanan Maldonado, dueño de Alimentos Los Adobes S.A. de C.V., especializada en la preparación de botanas y comida chatarra.

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CONTRATOS DUPLICADOS Mérida, Yucatán. Del 30 de mayo al 5 de junio de 2022 Pág. 15

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Redacción /Sol Yucatán

Mérida.- Una serie de 16 contratos millonarios se adjudicaban a una empresa “apadrinada” entre 2018 y 2021, algunos de ellos duplicados, por la Secretaría de Seguridad Pública por un total de 135 millones 711 mil 864 pesos. Se trata de la microempresa, WPE Textil, S. de R.L. de C.V., un pequeño negocio que, durante el gobierno del exgobernador priista, Rolando Zapata Bello, se le pidió a la dirigencia de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), capacitarlo como fuera necesario para que pudiera “crecer”. En ese entonces, WPE Textil era una fábrica de reciente creación en el municipio de Mérida, por lo que apenas contaba con 24 empleados. Al parecer, el dueño ya tenía previsto que recibiría el respaldo del Gobierno del Estado, un privilegio que solo tienen unos cuantos. “No es fácil como empresario iniciar un negocio, pero con los apoyos que recibimos, es menos difícil emprender el proyecto”, expresó en su momento. Y LOS CONTRATOS LLEGARON… En los primeros ocho días de esta administración, la Secretaría de Seguridad Pública entregó el primer contrato a la fábrica que nunca había logrado un

acuerdo con dependencias públicas, debido a su nula experiencia. El 9 de octubre de 2018, según la PNT, se adjudicó el contrato público número GEY-SSP-001/2018, para la compra de uniformes deportivos. La adquisición, que incluyó el paquete de playeras deportivas color blanco, pants deportivos color negro, calcetas blancas y zapatos deportivos color blanco para el personal operativo que participó en el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, del 20 de noviembre de 2018, le costó al erario 1 millón 847 mil 313.97 pesos. En 2019 fueron nueve contratos que la SSP le dio a la empresa, mediante adjudicaciones directas, licitaciones públicas e invitación a cuando menos tres personas; estas últimas dos deja-

*La microempresa WPE Textil recibe 16 contratos de la Secretaría de Seguridad Pública , algunos de ellos duplicados, por más de 135 millones de pesos, la mayoría por licitaciones directas *Casos como el contrato GEY-SSP-212/2021, de 33 millones y firmado el 12 de agosto de 2021, no expone lo comprado y se esfumaron los documentos que explican los detalles *En la dirección fiscal que la compañía proporciona en el contrato, se pudo comprobar que en la calle 27, en Tekit, Yucatán se encuentra una casa la cual no tiene rótulo o nombre de la empresa ron ciertas dudas, pues aún con todo el procedimiento de entrega, siempre resultó ganadora la misma fábrica. Fue el 6 de agosto de 2019, cuando la SSP le pagó 13 millones 257 mil 017.34 pesos, que fueron para la compra de uniformes para el personal operativo de la policía estatal, según consta en el contrato GEY-SSPFASP-008/2019. Y sin vergüenza alguna, el 9 de agosto de 2019, a través del número de contrato GEY-SSP-FORTASEG-009/2019, se compró un lote de uniformes para el personal operativo de la corporación policiaca. Con los 19 millones 164 mil 799.80 pesos que se gastaron, la empresa presuntamente entregó 632 camisolas policiacas de manga corta, manga larga; mil 116 pantalones policíacos pie a tierra; 2 mil 984 pantalones tipo comando y 4 mil 100 gorras tipo “beisbolera” de la marca TAKTK. Dos meses después del primer derroche, la policía de la SSP se consintió con la adquisición de uniformes para los mandos de la corporación. Con 3 millones 106 mil 050.80 pesos, alcanzó para 204 camisolas de manga larga de vestir, 170 tácticas de manga larga y 374 divisas tipo parche con la leyenda, “Yucatán”. Además, 204 pantalones pie tierra color negro y 170 pantalones policíacos para la unidad de presentación. Por último, se compraron dos pares de botas tácticas y tres de zapatos de charol.

Durante 2020, evitaron algún posible conflicto al comprar material para la policía cuando era prioritario atender la compra de medicamentos y abastecer los hospitales que atendían a personas enfermas con la Covid-19. Pero en 2021, reiniciaron los grandes negocios de las 24 personas que integran la empresa. En total, se “licitan” seis contratos, de los cuales, el más barato tuvo un costo de 2 millones 397 mil 327.92 pesos. Cabe mencionar que el referido contrato (GEY-SSP-219/2021) fue eliminado de la PNT para evitar ser exhibidos. Contribuyendo a la opacidad, la SSP esfumó todos los documentos que aportan los detalles de a dónde se destinó el dinero pagado del presupuesto público. Casos como el contrato GEY-SSP-212/2021, de 33 millones 100 mil 905.89 pesos y firmado el 12 de agos-

to de 2021, no expone lo comprado, aunque basado en el historial empresarial, fueron compras de uniformes, los cuales, no se tiene certeza si se entregaron. Por si fuera poco, a través de una investigación sobre la dirección fiscal que la compañía proporciona en el contrato, se pudo compro-

bar que en dicho domicilio (calle 27, Tekit, Yucatán) se encuentra una casa sin rótulo o el nombre de la empresa. Lo único que permite identificar su giro es una lona en la fachada donde anuncian que “venden retazos de tela, todos los sábados, de 8:00 am a 12:00 pm”.

Calle 27, entre 20 y 22, Tekit, Yucatán. Única casa que cumple el supuesto giro de la empresa, de acuerdo con la dirección fiscal que proporcionó en el contrato.

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LA GUERRA ENTRE CUAUHTÉMOC BLANCO Y GRACO RAMÍREZ, EN EL PICO MÁS ALTO

MORELOS: NARCO Y PUGNA POLÍTICA Ricardo Ravelo/ Sol Yucatán

Morelos.- La pugna política entre el exgobernador de Morelos, Graco Ramírez, y el actual mandatario de esa entidad, Cuauhémoc Blanco, alcanzó niveles insospechados: Ambos políticos enfrentan denuncias e investigaciones por desvío de recursos públicos ante la Fiscalía General Antocorrupción, además que son señalados de proteger, en sus respectivos mandatos, a personajes de la delincuencia organizada. Tras concluir la administración de Graco Ramírez, en octubre de 2018, el nuevo gobierno encabezado por Cuauhtémoc Blanco Bravo ordenó investigar a su antecesor y, con una celeridad inusitada, presentó al menos doce denuncias por presuntos actos de corrupción, fraudes con obras públicas, desvío de recursos públicos, presupuestos inflados, entre otros, que implican a una media docena de exfuncionarios estatales, algunos de los cuales ya están tras las rejas. Al exgobernador perredista se le acusa de fraudes contra el erario por más de 500 millones de pesos, según los cálculos a los que ha llegado la Fiscalía que investiga este caso. El exjefe de la oficina de la gubernatura de Morelos, José Manuel Sanz, detalló hace poco menos de un año pormenores sobre las acciones fraudulentas de Graco Ramírez: Expuso, por ejemplo, que la empresa Magnos Comercialización —activa durante el gobierno anterior— contrató al músico británico Sting para un concierto efectuado en octubre de 2015 en la arena Teques, por el cual cobraría cien millones de pesos. De acuerdo con las investigaciones, el cantante no recibió el pago. Gerardo Becerra Chávez, asesor anticorrupción del gobierno estatal dijo, al respecto, que la venta de entradas para dicho concierto fue calculado en unos 9 millones de pesos, que serían destinados al Fondo Pro Cultura; sin embargo, en las arcas sólo se hallaron 99 mil pesos. No es todo: Sanz Rivera agregó más datos sobre los fraudes y desvíos en el gobierno de Graco Ramírez: Dijo que por un concierto que ofrecieron los cantantes Mijares y Emmanuel se pagaron 120 millones de pesos y, para ello, fueron contratadas dos empresas inexistentes. A una de ellas –dijo– se le pagaron 2 millones de pesos por la supuesta compra de repelente para mosquitos y a la otra se le cubrieron 3 millones por gel antibacterial. Además de todo este atraco, al exgobernador Graco Ramírez se le atribuyen acusaciones por obras infladas e inconclusas; desvíos de fondos públicos, entre otros delitos. Y entre los imputados figuran, además del exgobernador Gra-

co Ramírez, Jorge Michel Luna, exsecretario de Hacienda estatal; Armando Sanders de Mendoza, Jorge Sánchez Rodríguez, Carlos Alberto Rodríguez, Gerardo Ruiz Solano y Salvador Méndez Medina. Las respectivas denuncias se presentaron ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción por conducto de la Consejería Jurídica del gobierno estatal; otras denuncias fueron turnadas al ámbito federal y están bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR). LA PUGNA POLÍTICA Todo lo anterior ha derivado en una fuerte pugna política entre el exgobernador Graco Ramírez y el actual gobernador, Cuauhtémoc Blanco: A Ramírez se le acusa de haber formado un grupo con poder político y económico para denunciar a Blanco por desvío de fondos públicos, nepotismo y vínculos con el crimen organizado, por lo que ya se interpuso una solicitud de juicio de procedencia ante el Congreso estatal, a fin de que el actual mandatario sea castigado. La Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción de Morelos solicitó al Congreso local inicie un juicio de procedencia en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco por siete diferentes delitos que se investigan desde 2014, además del relacionado con el crimen organizado tras la publicación de una fotografía, en enero de este año, en el que el mandatario aparece con tres miembros del crimen organizado. Además, la Fiscalía tiene abiertas cinco carpetas de investigación contra el mandatario morelense. Entre esas pesquisas se encuentra la que se integró por la fotografía referida en la que Cuauhtémoc Blanco posa con miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación y presuntos gatilleros del grupo Tlahuica. Ahora se sabe que dicha fotografía fue tomada en la oficina parroquial de la iglesia de La Asunción de María, en el municipio de Yautepec, según lo dio a conocer el diario “El Sol de México” el pasado 4 de enero. Édgar Núñez Urquiza, vicefiscal de la Fiscalía Anticorrupción, quien presentó ante el Congreso la solicitud de juicio de procedencia, expuso que otros delitos que se deben investigar, presuntamente cometidos por Cuauhtémoc Blanco, son los de ejercicio indebido de funciones y falsificación de documentos. También se persigue el de fraude procesal, enriquecimiento ilícito y falsedad en declaraciones ante la autoridad. Dijo que la solicitud de juicio de procedencia se da porque existen elementos probatorios concretos respecto a la posible comisión de delitos cometidos por el exfutbolista. De acuerdo con el documento entregado al Congreso de Morelos, familiares y amigos de Cuau-

htémoc Blanco, así como servidores públicos de la entidad, estarían involucrados en el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Entre otros, se menciona al medio hermano del gobernador, Ulises Bravo Molina, actual dirigente del Partido Encuentro Solidario (PES); Édgar Riou Pérez, primo y secretario particular del gobernador; Ricardo Bravo Molina, otro medio hermano de Blanco, así como Jaime Tamayo Godínez, amigo del exfutbolista del América. Núñez Urquiza puntualizó, además, que el procedimiento

(PSD) y, en 2018, por la gubernatura bajo las siglas del desaparecido Partido Encuentro Social (PES), MORENA y PT. Hasta el pasado mes de abril, el área jurídica del Ejecutivo Estatal no había recibido ninguna notificación sobre la apertura de alguna demanda en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco, como habían adelantado el fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, y algunos abogados. El entonces Consejero Jurídico, Samuel Sotelo Salgado –quien recientemente fue nombrado secretario General de Gobierno–

*La pugna política entre Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, y su antecesor, Graco Ramírez, va subiendo de tono. El exmandatario tiene abiertas doce carpetas de investigación ante la Fiscalía Anticorrupción y la FGR por tráfico de influencias, obras con sobreprecio y desvío de fondos públicos *Pero Graco Ramírez, a través de sus aliados, ha respondido con acusaciones por los mismos delitos en contra del actual mandatario de Morelos, a lo que se suma sus presuntos nexos con el crimen organizado, sospechas que se robustecieron tras la publicación de una fotografía, en enero de este año, en la que Cuauhtémoc Blanco aparece retratado con tres miembros de la delincuencia que pertenecen al Cártel de Jalisco y al grupo armado Tlahuica, autores de masacres en Morelos *Por estos delitos, Cuauhtémoc Blanco enfrenta un juicio de procedencia en el Congreso –tiene siete carpetas abiertas por igual número de ilícitos– el cual podría desahogarse si alcanzan la mayoría calificada. Hasta ahora, Blanco no ha sido notificado de ninguna investigación, según dijo recientemente, pero desde hace un mes despacha en Palacio de Gobierno con un amparo bajo el brazo legislativo debe contemplar para la próxima sesión del pleno del Congreso el caso del juicio de procedencia, a fin de que el asunto se turne a la Comisión de Gobernación y al gran jurado, que preside el morenista Arturo Pérez Flores. Una vez que se defina un acuerdo en ese órgano parlamentario, ya sea a favor o en contra, lo que seguiría es la redacción de un dictamen para discutirse y votarse en el pleno, aunque declaró que no existen plazos que determine la ley para que esta solicitud pueda desahogarse en un tiempo determinado. Para que avance el juicio de procedencia en el Congreso morelense se requiere mayoría calificada, que la avalen 14 de los 20 diputados, lo que hasta ahora no ocurre. Enrique Paredes Sotelo, presidente del Colegio de Abogados de Morelos, fue quien presentó las denuncias por enriquecimiento ilícito contra Blanco Bravo y funcionarios de su gobierno, así como por falsificación de documentos que en su momento acreditaron a Blanco como ciudadano morelense para competir, en 2015, por la alcaldía de Cuernavaca por el extinto Partido Socialdemócrata

había dicho hace poco menos de un mes que no habían sido notificados sobre demanda alguna, aunque aceptó que su jefe, el gobernador Cuauhtémoc Blanco, procedió a interponer un recurso de amparo para defenderse en caso de que las demandas existeran. MORELOS: EL NARCO SIGUE IMPUNE En enero de este año, el gobernador Cuauhtémoc Blanco atrajo los reflectores y las críticas luego de que fuera publicada una fotografía en la que aparece con miembros del crimen organizado. Se trató de personajes del Cártel Jalisco y del grupo armado Tlahuica. A este último se le atribuye la ola de ejecuciones que se han perpetrado en Morelos. El mandatario morelense negó conocer a los presuntos delincuentes luego de la publicación de la fotografía; al día siguiente, el escándalo aumentó de tono tras la aparición de una “narcomanta” plagada de improperios e insultos en contra del exjugador del club América y exalcalde de la ciudad de Cuernavaca, pues le recriminaron haber negado la amistad con los criminales y le exigieron que

cumpla los acuerdos que tiene con la organización criminal. La iglesia católica también hizo su parte atizando la guerra, la cual Cuauhtémoc Blanco atribuye a su antecesor, Graco Ramírez; mediante un comunicado, la iglesia expuso que el encuentro entre Blanco y los presuntos delincuentes se llevó a cabo en una parroquia, en el municipio de Yautepec; que ahí se encontraron, aunque los religiosos negaron haber intervenido como mediadores en el encuentro y rechazaron tener conocimiento respecto de lo que hablaron tanto el gobernador como los miembros de la delincuencia organizada. A todo esto siguió el señalamiento de Cuauhtémoc Blanco, quien acusó a su antecesor, Graco Ramírez, de estar detrás de la campaña en su contra; también dijo que existen audios que prueban que el exsecretario de Seguridad Pública en Morelos, Jesús Alberto Capella, sostuvo varias conversaciones con Santiago Mazari Hernández, el “Carrete”, exjefe del Cártel de Los Rojos, que opera en Morelos, Guerrero y Michoacán. Mazari fue detenido en 2019 en Guerrero. Por otra parte, diversos partidos políticos exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) a cargo de Alejandro Gertz Manero, que investigue si el gobernador de Morelos está implicado con la delincuencia organizada. Hasta ahora, la FGR no ha hecho oficial si inició la investigación en contra del mandatario de Morelos. Desde hace varios años, el estado de Morelos ha sido tierra de capos y cárteles. En los años noventa, el Cártel de Juárez y su jefe, Amado Carrillo, se afincaron en esa entidad; antes estuvo operando Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Jefe de Jefes”. Después hizo lo propio Juan José Esparragoza Moreno, el “Azul”, quien vivió en Morelos y se encargaba de mover toneladas de cocaína con la protección del jefe de la policía, Agustín Montiel, quien ocupó ese cargo durante el gobierno del panista Sergio Estrada Cajigal. En el año 2006, el Cártel de los hermanos Beltrán Leyva se asentaron en Morelos. Incluso en la ciudad de Cuernavaca fue abatido Arturo Beltrán, el “Barbas”, en el interior de su departamento de lujo. La muerte del capo fue producto de un enfrentamiento entre sicarios y miembros de La Marina. Ahí fue acribillado Beltrán Leyva, jefe del cártel que antes estuvo asociado con el Cártel de Sinaloa. A la vuelta de los años, las organizaciones criminales se han robustecido. Ahora en Morelos operan Los Rojos, Guerreros Unidos, Cártel Jalisco, Los Viagras, Caballeros Templarios y Los Valencia, todos ellos michoacanos que son tan violentos como crueles, pues suelen decapitar y descuartizar a sus víctimas. A estos grupos se les atribuyen los baños de sangre que enfrentan entidades como Guerre-

ro, Michoacán y Morelos. A la violencia imparable que enfrenta la entidad –balaceras, levantones, tráfico de drogas, cobro de piso, secuestros y asesinatos– ahora se suma el señalamiento de que el mandatario y exfutbolista del club América tiene vínculos con el crimen organizado. Los personajes del crimen con los que Blanco posó son Irving Solano Vera, “El Profe”, identificado por las autoridades como jefe del Cártel Guerreros Unidos que opera en el estado de Morelos. Otro de los jefes criminales responde al nombre de Homero Figueroa Meza, conocido en el mundo del hampa como la “Tripa”, quien funge como jefe del grupo armado Los Tlahuicas, también conocido como Comando Tlahuica; y el otro, según las autoridades, es Raymundo Isidro Castro Santiago, apodado el “Ray”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación en Morelos. La fotografía, que ha causado gran escándalo y polémica, se publicó después de que fuera detenida, el pasado 6 de noviembre de 2021, Esther Yadira Huitrón Vázquez y/o Rosario Herrera, conocida en el mundo criminal como la “Jefa”. Tras su captura, a la “Jefa” le quitaron un teléfono celular donde se encontraba guardada la fotografía de Cuauhtémoc Blanco con los líderes del crimen organizado. El martes 4 de enero, el gobernador Cuauhtémoc Blanco fue abordado por los medios de comunicación para que explicara el origen de la foto y las razones por las que posó con los miembros de tres grupos criminales que están afincados en la entidad que gobierna. Blanco expuso que no conoce a las personas con las que se fotografió. Tras negar que son sus amigos, el miércoles 5 se difundió en redes sociales la fotografía de una narcomanta que apareció en Cuernavaca en la que acusan al gobernador de estar relacionado con el crimen y con las personas de la fotografía. Plagada de insultos, mentadas de madre y calificativos alusivos a su sexualidad, el mensaje de la narcomanta le recuerda a Blanco la relación con los tres líderes del crimen; le llaman jorobado, y además lo amagan con difundir información, aparentemente comprometedora, sobre el asesinato del activista Samir Flores, ejecutado el 20 de febrero de 2019. Samir Flores fue un activista social muy conocido dentro y fuera de Morelos; antes de ser asesinado, se destacó por emprender un movimiento para impedir la construcción de la termoeléctrica Huexca, proyecto impulsado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El día que lo ejecutaron –presuntamente para que no siguiera generando polémica por el proyecto de la termoeléctrica –tres sujetos armados arribaron a su domicilio particular.

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ENTRE SEMANA ¡Pregúntame, caón!, ¡pregúntame!

“EL HUMMER”, FUNDADOR DE LOS ZETAS: VIVIR PARA MATAR

*Fue militar, miembro del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES) y fundador de Los Zetas, el ejército protector del Cártel del Golfo. Jaime González Durán se Ricardo Ravelo Galó caracterizó por ser un sicario sanguinario y despiadado. Tras cumplirse catorce años de su captura, al matón de Los Zetas se le recuerda por el asesinato del cantante Valentín Elizalde, el 25 de noviembre de 2006, en Reynosa, Tamaulipas

Hoy Escriben

*Junto con él, también fue acusado del crimen Raúl Hernández Barrón, “El Flander 1”, militar y miembro de Los Zetas. A 16 años del crimen, el caso sigue sin aclararse. Circulan dos versiones de los hechos: Que el cantante se metió con una de las novias de “El Hummer” y la otra establece que le habían prohibido cantar “A mis enemigos”, una canción que en realidad estaba dedicada al entonces jefe del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, enemigo acérrimo de los jefes del Cártel del Golfo y de Los Zetas. Al término del palenque, Elizalde cerró su presentación con esa melodía. Media hora después fue ejecutado junto con su chofer y su representante. El caso sigue impune Ciudad de México.- Violento hasta el extremo, dueño de una saña indomable, Jaime González Duran, “El Hummer”, miembro durante varios años de Los Zetas, tiene una larga historia en el narcotráfico: Fue militar, pieza del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES), de donde desertó en 1999 para sumarse al narcotráfico. Su tarea criminal, de corta trayectoria pero de profunda destrucción humana, lo convirtió en uno de los hombres más peligrosos dentro de Los Zetas, que por aquel entonces operaba como brazo armado del Cártel del Golfo. Eran, en resumen, un ejército del narcotráfico. Su historia criminal registra decenas de asesinatos, entre otros, se le atribuye la ejecución, en noviembre de 2006, del cantante Valentín Elizalde, asesinado al término de una presentación en el palenque organizado en la Expo Feria Reynosa. Cuando terminó su presentación, Elizalde salió del palenque a bordo de una camioneta suburban. En el trayecto fueron alcanzados por un comando armado que les disparó unos 70 tiros. Adentro de la camioneta fallecieron el cantante Valentín Elizalde, Reynaldo Ballesteros, su chofer y Mario Mendoza Grajeda, su representante. Fausto “Tano” Elizalde, primo hermano del cantante, resultó herido. Media hora antes del ataque, Elizalde –conocido en el mundo artístico como “El Gallo de Oro”–, todavía se encontraba cantando en el palenque. El pasado 25 de noviembre de 2021 se cumplieron 16 años del crimen del cantante. Pese al transcurso del tiempo, el caso no ha sido aclarado por las autoridades federales, quienes atrajeron la investigación por tratarse de un asesinato presuntamente vinculado con el narcotráfico. Sobre el crimen han circulado diversas versiones, pero entre éstas una ha sobresalido y tiene que ver con una canción titulada “A mis enemigos”. Se trata de una composición musical que lanzó a la fama a Elizalde. Los investigadores sostienen que la canción tiene un mensaje y un nombre en su letra. Dicha canción habría sido compuesta en honor al entonces poderoso jefe del Cártel de Sinaloa –Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”–. Se infiere algo más: Que la canción en realidad es un mensaje de Guzmán a sus rivales del Cártel del Golfo, que por aquellos años estaban enfrentados a muerte. Y es que el Cártel del Golfo fue, por años,

el enemigo acérrimo del Cártel de Sinaloa. Ante la imposibilidad de matar el destinatario del mensaje, en este caso “El Chapo”, los miembros del Cártel del Golfo y de Los Zetas decidieron eliminar al mensajero: Valentín Elizalde. Se asegura, además, que le dijeron al cantante que no cantara esa canción porque le iba a costar caro. Elizalde, sin embargo, cerró su presentación con “A mis enemigos” y así selló su suerte. En ese tiempo –2006– el Cártel del Golfo contaba con un brazo armado, Los Zetas, tan sanguinarios como temibles. Este grupo armado se encargaba de todo el trabajo sucio de la organización criminal: Asesinatos, desapariciones, amenazas, extorsiones y despojo de propiedades. Como probables autores del crimen se manejaron dos nombres: Se trata de Raúl Hernández Barrón, “El Flander 1” y Jaime González Durán, “El Hummer”, ambos de extracción militar y fundadores de Los Zetas. “El Flander 1” estuvo dentro de las filas del Ejército Mexicano durante seis años. Era soldado de infantería. Ingresó a la milicia el 1 de septiembre de 1993 y causó baja en febrero de 1999. Fue adiestrado por la milicia estadounidense y por las fuerzas armadas de Israel. Luego se incorporó al Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES), de donde fueron cooptados Los Zetas, de acuerdo con la versión oficial. González Durán, “El Hummer” –el otro personaje acusado del crimen de Valentín Elizalde– también tiene una historia dentro de la milicia antes de pasarse al crimen organizado. La tarde del viernes 7 de noviembre del 2008, tres días después del accidente aéreo donde falleciera el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, González Durán fue detenido en un operativo de la Policía Federal. Entonces “El Hummer” tenía 37 años. Su biografía señala que este sicario –uno de los más sanguinarios– nació el 8 de octubre de 1971 en un poblado de la Huasteca Potosina. Es hijo de Eleuterio González y Sara Durán. Ambos decidieron ponerle a su vástago el nombre de Jaime. Jaime ya tenía dos hermanos mayores – Carlos Alberto y Hortensia– quienes como él nacieron en Xolmón, municipio de Aquismón, localizado a 318 kilómetros al este de la capital de San Luis Potosí. Esta demarcación fue la cuna de uno de los fundadores más sanguinarios del grupo delictivo Los Zetas. Xolmón tiene unos 500 habitantes. Su orografía es muy accidentada, ya que por este sitio atraviesa la Sierra Madre Oriental, la belleza del paisaje en su plenitud. Su orografía no oculta la majestuosidad del paisaje natural – montañas, laderas y ríos– que Jaime González, “El Hummer” tuvo la oportunidad de disfrutar desde su niñez. En realidad, este violento personaje de la delincuencia vivió en un ambiente naturalmente sano. Otros detalles de las bondades de la naturaleza es que la temperatura es cálida y no menos húmeda. En Xolmón, según estudios de su geografía y vegetación, llueve durante nueve meses –de marzo a noviembre–, lo que hace de estas tierras un lugar idóneo para la agricultura y el cuidado de ganado, principales actividades económicas de los habitantes. En esta comunidad es tradicional que los menores de edad ayuden a sus padres en las labores del campo, incluida la caza de serpientes y venados, en un entorno donde prevalecen altos niveles de marginación y pobreza. Durante la década de los setenta, en Aquismón era usual que la mayoría de los hogares tuvieran piso de tierra. Esta condición era una generalidad tan clara como la cultura mestiza e indígena que domina en ese territorio. Esa población está habitada por unas 25 mil personas de la etnias Tenek y el Náhuatl es el dialecto que predomina en la Huasteca.

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Corría el año de 1967 cuando uno de los mas prestigiados ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Don Salvador Mondragón Guerra con su gran sabiduría ilustro a sus estudiantes diciendo: ‘’es difícil hacer acatar las leyes a los hombres enriquecidos (Difficillimum est homines amplissima fortuna didatus legians contiAlberto Woolrich Ortiz. nere); sobra decir que dicho catedrático de... VOCES DEL PERIODISTA El Indio Fernández, el gran capo del cine dorado mexicano: En “¡Que viva México!”, esa obra de cine silente, muda –como todas las tragedias actuales, de las que nadie quiere hablar y todos tapan con la cobija del soborno o del chantaje– plasmó el amor por este país que? lo llevó a retratar Mouris Salloum George las infamias del campo hidalguense. TEMAS CENTRALES 2022, mortífero para periodistas

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Las acciones de la política monetaria de la FED, han comenzado a provocar ajustes importantes en las condiciones financieras a nivel local y global, encareciendo los costos de endeudamiento y crédito. El incremento a las tasas de interés y el retiro de liquidez de los mercados de deuda tiene un imEdgar González Martínez. pacto sensible para la actividad económica. EPISTOLARIO Angola expulsó a los médicos cubanos DOLORES: ¡Al carajo!, dijo él, deben irse los que se oponen a que vengan los médicos cubanos a México. Era de esperarse. Cuando se ve perdido mienta madres y grita “¡a la chingada!” No sabe controlar sus enojos.

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Tal vez lo ignora, o tal vez hace como que no... CIRCUITO CERRADO -Scherer gana el partido de ida a Gerz

En términos de la liguilla del fútbol mexicano, -de moda en estos días- con la decisión del árbitro, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna de exculpar, a quienes algunos llamaron la banda de Julio Scherer, el ex consejero jurídico ganó el partido de ida al fiscal Alejandro Gertz MaHéctor Moctezuma de León nero. CONCATENACIONES La catastrófica cuenta macabra A cien mil desaparecidos llegó en días pasados el registro oficial, que se lleva desde hace más de medio siglo en nuestro país.

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Del 30 de mayo al 5 de junio de 2022

Edición No. 116

ATRAPADOS POR LA JUSTICIA Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General

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PROGRESO

LLUVIAS, EXCUSA PARA SAQUEAR

*Con un goteo continuo, el alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, persiste en saquear las arcas del municipio bajo el pretexto de supuestas obras públicas

Mauricio Vila Dosal.

*Un ejemplo es el derroche de 1.4 millones de pesos por medio de una empresa de dudosa legitimidad, para la construcción de pozos fluviales en octubre de 2020 PAG. 5

Renán Barrera Concha.

VALLADOLID

GOZA DE IMPUNIDAD

*Las autoridades del Gobierno Federal han armado voluminoso expediente para investigar a fondo a los funcionarios cercanos al jefe del Ejecutivo, quienes preparan su salida del gabinete para posiblemente huir del Estado *Los desvíos de Mauricio Vila sumarían un total de 685 millones de pesos. Renán Barrera lleva a cuestas cerca de 10 denuncias penales y amparos en su contra PAG. 11

ENCARECEN GASTOS

PETO

OBRAS "FANTASMA"

*La Secretaría de Salud de Yucatán le pagó 8.7 millones de pesos a la empresa Toka Internacional para la adquisición de tarjetas electrónicas de canje, através de un contrato directo PAG. 12

DESPILFARRA EL ERARIO LUCRA DIF CON NIÑOS TIZIMÍN

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