Sol Yucatán | Edición n.º 119 | 20 de junio de 2022

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EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

TRÁFICO DE CONTRATOS

Ciudad de Mérida, Yucatán

Del 20 al 26 de junio de 2022

Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General

Edición No. 119

$ 5.00

*Durante los últimos tres años de Renán Barrera Concha, 34 de 364 personas morales y físicas concentraron la mitad de los tres mil 125.6 millones de pesos del presupuesto que el Ayuntamiento destinó a contratos de obra pública y adquisiciones de bienes y servicios *De esas empresas y de esos negocios 11 son los preferidos del alcalde reelecto, pues desde 2019 año con año han sido beneficiados con diversos contratos. Contratos sin evidencia de pago al contratista y proveedor *Al efectuar un cruce de datos con la información del portal de pago a proveedores del municipio se observa que el Ayuntamiento en realidad pagó 849.8 millones de pesos más, hasta sumar tres mil 125.6 millones de pesos.

Redacción/Sol Yucatán Mérida.- Durante los últimos tres años del gobierno de Renán Barrera Concha, 34 de 364 personas morales y físicas concentraron la mitad de los tres mil 125.6 millones de pesos del presupuesto que el Ayuntamiento de Mérida destinó a contratos de obra pública y adquisiciones de bienes y servicios de 2019 a 2021, y de esos negocios 11 son los preferidos del alcalde reelecto, pues desde 2019 año con año han sido beneficiados con diversos contratos.

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UTILIZA PRESTANOMBRES DESAPARECIÓ 8.9 MDP PROGRESO

*Uno de los principios de la Fiscalía General del Estado, de acuerdo con sus propios estatutos, es observar la estricta aplicación de la ley. Sin embargo, en 2021, el fiscal Juan Manuel León León celebró un contrato por más de dos millones de pesos con una prestanombres

*Si bien se trató de una licitación pública, en el documento no se especifican cuáles fueron las otras compañías participantes, ni sus propuestas, ni mucho menos un cuadro comparativo que permita verificar que la proposición de Karla Castillo Peralta fuera la más favorable PAG. 14

*Durante el ejercicio público del año 2019, de acuerdo con la evaluación de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, el alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, desfalcó al ayuntamiento por 8.9 millones *El desfalco se consumó a través de contratos opacos, ausencia de documentos y actas de PAG. 2 cabildo que justifiquen las obras, así como la falta de actas de entrega-recepción PAG. 5

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EDITORIAL

Redacción /Sol Yucatán

PODER JUDICIAL, EN PELIGRO Alberto Salum Ventre no tiene experiencia, y menos preparación, se pudo averiguar en el directorio de la Consejería Jurídica del Estado, que ocupa el puesto de subconsejero de Servicios Legales y Vinculación Institucional, ¬¬–además de haber laborado como coordinador de Programas y Áreas de Apoyo en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)–, también trabajó en la iniciativa privada, pero no dice dónde ni cuándo.

Como se puede ver, Salum Ventre no tiene una carrera judicial ni laboral, pues su único mérito es el vínculo familiar que lo une con Vila Dosal, pero nada de eso importa al Gobernador con tal de tener el control del Poder Judicial del Estado.

Es por ello que hay un descontento en el Poder Judicial, porque se quejan de que en las ternas que han llegado al Congreso del Estado aparecen nombres de empleados del gobierno, amigos de

altos funcionarios y ahora hasta familiares que son palomeados por la mayoría legislativa del PAN y sus aliados.

También hay protestas porque a ningún El gobernador Mauricio Vila Dosal juez se le ha tomado en cuenta en las se ha convertido en el peor enemigo del ternas que propone el Ejecutivo al PoPoder Judicial y la democracia en Yucader Legislativo. tán. Con su reciente propuesta de coloIncluso hay críticas contra los que car a su primo, Alberto Salum Ventre, aparecen como rellenos en las ternas de claramente trata de imponer su presenpropuestas de magistrados, pues únicia y así tener a alguien afín en uno de camente aparecen ahí para cumplir un los puestos vacantes para magistrado; requisito cuando ya se conoce de antequeda en evidencia que a Vila Dosal no mano la decisión desde que los nombres le importa guardar las formas, con tal de llegan al Congreso. concentrar todo el poder en sus manos.

Es tan tensa la situación que se vive En realidad, los gobernadores siemen el Poder Judicial que ya otros prepre han designado a gente cercana a tenden seguir los pasos del juez Santos ellos en los puestos donde tienen la faAlfredo May Tinal, quien promovió un cultad para impartir justicia, pero antes amparo por el procedimiento de desigcuidaban las formas. Ahora, las designación de los nuevos magistrados. naciones de Vila Dosal de “amigos” y Como se recordará, el juez Santos parientes sin perfil para los puestos con May Tinal presentó una demanda de el único requisito de haber estudiado en amparo debido a la omisión de reglas y la universidad privada del periférico, criterios claros para establecer el perfil son desagradables. idóneo para la integración de ternas de los candidatos a ocupar las magistraturas vacantes, luego que dos magistrados solicitaran su retiro prematuro Ante tantas irregulariEL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO dades jurídicas, el Juzgado Director General: Cuarto de Distrito del Poder Judicial de la Federación Pedro Daniel Rodríguez Hernández ordenó la suspensión proviSubdirector General: José Enrique González Ortiz sional del procedimiento de Coordinación Editorial: José Sánchez López designación de magistrados Coordinador de Finanzas: Víctor Manuel Simá Kú al considerar que dicho proCORRESPONSALES NACIONALES ceso es discriminatorio.

Veracruz: Sayda Chiñas Córdoba / Tijuana: Isaí Lara Tonathiu / Guerrero: Cuauhtémoc Así de grave es el tráfico Albarrán / Chihuahua: Héctor Dáyer López / Tamaulipas: Oscar Pineda Tapia / Oaxaca: de influencias y nepotismo Roberto Polo Hernández / Sinaloa: Jesús Herrera Guanajuato: Eduardo Estrada Téllez / del gobernador, tan cegado Puebla: Ana de la Fuente Laudo / Michoacán: Marcos Hernández Palafox / Ciudad de México: José G. Sánchez / Estado de México: Manuel Godínez / Cuernavaca: Alejandro Melgoza por la soberbia, que ya ni las formas guarda en la descaraCOLUMNISTAS da repartición de los puestos Rafael Loret de Mola / Ricardo Ravelo Galó / José Sánchez López / Francisco Medina / Mouris a magistrados como si fuera Salloum George / Pablo Cabañas / Héctor Moctezuma de León / Edgar González Martínez / Sergio Gómez Montero /Moisés Sánchez Limón / Sócrates Campus Lemus / Gregorio Ortega una empresa de su propieMolina / Glen Rodrigo Magaña / Fernando Irala / Octavio Campos Ortiz / Alberto Woolrich / dad.

Aletia Molina / Miguel Rocha Valencia / Miguel Tirado Rasso / Armando Rojas/ Roberto Fuentes En otras palabras, el goCaricaturistas: Salvador del Toro “Chavo del Toro” / Armando Barrera Vera bernador pretende manejar Redacción: la asignación de los maJefe de información: Josué Isaías Massa Tec gistrados desde su agenda Monitoreo: Fernanda Torres Vidal, Ivana Xahil Osorio Azcorra, Mar Ortiz , Carlos García personal, con base al nepoUrdapilleta Transparencia: Gerardo Briceño / Lesmy Aurelia González Velázquez tismo, amiguismo y favoriReporteros: Didier Madera / Eyder Joel Núñez Euán tismo, haciendo a un lado la Diseño gráfico y Diagramación: Daniel E. Tuz Solís / Edwin J. Hidalgo Sandoval experiencia y el grado acaRelaciones públicas: Paola Pacheco Orendain démico de cada uno de los Ventas: Mario Cabrera Pech aspirantes.

OFICINAS EN YUCATÁN Yucatán está siendo conDirección de las oficinas: Calle 31 por Calle 21, Nº 211, local B, Colonia México Oriente, C.P. 97125, Mérida, trolado por una sola persoYucatán. na. Algo muy peligroso para Tel. Oficina: 999 285 9235 ó 999 291 6663.

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DIRECTORIO

Manuel alejandro Godínez López Te. 5550531909

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OTRAS INQUISICIONES Por Pablo Cabañas Díaz CÓDICE FLORENTINO

La Historia general de las cosas de Nueva España , conocida como el Códice Florentino, fue el resultado de una investigación de 30 años dirigida por el misionero franciscano Bernardino de Sahagún. A lo largo de 2 mil 446 páginas divididas en doce volúmenes, el Códice relata la historia, costumbres, conocimientos de la gente del centro de México poco después de la invasión española.

El Códice Florentino fue concebido como una enciclopedia en 12 volúmenes que abarca todos los aspectos de la vida y la cultura de los antiguos pueblos del Centro de México, hablantes de náhuatl. Los 12 volúmenes fueron escritos en dos columnas paralelas, la original en náhuatl a la derecha y la traducción resumida al español a la izquierda. Todos los volúmenes están, además, acompañados por pinturas enmarcadas; algunas tienen brillantes colores y otras están hechas en blanco y negro. Sahagún nombra a sus más cercanos colaboradores indígenas, a quienes describe como gramáticos trilingües, porque podían escribir en náhuatl, español y latín: Antonio Valeriano, Alonso Vegerano, Martín Jacobita y Pedro de San Buenaventura; menciona a los escribas que lo ayudaron a pasar en limpio los textos: Diego de Grado, Bonifacio Maximiliano y Mateo Severino.

Sahagún, sin embargo, no menciona a los artistas que pintaron las 2 mil 686 pinturas de los 2 mil folios que comprende la obra. Gracias a un estudio estilístico de las manos de artistas en el documento original pude identificar a 22 pintores, de entre los cuales cuatro son maestros y podrían ser los mismos gramáticos mencionados por Sahagún..

Los textos en español de los 12 libros han sido publicados en ediciones en español numerosas veces, la versión más apegada al texto español del Códice Florentino es la preparada por Alfredo López Austin y Josefina Quintana. El texto en español se titula Historia general de las cosas de Nueva España.

Los textos originales en náhuatl del Códice Florentino, sin embargo, solamente se han traducido y publicado en inglés. No existe todavía ninguna edición que nos deje apreciar las complejas relaciones entre los textos originales en náhuatl y español y las pinturas que los acompañan. Contamos con una edición facsimilar, con las proporciones del original, realizada por el Archivo General de la Nación en 1979.

Para componer esta obra compleja, Sahagún consultó con ancianos de comunidades nahuas quienes eran autoridades en diferentes campos.

Estos respondieron sobre sus creencias y tradiciones, y proporcionaron información en una forma de escritura pictórica. Sahagún también colaboró con sus estudiantes del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, jóvenes nahuas que recibieron una educación europea que incluía la teología cristiana, español y latín. Estos jóvenes interpretaron y ampliaron las respuestas e imágenes proporcionadas por los ancianos en náhuatl, transcribiéndolas usando el alfabeto latino y agregaron 2 mil 468 ilustraciones.

Luego Sahagún tradujo el texto náhuatl al español.

Epidemias devastadoras afectaron gravemente la producción del manuscrito, terminado en 1577 .

Estas páginas, que presentan las propiedades de varias plantas medicinales, forman parte del párrafo 5 del libro 11, sección concebida probablemente como un herbario. . Como en los volúmenes anteriores, las ilustraciones lucen refinadas y coloridas, combinando la tradición mesoamericana de escritura pictórica con la tradición europea de documentación enciclopédica. El admirable detalle sugiere que los artistas tenían las hierbas a la vista mientras las pintaban. Las plantas enumeradas se utilizaban para tratar muchas dolencias, como fiebre, pústulas, úlceras, gusanos intestinales y gota. Las ilustraciones destacan los usos médicos de cada planta. En esta liga se puede consultar elCódice

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Redacción/ Sol Yucatán

Mérida.- Durante los últimos tres años del gobierno de Renán Barrera Concha, 34 de 364 personas morales y físicas concentraron la mitad de los tres mil 125.6 millones de pesos del presupuesto que el Ayuntamiento de Mérida destinó a contratos de obra pública y adquisiciones de bienes y servicios de 2019 a 2021, y de esos negocios 11 son los preferidos del alcalde reelecto, pues desde 2019 año con año han sido beneficiados con diversos contratos.

De una revisión de las bases de datos del portal de Transparencia sobre contratos de obra y de adquisiciones de bienes y servicios –excluyendo los de publicidad–, se encontró que de 2019 a 2021 el Ayuntamiento de Mérida celebró 829 contratos con 364 empresas y personas físicas, mismos que sumaron alrededor de dos mil 275.8 millones de pesos.

Al efectuar, sin embargo, un cruce de datos con la información del portal de pago a proveedores del municipio se observa que el Ayuntamiento de Mérida en realidad pagó 849.8 millones de pesos más, hasta sumar tres mil 125.6 millones de pesos.

La diferencia en las fuentes de información tiene varios factores: saldos de ejercicios anteriores, ampliaciones o renovaciones de contratos, así como diversas adquisiciones directas sin contrato reportado con los mismos contratistas o proveedores. También se detectaron nueve convenios que se firmaron en ese periodo, pero que no presentan registro de pago y que son por 22.1 millones de pesos.

De acuerdo con la información recabada, 2020 fue el año que el municipio registró el mayor gasto en contratos, pues en 349 convenios hay evidencia que se erogaron mil 159.3 millones de pesos, lo que representó 32.3 por ciento del presupuesto aprobado, de tres mil 585.2 millones de pesos.

Le sigue el año 2021 con mil 38 millones en 212 contratos, lo que representó 32.6 por ciento de los tres mil 317.3 millones de pesos de presupuesto, es decir, aunque de manera nominal fue menor lo erogado en comparación con 2020, en

realidad el porcentaje que representó respecto al presupuesto autorizado fue mayor en 0.3 por ciento.

En tanto, en 2019 se erogaron 928.3 millones de pesos en 268 acuerdos, es decir, 28 por ciento de los tres mil 185.3 millones de pesos de recursos para ese año.

De esta manera, en 2019 Barrera Concha destinó poco más de uno de cada cuatro pesos del erario municipal a contratos con empresas y personas físicas, pero en 2020 y 2021 –años de preparativos y ejecución de elecciones, donde resultó electo– ese gastó creció a

*Durante los últimos tres años de Renán Barrera Concha, 34 de 364 personas morales y físicas concentraron la mitad de los tres mil 125.6 millones de pesos del presupuesto que el Ayuntamiento destinó a contratos de obra pública y adquisiciones de bienes y servicios

*De esas empresas y de esos negocios 11 son los preferidos del alcalde reelecto, pues desde 2019 año con año han sido beneficiados con diversos contratos. Contratos sin evidencia de pago al contratista y proveedor

Renán Barrera Concha.

*Al efectuar un cruce de datos con la información del portal de pago a proveedores del municipio se observa que el Ayuntamiento en realidad pagó 849.8 millones de pesos más, hasta sumar tres mil 125.6 millones de pesos. casi uno de cada tres pesos.

EMPRESAS PREFERIDAS De las 364 empresas y personas físicas con las que desde 2019 el Ayuntamiento de Mérida ha celebrado convenios, 34 destacan por el monto que suman en el periodo que se analiza: mil 570.5 millones de pesos, es decir, 50.2 por ciento del total de los recursos erogados en convenios de 2019 a 2021.

Pero de esas 34 personas morales y físicas, 11 han obtenido contratos cada año desde 2019, ya sea bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres personas, a través de licitaciones o en adjudicaciones directas, lo que las convierte en las “consentidas” del alcalde.

Esas 11 empresas y personas físicas suman 657.9 millones de pesos en tres años, es decir, reunieron 21 por ciento del total erogado en contratistas y proveedores de 2019 a 2020.

En esta lista aparecen empresas que Sol Yucatán ya ha revelado que operan en la práctica como acaparadores, pues mantienen acceso a amplios recursos públicos municipales, estatales y federales bajo la sombra de contratos a modo o por influencias, mientras que en algunos casos se generan dudas sobre corrupción, pues en algunos es difícil verificar la entrega de productos o la prestación de los servicios contratados, por las características de los mismos y los procesos establecidos para su vigilancia, tal es el caso de Egob-Express, Grisell Pineda Sierra, Asfalsur y Asesoría Proser.

Hay otras empresas de la lista, sin embargo, que también presentan irregularidades, aspectos que se aborda-

rán en siguientes entregas.

RENÁN TRABAJA CON EMPRESAS CORRUPTAS En el mismo tenor, y pese a la advertencia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el alcalde Renán Barrera Concha contrató en 2019 los servicios del empresario Carlos José Ramírez Aguilar, acusado de cobros indebidos a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), y le dio un contrato por 2.1 millones de pesos para trabajar en el Mercado Municipal “Lucas de Gálvez”.

En esta ocasión, el ilegal acuerdo lo sostuvo con la iniciativa privada Alta Tensión, Cimentación y Caminos Alcica, Sociedad Anónima de Capital Variable, de la cual, Ramírez Aguilar se declaró como el “administrador único”.

De acuerdo con el acta de fallo, el objeto del contrato fue la “Rehabilitación de instalaciones eléctricas y losa de azotea del mercado Lucas de Gálvez (sección comidas)”, aunque nunca se especificó el número de licitantes que participaron en la convocatoria.

Para la presunta obra, se le autorizó un presupuesto por dos millones 114 mil 446.82 pesos para trabajar en un plazo de 63 días naturales. Las obras iniciaron el 9 de noviembre 2019, para concluir el 9 de febrero de 2020.

Asimismo, en el contrato se omiten los detalles de la labor a efectuar durante dos meses, por lo que es evidente la violación a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como su reglamento en vigor.

Finalmente, el documento fue signado por Barrera Concha y Ramírez Aguilar, así como por el secretario municipal, Alejandro Iván Ruz Castro, y el director de Obras Públicas, David Enrique Loría Magdub.

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ALCALDE ESTAFADOR MOTUL

miblemente será denunciado por los ejidatarios para que responda ante las autoridades el por qué regaló lo que no le pertenece.

Sol Yucatán pudo conocer que el alcalde ya construyó una enorme vivienda en las tierras que ahora tendrá que regresar.

*El Tribunal Unitario Agrario ordenó a Rafael Acosta Solís que devuelva dos mil hectáreas que vendió a 55 personas, entre ellas está el “flamante” presidente municipal Roger Rafael Aguilar Arroyo *Fue anulado el avecindamiento de los compradores y automáticamente pierden todo tipo de derecho para posesionarse de las dos mil hectáreas

*El alcalde donó tierras ejidales a la Guardia Nacional para que hagan su cuartel, lo que legalmente no le compete a Roger Aguilar sino al Comisariado mediante Asamblea con los campesinos Redacción /Sol Yucatán Motul.- El Tribunal Unitario Agrario (TUA), número 34, ordenó mediante sentencia registrada en el expediente TUA 34-080/2015, al abogado Rafael Acosta Solís, asesor del ejido de Motul, que devuelva dos mil hectáreas que vendió a 55 personas, entre ellas está el “flamante” presidente municipal Roger Rafael Aguilar Arroyo.

El abogado y asesor del ejido de Motul contó con la complicidad del entonces co-

misario ejidal Juan Iza Balam así como del actual titular del comisariado, Arcadio Tamayo Angulo y su guardaespaldas José Armando Can y May. Esta orden de devolver las tierras se origina de la anulación del avecindamiento de los compradores, y automáticamente pierden todo tipo de derecho para posesionarse de las dos mil hectáreas.

Ahora, Rafael Acosta Solís y el comisario ejidal Arcadio Tamayo Angulo podrían ser denunciados penalmente ante la Fiscalía General de la República y otras instancias

LISTA DE COMPRADORES DE TIERRAS

Roger Rafael Aguilar Arroyo. por fraude, abuso de confianza, presunta asociación delictuosa y los que resulten, por quienes pagaron por estas tierras, cuyos únicos dueños son los verdaderos campesinos.

Todo inició en la administración ejidal de Juan Iza Balam del 2012 al 2015, cuando asignó en venta más de dos mil hectáreas a sus amigos y fuereños, durante una asamblea amañada en la que no hubo cuórum y en la que también estuvo involucrado Arcadio Tamayo Angulo, actual comisario ejidal.

Derivado de esta ilegal asignación, no faltó el oportu-

Rafael Acosta Solís. nista como Julio Balam quien sin ser campesino y ni siquiera originario de Motul, impulsó a su cómplice Jorge Ernesto May Balam para que presentara una demanda en el Tribunal Unitario Agrario.

Fue de esa manera que el TUA ordenó la devolución de las tierras, sin embargo, Julio Balam tiene otro objetivo, que es quedarse con algunas de las tierras recuperadas y de otras poder venderlas, toda vez que así ha sido desde su llegada a tierras motuleñas, donde llegó con las manos vacías y ahora es un reconocido oportunista.

Cabe señalar que el presidente municipal donó tierras ejidales a la Guardia Nacional para que hagan su cuartel, lo que legalmente no le compete a Roger Aguilar sino al Comisariado mediante asamblea con los campesinos.

Fueron alrededor de ocho hectáreas las que el alcalde motuleño entregó a la Guardia Nacional, por lo que presu-

María de los Ángeles Campos Chan, superficie de hectáreas 0-16-72304; Máximo Ek Pech con dos terrenos, 0-17-61089 hectáreas y 0-0715726; José Carlos Chale Chan tiene dos predios, 0/3079235 hectáreas y 0-3062743; Filiberto Chan Euán con tres terrenos, 03079235, 0-1974800 y 0-4920918 hectáreas; Juan Manuel Chan Rivero con dos terrenos, 0-24-47443 hectáreas y 0-3670863; Simeón Chale y Ek tiene dos predios, 0-25-07130 y 0-38-91810; Pedro Jesús Ek y Dzib también tiene dos predios, 0-1793568 y 0-2238529; Benito Pech Chalé con cuatro terrenos, 0-1477672, 0-1356820, 0-4920915 y 0-0500307 hectáreas; José Vicente Chalé Ek, 0-2698327; María Francisca Koh Chan con dos predios, 01701987 y 0-1620940; Gregorio Colli Balam posesionario de cinco terrenos, 0-0329189, 0-0322703, 0-0325818, 0-4827905 y 0-1322185; José Antonio Chan Cauich con tres predios, 0-0883863, 0-0511434 y 0-1525986 hectáreas; Roberto Chan Santos con dos terrenos, 0-0915640 y 0-0477938;

José Roger Chan Góngora con dos predios, 0-4920910 y 0-0420 hectáreas; Juan de la Cruz Ek Pech, 0-0533268; José Luis Chan Rivero, 0-0912900 hectáreas; Manuel Jesús Xool Xicum, 4-3707710 hectáreas; José Antonio Chan Cauich con tres terrenos, 0-1560583, 0-2448576 y 0-1437202; Catalina Pech Ake, 0-1910426; Elman José Vidal Alonzo, 106411985; Aracely Beatriz Martínez Escalante, 0-4581782; Jesús Olivas Ramos, 0-4834924; Idelfonso Celis y Escobedo con dos terrenos, 4-33-19643 y 7-0565393; José Armando Can May con dos terrenos, 4-9999102 y 0-88729 hectáreas, Carlos Abraham Sosal Aldana con tres predios 14-5141747, 381523840 y 381523840 hectáreas; Manuel Anatolio Chuc Pinto con dos terrenos, 1-8137100 y 21-02-78334; Olga María Cross Farjat, 1-8752288; Cristian Candelaria Can Escalante, 0-2887897; Roger Rafael Aguilar Arroyo, (alcalde), 0-54390; Andrés Rafael Chalé Montero, 0-3024416; Jorge Alonso Albornoz Pereira, 0-4945361¸ Gabriel Iván Marín Gómez, 64-4720181, Honorio Itzá Balam, con dos terrenos, 751187282 y 381272855 hectáreas; Juan Anaceno Cupul Serrano con dos predios, 33570020 y 3-3106733; Luciano Itzá Balam con tres terrenos, 508154954, 507344128 y 154669788 hectáreas; Mario del Pascual Pinto Escobedo, 67-9930294 y 26-2665456 hectáreas y Francisco Chin Canul con 31555606 hectáreas.

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DESAPARECIÓ 8.9 MDP PROGRESO

*Durante el ejercicio público del año 2019, de acuerdo con la evaluación de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, el alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, desfalcó al Ayuntamiento por 8.9 millones *El desfalco se consumó a través de contratos opacos, ausencia de documentos y actas de cabildo que justifiquen las obras, así como la falta de actas de entrega-recepción *También adjudicó un contrato directo por dos millones de pesos para la supuesta compra de medicamento, sin embargo, tampoco hay constancia de la recepción o su entrega en el municipio

Julián Zacarías Curi.

Redacción /Sol Yucatán Progreso.- Durante el ejercicio público del año 2019, de acuerdo con la evaluación de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), el alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, desfalcó al ayuntamiento por 8.9 millones, a través de contratos opacos, ausencia de documentos y actas de cabildo que justifiquen las obras, entre otras irregularidades.

Según consta en la evaluación a la cuenta pública del ayuntamiento de Progreso del 2019, la ASEY realizó 20 observaciones por diversas irregularidades en el manejo de los fondos públicos, de las cuales, apenas seis fueron justificadas. Sin embargo, de las 14 restantes, la dependencia encontró un desfalco por cerca de nueve millones de pesos.

Por ejemplo, tan solo en el rubro de gastos del municipio, de la revisión de los estados de cuenta bancarios se detectaron pagos por 159 mil pesos, sin embargo, el ayuntamiento no proporcionó solicitud, pedido o contrato para el suministro de los bienes, evidencia documental de haber recibido los bienes y/o servicios, ni comprobante fiscal que justifique la obligación de pago y el destino final del gasto.

Pero si esto no fuera suficiente, en los meses siguientes también se detectaron pagos por 345 mil pesos

por los conceptos que incluyen hasta el recubrimiento de un complejo de box por 76 mil pesos; Zacarías Curi no proporcionó solicitud o contrato para el suministro de los bienes y/o servicios, ni evidencia documental de haber recibido los bienes, y mucho menos el reporte fotográfico que justifique la obligación de pago y destino final del gasto.

Sin embargo, de acuerdo con la evaluación de la ASEY, el verdadero botín estuvo en la obra pública. Valga como ejemplo el contrato número MPYDDUOP-12-2019, con objeto “Ampliación de red eléctrica en la localidad de Flamboyanes en el municipio de Progreso, Yucatán.” por un millón 37 mil pesos, pagada con recursos del FISM-DF-2019, con periodo de ejecución del 13 de septiembre al 27 de octubre del 2019, firmado el día 10 de septiembre del 2019.

Tan solo de la revisión del expediente técnico de la obra de un millón 37 mil pesos, no se halló documentación básica, como el plano de construcción final validado por la CFE y documentos resolutivos de la CFE para constatar la ubicación y ejecución de la obra y demás documentación comprobatoria que justifique el destino final del gasto, adicionalmente no hay evidencia de la ejecución de los pagos por trámites ante la CFE, por un monto de cerca de 55 mil pesos.

Lo mismo ocurre con

el contrato número MPYDDUOP-11-2019, con el objeto “Rehabilitación de pozos profundos para agua potable en la localidad de Chuburná del municipio de Progreso, Yucatán” por un millón 496 mil pesos, pagado con recursos del FISM-DF-2019, y con periodo de ejecución del 1 de octubre al 29 de noviembre del 2019, firmado el día 27 de septiembre del 2019.

De igual forma, el ayuntamiento de Progreso no proporcionó documentación comprobatoria, como pólizas contables, comprobante fiscal, póliza cheque y/o transferencia bancaria de las estimaciones y anticipo, pruebas de laboratorio, documentos resolutivos de CFE y reportes fotográficos de las ejecuciones y demás documentación comprobatoria que justifique el destino final del gasto.

Un último ejemplo de la opacidad con la que opera Zacarías Curi lo encontramos en el contrato número MPY-DDUOP-06-2019, con el objeto “Rehabilitación de dos pozos profundos para agua potable en la localidad de Chicxulub del municipio de Progreso, Yucatán”, obra por la cual se pagó un millón 258 mil pesos, con recursos del FISM-DF-2019. Asimismo, la supuesta obra contó con un periodo de ejecución del 30 de mayo al 6 de septiembre del 2019.

Pero de nueva cuenta, no hay comprobantes fiscales, recibos, acta de entrega-recepción o reportes fotográficos de las ejecuciones y demás documentación comprobatoria que justifique el destino final del gasto.

Estos ejemplos son tan solo una parte de la opacidad con la que opera el presidente municipal del

puerto, ya que derivado del resultado de la fiscalización de la cuenta pública, la ASEY detectó una posible afectación de ocho millones 919 mil pesos a la hacienda pública por parte del ayuntamiento de Progreso, bajo la primera administración de Julián Zacarías Curi.

DOS MILLONES DE PESOS EN MEDICINAS Operando con la misma falta de transparencia que lo caracteriza, el 28 de febrero de 2019 Julián Zacarías Curi también adjudicó directamente un contrato por dos millones de pesos para la supuesta adquisición de medicamentos farmacéuticos Según consta en la adjudicación directa número MPYAB0008, la empresa ganadora resultó ser Etrueba Distribuciones Farmacéuticas, S. de R.L. de C.V., cuyo apoderado legal es Eduardo Trueba Méndez. Sin embargo, en el documento no se detallan los motivos que llevaron al ayuntamiento a celebrar una adjudicación directa de esta naturaleza, sin otros participantes de por medio.

Asimismo, si bien en sus propuestas de campaña, Julián Zacarías Curi prometió medicamentos gratuitos para las comunidades más vulnerables del municipio, debido a la discrecionalidad con la que opera, no hay constancia de la recepción de los medicamentos, ni mucho menos de su distribución entre la población.

Como dato adicional, otra de sus propuestas insignia como candidato a la alcaldía en 2018 fue la creación de consultorios 24/7, pero en la práctica resultó que dichos centros de salud apenas operan en las tardes y los fines de semana.

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EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

DE PROVEEDOR A FUNCIONARIO VALLADOLID

Redacción /Sol Yucatán

Valladolid.- En sus últimos meses como alcalde de Valladolid, Enrique de Jesús Ayora Sosa adjudicó una obra, vía “fast track”, por 3.1 millones de pesos al proveedor Luis Ángel Loría Ávila. Dos días después de finalizar el contrato, lo nombró director de Obras Públicas del Ayuntamiento.

El descarado tráfico de influencias inició el 27 de abril de 2021, con la firma del contrato número FISMR33-102-004-2021-LP, cuyo objeto fue la “Rehabilitación de parques públicos o plazas en Valladolid, localidad Valladolid, asentamiento X-Corazón”.

De acuerdo con el documento, la empresa ganadora fue Firme Arquitectura Integral, S.A. de C.V., cuyo apoderado legal, Luis Ángel Loría Ávila, recibió tres millones 191 mil 942.34 pesos para realizar servicios de rehabilitación y mantenimiento a dos parques: uno ubicado en el fraccionamiento X-Corazón y otro en Colonos.

Asimismo, según consta en el contrato, el dinero provino de dos fondos federales: Ramo 33 y el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM-2021).

Además del evidente sobrecosto de la obra, llama la atención que dicho dinero no se haya aprovechado

*En sus últimos meses como alcalde de Valladolid, Enrique de Jesús Ayora Sosa adjudicó una obra por 3.1 millones de pesos al proveedor Luis Ángel Loría Ávila. Dos días después de finalizar el contrato, lo nombró director de Obras Públicas del Ayuntamiento *Además del evidente sobrecosto de la obra, llama la atención que dicho dinero no se haya aprovechado en obras para mitigar el impacto de las restricciones por Covid-19 en el municipio

Enrique de Jesús Ayora Sosa. en acciones para mitigar el impacto de las restricciones por Covid-19 en el municipio.

De igual forma, a pesar de tratarse de una licitación pública, en el acta no se mencionan a las otras compañías participantes, ni sus propuestas, así como tampoco incluye un cuadro comparativo o un desglose que justifique el exorbitante precio pagado para dar mantenimiento a dos parques.

Por otro lado, el proveedor Luis Ángel Loría Ávila contó con 100 días naturales para llevar a cabo las obras de rehabilitación, específicamente del 1 de mayo de 2021 al 8 de agosto del mismo año. Aunque no hay constancia de la entrega y recepción de los trabajos realizados, así como tampoco hay evidencia fotográfica que permita verificar la

Luis Ángel Loría Ávila.

finalización de la obra.

Aun así, dos días después de finalizar el contrato, es decir el 10 de agosto de 2021, el exalcalde Enrique Ayora Sosa nombró a Luis Ángel Loría Ávila como director responsable de Obras del municipio, por lo que de participar en concursos de licitación, el joven arquitecto pasó a autorizarlas.

Respecto a la autorización del injustificado derroche, hay que señalar que los responsables fueron el exalcalde Enrique de Jesús Ayora Sosa y la entonces secretaria municipal, Jaqueline del Rosario Ortega Loría.

OBRA PÚBLICA, NEGOCIO FAMILIAR Este caso resulta interesante porque ejemplifica un modus operandi en aumento: jóvenes egresados de universidades privadas

Roque David Loría Ávila.

como la Marista o la Anáhuac (Unimayab), quienes gracias a sus conexiones con funcionarios de altos niveles suelen participar y ganar millonarias adjudicaciones, en muchos casos directas.

Tal es el caso del joven Luis Ángel Loría Ávila, quien a pesar de fundar su empresa en el 2014 y graduarse de la Universidad Marista como arquitecto en el 2015, ya recibía millonarias adjudicaciones directas a partir del 2016, a través de la delegación yucateca del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Sin ir más lejos, tomemos también como ejemplo al hermano de Luis Ángel: Roque David Loría Ávila, quien a pesar de graduarse de la Universidad Marista como arquitecto en el 2010 y constituir su empresa Concretum del Mayab, S.A. de C.V., en 2013, a partir

*A pesar de tratarse de una licitación pública, en el acta no se mencionan a las otras compañías participantes, ni incluye un desglose que justifique el exorbitante precio para dar mantenimiento a dos parques del mismo año ya resultaba favorecido en las licitaciones emitidas por diferentes dependencias estatales.

De hecho, tan solo con dos contratos (IO931059970-N45-2013 e IO-931059970-N28-2013) celebrados con el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán (INCCOPY) en 2013, la recién creada compañía de Roque David Loría Ávila se embolsó un total de cuatro millones 269 mil 914 pesos. Nada mal para ser el primer año de la empresa.

Incluso, en Sol Yucatán hemos documentado como el superintendente de construcción Roque David Loría Ávila y el exalcalde de Tizimín, Jorge Alberto Vales Traconis, “desaparecieron” cerca de cinco millones de pesos bajo el pretexto de la construcción

de 90 cuartos dormitorios.

De acuerdo con el contrato número FA I S M - 0 9 6 - V I V I E N DA-025-2017, para la “Construcción de 90 cuartos-dormitorios en Tizimín” se contó con un presupuesto de cuatro millones 944 mil 801.41 pesos. Aunque se concursó la obra en licitación pública, al final fue una adjudicación directa a favor del apoderado legal de Concretum del Mayab.

Para concluir, hay que señalar que estos no son casos aislados, sino todo lo contrario: el desvío de recursos públicos a través de empresas recién creadas por jóvenes egresados de universidades privadas —en contubernio con funcionarios corruptos— va en aumento, tal como lo hemos documentado en ocasiones anteriores.

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EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

REGALÓ TERRENOS A REGIDORES TECOH

*Raúl Felipe Quintal Carvajal regaló terrenos públicos a sus regidores y amigos, compadres y parientes cercanos. En total se aprobó el reparto de 69 lotes, propiedad del Ayuntamiento de Tecoh *El expresidente municipal de Tecoh, en complicidad con la mafia inmobiliaria que opera en el Estado, también estuvo involucrado en otros escandalosos casos de tráfico de tierras, en Celestún y en 2018, en Sisal

*Adquirió a precios de ganga dos terrenos: Uno de tres mil 480 metros cuadrados en la reserva ecológica “Las Uvas” en Celestún y otro en Sisal, con dos mil 185 metros cuadrados, ambos con costos de más de 10 millones de pesos Redacción /Sol Yucatán Tecoh.- Al final de su tercera administración como alcalde de Tecoh (2012 – 2015), Raúl Felipe Quintal Carvajal regaló terrenos públicos a sus regidores y amigos. En total se aprobó el reparto de 69 lotes, propiedad del ayuntamiento de Tecoh, entre dichos regidores y demás funcionarios, así como a compadres y parientes cercanos a Quintal Carvajal.

Sin embargo, en el mismo año, el ex presidente municipal de Tecoh, en complicidad con la mafia inmobiliaria que opera en el Estado, también estuvo involucrado en otros escandalosos casos de tráfico de tierras, pero en Celestún y, en el 2018, en Sisal.

En el caso de la mafia inmobiliaria que se dio en Celestún y Sisal, Quintal Carvajal, por medio de su compadre y exalcalde de Celestún, Leonel Rosado Mena, adquirió a precios de ganga dos terrenos: uno de tres mil 480 metros cuadrados en la reserva ecológica “Las Uvas” en Celestún y otro en Sisal, con dos mil 185 metros cuadrados, ambos con costos de más de 10 millones de pesos.

De acuerdo con reportes recabados, el diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Mario Xavier Peraza Ramírez y los exalcaldes de Dzilam Bravo y Celestún, Julio Abraham Villanueva Rivero y Santiago Leonel Rosado Mena, se habrían apoderado de 10 mil 594 metros lineales de playa de esos municipios, sin que el gobierno hiciera algo para impedirlo.

Estos personajes, a los que ya se les identifica como integrantes de la mafia inmobiliaria de la costa, se apropiaron de esos predios mediante la creación artificial de lotes catastrales sobre terrenos nacionales, para convertirlos, fuera de la nor-

ma, en predios del fundo legal de esos dos municipios.

De tal forma que mediante la falsificación de actas de Cabildo y, en algunos casos, a través de sesiones de Cabildo amañadas, los alcaldes de Dzilam de Bravo y Celestún en el período 2015 – 2018, adjudicaron, a título gratuito, 74 predios, supuestamente del fundo legal —la mayoría ubicados en la playa—, a favor de empresas fantasma o prestanombres vinculados con Peraza Ramírez y sus socios.

Uno de los grandes beneficiados de este tráfico de tierras fue Raúl Felipe Quintal Carvajal, quien, de acuerdo con la Gaceta Ecológica emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el 20 de octubre de 2015 solicitó el permiso para la construcción de una villa a orillas de la playa de Celestún.

Según consta en el documento, el proyecto para el cual solicitó permiso Quintal Carvajal consistió en “la operación de una villa ubicada en el ecosistema costero en el municipio de Celestún, estado de Yucatán. La villa ocupa una superficie de 77.40 metros cuadrados, aproximadamente, lo que representa 2.2 por ciento del total de la superficie del terreno denominado ‘Las Uvas’, que tiene una superficie total de tres mil 480 metros cuadrados”.

Por si no fuera suficiente, el 30 de abril de 2018, Quintal Carvajal ingresó a la Semarnat el proyecto “Construcción de casa habitación

Raúl Felipe Quintal Carvajal.

Santiago Leonel Rosado Mena.

unifamiliar en Sisal, municipio de Hunucmá, estado de Yucatán”, bajo la clave 31YU2018TD030, mismo que fue autorizado el 9 de octubre de 2018 por medio del oficio 726.4/UGA-11030002993.

De acuerdo con la Gaceta Ecológica de la Semarnat de 2018, el proyecto en esta ocasión consistió en la construcción de “una vivienda unifamiliar en dos etapas, la primera sobre una superficie de 211 metros cuadrados,

y la segunda sobre una superficie de 105 metros cuadrados. Adicionalmente, se utilizarían otros 42 metros cuadrados para la construcción de caminos de acceso y obras asociadas”.

De igual forma, según consta en el documento, la superficie total del predio adquirido por Quintal Carvajal es de “dos mil 185 metros cuadrados, ubicado en la localidad del puerto de Sisal, municipio de Hunucmá, Yucatán”.

A estas alturas, es importante señalar que a pesar que ambos terrenos tienen un costo de más de 10 millones de pesos, los ingresos que reportó Quintal al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en los años 2015 al 2018 —cuando construyó estas dos residencias— no coinciden con la inversión realizada.

Por otro lado, respecto a la construcción de la villa denominada Shangri-La en las orillas del puerto de Celestún, debemos recalcar que dicha obra se levantó sobre un área ecológica protegida llamada “Las Uvas”, pero si al exalcalde no le importó violar leyes federales para su propio beneficio, menos le habrá interesado las consecuencias al medio ambiente.

HISTORIAL En febrero de 2019, el entonces alcalde de Tecoh, Felipe May Itzá, interpuso dos denuncias por hechos posiblemente delictuosos en agravio del mencionado municipio, atribuidos a dos exalcaldes y otros funcionarios que resulten involucrados.

Los exalcaldes acusados fueron Raúl Felipe Quintal Carvajal y Joel Isaac Achach Díaz, quienes encabezaron los trienios 2012 – 2015 y 2015 – 2018, respectivamente.

Una de las denuncias está relacionada con el caso de reparto de 69 lotes, propiedad del ayuntamiento de Tecoh, que hizo el exalcalde Quintal Carvajal entre sus funcionarios, regidores, amigos y hasta empleados de su empresa constructora en Mérida, Estructuras Metálicas y Construcciones, S.A. de C.V. Asimismo, en las operaciones, de acuerdo con información del Registro Público de la Propiedad, participó el notario público número 97, Carlos Goff Rodríguez, quien fue suspendido de sus funciones 180 días por incurrir en actos ilícitos y que actualmente se encuentra en la mira del gobierno federal por su presunta participación en el tráfico de tierras y lavado de dinero en diferentes municipios de Yucatán.

Lamentablemente, si bien el exedil Felipe May Itzá denunció estos hechos ante la Fiscalía General del Estado (FGE), la querella fue archivada hasta que el mismo May Itzá, previa reunión con Quintal Carvajal en Palacio de Tecoh, retiró las demandas unos meses antes de terminar su periodo constitucional, sin informar a su cabildo de las razones para retirar dichas denuncias.

En el caso de los 69 lotes que Quintal Carvajal regaló, hay varios delitos a perseguir y hasta la presente fecha han quedado impunes. Por ejemplo, los regidores no pueden autorizar autorregalarse un bien del municipio.

Por otro lado, aunque la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) detectó esta anomalía, no procedió a dar cumplimiento a la ley, como ya es habitual en esta dependencia.

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EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

COBRAN OBRAS INCONCLUSAS TIZIMÍN

Redacción /Sol Yucatán

Tizimín.- En su desesperación por aprovechar el año de Hidalgo, el exalcalde de Tizimín, Jorge Alberto Vales Traconis, contrató los servicios del contratista Abelardo Javier Donde Romero, acusado de encubrimiento en la Fiscalía General del Estado (FGE), a quien le entregó tres millones de pesos para trabajar en el proyecto de la Casa de la Cultura.

El contrato a modo se firmó una semana después de las elecciones de 2018, para acabar días antes del término de su administración, en una obra en la que no se especificaron los detalles del trabajo efectuado durante poco más de dos meses.

De acuerdo con la FGE, en junio de 2009, Reyna Romero Ramírez y Abelardo Javier Donde Romero fueron absueltos del delito de encubrimiento del que fueron acusados a mediados del año anterior, pero su situación legal empeoró a partir de 2018.

Según el expediente 1051/2018, se promovió un amparo indirecto en contra de FGE de Yucatán, en el Juzgado Primero de Distrito y en el Décimo Cuarto Circuito, Federal, ya que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) lo quería detener en Mérida, e incluso, pretendía ponerle droga entre sus pertenencias.

Pese a las irregularidades jurídicas en su contra, el edil del Oriente del Estado decidió contratarlo de manera directa, a través de una disfrazada licitación pública, para que efectuara una ficticia obra.

Por ende, el 13 de junio de 2018, Vales Traconis suscribió el contrato de obra pública con base a precios unitarios y tiempo determinado, con número LO831096994-E11-2018, relativo a la Casa de la Cultura de Tizimín.

Debido a ello, se le asignó un presupuesto por dos millones 998 mil pesos, cuyo recurso es de orden federal.

El municipio otorgó un anticipo por el 30 por ciento del monto del contrato, que corresponde al importe de 899 mil 400 pesos para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos así como, para la compra y producción de

*El exalcalde de Tizimín, Jorge Alberto Vales Traconis, contrató los servicios de Abelardo Javier Donde Romero, acusado de encubrimiento en la FGE, a quien le entregó tres millones de pesos para el proyecto de la Casa de la Cultura *Pese a las irregularidades jurídicas en su contra, el Edil del Oriente del Estado decidió contratarlo de manera directa, a través de una disfrazada licitación pública, para que efectuara una ficticia obra

*También gastó 3.1 millones de pesos en la construcción de techos de concreto de viviendas de familias de escasos recursos pero las obras fueron de precaria calidad debido al descarado desvío de recursos Jorge Alberto Vales Traconis. materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos.

El plazo de ejecución de la obra objeto es de 70 días naturales, por lo que el trabajo inició el mismo día es que se suscribió el documento, y la labor concluyó el 21 de agosto de 2018.

A pesar que se trató de una licitación pública, en ningún momento se dio a conocer el número de participantes, ni la propuesta ganadora.

El contrato está compuesto de 25 cláusulas, distribuidas en 11 fojas, en el cual se detectó diversas irregularidades por lo que destaca la violación a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como su reglamento en vigor, al igual que la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

Tanto el concejal como el administrador único signaron el documento, junto con por la secretaria de la comuna, Gabriela Alejandra Gutiérrez Marfil, el director de Obras Públicas y desarrollo Urbano, Edgar Rolando Coronado Febles, y el subdirector del ramo, Christian Oswaldo Poot Reyes.

En dicho año, Vales Traconis gastó 3.1 millones de pesos en la construcción de techos de concreto de viviendas de familias de escasos recursos, de diversas comisarías, sin embargo, las obras fueron de precaria calidad debido al descarado desvío de recursos.

En esta ocasión, el acto de corrupción lo estableció con el administrador único de la empresa Proyectos Urbanizaciones y Construcciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, Raúl José Canto Duarte, quien también ha efectuado negocios turbios con el presidente municipal de Mérida, Renán Barrera Concha, para trabajos en parques públicos.

En los últimos meses

de su administración, el edil aprovechó sus contactos para autorizar proyectos para la realización de diversas obras, muchas de las cuales no se efectuaron, o bien fueron de mala calidad, de tal manera, tuvo una redituable ganancia.

El 5 de marzo de 2018, el munícipe suscribió el contrato de obra pública con base a precios unitarios y tiempo determinado número Faism-096-Techos-002-2018, relativo a la “Construcción de 75 techos de concreto en comisarías

varias, en el municipio de Tizimín”.

Aunque se trató de una licitación pública, no se especificó el número de licitantes, pues lo que se trata de una disfraza adjudicación directa a favor de dicha iniciativa privada, la cual, está ubicada en la colonia Tanlum, en la capital yucateca.

Por ende, se le asignó un techo financiero por tres millones 86 mil 782.55 pesos, recurso proveniente del Ramo 33 y a cargo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faism) del ejercicio 2018.

Incluso, el municipio otorgó un anticipo por el 30 por ciento del monto del contrato, que corresponde al importe de 926 mil 34.76 pesos.

El plazo de ejecución de la obra objeto fue de 100 días naturales, por lo que el contratista empezó a laborar el 5 de marzo, es decir, el mero día en que se firmó el documento, y el trabajo concluyó el 12 de junio de 2018, o sea, una semana después de los comicios.

Ese mismo día, Vales Traconis suscribió un par de contrato con los empresarios Carlos Manuel Heredia Hoyos y Diego Tuz Matos, por un monto de cerca de 8.3 millones de pesos, cuya labor se efectuó en plena campaña electoral.

Primeramente, para “cumplir con su promesa de campaña”, ordenó beneficiar a 50 familias de escasos recursos, quienes ya contarían con un moderno baño, aunque de precaria calidad.

Durante su trienio 20152018, diversas fueron las ilegalidades que cometió el presidente municipal del Oriente del Estado, tal el caso del desvío de recursos, entre otras arbitrariedades, las cuales, aumentaron en los últimos meses de su administración, llegando a acuerdos premeditados con diversos empresarios, tal como ocurrió con Casa Nah Constructora, SA de CV. El 5 de marzo de 2018, ambos signaron el con-

trato de obra pública con base a precios unitarios y tiempo determinado, con número Faism-096-Sanitarios-008-2018, correspondiente a la “Construcción de 50 baños con biodigestores en la localidad y municipio de Tizimín”.

Dado que dicha compañía, cuya matriz está en Mérida, resultó ganadora, se le asignó un presupuesto por dos millones 961 mil 670.70 pesos, recurso proveniente del Ramo 33 y a cargo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, del ejercicio 2018.

El municipio otorgó un anticipo por el 30 por ciento del monto del contrato, que corresponde al importe de 888 mil 501.21 pesos.

El plazo de ejecución de los trabajos objeto fue de 100 días naturales, por lo que el contratista comenzó a laborar el mismo día de la firma del documento, para concluir el 12 de junio.

La misma ilegalidad cometió Vales Traconis al autorizar la construcción de cerca de 100 recámaras, para igual número de familias, en beneficio recíproco con la empresa Ansera, SA de CV. Evidente fue el favoritismo para el titular de dicha compañía, Diego Tuz Matos, pues el 7 de mayo de 2018, se emitió el acta de fallo de la licitación pública para el desarrollo de la obra de “Construcción de 92 recámaras adicionales (cuartos dormitorios) del municipio de Tizimín”, con número de convocatoria FAISM-096-Fonhapo-vivienda-001-2018 y de procedimiento de Compranet LO-831096994-E9-2018.

En el evento participaron cuatro licitantes, de los cuales, tres eran empresarios y una persona física.

El edil privilegió a Ansera, SA de CV, a la cual le otorgó un techo financiero por cinco millones 333 mil 268.05 pesos. Al mismo tiempo se le entregó un anticipo del 30 por ciento del total.

El recurso provino del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonahpo), es decir, son recursos federales destinado al Ayuntamiento de Tizimín.

La firma del contrato se efectuó al día siguiente, y se determinó que la obra tendría una duración de 85 días naturales, que inició el 8 de mayo, para concluir, el 31 de julio de 2018.

Cabe resaltar que el monto de los tres contratos ascendió a 11 millones 381 mil 721.30 pesos.

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TRABAJAN CON DELINCUENTES EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

Redacción /Sol Yucatán

Mérida.- A pesar del historial delictivo de las empresas Bausa Construcciones y Maguibo, ambas Sociedad Anónima de Capital Variable, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) solicitó de nueva cuenta los servicios de dichas compañías para trabajos de mantenimiento en clínicas de Motul y Mérida, labor efectuada en 2018 por un monto por 5.6 millones de pesos.

Ambos negocios están acusados de desvío de recursos, así como por la creación de elefantes blancos y obras de precaria calidad, tanto en Quintana Roo como en Yucatán.

En diversas ocasiones, Sol Yucatán ha demostrado la corrupción que prevalece en el IMSS al asignar obras y contratos a modo a iniciativas privadas con antecedentes delictivos, donde los más afectados son los derechohabientes, con instalaciones de precaria calidad y pésimos servicios.

A pesar que en 2017, a la empresa Maguibo, SA de CV, se le interpuso una denuncia federal por su participación en una presunta red de saqueo de recursos públicos del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, al año siguiente “ganó” una

Eduardo Sánchez Rangel.

licitación pública nacional, para realizar una obra en el IMSS Yucatán.

Específicamente, la adecuación y remodelación del Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica (Cesiecq) de Mérida se convierte en el vínculo de corrupción entre el gobernador Mauricio Vila Dosal y el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, pues en 2018 autorizaron el pago de 19 millones 70 mil 915.24 pesos a una empresa creadora de “elefantes blancos”.

La compañía de dudosa reputación fue denunciada por el empresario Carlos Mimenza Novelo por crear un “elefante blanco” en Cancún, Quintana Roo. Pero aun con su historial, se le adjudicó en 2018 cerca de 18.9 millones de pesos, tras “ganar” una licitación pública para la adecuación y re-

modelación de un centro educativo para médicos y estudiantes de medicina, donde realizan prácticas de intervenciones quirúrgicas.

Sin embargo, llama la atención que de las tres propuestas, Maguibo obtuvo la menor calificación en los resultados de evaluación técnica, al no indicar la capacidad y especificaciones técnicas, en el rubro de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente.

Es decir, entregó una obra de precaria calidad, pues fue superada en calificación por las otras dos licitantes en los rubros de calidad en la obra, experiencia y capacidad del licitante.

EL MÁS RECIENTE A mediados de 2021, la delegación del IMSS - Yucatán autorizó el desvío de 8.2 millones de pesos para finalizar la construcción de un módulo de educación en el Hospital General Regional No. 1 “Dr. Ignacio García Telles”, labor a cargo de la empresa Bausa Construcciones, SA de CV. De acuerdo con el acta de fallo número LO050GYR086-E2-2021, celebrado el 28 de junio de 2021, el órgano de administración del IMSS en Yucatán le otorgó el monto por ocho millones 227 mil 450.80 pesos, para los “Trabajos de obra civil e instalaciones para la terminación del módulo de educación del HGR No. 1 en Mérida, Yucatán”.

Asimismo, la empresa ganadora contó con 150 días naturales para llevar a cabo los trabajos, iniciando estos el 6 de julio de 2021 (un día después de la firma del contrato), para finalizar a más tardar el 2 de diciembre del mismo año.

Pero como ya es común en estos casos, no hay registro documental y/o fotográfico de la finalización y entrega del proyecto.

ENÉSIMA ANOMALÍA

El 31 de mayo de 2018, el IMSS – Yucatán presentó el acta de fallo de procedimiento de la licitación pública nacional con número LO-050GYR086-E4-2018 para

Hospital General de Medicina Familiar número 3 de Motul

*A pesar del historial delictivo de las empresas Bausa Construcciones y Maguibo el Instituto Mexicano del Seguro Social contrató de nueva cuenta sus servicios para trabajos de mantenimiento en clínicas de Motul y Mérida por un monto de 5.6 millones de pesos *Ambos negocios están acusados de desvío de recursos, así como por la creación de elefantes blancos y obras de precaria calidad, tanto en Quintana Roo como en Yucatán *Maguibo tiene una denuncia federal por su participación en una presunta red de saqueo de recursos públicos del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo los trabajos de obra civil e instalaciones para mejora de imagen del Hospital General de Medicina Familiar número 3 de Motul del programa Peso por peso, el Centro de Seguridad Social y la Unidad de Medicina Familiar número 13 Chuburná, de Mérida, del programa Estímulos al Ingreso.

La dependencia suscribió tres contratos a modo con ambas empresas, por lo fue evidente el favoritismo a cada una de ellas.

Aunque se trató de una licitación pública, en ningún momento se dio a conocer el número de licitantes, y muchos menos se presentaron las propuestas de los electos.

A Bausa Construcciones se le pagó un millón 392 mil 215.62 pesos para trabajar en el Centro de Seguridad Social.

También se le asignó cuatro millones seis mil 28.39 pesos para laborar en la Clínica de Motul.

Mientras que a Maguibo se le otorgó 258 mil 194.49 pesos para la UMF – 13 de Chuburná.

El plazo para la realiza-

ción de la obra objeto fue de 120 días naturales, por lo que el trabajo inició el 4 de junio y la labor concluyó el 2 de octubre de 2018.

Ante las numerosas irregularidades detectadas en el documento, es notable la violación a la Ley

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como su reglamento en vigor, al igual que la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

Por si fuera poco, el IMSS también pisoteó la ley federal electoral, ya que la licitación pública se efectuó durante las campañas electorales y el inicio de la obra fue al día siguiente de los comicios.

El documento fue firmado por el titular de la jefatura de Servicio Administrativos, Eduardo Sánchez Rangel; el jefe del departamento de Conservación y Servicios Generales, Efrén Jiménez Velázquez, y el representante de la jefatura de Servicios Jurídicos del IMSS, Juan Carlos Escalante Bellew.

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LICITA A MODO EN SSY

Pág. 10 Mérida, Yucatán. Del 20 al 26 de junio de 2022

EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

Mauricio Sauri Vivas.

*Mauricio Sauri Vivas suscribió un contrato a modo con tres empresas representadas por Víctor Manuel Gil Arguelles para el suministro de gases medicinales en clínicas y hospitales por 15.6 millones de pesos, acto que se efectuó en pleno proceso electoral Redacción / Sol Yucatán Mérida.- El secretario de Salud de Yucatán (SSY), Mauricio Sauri Vivas, suscribió un contrato a modo con tres empresas representadas por Víctor Manuel Gil Arguelles para el suministro de gases medicinales en clínicas y hospitales de la entidad, por un monto por 15.6 millones de pesos, acto que se efectuó en pleno proceso electoral.

Pese las restricciones establecidas durante la campaña electoral de 2021, el funcionario optó por signar convenios y contratos, con tal de promocionar al Gobierno del Estado, cuando en el período normal, es notable el desinterés por la salud de los yucatecos.

Lo peor de todo, en todos los documentos que firmó destacó el amiguismo, el favoritismo y el compadrazgo, a favor de determinadas empresas, con cuyos propietarios sostuvo acuerdos previos.

El 29 de marzo de 2021, el funcionario autorizó el amañado contrato abierto para la prestación del servicio de suministro de gases medicinales en las unidades médicas dependientes de la SSY, con número LA931007985-E2-2021.

Para aprovechar la convocatoria, tres iniciativas privadas se fusionaron, tal el caso de Cryoinfra, Infra e Infra del Sur, todas ellas son Sociedad Anónima de Capital Variable, representadas por Gil Arguelles en la firma del contrato de participación conjunta.

Por ende, se les asignó un presupuesto por 15 millones 614 mil 962.10 pesos, dinero que corresponde a recursos federales, de acuerdo con la partida presupuestal 25301.

De igual forma, para el suministro del respectivo producto objeto, contaron con un plazo de 270 días naturales, el cual empezó

el 1 de abril hasta el 31 de diciembre de 2021.

En los nueve meses, se entregó 423 mil 406 unidades de oxígeno en tanques termo, 74 mil 112 de oxígeno medicinal en Dewars de sistema automático de tanque termo, y 21 mil 134 de oxígeno medicinal en cilindros de nueve metros cúbicos.

Asimismo, dos mil 93 de oxígeno medicinal en cilindros de un metro cúbico, 330 unidades de óxido nitroso en cilindros, 260 de bióxido de carbono en cilindros, 48 de gas argón ultra puro con certificado de pureza, 30 de nitrógeno, cifra similar de acetileno, y 16 de gas helio grado BIP. Para ello, el proveedor se comprometió a transportar, efectuar maniobras de carga y descarga, instalación de equipo de suministro de gases en nosocomios, mantenimiento de las unidades, libranzas para reparación de fugas y cambios de válvulas seccionales defectuosas, además de asesoría y capacitación a usuarios.

El servicio se brindará a los hospitales General “Dr. Agustín O’Horán”, Materno Infantil, Psiquiátrico “Yucatán”, General “Sisal” de Valladolid, “San Carlos” de Tizimín, de la Amistad Corea-México, Comunitario de Peto y Ticul, e incluso, los temporales de Valladolid y del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Cabe destacar que en todo momento, el servicio se brindó con base a 16 normas oficiales de calidad y seguridad.

Debido a las numerosas anomalías detectadas en el contrato, fue notable la violación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Sector Público Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Yucatán, así como su reglamento en vigor.

*En todos los documentos que firmó destacó el amiguismo, el favoritismo y el compadrazgo, a favor de determinadas empresas, con cuyos propietarios sostuvo acuerdos previos Al igual que pisoteó la ley estatal y federal electoral, pues Yucatán estaba en campaña, ya que los comicios se celebraron en junio.

El contrato fue firmado por Sauri Vivas, así como por el apoderado de Cryoinfra, Raúl Jesús Novelo Rojas; de Infra, Mariano Antonio Castillo Acosta, y por Infra del Sur, Gil Arguelles.

Numerosas y diversas son las arbitrariedades cometidas por Sauri Vivas, tal como sucedió poco antes de concluir el primer trimestre de 2020, al destinar poco más de 22 millones de pesos a un par de empresas que laborarían de manera conjunta para realizar pruebas de tamizaje en recién nacidos.

Al analizar la adjudicación del contrato abierto para la prestación del servicio del tamiz neonatal ampliado integral para 67 enfermedades congénitas en los hospitales y centros de salud de los Servicios de

Salud de Yucatán, se constató la anomalía protagonizada por el corrupto funcionario.

De acuerdo con el fallo de la licitación número LA-931007985-E3-2020, se benefició al licitante Tamiz Ampliado de Yucatán, en participación conjunta con Tamizaje Plus, ambas son SA de CV, a quien se le entregó un monto por 22 millones 304 mil 16 pesos.

Para disimular el atropello, el 19 de marzo de 2020 se publicó la convocatoria de la licitación en el Diario Oficial de la Federación y en el Sistema de Compras Gubernamentales “Compranet”, por lo que cinco días después se realizó el acto de Junta de Aclaración de la Convocatoria, y el 30 del tercer mes del año, se efectuó el acto de presentación de proposiciones técnicas y económicas.

Ese mismo día se emitió el respectivo dictamen

técnico y económico, en el cual se favoreció a dichos empresarios, para luego establecer que fue con base a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

“Se hace constatar que la propuesta presentada por el licitante arriba indicado, pasa la evaluación de propuestas técnicas, evaluación de propuestas económicas, por haber cumplido con todos los documentos solicitados en la propuesta técnica, propuesta económica y documentación complementaria, de las bases de la licitación”, se estableció en el documento.

Posteriormente se indicó que “el licitante presentó las propuestas que reunieron las condiciones legales, técnicas y económicas más convenientes para los intereses de los SSY, y que cumplió con todos los requisitos establecidos en la convocatoria”.

La firma del contrato se realizó el 1 de abril, con una vigencia a partir de esa fecha y hasta el 31 de diciembre de 2020, período en el cual se aplicarían hasta 15 mil pruebas de tamizaje.

El documento fue firmado por el subdirector de Recursos Materiales de los SSY, Claudio Antonio Rosales Aznar, y el jefe del Departamento de Licitaciones de la misma dependencia, Ramón Alcocer Mézquita.

Mientras que por parte de la Secretaría de la Contraloría del Estado, Juan José Pérez Montero. Cabe destacar que ninguno de los licitantes estuvo en el fallo.

ANESTESIADOS Un ilícito similar cometió la SSY durante el segundo cuatrimestre de 2020, cuando otorgó 22.6 millones de pesos a una empresa especializada en servicio integral de anestesia.

Para garantizar el desvío de recursos, el contrato fue firmado el 22 de marzo

del año pasado, directamente por el titular de la SSY, junto con la apoderada legal de “Thomasant Group”, Sociedad Anónima de Capital Variable, Joanna Aleksandra Kuberska, a quien se le otorgó un monto por 22 millones 625 mil 568 pesos.

El documento de la licitación pública con número SSY-LP-YUC-RM-05/20, fue firmado exactamente en la segunda semana de la aparición del Covid-19 en la entidad, se estableció que el servicio se realizaría del 1 de abril al 31 de julio de 2020.

De acuerdo con el documento, se trata de un contrato abierto para la prestación del servicio integral de anestesia, con equipo en comodato, para los hospitales generales “Agustín O’Horán”, “Sisal”, de Valladolid, y el “San Carlos”, de Tizimín.

Durante el cuatrimestre, se realizarían hasta 460 actividades de alta especialidad, por un monto de dos millones 658 mil 800 pesos, así como más tres mil 550 acciones de anestesia general, por una cantidad de 10 millones 650 mil pesos.

También efectuarían tres mil 400 labores, sin rebasar la cifra, de anestesia regional, por cinco millones 780 mil pesos, además de 520 sedaciones, por 416 mil pesos.

En el contrato se estableció que el proveedor entregará los insumos necesarios para la realización de los procedimientos objetos de la licitación, y efectuará los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios a los equipos entregados en comodato, incluyendo los equipos con los que cuentan los respectivos nosocomios, todo ello, sin costo adicional para la SSY. Cabe destacar que son pocos los convenios que firma Sauri Vivas, pues prefiere que personal de su confianza lo haga, pero en esta ocasión se trató de un descarado desvío de recursos.

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EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

CAPO FARMACÉUTICO Campeche, Campeche

Del 20 al 26 de junio de 2022

Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General

*Nuevo audio escándalo vincula al líder nacional del PRI , Alejandro Moreno Cárdenas, con la compraventa de medicamentos a través del diputado federal priista Javier Casique Zárate *Alito prometió llevar al proveedor con los “gobernadores que ganen” pero perdió la mayoría de las elecciones a gubernaturas en las que ha competido desde que dirige el tricolor *En 2021, justo en año electoral, manipuló al gobierno de Campeche para operar contratos por más de 38 millones de pesos a una empresa sancionada por COFECE y señalada por ser parte de un “cártel empresarial”

LUCRAN CON BACHES

*La empresa Grupo Constructor Patterson recibió 3.1 millones de pesos para rehabilitar baches en un camino aislado imposible de auditar, por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, según el contrato E 2021-04-CF-A035-W-00-2021 *Esta compañía es propiedad de Gabriel Escalante Castillo, exfuncionario de “Alito” Moreno Cárdenas, quien recibió de manera preferente más de 13 millones en diversos contratos de obras en diversas secretarías, durante el pasado sexenio *Detrás del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) están los funcionarios Adolfo Lizárraga Fontes y Francisco Rubio Serna, quienes se distinguieron por asignar obras por medio de sobornos y moches

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CAPO FARMACÉUTICO

Campeche, Campeche. Del 20 al 26 de junio de 2022

Redacción/ Sol Campeche

Campeche. - Entrampado en líos legales por las denuncias en su contra que lo acusan de enriquecimiento ilícito, así como las visitas de agentes ministeriales para verificar la dimensión de sus propiedades mal habidas, el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas es ahora vinculado al negocio de la venta de medicamentos a gobiernos estatales a través de proveedurías encabezadas por el diputado federal priista Javier Casique Zárate.

La gobernadora Layda Sansores San Román difundió un nuevo audio escándalo de “Alito” Moreno Cárdenas, en donde claramente se le escucha hacer “amarres” de negocios con la compra de medicinas con el junto al diputado federal, Javier Casique Zárate y un tercero no identificado.

El ex mandatario campechano no tuvo empacho en prometerle a Casique Zárate llevarlo con gobernadores para que le compren material médico del que el legislador presumió ser vendedor, lo cual constituye parte de la mafia farmacéutica que ha dañado a los sistemas de salud del país.

En el nuevo audio se escucha a Alejandro Moreno prometer que “ahora que ganemos… güey te ayudo”, y el legislador Casique Zárate le responde: “vamos juntos…vamos a venderla allá, yo me dedico a la venta de medicinas”.

A lo cual Alito alardea: “A ver c****n, pues eso me dijo, ahí yo lo meto con los gobers que ganen ahí yo lo meto”, y asegura a su interlocutor: “Tú tranquilo, estamos bien. Nos va a ir a toda m*dre. Lo que estamos haciendo es ¿para qué? Para tener la lana”, señala en el audio. “Todo resuelto… yo contigo a donde me lleves”, le contestó el interlocutor.

En el audio escándalo el propio Alejandro Moreno establece al diputado Casique

Zárate como el encargado al tanto de las operaciones de venta de medicamentos y despensas, “Si tú me dices a mí: 'oye, medicamento'.

Aquí. 'Oye, despensas'. Aquí.

Conozco a todos, todos me van a ver, pero no lo ocupo, no lo ocupo ahorita, porque es hacer compromisos con ellos. ¿Si me entiendes? Lo que estamos haciendo es ¿para qué? Para tener lana”, reitera Moreno Cárdenas.

Esta nueva revelación coloca a “Alito” en una situación complicada, pues sus propiedades están siendo inspeccionadas por la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) para determinar la dimensión de cada una de éstas, ya que está acusado de enriquecimiento ilícito, desvío de dinero público y evasión de impuestos a través de la triangulación de bienes inmuebles.

Además, ahora está vinculado con la mafia farmacéutica que ha lucrado con el sistema de salud mexicano, lo cual constituye actos de delitos empresariales y monopólicos.

“ALITO”, PARTE DE LA MAFIA FARMACÉUTICA Cabe recordar que no es la primera vez que Alejandro Moreno se relaciona con la mafia farmacéutica, en Campeche con su sustituto Carlos Miguel Aysa González orquestó la compra de insumos médicos a compañías acusadas de actos monopólicos, y que estaban sancionadas por autoridades federales.

Durante la pasada administración priista más de 38 millones 974 mil 998 pesos fueron entregados a la empresa Instrumentos y Equipo Falcón S.A. de C.V., a través del Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (Indesalud), a cargo de José Luis González Pinzón, pese a que esta compañía está sancionada por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) por

EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

*Nuevo audio escándalo vincula al líder nacional del PRI , Alejandro Moreno Cárdenas, con la compraventa de medicamentos a través del diputado federal priista Javier Casique Zárate *Alito prometió llevar al proveedor con los “gobernadores que ganen” pero perdió la mayoría de las elecciones a gubernaturas en las que ha competido desde que dirige el tricolor *En 2021, justo en año electoral, manipuló al gobierno de Campeche para operar contratos por más de 38 millones de pesos a una empresa sancionada por COFECE y señalada por ser parte de un “cártel empresarial” incurrir en prácticas monopólicas a nivel nacional, y considerada por organizaciones civiles como parte de un “cártel del mercado”, debido a que condiciona y controla la venta de insumos médicos a las instituciones de salud del país.

Justo en el año electoral de 2021, esta empresa obtuvo dos fallos por licitación pública que ascendieron a 21 millones 671 mil 943.36 pesos, más un total de 42 adjudicaciones directas por diversos montos, con las que acumuló 17 millones 303 mil 55 pesos.

El desfalco a la salud se dio precisamente en año electoral, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI), a cargo de “Alito” Moreno, compitió por 15 gubernaturas pero perdió 11, lo cual no impidió que mediante funcionarios estatales se perpetrara el desfalco de

recursos para las campañas priistas.

De acuerdo con la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), las empresas Instrumentos y Equipo Falcón, Selecciones Médicas (Seme), Selecciones Médicas del Centro (Semece), Centrum Promotora Internacional (Centrum), Impromed, Hemoser, Dicipa, Grupo Vitalmex (Vitalmex), Vitalmex Internacional, Vitalmex Administración y Vitalmex Soporte Técnico, incurrieron en prácticas monopólicas absolutas al ejercer como “cárteles de mercado” por la existencia de acuerdos secretos entre competidores comerciales.

Por tal motivo, durante 2020 la COFECE multó a las citadas compañías por coludirse en licitaciones de servicios integrales de estudios de laboratorio y banco de sangre

que convocados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). COFECE determinó que 11 empresas y 14 personas físicas se coordinaron en la presentación o abstención de posturas en diversas licitaciones convocadas por ambas instituciones públicas en perjuicio del erario y de los derechohabientes, lo cual generó un daño al erario de al menos mil 200 millones de pesos por el pago de sobreprecios.

Derivado de esto, tanto Instrumentos y Equipo Falcón como los demás agentes económicos involucrados en la colusión recibieron multas que en conjunto sumaron 626 millones 457 mil pesos, en función de lo que marca la Ley de Competencia.

Los hechos quedaron asentados en el expediente DE-011-2016, en el cual la Comisión acreditó que estos agentes económicos

establecieron un pacto de no agresión para, en lugar de competir, repartirse las partidas de licitaciones de IMSS y el ISSSTE en 2008, 2010, 2011 y 2015.

La conducta ilegal eliminó la posibilidad de que los institutos de salud pudieran ocupar dichos recursos para mejoras de sus unidades médicas, en la contratación o capacitación de su personal de salud, o en la operación cotidiana de los centros de salud.

LUCRATIVOS NEGOCIOS Pese a esto, el gobierno priista de Campeche, controlado por “Alito” Moreno a través del entonces gobernador sustituto Carlos Miguel Aysa González, benefició ampliamente a la empresa Instrumentos y Equipo Falcón S.A. de C.V., la cual lucró con la subcontratación de servicios con terceros para la red de pruebas de laboratorio, así como la red de servicios de transfusión sanguínea, con dos contratos de licitación por más de 21 millones 671 mil 943.36 pesos.

Con el contrato con expedientes RM-E004-2021 y RM-E005-2021, el Indesalud entregó la red de pruebas de laboratorio a Instrumentos y Equipo Falcón en dos partidas, por un importe total de 8 millones 920 mil 527 mil. 36 pesos.

Asimismo, con el contrato RM-E003-2021, se otorgó la red del servicio de transfusión sanguínea para las unidades hospitalarias del estado de Campeche a esta misma empresa, en un partida única por un monto de 12 millones 751 mil 416 pesos.

Por si fuera poco, el Indesalud no se detuvo ahí, y convirtió a Instrumentos y Equipo Falcón en uno de los proveedores predilectos, al entregarles 42 contratos por adjudicación directa, que ascendieron a más de 17 millones 300 mil pesos.

En total, más de 38 millones de pesos fueron a dar a manos de una empresa parte del “cártel de la salud”.

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Redacción/ Sol Campeche Campeche. – La Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental (SAIG) fue desincorporada del Gobierno del Estado en enero del 2022, pero antes de ser absorbida por otras áreas su titular, Jezrael Isaac Larracilla Pérez, se encargó de beneficiar a la empresa Txat Latam S.A.P.I. de C.V. con la entrega de más de 9 millones de pesos para la compra de equipo táctico y de telecomunicaciones para la Policía Estatal.

El procedimiento fue planeado en complicidad con la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), Marcela Muñoz Martínez, con el número de expediente de Licitación Pública Estatal SAIG-EST-029-2021, realizado el pasado mes de diciembre.

Cabe mencionar que dicha compañía cuenta con negro historial en otras entidades del país como en el estado de Puebla, donde fue implicada en presuntos fraudes en la adquisición de uniformes por parte de la administración morenista de Miguel Barbosa.

Larracilla Pérez se ha convertido en el vínculo del gobierno estatal con empresas cuestionadas que son beneficiadas por autoridades morenistas, ya que resulta ser uno de los funcionarios del estado que fueron “importados” al inicio de este gobierno, su cargo anterior fue como director de administración de capital humano de la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

Con ello, el funcionario fue el responsable de apapachar a esta empresa con el erario público, antes de que desapareciera la SAIG, como premio incluso fue “transferido” a la Secretaría de Finanzas, ahora como titular de esta dependen-

Por Redacción/ Sol Campeche Campeche. – Enjuagues en la Delegación Campeche de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) beneficiaron a una de sus empresas predilectas en la entidad: Grupo Constructor Patterson, que es el negocio familiar de Gabriel Escalante Castillo, ex jefe de asesores del ex mandatario estatal Alejandro Moreno Cárdenas.

El pasado 14 de octubre del 2021, la SICT entregó 3 millones 108 mil 799.64 pesos a Grupo Constructor Patterson para realizar reparaciones en la carretera alimentadora Escárcega-Altamira de Zináparo, mediante el contrato 2021-04-CFA-035-W-00-2021.

Se trató de 2 kilómetros de tramos aislados y por ello difíciles de supervisar y auditar, los cuales fueron entregados a esta compañía para un plazo de 47 días naturales, que debió de haber concluido el 30 de noviembre del año pasado.

Sin embargo, dicha empresa está salpicada por el hedor de la corrupción, al ser propiedad de la familia Escalante Castillo, quienes han tenido altos cargos en Campeche a la vez que controlan la obra pública, por lo que estos contratos de la SICT podrían ser más pagos de favores mediante sobornos y moches.

EL PREFERIDO DE “ALITO” Gabriel Escalante Castillo

NEGRO HISTORIAL EMPRESARIAL

cia rebautizada Secretaría de Administración y Finanzas.

COMPRAN CARO

Dentro de la Licitación Pública Estatal SAIGEST-029-2021, la empresa Txat Latam S.A.P.I. de C.V. fue la que presentó los montos más caros en tres de las nueve partidas para la compra de equipo táctico para la Policía Estatal, pese a lo cual se falló a su favor para entregarle un contrato de más de 9 millones 199 mil 903 pesos.

Además, la SSP de Marcela Muñoz permitió que se alteraran las bases de la convocatoria de la licitación de la SAIG para beneplácito de Txat Latam, puesto que resultó ganadora en las partidas 1, 2 y 9, pero el contrato 133/2021 fue firmado por las partidas 1, 2 y 3, aunque la tercera partida correspondía a otro objeto para adquisición de bienes.

La convocatoria de la licitación SAIG-EST-029-2021 contenía 10 partidas, de las cuales Txat Latam S.A.P.I. de C.V. concursó en la 1, 2 y 9 resultando ganadora pese a presentar las propuestas más elevadas, con lo cual se incurrió en un probable daño al erario estatal.

La primera partida fue para “Vestuario y uniformes para la Secretaría de Seguridad Pública Estatal”, en la cual Txat Latam ofertó un monto de 4 millones 712 mil 426 pesos, mientras que Alerta del Caribe S.A. de C.V. propuso 3 millones 419 mil 315 pesos.

En la partida 2, también para “Vestuario y uniformes” pero dirigida a la “Secretaría de Seguridad Pública Munici-

Campeche, Campeche. Del 20 al 26 de junio de 2022

*La empresa Txat Latam S.A.P.I. de C.V. recibió más de 9 millones de pesos por parte de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental (SAIG) antes de la desincorporación de esta dependencia a principio del año *El titular, Jezrael Larracilla Pérez, y la secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz, favorecieron a dicha compañía pese a anomalías en la licitación para la adquisición de equipo táctico policial *Txat Latam presentó las propuestas económicas más caras, además de que se alteraron las bases del procedimiento para que las partidas fueran a su favor

Jezrael Isaac Larracilla Pérez y Marcela Muñoz.

pal” –dependencia inexistente puesto que los municipios cuentan con direcciones de seguridad pública y no secretarías–, la propuesta de Txat Latam fue de 2 millones 13 mil 900 pesos, mientras que Alerta del Caribe propuso 1 millón 461 mil 246 pesos.Y en la partida 9 para la adquisición de teléfonos satelitales, Txat Latam fue sola con una propuesta de 1 millón 204 mil 525 pesos.

Txat Latam resultó ganadora, aunque sus precios eran elevados, por lo que firmó el Contrato 133/2021 el 15 de diciembre del año pasado, por un monto total de 9 millones 199 mil 903 pesos.

No obstante, como ya se

mencionó, el contrato fue alterado en el objeto de las adquisiciones, pues en las cláusulas señala que se trata de las partidas 1, 2 y 3, pero la empresa no participó en la tercera partida, sino en la novena. Con ello, la SSP a cargo de Marcela Muñoz Martínez, y la SAIG de Jezrael Larracilla, incurrieron en violación a las bases de la licitación en favor de este particular.

Entre los artículos que se adquirieron camisolas, cinturones, pantalones y zapatos policiacos, así como 20 teléfonos satelitales de la marca IRIDIUM, presuntamente para uso exclusivo de altos funcionarios del gobierno estatal.

REPUTACIÓN CUESTIONADA Es preciso mencionar que la compañía Txat Latam cuenta con dudosa reputación, ya que documentos públicos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), revelan que podría tratarse de una empresa fachada operada por su representante legal Martín Martínez Aguilar, pues fue constituida con la escritura pública número 27,797 el 1 de octubre del 2013, pero bajo la denominación Abre Defense Group S.A.P.I. de C.V. El 16 de marzo del 2016, Abre Defense Group modificó su denominación a Txat Latam S.A.P.I. de C.V.; sin embargo, tanto en sus diversos contratos por todo el país como en el que firmó con el Gobierno de

LUCRAN CON BACHES *La empresa Grupo Constructor Patterson recibió 3.1 millones de pesos para rehabilitar baches en un camino aislado imposible de auditar, por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, según el contrato E 2021-04-CF-A-035-W-00-2021

*Esta compañía es propiedad de Gabriel Escalante Castillo, exfuncionario de “Alito” Moreno Cárdenas, quien recibió de manera preferente más de 13 millones en diversos contratos de obras en diversas secretarías, durante el pasado sexenio

Gabriel Escalante Castillo. es quien está detrás de esta empresa beneficiado por la SICT, pero durante el sexenio pasado primero fue jefe de asesores del ex gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, y luego secretario de Desarrollo Económico con el mandatario suplente Carlos Miguel Aysa González.

Moreno Cárdenas otorgó hasta 77.1 millones de pesos a empresas vinculadas a la familia Escalante Castillo, entre ellas Promociones Casas Arca, Grupo Constructor Patterson, Construcciones y Materiales Peninsulares, además de Promotora Artística y Deportiva de Campeche.

Además de ex servidor público, Gabriel Escalante, es presidente del Consejo de Admi-

nistración del equipo de beisbol Piratas de Campeche y hermano de María de los Ángeles Escalante Castillo, viuda de Juan Camilo Mouriño Terrazo, quien perdiera la vida en un accidente aéreo cuando se desempeñaba como secretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón.

Grupo Constructor Patterson, es el negocio personal de Gabriel Escalante en conjunto con su cuñado, Jaime Patterson Cifrián, esposo de la exalcaldesa de Campeche Ana Martha Escalante Castillo, esta compañía recibió hasta cinco contratos de la administración de Alejandro Moreno, por 13.1 millones de pesos a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura (Se-

*Detrás del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) están los funcionarios Adolfo Lizárraga Fontes y Francisco Rubio Serna, quienes se distinguieron por asignar obras por medio de sobornos y moches duopi).

En dos de esas cinco contrataciones también participó con sus otras empresas Promociones Casas Arca y Construcciones y Materiales Peninsulares también, en las cuales comparte acciones con sus hermanos Pablo Javier, Carlos Daniel y Eduardo Alberto.

Gabriel Escalante se desempeñó como funcionario público en el gobierno de Campeche, pero en ninguna de sus declaraciones patrimoniales reconoció el conflicto de interés.

La familia de Gabriel Escalante Castillo ha estado envuelta en escándalos, su hermana Ana Martha Escalante Castillo fue alcaldesa del municipio de Cam-

peche de 2012 a 2015 y, a un año de terminar su gestión, fue denunciada ante la Fiscalía General del Estado de Campeche por el presunto desvío de 2 millones de pesos que estaban destinados a la construcción del museo La Timbomba, en la capital del estado.

La relación entre la familia Escalante y el ahora dirigente nacional del PRI comenzó desde antes de que fuera gobernador de Campeche. Una vez ganadas las elecciones del estado, Escalante sería nombrado coordinador de asesores del gobierno. Después, en septiembre de 2018, el entonces gobernador le otorgaría el cargo de coordinador general del Tren Maya para Campeche,

Campeche, continúa operando con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) que correspondía a la antigua empresa, ADG131002UZ5.

Lo anterior es indicio de que esta empresa es usada para lucrar con recursos públicos en complicidad con gobiernos de diversos estados del país.

Claro ejemplo son las acusaciones en contra de Txat Latam en el estado de Puebla, donde es señalado por haber sido beneficiada en por el gobierno morenista de Miguel Barbosa Huerta, donde en 2020 obtuvo un contrato por más de 17 millones de pesos para la adquisición de uniformes y equipos de la policía estatal y bomberos.

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en el cual permaneció hasta el 29 de agosto de 2019, misma fecha en que fue nombrado secretario de Desarrollo Económico, ya en el gobierno de Carlos Aysa González.

MÁS CONTRATOS Pese a toda esta evidencia, el Centro SICT le ha entregado más contratos a este proveedor, lo que ha llevado a cuestionar a este Centro SCT Campeche, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), de que se ha convertido en un nido de corrupción donde se pacta la entrega de contratos millonarios a empresarios favorecidos año con año, y es manipulado por el director de este organismo, Adolfo Lizárraga Fontes, y el subdirector de Obras, Francisco Rubio Serna, quienes son los principales operadores de toda una red de beneficiarios al amparo de los proyectos federales.

A través de esta dependencia se han orquestado fraudes desde el sexenio pasado bajo las siglas del priismo, así fue que durante la administración de Alejandro Moreno Cárdenas la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que los recursos millonarios para carreteras federales fueron malversados entre el exgobernador y el exdelegado de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Eliasib Polanco Saldívar.

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NEGRO HISTORIAL EMPRESARIAL Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General

*La empresa Txat Latam S.A.P.I. de C.V. recibió más de 9 millones de pesos por parte de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental (SAIG) antes de la desincorporación de esta dependencia a principio del año *El titular, Jezrael Larracilla Pérez, y la secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz, favorecieron a dicha compañía pese a anomalías en la licitación para la adquisición de equipo táctico policial *Txat Latam presentó las propuestas económicas más caras, además de que se alteraron las bases del procedimiento para que las partidas fueran a su favor NARCOTRÁFICO

CÉSAR DUARTE: HISTORIA DEL SAQUEO EN CHIHUAHUA Ricardo Ravelo/Sol Campeche

*Tras más de un sexenio prófugo de la justicia, por fin, César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, fue extraditado a México para que enfrente a la justicia. El exmandatario se mantuvo escondido en Estados Unidos *Duarte es acusado de tener ligas con el narcotráfico, saqueo del erario y el desvío de miles de millones de pesos hacia las campañas del PRI, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. En esta trama resultó implicado el exdirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones y Alejandro Gutiérrez (este fue apresado), entonces secretario general de ese partido, señalado de recibir el dinero de parte del entonces mandatario chihuahuense *Esta historia podría robustecerse y ser el primer caso de denuncia electoral, algo que se impidió durante el sexenio anterior donde los exgobenadores corruptos fueron solapados y protegidos con el mando de la impunidad oficial. En esta trama estaría implicado el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien habría fondeado sumas millonarias en Chihuahua y otros Estados para financiar las campañas del PRI en 2016, año en que sufrió la debacle electoral más fuerte de su historia

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FRACASO TOTAL Mérida, Yucatán. Del 20 al 26 de junio de 2022 Pág. 11

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Redacción /Sol Yucatán

Mérida.- El fracaso del proyecto del Campus de Escuelas Normales de Yucatán provocó que el gobierno del Estado tirara a la basura un monto por 14.5 millones de pesos, ya que sólo uno de los cuatro planteles está en funcionamiento, y lo peor de todo, literalmente se construyó en terreno ajeno debido a la ineficiente labor del Ayuntamiento de Mérida al donar un espacio que le pertenece a la Central de Abastos de Mérida.

Lo peor de todo, a la administración actual sólo le queda poco más de dos años y tres meses, además que el proceso legal para liberar el terreno apenas comenzó la semana pasada, y por lo tanto, no pueden construir en tanto concluya el litigio, incluso, hay un amparo emitido por el Juzgado Federal del Quinto Distrito.

El proyecto inició de manera paralela al ingreso del Covid-19 en Yucatán, por lo que empezó el derroche de recursos con tal de que dicho sueño se convirtiera en realidad, pues se trata de un negocio redituable de cerca de mil millones de pesos, pero los imprevistos lo ralentizaron.

De la noche a la mañana, el Gobierno del Estado decidió cambiar de sede a la Escuela Normal de Educación Primaria de Yucatán (Enepy) “Rodolfo Menéndez de la Peña”, por lo que le pidió al Ayuntamiento un terreno.

El edil, sin medir las consecuencias entregó un terreno de nueve hectáreas perteneciente a la Central de Abastos de Mérida, luego de corromper al hoy ex representante de la Unión de Mayoristas de la CAM, Paulino Hernández Herrera.

En tanto se realizaba la construcción del plantel, diversas dependencias efectuaban convenios y entregaban contratos a modo, todo ello, por un monto de 14 millones 554 mil 687.11 pesos.

Tan sólo el Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán (Idefey) erogó 13 millones 54 mil 687.11 pesos, mientras que el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán (Inccopy) gastó un millón 500 mil, para los proyectos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey) y de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (Siies).

El 18 de noviembre de 2020, Vila Dosal supervisó los trabajos de construcción del Campus de las Escuelas de Educación Normal, obra que se encuentra dentro del Plan Estatal de Infraestructura para la Creación de Empleos y Apoyo a la Reactivación Económica.

El Campus albergaría a las Escuelas Normales de Educación Preescolar “Nelly Rosa Montes de Oca y Sabido”; de Educación Primaria “Rodolfo Menéndez de la Peña”; y Superior de Yucatán “Profesor

*El fracaso del proyecto del Campus de Escuelas Normales de Yucatán provocó que el gobierno del Estado tirara a la basura un monto por 14.5 millones de pesos, ya que sólo uno de los cuatro planteles está en funcionamiento

*Y lo peor de todo, literalmente se construyó en terreno ajeno debido a la ineficiente labor del Ayuntamiento de Mérida al donar un espacio que le pertenece a la Central de Abastos de Mérida *Se trata de un negocio redituable de cerca de mil millones de pesos, pero los imprevistos lo ralentizaron Antonio Betancourt Pérez”, las cuales, en conjunto, cuentan con más de dos mil 500 alumnos.

En la Plataforma Nacional de Transparencia hay cinco documentos de la muestra parcial de los gastos efectuados para el desarrollo del proyecto, los cuales, fueron firmados en 2020 y en 2021.

El más oneroso fue el de la licitación pública nacional con número LA931037999-E1-2021, relativa a la “Adquisición de Equipamiento e Inmobiliario para el nuevo Campus de Escuelas normales de Yucatán, con sede en Mérida, Yucatán”, cuya convocatoria se emitió el 19 de enero de 2021.

Sin especificar el número de licitantes, el proyecto se adjudicó al contratista Brick & Newman, Sociedad Anónima de Capital Variable, con domicilio fiscal en la avenida Atlacomulco, de la colonia Las Quintas, en Cuernavaca, Morelos, representada por María Esther Ramírez Vázquez.

El contrato se firmó el 3 de febrero de 2021, con vigencia hasta el 17 del mismo mes, para lo cual, el presupuesto asignado fue de cuatro millones 758 mil 964.68 pesos, con recursos federales, En el documento no se especificó lo adquirido, en cuanto al equipo e inmobiliario, y mucho menos los costos.

OTRO MÁS Anteriormente, el 28 de diciembre de 2020, el Idefey

firmó el convenio para llevar a cabo la licitación, contratación, supervisión, ejecución y entrega-recepción de bienes, equipamiento y mobiliario para el nuevo campus de las Escuelas Normales con sede en Mérida.

Por ende, estableció un vínculo con la Escuela Normal de Educación Preescolar “Nelly Rosa Montes de Oca y Sabido”; La Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Educación Primaria “Rodolfo Menéndez De La Peña” y La Escuela Normal Superior de Yucatán “Profesor Antonio Betancourt Pérez”.

Con recursos propios, se fijó un monto por cuatro millones 761 mil 754.5 pesos, para la realización de los respecti-

vos trabajos.

Asimismo, el 31 de diciembre de 2020, el director general del Inccopy, Roger José Echeverría Calero, y el titular del Siies, Bernardo Cisneros Buenfil, firmaron el convenio de coordinación “para la instalación de una red de voz y datos en el Campus de las Escuelas Normales con sede en Mérida, Yucatán”.

El presupuesto asignado fue de un millón 500 mil pesos, y hasta el momento no se presentan los resultados del convenio.

Posteriormente, el 28 de enero de 2021, el Idefey emitió la licitación pública nacional con número IDE-21-ADQLP-001, cuya convocatoria la

ganó la empresa Proveedor KAF Suministros y Servicios, Sociedad de Responsabilidad Limitada de CV, ubicado en el fraccionamiento Las Américas.

La Segey solicitó la “Adquisición de equipamiento y mobiliario para el nuevo Campus de las Escuelas Normales con sede en Mérida, Yucatán”, por lo que a dicha compañía se le entregó un presupuesto por un millón 995 mil 967.93 pesos, con recursos federales.

El contrato se firmó el 9 de febrero de 2021, para concluir el 15 del mismo mes, y nunca se especificó lo adquirido.

EXCESO DE CONFIANZA El proyecto de Vila Dosal iba “viento en popa”, motivo por el cual buscó la forma de ampliar el proyecto y albergar al menos un plantel más, para así tener un verdadero complejo académico.

De tal manera, el 25 de junio de 2021, el Idefey firmó un convenio con la Escuela Normal de Dzidzantún, por un monto por un millón 538 mil pesos, pero sin especificar en que consistía la labor a efectuar.

Justamente, una semana después, el 2 de julio de 2021, Vila Dosal entregó las instalaciones de la nueva Escuela Normal de Educación Primaria “Rodolfo Menéndez de la Peña”.

En el evento, el titular del Ejecutivo agradeció al Ayuntamiento de Mérida la donación

del terreno donde se realiza la obra para fortalecer la infraestructura educativa de Yucatán, el cual tiene un valor de 90 millones de pesos.

Sin embargo, ante el atropello cometido, el presidente de la Unión de Comerciantes de la Central de Abastos de Mérida, Luis Moisés González Ojeda, solicitó un amparo para detener las obras e interpuso una denuncia fue fuero común, ya que los locatarios nunca aprobaron la donación del terreno.

Incluso, el 29 de octubre de 2021, el Juzgado Federal del Quinto Distrito le entregó una notificación, como parte del amparo que promovieron ante la presunta ilegalidad cometida por Barrera Concha.

Pero, el 1 de febrero de 2022, Barrera Concha autorizó que personal de la comuna acudiera a la Central para efectuar mediciones topográficas en un área sin construcción, con tal de continuar con el proyecto del Campus de Escuelas Normales de Yucatán.

La situación se volvió más tensa, pues en la noche del 10 de febrero de 2022, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) arribaron al lugar, y con prepotencia agredieron a los locatarios, para permitir que personal del gobierno del Estado colocara una malla metálica, para delimitar el terreno que ocupará el Campus.

El pasado miércoles 8, se efectuó la primera audiencia para resolver el polémico caso del CAM, pero la Fiscalía General del Estado (FGE) se abstuvo a citar a los 12 empresarios y funcionarios municipales del segundo trienio del alcalde Renán Barrera Concha, e incluso, los representantes del gobernador Mauricio Vila Dosal, bajo el pretexto de que la parte acusadora no entregó la dirección de los domicilios de las figuras públicas señalados como investigados.

A regañadientes, la jueza Elsy del Carmen Villanueva Segura obligó a la FGE a hacer a un lado la desidia y ponerse a trabajar, por lo que la audiencia fue suspendida en tanto se entregaban los respectivos citatorios.

De manera directa, y sin titubear, la jueza le dio un plazo de 10 días naturales al representante de la FGE para notificarle que ya entregó los respectivos citatorios, el cual que empezará a correr a partir del jueves 9, cuando entregue el respectivo oficio a la Policía Estatal Investigadora (PEI).

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EXORBITANTES SOBREPRECIOS Redacción /Sol Yucatán

Mérida.- Mientras la ciudadanía estira el gasto, el director del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (IMDUT), Aref Miguel Karam Espósitos, realizó compras con sobreprecios exorbitantes, como fue el derroche de más de siete millones de pesos para la adquisición de vehículos a finales de 2019.

De acuerdo con el contrato número ADQ-LPDJ-104-15-10-2019, celebrado el 15 de octubre de 2019, Karam Espósitos aprobó el fallo a favor a la empresa Telecomunicaciones y Servicios del Norte, S.A. de C.V., una compañía de Nuevo León, actualmente denunciada por sobrecosto y desvío de fondos durante la administración de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, como gobernador de dicho estado.

Según consta en el documento, Telecomunicaciones y Servicios del Norte recibió por dicho contrato la descomunal cantidad de siete millones 171 mil 791.64 pesos por la “adquisición de 13 vehículos nuevos tipo Sedan, año 2019-2020”.

De igual forma, llama la atención que una de las cláusulas del contrato señala que la compra debía realizarse en “agencias certificadas de la marca, dentro del estado de Yucatán”; en otras palabras, el IMDUT pagó 7.1 millones de pesos por servicios de diligenciero a la empresa neoleonesa.

Por otro lado, es interesante que a pesar de tratarse de una licitación pública, no aparezcan los nombres de las otras iniciativas privadas participantes, ni sus propuestas, ni el motivo del rechazo a sus ofertas. Sin embargo, en una revisión del acta de fallo, se pudo verificar que la otra licitante fue una persona física llamada Isis Aradia Viruette Escobedo, de La Paz, Baja California, Sur. Curiosamente, Isis Aradia Viruette Escobedo y Telecomunicaciones y Servicios del Norte suelen ir de la mano en diferentes licitaciones, ya que existe constancia de al menos tres contratos de diferentes estados (Oaxaca, Baja California y Tamaulipas) donde ambos licitantes participaron, lo que da pie a sospechar que uno de los concursantes es de relleno porque el fallo ya está arreglado de antemano.

Asimismo, Telecomunicaciones y Servicios del Norte es una empresa que al

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*Mientras la ciudadanía estira el gasto, el director del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, Aref Miguel Karam Espósitos, realizó compras con sobreprecios exorbitantes

*Derroche de más de siete millones de pesos para la adquisición de 13 vehículos, a finales de 2019, a una empresa actualmente denunciada por sobrecosto y desvío de fondos *De acuerdo con una revisión del precio de los modelos actuales, comprar los mismos carros costaría cuatro millones de pesos, por lo que hubo un sobrecosto de más de tres millones de pesos en el contrato del IMDUT Aref Miguel Karam Espósitos.

Eduardo Vázquez González.

parecer hace de todo: desde suministro y adquisición de software, venta de caretas para Covid-19, respiradores de partículas N95, equipo de radiocomunicaciones, sistemas de vigilancia, y por supuesto, vehículos para instituciones públicas.

En lo concerniente al costo pagado por el instituto, de acuerdo con una revisión del precio de los carros actuales, el modelo de lujo más costoso de un vehículo Sedan ronda los 372 mil pesos, lo que multiplicado por 13 da como resultado

4.8 millones de pesos, por lo que hubo un sobrecosto de tres millones de pesos en el contrato del IMDUT, eso sin considerar que en dicho año los precios eran más económicos.

Además, a pesar de contar con 40 días para la adquisición y entrega de los 13 vehículos, no hay constancia de la recepción por parte del instituto, ni se

sabe cuál fue el uso de los autos, ya que tampoco hay registro fotográfico en los buscadores de internet, ni en la página oficial del IMDUT. Finalmente, el exorbitante derroche fue aprobado y firmado por Aref Miguel Karam Espósitos, director general del IMDUT. Por parte de la empresa ganadora Telecomunicaciones y Servicios del Norte, signó

el apoderado legal Luis Manuel Mendoza García.

EMPRESA FAVORITA DE “EL BRONCO” El 15 de marzo de 2022, el polémico exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, también conocido como “El Bronco”, fue detenido por el presunto desvío de recursos a través de adjudicaciones a empresas fantasma, entre las que figura Telecomunicaciones y Servicios del Norte.

De acuerdo con la denuncia interpuesta por el actual gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, Telecomunicaciones y Servicios del Norte facturó al Estado por lo menos cuatro mil millones de pesos entre el 2016 y el 2021, siendo una de las empresas más beneficiadas por “El Bronco”.

De igual forma, la Unidad de Integración Educativa del Gobierno de Nuevo León denunció al director general de Telecomunicaciones y Servicios del Norte, Eduardo Vázquez González, también conocido en el estado como “el favorito de El Bronco”, quien le habría adjudicado contratos por alrededor de cuatro mil 27 millones de pesos.

Según consta en las declaraciones de Samuel García, Telecomunicaciones y Servicios del Norte hizo infló tres veces el valor de los servicios adquiridos por el Gobierno del Estado de Nuevo León.

El caso más escandaloso, reveló García Sepúlveda, es que TSN compró 100 licencias de software que valen mil pesos y luego vendió todo en su conjunto a 70 millones de pesos, o sea un lucro, de 100 mil pesos de costo a 70 millones de utilidad.

Así pues, Aref Miguel Karam Espósitos se convirtió en cómplice del empresario Eduardo Vázquez González en la ejecución del mismo modus operandi de inflar precios para desfalcar los recursos de instituciones públicas.

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“ASALTAN” VERDES EL ESTADO Mérida, Yucatán. Del 20 al 26 de junio de 2022 Pág. 13

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Redacción /Sol Yucatán

Mérida.- El delegado nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Francisco Elizondo Garrido, amigo y beneficiario de Jorge Emilio González alias “El Niño Verde”, ha logrado incrustar en el gobierno de Yucatán a sus amigos empresarios y que son parte del soporte de las patrañas electorales en Quintana Roo. Y era de esperarse, pues el panismo en todo el país va a la baja, y Yucatán no es la excepción.

Sobre los contratos millonarios, una prueba de ello es que la empresa Maxi Constructora y Mantenimiento Integral, SA de CV, (Maxisa), fue beneficiada con un contrato que supera los 7 millones de pesos solo para el acabado de algunos de los puentes peatonales del periférico de Mérida, trabajos que en los hechos no reflejan lo establecido en los anexos del contrato.

Según consta en el contrato número OBP22-LP-INCCOPY-1PRO-002, bajo el concepto “Trabajos complementarios en puentes peatonales en el periférico de Mérida”, benefició con 7 millones 113 mil 159 pesos con 50 centa-

Francisco Elizondo Garrido. vos, a Raúl Alberto Aguilar Baqueiro y a su padre Raúl Jesús Aguilar Horta, propietarios de Maxi Constructora Hidráulica y Mantenimiento Integral, S.A. de C.V., constituida el 16 de diciembre de 1997.

Misma que fue inscrita al Registro Público de Comercio de Mérida, el día 16 de diciembre de 2019 bajo el FME: 9704, y que sufrió modificación en su objeto social el día 1 de septiembre de 2021, para detallar cada sitio donde poder hacer construcciones y adecuaciones, incluyendo la palabra “puente”.

De tal forma que la empresa tiene como objeto social la

Jorge Emilio González Martínez

Raúl Aguilar Baqueiro.

“Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios, tales como escuelas, almacenes, oficinas, hospitales, bibliotecas, centros comerciales, restaurantes, teatros y salas de cine y en general cualquier obra pública u obra privada distintas a vivienda”.

Detallando entre ellos la “Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas, así como obras complementa-

Consejo Coordinador Empresarial del estado peninsular, Raúl Aguilar Baqueiro, obtuvo 7 millones 113 mil 159 pesos con 50 centavos, por trabajos complementarios en cuatro puentes peatonales ubicados en el periférico de Mérida, sobre el kilómetro (Km) 3.8, Km 34.55, Km 38.60 y Km 48.

Lo que representó un gasto diario de 169 mil 361 pesos por cada uno de los 42 días naturales de trabajos “com-

*La empresa Maxisa fue beneficiada con un contrato que supera los 7 millones de pesos solo para el acabado de algunos de los puentes peatonales del periférico de Mérida, trabajos que en los hechos no reflejan lo establecido en los anexos del contrato *El banderazo de inicio de obras se dio el 1 de marzo de 2021, pero en el colmo del acuerdo del trabajo “fantasma” se firmó el contrato después.

Al siguiente año se hizo una falsa licitación para entregar una obra por presuntos trabajos complementarios *El delegado nacional del partido Verde Ecologista Francisco Elizondo Garrido, amigo y beneficiario de Jorge Emilio González, alias “El Niño Verde”, ha logrado incrustar en el gobierno de Yucatán a sus amigos empresarios rias para esas construcciones tales como camellones, banquetas, calles y avenidas, bulevares y alumbrado público”.

Agregando “Construcciones para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje, tales como plantas de tratamiento de agua, pozos de agua, redes de abastecimiento de agua potable, redes de drenaje y todas las estructuras y edificios que formen parte integral de estas obras”.

Así como la “Construcción de toda clase de naves, plantas industriales y edificios no habitacionales ni de vivienda que sean para el sector público, así como para el sector privado”.

Estableciendo en cada punto, que los trabajos pueden ser de construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de dichas construcciones.

El día 9 de febrero de 2022, la empresa propiedad del ex presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Yucatán, y ex titular del

plementarios” que arrancaron el 10 de febrero de 2022 y se extendieron hasta el 23 de marzo del mismo año, como quedó descrito en el contrato entregado por el asociado en el gobierno de Yucatán, de Francisco Elizondo Garrido, actual operador político del PVEM en Quintana Roo. Lo que se convierte en un absurdo, pues dichos puentes habían sido anunciados ya el 12 de febrero de 2021 por el mismo gobernador de extracción panista, Mauricio Vila Dosal y el alcalde de Mérida Renán Barrera Concha, a través de lo que llamaron: “Programa Conjunto de Mejora a la Movilidad y la Infraestructura Vial”, que tuvo una inversión de 78 millones de pesos.

La misma sala de prensa del gobierno de Yucatán lo corrobora a través de la nota “Con la construcción de puentes peatonales en el Periférico de Mérida se eleva la calidad de vida y seguridad de los yucatecos”, al aclarar que la inversión amparaba la construc-

ción de 5 puentes peatonales nuevos, cuatro temporales y el mantenimiento de ocho existentes.

La misma nota establece como los puentes peatonales nuevos: uno de tipo doble arco ubicado en el kilómetro (km) 3.8 del Periférico, cerca de la zona del fraccionamiento San Marcos Sustentable.

Los cuatro restantes, serían de tipo “Y”, a la altura del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (km 34.55), el fraccionamiento Pensiones Amapola (km 38.60) Fiscalía General del Estado (km 44.50) y en el fraccionamiento Tixcacal Opichén (km 48.00). Los mismos descritos en el contrato OBP22-LP-INCCOPY1PRO-002 de éste año.

El banderazo de inicio de obras se dio el 1 de marzo de 2021 y en el cual, en el colmo del acuerdo del trabajo “fantasma” que se firmaría un año después, además del gobernador, el alcalde meridano y otros funcionarios, también estuvieron presentes Raúl Aguilar Baqueiro, entonces titular de la CMIC y Virgilio Crespo Méndez, tal vez haciendo planes desde entonces, del futuro negociazo que podrían firmar.

Como se puede ver, el recurso para la construcción de dichos puentes peatonales, ya

se devengó hasta su terminación total en noviembre de 2021, solo para que tres meses después, en febrero de 2022, se hiciera una falsa licitación para entregar una obra por presuntos trabajos complementarios, a uno de los empresarios señalados como “amigos” de la cúpula del PVEM en la Península de Yucatán.

“Era necesario” dirían los políticos deshonestos, puesto que 2022 es año de elecciones en seis estados de la República: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo, donde sin duda el Partido Verde Ecologista busca seguir manteniendo el poder que ha ostentado a lo largo de al menos dos décadas aliándose atinadamente con el partido en el poder, y necesitaban urgentemente capital económico para sus planes de crecimiento político en Quintana Roo. Mismo que se intensificaron con la llegada del ex dirigente estatal del PVEM en San Luis Potosí, Francisco Elizondo Garrido, antiguo conocido del estado, quien arribó a suelo quintanarroense como operador del “Niño Verde” para fomentar el crecimiento en la estructura partidista al reunir a los comités municipales en torno al voto “verde”.

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UTILIZA PRESTANOMBRES EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

Redacción /Sol Yucatán

Mérida.- Uno de los principios rectores de la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE), de acuerdo con sus propios estatutos, es observar la estricta aplicación de la ley y de los principios de buena fe. Sin embargo, en noviembre de 2021, el fiscal general Juan Manuel León León celebró un contrato por más de dos millones de pesos con una prestanombres.

De acuerdo con el contrato número C/JUR/00482021, celebrado el 8 de noviembre de 2021, la FGE aprobó la compra de productos químicos a la persona física Karla Maribel Castillo Peralta, quien resultó beneficiada por dicho fallo a su favor con dos millones 94 mil 460 pesos.

Si bien se trató de una licitación pública nacional (FGE-FAS-

Juan Manuel León León.

Karla Castillo Peralta.

PEY-OTROS-PRODUCTOS-QUÍMICOS-2021), en el documento no se especifican cuáles fueron las otras compañías participantes, ni sus propuestas, ni mucho menos un cuadro comparativo que permita verificar que la proposición de Castillo Peralta fuera la más favorable.

Según consta en el documento, el escueto objeto del

contrato consistió en la “adquisición de otros productos químicos”; aunque en el acta no se detalla la naturaleza de dichos productos, a través de la consulta de un anexo se pudo constatar que en su mayoría se trataba de pruebas para detectar el consumo de sustancias químicas, así

Dirección fiscal de la “proveedora” y de la empresa Visión Líder H Asimismo, según consta en el contrato, su actividad es el “Comercio al por mayor de mobiliario, equipo e instrumental médico y de laboratorio”.

Aun así, su nombre no figura en ningún directorio empresarial, no cuenta con una empresa establecida, ni

*Uno de los principios de la Fiscalía General del Estado, de acuerdo con sus propios estatutos, es observar la estricta aplicación de la ley. Sin embargo, en 2021, el fiscal Juan Manuel León León celebró un contrato por más de dos millones de pesos con una prestanombres *Si bien se trató de una licitación pública, en el documento no se especifican cuáles fueron las otras compañías participantes, ni sus propuestas, ni mucho menos un cuadro comparativo que permita verificar que la proposición de Karla Castillo Peralta fuera la más favorable *Su nombre no figura en ningún directorio empresarial, no cuenta con una empresa establecida, ni hay registro de contar con experiencia brindando estos servicios a otras dependencias.

Incluso, su nombre como proveedora solo aparece en la lista de la FGE como diferentes exámenes químicos.

Asimismo, en el anexo se encuentran otros artículos de laboratorio, donde destaca la compra de cuatro polímeros pop-4 para secuenciador 3500, a un precio unitario de 11 mil 250 pesos, lo que da un total de 45 mil pesos. Este objeto llama la atención por su sobrecosto, ya que por el mismo polímero, el Gobierno del Estado de Sinaloa pagó siete mil 844 pesos, según consta en el contrato número GES-04/2016.

De igual forma, en la página oficial de la distribuidora Thermo Fisher, el mismo producto aparece con un precio actualizado de cinco mil 353 pesos. Uno podría pensar que este sobrecosto no es para tanto, sin embargo, hay que señalar que el contrato fue por la adquisición de múltiples cantidades de 35 productos diferentes.

Sin embargo, de acuerdo con la declaración de Karla Maribel Castillo Peralta, asegura que dispone de la organización y experiencia para cumplir el contrato.

hay registro de contar con experiencia brindando estos servicios a otras dependencias. Incluso, su nombre como proveedora solo aparece en la listas de la FGE y del Despacho del fiscal general del estado.

De igual forma, en el contrato aparece como dirección fiscal de la empresa el número 201 de la calle 55ª del fraccionamiento Francisco de Montejo, en Mérida, Yucatán. Pero a través de una consulta se pudo verificar que en dicha dirección se asienta una compañía llamada Visión Líder H. De acuerdo con la descripción en su página oficial, Visión Líder H ofrece servicios de capital humano: reclutamiento y selección, psicometría, estudios socioeconómicos, antidoping, consultoría, implementación de capital humano, capacitación y desarrollo, pero nada indica que distribuya productos químicos o similares.

Por otro lado, la hermana de Karla Maribel, Mayra Castillo Peralta aparece como propietaria de la em-

presa Visión Líder H, cuya dirección fiscal, como hemos mencionado, es la misma de la distribuidora de productos químicos contratada por la FGE. Además, en el domicilio señalado se encuentra una pequeña casa que para nada cumple los requisitos que ambas hermanas presumen tener.

Es decir, que si bien la

FGE se encarga de garantizar el Estado de Derecho en Yucatán, mediante la prevención, investigación y persecución de los delitos, sus funcionarios no son capaces de investigar y verificar la legitimidad de los proveedores con quienes celebran millonarios contratos.

Por supuesto, a pesar que la proveedora contó con 45 días naturales para entregar los materiales químicos, del 8 de noviembre al 21 de diciembre de 2021, no hay disponibles actas de la entrega-recepción de los productos adquiridos.

Finalmente, hay que señalar que el responsable de aprobar y firmar este contrato fue el mismo fiscal general, Juan Manuel León León, por lo que cabe preguntarnos: ¿no cuenta la Fiscalía con una Dirección de Adquisiciones que se encargue de cumplir con cabalidad estos procesos de licitación?

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Mérida, Yucatán. Del 13 al 19 de junio de 2022 Pág. 15

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PRIMERA PARTE

CÉSAR DUARTE: HISTORIA DEL SAQUEO EN CHIHUAHUA Ricardo Ravelo/ Sol Yucatán

Ciudad de México.- Mediante una bien aceitada red de corrupción, en la que incorporó a socios, amigos, compadres, colaboradores y familiares, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, prófugo de la justicia desde octubre de 2017, emprendió uno de los saqueos más escandalosos a las arcas del Estado, se enriqueció a manos llenas, benefició al crimen organizado, en particular al Cártel de Juárez, y al término de su mandato dejó una deuda histórica de más de 47 mil millones de pesos. Y lo peor: Se fugó ante los ojos de todo el mundo, incluida la Procuraduría General de la República (PGR).

Tan pronto terminó su mandato –uno de los peores que ha tenido Chihuahua en su historia reciente– César Duarte cruzó la frontera y se refugió en Texas; se afirma que también se le ha visto en Nuevo México, en las residencias de lujo que adquirió como gobernador y que ahora utiliza para refugiarse de la justicia mexicana o para esperar que el gobierno de Estados Unidos le conceda el asilo político que solicitó, al declararse un perseguido del Estado mexicano.

El caso de corrupción política e institucional que protagoniza Duarte Jáquez nada desigual a los que condujeron a prisión a los exmandatarios de Veracruz (Javier Duarte de Ochoa), Quintana Roo (Roberto Borge Angulo) y Tamaulipas (Eugenio Hernández) también salpicó de lleno al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a su exdirigente, Manlio Fabio Beltrones, a quien se acusa de sugerir y operar, a través de terceros, el plan perverso para desviar recursos públicos federales de varios Estados para financiar las campañas políticas de candidatos a gobernadores donde el PRI no era gobierno.

Además de Chihuahua, el saqueo, según los señalamientos y las investigaciones oficiales, se efectuó en Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas, donde se repitió el modelo de la creación de empresas fantasmas y contratos de obras que nunca se ejecutaron para triangular recursos públicos que se canalizaron al PRI para apoyar económicamente a sus respectivos candidatos a puestos de elección popular. En el 2016, hubo elecciones de gobernador en doce entidades, también se renovaron congresos locales y presidencias municipales.

Manlio Fabio Beltrones, exdirigente del tricolor, es quien enfrenta serias acusaciones por haber fungido como el artífice de esas maniobras financieras cuando encabezada al PRI. A principios de enero fue encarcelado Alejandro Gutiérrez, su principal operador, bajo el cargo de peculado agravado, al acreditarse que dispuso de 250 millones de pesos del gobierno de Chihuahua –entregado por César Duarte y sus principales colaboradores –para fondearlos en el PRI y así poder financiar las campañas a gobernadores en el 2016.

Como las investigaciones continuaron y el nombre de Manlio Fabio Beltrones salió a relucir

como el estratega de las maniobras, el lunes 8 de enero el exgobernador de Sonora tuvo que tramitar un amparo ante la justicia federal para no ser detenido, pues de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía de Chihuahua y la PGR se desprende que el sonorense tiene serias implicaciones en el desvío de recursos públicos en varios Estados del país que sirvieron para apuntalar las finanzas del PRI. Lo curioso de todo es que en la elección del 2016 el PRI perdió siete gubernaturas, entre otras, las de Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua –de donde se desviaron recursos públicos– y fue a Beltrones a quien le atribuyeron los descalabros electorales; sin embargo, en su momento el exsenador de la República reviró y dijo que la causa de la derrota del PRI tuvo que ver con los escándalos de corrupción de algunos gobernadores y, sobre todo, a los malos gobiernos que encabezaron, lo que hizo insostenible la posibilidad de triunfo real.

El problema de la corrupción política fue un tema trascendental en los diagnósticos del PRI: Poco antes de que arrancaran las campañas políticas, Beltrones sabía que venía la debacle y, según se pudo saber, él mismo sugirió al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que era urgente y necesario proceder penalmente en contra de algunos gobernadores porque el riesgo de perder las gubernaturas era inminente. Y algo peor: El escenario para el 2018 se tornaría harto complicado.

Paralelamente, Beltrones también denunció otro grave problema: Que el narcotráfico estaba detrás de muchos candidatos priistas, particularmente en Tamaulipas, tierra de nadie, donde los cárteles del Golfo y Los Zetas ya habían entrado En arreglos con los abanderados de ese partido. Beltrones pidió el relevo de los abanderados priistas porque, dijo, no vamos a permitir que el crimen organizado se infiltre en las campañas. Pero de nada valió el llamado.

Peña Nieto habría escuchado, un tanto preocupado, la propuesta de Manlio Fabio Beltrones. Ya eran un verdadero desastre los gobiernos de Javier Duarte, escandalosa la gestión de Roberto Borge, ambos acusados de saqueo, desvíos de recursos, enriquecimiento inexplicable.

Javier Duarte se ufanaba en Veracruz de haberle entregado a Peña Nieto cerca de tres mil millones para su campaña y se sentía intocable; Borge, desde Quintana Roo, despilfarraba el erario, vendía los terrenos de más alta plusvalía a precios irrisorios y beneficiaba a sus familiares con cientos de hectáreas cuyo atractivo más importante era su ubicación frente al mar Caribe.

De igual forma el gobierno de César Duarte atraía los reflectores tras ser acusado de desviar dinero público para el PRI y para su bolsa.

Mediante una decisión dictatorial ordenó descontar a los empleados del gobierno 200 pesos quincenales. El dinero iba a parar a las arcas del PRI y sus principales colaboradores se despachaban con la

cuchara grande en medio de aquel millonario festín, la danza de los millones, la locura gubernamental.

Sin embargo, en el momento más álgido de las campañas de gobernadores Peña Nieto no quiso hacer justicia y asumió los costos de la impunidad. Cobijó a los gobernadores hasta que los nuevos mandatarios arribaron al poder y detonaron los escándalos de corrupción. Salvo los estados de Mé-

de millones también resultó salpicado el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien fue una pieza clave para la entrega de los recursos federales que a la postre se utilizaron para el financiamiento de las campañas políticas del PRI. La Fiscalía de Chihuahua documentó que Alejandro Gutiérrez –quien fungió como secretario general del PRI cuando Beltrones fue dirigente de ese partido– había sido

*Tras más de un sexenio prófugo de la justicia, por fin, César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, fue extraditado a México para que enfrente a la justicia. El exmandatario se mantuvo escondido en Estados Unidos *Duarte es acusado de tener ligas con el narcotráfico, saqueo del erario y el desvío de miles de millones de pesos hacia las campañas del PRI, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. En esta trama resultó implicado el exdirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones y Alejandro Gutiérrez (este fue apresado), entonces secretario general de ese partido, señalado de recibir el dinero de parte del entonces mandatario chihuahuense *Esta historia podría robustecerse y ser el primer caso de denuncia electoral, algo que se impidió durante el sexenio anterior donde los exgobenadores corruptos fueron solapados y protegidos con el mando de la impunidad oficial. En esta trama estaría implicado el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien habría fondeado sumas millonarias en Chihuahua y otros Estados para financiar las campañas del PRI en 2016, año en que sufrió la debacle electoral más fuerte de su historia xico y Coahuila, el PRI perdió el resto de las gubernaturas, alcaldías y la mayoría en casi todos los Congresos que se disputaron. El PAN, en alianza con el PRD, le asestaba un duro golpe al PRI y en gran medida los exmandatarios construyeron con sus actos de corrupción el camino de la derrota y también la ruta que los condujo a la cárcel o a fugarse de la justicia. Hasta el mes de enero de 2018 el único exmandatario que se mantenía prófugo era César Duarte, avecindado en Texas, en espera de una extradición o de que el gobierno de Donald Trump le acepte como asilado político.

Miguel Ángel Yunes Linares se aprestó a desnudar todas las corruptelas de Javier Duarte: Documentó el descomunal saqueo, la compra de propiedades dentro y fuera de México, el uso del poder para fines personales. De igual forma acreditó, conjuntamente con la PGR, que mediante una red de empresas fantasma se desviaron recursos por el orden de 30 mil millones de pesos que lo mismo se utilizaron para financiar campañas que para la compra de propiedades en el extranjero a través de testaferros.

Lo mismo hizo Javier Corral en Chihuahua a partir de que tomó posesión como gobernador, en octubre de 2017. En Chihuahua se utilizó un esquema similar al de Veracruz y Tamaulipas. Y fue cuando las investigaciones alcanzaron a los principales colaboradores de César Duarte y a altos exfuncionarios del PRI, entre otros, Alejandro Gutiérrez, principal operador de Manlio Fabio Beltrones.

En todo este embrollo y danza

detenido por policías federales y estatales de Chihuahua por el delito de peculado agravado.

De igual forma se giraron otras órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios del gobierno de César Duarte, por diversos delitos, pero también resultaron implicados en las maniobras financieras para traspasar dinero público al PRI. Ellos son el exsecretario de Educación, Ricardo Yáñez Herrera; Karla Jurado Bafidis, exdirectora de Administración de la Educación; el exdirector de Adquisición y Administración y diputado federal suplente, Enrique Antonio Tarín y Gerardo Villegas Madriles, exdirector de Administración de la misma dependencia y sobrino del exgobernador César Duarte.

El caso alcanzó el máximo de su ebullición cuando el periódico The New York Times, en su edición del 20 de diciembre de 2017, hizo estallar el escándalo de los desvíos de fondos públicos al PRI y colocó el reflector precisamente en el operador de Manlio Fabio Beltrones –Alejandro Gutiérrez–, personaje que el diario estadounidense describió “como un político veterano del PRI y aliado del presidente Enrique Peña Nieto”.

Firmado por los periodistas Azam Ahmed y Jesús Esquivel, el texto deslizó los primeros pormenores de una investigación que implica a buena parte del aparato priista que estuvo a cargo de las elecciones en 2016 y da cuenta que la Secretaría de Hacienda fortaleció las finanzas de los estados de Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas –por citar solo tres entidades–

donde los respectivos mandatarios (solo Egidio Torre, exgobernador de Tamaulipas, goza de libertad y no enfrenta juicio alguno) crearon empresas fantasma y contratos con compañías de amigos y compadres para desviar dinero y de esa forma financiar las campañas políticas del PRI. La nota del Time añade otros elementos: “En ese momento, los principales funcionarios del PRI estaban preocupados por perder las elecciones estatales en junio de 2016. Los exfuncionarios estatales dicen que el patrón de malversación de fondos para financiar las elecciones se produjo en varios estados donde el PRI temía perder el control.

“Los documentos revisados por el New York Times se centran en gran medida en el esquema de malversación en Chihuahua. Según los registros, millones de dólares del gobierno federal fueron transferidos en enero de 2016 al estado con el propósito de ser utilizados en el sector educativo”.

“Luego, el dinero se desvió a cuatro compañías utilizadas para malversar los fondos, un negocio que el auditor fiscal del país ha incluido en la lista negra por ser empresas falsas, según los contratos gubernamentales que se firmaron”.

“Esas compañías, supuestamente contratadas por el estado de Chihuahua para proporcionar servicios educativos, recibieron casi 14 millones de dólares en sus cuentas, según los contratos y los registros que muestran que el dinero se había recibido”.

“Pero las empresas no proporcionaron el servicio, según las declaraciones juradas de los actuales funcionarios de educación del estado. En cambio, el dinero se convirtió en efectivo y se devolvió al PRI para que fuera utilizado en las campañas electorales, según los antiguos funcionarios del estado vinculados al plan”.

“Uno de esos funcionarios llamado Ricardo Yáñez está cumpliendo una sentencia en prisión de cuatro años. Sin embargo, no todo el dinero se destinó a fines políticos. Alrededor de 230 mil dólares se depositaron directamente en una cuenta comercial operada por Gutiérrez, el exsecretario del PRI, según los registros bancarios y las declaraciones de los testigos”.

Según el The New York Times, los contratos y registros bancarios muestran que millones de dólares se destinaron a algunas de las mismas empresas falsas o bien a empresas conectadas a ellas también en los estados de Sonora y Durango. Los registros bancarios, según el diario, muestran que cientos de miles de dólares se depositaron en algunas compañías en el estado de Colima. En su testimonio rendido ante las autoridades algunos de los exfuncionarios implicados en esta megatriangulación de fondos dijeron que también se realizaron movimientos millonarios desde las arcas de los estados de Veracruz y Tamaulipas.

Luego el diario centra su atención en las maniobras de César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua –refugiado en Estados

Unidos –y en Manlio Fabio Beltrones. Apunta The New York Times: “Duarte huyó a Estados Unidos donde está evadiendo los cargos federales y estatales de corrupción, incluidas las acusaciones de que se robó más de 300 millones de dólares durante su gestión en el Estado”.

“La hija de Duarte es ciudadana estadounidense y, de acuerdo con los documentos legales, el exgobernador solicitó una tarjeta de residencia permanente”, la cual le habrían otorgado sin mayores inconvenientes.

De acuerdo con el diario, se cree que Duarte vive entre Texas y Nuevo México. Y los intentos por contactarlo han resultado infructuosos. El jefe del partido en el momento del plan de financiamiento de la campaña, Manlio Fabio Beltrones, es aliado desde hace muchos años del Presidente y su familia.

Beltrones también es mencionado en el documento de sentencia.

Yáñez dijo que el exgobernador César Duarte le dijo que Beltrones había ideado el plan de financiamiento. Este dato resulta trascendente, pues Beltrones estaba sumamente preocupado por el virtual descalabro electoral, tal y como ocurrió en las pasadas elecciones.

Yáñez –testigo clave de toda esta danza de millones y triangulaciones– dijo en alguna de sus múltiples declaraciones que en varias ocasiones se reunió con Alejandro Gutiérrez, el operador de Beltrones, así como con otros funcionarios del PRI. En ese momento, dijo, el PRI ya había perdido las elecciones y fue entonces cuando la mentalidad de ellos cambió para disminuir los daños.

La captura de Gutiérrez, por donde se le vea, es un golpe político para el PRI y su exlíder Manlio Fabio Beltrones. Gutiérrez no es un personaje menor dentro del PRI ni de la operación electoral: Fue secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, exdiputado federal y exsenador por el estado de Coahuila.

A él se le imputan los cargos de peculado agravado, lo que derivó de un señalamiento proveniente de un testigo protegido –implicado en el embrollo de los millones transferidos al PRI– que lo vincula con el traspaso de unos 250 millones de pesos de las arcas del gobierno de Chihuahua para financiar, en 2016, las campañas electorales del PRI en varios Estados.

Tras conocer la causa, el juez Octavio Rodríguez Gaytán consideró válida la imputación por desvío de recursos públicos, la cual consistió, según las investigaciones de la Fiscalía de Chihuahua, en la simulación de cuatro contratos por prestación de servicios profesionales, pagos por servicios que realizó la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de Chihuahua a las empresas Servicios y Asesorías Samex, Servicios y Asesorías Simax, Servicios y Asesorías Sisass y Despacho de Profesionales Futura, firmas que, en total, cobraron un monto de 246 millones de pesos por contratos que, según se confirmó, nunca se cumplieron.

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Redacción/ Sol Yucatán

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EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

ENTRE SEMANA El marrullero padrastro del Litio, ¿cómo Uramex? ¿Su Alteza Serenísima no se parece a los de antes? ¡Caray!, pero qué bien los imita.

LOS ZAMBADA, LIBRES EN EU

Hoy Escriben

Según reportes consultados tanto en México como en Estados Unidos, Vicente Zambada –el “Vicentillo”– y su tío Rey Zambada Niebla, habrían quedado Ricardo Ravelo Galó en libertad en Estados Unidos luego de diez años de haber estado en prisión por tráfico de drogas.

Se sabe que tanto Vicente Zambada como Jesús Zambada García, el “Rey”, no están bajo la custodia del Buró de Prisiones de Estados Unidos (BOP), pues se afirma que ya fueron liberados.

Según las fuentes consultadas, tanto el hijo de el “Mayo” Zambada como el hermano del capo, Rey Zambada, quedaron fuera del control juridiccional del BOP, aunque no se sabe la fecha en que habrían sido liberados ni dónde se encuentran actualmente.

Su probable liberación, de ser confirmada oficialmente, se la ganaron luego de que se acogieron al programa de testigos protegidos en Estados Unidos y declararon todo lo que sabían sobre el historial criminal de Joaquín el “Chapo” Guzmán, quien fue enjuiciado en ese país y condenado a una cadena perpetua.

Ambos cabecillas –el “Vicentillo” y Jesús Zambada– fueron testigos importantes en el llamado “Juicio del Siglo” que enfrentó el “Chapo” Guzmán, quien fue socio de los primeros en el Cártel de Sinaloa. Pero ambos testigos hundieron al exjefe del Cártel de Sinaloa, quien escapó de la prisión de Puente Grande en 2001 y se volvió a fugar del penal de La Palma en 2014 a través de un túnel, según sostiene la versión oficial.

Las versiones sobre la posible liberación de el “Vicentillo” y Jesús Zambada comenzaron a circular en marzo de este año cuando trascendió que ambos ya estaban libres; se dijo también que el “Vicentillo” habría quedado bajo resguardo domiciliario, pese a que su liberación oficialmente estaba programada para el año 2024.

Otros capos también han recuperado su libertad: Es el caso de Mauricio Poveda, “El Conejo”.

Jesús Zambada García fue detenido en la Ciudad de México la madrugada del 18 de marzo de 2009 en una casa de la calle Lluvia, en la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Agentes vestidos con uniforme militar lo aprehendieron en ese sitio y lo pusieron a disposición de las autoridades federales; por su parte, Vicente Zambada Niebla, el “Vicentillo”, se entregó a la justicia y permaneció incomunicado y maniatado. La mañana del 19 de marzo de 2009 fue presentado ante las cámaras de televisión como un peligroso capo. Este fue uno de los golpes más fuertes que recibió el Cártel de Sinaloa.

Luego de permanecer once meses arrestado y sin ningún expediente abierto en su contra, el “Vicentillo” fue extraditado y recluido en una cárcel de Chicago. Más tarde fue enviado a una prisión de máxima seguridad en Michigan.

Se asegura que los primeros dos años los pasó en una celda donde no tenía contacto con otros reclusos. Estas condiciones casi de aislamiento causaron serios problemas psicológicos al hijo de el “Mayo” Zambada.

Jesús Zambada, su tío, fue arrestado el 20 de octubre de 2008 en la ciudad de México.

En ese tiempo Sinaloa se había enfrentado a los hermanos Beltrán Leyva, quienes después de ser socios del Cártel pasaron a convertirse en sus enemigos acérrimos.

Jesús Zambada controlaba las operaciones de tráfico de drogas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México; mantenía controlados a funcionarios de la extinta Procuraduría General de la República mediante sobornos, así como a altos miembros de Interpol e incluso cooptó a funcionarios de la embajada de Estados Unidos. Uno de sus enlaces era Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos por brindar protección, como secretario de Seguridad Pública federal durante el gobierno de Felipe Calderón, al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la investigación conocida como “Operación Limpieza”, realizada por la PGR, el Cártel de Sinaloa les pagaba medio millón de dólares a funcionarios ministeriales adscritos a la Siedo para que les proporciona-

ran información sobre investigaciones en contra de miembros del Cártel de Sinaloa, operativos y extradiciones.

Así, luego de testificar en contra del “Chapo”, a quien hundieron en una prisión y le impusieron una cadena perpetua, tanto el “Vicentillo” como su tío Jesús Zambada, el “Rey”, están libres aunque no se sabe si permanecen en Estados Unidos o ya fueron repatriados a México.

EL GÜERO PALMA: UNA HISTORIA NEGRA Lugarteniente de Miguel Ángel Félix Gallardo, jefe del Cártel de Guadalajara en los años setenta y ochenta; operador del narcotráfico y hábil en las negociaciones, Héctor Luis Palma Salazar es dueño de una historia que lo mismo pasa por el terror de los accidentes aéreos que por haber sufrido una de las pesadillas más horrendas: La muerte de su esposa y sus hijos como consecuencia de una venganza que derivó en matanzas y desapariciones.

Amigo cercano de Joaquín Guzmán Loera, a quien conoció dentro del círculo de Félix Gallardo, Palma Salazar nació en un pueblo llamado La Noria de Abajo, en el municipio de Mocorito, Sinaloa; sólo pudo estudiar la primaria debido a la pobreza de su familia. El crimen llegó pronto a su vida y en su etapa de adolescente comenzó robando automóviles.

Debido a su habilidad, Félix Gallardo –el mayor traficante de drogas, llamado el “Jefe de Jefes” y/o el “Padrino” –, lo contrató como sicario en los años setenta. Más tarde le encargó el contrabando de cocaína en Sonora y en otros Estados del norte del país.

En esos años –los de verdadero esplendor para Félix Gallardo– Palma Salazar tuvo la oportunidad de hacerse amigo del “Chapo” Guzmán, entonces lugarteniente de Félix Gallardo. En esa época, el “Güero” Palma fue atenazado por la ambición y se le hizo fácil apropiarse de un cargamento de cocaína. Esto derivó en una venganza cruel.

Hacia finales de los años ochenta, después de la captura de Félix Gallardo en abril de 1989, tanto el “Chapo” como el “Güero” Palma se empezaron a encumbrar a pasos agigantados en el negocio del narcotráfico. Ambos hicieron crecer al llamado Cártel de Sinaloa.

Pero el golpe ya lo esperaba. Félix Gallardo, conocido en el mundo mafioso como el “Padrino”, enojado por el robo del cargamento, planeó la venganza y presuntamente ordenó que mataran a la esposa y a los hijos de Palma. Se había creado una batalla cruenta entre los criminales que duró mucho tiempo y hubo demasiado derramamiento de sangre.

Para llevar a cabo el plan, se asegura que Félix Gallardo contrató los servicios del venezolano Rafael Clavel Moreno. El llamado “Jefe de Jefes” no le perdonó que se haya robado el cargamento. Y es que en el mundo del hampa estas acciones se pagan con la vida, se violan códigos éticos dentro de la mafia que no se perdonan, pues son considerados como una traición.

Luego de ese episodio, la vida de Palma Salazar tomó una dimensión diferente. Félix Gallardo no descansó hasta vengarse. El plan macabro estaba enfocado a causarle a Palma el mayor daño emocional posible. Y lo logró.

Dicho plan inició cuando Clavel Moreno entró en acción. La misión de este sujeto era infiltrarse en el círculo más cercano del “Güero” Palma. Clavel cumplió con todas las fases de la misión asignada.

Se ganó su confianza hasta el punto de hacerse su socio en el negocio de las drogas, utilizó sus dotes para la seducción con el objeto de casarse con una hermana de Palma y la parte final era convertirse en amante de su esposa –Guadalupe Leija de Palma–, convencerla de extraer millones de las cuentas bancarias y fugarse con él para San Francisco, California, donde una vez hospedados en el hotel procedió a decapitarla.

Unas dos semanas después, llevó a Héctor Jesús y Nátaly –hijos de Palma Salazar y de Guadalupe Leija– hasta San Cristóbal, Venezuela, lugar donde procedió a lanzarlos desde el puente de La Concordia. Antes de aventar al vacío a los chicos, preparó una cámara de video y filmó la escena. Luego, preparó la sorpresa, la estocada final: En una caja perfectamente bien decorada como regalo colocó la cabeza de Guadalupe Leija y, en otro paquete, puso el casete con el video. Ambos se les envió a Palma Salazar a su casa. Cuando abrió la caja halló la cabeza de su esposa perfectamente bien conservada en una hielera.

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Moisés Sánchez Limón

Se quiere parecer a Benito Juárez García, porque supuestamente era rete honesto y vivía con medianía, pero en realidad fue casateniente y murió millonario.

Dice seguir los pasos de Francisco I Madero, llamado apóstol de la democracia, pero ¿son ejemplo de democracia las consultas patito y a modo como ésta para la revocación de mandato?

Pero, marrullero como es, el licenciado presidente se fusila actos de aquellos ex presidentes que no pueden reclamarle los derechos reservados ni sus herederos tienen ánimo de complicarse la existencia con el Apóstol de los otros datos PALABRAS HIPÓCRITAS Francis Bacon, quien fuera un célebre Primer vis conde de Saint Albans y canciller de Inglaterra, amén de ser un abogado y prestigiado político, padre del empirismo filosófico, dijo y lo dijo bien claro: “Los hipócritas suelen engañarse más así mismos que a los demás”. Coincidente con dicho pensamiento en la época de Cicerón se decía: “malus ubi bonum se simulit, tunc est pessimus”, lo que significa: “El malo, cuando se finge bueno, es péAlberto Woolrich Ortiz. simo”.

Mis estimados lectores dirán y, con justa razón ¿A qué viene todo ello?.

Pues bien, les relato el porqué: Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, permitió con maquiavélica maldad, que transcurrieran muchos años, de indolencia en la justicia, para decir: “Puedo dar fe de...

VOCES DEL PERIODISTA El Estado, obra superior de la cultura: Desde que el viejo Hegel comparó a la ley con el mitológico Búho de Minerva, que extiende las alas sobre la sociedad al crepúsculo del día, cuando las costumbres estaban establecidas, el carácter conservador del derecho se entendió por encima de su función transformadora. Lo del Enciclopedista era una buena alegoría. El Mouris Salloum George derecho es una realidad, factor de cambio.

Haciendo tabula rassa de todas las obligaciones, modalidades, acepciones, teorías, conceptos, definiciones y de toda la parafernalia que se ha escrito sobre el Estado, que de ser un Leviatán super poderoso lo hemos convertido en un ente cargado de pasivos patrimoniales, nos quedamos... …con los conceptos presocráticos que desde la Helade mediterránea...

TEMAS CENTRALES PRI, Refundarlo o refundirlo Todo un record que lo convierte en el único dirigente del partidazo en perder 10 gubernaturas al hilo en sólo dos años.

Tras el resultado de los comicios del pasado 5 de junio, y después de casi 4 años del tercer gran fracaso elecMiguel Tirado Rasso. toral presidencial priista, tiempo en el que el tricolor se fue hundiendo cada vez más, sumando pérdidas electorales que redujeron de 14 a 3 el número de estados bajo sus colores, siete ex dirigentes del Revolucionario Institucional, decidieron romper el silencio y hacer presencia solicitando al presidente actual de su partido, Alejandro Moreno “Alito”, una reunión, “a la brevedad”, para tratar los últimos acontecimientos que atañen a su instituto político y “que sin exagerar, señalaron, pueden ser determinantes para su futuro…”

HOMO ESPACIOS Actualizaciones rumbo a Mondiacult 2022, repatriación patrimonial… y en la cultura Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura del Gobierno de México, se reúne con ministros de cultura de 18 naciones de América Latina y el Caribe, así como Glen Rodrigo Magaña representantes y directivos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), para delinear los ejes rumbo a la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales (Mondiacult 2022). Cancillería y Cultura federal informan sobre las acciones de repatriación de piezas arqueológicas devueltas por Suecia y Estados Unidos. En las notas culturales: Presentan el libro "Arte y Resistencia" en el Complejo Cultural Los Pinos; nombran al antropólogo José Luis Perea González como nuevo secretario técnico del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

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EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

LOS CAPITALES

DEL ABSURDO: De cómo financiar al régimen castrista

La FED elevó la tasa bancaria en 75pb, el mayor incremento desde 1994.

La crisis avanza, y ayer mismo, la FED avivó la hoguera al incrementar en 75pb la tasa bancaria de referencia en EU. Se trata del mayor incremento de tasas desde 1994.

Glen Rodrigo Magaña El organismo admitió que la inflación sigue siendo alta y que estarán atentos a los riesgos inflacionarios, además de que consideran prudente continuar con los incrementos a las tasas en próximas reuniones. Revisaron a la baja sus estimados de crecimiento, al alza los de inflación (sólo para 2022) y esperan tasas cercanas a 3.4% al cierre de año, lo que sugiere que aún faltan 175pb en incrementos para 2022.

La FED aseguró que la inflación se mantiene elevada como resultado de los problemas en cadenas productivas, desbalances de oferta y demanda por la pandemia, altos precios de la energía y presiones generalizadas sobre los precios.

En este contexto, decidió incrementar la tasa y consideró que es apropiado seguir reafirmando la postura monetaria para asegurar que la inflación converja con su objetivo de 2%. Reiteró que ajustará su postura monetaria cuanto sea necesario para lograr su meta de estabilidad de precios. En cuanto al crecimiento, consideró que la actividad económica ha repuntado tras la contracción del 1T22.

Francisco Medina sería de primer mundo.

Para nadie es un secreto que en los primeros tres años de gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza el inquilino del Palacio, han sido despedidos cinco mil 540 empleados de base de la Secretaría de Salud (SSA), de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la mayoría de ellos médicos, lo que ha provocado una grave crisis en el sistema de salud, que se presumía

Ante ese panorama, que ha dejado a muchos ciudadanos sin servicios de salud, el inquilino del Palacio ofreció afiliar al IMSS, a 30 mil guatemaltecos. Le pregunta es, porque no afiliar a 30 mil mexicanos que viven en la extrema pobreza y no cuentan con ningún tipo de servicios de salud pública.

Pero no todo queda allí, después de su viaje por Centroamérica y Cuba, el inquilino del Palacio parece que quedó maravillado por la situación en que viven los cubanos, en pobreza y reprimidos en sus derechos fundamentales, por que consideró que dicha Isla debe declararse Patrimonio de la Humanidad por su "resistencia heroica", válgame nomás.

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EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

Ciudad de Mérida, Yucatán

Del 20 al 26 de junio de 2022

Edición No. 119

TRABAJAN CON DELINCUENTES Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General

$ 5.00

EXORBITANTES SOBREPRECIOS

*Mientras la ciudadanía estira el gasto, el director del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, Aref Miguel Karam Espósitos, realizó compras con sobreprecios exorbitantes *Derroche de más de siete millones de pesos para la adquisición de 13 vehículos, a finales de 2019, a una empresa actualmente denunciada por sobrecosto y desvío de fondos PAG. 12

*A pesar del historial delictivo de las empresas Bausa Construcciones y Maguibo el Instituto Mexicano del Seguro Social contrató de nueva cuenta sus servicios para trabajos de mantenimiento en clínicas de Motul y Mérida por un monto de 5.6 millones de pesos.

LICITA A MODO EN SSY

*Ambos negocios están acusados de desvío de recursos, así como por la creación de elefantes blancos y obras de precaria calidad, tanto en Quintana Roo como en Yucatán. *Maguibo tiene una denuncia federal por su participación en una presunta red de saqueo de recursos públicos del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo PAG. 9 MOTUL

ALCALDE ESTAFADOR

TECOH

REGALÓ TERRENOS A REGIDORES

*Raúl Felipe Quintal Carvajal regaló terrenos públicos a sus regidores y amigos, compadres y parientes cercanos. En total se aprobó el reparto de 69 lotes, propiedad del Ayuntamiento de Tecoh *El expresidente municipal de Tecoh, en complicidad con la mafia inmobiliaria que opera en el Estado, también estuvo involucrado en otros escandalosos casos de tráfico de tierras, en Celestún y en 2018, en Sisal

*El Tribunal Unitario Agrario ordenó a Rafael Acosta Solís que devuelva dos mil hectáreas que vendió a 55 personas, entre ellas está el “flamante” presidente municipal Roger Rafael Aguilar Arroyo PAG. 4

*Adquirió a precios de ganga dos terrenos: Uno de tres mil 480 metros cuadrados en la reserva ecológica “Las Uvas” en Celestún y otro en Sisal, con dos mil 185 metros cuadrados, ambos con costos PAG. 7 de más de 10 millones de pesos

*Mauricio Sauri Vivas suscribió un contrato a modo con tres empresas representadas por Víctor Manuel Gil Arguelles para el suministro de gases medicinales en clínicas y hospitales por 15.6 millones de pesos, acto que se efectuó en pleno proceso electoral *En todos los documentos que firmó destacó el amiguismo, el favoritismo y el compadrazgo, a favor de determinadas empresas, con cuyos propietarios sostuvo acuerdos previos PAG. 10

TIZIMÍN

VALLADOLID

DE PROVEEDOR A FUNCIONARIO COBRAN OBRAS INCONCLUSAS *En sus últimos meses como alcalde de Valladolid, Enrique de Jesús Ayora Sosa adjudicó una obra por 3.1 millones de pesos al proveedor Luis Ángel Loría Ávila.

Dos días después de finalizar el contrato, lo nombró director de Obras Públicas del Ayuntamiento *Además del evidente sobrecosto de la obra, llama la atención que dicho dinero no se haya aprovechado en obras para mitigar el impacto de las restricciones por Covid-19 en el municipio PAG. 6

*El exalcalde de Tizimín, Jorge Alberto Vales Traconis, contrató los servicios del contratista Abelardo Javier Donde Romero, acusado de encubrimiento en la FGE, a quien le entregó tres millones de pesos para el proyecto de la Casa de la Cultura *Pese a las irregularidades jurídicas en su contra, el Edil del Oriente del Estado decidió contratarlo de manera directa, a través de una disfrazada licitación pública, para que efectuara una ficticia obra *También gastó 3.1 millones de pesos en la construcción de techos de concreto de viviendas de familias de escasos recursos pero las obras fueron de precaria calidad debido al PAG. 8 descarado desvío de recursos